Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02452-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02452-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02452-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02452-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C. nueve [9] de julio de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02452-01
Demandante: CRISTIAN ORTIZ PALACIOS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN A Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – Reparación directa –
Revoca negativa y declara la improcedencia por falta de
relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de
29 de abril del 2026, proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que negó la acción de tutela de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El 26 de marzo de 2026, el señor Cristian Ortiz Palacios, por intermedio de
apoderado, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión A y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al
«DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
DERECHO DE DEFENSA, DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA REPARACION1».
Las mencionadas garantías las consideró vulneradas con la expedición de las
providencias de 26 de noviembre de 2024 y 28 de agosto de 2025, por medio de
las cuales se definió la demanda de reparación directa identificada con el radicado
08001-33-33-006-2020-00053-00/01, en el sentido de negar las pretensiones.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
En razón a todo lo expuesto, solicitamos, se tutelen los derechos fundamentales del
señor CRISTIAN ORTIZ PALACIOS Y OTROS, específicamente el DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, DERECHO DE
DEFENSA, DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA REPARACION en contra de los
Juzgados SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
y el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, y se
ordene la revocar y/o dejar sin efectos las Sentencias de fecha 26 Noviembre de
2024, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
y del 28 de Agosto de 2025, emanada del Tribunal Contencioso Administrativo
del Atlántico, siendo notificada el 9 de Octubre de 2025, donde decide de fondo
1 Mayúsculas sostenidas del texto original.
Demandante: Cristian Ortiz Palacios
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02452-01
la Litis planteada por el accionante en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, dentro de una demanda en ejercicio del medio de control de
Reparación Directa con radicado 08-001-33-33-006-2020-00053-01, y en razón a
esto se ordene dictar nueva sentencia a la luz de todo el material probatorio obrante
en el expediente, el cual fue completamente ignorado, tanto las pruebas
documentales como las testimoniales, considerando que dichas autoridades
judiciales incurrieron en un Defecto Factico, al haberse abstenido de darle valor
probatorio a las pruebas debidamente allegadas al proceso Contencioso, pues
dichas juristas en sus providencias se negaron a valorarlas, ignorarlas por completo,
lo anterior por cuanto a pesar de las pruebas existentes en el proceso que desvirtúa
cualquier duda de las omisiones en que incurrió la Policía Nacional, se abstuvo de
darles el estudio y la valoración probatoria debida, puesto que en ninguna de las dos
providencias se evidencia un estudio preciso de las condiciones en que tuvieron
lugar los hechos que acreditan fehacientemente la falla del servicio por parte de la
Policía Nacional, vulnerando consigo el Art. 90 de la Constitución política2.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• El señor Cristian Ortiz Palacios y otros3 presentaron demanda de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional por la
presunta falla en el servicio4 consistente en las lesiones sufridas, por el primero en
mención, cuando era patrullero, durante un atentado con explosivos perpetrado
contra la Estación de Policía San José de Barranquilla.
• El 26 de noviembre de 2024, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla negó las pretensiones de la demanda al considerar que
que las lesiones sufridas por el demandante se produjeron durante el
cumplimiento de funciones propias del servicio policial y fueron calificadas como
accidente de trabajo, por lo que estaban amparadas por el régimen prestacional
especial aplicable a los miembros de la fuerza pública.
• Agregó que el atentado terrorista constituyó un hecho exclusivo de un tercero,
circunstancia que rompió el nexo de causalidad entre el daño y la actuación
estatal. Señaló que no se acreditó que la víctima directa hubiera sido sometida a
un riesgo excepcional superior al inherente a su condición de patrullero. Destacó
que las formaciones en espacios abiertos hacían parte de la dinámica habitual del
servicio policial y que el hecho de realizarlas en una estación distinta no
incrementaba objetivamente el riesgo.
• El 28 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión A confirmó lo decidido por el a quo, al exponer que, aunque el daño
antijurídico estaba plenamente acreditado, no se probó que fuera imputable a la
Policía Nacional. Por el contrario, estimó que el atentado obedeció al hecho
exclusivo e imprevisible de un tercero, circunstancia que constituye una causal de
exoneración de responsabilidad estatal.
2 Trascrito con posibles errores ortográficos y mayúsculas sostenidas y negritas del texto original.
3 Los señores Geovany Ortiz Peña, Noris del Carmen Palacio Muñoz, María Camila Ortiz Palacio,
Karina Isabel Ortiz Torres y Yolanda Isabel Peña Montejo.
4 Los actores atribuyeron el daño a la omisión de la Policía Nacional por no garantizar condiciones
adecuadas de seguridad, no implementar eficazmente los planes de defensa de la estación y
exponer injustificadamente a los uniformados a un riesgo mayor al propio del servicio.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian Ortiz Palacios
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02452-01
• El tribunal encontró que las pruebas no demostraban la existencia de amenazas
concretas contra la estación de Policía de San José que hicieran previsible el
atentado ni evidenciaban que la institución hubiera incumplido sus deberes de
seguridad. Para llegar a esa conclusión, el ad quem concluyó que, según los
testimonios y documentos aportados, la institución había adoptado medidas
preventivas, contaba con planes de defensa y mantenía controles de seguridad en
la estación.
• Por su parte, hizo alusión a la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, según la cual los miembros profesionales de la fuerza pública asumen
voluntariamente los riesgos propios del servicio y solo procede la responsabilidad
estatal cuando se demuestra una falla del servicio o la exposición a un riesgo
excepcional, circunstancias que no fueron acreditadas en este caso.
• La providencia de segunda instancia fue notificada el 9 de octubre de 2025 y la
acción de tutela de la referencia radicada el 26 de marzo de 2026.
1.4. Fundamentos de la solicitud
En este caso el accionante, luego de argumentar porqué se configuran los
perjuicios reclamados en la demanda contenciosa, expuso que se les vulneraron
sus derechos fundamentales al configurarse los defectos fáctico, sustantivo y por
desconocimiento del precedente.
Referente al yerro de índole probatorio, el accionante alegó que las accionadas
realizaron una valoración parcial y selectiva de las pruebas, e ignoraron
documentos y medios de convicción que demostraban las omisiones de la Policía
Nacional en materia de seguridad e infraestructura. Particularmente, relacionadas
con la negativa de reubicar al personal de la estación, el incumplimiento de las
recomendaciones del Plan de Defensa de la Estación San José, la falta de
socialización de dicho plan, la desatención de solicitudes de refuerzo de personal
y medios de seguridad, y el incumplimiento de los protocolos.
Destacaron que se configuró una errónea aplicación del título de imputación, al
concluir que el daño obedeció exclusivamente al hecho de un tercero y al riesgo
propio del servicio, sin analizar si la policía incrementó ese riesgo mediante
omisiones conocidas y evitables, configurándose una falla del servicio.
Precisaron que se materializó un desconocimiento del precedente emitido por la
Sección Tercera del Consejo de Estado5, al omitir el análisis sobre la
responsabilidad estatal cuando la administración expone a los miembros de la
fuerza pública a un riesgo excepcional o superior al propio del servicio por
incumplimiento de sus deberes de protección.
Resaltó que también se incurrió en una falta de motivación suficiente, pues las
autoridades judiciales no explicaron por qué descartaron las pruebas y
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 22 de febrero de 2019 M.P.
Nicolás Yepes Corrales.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian Ortiz Palacios
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02452-01
argumentos centrales de la demanda, limitándose a acoger los elementos
favorables a la tesis defensiva de la entidad demandada.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 27 de marzo de 2026 el magistrado sustanciador de primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar como demandados al
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A y al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla.
Como terceros con interés en las resultas del proceso, vinculó a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, al representante del Ministerio
Público, y a todos los demás intervinientes dentro del proceso de reparación
directa citado.
El despacho sustanciador de segundo grado, al percatarse de una nulidad
saneable, vinculó a todos los terceros interesados que restaban por llamar a la
litis6, esto es, a los señores Geovany Ortiz Peña, Noris del Carmen Palacio
Muñoz, María Camila Ortiz Palacio, Karina Isabel Ortiz Torres, y Yolanda Isabel
Peña Montejo, quienes también integraron el extremo demandante en el
expediente contencioso. Los cuales manifestaron que coadyuvaban la solicitud de
tutela.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla
solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no se
configuraba ninguna de las causales excepcionales para su procedencia contra
providencias judiciales.
Señaló que el proceso de reparación directa fue decidido de conformidad con las
pruebas, la Constitución, la ley y la jurisprudencia, sin que se hubiera vulnerado
derecho fundamental alguno.
1.6.2. La Policía Nacional solicitó negar la tutela, al exponer que las autoridades
judiciales accionadas no vulneraron los derechos aludidos por el accionante, ya
que los demandantes pudieron ejercer plenamente los mecanismos judiciales
ordinarios.
Resaltó que no se acreditó una falla del servicio, dado que las lesiones del
patrullero se produjeron por el hecho exclusivo de un tercero en desarrollo de un
atentado terrorista, constituyendo una causa extraña que rompió el nexo de
causalidad. Además, afirmó que la institución adoptó las medidas de seguridad
disponibles, que no existía una amenaza concreta contra la estación y que la
tutela pretende reabrir un debate ya resuelto por el juez natural de la causa, sin
demostrarse un perjuicio irremediable que justificara su procedencia excepcional.
6 Se entiende como terceros con interés sólo a los integrantes del proceso contencioso.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian Ortiz Palacios
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02452-01
1.7. Fallo impugnado
El 29 de abril de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado negó la acción de tutela, al considerar que no se acreditaron los defectos
alegados.
Al respecto, precisó que la Sala se abstendría de estudiar el reproche relativo a
una supuesta falta de motivación y desconocimiento del precedente, en tanto el
primero se encuentra relacionado directamente con los cuestionamientos
propuestos en el defecto fáctico y sustantivo, y el segundo se formuló de manera
genérica e insuficiente.
Luego señaló, respecto del defecto fáctico, que «la inconformidad del accionante
se estructura, en realidad, sobre la manera en que la autoridad judicial les dio
valoración a los medios probatorios aportados al plenario, pretendiendo que el
juez constitucional revalore el acervo probatorio, lo cual resulta ajeno a la finalidad
del control constitucional».
Precisó, referente al yerro sustantivo, que «la inconformidad del accionante no
revela un defecto sustantivo, sino una diferencia de criterio frente a la imputación
jurídica del daño, aspecto que fue razonadamente resuelto por el juez natural y
que no puede ser reabierto en sede de tutela, razón por la cual el cargo será
desestimado».
1.8. Impugnación7
La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, y señaló que la
sustentación la aportaría posteriormente, y lo hizo el 24 de junio de 2026, cuando
el expediente se encontraba en segunda instancia.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación
presentada por el señor Cristian Ortiz Palacios, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
La Sala establece desde que ya que lo expuesto por los señores Geovany Ortiz
Peña, Noris del Carmen Palacio Muñoz, María Camila Ortiz Palacio, Karina Isabel
Ortiz Torres, y Yolanda Isabel Peña Montejo, se tendrá en cuenta como una
coadyuvancia de la solicitud de tutela radicada por Cristian Ortiz Palacios, en los
términos del Decreto Ley 2591 de 19918, que señala que esta corresponde a una
7 El fallo fue notificado el 7 de mayo de 2026 y la impugnación se presentó el 12 siguiente.
8 «ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E
INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian Ortiz Palacios
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02452-01
figura jurídica, en virtud de la cual, quien tenga un interés legítimo en el resultado
del proceso, podrá intervenir para reafirmar las pretensiones del actor o de
quien ha sido demandado.
Por su parte, la Corte Constitucional al referirse al alcance de dicha intervención
en la acción de tutela, precisó que, quien coadyuva lo hace para apoyar las
razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas,
y no promoviendo sus propias pretensiones9.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 29 de abril de 2026 de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la tutela de la referencia.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 10
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema11.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en
cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o
aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el
fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud». [Negrilla fuera del texto original].
9 Ver, por ejemplo: sentencia T-070 de 1° de marzo de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo y
sentencia T-269 de 2012, Luis Ernesto Vargas Silva, citada a su vez en la SU-326 de 2022.
10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian Ortiz Palacios
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02452-01
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia Constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 202214,
en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito,
así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i)
que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
Por su parte, esta sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 2014, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo
está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la
discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser
un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una
tercera instancia15.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Acogido por esta Sección en sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-
15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
15 Énfasis de la sala.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian Ortiz Palacios
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02452-01
Sobre el particular, se considera que, diferente a lo expuesto por el a quo
constitucional, este asunto no es relevante constitucionalmente, como se
pasará a explicar.
En primera medida se recuerda que, al interior del proceso contencioso, las
autoridades judiciales consideraron que el daño se acreditó, mas no el nexo
causal, razón por la cual, es posible concluir, de los argumentos expuestos en la
tutela, que lo pretendido por el accionante es reabrir el debate probatorio al punto
de intentar explicar que, con un debido estudio de la documental y testimonial
referenciada, se podía acreditar la falla en el servicio endilgada.
Ahora bien, se advierte que en materia de tutela contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de
los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
fundamentos del accionante frente a la apreciación de las pruebas del proceso
contencioso expuestos en la solicitud de amparo, sin el debido contraste de un
indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría contra
el principio de autonomía judicial y así, se convertiría el mecanismo constitucional
en una tercera instancia.
En este orden de ideas, para esta Sala los argumentos de la tutela que resumen
en la indebida valoración probatoria y el yerro de índole sustantivo, no cuentan con
la carga argumentativa para ser estudiados, en el marco de la trasgresión de
derechos fundamentales, porque además de ser una reiteración de lo ya resuelto
en sede ordinaria, se insiste, es posible colegir, que no desvirtúa la consideración
realizada por el tribunal frente a: (i) la exigencia de la prueba que acredite el nexo
entre el daño y el actuar u omisión de la administración; (ii) la configuración del
hecho exclusivo e imprevisible de un tercero, circunstancia que constituye una
causal de exoneración de responsabilidad estatal, y (iii) que lo sucedido fue un
riesgo propio del servicio, cuya reparación solo procede cuando se demuestra una
falla del servicio o la exposición a un riesgo excepcional, lo que no fue acreditado
en este caso.
Además, esta Colegiatura comparte la consideración del a quo en cuanto a los
reproches relativos a los defectos de falta de motivación y desconocimiento del
precedente, en tanto el primero se encuentra relacionado directamente con los
cuestionamientos propuestos en el defecto fáctico, y el segundo se formuló de
manera genérica e insuficiente, ya que solo se citó un caso por lesiones a soldado
profesional, pero no se explicó por qué las consideraciones son aplicables al
asunto planteado por el accionante.
Por eso, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este presupuesto,
en atención a que no se justificó la presencia de una posible trasgresión de las
garantías constitucionales del tutelante, sino que, por el contrario, se advierten
argumentos con el fin de intentar acreditar el daño antijurídico expuesto en la
demanda contenciosa, para, a su vez, disentir del análisis probatorio efectuado por
la autoridad judicial de segundo grado demandada.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian Ortiz Palacios
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02452-01
De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la
controversia planteada por los accionantes, la sala advierte que esta no se
encuentra ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional,
máxime cuando sus argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa,
lo que implica que la tutela se torna improcedente.
En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»16 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
2.6. Conclusión
Así las cosas, se revocará la decisión de primera instancia que negó el
mecanismo constitucional de la referencia, y se declarará improcedente por falta
de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia de los señores Geovany Ortiz
Peña, Noris del Carmen Palacio Muñoz, María Camila Ortiz Palacio, Karina Isabel
Ortiz Torres, y Yolanda Isabel Peña Montejo.
SEGUNDO: REVOCAR el fallo de 29 de abril de 2026, por medio del cual la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la acción, para
en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
16 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian Ortiz Palacios
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02452-01
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.