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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02486-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02486-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por la empresa de servicios temporales SERVIPROFESIONALES LTDA. y la Asociación Sindical de Trabajadores del Sector Salud -ASOSINDISALUD-. SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de 29 de mayo de 2026, proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02486-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Septiembre tres (3) de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02486-01
Demandante: NATHALY ROMERO RAMÍREZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 29 de
mayo de 2026, por medio del cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente el mecanismo constitucional de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Nathaly Romero Ramírez, mediante apoderado judicial, radicó acción de
tutela el 26 de febrero de 2026, con el fin de que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad y a la primacía de la realidad
sobre las formas.

Las referidas garantías superiores las consideró vulneradas con ocasión de las
sentencias de 24 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que confirmó la de primera instancia de 26 de agosto de 2022, proferida por
el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Santiago de Cali que negó
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó
contra el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., la Asociación Sindical
de Salud -ASOSINDISALUD- y la empresa de servicios temporales
SERVIPROFESIONALES LTDA., proceso identificado con el radicado 76001-33-33-
018-2020-00005-00/01.

1.2. Pretensiones

Las peticiones deprecadas fueron las siguientes:

PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la
igualdad y a la primacía de la realidad sobre las formas de la señora NATHALY
ROMERO RAMÍREZ.

SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia No. 281 del 24 de octubre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho No. 011, y la
Sentencia No. 124 del 26 de agosto de 2022, proferida por el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Cali, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el número 76001-33-33-018-2020-00005-01.

Demandante: Nathaly Romero Ramírez
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02486-01

TERCERA. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro del
término que señale esta Corporación, profiera nueva sentencia en la que valore
integralmente el acervo probatorio, particularmente: (i) las resoluciones sancionatorias
del Ministerio del Trabajo por tercerización laboral ilegal, incluyendo los hallazgos
cuantitativos y cualitativos allí documentados; (ii) los indicios de subordinación
acreditados testimonialmente; (iii) la presunción del artículo 24 del CST; (iv) la prohibición
de instrumentalizar el contrato sindical para actividades misionales permanentes
conforme al artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y la sentencia CSJ SL3086-2021; y (v)
las consecuencias probatorias de la no contestación de la demanda por
SERVIPROFESIONALES LTDA.1 (Negrillas y mayúsculas sostenidas originales)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta instancia:

La señora Nathaly Romero Ramírez trabajó como fonoaudióloga en el Hospital
Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., entre mayo de 2014 y julio de 2016,
primero, mediante contrato sindical con la Asociación Sindical de Salud
ASOSINDISALUD y luego, a través de la empresa de servicios temporales
SERVIPROFESIONALES LTDA.

El 2 de junio de 2017, la accionante solicitó al referido hospital el reconocimiento de
una verdadera relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones sociales,
sin que se diera respuesta a dicha petición.

Ante el anterior panorama la señora Nathaly Romero Ramírez ejerció el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Hospital Departamental
Mario Correa Rengifo E.S.E., la Asociación Sindical de Salud -ASOSINDISALUD- y la
empresa de servicios temporales SERVIPROFESIONALES LTDA., del cual conoció,
en primera instancia, el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali,
autoridad judicial que, en sentencia de 26 de agosto de 2022, negó las pretensiones
de la demanda, ello al precisar que no se probó el elemento de la subordinación y
dependencia continuada respecto del sindicato o el hospital, pues por el contrario, del
análisis del acervo probatorio se estableció que la demandante prestaba sus servicios
de forma autónoma sin recibir órdenes sobre la forma en que debía desarrollarlas por
parte de dichos entes.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al desatar el recurso de apelación
interpuesto por el extremo activo del litigio, en fallo de 24 de octubre de 2025, confirmó
la providencia del a quo, para lo cual, después de establecer que el problema jurídico
se contraía en establecer si se presentaban los elementos de una relación laboral entre
la actora y el centro hospitalario pese a que su vinculación formal se realizó mediante
un convenio sindical y posteriormente a través de un contrato de trabajo en misión con
la empresa de servicios temporales SERVIPROFESIONALES LTDA., concluyó que no
se acreditó la existencia de una relación laboral encubierta entre las partes del
proceso, comoquiera que, las pruebas documentales y testimoniales daban cuenta que
la coordinación y supervisión de las funciones desarrolladas provenían de las
entidades contratistas y no de dicho ente hospitalario.

1 Transcripción de conformidad con el texto original con posibles errores.

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Demandante: Nathaly Romero Ramírez
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
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1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora, después de referirse al cumplimiento en su caso de los requisitos
generales de procedibilidad, alegó que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento de precedente.

Frente al primero, advirtió que se omitió valorar la prueba documental que daba cuenta
de la sanción impuesta al Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. por
parte del Ministerio del Trabajo, por incurrir en tercerización laboral ilegal, la cual, en
su sentir, era determinante, pues, de una parte, provenía de autoridad competente en
materia de inspección, vigilancia y control; de otro lado, estableció que las funciones
del personal contratado a través del sindicato eran misionales permanentes del
hospital; asimismo, dio aplicación a la prohibición del artículo 63 de la Ley 1429 de
2010 y, finalmente, que de haberse valorado de forma adecuada, se habría trasladado
la carga al hospital de probar que la relación no era laboral.

Igualmente, aseveró que ninguno de los jueces censurados le otorgó efectos a la falta
de contestación a la demanda por parte de la empresa de servicios temporales
SERVIPROFESIONALES LTDA., lo cual, según el artículo 97 del Código General del
Proceso otorga certeza sobre los hechos susceptibles de confesión.

En la misma forma, alegó que se hizo una valoración selectiva de las declaraciones de
las señoras Paula Andrea Herrera Morales y Nhora Stella Cortés Carrasquilla,
comoquiera que, en su parecer, se omitieron los indicios sobre el cumplimiento de
horario, la solicitud de aprobación de permisos, la recepción de órdenes directas de la
Subgerencia, el uso de los equipos hospitalarios, así como que la entrevista para su
ingreso fue realizada por la Subgerente del Hospital y que las cuentas de cobro se
presentaron con el encabezado del ente hospitalario. En ese orden, precisó que de
haberse valorado los testimonios con el acto sancionatorio del Ministerio del Trabajo
se habría advertido que la supuesta autonomía operativa era en realidad la autonomía
técnico-centífica, que es inherente a toda profesión de la salud que además era
compatible con la subordinación administrativa de la cual dieron cuenta las
deponentes.

En cuanto al segundo yerro, indicó que éste se configuró por falta de aplicación de los
artículos 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que toda relación de
trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, y el 63 de la Ley 1429 de 2010,
que prohíbe que el personal requerido para actividades misionales permanentes sea
vinculado a través de cooperativas de trabajo asociado o cualquier otra modalidad que
afecte los derechos de los trabajadores.

En este mismo punto, adujo que en las sentencias censuradas se aplicó de forma
invertida el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, pues, otorgaron
«valor determinante a las cláusulas de autonomía técnica y administrativa contenidas
en los contratos formales entre el hospital y ASOSINDISALUD (Contratos No. 023-
2013 y 030-2014), utilizando precisamente las formalidades contractuales para negar
la relación laboral material. Este razonamiento circular contradice frontalmente el
mandato constitucional».

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Finalmente, indicó que si bien el tribunal accionado citó la sentencia de unificación del
Consejo de Estado de 9 de septiembre de 2021, no aplicó las reglas allí establecidas
a su caso, pues, en el proceso estaban acreditados los indicios de subordinación,
como el horario, el lugar de trabajo, la dirección y el control efectivo de las actividades,
tal como ésta lo indicaba, asimismo que la denominación formal del contrato no
impedía la declaratoria de la existencia de la relación laboral, no obstante se dio
prevalencia a las cláusulas contractuales.

De igual forma, manifestó que, aun cuando el ad quem trajo a colación la sentencia
CSJ SL3086-2021 de la Corte Suprema de Justicia que estableció la prohibición de
instrumentalizar el contrato sindical para actividades misionales, éste no tuvo en
cuenta en la solución del caso, que el Ministerio del Trabajo había determinado que
las funciones por ella desarrolladas eran misionales permanentes.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 14 de abril de 2026, el a quo constitucional admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a la parte actora y a las autoridades judiciales accionadas.
Asimismo, como terceros con interés vinculó al Hospital Departamental Mario Correa
Rengifo E.S.E., a la Asociación Sindical de Trabajadores del Sector Salud -
ASOSINDISALUD-, a la empresa de servicios temporales SERVIPROFESIONALES
LTDA. y al Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial del Valle del Cauca.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones:

1.6.1. Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali

El referido despacho judicial remitió copia digital del expediente sin pronunciamiento
alguno sobre la solicitud de amparo.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

El magistrado ponente de la sentencia censurada solicitó la declaratoria de
improcedencia y en subsidio, la negativa de la protección deprecada, ante la falta de
configuración de algún defecto y la inexistencia de la vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante.

1.6.3. SERVIPROFESIONALES LTDA.

La empresa de servicios temporales, por intermedio de su apoderada judicial, pidió su
desvinculación del presente trámite, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.4. Asociación Sindical de Trabajadores del Sector Salud -ASOSINSALUD-

El mentado sindicato, en su intervención, deprecó la declaratoria de la falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de este y, en consecuencia, la
desvinculación de la acción de tutela.

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1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 29 de mayo de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Advirtió el a quo que, contrario a lo alegado por la tutelante el tribunal censurado no
incurrió en el defecto fáctico alegado, pues, valoró de forma conjunta los testimonios y
los contratos suscritos entre el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. y,
la Asociación Sindical de Trabajadores del Sector Salud -ASOSINDISALUD- y la
empresa de servicios temporales SERVIPROFESIONALES LTDA, de donde concluyó
que las funciones realizadas por la demandante se enmarcaban en actividades de
coordinación y organización del servicio asistencial.

Asimismo, señaló que lo planteado por la actora era un simple desacuerdo con la
providencia de segunda instancia, con el que busca que el juez constitucional imponga
una determinada forma de analizar las pruebas y la normatividad aplicable al caso,
luego, lo evidenciado era una discrepancia de la demandante con el ejercicio legítimo
de la función jurisdiccional mas no una vulneración de derechos fundamentales.

En ese orden, concluyó que los argumentos planteados en la tutela eran
sustancialmente los mismos que fueron expuestos en el proceso ordinario, los cuales
ya habían sido analizados, luego, lo pretendido era que el juez constitucional se
constituyera en una tercera instancia, en la analizara o revisara la interpretación dada
en su oportunidad por las autoridades judiciales naturales del asunto, aspecto que
tornaba improcedente la acción de tutela.

1.8. Impugnación

La parte actora alegó que, el a quo constitucional incurrió en un grave error de
apreciación y, de contera, en una denegación material de justicia, comoquiera que, el
asunto puesto a consideración no se circunscribía a un simple debate económico, sino
que lo discutido implicaba una validación judicial de un fraude sistemático y continuo
a los principios del Estado Social de Derecho sobre a tercerización laboral ilegal en el
sector de la salud.

Asimismo, iteró la configuración de los defectos fáctico, sustantivo y de
desconocimiento de precedente, conforme lo expuso en el escrito introductorio, de los
cual hizo énfasis en la indebida valoración de las pruebas que acreditaban el elemento
de la subordinación, al confundirse la autonomía técnico-científica, que es inherente a
toda profesión de la salud con la autonomía administrativa y operativa.

De igual forma, insistió en que las autoridades judiciales accionadas omitieron valorar
la resolución expedida por el Ministerio del Trabajo mediante la cual se le impuso una
sanción al Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., precisamente porque
se encontró que existía intermediación laboral ilegal respecto de las actividades
misionales permanentes por ella desarrolladas, luego en su sentir, era clara la
subordinación encubierta que se presentaba respecto ASOSINDISALUD, pues, ésta
entidad suministraba mano de obra al referido hospital.

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De otra parte, recalcó la falta de aplicación de lo previsto el artículo 63 de la Ley 1429
de 2010, referido a la prohibición de vinculación de personal a través de cooperativas
de trabajo asociado o de cualquier otra modalidad para el desempeño de funciones
misionales permanentes. En este punto, trajo a colación el artículo 35 del Código
Sustantivo del Trabajo y a la sentencia CSJ SL-3086-2021 de la Corte Suprema de
Justicia, para hacer alusión a la figura del simple intermediario aplicable a las
asociaciones sindicales cuando realizan contrataciones fraudulentas.

Por otro lado, reiteró el desconocimiento de las sentencias de unificación del Consejo
de Estado CE-SUJ2-025-21 de 9 de septiembre de 2021, y de la CSJ SL3086-2021 de
la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, aseveró que la tutela era procedente, pues no existía otro mecanismo
judicial ordinario para reparar la injusticia cometida en su contra, además que, en su
parecer, de negársele el amparo se validaría una precariedad laboral y se daría un
mensaje negativo a la administración pública referido a «que pueden evadir libremente
las cargas prestacionales disfrazando a sus trabajadores como "afiliados partícipes"
de sindicatos u organizaciones fachadas que el mismo Estado (a través del Ministerio
de Trabajo) ya declaró ilegales».

1.9. Manifestación de impedimento

El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la Sala, no obstante, el 2 de
septiembre de 2026, la magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó estar
impedida para conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal 5. °
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

Sin embargo, mediante auto de 3 de septiembre de 2026 el magistrado ponente
declaró infundado el mencionado impedimento.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la parte
actora, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024, de
la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestiones previas

La empresa de servicios temporales SERVIPROFESIONALES LTDA. y la Asociación
Sindical de Trabajadores del Sector Salud -ASOSINDISALUD- solicitaron la
desvinculación del trámite constitucional, por falta de legitimación en la causa por
pasiva, frente a lo cual, y en atención a que el a quo no realizó pronunciamiento al
respecto, la Sala dispondrá su negativa, en tanto su comparecencia en esta instancia
constitucional es como terceros, dado el interés que les puede asistir, y no como parte
demandada.

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De otra parte, si bien la tutelante le endilga la vulneración de sus derechos
fundamentales a las sentencias de primer y segundo grado, el estudio en esta instancia
se suscribirá a la dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por ser la
que le puso fin al proceso.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse el fallo
de primera instancia de 29 de mayo de 2026, de la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que declaró improcedente el mecanismo de protección superior
presentado por la señora Nathaly Romero Ramírez, ante la falta de cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) de los requisitos de procedibilidad
adjetiva, en especial el de relevancia constitucional y, de superarse, junto con los
demás, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema3.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la viabilidad del mecanismo superior contra decisiones de los jueces4.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 5, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, sobre la referida temática.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
4 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

2.5.1.1. La Sala advierte que en el caso sub examine, de conformidad con lo señalado
por el a quo constitucional, no se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual
resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-
215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción de amparo de cara a este
requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito se
cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales (…). (Énfasis de la Sala)

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20226, modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito
de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un análisis de fondo respecto de una posible
vulneración de una garantía superior.

De esta manera, la Sala planteó que el examen de dicha exigencia debía estar
acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por
esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad.
Por ende, se requiere demostrar que en la decisión atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria.

Así, dicho requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de las
prerrogativas superiores, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan
advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo
constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre.

2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por la
tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, en primer lugar, las inconformidades planteadas no
contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del por qué
el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen la
entidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales.

En efecto, si bien la parte actora alegó la configuración de los defectos fáctico,
sustantivo y de desconocimiento de precedente, lo cierto es que no satisfizo la carga
desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de
unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022, pues el debate planteado en
esta instancia se circunscribe a un simple desacuerdo con el análisis probatorio e
interpretación y aplicación normativa realizados por la autoridad judicial accionada.

Lo anterior, cimentado en que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca omitió
valorar de forma conjunta las pruebas recaudadas, documentales y testimoniales, pues
contrario a lo concluido, con ellas se acreditaba el elemento de la subordinación, pues,
por un lado, de las declaraciones se desprendía el cumplimiento de horario, la solicitud
de aprobación de permisos, la recepción de órdenes directas de la Subgerencia, el uso
de los equipos hospitalarios, así como que la entrevista para su ingreso fue realizada
por la Subgerente del Hospital y que las cuentas de cobro se presentaron con el
encabezado del ente hospitalario y, de otra parte, que el ente hospitalario fue
sancionado por incurrir en tercerización laboral ilegal. Asimismo, en que la autoridad
judicial desconoció las sentencias de unificación del Consejo de Estado CE-SUJ2-025-
21 de 9 de septiembre de 2021, y de la CSJ SL3086-2021 de la Corte Suprema de
Justicia.

Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus prerrogativas
superiores al debido proceso, al trabajo, a la igualdad y a la primacía de la realidad
sobre las formas, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en
el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita
vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador judicial se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal

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Demandante: Nathaly Romero Ramírez
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02486-01

o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.

La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política o realizar
manifestaciones genéricas para cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor
comprende un ejercicio de sustentación mucho más profundo.

En el escrito contentivo de la tutela, se advierte el reparo a las decisiones de primera
y segunda instancia a partir de la configuración de determinados defectos, pero
huérfano de una línea conceptual iusfundamental que permita al juez desarrollar,
interpretar o aplicar la Carta Política respecto al caso concreto.

De otra parte, es claro que la parte accionante busca en este escenario judicial que el
juez constitucional desplace al operador ordinario del asunto, para obtener la
valoración de las pruebas y la interpretación y aplicación de las normas y principios,
en la forma que a ella le parece correcta. Es decir, en otros términos, pretende a través
del mecanismo constitucional crear una instancia adicional, en la que se estudie
nuevamente los cargos que ya fueron zanjados por los operadores judiciales ordinarios
y, además obtener una decisión favorable.

Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al
juez del amparo inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de
la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en las consideraciones
de raigambre constitucional esgrimidas por la parte actora dentro del trámite de tutela,
toda vez que si se analizaran solo los motivos de dicho extremo frente a la apreciación
jurídica del proceso contencioso expuestos en la solicitud de amparo sin el debido
contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, ello
atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el
mecanismo de amparo en una tercera instancia.

Ello por cuanto, el tema referido a la acreditación del elemento de la subordinación,
fue analizado en la providencia censurada de segunda instancia, cuando, de una parte,
se precisó que tanto las pruebas documentales como testimoniales demostraban era
una relación de coordinación funcional y autonomía operativa «propia de los contratos
sindicales y de prestación de servicios permitidos por la ley para las Empresas Sociales
del Estado» y, por otro lado, se advirtió que, contrario a lo manifestado en el recurso
de apelación, tanto las pruebas documentales como las testimoniales, en especial las
declaraciones de las testigos Nhora Stella Cortés Carrasquilla y Paula Andrea Herrera
Morales, fueron analizadas en su integridad.

Luego, se itera, lo pretendido por la actora es que se realice nuevamente, en este
escenario, el análisis de dicho tópico, lo cual resulta notoriamente improcedente,
comoquiera que no le está permitido al juez de la acción de amparo constitucional
inmiscuirse en los asuntos que le son propios del administrador de justicia que conoce
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Asimismo, se observa efectivamente que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
para tomar su decisión analizó las sentencias alegadas como desconocidas, no

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obstante, la aplicación de estas a su caso fue contrario a los intereses de la
demandante, luego, tal aspecto también fue estudiado en el contencioso.

No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.

2.6. Conclusión

Con fundamento en los anteriores argumentos, se confirmará la sentencia de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente
el presente mecanismo constitucional, por falta de acreditación del requisito de
relevancia constitucional.
3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por la empresa de
servicios temporales SERVIPROFESIONALES LTDA. y la Asociación Sindical de
Trabajadores del Sector Salud -ASOSINDISALUD-.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de 29 de mayo de 2026, proferido por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente vínculo https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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