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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02440-01

Fecha
27 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02440-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02440-01 (7997)
Accionante: Blanca Cecilia Quintero Ordóñez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: auto que resuelve súplica en
recurso extraordinario de revisión. Subtema 2: defecto procedimental absoluto.
Subtema 3: tutela contra acto administrativo. Subtema 4: subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por la señora Blanca Cecilia Quintero Ordóñez contra la
sentencia del 15 de mayo de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera de esta corporación.

1. Síntesis del caso

La señora Blanca Cecilia Quintero Ordóñez presentó acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida
digna, a la salud, al mínimo vital y a la seguridad social, que consideró vulnerados
de un lado, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado con
ocasión de la providencia que, el 13 de noviembre de 2025, confirmó en sede de
súplica el rechazo del recurso extraordinario de revisión, proferida dentro del
proceso identificado con el radicado núm. 11001-03-25-000-2025-00169-00.

Por otro lado, por la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
debido a la expedición de la Resolución 3475 del 22 de abril de 2026, que declaró
improcedente una solicitud de revocatoria directa.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02440-01 (7997)
Accionante: Blanca Cecilia Quintero Ordóñez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados1 por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La señora Blanca Cecilia Quintero Ordóñez presentó recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado núm. 73001-33-33-752-2015-00097-012.

3. La demanda correspondió a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que, mediante el despacho ponente la inadmitió a través de
providencia del 27 de mayo de 2025. La accionante allegó escrito de subsanación
el 6 de junio de 2025.

4. El despacho ponente, a través de auto del 1 de agosto de 2025, rechazó la
demanda al considerar que no se subsanó en debida forma. Contra esta decisión
se interpuso recurso de súplica.

5. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante auto
del 13 de noviembre de 2025, confirmó la decisión recurrida.

6. Cremil, a través de Resolución 3475 del 22 de abril de 2026, declaró
improcedente la solicitud de revocatoria presentada por la señora Blanca Cecilia
Quintero Ordóñez contra los actos administrativos3 que le negaron la sustitución
pensional del señor Hernando Galindo, en su calidad de cónyuge supérstite.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela4 el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la vida digna, a la salud, al mínimo vital y a la
seguridad social. En consecuencia, pidió lo siguiente:

2. Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que, como medida provisional
de manera urgente, reconozca y pague la sustitución pensional a mi favor, mientras se
resuelve de fondo la controversia judicial existente.

3. Disponer que dicha medida se adopte con el fin de garantizar mi mínimo vital y
condiciones de vida digna, teniendo en cuenta mi condición de adulta mayor, sin
ingresos y con afectaciones de salud.

4. Ordenar a las entidades accionadas que adopten todas las medidas necesarias para

1
La parte accionante allegó memorial, el 30 de abril de 2026, en el que expuso nuevos hechos relacionados
con la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares. Visible en Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02440-
00, índice 25.
2
En dicho trámite, el Tribunal Administrativo del Tolima revocó la sentencia de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda que interpuso la accionante con el fin de que se declara la nulidad de los actos
mediante los cuales Cremil le negó la sustitución pensional del señor Hernando Galindo, como cónyuge
supérstite.
3
Las resoluciones
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02440-00, índice 2, certificado 610CE413A6F1F315 742E4F20FB74E480
273F555747A38318 B32B8AB6098795D5.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02440-01 (7997)
Accionante: Blanca Cecilia Quintero Ordóñez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

garantizar la protección integral de mis derechos fundamentales, evitando la ocurrencia
de un perjuicio irremediable5.

8. Como sustento de sus pretensiones, la parte accionante explicó que el auto del
13 de noviembre de 2025, mediante el cual se confirmó el rechazo del recurso
extraordinario de revisión, privilegió «razones formales» frente al derecho sustancial
y desconoció su condición sujeto especial de protección, debido a que es un adulto
mayor en situación de pobreza.

9. Refirió que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
ignoró que la seguridad social es un derecho fundamental irrenunciable y que la
finalidad de la sustitución pensional es asegurar la subsistencia del cónyuge
supérstite para que no caiga a un estado de indefensión económica.

10. En relación con la Resolución núm. 3475 del 22 de abril de 2026, manifestó que
Cremil incurrió en varios errores que vulneran sus derechos fundamentales, pues
registró incorrectamente la fecha de radicación de su solicitud de revocatoria directa
y mencionó una resolución de 2012 que reconoció como cónyuge a una persona
que desconoce, además de referirse a una sustitución pensional anterior al deceso
de su esposo, el cual ocurrió el 26 de agosto de 2014.

11. Asimismo, afirmó que dicha entidad declaró improcedente su solicitud sin
valorar las pruebas de matrimonio y convivencia que aportó, por lo cual mantuvo el
100 % de la prestación en favor de un hijo extramatrimonial, sin tener en cuenta su
derecho a un porcentaje de la sustitución pensional como cónyuge sobreviviente.

2.3. Trámite procesal

12. El despacho ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto del 8 de abril de 20266, admitió la solicitud de amparo, ordenó
la notificación de las autoridades accionadas y puso en conocimiento el escrito de
tutela al Tribunal Administrativo del Tolima y a los señores7 Cristian Andrés Galindo
Serna, Edna Lizeth Galindo Quintero y Liliana Katherine Galindo Martínez, en su
condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

13. El Tribunal Administrativo del Tolima8 pidió que se declare improcedente la
acción de tutela, sostuvo que la sentencia expedida el 29 de junio de 2023 en el
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 73001-33-33-
752-2015-00097-01, se ajustó a las normas y jurisprudencia vigente, así como a las
pruebas recaudadas en el proceso. Por tanto, la accionante pretende convertir la
tutela en una tercera instancia para revivir términos e interpretaciones propias del
juez natural.

5
Se trascribe incluso con errores de texto.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02440-00 índice 4.
7
Hijos del señor Hernando Galindo.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02440-00, índice 10.

3

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Accionante: Blanca Cecilia Quintero Ordóñez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

14. Cremil9 adujo que ha actuado conforme a las leyes vigentes que rigen la
sustitución de la asignación de retiro y que ha garantizado el debido proceso
administrativo de la señora Quintero Ordóñez, en tanto esta ha agotado los recursos
legales correspondientes. Afirmó que no es posible acceder a las pretensiones de
tutela porque la discusión sobre la sustitución pensional ya fue zanjada mediante un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que hace tránsito a cosa juzgada.
Por tal motivo, solicitó que se niegue la tutela.

15. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado10 pidió declarar
improcedente o, en subsidio, negar el amparo, ya que el auto del 13 de noviembre
de 2025 se limitó a aplicar correctamente los requisitos legales del recurso
extraordinario de revisión, el cual fue inadmitido y posteriormente rechazado porque
la accionante no sustentó adecuadamente las causales invocadas ni demostró que
los documentos supuestamente recuperados constituyeran prueba decisiva o que
su falta de aportación obedeciera a fuerza mayor, caso fortuito o actuación de la
contraparte.

16. Los demás vinculados guardaron silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

17. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 15 de mayo de 2026, declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo al considerar que no cumplió los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional.

18. Respecto al requisito de subsidiariedad, afirmó que la controversia sobre el
reconocimiento de la sustitución pensional ya había sido debatida y decidida
mediante los mecanismos judiciales ordinarios previstos por el ordenamiento
jurídico. De ese modo, la actora promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho11 contra los actos de Cremil, proceso que culminó con
la sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.

19. Por lo anterior, acudió al recurso extraordinario de revisión, el cual fue
rechazado por la indebida sustentación de las causales invocadas, por lo que la
tutela no podía utilizarse para reabrir una discusión ya resuelta por los jueces
competentes.

20. Frente a la falta de relevancia constitucional, expuso que la tutela se dirigía a
cuestionar la legalidad de la providencia que resolvió la súplica, aunado a que
confundió el alcance del recurso extraordinario de revisión como si se tratara de una
instancia adicional del proceso. Finalmente, los hechos nuevos relacionados con la
Resolución 3475 del 22 de abril de 2026 tampoco habilitaban el amparo, pues
introducían cuestiones ajenas al objeto inicial de la tutela y seguían vinculadas a
una controversia pensional que debía ventilarse por los mecanismos judiciales

9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02440-00, índice 11.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02440-00, índice 12.
11
Radicado bajo el núm. 73001-33-33-752-2015-00097-00/01.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02440-01 (7997)
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ordinarios.

2.6. Impugnación

21. La parte actora presentó impugnación12 contra la sentencia de la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Argumentó que la providencia
recurrida incurrió en un exceso ritual manifiesto al desconocer que es un sujeto de
especial protección en razón de su edad avanzada, lo que dota de relevancia
constitucional este asunto. Además, planteó que acudir a los mecanismos ordinarios
constituye una carga desproporcionada para su salud y vida digna. Finalmente,
indicó que el artículo 11 de la Ley 1564 de 2012 establece que «el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial».

3. Consideraciones

3.1. Competencia

22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
impugnación interpuesta por la señora Blanca Cecilia Quintero Ordóñez contra la
sentencia del 15 de mayo de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

23. La legitimación en la causa por activa de la señora Blanca Cecilia Quintero
Ordóñez está acreditada porque es la persona que conforma el extremo activo tanto
en el recurso extraordinario de revisión como en el proceso administrativo, trámites
en los cuales se expidieron las decisiones en las que, según afirmó, se vulneraron
sus derechos fundamentales.

24. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y de Cremil, debido a que fueron las
autoridades que profirieron las decisiones objeto de tutela.

3.3. Cuestión preliminar

25. La Sala advierte que la señora Blanca Cecilia Quintero Ordóñez no identificó un
defecto en concreto el cual atribuirle al auto del 13 de noviembre de 2025. Sin
embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se advierte
que los reparos de la accionante cuestionan la interpretación de la autoridad judicial
accionada en la que, según afirmó, dio prevalencia a normas procesales en relación
con el derecho sustancial.

26. Siendo así, de los argumentos planteados por la actora, se infiere que su
inconformidad radica en que la autoridad judicial incurrió en un defecto
procedimental absoluto, por lo que la Sala analizará el asunto bajo la posible

12
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02440-00, índice 43.

5

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configuración de dicho defecto.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

27. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado13 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional14.

28.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

29. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales15 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

30. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución16.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

31. En el caso particular, la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional,
toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación
de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la decisión cuestionada
se profirió con desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió

13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
16
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

6

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que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

32. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó los respectivos medios
impugnatorios dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

33. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
el auto proferido el 13 de noviembre de 2025 por la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación fue notificado el 18 de diciembre siguiente17 y la
demanda de tutela se presentó el 26 de marzo de 202618, esto es, dentro del plazo
de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de
Estado20 como razonable.

34. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad las circunstancias y los fundamentos de la afectación
alegada, y no resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en
sede del trámite objeto de estudio precisamente, porque su cuestionamiento está
dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

35. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó en el marco de un recurso extraordinario de revisión.

36. De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera cumplidos los requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y, en
consecuencia, abordará el estudio de los defectos atribuidos al auto del 13 de
noviembre de 2025.

3.5. Problema jurídico

37. La Sala debe establecer ¿si a solicitud de amparo supera los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad?

38. En caso afirmativo, deberá resolver si ¿las autoridades accionadas vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida digna, a la salud, al mínimo
vital y a la seguridad social de la accionante?

39.Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades del defecto invocado; y (ii) el
caso en concreto.

17
Samai, exp. 11001-03-25-000-2025-00169-00, índice 24.
18
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02440-00, índice 2, certificado 46149017FA46D3FB
E3FC1822ED48AB67 2236BF7C36F24AA9 7F8D777DB982DC73.
19
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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3.5.1. Defecto procedimental

40. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas
de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad
judicial.

41. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.

42. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales»21.

43. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»22.

44.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley y que ello generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y contradicción.

45. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes presupuestos:
«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la
ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y
tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador de los
derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el proceso
ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las especificidades
del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y (v)
como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos
fundamentales»23.

21
Corte Constitucional, sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
22
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019.

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3.6. Caso concreto

46. En el asunto bajo estudio, la señora Blanca Cecilia Quintero Ordóñez presentó
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 29 de junio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado núm. 73001-33-33-752-2015-00097-
0124.

47. El despacho ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante auto del 1 de agosto de 2025, rechazó el recurso extraordinario
de revisión por cuanto la demandante no subsanó25 en debida forma el escrito
inicial, concretamente por la insuficiente carga argumentativa sobre los hechos u
omisiones en los que sustentó el recurso, conforme al numeral 3 del artículo 252 del
CPACA.

48. Lo anterior, dado que alegó la causal de revisión contenida en el numeral 1 del
artículo 250 del CPACA26. No obstante, no acreditó que la imposibilidad de aportar
oportunamente los documentos obedeciera a fuerza mayor, caso fortuito o a una
circunstancia ajena a su voluntad, ni explicó de manera suficiente por qué estos
eran decisivos para modificar el sentido del fallo cuestionado.

49. La señora Quintero Ordóñez presentó recurso de súplica contra la anterior
decisión, para lo cual refirió que los documentos recobrados estaban en poder de
su hijo durante varios años, sin que tuviera la posibilidad de allegarlos al proceso
ordinario. La Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, mediante
auto del 13 de noviembre de 2025, confirmó la providencia del 1 de agosto de 2025,
que rechazó el recurso extraordinario de revisión.

50. En el escrito de tutela la tutelante afirmó que en el auto del 13 de noviembre de
2025 se configuró un defecto procedimental absoluto, ya que dio prevalencia a
«razones formales» frente al derecho sustancial, con desconocimiento de su
condición de sujeto de especial protección en razón a su edad y situación de
pobreza.

51. Pues bien, al examinar la providencia objeto de tutela, se observa que la
autoridad judicial accionada contrastó los argumentos expuestos en la demanda, el
escrito de subsanación y el recurso de súplica con los parámetros fijados por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en su jurisprudencia
que permiten analizar la imposibilidad de aportar oportunamente documentos sea
atribuible a fuerza mayor o caso fortuito.

52. En ese sentido, verificó si la sustracción de las declaraciones extrajuicio por
parte del hijo de la recurrente reunía las condiciones de imprevisibilidad e

24
Dicho proceso inició con ocasión de la demanda que interpuso la accionante contra Cremil, con el fin de
obtener la nulidad de los actos que le negaron la sustitución pensional del señor Hernando Galindo.
25
Mediante auto del 27 de mayo de 2025 se inadmitió el recurso.
26
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria. […].

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02440-01 (7997)
Accionante: Blanca Cecilia Quintero Ordóñez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

irresistibilidad requeridas y determinó que se trataba de una circunstancia personal
o doméstica, relacionada con la falta de diligencia en la custodia de documentos
que permanecían dentro de su ámbito de control y cuya recuperación podía darse
mediante mecanismos legales o extrajudiciales en el curso del proceso ordinario.

53. Con base en lo anterior, precisó que el recurso extraordinario de revisión no
constituye una oportunidad para aportar pruebas omitidas por negligencia ni para
corregir errores o la inactividad procesal de las partes y, en consecuencia, concluyó
que no se había satisfecho la carga argumentativa necesaria para configurar la
causal invocada, por lo cual confirmó el auto que rechazó el recurso extraordinario
de revisión. Al respecto, expuso lo siguiente:

[P]ara que ocurra la fuerza mayor, los nuevos documentos cuya valoración se
pretende no debieron allegarse al proceso por: i) un hecho exterior a la parte que la
invoca; cuya realización no este determinada por ella ni directa ni indirectamente; ii)
imprevisible, es decir, que, ante la conducta prudente adoptada por el interesado, era
imposible pronosticarlo o predecirlo e iii) irresistible, esto es que, ocurrido el hecho,
este se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho.

23. Por otro lado, el caso fortuito, además de ser un hecho, imprevisible e irresistible,
este debe ocurrir dentro de la estructura de la actividad de quien lo invoca.

24. En el caso que ocupa a la Sala, el apoderado de la parte demandante solicitó que
se tengan en cuenta las declaraciones extrajuicio – del 29 de abril de 200213, 7 de
junio de 2005, 21 de mayo de 2008 y 14 de julio de 2010 - que no pudieron ser
aportados en la instancia ordinaria por cuanto el hijo de la señora Quintero Ordóñez
las había sustraído y fueron recobrados con posterioridad a la sentencia de 29 de
junio de 2023.

25. Vista la demanda, el escrito de subsanación y el presente recurso, en ellos se
alude que los documentos no pudieron ser aportados al proceso ordinario por fuerza
mayor o caso fortuito, toda vez que solo fueron entregados en el año 2023 por el hijo
de la demandante, quien los sustrajo de su poder por conflictos familiares, supuesto
fáctico que no se enmarca dentro de las figuras aludidas, comoquiera que no
constituye un hecho imprevisible e irresistible, pues se trata de una circunstancia de
orden personal o doméstico que evidencia la falta de diligencia en la guarda y
conservación de las piezas procesales que se hallaban dentro de su ámbito de
control, situación que pudo ser abordada mediante los mecanismos legales o
extrajudiciales pertinentes en las etapas ordinarias del proceso.

26. Ahora, se precisa que, por la naturaleza extraordinaria del recurso de previsión,
este no es una nueva oportunidad para la práctica o el decreto de pruebas omitidas
por negligencia de la parte, ni permite subsanar los errores estratégicos o la
inactividad procesal que pudieran haber ocurrido en las instancias ordinarias, sino
estudiar y analizar los vicios de la sentencia afectada.

27. En conclusión, tal como lo consideró el magistrado ponente, el recurso no cumple
con los estándares exigidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado para tener
por agotada la carta argumentativa que este requiere, por lo cual, la Sala confirmará
el auto del 1 de agosto de 2025 que rechazó por no subsanación el recurso

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02440-01 (7997)
Accionante: Blanca Cecilia Quintero Ordóñez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

extraordinario de revisión27.

54. Así las cosas, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
realizó una aplicación razonable del numeral 3 del artículo 252 del CPACA, en
consonancia con los criterios jurisprudenciales fijados en torno a la debida
sustentación de los hechos sobre los cuales se sustenta el recurso extraordinario
de revisión.

55. Cabe destacar que el artículo 252 del CPACA establece los requisitos que debe
contener el escrito del recurso extraordinario de revisión, por lo que constituye una
norma de carácter procesal, las cuales son de orden público y, por ende, de
obligatorio cumplimiento. Por tanto, su observancia no depende de la voluntad de
los sujetos llamados a acatarlas o aplicarlas, según sea el caso28.

56. En esa medida, no le asiste razón a la señora Quintero Ordóñez en su
afirmación de que la autoridad judicial accionada dio prevalencia a «razones
formales» en desconocimiento del derecho sustancial, toda vez que sus condiciones
particulares, como su avanzada edad o vejez, no la relevaban del cumplimiento de
las cargas procesales establecidas para la admisión del recurso extraordinario de
revisión, ni facultaban al juez para prescindir de ellas, máxime cuando se le brindó
la oportunidad legal correspondiente para que subsanara la deficiencia
argumentativa en que incurrió.

57. Por estos motivos, la Sala considera que la autoridad judicial accionada no
incurrió en el defecto procedimental alegado, pues la exigencia de acreditar los
requisitos previstos para ejercer el recurso extraordinario de revisión en manera
alguna implica un apego irreflexivo a las formas procesales que obstaculice la
eficacia del derecho sustancial, por el contrario, su cumplimiento constituye una
obligación válida para continuar con el trámite del recurso.

58. De otra parte, la señora Quintero Ordóñez alegó en el escrito de tutela que
Cremil, al proferir la Resolución núm. 3475 del 22 de abril de 2026, incurrió en
irregularidades que vulneraron sus derechos fundamentales, pues tuvo una fecha
de presentación de la solicitud de revocatoria directa errónea e hizo referencia a
una resolución de 2012 en la que se habría reconocido como cónyuge a una
persona que afirmó desconocer, así como a una sustitución pensional anterior al
fallecimiento de su esposo ocurrido el 26 de agosto de 2014.

59. Además, señaló que Cremil declaró improcedente la solicitud sin examinar las
pruebas aportadas para acreditar el matrimonio y la convivencia, y mantuvo el
reconocimiento del 100 % de la prestación en favor de un hijo extramatrimonial, sin
considerar el porcentaje de la sustitución pensional que, en su criterio, le
corresponde en calidad de cónyuge sobreviviente.

60. De lo expuesto, la Sala llama la atención en que, si bien los cargos se dirigen
contra la Resolución núm. 3475 del 22 de abril de 2026, lo cierto es que
materialmente controvierten las Resoluciones núm. 9726 del 17 de septiembre de

27
Se trascribe incluso con errores de texto.
28
Corte Constitucional, sentencia T-213 de 2008.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02440-01 (7997)
Accionante: Blanca Cecilia Quintero Ordóñez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

2014 y 10374 del 17 de diciembre siguiente, que negaron la sustitución pensional,
puesto dichos cargos buscan demostrar que la señora tal cumplió los requisitos para
tener derecho a la prestación.

61. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y del artículo 6 del Decreto 2591
de 199129 que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no
cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos
fundamentales; y, por otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y
eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las
particularidades de cada caso30.

62. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables31.

63. De ese modo, la Sala advierte que las resoluciones núm. 9726 del 17 de
septiembre de 2014 y 10374 del 17 de diciembre siguiente32, fueron objeto de
discusión dentro del proceso de nulidad y restablecimiento iniciado contra Cremil33.
Dicho proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Once
Administrativo de Ibagué que, mediante providencia del 30 de junio de 2021,
accedió a las pretensiones de la demanda. Contra esta decisión Cremil interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima,
a través de sentencia del 29 de junio de 2023 en la que revocó la decisión de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda.

64. Así las cosas, los cargos de la tutela formulados contra la Resolución núm. 3475
del 22 de abril de 2026, buscan que el juez constitucional desconozca las instancias
del proceso ordinario y la sentencia que confirmó la legalidad de las resoluciones
que negaron la sustitución pensional, lo que, a su vez, implica que sean suplantadas
las competencias propias del juez contencioso-administrativo, máxime cuando la
tutela no formuló argumentos contra las sentencia del 29 de junio de 2023.

65. De manera que no resulta procedente analizar las razones propuestas por la
parte actora en su escrito de tutela, toda vez que implicaría desplazar al juez
ordinario en los asuntos que por disposición legal son de su competencia. Por
anterior, la acción objeto de estudio es improcedente en relación con los argumentos
dirigidos en contra de Cremil.

29
Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela.
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto
[…]».
30
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
31
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
32
Mediante las cuales se le negó la sustitución pensional a la accionante en calidad de cónyuge supérstite del
señor Hernando Galindo.
33
Radicado bajo el núm. 73001-33-33-752-2015-00097-01

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02440-01 (7997)
Accionante: Blanca Cecilia Quintero Ordóñez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

4. Conclusión

66. Para esta Sala en el auto del 13 de noviembre de 2025 no se configuró el
defecto invocado por la accionante y, por ende, no se vulneraron sus derechos
fundamentales. En lo relacionado con los reparos formulados contra Cremil, la tutela
es improcedente, comoquiera que al juez constitucional no le es dable reemplazar
al juzgador ordinario y, con ello, generar incertidumbre en la interpretación del
derecho34. En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia para
negar el amparo contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y se confirmará en todo lo demás la providencia impugnada.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 15 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
contenidas en esta providencia. En su lugar, quedará así:

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora Blanca Cecilia Quintero
Ordóñez contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
los motivos indicados en las consideraciones de esta decisión.

Segundo: Confirmar en todo lo demás la providencia impugnada, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con permiso

34
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02440-01 (7997)
Accionante: Blanca Cecilia Quintero Ordóñez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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