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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02489-00

Fecha
4 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02489-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

4 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02489-00 (3813)
Accionantes: Gabriela Montoya Montoya y otro
Accionado: Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: caducidad. Subtema 3: defecto fáctico, decisión
sin motivación y violación directa de la Constitución Política.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Gabriela Montoya Montoya y Wilson
Marulanda Daza en contra de la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de
Antioquia.

1. Síntesis del caso

Los señores Gabriela Montoya Montoya y Wilson Marulanda Daza, a través de
apoderada judicial, presentaron escrito de tutela con la pretensión de amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, que consideraron vulnerados por la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo
de Antioquia, con ocasión de la sentencia del 3 de octubre de 2025, dictada dentro
del proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 05001-33-33-
028-2013-00720-02.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1 Samai, índice 2.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02489-00 (3813)
Accionantes: Gabriela Montoya Montoya y otro
Accionado: Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia

2. La señora Gabriela Montoya Montoya es poseedora material, desde el 29 de
abril de 2008, de un inmueble ubicado en la vereda La Ilusión del corregimiento de
San Cristóbal, en la ciudad de Medellín, sobre el cual existe una servidumbre de
oleoducto y tránsito. Indicó que en dicho predio construyó su vivienda, la cual habitó
desde junio de 2009. El 14 de abril de 2011 ocurrió un sismo que ocasionó daños
en el poliducto Sebastopol-Medellín, el cual produjo un derrame de combustible en
una vereda contigua, situación que generó agrietamientos en su vivienda por lo que
se vio obligada junto con su familia a salir de allí por las condiciones de
inhabitabilidad.

3. La parte actora explicó que el 30 de junio de 2011, Ecopetrol S.A. adelantó
trabajos de reparación y movimientos de tierra sobre el poliducto, los cuales
ocasionaron afectaciones al predio, entre ellas, deterioro de la servidumbre de
acceso, erosión del terreno, alteración de drenajes naturales y exposición del
poliducto, además de impedir el ingreso al inmueble. Agregó que solicitó a la entidad
el reconocimiento de los perjuicios ocasionados, sin obtener respuesta favorable.

4. El 15 de agosto de 2013, los señores Gabriela Montoya Montoya, Wilson
Marulanda Daza, Ana Isabel Marulanda Montoya, Lorena Marulanda Montoya y
Juan Pablo Marulanda Montoya presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra Ecopetrol S.A. con el fin de que se indemnizaran
los daños derivados de las reparaciones que realizaron al poliducto Sebastopol-
Medellín el 30 de junio de 2011. Como consecuencia, solicitaron que se condenara
a la parte demandada al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente.

5. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Veintiocho
Administrativo de Medellín, que vinculó como llamada en garantía a la empresa
Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. y, por auto del 12 de
septiembre de 2013, inadmitió la demanda y ordenó que se subsanara en el sentido
de precisar la fecha en que ocurrió el daño, hecho, omisión u operación
administrativa que dio lugar a la acción.

6. La parte demandante subsanó la demanda indicando como fecha de
causación del daño el 30 de junio de 2011. Por auto del 17 de octubre de 2013, el
juzgado admitió la demanda. En audiencia inicial del 9 de marzo de 2015, con
respecto a la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada, el
despacho judicial sostuvo que no estaba llamada a prosperar con fundamento en
que al no tener certeza de la fecha cierta a partir de la que comenzó a correr la
caducidad, que para el caso era el 14 de abril de 2011 o 30 de junio de la misma
anualidad, sería objeto de prueba y, por ende, resuelta al momento de proferir
sentencia.

7. Mediante sentencia del 17 de octubre de 2017, el Juzgado Veintiocho
Administrativo de Medellín negó las pretensiones de la demanda. Inicialmente,
declaró no probada la excepción de caducidad, al considerar que el daño alegado
por la parte demandante se relacionaba con las afectaciones ocasionadas al terreno
2

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Accionantes: Gabriela Montoya Montoya y otro
Accionado: Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia

y la servidumbre debido a los trabajos ejecutados por Ecopetrol S.A. el 30 de junio
de 2011.

8. En cuanto al fondo del asunto, la autoridad judicial concluyó que la
servidumbre petrolera existía desde 1986 y que la vivienda había sido construida
dentro del área gravada con dicha limitación, a una distancia de 7.5 metros del
poliducto, por lo que quienes realmente perturbaban la servidumbre eran los
demandantes. En ese sentido, sostuvo que, aun en calidad de poseedores de buena
fe, estos debían conocer las condiciones del predio antes de adquirirlo, razón por la
cual consideró que la entidad demanda no estaba obligada a responder por los
perjuicios reclamados.

9. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de
apelación y la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante sentencia del 3 de octubre de 2025, la revocó y, en su lugar, declaró
probada la caducidad del medio de control. Para el efecto, consideró que, aunque
en la demanda se atribuyeron daños a las reparaciones efectuadas por Ecopetrol
S.A. el 30 de junio de 2011, lo cierto era que las pretensiones indemnizatorias
estaban dirigidas a obtener la reparación de los perjuicios derivados de la pérdida y
abandono definitivo de la vivienda que ocupaban los demandantes.

10. Por consiguiente, concluyó que el daño se consolidó el 3 de mayo de 2011,
fecha en la que el Simpad recomendó la evacuación definitiva del inmueble y los
actores comenzaron a recibir subsidio de arrendamiento por parte del Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED). Con fundamento en ello,
determinó que el término de caducidad vencía el 4 de mayo de 2013 y que tanto la
solicitud de conciliación perjudicial como la demanda fueron presentadas con
posterioridad a esa fecha.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

11. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

Amparar los derechos fundamentales constitucionales del debido proceso, defensa,
acceso a la administración de justicia y contradicción de la prueba, que le asisten a la
señora GABRIELA MONTOYA MONTOYA y al señor WILSON MARULANDA DAZA,
y, en consecuencia, con todo respeto, les solicito, proferir decisión que acoja una
cualquiera de las siguientes peticiones:

Revocar la sentencia de segunda instancia proferida el 3 de octubre de 2025 por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, en el medio de control de
Reparación Directa radicado con el número 05 001 33 33 2013 00720 02, por no estar
ajustada a derecho.

Decretar la nulidad de toda la actuación surtida a partir de la sentencia de segunda
instancia proferida el 3 de octubre de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, en el medio de control de Reparación Directa radicado con el número
05 001 33 33 2013 00720 02, por no estar ajustada a derecho.

3

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Subsidiariamente, ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que
resuelva de fondo, profiriendo una nueva sentencia motivada y ajustada a derecho,
en el medio de control de REPARACION DIECTA radicado con el número 05 001 33
33 2013 00720 02, que ampare los derechos constitucionales fundamentales
referidos, a los señores GABRIELA MONTOYA y WILSON MARULANDA DAZA,
en acatamiento y cumplimiento de las claras y precisas instrucciones que en
tal sentido indique su Despacho como Juez Constitucional.

Es decir, que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, profiera una nueva
sentencia, ajustada a derecho, en el medio de control de REPARACION DIRECTA
radicado con el número 05 001 33 33 028 2013 00720 02, que acate y cumpla las
claras y precisas instrucciones que en tal sentido indique su Despacho, como Juez
Constitucional, que restablezca la juridicidad y los derechos fundamentales
constitucionales conculcados a mis poderdantes.

Si ninguna de las anteriores peticiones la considera plausible, con todo respeto, les
solicito, H. Consejeros, adoptar la decisión o decisiones, que considere ajustada(s) a
derecho para amparar los derechos constitucionales fundamentales conculcados por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, a la señora GABRIELA
MONTOYA MONTOYA y al señor WILSON MARULANDA DAZA en el medio de
control de REPARACION DIRECTA radicado en segunda instancia con el número 05
001 33 33 028 2013 00720 02.2.

12. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
sentencia del 3 de octubre de 2025, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal
Administrativo de Antioquia, incurrió en defecto fáctico por cuanto omitió valorar
adecuadamente los medios de prueba decretados y practicados dentro del proceso
de reparación directa y arribó a conclusiones contrarias a lo efectivamente
acreditado en el expediente. Sostuvo que, de haberse apreciado las pruebas
conforme a las reglas de la sana crítica, el sentido de la decisión habría sido distinto,
particularmente en relación con la determinación del momento en que se configuró
el daño y, por ende, respecto del cómputo de la caducidad del medio de control.

13. Asimismo, afirmó que la providencia cuestionada incurrió en decisión sin
motivación, dado que la ratio decidendi3 no permitía comprender las razones que
llevaron al Tribunal a declarar la caducidad. Además, señaló que el tema de la
caducidad no fue objeto del recurso de apelación, por lo cual la autoridad judicial
desconoció los límites funcionales del superior jerárquico al resolver la impugnación,
circunstancia que, en su criterio, también deriva en la violación directa de la
Constitución Política.

2.3. Trámite procesal

14. El despacho ponente, mediante auto del 8 de abril de 20264, admitió la solicitud
de amparo y ordenó notificar a la parte accionada; vinculó al trámite como terceros
con interés al Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín, a los señores Ana
Isabel Marulanda Montoya, Lorena Marulanda Montoya, Juan pablo Marulanda

2 Se transcribe incluso con errores de texto.
3 La razón de la decisión.
4 Samai, índice 5, certificado.

4

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Montoya, a Ecopetrol S.A. y a Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos;
requirió el expediente ordinario objeto de controversia; tuvo como pruebas los
documentos aportados con la demanda; y ordenó las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

15. CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.5 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones, porque
no vulneró los derechos fundamentales invocados. Al respecto, manifestó que no
se configuró el defecto fáctico, por cuanto la sentencia del Tribunal sustentó la
declaratoria de caducidad en los elementos probatorios obrantes en el expediente,
además, de los interrogatorios de parte rendidos en la audiencia de pruebas del 12
de mayo de 2016, en los que los demandantes afirmaron haber evacuado la
vivienda en mayo de 2011.

16. Agregó que debido a que lo reclamado por la parte demandante se dirigía a la
indemnización por destrucción demolición de la vivienda que poseía, así como al
pago de cánones de arrendamiento desde junio de 2011, la prueba testimonial sobre
los trabajos de Ecopetrol S.A. en el poliducto resultaba irrelevante para definir el
momento en que se concretó el daño patrimonial reclamado. En ese sentido, dijo
que debido a que el daño se derivó de la evacuación forzada del 3 de mayo de 2011,
desde ese momento corría el término de caducidad para presentar la demanda de
reparación directa, como bien lo concluyó la autoridad judicial accionada.

17. El Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín6 requirió que se declarara la
improcedencia de la solicitud de amparo, al estimar que las actuaciones surtidas al
interior del proceso contencioso-administrativo se ajustaron a derecho, se realizaron
oportunamente y fueron puestas en conocimiento de la parte interesada conforme
a la ley.

18. Ecopetrol S.A.7 pidió declarar improcedente la acción de tutela en tanto esa
entidad no vulneró ningún derecho fundamental de los actores y no cumplir el
requisito de subsidiariedad, debido a que no se configuró un perjuicio irremediable.
Recordó que la acción constitucional no podía utilizarse como una instancia
adicional para reabrir un debate probatorio resuelto por el juez natural en el marco
de su competencia.

19. El señor Juan Pablo Marulanda Montoya8 solicitó acceder a las pretensiones
de la acción de tutela con fundamento en que son ciertos los hechos expuestos en
ella.

5 Samai, índice 18, certificado núm. 7796208AF91E7972 CD254E41F989CFE7 C1E2AF928882F9D4

6C131D9D7070D708.
6 Samai, índice 16, certificado núm. B8B4029BE650CDAA 392EC60335CEE412 1237C3D9A1C9BD0B

6061787EF9725B5D.
7 Samai, índice 11, certificado núm. 8451D5422BCB6BA7 ACDEDC1A4B001A58 CF68268EEC8E7656

4160A360FE18CEF8.
8 Samai, índice 22, certificado núm. 6CE332FFD691BD96 564F02BA90283C03 8D660D6CDE488685

AF8BA39E229E185B.
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20. La señora Ana Isabel Marulanda Montoya9 rindió informe en el que adujo que,
pese a que tuvo la calidad de demandante en el proceso ordinario, no fue escuchada
en audiencia, motivo por el cual debían tutelarse los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia.

21. La señora Lorena Marulanda Montoya10 manifestó que coadyuvaba las
pretensiones de la acción de tutela con sustento en que le constaba la veracidad de
los hechos «y la justicia de las peticiones presentadas».

22. Los demás vinculados guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la Gabriela Montoya Montoya y Wilson
Marulanda Daza contra la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia.

3.2. Legitimación en la causa y coadyuvancia

24. La legitimación en la causa por activa de Gabriela Montoya Montoya y Wilson
Marulanda Daza está acreditada porque integraron la parte demandante en el
proceso de reparación directa en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

25. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala Cuarta
del Tribunal Administrativo de Antioquia, debido a que fue la autoridad que profirió,
la sentencia del 3 de octubre de 2025 dentro del expediente identificado con el
radicado núm. 05001-33-33-028-2013-00720-02.

26. Ahora bien, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 11, la
persona que tuviere un interés legítimo con el resultado del trámite de tutela podrá
intervenir como coadyuvante del actor12. En tal sentido, los coadyuvantes son
terceros que no reclaman un derecho propio para que sea definido por el juez
constitucional, sino un interés personal en la suerte de la pretensión de alguna de
las partes por tener con esta una relación sustancial «ajena a los efectos de la
sentencia, pero que indirectamente puede verse afectada si la parte coadyuvada

9 Samai, índice 21, certificado núm. BB55B398530F987F 8D00EBD97A5038CD 20AA0777CB07C72C

55AA8A56A55F80BA.
10
Samai, índice 20, certificado núm. 142A874A217808EF F9A252AECC5AF63C 8211FB8DAC558E14
0778F60600CB8DAD
11 ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo
que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida
contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.
12 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2012.

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Accionado: Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia

obtiene un fallo desfavorable»13. La Corte Constitucional ha indicado frente a este
asunto, de manera puntual, lo siguiente:

[E]l coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que «impliquen disposición
del derecho del litigio». Así mismo, no podrá modificar el problema jurídico planteado
en la acción de tutela ni «realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias
que difieran de las hechas por el demandante».

27. En el presente asunto, la señora Lorena Marulanda Montoya coadyuva las
pretensiones de la parte accionante.

28. Revisado el expediente, se observa que actuó como demandante en el
proceso ordinario. En este orden, la Sala la tendrá como coadyuvante de la parte
tutelante toda vez que sus intereses están representados en las pretensiones de
amparo que formulan los señores Gabriela Montoya Montoya y Wilson Marulanda
Daza.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

29. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado14 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias
judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos
generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales
se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional15.

30. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

31. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales16 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que

13 Corte Constitucional, sentencia SU-326 de 2022.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.

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afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

32. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución17.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

33. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional18 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

34. Así pues, la Corte Constitucional19 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

35. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

36. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas

17 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión
objeto de tutela.

37. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia objeto de reparos, proferida el 3 de octubre de 2025 por la Sala Cuarta
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, fue notificada en esa misma
fecha20 y la demanda de tutela se presentó el 27 de marzo de 202621, esto es, dentro
del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional22 y del Consejo
de Estado23 como razonable.

38. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación, y no resultaba
posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso objeto
de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la
decisión que le puso fin a la actuación judicial.

39. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

40. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico, decisión sin
motivación y violación directa de la Constitución Política y, en ese orden, continuará
con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

41. La Sala debe determinar si ¿la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia de la parte actora, al proferir la sentencia
del 3 de octubre de 2025, que declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa?

42. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto fáctico

43. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»24. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia

20 Samai, proceso núm. 05001-33-33-028-2013-00720-02, índice 29.
21 Samai, índice 1.
22 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
24 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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directa en la decisión25» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

44. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»26. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»27.

45. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso28.

46. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial29, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»30.

47. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera
genérica, por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar
si la decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar
las pruebas en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente

25 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
28 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
29 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
30 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.

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opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de
los materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]31.

3.4.2. Decisión sin motivación

48. El deber que les corresponde a las autoridades judiciales de fundamentar sus
decisiones en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de
estudio dio lugar a que la ausencia de un análisis razonable del asunto se
considerara una causal autónoma para la procedencia de la tutela en contra de
providencia juridiciales.

49. Al respecto, la Corte Constitucional, precisó que la decisión sin motivación se
configura por «el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta
de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este tipo de falencia se
distingue del defecto fáctico, en cuanto no se estructura a partir de la disconformidad
entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en la ausencia de
razonamientos que sustenten lo decidido»32.

50. En atención a lo anterior, la jurisprudencia constitucional33 precisó que la
ausencia de motivación no se estructura ante cualquier divergencia con el
razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue
decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto es, porque
el respeto del principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela se
inmiscuya en meras controversias interpretativas. En efecto, la competencia en
materia de tutela «se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del
juez, es decir, en una arbitrariedad».34

51. Lo expuesto significa que la falta de motivación como causal de procedencia
de la tutela en contra de decisiones judiciales propende por la salvaguarda del
derecho de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de
justicia, lo cual permite que se pueda ejercer adecuadamente el derecho de
contradicción.

52. En este sentido, el cargo de ausencia de motivación de una decisión judicial
le exige al juez de tutela examinar el contenido de los argumentos de hecho y de

31 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
32
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, criterio reiterado en sentenciasT-310 de 2009 y T-502 de 2024.
33
Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2007, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
34
Corte Constitucional, sentencia T-709 de 2010, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
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derecho en los que se sustenta la providencia cuestionada, pues no se puede
desconocer los fundamentos en los que se estructuran las decisiones de los jueces,
son elementos esenciales de la función judicial. De modo que su inexistencia o
deficiencia puede convertir la providencia en un mero acto sometido a la voluntad
del juez, lo cual supone una clara vulneración del debido proceso.

53. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha determinado que no
corresponde al juez de tutela establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad
judicial accionada, sino señalar que la providencia atacada presenta un grave déficit
de motivación que la deslegitima como tal35.

3.4.3. Violación directa de la Constitución Política

54. La Corte Constitucional señaló que esta causal tiene sustento en el artículo
4° de la Constitución Política el cual prevé que la Constitución es norma de normas
y en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales36.

55. A su turno, recopiló los eventos en los que se presenta la violación directa de
la Constitución los cuales se resumen, así: primero, cuando en la solución del caso
se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; segundo, cuando el asunto versa sobre la violación
evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; tercero, cuando los
jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en cuenta
el principio de interpretación conforme con la Constitución y cuarto, si el juez
encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la
Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales (excepción de inconstitucionalidad).

3.5. Caso concreto

56. En el asunto bajo estudio, los señores Gabriela Montoya, Wilson Marulanda
Daza y otros promovieron el medio de control de reparación directa contra Ecopetrol
S.A., con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable
por los perjuicios ocasionados por las reparaciones ejecutadas en el poliducto
Sebastopol-Medellín, las cuales, a su juicio, afectaron el inmueble que poseían en
la vereda la Ilusión del Corregimiento San Cristóbal de Medellín e impidieron el uso,
goce y disfrute de la vivienda.

57. El Juzgado Veintiocho Administrativo Oral de Medellín, a través sentencia del
17 de otubre de 2017, negó las pretensiones de la demanda. Apelada esa decisión
por la parte demandante, la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante sentencia del 3 de octubre de 2025, la revocó, y, en su lugar,
declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.

58. Ahora bien, en el escrito de tutela, la parte accionante argumentó que la

35
Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2006, criterio reiterado en sentencia T-502 de 2024
36 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.

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autoridad judicial accionada, al proferir la sentencia del 3 de octubre de 2025,
incurrió en defecto fáctico, decisión sin motivación y vulneración directa de la
Constitución Política. En relación con el defecto fáctico, afirmó que la autoridad
judicial omitió valorar integralmente las pruebas practicadas dentro del proceso y
arribó a conclusiones contrarias a lo acreditado en el expediente, particularmente
respecto del momento de la consolidación del daño y del cómputo del término de
caducidad.

59. En cuanto a la decisión sin motivación y violación directa de la Constitución,
manifestó que la sentencia no tiene sustento y que decidió sobre la caducidad, pese
a que no fue un tema objeto de la apelación, por lo cual, estima que excedió el límite
como juez de segunda instancia.

60. Al respecto, se advierte que la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de
Antioquia, en la sentencia objeto de tutela, inició por examinar las pretensiones de
la demanda y la solicitud de conciliación prejudicial, y de estas concluyó que ambas
estaban dirigidas a obtener la indemnización de los perjuicios derivados de la
imposibilidad de usar, gozar y disfrutar la vivienda que poseían los demandantes, y
no exclusivamente por las reparaciones ejecutadas en el poliducto Sebastopol-
Medellín el 30 de junio de 2011. Así lo consideró:

En el caso concreto, inicialmente sea del caso advertir, que de manera confusa, en la
demanda se mencionan dos grupos de hechos que en el que se imputa
responsabilidad a la demandada en fechas diferentes. El primer grupo de hechos son
el CUARTO y QUINTO, en el que se señala que el 14 de abril de 2011 los
demandantes sintieron un fuerte temblor que ocasionó grietas en su vivienda; este
temblor se originó́ por los daños al poliducto Sebastopol – Medellín (…)

El otro grupo de hechos se refiere a que el 30 de junio de 2011, ECOPETROL SA
realizó movimientos de tierra y trabajos de reparación del poliducto (…)

Ahora, la Sala encontró́ que si bien en la primera pretensión se solicita la declaratoria
de responsabilidad con ocasión de las reparaciones que hicieron al poliducto
Sebastopol-Medellín el 30 de junio de 2011, lo cierto es que las pretensiones
consecuenciales están dirigidas a la indemnización del daño producto de la avería y
demolición de la vivienda que poseían los demandantes.

De hecho, las pretensiones que fueron objeto de conciliación en el trámite prejudicial
ante la Procuraduría, se fundamentaban en la imposibilidad de usar, gozar y disfrutar
la vivienda que poseían los demandantes. (…)

Así́ las cosas, para la Sala el suceso factico que marca el hito para la contabilización
del término de caducidad, para el caso concreto será el 03 de mayo de 2011,
momento en el cual los demandantes se les concretó el daño, esto es, debieron
evacuar definitivamente la vivienda y fueron beneficiados de un subsidio de
arrendamiento de parte de la entidad pública Isvimed37.

61. En ese contexto, la autoridad judicial consideró que el hecho relevante para
contabilizar el término de caducidad correspondía al momento en que el daño se

37 Se transcribe con errores de texto.

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concretó para los demandantes, esto es, el 3 de mayo de 2011, fecha en la que
debieron evacuar definitivamente la vivienda y fueron beneficiados por un subsidio
de arrendamiento por parte de ISVIMED.

62. Para sustentar esa conclusión, valoró el informe del Sistema Municipal para la
Prevención y Atención de Desastres – Simpad, en el que se recomendó la
evacuación definitiva del inmueble por riesgo de colapso estructural; la certificación
expedida por ISVIMED sobre el reconocimiento del subsidio de arrendamiento
desde mayo de 2011; el contrato de arrendamiento suscrito por la señora Gabriela
Montoya Montoya el 11 de mayo de 2011; y las declaraciones rendidas por los
demandantes en audiencia de pruebas, en las que afirmaron haber evacuado el
inmueble por orden del Simpad y recibido apoyo económico para arrendamiento.

63. A partir de esa valoración probatoria, el Tribunal Administrativo de Antioquia
concluyó que no resultaba razonable fijar como fecha de ocurrencia del daño el 30
de junio de 2011, pues para ese momento los demandantes ya no habitaban la
vivienda debido a la orden de evacuación definitiva y el inmueble se encontraba
parcialmente demolido. En consecuencia, determinó que el término de dos años
previsto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA vencía el 4 de mayo
de 2013 y que la solicitud de conciliación prejudicial, presentada el 28 de junio de
ese mismo año, así como la demanda radicada el 15 de agosto de 2013, fueron
promovidas cuando el medio de control ya había caducado.

64. Dicho esto, para la Sala no es posible inferir la configuración de un defecto
fáctico como lo plantea la parte tutelante, pues además de que se limitó a afirmar
de manera general que no fueron valoradas las pruebas relacionadas con el
momento de la consolidación del daño, sin precisar cuáles medios de convicción
fueron omitidos o indebidamente apreciados, lo cierto es que el estudio probatorio
desarrollado por la autoridad judicial accionada se caracterizó por ser integral y
objetivo, sin que se advierta una valoración irrazonable o arbitraria. Distinto es que
el Tribunal no hubiese acogido la postura de la parte actora respecto de la fecha en
que se concretó el daño.

65. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en
la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»38.

66. En cuanto a la inconformidad de la parte actora respecto a la oportunidad
procesal para que la autoridad judicial se pronunciara sobre la figura la caducidad,
el Tribunal señaló que, si bien el juez de primera instancia, en audiencia inicial del
9 de marzo de 2015, dispuso resolver la excepción de caducidad en el momento de
dictar sentencia, decisión que fuera confirmada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante providencia del 3 de junio de 2015; lo cierto era que en los

38 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

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términos del inciso segundo del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, era viable
emitirse un pronunciamiento en relación a este fenómeno jurídico.

67. En ese orden, es pertinente mencionar que de conformidad con lo dispuesto
en el inciso cuarto del parágrafo 2 del artículo 175 y el inciso segundo del artículo
187 del CPACA, es procedente decidir en la sentencia las excepciones que hayan
sido propuestas por las partes y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada, entre estas, la caducidad.

68. En relación con la facultad que tiene el juez para pronunciarse sobre la
caducidad del medio de control judicial en la etapa de sentencia, la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en providencia del 15 de julio de 2022, manifestó lo
siguiente:

Al momento de dictar sentencia le corresponde al juez analizar los presupuestos
procesales de la acción, entre ellos, la caducidad, aspecto que no puede ni debe
entenderse saneado o clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen
presentado en el transcurso del proceso, como lo consagra el artículo 187 del CPACA.

En este sentido se ha entendido que el juzgador de segunda instancia tiene la
potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean
necesarias para proferir una decisión de fondo, como en este caso la de la caducidad,
aunque no hubieran sido propuestas por el apelante como fundamentos de su
inconformidad con la providencia recurrida39.

69. En concordancia con lo mencionado, la Sala Especial de Decisión Dieciséis
del Consejo de Estado, mediante sentencia del 27 de enero de 202340, precisó que,
aunque en la audiencia inicial se hubiere formulado un pronunciamiento frente a la
excepción de caducidad, ello no impide que el juez al momento de dictar sentencia,
en caso de encontrarla acreditada, ya sea en primera o segunda instancia pueda
declararla, incluso, oficiosamente.

70. En concreto la providencia citada afirmó lo siguiente: «Actualmente, en
similares términos, el artículo 187 del [CPACA] dispone que en la sentencia se
decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada, por lo tanto, para la Sala, aunque en la audiencia inicial se haya
resuelto sobre la excepción de caducidad, si al momento de dictar sentencia, se
cuentan con mejores elementos probatorios para establecer con certeza que sí
operó la caducidad, el juez debe declararla. Y esta regla, de decidir sobre las
excepciones que se encuentren probadas en la sentencia definitiva, opera tanto
para primera como para segunda instancia, de manera que, si en primera instancia
se resolvió sobre la caducidad, bien a petición de parte o de oficio, el superior puede
revisarla también de oficio o cuando la persona perjudicada con la decisión solicita
su revocatoria mediante el recurso de apelación»41.

39 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A, sentencia del 15 de julio de 2022, radicado núm. 25000-

23-36-000-2013-01229-01 (56.855).
40 Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión 16. Providencia del 27 de enero de 2023. Rad. 11001-03-15-

000-2012-02124-00.
41 Ibidem.

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71. De acuerdo con lo anterior, es claro que la autoridad accionada al momento
de dictar sentencia se encontraba facultada para analizar los presupuestos
procesales del medio de control judicial, entre ellos la figura de la caducidad, y
declarar cualquier excepción que se hubiese encontrado probada.

72. En este orden de ideas, la Sala considera que la decisión de la Sala Cuarta
Tribunal Administrativo de Antioquia de declarar probada la excepción de caducidad
del medio de control de reparación directa en sede de segunda instancia no
desconoció los derechos fundamentales de la parte actora, pues se ajustó al
ordenamiento jurídico procesal vigente, el cual le permite al juez, que al momento
de proferir sentencia pueda entrar a resolver si el mecanismo judicial se presentó
en tiempo o no.

73. Por lo expuesto, la Sala destaca que el hecho de que la providencia objeto de
tutela no haya resultado favorable a la parte tutelante, no significa, por sí mismo, el
desconocimiento de sus garantías constitucionales.

4. Conclusión

74. La providencia del 3 de octubre de 2025, proferida por la Sala Cuarta del
Tribunal Administrativo de Antioquia no vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte actora, por
cuanto no se evidenció en su contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a
preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una irregularidad
por defecto fáctico o decisión sin motivación, que exija la intervención del juez de
tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por la parte
accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por Gabriela Montoya Montoya y
Wilson Marulanda Daza en contra de la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de
Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Tener a Lorena Marulanda Montoya como coadyuvante de la parte
tutelante, conforme al sustento de esta decisión.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

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Accionado: Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.

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