Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02512-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02512-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02512-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02512-00
Demandante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Demandado: Subsección B – Sección Tercera – Consejo de Estado
Temas: Tutela contra acción u omisión de autoridad pública. Mora
judicial.
Decisión: Declarar improcedente parcialmente y la carencia actual de
objeto por hecho superado.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Jesús Gabriel Martínez Álvarez
contra la Subsección B – Sección Tercera – Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 27 de marzo de 2026, Jesús Gabriel Martínez Álvarez presentó acción
de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales
de petición, dignidad humana, libertad e igualdad, personalidad jurídica, honra,
trabajo, profesión u oficio, debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Según lo expuesto en su escrito, dicha garantía constitucional fue presuntamente
vulnerada por la Subsección B – Sección Tercera – Consejo de Estado al no emitir
fallo de la tutela interpuesta.1
2. A título de amparo, solicitó, en síntesis (i) se tutelaran los derechos
mencionados y, en consecuencia, se ordenará a la Subsección B – Sección Tercera
– Consejo de Estado que emitiera fallo de la tutela de radicado N°
11001031500020260154300; (ii) que el Juzgado 06 Administrativo de Tunja, y
Tribunal Administrativo de Boyacá emitan una respuesta clara, completa y de fondo
a su petición; (iii) se vincule a la Fiscalía General de la Nación para que informe si
durante el trámite de acción fue puesta en conocimiento de los presuntos y probados
delitos que se denunciaron e identificaron; y para que indique cuál fue su obrar al
respecto; (iv) se compulse copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación,
por hechos indiciarios y probados de fraude a resolución judicial, omisión de
denuncia de servidor público, prevaricato y ocultamiento alteración de materiales
probatorios.
1 N° 11001031500020260154300
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Demandante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
3. Como fundamentos fácticos y de la vulneración, la parte actora
manifestó que el 26 de febrero de 2026 interpuso una acción de tutela con radicado
N°11001031500020260154300, en contra del Juzgado 6 Administrativo de Tunja y
del Tribunal Administrativo de Boyacá, la cual fue admitida el 3 de marzo de 2026
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
4. Precisó que, dicha acción de tutela tiene como propósito el amparo y la
garantía de los derechos fundamentales de petición, al acceso a la administración
de justicia y el debido proceso. Lo anterior, con el fin de obtener la entrega del
expediente digital íntegro del proceso con radicado 15001-3333 006-2025-00014-
00, incluyendo el registro audiovisual de la audiencia de declaración del accionante,
realizada el 4 de febrero de 2025. Indicó que, la misma ha sido reiteradamente
negada por los despachos.
5. Señaló que, transcurridos los 10 días previstos legalmente para proferir el fallo
y agotado el término para su notificación el 13 de marzo de 2026, no se ha emitido
la decisión respectiva. Asimismo, expresó que en la plataforma SAMAI únicamente
es visible el auto admisorio, sin que conste informes de las autoridades accionadas
ni las demás actuaciones que integran el expediente digital.
6. Ante la ausencia del fallo, el 19 de marzo de 2026 la parte actora elevó un
escrito de petición ante el Consejo de Estado, con el fin de obtener el fallo y el
acceso efectivo a los medios de prueba solicitados. Lo anterior, bajo el argumento
de que el término perentorio para resolver la controversia constitucional se
encontraba plenamente vencido.
7. El 24 de marzo de 2026, la Secretaría General del Consejo de Estado, informó
al peticionario que la sentencia aún no había sido proferida. Manifestó que, esta
comunicación confirma el incumplimiento de los plazos legales, a pesar de la
naturaleza preferente y sumaria de la acción de tutela.
Intervenciones2
8. La Subsección B – Sección Tercera – Consejo de Estado señaló mediante
informe allegado el 17 de abril de 2026, que el proyecto de decisión dentro de la
acción de tutela con radicado N°11001031500020260154300, ya fue sometido a
consideración de la Sala de decisión y aprobado, encontrándose actualmente en
fase de suscripción y formalización de la providencia correspondiente, fase final
orientada a la notificación de la providencia de fondo. Con fundamento en lo anterior,
solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez
que la situación de presunta inactividad judicial que motivó la acción ha cesado,
desapareciendo cualquier vulneración efectiva de derechos fundamentales.
2 Mediante Auto de 9 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra la Subsección
B – Sección Tercera – Consejo de Estado y se vinculó al Juzgado 6 Administrativo de Tunja y al Tribunal
Administrativo de Boyacá.
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Demandante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
9. El Juzgado 6 Administrativo de Tunja sostuvo que, no existe vulneración de
los derechos fundamentales invocados, toda vez que las solicitudes de entrega del
expediente digital con radicado 15001333300620250001400, fueron atendidas de
fondo y oportunamente. Precisó que, mediante correos electrónicos del 4 de julio de
2025 y el 20 de enero de 2026, remitieron al accionante los enlaces de descarga
que contienen la totalidad de las piezas procesales y el registro audiovisual de la
audiencia celebrada el 4 de febrero de 2025. Finalmente, aclaró que la restricción
de visualización en las plataformas públicas no obedece a un ocultamiento, sino a
la reserva de expediente solicitada expresamente por el propio actor durante el
trámite de la tutela en cuestión, razón por la cual se le brindaron las instrucciones
técnicas para su consulta a través del sistema SAMAI.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
10. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
decreto 1069 de 2015, el Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa. Delimitación del objeto de la controversia constitucional
11. Antes de abordar el análisis de procedibilidad y fondo de la presente
solicitud de amparo, la Sala estima necesario precisar que del escrito de tutela se
advierte la formulación de dos reproches constitucionalmente diferenciables,
aunque vinculados al trámite de la acción de tutela radicada
11001031500020260154300, actualmente conocida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
12. El primero de ellos se dirige contra la referida autoridad judicial, a quien el
accionante atribuye la presunta mora en la adopción de la decisión correspondiente
dentro de dicho trámite constitucional.
13. El segundo se relaciona con la alegada falta de acceso integral al
expediente digital y al registro audiovisual correspondientes al proceso identificado
con radicado 15001-33-33-006-2025-00014-00, adelantado ante el Juzgado Sexto
Administrativo de Tunja, asunto que, según se desprende del escrito de tutela y de
los documentos allegados al expediente, guarda relación con la controversia
constitucional sometida al conocimiento de la autoridad judicial anteriormente
referida.
14. En ese contexto, y dado que ambos planteamientos responden a supuestos
fácticos y procesales distintos, la Sala abordará su análisis de manera separada, a
efectos de verificar, frente a cada uno de ellos, el cumplimiento de los presupuestos
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de procedibilidad y, de ser el caso, la existencia de una eventual vulneración de
derechos fundamentales.
Problema jurídico
15. Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de
tutela resulta procedente frente al reproche relacionado con el acceso al expediente
digital y al registro audiovisual del proceso radicado 15001-33-33-006-2025-00014-
00; y, en segundo lugar, si la demora atribuida a la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la adopción de la decisión dentro de la acción de
tutela radicada 11001-03-15-000-2026-01543-00 comportó la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el actor.
Procedibilidad de la acción de tutela
16. En relación con el reproche dirigido a cuestionar la presunta falta de acceso
integral al expediente digital y al registro audiovisual correspondientes al proceso
radicado 15001-33-33-006-2025-00014-00, la Sala advierte que no se satisface el
requisito de subsidiariedad.
17. En efecto, de la solicitud de amparo y de los documentos allegados al
expediente se desprende que el actor ya puso en conocimiento de la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela radicada
11001-03-15-000-2026-01543-00, los mismos hechos y pretensiones relacionados
con la entrega integral del expediente digital y del registro audiovisual del referido
trámite judicial. En ese contexto, existe un escenario constitucional actualmente
activo, idóneo y directamente encaminado a resolver el reclamo formulado, razón
por la cual la presente acción no puede emplearse de manera concurrente o
paralela para obtener una decisión anticipada sobre una controversia que ya fue
sometida al conocimiento del juez constitucional competente.
18. En consecuencia, frente a este cargo, la solicitud de amparo resulta
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
19. Distinta conclusión se impone respecto del reproche relacionado con la
presunta mora atribuida a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en la adopción de la decisión dentro de la acción de tutela radicada 11001-
03-15-000-2026-01543-00, frente al cual la Sala encuentra acreditados los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
20. En efecto, el señor Jesús Gabriel Martínez Álvarez se encuentra legitimado
en la causa por activa, en tanto actúa en nombre propio y afirma ser el titular de los
derechos fundamentales presuntamente comprometidos con ocasión del trámite
judicial referido. A su turno, la autoridad judicial accionada se encuentra legitimada
en la causa por pasiva, por cuanto a ella se atribuye la presunta afectación derivada
de la falta de adopción oportuna de la decisión correspondiente dentro del proceso
constitucional antes identificado.
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21. Igualmente, se satisface el requisito de subsidiariedad. Lo anterior, por
cuanto el reproche formulado recae sobre una presunta mora judicial que, de
acreditarse, comprometería el derecho de acceso a la administración de justicia en
su dimensión de obtener decisiones judiciales dentro de un plazo razonable, frente
a lo cual no se advierte la existencia de un mecanismo judicial ordinario, autónomo
e idóneo que permita obtener, con la eficacia y oportunidad requeridas, la
protección inmediata de los derechos fundamentales invocados.
22. También se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez. En efecto, de
las pruebas allegadas se advierte que el actor promovió la presente solicitud de
amparo el 27 de marzo de 2026, esto es, dentro de un término razonable contado
desde el momento en que afirmó advertir el vencimiento del término legal previsto
para adoptar la decisión dentro del trámite constitucional cuestionado y, en
particular, luego de obtener respuesta por parte de la Secretaría General del
Consejo de Estado el 24 de marzo del mismo año, en la que se informó que no se
registraba decisión de fondo dentro del expediente correspondiente.
23. Finalmente, el asunto plantea una cuestión de relevancia constitucional en
sentido general. Ello, por cuanto el debate propuesto no se circunscribe a una
discrepancia meramente administrativa o de gestión judicial, sino que involucra,
prima facie, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, frente a este cargo, la Sala abordará el análisis material de la
controversia planteada.
Actualidad del objeto
24. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado3 dentro
de la acción de tutela interpuesta por Jesús Gabriel Martínez Álvarez, por las
razones que se exponen a continuación:
25. De conformidad con la jurisprudencia constitucional reiterada, la carencia
actual de objeto por hecho superado se configura cuando, durante el trámite de la
acción de tutela, desaparecen los supuestos fácticos que dieron origen a la solicitud
de amparo, de manera que cualquier orden del juez constitucional pierde utilidad
material, al haberse satisfecho o cesado la situación que motivó la alegada
vulneración de derechos fundamentales.
26. En el caso concreto, el actor atribuyó a la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales, al considerar que, pese al vencimiento del término previsto en el
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, no se había adoptado decisión dentro de la
acción de tutela radicada 11001-03-15-000-2026-01543-00, circunstancia que, en
su criterio, configuraba una mora judicial incompatible con su derecho de acceso a
3 Sobre el concepto y categorías de la carencia actual de objeto puede consultarse: Corte Constitucional,
Sentencia SU-522 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02512-00
Demandante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
la administración de justicia.
27. No obstante, durante el trámite de la presente actuación, la autoridad
judicial accionada informó que el asunto ya había sido sometido a consideración de
la Sala de decisión correspondiente, discutido y aprobado, encontrándose en fase
de suscripción y formalización de la providencia respectiva. A su vez, esta
Subsección procedió a verificar directamente el estado actual del expediente en el
sistema de gestión judicial SAMAI, constatando que dentro del proceso radicado
11001-03-15-000-2026-01543-00 fue proferida sentencia el 15 de abril de 2026,
decisión que fue suscrita electrónicamente por los integrantes de la Subsección B
el 5 de mayo de 2026 e incorporada al sistema para consulta pública. Decisión
notificada el 6 de mayo de 2026.
28. Así las cosas, la Sala advierte que la situación que dio lugar a la presente
solicitud de amparo ha desaparecido en la actualidad, pues la actuación judicial
cuya mora se cuestionaba no solo superó la etapa deliberativa y decisoria, sino que
culminó con la expedición y suscripción de la providencia correspondiente,
circunstancia que desvirtúa la existencia de una situación actual de inactividad
judicial susceptible de ser corregida mediante intervención del juez constitucional.
29. En ese contexto, cualquier orden encaminada a compeler a la autoridad
accionada a adoptar la decisión reclamada carecería de objeto y utilidad material,
razón por la cual se configura la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto de este cargo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el
señor Jesús Gabriel Martínez Álvarez, en relación con el reproche dirigido a
cuestionar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión de
la alegada falta de acceso integral al expediente digital y al registro audiovisual
correspondientes al proceso radicado 15001-33-33-006-2025-00014-00, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
del reproche relacionado con la presunta mora atribuida a la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela radicada
11001-03-15-000-2026-01543-00, conforme a lo expuesto en la parte considerativa
de esta decisión.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02512-00
Demandante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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