Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02478-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02478-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02478-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02478-00
Demandante: CARLOS MAURICIO PEÑA SOLÓRZANO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Carlos Mauricio Peña Solórzano, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela1 contra el Juzgado 6° Administrativo de Popayán y el Tribunal
Administrativo del Cauca, con el fin de reclamar la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la «defensa», y trabajo.
Las anteriores garantías las estimó transgredidas con ocasión de la providencia
del 9 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que
confirmó la sentencia de primera instancia dictada el 3 de octubre de 2023, por el
Juzgado 6° Administrativo del Circuito Judicial de Popayán que negó las
pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
19001-33- 33-006-021-00197-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en expuesto, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 27 de marzo de 2026.
Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y Otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02478-00
1. DECLARAR la nulidad de la providencia impugnada, por incurrir en defecto
procedimental absoluto, sustancial y defecto fáctico.
2. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cauca emitir nueva sentencia
ajustada a los parámetros constitucionales, valorando integralmente el dictamen
pericial informático y verificando la legalidad del procedimiento electrónico […]»2
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Carlos Mauricio Peña Solórzano, fue ascendido al grado de teniente
coronel el 6 de junio de 2020, en virtud del Decreto n° 759 del 29 de mayo de esa
misma anualidad, como reconocimiento a su destacada trayectoria y mérito
profesional. No obstante, tan solo diez meses después de su ascenso, fue
notificado del retiro del servicio activo por la causal de llamamiento a calificar
servicios, mediante la Resolución n° 855 del 20 de abril de 2021.
En atención a lo expuesto, en ejercicio del derecho de acción promovió el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra de la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, con el fin de que se declarada la nulidad del referido acto
administrativo, y ordenara el reintegro al servicio activo con el pago
correspondiente por concepto de salarios y prestaciones dejadas de percibir desde
el momento de la desvinculación laboral.
Lo anterior, luego de estimar que el acta de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa, que sirvió de fundamento para la decisión, presentaba serias
inconsistencias en la medida que la entidad demandada no acreditó su
autenticidad, integridad ni disponibilidad, dado que el documento se generó en una
sesión virtual. Asimismo, se advirtió que la copia suministrada tras varias
peticiones era incompleta y presenta tachas y enmendaduras que viciaban su
validez.
El asunto correspondió por reparto al Juzgado 6° Administrativo de Popayán3,
autoridad judicial que el 3 de octubre de 2023 profirió sentencia de primera
instancia, y negó las pretensiones de la demanda luego de estimar que el acto
administrativo de retiro por llamamiento a calificar servicios fue legal, ya que dicha
figura es una facultad discrecional de la administración cuyo fin es la renovación
del personal y el relevo generacional. A su juicio, la decisión tuvo una presunción
de haber sido expedida por razones de conveniencia institucional y no requiere de
una motivación expresa o soporte documental detallado, siempre que el
2 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.
3
bajo radicado 19001-33-33-006-2021-00197-00.
2
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Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y Otro
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uniformado cumpla con los requisitos para la asignación de retiro, lo cual se verificó
en el caso del actor.
Asimismo, en la sentencia se desestimó la tacha de falsedad presentada contra el
Acta de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa que recomendó el retiro del
accionante. Para el efecto, se expuso que, de acuerdo con la normativa vigente,
no existía una obligación legal de grabar las sesiones virtuales ni de que el acta
fuera suscrita por la totalidad de los asistentes para ser válida. Además, se precisó
que las recomendaciones de la junta son actos de trámite y no definitivos, por lo
que no pueden ser objeto de control jurisdiccional autónomo para anular el acto
principal de retiro. En suma, concluyó que no se probó ninguna desviación de
poder o arbitrariedad subjetiva en la decisión administrativa.
Inconforme, el señor Peña Solórzano presentó recurso de apelación en el que
manifestó principalmente la falta de validez del acta que recomendó su retiro y al
desconocimiento de precedentes jurisprudenciales obligatorios por parte de la juez
de primera instancia.
El accionante sostuvo que el a quo incurrió en un error al aplicar la sentencia de
unificación SUJ-26-S2 de 2022 del Consejo de Estado, relativa al retiro
discrecional, en lugar de la SU-237 de 2019 de la Corte Constitucional, la cual
establece las reglas específicas para el retiro por llamamiento a calificar servicios.
Argumentó que, bajo este marco, el concepto previo de la Junta Asesora es un
requisito indispensable cuya legalidad debe ser verificada rigurosamente por el
juez. En este sentido, sostuvo que se configuró una falsa motivación y una
expedición irregular del acto de retiro, ya que el acta de la Junta Asesora n° 01 del
20 de enero de 2021 presentó graves inconsistencias que afectaron el debido
proceso administrativo.
Asimismo, afirmó que la sentencia incurrió en un defecto fáctico al no valorar
adecuadamente el dictamen pericial informático que cuestionaba la autenticidad,
integridad y disponibilidad del acta electrónica. A su juicio, al tratarse de una
reunión virtual, la administración estaba obligada, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 57 y 58 del CPACA, a conservar el documento electrónico original
o la grabación que garantizara que la deliberación y votación efectivamente
ocurrieron. Al no existir dicha grabación ni un documento que acreditara el quórum
o la propuesta de retiro, no era posible el retiro del servicio por lo que el acto
administrativo se expidió viciando de nulidad.
El Tribunal Administrativo del Cauca en sentencia del 9 de octubre de 2025
confirmó lo resuelto por el a quo, dada la improcedencia de la tacha de falsedad y
la legalidad del acto de retiro. Dicha corporación, explicó que la tacha de falsedad
material es un mecanismo reservado exclusivamente para que la parte a quien se
le atribuye la autoría de un documento pueda refutarla. Dado que el acta de la
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Junta Asesora fue elaborada y firmada por altos mandos militares y no por el
accionante, este carecía de legitimación para proponer dicha tacha, lo que invalidó
los argumentos basados en el dictamen pericial informático sobre la falta de
integridad del documento electrónico.
Respecto al fondo del asunto, determinó que el retiro por llamamiento a calificar
servicios es una facultad discrecional que busca la renovación y el relevo
generacional en las Fuerzas Militares. Por ese motivo, subrayó que esta figura no
constituye una sanción, sino un mecanismo administrativo legal que solo requiere
que el uniformado cumpla con el tiempo de servicio para acceder a una asignación
de retiro, condición que el demandante cumplía por cuanto tenía acreditado más
de 22 años de servicio.
Finalmente, desestimó los cargos de falsa motivación y expedición irregular al
concluir que la recomendación de la Junta Asesora se agotó formalmente y que
no existe una obligación legal estricta de grabar las sesiones virtuales o de que el
acta sea suscrita por todos los asistentes para su validez. Para el efecto, enfatizó
que las excelentes calificaciones y la trayectoria del actor no le otorgan una
estabilidad laboral indefinida, pues el interés general de la Nación y la estructura
de la institución militar permiten este tipo de desvinculaciones discrecionales
siempre que se respeten los requisitos mínimos de ley.
El proveído en cuestión se notificó a las partes por correo electrónico el 27 de
octubre de 20254.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora indicó que el tribunal incurrió en defecto procedimental absoluto
por cuanto el tribunal para validar el acta de la junta se apoyó exclusivamente en
lo dispuesto en el Decreto 1512 de 2000, norma, que no regula la obligación de
grabar reuniones. En su criterio, ha debido darse aplicación al artículo 34 del
CPACA, dado que a ese cuerpo normativo debe acudirse ante vacíos en leyes
especiales. En esa línea, estima que tuvo que seguirse el procedimiento
establecido en los artículos 57, 58 y 63 de la misma Ley 1437 de 2011, en tanto
tales disposiciones garantizaban la autenticidad, integridad y disponibilidad de los
documentos electrónicos.
De otro lado, consideró que también se configuró el defecto sustantivo o material
en la medida que para haberse efectuado el retiro se debía contar con el concepto
previo de la junta asesora previsto en el artículo 99 del Decreto 1790 de 2000; sin
embargo, el tribunal avaló que esa decisión administrativa se soportara en lo que
denominó «acta de papel», pues no pudo ser constatada ante la falta de la
4 Índice 015 en Samai del proceso 19001-33-33-006-2021-00197-01.
4
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grabación. Conforme a lo anterior, sostuvo que se autorizó la desvinculación de un
oficial del Ejército Nacional bajo el amparo de una motivación que no fue posible
comprobar.
Finalmente, señaló que existió un defecto fáctico porque existió una valoración
arbitraria y omisiva de las pruebas que obraban en el expediente. Para justificar lo
anterior, señaló que hubo una valoración defectuosa del dictamen pericial, pues
descartó el informe técnico de análisis de evidencia digital, insumo, en el que se
dijo que no era posible técnicamente, verificar la originalidad y autenticidad del
acta al no contener el mensaje de datos original. En su criterio, de haberse
valorado «correctamente» la experticia, se hubiera podido concluir que el concepto
previo al retiro no se acreditó legalmente, situación, que hace que se haya
configurado un vicio en la expedición o falsa motivación.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 6 de abril de 2026, la Magistrada Ponente admitió la acción de tutela
y ordenó notificar a la parte accionante5 y, como parte accionada, al Juzgado 6°
Administrativo de Popayán6 y al Tribunal Administrativo del Cauca7.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional8 «demandada en el proceso ordinario».
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
5 Índice 007 de Samai. La notificación fue enviada al correo: mauronape28@hotmail.com
6 Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada a los correos:
accionesjudiciales@crfasesores.com, c.restrepo@crfasesores.com
6 Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada a los correos:
admin06ppn@notificacionesrj.gov.co y j06admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada a los correos
stectadmincau@cendoj.ramajudicial.gov.co, des01tadmppn@cendoj.ramajudicial.gov.co,
des02tacau@cendoj.ramajudicial.gov.co, des03tadmppn@cendoj.ramajudicial.gov.co,
des04tacau@cendoj.ramajudicial.gov.co, des05tadmcau@cendoj.ramajudicial.gov.co y
stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 Índice 007 de Samai. La notificación fue enviada a los correos: usuarios@mindefensa.gov.co,
notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co, procesosordinarios@mindefensa.gov.co,
atencionciudadanoejc@ejercito.mil.co y ceoju@ejercito.mil.co
5
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Luego de hacer un recuento de las actuaciones que tuvo el proceso ordinario,
señaló que la controversia no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
por cuanto el accionante pretende que el juez de tutela estudie de nuevo el proceso
contencioso dirimido por el tribunal accionado. En su criterio, para ese tipo de
pretensiones no está prevista la acción constitucional, por lo que sugirió que se
declare la improcedencia de la solicitud de amparo.
1.6.2. Tribunal Administrativo del Cauca
A través de un servidor de la secretaría, se limitó a remitir el expediente solicitado
bajo radicado 19001-33-33-006-2021-00197-00/01.
1.6.3 El Juzgado 6° Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, guardó
silencio pese a que fue debidamente notificado de la presente acción.
II.CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5. °
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, por cuanto se dirige contra la determinación adoptada por el Tribunal
Administrativo del Cauca.
2.2. Problema jurídico
Aunque la acción de tutela se dirige contra las providencias dictadas el 3 de
octubre de 2023 por el Juzgado 6° Administrativo del Circuito Judicial de Popayán,
y el 9 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cauca; sin embargo,
el estudio de la Sala se circunscribirá únicamente respecto de la última sentencia
en mención, por ser la que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 19001-33- 33-006-021-00197-00/01.
Acorde con lo señalado en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se determinará:
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• ¿El Tribunal Administrativo del Cauca vulneró las garantías invocadas por
el actor, con ocasión de la providencia del 9 de octubre de 2025, que
confirmó la decisión que negó en primera instancia a las pretensiones
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al
incurrir en los defectos procedimental, sustantivo y fáctico?
Para abordar los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10 y declaró su
procedencia.11
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
7
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Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202212 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
12 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
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competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal13
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico14; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional15.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal16”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales17”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto18, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal19.
(Resaltado de la Sala)
13 Sentencia SU-573 de 2019.
14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-128 de 2021.
18 Sentencia SU-573 de 2019.
19 Ibid.
9
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2.5. Caso Concreto
El señor Carlos Mauricio Peña Solórzano cuestiona la providencia del 9 de octubre
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que confirmó la decisión
de primera instancia que había negado sus pretensiones en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho adelantado con radicado 19001-33-33-006-
2021-00197-00/01.
Lo anterior, ya que, a juicio del tutelante, se incurrió en los defectos procedimental
absolutivo, sustantivo y fáctico que, a criterio de la Sala, se resume en la negativa
del tribunal accionado en nulitar el acto administrativo que dispuso su retiro del
Ejército Nacional, y con ello, reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones
dejados de percibir desde el momento en que se hizo efectiva la desvinculación
laboral.
Por lo anterior, discute el actor la forma en que el tribunal tuvo por acreditado el
requisito sustancial para el retiro; esto es, el acta de la junta asesora del Ministerio
de Defensa Nacional. En criterio del accionante de haberse aplicado las normas
supletorias contenidas en la Ley 1437 de 2011 y valorado «correctamente» el
dictamen pericial obrante en el expediente, se hubiere podido constatar que el acta
se aportó sin el cumplimiento de los requisitos legales; esto es, sin registro o
soporte técnico audiovisual lo que permite entender que no se acreditó su
autenticidad, integridad y disponibilidad para tenerla como válida.
En tal sentido, por vía de los defectos invocados, el accionante busca que se eleve
la grabación audiovisual a un requisito de validez del acto administrativo de retiro
del servicio, a pesar de que la entidad demandada sostuvo que tal exigencia no
está prevista en la ley ni en el régimen especial militar, tesis, que fue avalada por
las autoridades judiciales accionadas. Bajo este escenario, adujo que el proveído
de segunda instancia incurrió en los defectos mencionados por cuanto sin razón
jurídica válida alguna, confirmó la decisión adoptada por el Juzgado 6°
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, que negó injustamente sus
pretensiones.
Respecto a lo alegado por la parte actora, la Sala evidencia que los argumentos
planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con lo decidido por el juez contencioso de segunda
instancia que dirimió la controversia ordinaria, por lo que este mecanismo se torna
improcedente al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, como
pasa a explicarse.
De lo acontecido en el proceso ordinario se advierte, que la providencia censurada
contó con un amplio desarrollo donde se abordó la normativa y jurisprudencia
10
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aplicable, así como las reglas procesales aplicables a la tacha de documentos, y
en las pruebas obrantes en el expediente, indistintamente que el resultado de tal
análisis en segunda instancia no le fuera favorable a los intereses del actor.
En efecto, en la determinación judicial acusada, el Tribunal Administrativo del
Cauca, expuso lo siguiente:
«…Como ya se explicó, la única parte que se encuentra legitimada para proponer
la tacha de falsedad es la parte a quien se atribuye haberla suscrito. Como es claro
en el presente asunto, la parte actora no elaboró el documento contra el que
propone tacha, pues este fue firmado por el director de personal del Ejército
Nacional, el comandante de la Armada Nacional, el comandante del Ejército
Nacional, el comandante de la Fuerza Aérea y el comandante general de las
Fuerzas Militares encargado de las funciones del ministro de Defensa Nacional.
Ahora bien, sea del caso resaltar que, en el presente asunto no puede tomarse la
tacha de falsedad planteada, como un desconocimiento del documento, porque no
fue así como se presentó en la audiencia de pruebas por parte del apoderado de
la parte actora, ni se le dio dicho trámite dentro de la misma, por parte de la a quo,
por lo cual, la contraparte no tuvo la oportunidad de manifestarse ni hacer
solicitudes probatorias en ese sentido.
Ahora bien, sea del caso resaltar que, en el presente asunto no puede tomarse la
tacha de falsedad planteada, como un desconocimiento del documento, porque no
fue así como se presentó en la audiencia de pruebas por parte del apoderado de
la parte actora, ni se le dio dicho trámite dentro de la misma, por parte de la a quo,
por lo cual, la contraparte no tuvo la oportunidad de manifestarse ni hacer
solicitudes probatorias en ese sentido.
Conforme lo expuesto, se tiene que, dentro del proceso no se demostró que el Acta
Nro. 1 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa del 20 de enero de 2021 fuera
falsa, por el contrario, no se desvirtuó su autenticidad, de conformidad con el
artículo 244 del CGP, puesto que se trata de un documento público respecto del
cual existe certeza sobre las personas que lo firmaron -ya que no fue tachado de
falsedad por ellos-, aun si se encuentra en copia […] no se demostró a través de
los medios de prueba allegados, la falsedad ideológica del acta, puesto que, más
allá de las afirmaciones del apoderado demandante, que pretenden generar duda
sobre su veracidad, ninguna prueba allegada lo demostró.
Incluso, si se observara el dictamen pericial rendido dentro del incidente de tacha
de falsedad, que sostiene que el acta no cumple con los requisitos de autenticidad,
integridad y disponibilidad, se tiene que este expone que el documento está
incompleto; sin embargo, mediante oficio del 29 de mayo de 2023, previo a la
audiencia de pruebas, el Ejército Nacional allegó la totalidad de los folios del
documento23. Y el hecho de que no exista grabación de la reunión no demuestra
que esta no se haya llevado a cabo como se describe en la misma, puesto que el
acta es la constancia de su desarrollo y contenido, del cual no existen razones para
dudar ya que no existen pruebas que demuestren lo contrario, y, como explicó la a
quo, el decreto 1512 del 11 de agosto de 2000 no imponía la obligación de grabar
la reunión ni de que fuera suscrita por todos los asistentes.
Adicionalmente, se debe resaltar que, verificada la copia del acta allegada el 29 de
mayo de 2023, se vislumbra que las firmas del (…) se realizaron de forma
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Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y Otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02478-00
manuscrita, lo que permite entrever que, si bien la reunión se realizó de forma
virtual, la firma del acta bien pudo realizarse físicamente, lo que explicaría la falta
del mensaje de datos al que hace referencia en múltiples ocasiones el recurrente.
Visto lo anterior, se debe aclarar que, el acto administrativo por medio del cual se
retira a un uniformado por llamamiento a calificar servicios no requiere motivación
adicional a la establecida en la ley, esto es en el artículo 100 del Decreto 1790 de
2000, y seguidamente el art. 103 del 1790, […]
En virtud de lo anterior, al estar debidamente acreditado que: i) el actor cumplía
con los requisitos para ser beneficiario de una asignación de retiro, y ii) existió un
concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional que
recomendó su retiro, se puede concluir que la Resolución Nro. 0885 del 20 de abril
de 2021 se ajusta a Derecho […]»
Así, se evidencia que no se trata de una discusión encaminada a establecer si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos alegados sino de reabrir un
debate ya zanjado por el juez natural.
Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las providencias
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que
el debate planteado por la parte actora busca mutar el amparo constitucional en
una instancia adicional y reabrir un debate ya zanjado por el juez contencioso,
conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador.
De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Carlos Mauricio Peña Solórzano, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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