RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02516-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02516-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02516-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02516-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02516-00
Accionante: LINA JOHANA MAZO ARANGO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente por no cumplir el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Lina Johana Mazo
Arango contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Lina Johana Mazo Arango, a través de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 12 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicación 76001-33-33-012-2020-00046-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
76001-33-33-012-2020-00046-00/01, contra el Hospital Departamental Mario
Correa Rengifo, Asociación Sindical de Salud – Asosindisalud, Asociación Sindical
de Trabajadores de Colombia y la Salud – Asstracud y los Profesionales Limitada
Empresa de Servicios Temporales – Serviprofesionales LTDA, en la cual solicitó la
nulidad del acto administrativo presunto derivado del silencio del Hospital
Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., frente a la petición del 28 de enero de
2019 mediante la cual solicitó el reconocimiento de un contrato realidad y, en
consecuencia, se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02516-00
Accionante: Lina Johana Mazo Arango

indefinido entre el 1 de noviembre de 2013 y el 5 de junio de 2016, con las condenas
correspondientes al reintegro, pago de prestaciones sociales, aportes al sistema de
seguridad social, indemnización moratoria y condena en costas procesales.

2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cali, autoridad judicial que, mediante providencia de 27
de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y el Tribunal
Administrativo del Valle de Cauca, mediante sentencia de 12 de noviembre de 2025,
confirmó la decisión supra.

2.4. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en los defectos fáctico y sustantivo.

2.5. Como fundamento del defecto fáctico señaló que: “[…] Tanto el juzgado como el
Tribunal analizaron cada prueba de manera aislada: los testimonios fueron
examinados sin contrastarlos con la resolución sancionatoria del Ministerio del
Trabajo; la resolución sancionatoria fue descartada como «medida administrativa
general» sin analizar su valor indiciario; la naturaleza misional permanente de la
función de fisioterapia no fue siquiera examinada; y la rotación de tres intermediarios
en dos años y medio para la misma función no fue valorada como indicio de
deslaboralización […]”.

2.6. Sobre el defecto sustantivo indicó: “[…] Ambas sentencias recogen en su marco
teórico la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre este
principio, y reconocen expresamente que las figuras de intermediación laboral
(contratos sindicales, cooperativas de trabajo asociado, empresas de servicios
temporales) no pueden utilizarse para encubrir relaciones laborales ni para suplir
actividades misionales permanentes de las entidades estatales. Sin embargo, al
momento de aplicar estos principios al caso concreto, ambos falladores priorizaron las
formalidades contractuales (contrato sindical, contrato en misión) sobre los indicios de
la realidad material de la relación. El propio Tribunal citó la sentencia CSJ SL3086-
2021 que prohíbe instrumentalizar los contratos sindicales para suplir actividades
misionales permanentes, pero omitió determinar si la fisioterapia constituye una
actividad misional permanente del Hospital, pese a que la propia Resolución
2017000231 del Ministerio del Trabajo —que obraba en el expediente— ya había
establecido expresamente que los servicios asistenciales tercerizados a través de
ASOSINDISALUD correspondían a funciones misionales de carácter permanente de
la E.S.E. Esta desconexión entre el marco jurídico enunciado y su aplicación al caso
concreto configura un defecto sustantivo por inaplicación de la norma constitucional
pertinente […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02516-00
Accionante: Lina Johana Mazo Arango

“[…] PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de la señora
LINA JOHANA MAZO ARANGO.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia 316 del 12 de noviembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho
No. 011, dentro del proceso radicado bajo el No. 76001-33-33-012-2020-00046-
01.

TERCERA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 27 de septiembre de 2023,
proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali, dentro
del proceso radicado bajo el No. 76001-33-33-012-2020-00046-00.

CUARTA: ORDENAR al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali
que, dentro de un término razonable, profiera nueva sentencia de primera
instancia en la que valore integralmente el acervo probatorio obrante en el
expediente, conforme a las reglas de la sana crítica y al principio de unidad de
la prueba (artículo 176 del CGP), teniendo en cuenta: (i) los testimonios
rendidos por Viviana Andrea Romero, Paula Andrea Herrera Morales y Nhora
Stella Cortés Carrasquilla, analizando su coherencia interna y concordancia
recíproca; (ii) el valor indiciario de la Resolución 2017000231 del Ministerio del
Trabajo; (iii) la naturaleza misional permanente de la función de fisioterapia en
un hospital; (iv) el patrón de rotación de intermediarios; y (v) el indicio derivado
de la no contestación de la demanda por parte del Hospital.

QUINTA (SUBSIDIARIA): En caso de no accederse a la pretensión cuarta,
ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que profiera nueva
sentencia de segunda instancia con la valoración probatoria integral indicada
en la pretensión anterior. […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 10 de abril de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso al Hospital Departamental Mario Correa
Rengifo E.S.E., a la Asociación Sindical Asosindisalud, a la Asociación Sindical de
Trabajadores de Colombia y la Salud - Asstracud, a la sociedad Profesionales
Limitada Empresa de Servicios Temporales - Serviprofesionales L.T.D.A. y al
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, señaló que “[…] La acción de
tutela interpuesta no demuestra la existencia de un defecto constitucional en la
providencia cuestionada, sino que pretende reabrir el debate probatorio propio del
proceso ordinario, lo cual resulta improcedente en sede constitucional […]”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02516-00
Accionante: Lina Johana Mazo Arango

5.2. LaAsociación Sindical de Salud -ASOSINDISALUD indicó que “[…] La
providencia cuestionada no solo es jurídicamente válida, sino que constituye un
ejercicio legítimo de la función jurisdiccional, en el que el juez natural, dentro del
marco de su autonomía, valoró el material probatorio y adoptó una decisión
razonada. Aceptar la tesis de la accionante implicaría desconocer la autonomía
judicial, desnaturalizaría la acción de tutela y vaciaría de contenido el principio de
seguridad jurídica […]”.

5.3. Serviprofesionales
LTDA solicitó “[…] respetuosamente al señor Juez, NO
TUTELAR los derechos invocados por el (sic) accionante como trasgredidos, ya que
no hubo ninguna vulneración a estos derechos […]”.

5.4. La Asociación Sindical de Trabajadores de Colombia y la Salud adujo que
“[…] considerando que el asunto versa sobre decisiones debidamente decididas en
primera y segunda instancia, me permito manifestar que esta organización se acoge
íntegramente a lo que ha de resolver por el Honorable Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el marco del presente proceso
[…]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

7.La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02516-00
Accionante: Lina Johana Mazo Arango

judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

8.Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

9. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

10. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
8
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

11. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

12. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02516-00
Accionante: Lina Johana Mazo Arango

valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

13. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.3. El caso concreto

14. La señora Lina Johana Mazo Arango, a través de apoderado judicial, solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 12 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicación 76001-33-33-012-2020-00046-00/01.

15. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.3.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

16. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

17. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

18. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02516-00
Accionante: Lina Johana Mazo Arango

de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

16
19. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02516-00
Accionante: Lina Johana Mazo Arango

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

20. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

21. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.

22. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la accionante alega que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a la administración
de justicia y a la igualdad, por haber incurrido, presuntamente, en el defecto fáctico
y sustantivo.

23. Como fundamento del defecto fáctico señaló que: “[…] Tanto el juzgado como el
Tribunal analizaron cada prueba de manera aislada: los testimonios fueron
examinados sin contrastarlos con la resolución sancionatoria del Ministerio del
Trabajo; la resolución sancionatoria fue descartada como «medida administrativa
general» sin analizar su valor indiciario; la naturaleza misional permanente de la
función de fisioterapia no fue siquiera examinada; y la rotación de tres intermediarios

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02516-00
Accionante: Lina Johana Mazo Arango

en dos años y medio para la misma función no fue valorada como indicio de
deslaboralización […]”.

24. Sobre el defecto sustantivo indicó: “[…] Ambas sentencias recogen en su marco
teórico la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre este
principio, y reconocen expresamente que las figuras de intermediación laboral
(contratos sindicales, cooperativas de trabajo asociado, empresas de servicios
temporales) no pueden utilizarse para encubrir relaciones laborales ni para suplir
actividades misionales permanentes de las entidades estatales. Sin embargo, al
momento de aplicar estos principios al caso concreto, ambos falladores priorizaron las
formalidades contractuales (contrato sindical, contrato en misión) sobre los indicios de
la realidad material de la relación. El propio Tribunal citó la sentencia CSJ SL3086-
2021 que prohíbe instrumentalizar los contratos sindicales para suplir actividades
misionales permanentes, pero omitió determinar si la fisioterapia constituye una
actividad misional permanente del Hospital, pese a que la propia Resolución
2017000231 del Ministerio del Trabajo —que obraba en el expediente— ya había
establecido expresamente que los servicios asistenciales tercerizados a través de
ASOSINDISALUD correspondían a funciones misionales de carácter permanente de
la E.S.E. Esta desconexión entre el marco jurídico enunciado y su aplicación al caso
concreto configura un defecto sustantivo por inaplicación de la norma constitucional
pertinente […]”.

25. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.

26. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.

27. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda.

28. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la providencia
cuestionada:

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02516-00
Accionante: Lina Johana Mazo Arango

“[…] - Caso concreto

67. Se encuentra acreditado que la señora Lina Johana Mazo Arango prestó
sus servicios personales como fisioterapeuta en el Hospital Departamental
Mario Correa Rengifo E.S.E. durante el periodo comprendido entre noviembre
de 2013 y julio de 2016, mediante dos modalidades contractuales distintas:

(i) un convenio sindical suscrito con ASOSINDISALUD, vigente desde el 1º de
noviembre de 201315 hasta diciembre de 2015 según los recibos de pago de
seguridad social que hizo esa asociación a la actora, y

(ii) un contrato de trabajo en misión celebrado con SERVIPROFESIONALES
LTDA. a partir del 14 de junio de 2016 y hasta el 5 de julio de ese mismo año,
fecha en que presentó renuncia voluntaria.

68. Es dable indicar que tanto ASOSINDISALUD y SERVIPROFESIONALES
LTDA., fueron entidades contratistas del Hospital Departamental Mario Correa
Rengifo E.S.E. para la prestación de servicios asistenciales.

69. En cuanto al primer elemento del contrato de trabajo —la prestación
personal del servicio—, está demostrado que la actora se vinculó como
trabajadora asociada dentro de la estructura de ASOSINDISALUD como
fisioterapeuta en el hospital demandado.

70. En igual sentido, el contrato suscrito con SERVIPROFESIONALES LTDA.
la identificó expresamente como trabajadora en misión con la obligación de
prestar servicio de fisioterapeuta a la empresa usuaria (Hospital demandado).

71. No obstante, tales documentos indican expresamente que la vinculación se
realizó en calidad de trabajadora asociada o en misión, de las entidades
contratistas, sin que se acredite vínculo directo con la E.S.E. demandada. En
consecuencia, si bien existió prestación personal, esta se enmarcó en la
ejecución de convenios celebrados entre el hospital y terceros, situación que
por sí sola no configura relación laboral directa.

72. Respecto del segundo elemento —la remuneración—, obran en el
expediente múltiples recibos de pago y planillas de aportes a seguridad social
expedidos por ASOSINDISALUD desde noviembre de 2013 hasta diciembre de
2015, donde consta que la asociación efectuaba los pagos mensuales a nombre
de la demandante y realizaba los aportes a salud y pensión en calidad de
empleador.

73. De igual manera, se allegó comprobante de pago emitido por
SERVIPROFESIONALES LTDA. correspondiente al mes de junio de 2016, en
el que se discriminan salario, auxilio de transporte, prima de servicios y
deducciones legales.

74. Estos documentos evidencian que las sumas percibidas por la demandante
provenían de las entidades contratistas. En consecuencia, no existe prueba de
que el hospital hubiese efectuado pagos directos, expedido comprobantes de
nómina o asumido obligaciones salariales frente a la actora. Tal circunstancia
reafirma que la remuneración derivó de vínculos contractuales propios de la
relación sindical y temporal, y no de una relación laboral directa con la E.S.E.

75. En lo que atañe al tercer elemento —la subordinación—, la Sala observa
que este no se encuentra demostrado en el proceso.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02516-00
Accionante: Lina Johana Mazo Arango

76. No se desprende prueba que demuestre que el Hospital Departamental
Mario Correa Rengifo E.S.E. ejerciera poder subordinante sobre la señora Lina
Johana Mazo Arango. Si bien está acreditado que la demandante desarrollaba
sus funciones dentro de las instalaciones del hospital y que debía atender turnos
y reportes de pacientes, tales circunstancias responden a una coordinación
funcional y técnica, propia de la ejecución del contrato suscrito entre el hospital
y las entidades contratistas, mas no a la existencia de un vínculo laboral directo
[…]”.

[…]

“[…] 83. En consecuencia, no se advierte falsedad en el testimonio de Liliana
Hernández, ni indicios de conducta punible que justifiquen la compulsa de
copias solicitada por la parte actora en su recurso. Las diferencias entre las
versiones testimoniales corresponden a la valoración de hechos percibidos
desde posiciones distintas, sin que ello constituya prueba de falso testimonio.

84. En cuanto al argumento de la apelante relativo a la resolución sancionatoria
del Ministerio de Trabajo por presunta tercerización laboral, la Sala reitera que
tales decisiones tienen efectos administrativos y preventivos, pero no
constituyen prueba plena de una relación laboral individual. La sanción se dirige
a corregir prácticas generales de intermediación, más no a declarar la existencia
de contratos laborales específicos entre los trabajadores y la entidad usuaria.

85. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en un proceso similar a este
bajo el radicado 76001-33-33-020-2021-00101-01, precisó que “la sanción
administrativa no exonera a la parte demandante de su carga probatoria, ni
produce efectos automáticos sobre los procesos contenciosos donde se discute
la existencia de vínculo laboral”.

86. En ese contexto, la existencia de una sanción general por tercerización no
desvirtúa por sí misma la autonomía de los contratos celebrados con
ASOSINDISALUD y SERVIPROFESIONALES LTDA., ni acredita el ejercicio de
poder subordinante por parte del hospital.

87. En ausencia de pruebas directas que evidencien control jerárquico,
sanciones disciplinarias o dependencia organizacional, no es posible declarar
la existencia del contrato realidad alegado por la demandante […]”.

29. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

30. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”19. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos

19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02516-00
Accionante: Lina Johana Mazo Arango

judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”20.

31. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”21.

32. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

20
Ibidem
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02516-00
Accionante: Lina Johana Mazo Arango

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.