Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02489-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02489-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02489-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 02489 01
Accionantes: Gabriela Montoya Montoya y otro
Accionado: Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, declara
improcedente la acción de tutela al no acreditarse el requisito
general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionada en contra del fallo de
tutela proferido el 4 de mayo de 2026 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado, que negó el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los señores Gabriela Montoya Montoya y Wilson Marulanda Daza, actuando a través de
apoderada, promovieron acción de tutela en contra de la sentencia del 3 de octubre de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de reparación
directa identificado con el radicado núm. 05001 33 33 028 2013 00720 00/01/02, y para
ello formularon las siguientes pretensiones1:
Amparar los derechos fundamentales constitucionales del debido proceso,
defensa, acceso a la administración de justicia y contradicción de la prueba, que
le asisten a la señora GABRIELA MONTOYA MONTOYA y al señor WILSON
MARULALNDA DAZA, y, en consecuencia, con todo respeto, les solicito, proferir
decisión que acoja una cualquiera de las siguientes peticiones:
• Revocar la sentencia de segunda instancia proferida el 3 de octubre de 2025
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, en el medio de control
de Reparación Directa radicado con el número 05 001 33 33 2013 00720 02,
por no estar ajustada a derecho.
• Decretar la nulidad de toda la actuación surtida a partir de la sentencia de
segunda instancia proferida el 3 de octubre de 2025 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, en el medio de control de Reparación
Directa radicado con el número 05 001 33 33 2013 00720 02, por no estar
ajustada a derecho.
• Subsidiariamente, ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, que resuelva de fondo, profiriendo una nueva sentencia motivada
y ajustada a derecho, en el medio de control de REPARACION DIECTA
radicado con el número 05 001 33 33 2013 00720 02, que ampare los derechos
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 0315 000 2026 02489 00.
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constitucionales fundamentales referidos, a los señores GABRIELA
MONTOYA MONTOYA y WILSON MARULANDA DAZA, en acatamiento y
cumplimiento de las claras y precisas instrucciones que en tal sentido indique
su Despacho como Juez Constitucional.
Es decir, que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, profiera una
nueva sentencia, ajustada a derecho, en el medio de control de REPARACION
DIRECTA radicado con el número 05 001 33 33 028 2013 00720 02, que acate
y cumpla las claras y precisas instrucciones que en tal sentido indique su
Despacho, como Juez Constitucional, que restablezca la juridicidad y los
derechos fundamentales constitucionales conculcados a mis poderdantes.
Si ninguna de las anteriores peticiones la considera plausible, con todo respeto,
les solicito, H. Consejeros, adoptar la decisión o decisiones, que considere
ajustada(s) a derecho para amparar los derechos constitucionales
fundamentales conculcados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, a la señora GABRIELA MONTOYA MONTOYA y al señor WILSON
MARULANDA DAZA en el medio de control de REPARACION DIRECTA
radicado en segunda instancia con el número 05 001 33 33 028 2013 00720 02.
[Negrillas del texto original]. [Sic a toda la cita].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Los accionantes informaron que la señora Gabriela Montoya Montoya ejercía la posesión
material, desde el 29 de abril de 2008, de un inmueble ubicado en la vereda La Ilusión,
corregimiento de San Cristóbal, en el distrito de Medellín (Antioquia), sobre el cual pesa
una servidumbre de oleoducto y tránsito. Indicaron que en el predio construyó su vivienda,
la cual habitó a partir de junio de 2009.
Señalaron que el 14 de abril de 2011 se presentó un sismo que causó daños en el
poliducto Sebastopol–Medellín, lo que generó un derrame de combustible en una vereda
cercana, situación que produjo agrietamientos en la vivienda, obligando a la señora
Montoya y su familia a abandonarla por las condiciones de inhabitabilidad.
Continuaron relatando que el 30 de junio de 2011 Ecopetrol S.A. realizó trabajos de
reparación y movimientos de tierra sobre el poliducto, los cuales ocasionaron
afectaciones adicionales al inmueble, tales como el deterioro de la servidumbre de
acceso, erosión del terreno, alteraciones en los drenajes naturales y la exposición del
poliducto, además de dificultar el ingreso al predio. Indicaron que solicitaron a la entidad
el reconocimiento de los perjuicios, sin obtener una respuesta favorable.
Manifestaron que el 15 de agosto de 2013, la señora Montoya Montoya, junto con los
ciudadanos Wilson Marulanda Daza, Ana Isabel Marulanda Montoya, Lorena Marulanda
Montoya y Juan Pablo Marulanda Montoya, interpusieron demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa contra Ecopetrol S.A., con el propósito de obtener la
indemnización por los daños derivados de las reparaciones realizadas el 30 de junio de
2011. En consecuencia, solicitaron el reconocimiento de perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente.
El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de
Medellín que, por auto del 12 de septiembre de 2013, inadmitió la demanda y ordenó su
corrección para precisar la fecha del daño, hecho, omisión u operación administrativa que
originaba la acción.
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Explicaron que subsanaron la demanda, fijando como fecha de causación del daño el 30
de junio de 2011, por lo que, mediante auto del 17 de octubre de 2013, el juzgado admitió
la demanda.
Precisaron que, en la audiencia inicial del 9 de marzo de 2015, al analizar la excepción
de caducidad propuesta por la parte demandada, el despacho consideró que no podía
resolverse en ese momento, debido a la incertidumbre sobre la fecha de inicio del término
(14 de abril o 30 de junio de 2011), por lo que su definición quedaría sujeta a lo probado
en el proceso y se decidiría en la sentencia.
Anotaron que, mediante fallo del 17 de octubre de 2017, el Juzgado Veintiocho
Administrativo del Circuito de Medellín negó las pretensiones. En primer lugar, descartó
la excepción de caducidad, al estimar que el daño alegado se vinculaba con las
afectaciones al terreno y a la servidumbre derivadas de las obras ejecutadas por
Ecopetrol S.A. el 30 de junio de 2011.
En cuanto al fondo, concluyó que la servidumbre petrolera existía desde 1986 y que la
vivienda había sido construida dentro del área gravada, a una distancia de 7,5 metros del
poliducto. En consecuencia, consideró que los demandantes eran quienes interferían con
la servidumbre. Señaló además que, aun como poseedores de buena fe, debían conocer
las condiciones del predio, por lo que Ecopetrol SA no estaba obligada a indemnizar los
perjuicios reclamados.
Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora interpuso recurso de
apelación y la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia del 3 de octubre de 2025, la revocó y, en su lugar, declaró la caducidad del
medio de control al considerar que, aunque en la demanda se atribuían daños a las
reparaciones del 30 de junio de 2011, las pretensiones buscaban en realidad la
indemnización por la pérdida y abandono definitivo de la vivienda. Por ello, determinó que
el daño se consolidó el 3 de mayo de 2011, fecha en la que el Simpad recomendó la
evacuación definitiva del inmueble y los demandantes empezaron a recibir subsidio de
arrendamiento por parte del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín.
Con base en ello, determinó que el término de caducidad vencía el 4 de mayo de 2013,
y que tanto la solicitud de conciliación prejudicial como la demanda fueron presentadas
de manera extemporánea.
Como sustento de la tutela, los accionantes aseveraron que su solicitud cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
comoquiera que, según estiman, la sentencia de segunda instancia acusada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia
y contradicción de la prueba.
En cuanto a los requisitos específicos, alegó que la providencia cuestionada incurrió en
defecto fáctico, decisión sin motivación y vulneración directa a la constitución.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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3.1. La tutela fue radicada el 27 de marzo de 20262 y correspondió por reparto a la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado que, por auto del 8 de abril de
20263 la admitió y dispuso notificar4 a la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, como parte accionada y vincular5 al Juzgado Veintiocho
Administrativo de Medellín, a los señores Ana Isabel Marulanda Montoya, Lorena
Marulanda Montoya, Juan pablo Marulanda Montoya, a Ecopetrol SA y a Cenit Transporte
y Logística de Hidrocarburos, como terceros con interés.
Así mismo requirió al Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín para que
allegaran copia del expediente identificado con el radicado núm. 05001 33 33 028 2013
00720 00/01/02.
3.2. El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín6 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que las actuaciones adelantadas dentro
del proceso contencioso administrativo se ajustaron a derecho, se surtieron
oportunamente y fueron debidamente notificadas a la parte interesada conforme a la
normativa aplicable.
3.3. Ecopetrol SA7 pidió que se declarara la improcedencia del amparo, al señalar que no
vulneró derecho fundamental alguno de los accionantes. Asimismo, sostuvo que no se
cumplía el requisito de subsidiariedad, por cuanto no se configuraba un perjuicio
irremediable. Precisó que la tutela no puede ser utilizada como una instancia adicional
para reabrir el debate probatorio ya resuelto por el juez natural en ejercicio de su
competencia.
3.4. CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos SAS8 solicitó declarar improcedente
la acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones, al estimar que no se
vulneraron los derechos fundamentales invocados. Señaló que no se configuraba un
defecto fáctico, dado que la sentencia del Tribunal sustentó la declaratoria de caducidad
en las pruebas obrantes en el expediente, incluidos los interrogatorios de parte
practicados en la audiencia de pruebas del 12 de mayo de 2016, en los cuales los
demandantes manifestaron haber evacuado la vivienda en mayo de 2011.
Agregó que las pretensiones de la demanda estaban orientadas a obtener la
indemnización por la pérdida y demolición de la vivienda, así como al reconocimiento de
cánones de arrendamiento desde junio de 2011. Por tal razón, la prueba testimonial
relativa a los trabajos ejecutados por Ecopetrol S.A. en el poliducto resultaba irrelevante
para determinar el momento de concreción del daño patrimonial.
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con
radicado núm. 11001 0315 000 2026 02489 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con
radicado núm. 11001 0315 000 2026 02489 00.
4 Esta orden se cumplió el día 10 de abril de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado núm. 11001 0315 000 2026 02489 00
5 Ibidem
6 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia
con radicado núm. 11001 0315 000 2026 02489 00.
7 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia
con radicado núm. 11001 0315 000 2026 02489 00.
8 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia
con radicado núm. 11001 0315 000 2026 02489 00.
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Accionantes: Gabriela Montoya Montoya y otro
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3.5. El señor Juan Pablo Marulanda Montoya9 solicitó que se accediera a las pretensiones
de la acción de tutela, al considerar verídicos los hechos expuestos en la solicitud.
3.6. La señora Ana Isabel Marulanda Montoya10 rindió informe en el que señaló que, a
pesar de haber sido parte demandante en el proceso ordinario, no fue escuchada en
audiencia, lo que, a su juicio, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
3.7. La señora Lorena Marulanda Montoya11 manifestó su coadyuvancia a las
pretensiones de la tutela, al afirmar que le constaban los hechos expuestos y la
legitimidad de las solicitudes formuladas.
3.8. Las demás partes e intervinientes guardaron silencio.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia del 4 de
mayo de 202612 negó el amparo solicitado al considerar que no se configuró el defecto
fáctico alegado, dado que la parte accionante se limitó a afirmar de manera genérica la
falta de valoración de las pruebas relacionadas con la consolidación del daño, sin
identificar concretamente cuáles medios de convicción fueron omitidos o indebidamente
apreciados.
Estimó que el análisis probatorio efectuado por la autoridad judicial demandada fue
integral y objetivo, sin evidenciarse una valoración arbitraria o irrazonable. Distinto es que
el Tribunal no hubiera acogido la tesis de la parte actora sobre la fecha de concreción del
daño.
En relación con la inconformidad sobre la oportunidad para resolver la excepción de
caducidad, se indicó que, si bien en la audiencia inicial del 9 de marzo de 2015 el juez de
primera instancia difirió su decisión para el momento de dictar sentencia, lo cierto es que,
conforme al inciso segundo del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, resultaba viable
pronunciarse sobre dicho asunto en la sentencia.
En ese sentido, recordó que, de acuerdo con el inciso cuarto del parágrafo 2 del artículo
175 y el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, el juez está facultado para resolver
en la sentencia las excepciones propuestas por las partes, así como aquellas que
encuentre probadas, incluida la caducidad.
Así, concluyó que la autoridad judicial accionada estaba plenamente habilitada para
examinar los presupuestos procesales del medio de control —entre ellos, la caducidad—
al momento de proferir la sentencia y declarar la excepción correspondiente si encontraba
acreditados sus supuestos.
9 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia
con radicado núm. 11001 0315 000 2026 02489 00.
10 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia
con radicado núm. 11001 0315 000 2026 02489 00.
11 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia
con radicado núm. 11001 0315 000 2026 02489 00.
12 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia
con radicado núm. 11001 0315 000 2026 02489 00.
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En consecuencia, el a quo consideró que la decisión de la Sala Cuarta del Tribunal
Administrativo de Antioquia, consistente en declarar probada la caducidad del medio de
control de reparación directa en segunda instancia, no vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora, por cuanto se ajustó a las normas procesales vigentes,
que autorizan al juez a verificar, en la sentencia, la oportunidad en la presentación de la
acción.
Finalmente, precisó que el hecho de que la providencia cuestionada no haya sido
favorable a la parte tutelante no implica, por sí solo, la vulneración de sus garantías
constitucionales.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconformes con el fallo de primera instancia, los accionantes lo impugnaron13 e
indicaron que las aseveraciones realizadas por el a quo no se compadecen con la
realidad procesal al considerar que sus fundamentos no corresponden a la realidad
procesal.
Señalaron que el 3 de octubre de 2025 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Oralidad, revocó la sentencia inicial y declaró probada la caducidad, pese a
que este asunto no fue planteado en el recurso de apelación.
Sostuvieron que el Tribunal excedió los límites del recurso, ya que debía circunscribir su
análisis a los reparos concretos formulados por el apelante. En su criterio, la decisión
desbordó el alcance de la alzada y desconoció las reglas que rigen la apelación,
afectando con ello sus derechos fundamentales.
Asimismo, afirmaron que la valoración probatoria realizada por el Tribunal vulneró el
sistema de la sana crítica, en la medida en que no explicó de forma suficiente el mérito
otorgado a las pruebas ni el proceso lógico que condujo a sus conclusiones. Aunque
formalmente se hizo referencia a los medios probatorios, consideran que no se efectuó
un análisis razonado, integral y objetivo de los mismos.
Indicaron que la autoridad judicial omitió valorar pruebas relevantes para determinar el
momento de consolidación del daño y, en su lugar, concluyó de manera arbitraria la
caducidad de la acción. A su juicio, una adecuada valoración del acervo probatorio habría
conducido a una decisión distinta.
En consecuencia, alegaron la configuración de una valoración probatoria defectuosa,
caracterizada por arbitrariedad e irracionalidad, que derivó en conclusiones contrarias a
lo demostrado en el proceso. Esto, en su entender, implicó la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción de la prueba y acceso a la
administración de justicia.
Finalmente, cuestionaron la decisión del juez de tutela de primera instancia, al considerar
que no analizó de manera rigurosa los argumentos de la acción y se limitó a reiterar la
providencia judicial cuestionada, sin abordar las irregularidades planteadas.
13 Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con
radicado núm. 11001 0315 000 2026 02489 00.
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 14, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201515, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202116, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201917, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente18:
6.2.1. Los accionantes interpusieron medio de control de reparación directa en contra de
Ecopetrol S.A., con el fin de que se declarara administrativamente responsable por los
daños y perjuicios causados con ocasión de las reparaciones que hicieron al poliducto
Sebastopol – Medellín el 30 de junio de 2011.
6.2.2. Mediante providencia del 17 de octubre de 2017, el Juzgado Veintiocho
Administrativo Oral de Medellín negó las pretensiones, al concluir que los demandantes
eran quienes interferían con la servidumbre existente. Señaló que, incluso en condición
de poseedores de buena fe, debían conocer las características del predio al momento de
su adquisición, máxime cuando la servidumbre estaba constituida desde 1986.
6.2.3. Inconformes con la decisión anterior, los demandantes interpusieron recurso de
apelación. En sede de segunda instancia, la Sala Cuarta del Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 3 de octubre de 2025, revocó el fallo
y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo expuesto en la impugnación, y comoquiera que el a quo descendió
al estudio de los defectos alegados por los accionantes y negó la solicitud de amparo, la
Sala estima necesario determinar, en primer lugar, si en este evento se cumple el
requisito general de relevancia constitucional, y para ello, se detendrá en (i) los criterios
14 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
15 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
16 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
17 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial núm. 50913.
18 Lo que se desprende del expediente del medio de control de reparación directa identificado con núm.
de radicado 05001 33 33 028 2013 00720 00/01/02
7
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que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional19
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]20.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades21:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 22. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
19 Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos términos en la
sentencia C – 590 de 2005.
20 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
21 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
22 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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Accionado: Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que23:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. [Se
destaca].
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
La Sala considera que, en el presente caso, no se satisface el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto no se supera el tercer elemento que lo integra, consistente en
evitar que la acción de tutela se utilice como una instancia o recurso adicional para
controvertir decisiones judiciales.
Ello se debe a que la solicitud de amparo ha sido empleada por los accionantes con el
propósito de reabrir el debate ya resuelto dentro del medio de control de reparación
directa. En efecto, las inconformidades expuestas, tanto en el escrito de tutela como en
la impugnación, se orientan a cuestionar lo decidido en la sentencia atacada,
particularmente en lo relativo a la contabilización de los términos para efectos de la
caducidad de la acción.
Con este proceder, la parte actora busca insistir en la existencia de supuestas
irregularidades en la valoración probatoria realizada en el proceso ordinario, las cuales,
23 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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según su criterio, condujeron erradamente a concluir que operó el fenómeno de la
caducidad.
Ahora bien, revisada la providencia objeto de examen en esta sede constitucional, la Sala
observa que la autoridad judicial accionada efectuó una valoración expresa del material
probatorio allegado al proceso y explicó las razones por las cuales concluyó que se
configuró la caducidad de la acción.
En particular, señaló lo siguiente24:
De esta manera, si la reparación solicitada está dirigida a que se indemnicen los
perjuicios materiales e inmateriales derivados de la destrucción del inmueble que
poseían los demandantes, no resulta lógico que se indique como fecha de
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño el 30 de junio de 2011,
cuando para esa fecha ya no habitaban el inmueble por la orden de evacuación
inmediata y la vivienda estaba demolida parcialmente.
En síntesis, en los términos del literal i del numeral 2 del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, la parte demandante tuvo conocimiento de la ocurrencia de la
acción u omisión que le causó el daño, el 03 de mayo de 2011, cuando debieron
evacuar definitivamente la vivienda y fueron beneficiados de un subsidio de
arrendamiento de parte de la entidad pública Isvimed.
Por tanto, para la Sala resulta claro que los dos (02) años consagrados en el literal
i del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, como límite procesal para
incoar la pretensión de reparación directa, vencían el cuatro (04) de mayo de
dos mil trece (2013).
Ahora bien, de acuerdo a la constancia obrante a folios 52 del plenario, se tiene
que al tenor de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, vigente para
el momento en que se surtió el trámite prejudicial, al igual que su Decreto
reglamentario número 1716 de ese mismo año, la parte actora presentó solicitud
de petición de conciliación, el veintiocho (28) de junio de dos mil trece (2013),
cuando ya había fenecido el plazo para presentar de manera oportuna la
demanda.
De esta manera, según nota de presentación personal del escrito de la demanda
(fl. 16) se hizo el quince (15) de agosto de dos mil trece (2013), es decir,
después de haber fenecido el término de dos años que ofrece la ley para
presentarla. Por lo que la demanda se presentó cuando el medio de control había
ya caducado, de ello no hay duda. […]
En este contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como una
instancia adicional dentro del proceso de reparación directa, con el propósito de
controvertir la decisión adoptada por el juez natural en la sentencia del 3 de octubre de
2025 y reiterar la pretensión de declaratoria de responsabilidad administrativa de
Ecopetrol SA.
Conviene recordar que el proceso ordinario se desarrolla a partir de las pretensiones,
excepciones y hechos propuestos por las partes, y que la decisión del juez natural se
fundamenta en las pruebas y en el derecho sometido a su consideración, o en las
facultades oficiosas que excepcionalmente otorga la ley. Cuando el juez ordinario decide
24
Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia
con radicado núm. 11001 0315 000 2026 02489 02.
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dentro del marco del debate fijado por las partes, otorgando la razón a una de ellas, actúa
dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales.
Pretender que el juez constitucional revalúe ese examen probatorio y jurídico mediante
la tutela implicaría desbordar las competencias propias de este mecanismo, pues
suplantaría la función del juez natural e impondría un escrutinio que no está previsto para
la tutela, la cual no fue diseñada para operar como una instancia adicional ni como vía
para corregir interpretaciones o valoraciones probatorias desfavorables. En tal escenario,
sería el juez constitucional quien vulneraría el debido proceso al intervenir, sin
competencia, en la valoración legal y fáctica del asunto.
Solo en casos en los que la providencia cuestionada se aparte del problema jurídico
planteado, o resuelva sobre hechos o fundamentos ajenos a la controversia definida por
las partes, podría configurarse un defecto relevante para el amparo constitucional, al
comprometer el derecho de defensa. Sin embargo, no es ese el supuesto en el presente
asunto, pues no se advierte que el Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia, se haya apartado de los hechos, las pruebas o los argumentos sometidos
a su consideración en el medio de control de reparación directa.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 4 de mayo de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela, por cuanto no se acredita el requisito general de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 4 de mayo de 2026 por la Subsección
B, Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo para, en su
lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por los señores
Gabriela Montoya Montoya y Wilson Marulanda Daza, por las razones señaladas en la
parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro del término legal.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión, del 9 de
julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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