Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02478-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02478-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02478-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02478-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02478-01
Demandante CARLOS MAURICIO PEÑA SOLÓRZANO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTRO
Temas Tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo, fáctico y
procedimental. Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Retiro del servicio por la causal de llamamiento a calificar
servicios. Requisitos generales de procedibilidad: relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora, contra el fallo del 30
de abril de 2026, proferido por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor Carlos
Mauricio Peña Solórzano, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. […]»
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 27 de marzo de 20261, el señor Carlos Mauricio Peña Solórzano, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Cauca y el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán, por estimar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y al trabajo, con las sentencias de 3 de octubre de 2023 y del 9 de octubre
de 2025 proferidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
19001-33-33-006-2021-00197-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Trascripción literal)
«Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente solicito al Consejo de Estado Se tutelen,
se garanticen, se protejan y se respeten los derechos al debido proceso y al trabajo
fundamentales del Actor como mecanismo excepcional:
1. DECLARAR LA NULIDAD de la providencia impugnada, por incurrir en defecto
procedimental absoluto, sustancia (sic) y defecto fáctico.
2. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cauca emitir nueva sentencia ajustada a los
parámetros constitucionales, valorando integralmente el dictamen pericial informático y
verificando la legalidad del procedimiento electrónico.
1
Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2026-02478-00.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02478-01
Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
3. GARANTIZAR el derecho fundamental al debido proceso del Teniente Coronel (RA)
Carlos Mauricio Peña Solórzano.
4. DISPONER las demás medidas necesarias para la protección efectiva de los derechos
fundamentales vulnerados».
2. Hechos
Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Carlos Mauricio Peña Solórzano laboró en el Ejército Nacional como
oficial, llegando al cargo de teniente coronel el 6 de junio de 2020.
2.2. El 20 de abril de 2021 el Ejército Nacional dictó la resolución 0855, mediante
la cual se retiró del servicio al señor Carlos Mauricio Peña Solórzano por la
causal de «llamamiento a calificar servicios».
2.3. El accionante mencionó que solicitó al Ejército Nacional «la entrega del documento
electrónico original» de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional que
se celebró el 20 de enero de 2021.
2.4. El 3 de junio de 2021, el Área Administrativa de la Dirección de Personal del
Ejército Nacional le manifestó al actor que no era posible acceder a la solicitud
de entrega de la grabación argumentando que «las Juntas Asesoras no son grabadas
por ningún medio electrónico, ni existe norma que lo ordene, indicando que se trataban temas
de "seguridad nacional"».
2.5. Para el año 2021, el señor Carlos Mauricio Peña Solórzano haciendo uso del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de que se
declarara la nulidad de la resolución 0855 del 20 de abril de 2021, mediante la
cual el Ministro de Defensa Nacional retiró al actor del servicio activo del
Ejército Nacional por llamamiento a calificar servicios, que a título de
restablecimiento del derecho se le reintegrara y se le reconocieran los
perjuicios causados.
2.6. Por reparto le correspondió el conocimiento del medio de control en primera
instancia al Juzgado Sexto Administrativo de Popayán, bajo el radicado 19001-
33-33-006-2021-00197-00.
2.7. El 3 de octubre de 2023 el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán dictó
sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones de la demanda,
al indicar que no se desvirtuó la presunción de que el llamamiento a calificar
servicios fue expedido por razones de conveniencia institucional, ya que el
juzgado negó la tacha de falsedad propuesta por la parte actora, respecto del
acta de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa del 20 de enero de 2021,
donde se recomendó el retiro del servicio del actor.
Contra esta decisión la parte demandante presentó recurso de apelación.
2.8. El 9 de octubre de 2025 el Tribunal Administrativo del Cauca dictó sentencia
de segunda instancia en la que confirmó la decisión proferida por el Juzgado
Sexto Administrativo de Popayán.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02478-01
Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
Esto, al considerar que la única parte que se encuentra legitimada para
proponer la tacha de falsedad es a quien se le atribuye haber suscrito un
documento, por lo que en este caso la parte actora no elaboró el acta contra
la que se propone la tacha, pues esta fue firmada por el director de personal
del Ejército Nacional, el comandante de la Armada Nacional, el comandante
del Ejército Nacional, el comandante de la Fuerza Aérea y el comandante
general de las Fuerzas Militares encargado de las funciones del Ministro de
Defensa Nacional, luego no era procedente adelantar este trámite en los
términos en los que se solicitó, al no cumplir con lo establecido en los artículos
269, 270 y 271 del Código General del Proceso, pues no se podía mutar la
tacha de falsedad a un desconocimiento del documento.
Finalmente determinó que el demandante no aportó pruebas contundentes
que acreditaran la falsa motivación o la expedición irregular del acto
administrativo demandado.
3. Fundamentos de la acción
La parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ya
que: (i) reviste relevancia constitucional pues se vulnera el derecho al debido
proceso, a la estabilidad laboral, lo que demuestra que no es un asunto meramente
legal; (ii) se agotaron todos los medios de defensa disponibles, pues se surtió la
primera y segunda instancia del medio de control; (iii) se cumple con el requisito de
inmediatez ya que la tutela se interpone dentro de un término razonable, contado
desde la notificación del fallo de segunda instancia; y (iv) se presentó una
irregularidad procesal decisiva que generó la indebida valoración de la prueba
pericial digital y la omisión en la aplicación de la normatividad del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia de segunda instancia en el
medio de control incurrió en un defecto sustantivo, fáctico y procedimental.
3.1. Defecto sustantivo: La parte accionante manifestó que el acto administrativo
con el cual fue retirado del servicio se fundamentó (conforme al artículo 99 del
Decreto Ley 1790 de 2000), en el concepto previo y unánime de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa Nacional, el cual fue emitido en una sesión ordinaria
virtual del 20 de enero de 2021, pero que no fue grabada por la entidad lo que
generó que se cuestionara la validez de ese acto electrónico al ser expedido
sin cumplir con los requisitos mínimos «de autenticidad, integridad y conservación»
conforme a los artículos 57, 58 y 63 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y al vulnerar el artículo 29
de la Constitución Política. Por lo que, el actuar de la autoridad judicial fue el
de convalidar una falsa motivación de la resolución 0855 del 20 de abril de
2021.
Indicó que la Corte Constitucional en la sentencia SU-237 de 2019 fijó como
regla vinculante que el juez debe verificar que la Junta Asesora hubiera emitido
concepto previo de desvinculación, sin embargo, en este caso no fue posible
verificarlo, pues el tribunal concluyó que: (i) el señor Peña Solórzano cumplía
con el tiempo mínimo de servicio y (ii) existía el acta, esto sin tener en cuenta
que se aceptó la copia de papel del acta sin contar con la grabación de la
sesión virtual.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02478-01
Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
Explicó que la Sección Tercera del Consejo de Estado en asuntos
contractuales ha determinado que la falta de autenticidad e integridad de los
documentos del expediente vicia el procedimiento y causa la nulidad del acto
definitivo, lo que demostraría que en el caso en estudio la «reunión virtual» es el
acto administrativo central y la prueba pericial demostró que era imposible
verificar la autenticidad e integridad del acta, pues no se podía determinar si
se dieron propuestas, deliberación y votación, o si se fundamentó en hechos
simulados que dieran lugar a una falsa motivación.
Destacó que era necesaria la intervención de la jurisdicción contencioso
administrativa pues es peligroso que las fuerzas militares realicen actuaciones
relevantes por medios electrónicos y, que luego afirmen que no se conservó
el mensaje de datos original, lo que impediría el control judicial de la legalidad
de los actos preparatorios para el retiro de oficiales.
3.2. Defecto fáctico: Se da en este caso porque el tribunal aceptó que no se
exigiera la grabación de la sesión ordinaria del 20 de enero de 2021 de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional (mensaje de datos), esto al
considerar que el acta era constancia suficiente, sin conservar la prueba
electrónica bajo la excusa de ser un tema de «seguridad nacional», aunado a que
el Decreto 1512 de 2000 no obligaba a realizar la grabación. Sin tener en
cuenta que la Corte Constitucional ha sido clara al indicar que la «información
ligada al funcionamiento de la carrera militar y el sistema de promoción (como ascensos y
retiros) no goza de reserva legal» y que establecer un absoluto secreto al respecto
es una medida desproporcionada.
Mencionó que el tribunal desconoció el valor probatorio de las conclusiones
técnicas del «Informe Técnico de análisis de Evidencia Digital» que demostró la
imposibilidad técnica de verificar la realización del acto preparatorio (reunión
virtual), por lo que, al no existir la grabación o el medio electrónico original
(mensaje de datos), no se cumplieron los principios de autenticidad, integridad
y disponibilidad exigidos por el CPACA.
3.3. Defecto procedimental: Se materializó cuando el tribunal no dio aplicación a
los artículos 34, 57, 58 y 63 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del principio de supletoriedad,
y solo aplicó el Decreto 1512 de 2000, que no imponía la obligación de grabar.
Por lo que el tribunal «blindó la actuación administrativa viciada» despojando al
accionante de la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción sobre el
acto preparatorio (acta).
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 6 de abril de 2026 el despacho de la magistrada Gloria María
Gómez Montoya admitió la acción de tutela presentada por el señor Carlos
Mauricio Peña Solórzano contra el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca.
Asimismo, vinculó en calidad de tercero con interés a la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional; se ofició a las autoridades accionadas para que
allegaran copia digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
19001-33-33-006-2021-00197-00/01; y se ordenó surtir las notificaciones
correspondientes.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02478-01
Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
4.2. El Tribunal Administrativo del Cauca2 remitió copia de las piezas procesales
del medio de control 19001-33-33-006-2021-00197-00/01.
4.3. El Juzgado Sexto Administrativo de Popayán3 adjuntó las piezas
procesales del medio de control 19001-33-33-006-2021-00197-00/01.
4.4. El Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional4 rindió informe en el
que solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional.
Manifestó que el accionante no logró acreditar la vulneración del debido
proceso al argumentar que el dictamen pericial informático demostró la
inexistencia de soporte técnico y la vulneración de los principios de trazabilidad
y autenticidad del acto electrónico. Destacó que el actor se encuentra
inconforme con lo decidido por el juez natural y lo que está intentando es tener
una «tercera instancia» pues quiere revivir etapas procesales e interpretaciones
y valoraciones probatorias que ya fueron debatidas en primera y segunda
instancia.
Concluyó que, el proceso ordinario se encuentra conforme con los
lineamientos constitucionales y legales, sin que de dicha actuación se
vislumbre vulneración alguna de los derechos fundamentales del accionante.
5. Providencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 30 de abril de 20265
declaró la improcedencia de la acción al considerar que no se cumplió con el
requisito de relevancia constitucional.
En primer lugar, la Sección Quinta circunscribió el estudio del caso a la sentencia
de segunda instancia del 9 de octubre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo
del Cauca, por ser la que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 19001-33-33-006-2021-00197-00/01.
Mencionó que los reparos del tutelante se centraban en la forma en que el tribunal
tuvo por acreditado el requisito sustancial para el retiro (acta de la junta asesora del
Ministerio de Defensa Nacional), pues según el accionante si se hubieran aplicado las
normas supletorias contenidas en la Ley 1437 de 2011 y valorado adecuadamente
el dictamen pericial obrante en el expediente, se habría evidenciado que el acta fue
aportada sin los requisitos legales (sin registro o soporte técnico audiovisual). De ahí
que, pretendía que la grabación audiovisual fuera tenida en cuenta como un
requisito de validez del acto administrativo de retiro del servicio, a pesar de que la
autoridad accionada sostuvo que «tal exigencia no está prevista en la ley ni en el régimen
especial militar», por esta razón consideró que la sentencia de segunda instancia en el
proceso ordinario incurrió en los defectos alegados.
Dijo que, si bien el accionante explica sus argumentos en un lenguaje constitucional,
lo cierto es que evidencia su inconformidad con lo decidido por el juez contencioso
de segunda instancia, por lo que, este mecanismo resulta improcedente por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Esto en razón a que, la
2
Samai, índice 11. Expediente 11001-03-15-000-2026-02478-00.
3
Samai, índice 12. Expediente 11001-03-15-000-2026-02478-00.
4
Samai, índice 13. Expediente 11001-03-15-000-2026-02478-00.
5
Samai, índice 15. Expediente 11001-03-15-000-2026-02478-00.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02478-01
Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
providencia cuestionada contó con un amplio estudio normativo, jurisprudencial y
aplicando las reglas procesales a la tacha de documentos. Como evidencia
transcribió algunos apartes de la parte considerativa de la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo del Cauca, de lo cual pudo determinar que el asunto
planteado en esta acción de tutela no se trata de una discusión encaminada a
establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos «sino de reabrir un
debate ya zanjado por el juez natural».
Por último, recordó que la acción de tutela contra providencia judicial es excepcional
y que no está diseñada para que mute a una instancia adicional que reabra un
debate ya zanjado por el juez contencioso administrativo.
6. Impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia para que fuera revocado.
Consideró que el Consejo de Estado, Sección Quinta erró al determinar que este
asunto no cumplía con el requisito de la relevancia constitucional, pues no se
pretende una nueva valoración probatoria, ni se trata de una discrepancia con la
decisión adoptada, pues lo que sí se plantea es la vulneración al debido proceso
por la inexistencia del soporte electrónico del acto administrativo que sirvió de
fundamento para disponer el retiro del servicio activo.
Explicó que el problema jurídico a resolver no consiste en discutir si el juez valoró
adecuadamente una prueba, sino establecer si es válido retirar a un oficial mediante
una actuación virtual de la cual no existe grabación, no hay mensajes de datos, no
hay archivo electrónico original y no se puede verificar la autenticidad de la sesión
virtual de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, lo que atenta contra los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
Expuso que una discusión probatoria supone la existencia de un objeto que es
verificable, pese a ello en este caso ocurre lo contrario pues no existe soporte
original de la actuación electrónica, más allá de un «documento PDF denominado “Acta”».
Lo que va en contravía de las reglas de las actuaciones electrónicas, ya que no hay
forma de determinar cómo se desarrolló la sesión, verificar las intervenciones, ni
ejercer la contradicción técnica sobre la actuación administrativa.
Se desconoció que la tutela contra providencias judiciales procede cuando existe
un defecto fáctico, procedimental, por desconocimiento del precedente, o por
«vulneración directa a los derechos fundamentales», y en esta acción de tutela se planteó
«un defecto procedimental derivado del desconocimiento del régimen de actuaciones electrónicas»,
«la existencia de un defecto fáctico por la desnaturalización del dictamen pericial informático» y la
«vulneración directa del debido proceso», pese a ello no se realizó un examen
constitucional a las irregularidades denunciadas.
De otro lado, dijo que se realizó un estudio de fondo al hacer un análisis material
sobre el contenido del dictamen pericial, la suficiencia del acta, la inexistencia de
grabación, la falta del mensaje de datos y la supuesta ausencia de razones para
dudar de la actuación administrativa. En consecuencia, concluyó que se presentó
una contradicción.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02478-01
Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta el escrito de impugnación y por tratarse de una acción de tutela
contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al
juez de tutela de primera instancia al declarar improcedente la acción, para ello se
estudiará si la acción supera el requisito de relevancia constitucional.
De superar dicho análisis, la Sala pasará a analizar si al proferir la sentencia de
segunda instancia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
19001-33-33-006-2021-00197-00/01 el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en
los defectos sustantivo, fáctico y procedimental.
3. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso
particular
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores7.
6
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto».
7
A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02478-01
Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
La Corte Constitucional ha precisado que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales.
El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, tratándose de tutela
contra providencia judicial, implica un conjunto de elementos que deben reunirse.
En este sentido, son varios los aspectos que se estudian a fin de definir si un asunto
es de relevancia constitucional. Entre estos elementos, se requiere que la acción
constitucional no se esté empleando como una instancia adicional para reabrir o
prolongar el mismo debate ya surtido ante el juez natural; que se cumpla con una
carga argumentativa suficiente; que no se trate de una discusión eminentemente
legal o de contenido económico que no comprometa derechos fundamentales; que
no se utilice para proponer nuevos argumentos y que los propuestos se acompasen
con las razones de la decisión judicial cuestionada, entre otras condiciones.
4. Caso concreto
4.1. La Sala advierte que la tutela en estudio es en efecto improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la
parte actora busca que esta acción se convierta en un mecanismo adicional
para prolongar la discusión que ya fue conocida y resuelta por el juez natural
pues los argumentos que presentó el accionante en el escrito de tutela y de
impugnación, guardan gran similitud con el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia. Como se analizará a continuación.
4.2. Se advierte que los planteamientos propuestos por el actor en el recurso de
apelación8 presentado contra la sentencia del 3 de octubre de 2023 proferida
por el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán coinciden con los
fundamentos del escrito de tutela y la impugnación, pues manifestó que el
juzgado desconoció la sentencia de unificación SU-237 de 2019 dictada por la
Corte Constitucional, la cual impone las reglas para el retiro por llamamiento a
calificar servicios.
Destacó que el Decreto Ley 1790 de 2000 estableció en el artículo 99 que «los
retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la junta asesora del Ministerio de
Defensa para las Fuerzas Militares» por lo cual, para retirar del servicio activo a un
oficial por la causal de llamamiento a calificar servicios es una obligación o
requisito sine qua non el mencionado concepto favorable, conforme lo
estableció la alta Corte al indicar que el juez debe verificar el concepto previo
de desvinculación, hecho que la juez no tuvo en cuenta.
De otro lado, manifestó que el juzgado no tuvo en cuenta pruebas que fueron
debidamente allegadas al proceso, las cuales demostraban la falsa motivación
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
8
Samai, índice 11. Expediente 11001-03-15-000-2026-02478-00.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02478-01
Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
y expedición irregular del acto administrativo. Indicó que no se garantizó la
autenticidad, integridad y disponibilidad del acto administrativo electrónico de
la reunión de la junta asesora (20 de enero de 2021), pues no es posible
evidenciar quiénes asistieron a la reunión, el quórum, las propuestas de retiro,
la deliberación y la votación.
Dijo que la forma en la que se acredita la información antes mencionada es a
través de un CD, una USB o a través de cualquier medio magnético que
contenga el mensaje de datos conforme lo establece el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 527
de 1999. Esto en los siguientes términos:
«que aparentemente se realizó el 20 de enero de 2021, motivo por el cual se desconoce la
fecha de realización, si existió quórum es decir la participación de 51 Generales, no se
encuentra acreditada la presentación de la propuesta de retiro del Actor, su deliberación y
votación, por cuanto el Ejército Nacional no garantizó la integridad de la información
realizada en audiencia virtual (mensaje de datos que acredite que la información no ha
sido alterada ), pues como lo manifiesta el Coronel CARLOS EDUARDO VANEGAS ÁVILA
Oficial Área Administrativa Dirección de Personal mediante radicado 2021305001149521 de
fecha 3 de Junio de 2021 no existe grabación de dicha actuación administrativa transgrediendo
el artículo 53, 57 y 58 de la ley 1437 de 2011.
En la misma dirección no se entiende como se realizó la transcripción perfecta y detallada con
nombres, sentencias, citas y demás en las quince (15) páginas que supuestamente contiene
el Acta No 1 de la Junta Asesora del año 2021, si no existe la grabación de la reunión virtual
que acredita su “autenticidad”, “integridad” y “disponibilidad”».
Dado lo anterior, la parte apelante mencionó que tachó de falsedad material la
copia del acto administrativo en mención, pues no se aportó el original,
manifestó que a pesar de que los peritos cumplieron con los requisitos
establecidos en el Código General del Proceso, no se tuvo en cuenta el
dictamen de los expertos en materia informática, incurriendo así en un defecto
fáctico. Destacó que no fue adecuado que el juzgado manifestara «que como el
decreto 1512 de 2000 no consagró ningún tipo de obligación en cabeza de la junta asesora
del ministerio de defensa para las fuerzas militares en relación a conservar integras las
reuniones que se surtieran de forma virtual» no se conservara el documento original.
4.3. Mediante sentencia del 9 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Cauca, confirmó la sentencia del 3 de octubre de 2023, proferida por el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán, que negó las
pretensiones de la demanda.
Como problema jurídico a resolver planteó que: (i) se debía determinar si
había lugar a declarar la falsedad del acta 1 del 20 de enero de 2021, expedida
por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, según la tacha presentada
por el demandante, y como consecuencia de esto (ii) analizar si está afectado
de nulidad el acto administrativo demandado, mediante el cual se retiró del
servicio al señor Peña Solórzano, y si procedería su reintegro.
En primer lugar, relacionó lo probado en el expediente y explicó que el retiro
por llamamiento a calificar servicios es una herramienta con la que cuentan
las instituciones de la Fuerza Pública para garantizar la renovación del
personal uniformado dentro de las escalas jerarquizadas y así permitir el
ascenso y promoción de otros funcionarios, «razón por la que los motivos del acto
son los contenidos en la Ley».
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02478-01
Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
A su vez mencionó que, en auto del 2 de septiembre de 2024, el Consejo de
Estado recordó lo referente a los mecanismos procesales procedentes para
desvirtuar la presunción de autenticidad de los documentos. Citó algunos
apartes en los que se puso de presente que el artículo 244 del Código General
del Proceso indicó que el documento público o privado aportado al proceso es
auténtico mientras no hayan sido tachado de falso o desconocido.
La tacha la puede proponer la parte a quien se atribuya el documento, caso
en el cual se debe expresar en qué consiste la falsedad y pedir pruebas para
su demostración, pues «la tacha de falsedad se regló con el fin de que la parte respecto
de la cual se le atribuye que suscribió o elaboró un documento refute que lo hizo, es decir, su
autoría», por su parte el desconocimiento del documento se diferencia de la
tacha de falsedad en que «se discute la autenticidad de documentos que la parte no
suscribió o que fueron emanados de terceros», en otras palabras «mientras la tacha de
falsedad busca que el documento deje de existir por su falta de autenticidad, en el trámite del
desconocimiento no se pretende alcanzar la inexistencia del documento por ser falso, sino
negar la autoría de quien se afirma que lo suscribió», sin embargo, el propósito de
ambos mecanismos es desvirtuar la presunción de autenticidad de los
documentos.
En cuanto al caso concreto, señaló que como se mencionó la tacha de
falsedad sólo podía ser propuesta por la persona a quien se le atribuye haber
suscrito o elaborado el documento, para efectos de refutar su autoría, luego
ese no es el mecanismo para alegar la falsedad ideológica de un documento
«ni puede ser propuesta por persona distinta a quien se afirma lo expidió».
Dijo que en el proceso el apoderado de la parte actora, en la audiencia de
pruebas, presentó tacha de falsedad material del acta 01 del 20 de enero de
2021, argumentando que el documento aportado no es el original sino una
copia simple, que «aunque es un documento electrónico no cumple con la autenticidad,
originalidad y disponibilidad», planteó dudas sobre la participación de todos los
militares en la reunión dada la falta de firma y la imposibilidad de verificar las
propuestas realizadas y la votación. Presentada la tacha, se dio el traslado y
se decretó la contradicción del informe de «evidencia digital» como dictamen
pericial, y posteriormente, fue recibido.
Como la parte demandante no fue quien elaboró el documento contra el que
se propuso la tacha, pues el documento fue firmado por el director de personal
del Ejército Nacional, el comandante de la Armada Nacional, el comandante
del Ejército Nacional, el comandante de la Fuerza Aérea y el comandante
general de las Fuerzas Militares encargado de las funciones del Ministro de
Defensa Nacional, luego no era procedente adelantar el trámite de la tacha en
los términos en los que se solicitó, al no cumplir con lo establecido en los
artículos 269, 270 y 271 del Código General del Proceso. Así:
«En consecuencia, no son de recibo en esta instancia los argumentos concernientes a la tacha
de falsedad del documento ni las pruebas recaudadas en relación con dicho trámite incidental,
ya que, se insiste, quien la discutió no fue quien elaboró el documento y, por tanto, este no
puede ser el sustento para alegar la nulidad del acto».
A su vez, el apoderado de la parte demandante realizó unos planteamientos
sobre la veracidad del contenido del acta, lo cual es propio de la falsedad
ideológica, cuyo análisis no se puede realizar dentro de la tacha de falsedad.
Precisó que en esa instancia no se podía tomar la tacha de falsedad como un
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02478-01
Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
desconocimiento del documento, pues no fue la forma en la que el
demandante lo presentó en la audiencia de pruebas, ni se le dio el trámite
correspondiente, de ahí que en primera instancia la contraparte no pudo
manifestarse en ese sentido.
De otra parte, mencionó que no se demostró que el acta fuera falsa, ni se
desvirtuó su autenticidad (artículo 244 CGP), pues al ser un documento público
existía certeza de quien lo firmó y los autores no lo tacharon de falso, así fuera
en copia, y tampoco se demostró la falsedad ideológica del acta a través de
otros medios de prueba («testimonio, documento u otra prueba que la contradiga»).
Reiteró lo que mencionó el juzgado al señalar que el Decreto 1512 del 11 de
agosto de 2000 no impone la obligación de grabar la reunión, ni de que fuera
suscrita por todos los asistentes. Por esa razón destacó que:
«Incluso, si se observara el dictamen pericial rendido dentro del incidente de tacha de
falsedad, que sostiene que el acta no cumple con los requisitos de autenticidad, integridad y
disponibilidad, se tiene que este expone que el documento está incompleto; sin embargo,
mediante oficio del 29 de mayo de 2023, previo a la audiencia de pruebas, el Ejército Nacional
allegó la totalidad de los folios del documento. Y el hecho de que no exista grabación de la
reunión no demuestra que esta no se haya llevado a cabo como se describe en la misma,
puesto que el acta es la constancia de su desarrollo y contenido, del cual no existen razones
para dudar ya que no existen pruebas que demuestren lo contrario, y, como explicó la a quo,
el decreto 1512 del 11 de agosto de 2000 no imponía la obligación de grabar la reunión ni de
que fuera suscrita por todos los asistentes».
Frente a lo anterior, el tribunal señaló que de la revisión del acta allegada el
29 de mayo de 2023 era posible advertir las firmas manuscritas de los
asistentes, de ahí que si la reunión fue virtual la firma pudo realizarse
físicamente «lo que explicaría la falta del mensaje de datos al que hace referencia en
múltiples ocasiones el recurrente». No se demostró la falsa motivación basada en la
falta de concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para
las Fuerzas Militares, pues existe un acta que demuestra lo contrario «la cual se
cita y es fundamento del acto demandado».
De otro lado, aclaró que el acto administrativo por medio del cual se retira a
un uniformado por llamamiento a calificar servicios no requiere mayor
motivación que la establecida en la ley (artículos 100 y 103 del Decreto 1790 de
2000), adicionalmente, que debe ser acreedor de la asignación de retiro, existir
concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa y 15 años de
servicios (artículo 1 del Decreto 991 de 2015), requisitos que cumplía el
demandante, sumado a que en el acta se «recomendó el retiro del servicio activo por
llamamiento a calificar servicios del teniente coronel Carlos Peña Solórzano, en atención al
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 103 del Decreto 1790 de 2000».
Finalmente, el tribunal concluyó que:
«al estar debidamente acreditado que: i) el actor cumplía con los requisitos para ser
beneficiario de una asignación de retiro, y ii) existió un concepto previo de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa Nacional que recomendó su retiro, se puede concluir que la
Resolución Nro. 0885 (sic) del 20 de abril de 2021 se ajusta a Derecho. […] En ese orden de
ideas, el demandante no aportó pruebas contundentes que acrediten la falsa motivación o la
expedición irregular del acto administrativo que alega en la demanda y en el recurso
interpuesto».
4.4. Ahora bien, en el escrito de tutela la parte actora presentó los mismos
argumentos que planteó en el recurso de apelación, pero anunciados desde la
presunta configuración de un defecto sustantivo, fáctico y procedimental.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02478-01
Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
Dijo que el acto administrativo con el cual fue retirado del servicio se
fundamentó (conforme al artículo 99 del Decreto Ley 1790 de 2000), en el concepto
previo y unánime de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, el
cual fue emitido en una sesión ordinaria virtual del 20 de enero de 2021, pero
que no fue grabada por la entidad lo que generó que se cuestionara la validez
de ese acto electrónico al ser expedido sin cumplir con los requisitos mínimos
«de autenticidad, integridad y conservación» conforme a los artículos 57, 58 y 63 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y
al vulnerar el artículo 29 de la Constitución Política.
Al respecto indicó que la Corte Constitucional en la sentencia SU-237 de 2019
fijó como regla vinculante que el juez debe verificar que la Junta Asesora
hubiera emitido concepto previo de desvinculación, sin embargo, en este caso
no fue posible verificarlo, pues el tribunal concluyó que: (i) el señor Peña
Solórzano cumplía con el tiempo mínimo de servicio y (ii) existía el acta, esto
sin tener en cuenta que se aceptó la copia de papel del acta sin contar con la
grabación de la sesión virtual.
Señaló que en el caso en estudio la «reunión virtual» es el acto administrativo
central y la prueba pericial que se practicó demostró que era imposible verificar
la autenticidad e integridad del acta, pues no se podía determinar si se dieron
propuestas, deliberación y votación, o si se fundamentó en hechos simulados
que dieran lugar a una falsa motivación.
Manifestó que el tribunal aceptó que no se exigiera la grabación de la sesión
ordinaria del 20 de enero de 2021 de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional (mensaje de datos), aunado a que manifestó que el Decreto
1512 de 2000 no obligaba a realizar la grabación de la sesión. Mencionó que
el tribunal desconoció el valor probatorio de las conclusiones técnicas del
«Informe Técnico de análisis de Evidencia Digital» que demostró la imposibilidad
técnica de verificar la realización del acto preparatorio (reunión virtual), por lo
que, al no existir la grabación o el medio electrónico original (mensaje de datos),
no se cumplieron los principios de autenticidad, integridad y disponibilidad
exigidos por el CPACA. Señaló que la autoridad judicial no dio aplicación a los
artículos 34, 57, 58 y 63 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en cumplimiento del principio de supletoriedad, y
solo aplicó el Decreto 1512 de 2000, que no imponía la obligación de grabar.
4.5. En el escrito de impugnación el accionante insistió nuevamente en los
planteamientos realizados en el escrito de tutela y en el recurso de apelación
contra la sentencia del 3 de octubre de 2023, pues mencionó nuevamente que
se vulneró el derecho al debido proceso por la inexistencia del soporte
electrónico del acto administrativo que sirvió de fundamento para disponer el
retiro del servicio activo.
Mencionó nuevamente que se debía estudiar si era válido retirar a un oficial
mediante una actuación virtual de la cual no existe grabación, no hay mensajes
de datos, no hay archivo electrónico original y no se puede verificar la
autenticidad de la sesión virtual de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa,
lo que atenta contra los derechos fundamentales.
Indicó que una discusión probatoria supone la existencia de un objeto que es
verificable, sin embargo, en este caso ocurre lo contrario pues no existe
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02478-01
Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
soporte original de la actuación electrónica, más allá de un «documento PDF
denominado “Acta”», lo que va en contravía de las reglas de las actuaciones
electrónicas, ya que no hay forma de determinar cómo se desarrolló la sesión,
ni ejercer la contradicción técnica sobre la actuación administrativa.
Adujo que se debía realizar un estudio de fondo en este caso pues se configuró
«un defecto procedimental derivado del desconocimiento del régimen de actuaciones
electrónicas», «la existencia de un defecto fáctico por la desnaturalización del dictamen
pericial informático» y la «vulneración directa del debido proceso».
4.6. De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela analizada se está empleando
para insistir nuevamente en los planteamientos que ya fueron propuestos ante
el juez natural lo que no permite que se supere el requisito general de la
relevancia constitucional, pues los argumentos de esta acción buscan reabrir
el debate judicial ya que se pretende cuestionar la decisión del Tribunal
Administrativo del Cauca al insistir nuevamente en que se vulneraron sus
derechos al tener por acreditado el requisito sustancial para el retiro (acta de la
junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional) sin aplicar las normas
supletorias contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, a su vez, al mencionar que si se hubiera valorado
de otra forma el dictamen pericial obrante en el expediente se hubiera
demostrado la falta de requisitos legales.
En consecuencia, como se ha expuesto, aunque en la presente acción de
tutela se argumenta que la providencia cuestionada vulneró derechos
fundamentales al incurrir en un defecto sustantivo, fáctico y procedimental, lo
cierto es que la parte actora pretende utilizar este mecanismo constitucional
para reiterar los mismos planteamientos que ya fueron debatidos y resueltos
en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho. Aspectos
que de antemano suponen que el asunto versa sobre una situación que resultó
desfavorable a la parte accionante y que se limita a poner de presente su
inconformidad con la decisión.
De manera que, es posible concluir que el Tribunal Administrativo del Cauca,
como juez natural ya resolvió los planteamientos de la parte actora dentro del
trámite ordinario 19001-33-33-006-2021-00197-00/01, al resolver el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.
Valga recordar que, la jurisprudencia del máximo tribunal constitucional ha
enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales «la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios», pues la competencia del
juez de tutela se restringe «a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos fundamentales»9.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, al no encontrarse satisfecho el requisito de relevancia
constitucional en el caso examinado, se procederá a confirmar la decisión de
primera instancia, por no encontrar acreditado el requisito de la relevancia
constitucional.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02478-01
Demandante: Carlos Mauricio Peña Solórzano
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 30 de abril de 2026, proferido por
el Consejo de Estado, Sección Quinta.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.