Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02440-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02440-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02440-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
15 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02440-00
Demandante: Blanca Cecilia Quintero Ordoñez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia
–Falta de subsidiariedad y relevancia constitucional.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 26 de marzo de 2026, la señora Blanca Cecilia Quintero Ordoñez presentó
acción de tutela el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales a la vida digna, salud, mínimo vital, seguridad social y
debido proceso.
2.Afirmó que dichas prerrogativas fueron vulneradas con ocasión del auto del 13 de
noviembre de 2025, proferido por la autoridad judicial accionada, mediante el cual,
se confirmó el rechazo del recurso extraordinario de revisión2 interpuesto contra la
sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 3 promovido
contra el CREMIL, a fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos
mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente de su cónyuge, Hernando Galindo. Consecuentemente, pidió se le
concediera la sustitución pensional reclamada y se desembolsaran las mesadas
dejadas de percibir, desde el fallecimiento del causante.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Radicación: 11001-03-25-000-2025-00169-00 (1328-2025).
3 Radicación: 73001-33-33-752-2015-00097-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02440-00
Demandante: Blanca Cecilia Quintero Ordoñez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3. La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada desconoció que es un
sujeto de especial protección constitucional al ser un adulto mayor de 65 años de
edad, que padece de varias enfermedades, y no cuenta con una fuente de ingresos
que le permita garantizar su congrua subsistencia, al no serle fácil acceder a un
empleo. Circunstancias en virtud de las cuales, debió declarar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión a fin de revisar la legalidad de la sentencia
mediante la cual se le negó el reconocimiento pensional reclamado.
4. El Consejo de Estado adoptó una decisión que contraviene los derechos
fundamentales de la demandante, al negarle el acceso a la administración de justicia
por razones meramente formales, por la presunta indebida subsanación del escrito
contentivo del recurso interpuesto, incurriendo con ello en un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto. Se pasó por alto que: (i) la finalidad de la pensión de
sobreviviente es asegurarle al cónyuge o compañero permanente del causante un
medio de subsistencia y evitar que quede en un estado de indefensión económica, y
(ii) es deber del Estado garantizar a todas las personas, especialmente a los adultos
mayores, las condiciones materiales mínimas de existencia, para lo cual, debe
adoptar medidas especiales de protección.
5.Con todo, solicitó ordenar a las entidades accionadas adoptar todas las medidas
necesarias para garantizar la protección integral de sus derechos fundamentales.
Ante su evidente situación de indefensión, se requiere la intervención inmediata y
urgente del juez de tutela, a fin de evitar un perjuicio irremediable.
6. En escrito presentado el 30 de abril de 2026, la accionante alegó como hecho
nuevo que el 27 de abril de este año, fue notificada de la Resolución 3475 de 2026
expedida por la CREMIL, en la que declaró improcedente la solicitud de revocatoria
directa que interpuso contra “todos los actos administrativos anteriormente emitidos”
por la institución, negándole el reconocimiento de la pensión de su difunto esposo.
7. En relación con la citada decisión administrativa, la actora formuló los siguientes
reparos: (i) en su parte considerativa se menciona que la fecha de presentación de
la solicitud de revocatoria directa fue el 10 de marzo de 2026, pero realmente se
radicó el 16 de febrero de este año, distorsión de fechas que busca ocultar la mora
en el trámite de la petición de la actora y que solo se le dio trámite a su solicitud,
dada la presión que le causó a la Caja de Retiro demandada, la interposición de esta
acción constitucional; (ii) en su numeral 3, se afirmó que la CREMIL había expedido
la Resolución 4593 de 2012, mediante la cual había asignado la pensión de
sobreviviente a la señora Elsa María Ramírez, en su calidad de cónyuge del
causante, afirmación que carece de lógica, pues la muerte del señor Galindo se
produjo hasta el año 2014; y (iii) si bien la entidad persistía en otorgar el 100% de la
prestación al menor Cristian Galindo, hijo de su esposo fallecido, debe declararse a
la accionante como beneficiaria adicional de la pensión de sobreviviente, por ser la
cónyuge supérstite.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02440-00
Demandante: Blanca Cecilia Quintero Ordoñez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
8. Por auto del 8 de abril de 20264, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela; (ii)
notificar de su presentación a las autoridades judiciales accionadas; (iii) vincular al
Tribunal Administrativo del Tolima y a los señores Edna Lizeth Galindo Quintero,
Liliana Katherine Galindo Montañez y Cristian Alejandro Galindo Serna, en calidad
de tercero con interés; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y; (v) requerir a la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo
de Estado para que remitiera copia digital del expediente con radicado número
11001-03-25-000- 2025-00169-00. Igualmente se negó la solicitud de medida
provisional.
(i) Tribunal Administrativo de Tolima5
9. Sostuvo que no vulneró en forma alguna los derechos fundamentales invocados
por la parte actora, pues la decisión que adoptó se sustentó en el marco normativo
aplicable al asunto, así como en todas las pruebas obrantes en el plenario,
contrastadas, a su vez, con las inconformidades planteadas en el recurso de
apelación. Afirmó que la acción de tutela debe declararse improcedente al
evidenciarse que se interpuso con el fin de surtir una instancia adicional al proceso
ordinario.
10.Pidió tener en cuenta que, la actora ya había interpuesto acción de tutela contra
dicho proveído, bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-6436-00, la cual fue
declarada improcedente mediante fallo proferido por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, con fecha del 7 de marzo de 20256.
(ii) CREMIL7
11. El abogado Juan Fernando Yepez Arroyave, quien aduce ser apoderado de la
CREMIL, pidió negar las pretensiones de la accionante y declarar que la entidad ha
actuado conforme a sus competencias y garantizando los derechos fundamentales
de la actora. Enfatizó en que ha acatado las órdenes judiciales dadas sobre el
reconocimiento pensional, específicamente, lo dispuesto por el Tribunal
Administrativo del Tolima en sentencia del 29 de junio de 2023, providencia respecto
de la cual solicitó declarar probada la excepción de cosa juzgada.
(iii) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A8
4 Notificado el 13 y 20 de abril de 2026.
5 Intervención digital contenida en 3 folios.
6 M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
7 Intervención digital contenida en 6 folios.
8 Intervención digital contenida en 3 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02440-00
Demandante: Blanca Cecilia Quintero Ordoñez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
12. Solicitódeclarar improcedente la acción de tutela por carecer de relevancia
constitucional, al sustentarse en la inconformidad de la accionante con la
interpretación y aplicación de normas procesales que rigieron el trámite del recurso
extraordinario de revisión, con el propósito de reabrir un debate de estricta legalidad
debidamente resuelto por el juez natural. Precisó que, la providencia cuestionada no
fue producto de una lectura netamente formalista del caso, sino de la aplicación de
los requisitos legales y jurisprudenciales que gobiernan la procedencia del referido
recurso.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Caso concreto
13. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no acreditar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad atinentes a la
subsidiariedad y relevancia constitucional.
14. De la lectura integral de las pretensiones, la Sala advierte que la finalidad última
de la accionante consiste en obtener, vía tutela, el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional derivada del fallecimiento de su cónyuge. Lo anterior, porque
los argumentos expuestos en la solicitud de amparo se encuentran encaminados a
resaltar que debido a su avanzada edad, las patologías que padece y su situación
de precariedad económica, carece de otras fuentes permanentes de sostenimiento,
por lo que dicha prestación social constituye su único medio para garantizar una
subsistencia digna.
15.Conforme a lo anterior, la presente acción de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad, en tanto el ordenamiento jurídico prevé mecanismos judiciales
ordinarios, idóneos y eficaces, para controvertir las decisiones administrativas
relacionadas con el reconocimiento de prestaciones pensionales, entre ellos, el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
16. En la demanda, la señora Quintero reconoció haber agotado dicha vía judicial, al
haber demandado a la CREMIL, a fin de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones 9726 del 26 de noviembre de 2014 y 10374 del 17 de diciembre de
2014, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente.
17. Señaló -y está debidamente probado- que en el marco del referido proceso
ordinario, el Juzgado Once Administrativo de Ibagué profirió sentencia el 30 de junio
de 2021, en la que ordenó a la Caja de Retiro a acceder al reconocimiento pensional,
en un porcentaje del 50%, al encontrar acreditado que la sociedad conyugal a la
fecha del deceso del soldado retirado, se encontraba vigente, y acorde a la normativa
vigente, la cónyuge tenía derecho a ser reconocida como sustituta pensional de la
asignación de retiro del causante. Decisión que fue revocada por el Tribunal
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02440-00
Demandante: Blanca Cecilia Quintero Ordoñez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Administrativo del Tolima en fallo del 29 de junio de 2023, al concluir que, entre la
actora y el occiso, había dejado de existir el vínculo matrimonial desde años atrás y
se había extinguido el compromiso de convivencia, apoyo y amor mutuo, estando
acreditado que su relación, antes del deceso, se ciñó única y exclusivamente a los
deberes con sus hijos.
18.En ese contexto, resulta claro que la controversia relacionada con el
reconocimiento pensional, ya fue objeto de pronunciamiento por parte del juez
ordinario, mediante decisión judicial que, al ser desfavorable a sus intereses, motivó
la interposición del recurso extraordinario de revisión que es objeto de la presente
acción de tutela.
19. En efecto, se encuentra acreditado que la señora Blanco interpuso el referido
medio de impugnación al considerar que, en la sentencia del 29 de junio de 2023, se
configuraron las causales de revisión 1 y 5 previstas en el artículo 250 del CPACA.
Respecto de la primera, manifestó tener en su poder documentos preexistentes a la
demanda, especialmente, declaraciones extrajuicio con fecha de 1999 y 2008 que,
en su criterio, tenían la entidad de modificar la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Tolima, y que no pudieron ser aportadas en el trámite del proceso
ordinario porque uno de sus hijos los sustrajo de su vivienda sin su consentimiento,
y hasta dicha época se los devolvió.
20. En relación con la causal quinta, adujo que esta se sustentó en el desconocimiento
de la jurisprudencia que ampara la sustitución pensional a favor de la cónyuge
supérstite. También alegó la vulneración del debido proceso por indebida valoración
probatoria sobre elementos que no se relacionaban con la convivencia permanente
de la pareja, y por desconocer la plena vigencia del matrimonio católico hasta la
fecha del fallecimiento del causante.
21. Indicó que en auto del 1 de agosto de 2025, el Consejo de Estado profirió auto en
el que rechazó el recurso extraordinario de revisión, al considerar que las causales
invocadas no fueron debidamente sustentadas. La simple afirmación de que un
familiar entregó tardíamente unos documentos, no implicaba tener por acreditada de
forma automática la imposibilidad material de su obtención durante el proceso
ordinario, sumado a que no se explicó cómo dichas piezas procesales podían ser
decisivas para modificar la decisión impugnada. Se consideró que los demás
planteamientos no se adecuaban a las causales de procedencia del mecanismo
extraordinario de revisión, sino que, se dirigían a cuestionar el análisis judicial
adoptado por el juez ordinario.
22. Contra dicha decisión judicial, la señora Quintero Ordoñez presentó recurso de
súplica, el cual fue resuelto desfavorablemente por la Sección Segunda –
Subsección A del Consejo de Estado en proveído de fecha 13 de noviembre de 2025.
Del escrito de tutela se advierte que la accionante atribuye la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales a esta decisión judicial.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02440-00
Demandante: Blanca Cecilia Quintero Ordoñez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
23. Bajo ese contexto procesal, se evidencia que las pretensiones sometidas a
consideración del juez constitucional ya fueron objeto de discusión y decisión a
través de los mecanismos jurisdiccionales previstos por el ordenamiento jurídico para
ventilar ese tipo de asuntos.
24.Adicionalmente, no se cumple el presupuesto de relevancia constitucional, en la
medida que la señora Blanco dirigió la tutela a cuestionar la legalidad de la
providencia mediante la cual se resolvió el recurso de súplica, pero omitió cumplir
con la carga argumentativa mínima exigida para la procedencia excepcional de esta
acción.
25. Esta Corporación ha indicado de manera reiterada que para que se habilite la
procedencia excepcional del mecanismo de amparo es necesario que la cuestión
que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Para verificar ello, es
necesario examinar que el actor motive con suficiencia argumentativa las razones
por las que la decisión judicial objetada se proyecta como una afectación a un
derecho fundamental, pues de la rigurosidad en ese ejercicio dependerá que la crítica
planteada a la providencia sea admitida como un verdadero reproche constitucional
y no simplemente como la pretensión de generar una suerte de instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia que se acusa.
26. Del análisis del escrito de amparo se observa que la actora se limitó a exponer
sus condiciones de vulnerabilidad y la necesidad de acceder al reconocimiento de la
prestación pensional que reclamó. No obstante, omitió tan siquiera mencionar cuál
de las causales específicas de procedencia excepcional de la tutela contra
providencia judicial se materializado en la decisión cuestionada, a fin de que el juez
de tutela entrara a valorar la razonabilidad del estudio del caso, adelantado por la
autoridad judicial accionada. Es decir, no formuló reproches concretos encaminados
a evidenciar un defecto de relevancia constitucional que hubieran implicado un
desconocimiento de sus derechos fundamentales. Por ende, el amparo se torna
improcedente.
27. Aunado a ello, en su censura deja entrever un yerro conceptual respecto al
alcance del recurso extraordinario en cuestión, pues pareciera entender que aquel
opera como una instancia más del proceso, de manera que las acusaciones no son
concordantes con la competencia del juez extraordinario. Lo cual hace aún más
evidente la falta de carga argumentativa, que descarta la relevancia constitucional
del asunto.
28. Finalmente, sobre el hecho nuevo alegado en escrito del 30 de abril de 2026, se
considera que la acción de tutela tampoco procede, pues, de un lado, corresponden
a situaciones nuevos que desbordan el marco fáctico y problema jurídico inicialmente
planteados; y de otra, porque continúan vinculadas -en últimas- a la controversia
relativa sobre el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de la
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02440-00
Demandante: Blanca Cecilia Quintero Ordoñez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
accionante, asunto respecto del cual -como ya se explicó - la actora debe agotar los
mecanismos judiciales ordinarios previstos por el legislador.
29. Por
lo expuesto en precedencia, la Sala declarará improcedente el amparo
deprecado en la demanda.
30. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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