República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02516-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02516-01 (6788)
Accionante: Lina Johana Mazo Arango
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: contrato realidad. Subtema
2: requisitos generales de procedibilidad Subtema 3: relevancia constitucional
Subtema 4: defecto fáctico
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Lina Johana Mazo Arango contra la sentencia de
tutela del 30 de abril de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado.
1. Síntesis del caso
Lina Johana Mazo Arango interpuso la acción de tutela contra las sentencias de
instancia proferidas por el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Cali (el 27 de
septiembre de 2023) y por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (el 12 de
noviembre de 2025), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
de carácter laboral con el radicado no. 76001-33-33-012-2020-00046-00/01, en el
que pretendía la declaración de la existencia de la relación laboral con el Hospital
Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., y el consecuente pago de prestaciones
sociales.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02516-01 (6788)
Accionante: Lina Johana Mazo Arango
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2.
La señora Lina Johana Mazo Arango afirmó que prestó sus servicios
personales como fisioterapeuta en el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo
E.S.E., de manera continua e ininterrumpida, entre el 1° de noviembre de 2013 y el
5 de julio de 2016. Indicó que su vinculación se instrumentó sucesivamente
mediante un convenio de trabajo asociado con la Asociación Sindical de Salud
(Asosindisalud), entre noviembre de 2013 y diciembre de 2015; un convenio de
cooperación con la Asociación Sindical de Trabajadores de Colombia y la Salud
(Asstracud), entre febrero y marzo de 2016, aproximadamente; y un contrato de
trabajo en misión con Profesionales Limitada Empresa de Servicios Temporales
(Serviprofesionales Ltda.), entre junio y julio de 2016. En todos los casos
desempeñó funciones de fisioterapia en las instalaciones del Hospital.
3.
La interesada promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Hospital, Asosindisalud, Asstracud y Serviprofesionales Ltda.
Solicitó la nulidad del acto administrativo presunto derivado de la falta de respuesta
de fondo a la petición presentada el 28 de enero de 2019 y que se declarara la
existencia de una relación laboral con el Hospital entre el 1° de noviembre de 2013
y el 5 de junio de 2016. Como consecuencia, pidió el reintegro y el pago de las
prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social, indemnizaciones y
demás acreencias reclamadas.
4.
El Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de Cali negó las pretensiones2
por medio de la sentencia del 27 de septiembre de 2023, pues consideró
acreditadas la prestación personal del servicio y la remuneración, pero concluyó que
no se demostró que el Hospital hubiera ejercido subordinación sobre la
demandante.
5.
La parte actora interpuso el recurso de apelación en el que sostuvo que el
Juzgado desconoció el valor de los testimonios recibidos en el proceso, aplicó de
manera indebida la tacha de imparcialidad y no valoró adecuadamente la
Resolución 2017000231 del Ministerio del Trabajo.
6.
A través de la sentencia No. 316 del 12 de noviembre de 20253, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión. Encontró demostradas la
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02516-00, índice 2, certificado 21683E153661585F DD5965D300D0C514
E54C33771B7E85A0 79B0E96DA0B93A23.
2 Aportada con la acción de tutela, en Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02516-00, índice 2, certificado
800979EE15C225ED 917C052672CD573E 5E451A6FAB01B4A6 783C35075B1D00C3.
3 Aportada con la acción de tutela, en Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02516-00, índice 2, certificado
800979EE15C225ED 917C052672CD573E 5E451A6FAB01B4A6 783C35075B1D00C3.
2
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Accionante: Lina Johana Mazo Arango
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
prestación personal del servicio y la remuneración, pero no la subordinación.
Consideró que la asistencia a turnos, la elaboración de reportes y la recepción de
instrucciones podían corresponder a mecanismos de coordinación funcional y
técnica propios de la ejecución de los contratos celebrados por el Hospital con las
entidades contratistas.
7.
El Tribunal examinó las declaraciones de Viviana Andrea Romero, Paula
Andrea Herrera Morales y Nhora Stella Cortés Carrasquilla, quienes se refirieron al
cumplimiento de horarios, la recepción de instrucciones de funcionarios del Hospital,
la solicitud de permisos y el suministro de elementos para el desarrollo de la
actividad. La corporación señaló que, debido a la tacha de imparcialidad formulada
contra las testigos, sus declaraciones debían confrontarse rigurosamente con los
demás medios de prueba. Concluyó que no existían soportes objetivos que
corroboraran las órdenes y controles atribuidos al Hospital.
8.
El Tribunal también valoró el testimonio de Liliana Hernández, jefe de recursos
humanos de Asosindisalud, y consideró que su declaración era concordante con los
convenios, los comprobantes de pago y las planillas de seguridad social. Asimismo,
desestimó la solicitud de compulsar copias por falso testimonio formulada por la
parte actora.
9.
Respecto de la Resolución 2017000231 del 26 de enero de 2017, mediante la
cual el Ministerio del Trabajo confirmó una sanción impuesta al Hospital y a
Asosindisalud, el Tribunal refirió que se trataba de una decisión administrativa de
carácter general y preventivo, que no constituía prueba plena de la existencia de
una relación laboral individual entre la demandante y el Hospital.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10.
El 6 de abril de 2026, la señora Lina Johana Mazo Arango, por conducto de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca. Le atribuyó a la sentencia No. 316 del 12 de noviembre de 2025,
que confirmó la decisión del Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de Cali, la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia.
11.
La accionante alegó, principalmente, que las providencias ordinarias
incurrieron en defecto fáctico. Manifestó que los testimonios, la resolución
sancionatoria del Ministerio del Trabajo, la naturaleza de las funciones
desempeñadas y la sucesión de entidades intermediarias fueron examinados de
manera aislada, sin apreciar su posible concordancia como elementos
demostrativos de una relación laboral encubierta.
12.
Señaló que las declaraciones de Viviana Andrea Romero, Paula Andrea
Herrera Morales y Nhora Stella Cortés Carrasquilla daban cuenta de que cumplía
un horario, recibía instrucciones de funcionarios del Hospital, debía solicitar
permisos, no podía atender pacientes de manera particular, y recibía insumos,
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Accionante: Lina Johana Mazo Arango
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uniforme y carné de parte de la entidad. Cuestionó que los jueces hubieran exigido
documentos, memorandos, órdenes escritas o registros de control para corroborar
esos testimonios, pues, en su criterio, con ello impusieron una tarifa probatoria no
prevista en el ordenamiento.
13.
También reprochó que las declaraciones de las testigos solicitadas por su
parte hubieran sido sometidas a un estándar estricto por la tacha de imparcialidad,
mientras que se otorgó credibilidad al testimonio de Liliana Hernández, quien se
desempeñaba como jefe de recursos humanos de Asosindisalud, sin exigirle una
corroboración equivalente.
14.
En relación con la Resolución 2017000231, la accionante indicó que el
Ministerio del Trabajo había confirmado una sanción contra el Hospital y
Asosindisalud por intermediación laboral. Según el escrito de tutela, la decisión
administrativa consignó que una parte significativa del personal asistencial se
encontraba tercerizado, que los asociados cumplían funciones misionales
permanentes y que recibían órdenes de los funcionarios de planta. Explicó que no
pretendía que la resolución declarara automáticamente su relación laboral
individual, sino que fuera valorada conjuntamente con las demás pruebas.
15.
Añadió que el Hospital y Asstracud no contestaron la demanda ordinaria y
sostuvo que esa circunstancia tampoco fue valorada. Asimismo, afirmó que la
continuidad de las funciones de fisioterapia, pese al cambio de las entidades que
instrumentaron su vinculación, constituía un indicio de «deslaboralización».
16.
De manera subsidiaria, alegó un defecto sustantivo por desconocimiento del
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. Afirmó que las
sentencias ordinarias reconocieron que los contratos sindicales y las empresas de
servicios temporales no podían utilizarse para encubrir relaciones laborales ni para
suplir actividades misionales permanentes, pero, al resolver el caso, otorgaron
prevalencia a las formas contractuales.
17.
Considerando lo anterior, la acción de tutela planteó las siguientes
pretensiones:
PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a
la igualdad y al acceso a la administración de justicia de la señora LINA JOHANA
MAZO ARANGO.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia 316 del 12 de noviembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho No. 011,
dentro del proceso radicado bajo el No. 76001-33-33-012-2020-00046-01.
TERCERA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 27 de septiembre de 2023,
proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali, dentro del
proceso radicado bajo el No. 76001-33-33-012-2020-00046-00.
CUARTA: ORDENAR al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali que,
dentro de un término razonable, profiera nueva sentencia de primera instancia en la
que valore integralmente el acervo probatorio obrante en el expediente, conforme a
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las reglas de la sana crítica y al principio de unidad de la prueba (artículo 176 del
CGP), teniendo en cuenta: (i) los testimonios rendidos por Viviana Andrea Romero,
Paula Andrea Herrera Morales y Nhora Stella Cortés Carrasquilla, analizando su
coherencia interna y concordancia recíproca; (ii) el valor indiciario de la Resolución
2017000231 del Ministerio del Trabajo; (iii) la naturaleza misional permanente de la
función de fisioterapia en un hospital; (iv) el patrón de rotación de intermediarios; y
(v) el indicio derivado de la no contestación de la demanda por parte del Hospital.
QUINTA (SUBSIDIARIA): En caso de no accederse a la pretensión cuarta,
ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que profiera nueva
sentencia de segunda instancia con la valoración probatoria integral indicada en la
pretensión anterior.
2.3. Trámite procesal
18.
Mediante auto del 10 de abril de 20264, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la acción constitucional, ordenó notificar al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y vinculó, como terceros con interés directo, al Juzgado 12
Administrativo Oral del Circuito de Cali, al Hospital Departamental Mario Correa
Rengifo E.S.E., a Asosindisalud, a Asstracud y a Serviprofesionales Ltda.
19.
La providencia reconoció personería al apoderado de la accionante, tuvo como
pruebas los documentos allegados con la tutela y solicitó al Juzgado 12
Administrativo Oral del Circuito de Cali la remisión del expediente correspondiente
al proceso ordinario.
20.
El Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de Cali5, Serviprofesionales
Ltda.6 y Asosindisalud7 presentaron sus informes el 16 de abril de 2026. El
magistrado Andrés González Arango, integrante del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, intervino el 17 de abril siguiente8, y Asstracud se pronunció el 20
de abril de 20269.
2.4. Intervenciones
21.
El magistrado Andrés González Arango sostuvo que la acción no demostraba
la existencia de un defecto constitucional y que pretendía reabrir el debate
probatorio resuelto en el proceso ordinario. Indicó que la sentencia cuestionada
valoró los documentos contractuales, las planillas de seguridad social, los
comprobantes de pago, las declaraciones y la resolución del Ministerio del Trabajo.
Añadió que el examen más riguroso de los testimonios solicitados por la
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02516-00, índice 4, certificado 749AC6485E677946
8A6D1CE77B31D839 42594C3EC5038FA0 36A7FCAF73E79D69.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02516-00, índice 11, certificado E4F31E4AC17E789E
F4FF1550A499237B DD5904DBD9F45B7B C97BF5442CD56795.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02516-00, índice 14, certificado B4C467F1229E8DD6
2B16D7A9F4C5C0D7 D602539AD3617973 67E9C583E436490A.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02516-00, índice 16, certificado CC8685FB3CB23119
DAFB327DB67A5E5C 80CA5B60C0402DDF ABD668D55F4D8FAF.
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02516-00, índice 15, certificado 835D1C7C0D328460
D4EDDDE6CF80827F 989B21B30E684D0F A8DA88E3878F58F8.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02516-00, índice 17, certificado 351B5FCDBFA02858
7000643E758A49E1 A51D352246674ED4 062D1D65054C5E6A.
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demandante obedeció a la tacha de imparcialidad y no a la aplicación de una tarifa
probatoria. También señaló que el testimonio de Liliana Hernández fue considerado
concordante con la prueba documental y que la resolución ministerial no tenía
efectos declarativos sobre la relación laboral individual discutida.
22.
El Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Cali se limitó a indicar, en su
informe, que la sentencia que había proferido fue confirmada por el superior
jerárquico, y compartió el enlace para acceder al expediente digital.
23.
Serviprofesionales Ltda. pidió negar el amparo. Sostuvo que la valoración
realizada por las autoridades judiciales fue adecuada, que no existió un tratamiento
asimétrico de la prueba testimonial y que no se vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la accionante.
24.
Asosindisalud solicitó declarar improcedente la tutela o, subsidiariamente, negar
la protección. Afirmó que la providencia cuestionada estaba motivada, que el juez
natural había valorado el material probatorio dentro de su autonomía y que la
accionante pretendía utilizar la tutela como una instancia adicional para controvertir
una decisión adversa.
25.
Asstracud manifestó que se acogía a lo que resolviera el Consejo de Estado,
debido a que la controversia había sido decidida en primera y segunda instancia
dentro del proceso ordinario.
2.5. Sentencia de primera instancia
26.
Mediante sentencia del 30 de abril de 202610, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción por no haberse cumplido el requisito
general de relevancia constitucional.
27.
La Sala consideró que el debate no había sido planteado desde una perspectiva
constitucional, sino que expresaba la inconformidad de la accionante con la
valoración probatoria efectuada por los jueces ordinarios. A su juicio, la tutela
pretendía funcionar como una tercera instancia para reabrir una controversia
decidida por el juez natural.
28.
La Sección Primera señaló que el Tribunal había examinado la prestación
personal del servicio, la remuneración, la subordinación, las declaraciones
testimoniales y el alcance de la resolución del Ministerio del Trabajo. Concluyó que
la decisión cuestionada no era arbitraria y que los reparos formulados buscaban
discutir su corrección, no su validez constitucional. Por esa razón, no adelantó un
estudio de fondo separado de los defectos fáctico y sustantivo que fueron invocados
por la solicitante.
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02516-00, índice 19, certificado 28CE413E26B96052
266265EB32C6EEBB 51D2068BDAF01E87 4510E9599B1F2B92.
6
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Accionante: Lina Johana Mazo Arango
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
2.6. Impugnación
29.
El 13 de mayo de 2026, la accionante impugnó la sentencia y solicitó su
revocatoria11. Afirmó que la Sección Primera interpretó equivocadamente el
requisito de relevancia constitucional, pues la controversia involucraba el debido
proceso probatorio y el principio de primacía de la realidad previsto en el artículo 53
de la Constitución, y no una simple discrepancia con la decisión del juez ordinario.
30.
La impugnante reiteró que los jueces administrativos desconocieron el principio
de libertad probatoria al exigir documentos o memorandos para acreditar la
subordinación. Expuso que los testimonios y los indicios eran medios legalmente
admisibles y que la exigencia de determinados documentos equivalía a imponer una
tarifa probatoria inexistente.
31.
También dijo que se desconocieron las reglas de la sana crítica y de valoración
conjunta de la prueba. Señaló que los testimonios fueron examinados
separadamente de la Resolución 2017000231 y que no se valoraron conjuntamente
la continuidad del servicio, la sucesión de entidades intermediarias y la naturaleza
de las labores desempeñadas.
32.
Cuestionó el tratamiento de la prueba testimonial. Indicó que la tacha de
imparcialidad no permitía excluir o descartar las declaraciones de sus compañeras
de trabajo y que el Tribunal había aplicado un estándar diferente al testimonio de
Liliana Hernández, vinculada a Asosindisalud.
33.
La recurrente invocó, además, la carga dinámica de la prueba. Destacó que el
Hospital se encontraba en mejor posición para aportar los registros de ingreso, los
turnos y las órdenes de servicio, de manera que exigir esos documentos
exclusivamente a la trabajadora suponía imponerle una carga desproporcionada.
Añadió que la falta de contestación de la demanda ordinaria por parte del Hospital
y de Asstracud debía ser apreciada como indicio.
34.
En relación con la prueba indiciaria, precisó que la sanción impuesta por el
Ministerio del Trabajo, la continuidad de la prestación del servicio y la rotación de
entidades intermediarias debían ser apreciadas conjuntamente para establecer si
existió subordinación. Reiteró que la resolución ministerial no fue invocada como
prueba automática de la relación laboral individual, sino como un elemento que
corroboraba los demás medios de convicción.
35.
Finalmente, insistió en la configuración del defecto sustantivo por
desconocimiento del artículo 53 de la Constitución y del precedente que prohíbe
utilizar contratos sindicales para suplir actividades misionales permanentes o
encubrir relaciones laborales subordinadas.
36.
Solicitó revocar la sentencia del 30 de abril de 2026; tutelar los derechos
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02516-00, índice 23, certificado AF5FD9E12DD2CDF4
D51232DE4E458857 74DBFDD4DEE37CB3 6F97D7FB9ADB08A7.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02516-01 (6788)
Accionante: Lina Johana Mazo Arango
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad; dejar sin efectos la
sentencia 316 del 12 de noviembre de 2025; y ordenar que se profiriera una nueva
decisión en la que se valorara integralmente el material probatorio, incluido el valor
indiciario de la sanción impuesta por el Ministerio del Trabajo.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
37.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 30 de abril de
2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
38.
La señora Lina Johana Mazo Arango se encuentra legitimada por activa, pues
fue la demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y
atribuye a las decisiones adoptadas en virtud de tal medio de control la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia. Además, actúa mediante apoderado judicial
debidamente facultado.
39.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca está legitimado por pasiva, dado
que profirió la sentencia No. 316 del 12 de noviembre de 2025, providencia a la que
se atribuye principalmente la vulneración alegada. El Juzgado 12 Administrativo
Oral del Circuito de Cali fue vinculado porque emitió la decisión de primera instancia
que el Tribunal confirmó y que también fue cuestionada en la solicitud de amparo.
El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., Asosindisalud, Asstracud y
Serviprofesionales Ltda. fueron vinculados como terceros con interés directo, por
haber ostentado similar calidad en el proceso ordinario.
3.3. Cuestión preliminar
40.
La Sala considera pertinente precisar que, aunque la acción de tutela se dirige
contra las sentencias del 27 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado 12
Administrativo Oral del Circuito de Cali, y del 12 de noviembre de 2025, dictada por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el análisis se concentrará en esta
última providencia, pues el Tribunal resolvió el recurso de apelación, examinó los
reparos formulados contra la decisión de primera instancia y definió de manera
definitiva la controversia ordinaria. Sin perjuicio de lo anterior, será necesario
referirse a la sentencia del Juzgado cuando ello resulte indispensable para
comprender los argumentos estudiados y confirmados en segunda instancia.
41.
Por otra parte, la accionante formuló como reproche principal la configuración
de un defecto fáctico. En concreto, cuestionó la forma en que fueron valorados los
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02516-01 (6788)
Accionante: Lina Johana Mazo Arango
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
testimonios practicados, la tacha de imparcialidad, la declaración de Liliana
Hernández, la Resolución 2017000231 del Ministerio del Trabajo y los indicios
relacionados con la continuidad del servicio, el cambio de intermediarios y la falta
de contestación de la demanda. Según la solicitud de amparo, la apreciación
fragmentaria y asimétrica de esos elementos impidió tener por demostrada la
subordinación frente al Hospital.
42.
De manera subsidiaria, la actora invocó un defecto sustantivo por
desconocimiento del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
Este cargo parte de la premisa de que las condiciones materiales de la prestación
del servicio demostraban la existencia de una relación laboral que habría sido
desconocida al privilegiarse las formas contractuales utilizadas por Asosindisalud,
Asstracud y Serviprofesionales Ltda.
43.
En consecuencia, la Sala examinará inicialmente el defecto fáctico, pues de la
valoración de las pruebas depende establecer si se encontraba acreditada la
realidad material en la que se sustenta el reproche sustantivo. Una vez resuelto ese
cargo principal, en el acápite de conclusión se determinará si existe lugar a efectuar
un pronunciamiento adicional sobre el defecto sustantivo y si el Tribunal desconoció
el principio previsto en el artículo 53 de la Constitución.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
44.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado12 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional13.
45.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
(i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad»;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez»;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
13 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02516-01 (6788)
Accionante: Lina Johana Mazo Arango
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
46.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales y, por tanto,
constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
47.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, una de las siguientes causales o defectos: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución14.
3.5. Problemas jurídicos
48.
Corresponde a la Sala determinar si ¿la acción de tutela supera los requisitos
generales de procedencia contra providencia judicial?
49.
En caso positivo si ¿el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en
los defectos fáctico y sustantivo al confirmar la decisión que negó la existencia de
una relación laboral entre la tutelante y el Hospital Departamental Mario Correa
Rengifo E.S.E. y le vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo y a la igualdad?
3.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
50.
El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto,
para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.
51.
Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de
seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.
52.
Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado 15, explicó
que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de amparo
se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, pues las decisiones judiciales
14 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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no pueden mantenerse en la incertidumbre indefinidamente, por lo que resulta
necesario establecer un plazo razonable para su interposición.
53.
Por lo anterior, esta corporación, como regla general, consideró que, para que
el ejercicio de la acción de tutela se efectuara en un plazo razonable, se debía
interponer la solicitud de amparo dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación o ejecutoria de la providencia reprochada, toda vez que a partir de esos
momentos procesales el sujeto puede tener conocimiento de la eventual afectación
que surge de una decisión judicial.
54.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»16.
55.
Por otro lado, y sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte
Constitucional17 ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de
tutela de pronunciarse de forma expresa y con claridad, sobre las razones por las
cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los
lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
3.7. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto
3.7.1. Relevancia constitucional
56.
La Sala considera que la controversia tiene relevancia constitucional, pues la
accionante no se limitó a manifestar su inconformidad con el resultado del proceso
ordinario, sino que formuló cargos concretos relacionados con el derecho
fundamental al debido proceso. En particular, sostuvo que el Tribunal valoró de
manera fragmentaria los tres testimonios practicados respecto de la Resolución
2017000231, proferida por la directora territorial del Valle del Cauca del Ministerio
del Trabajo. Según el recurso de amparo, el Tribunal también aplicó un estándar
diferente a las declaraciones rendidas en el proceso y desconoció el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades.
57.
Esos planteamientos permiten afirmar que es posible, al menos a primera vista,
que se pudieron haber configurado el defecto fáctico y el defecto sustantivo.
Determinar si el Tribunal desconoció las reglas de la sana crítica, impuso una tarifa
probatoria o valoró de manera manifiestamente irrazonable los medios de
16 Corte Constitucional SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben
ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto,
los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la
entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal,
lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en
que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más
no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos
fundamentales.
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convicción constituye un asunto relacionado con la validez constitucional de la
providencia y no únicamente con su corrección legal.
58.
Esta conclusión, desde luego, no supone que los defectos estén demostrados.
El examen de relevancia constitucional se limita a verificar que la solicitud formula
una controversia que es susceptible de ser estudiada en sede de tutela. La cuestión
diferente (que corresponde al análisis de fondo) consiste en establecer si la
valoración efectuada por el Tribunal fue efectivamente arbitraria o si se mantuvo
dentro del ámbito de autonomía del juez natural.
59.
La Subsección B adoptó una conclusión semejante a través de la sentencia del
6 de octubre de 202218. En aquella oportunidad, la Sala revocó una decisión que
había declarado improcedente una acción de tutela por falta de relevancia
constitucional y estudió de fondo el defecto fáctico alegado frente a la valoración de
las pruebas sobre la subordinación laboral.
60.
Por consiguiente, no se comparte la conclusión de la sentencia impugnada
según la cual la tutela carece de relevancia constitucional. Aunque la accionante
pretende una conclusión probatoria distinta de la adoptada en el proceso ordinario,
los argumentos expuestos permiten identificar una censura constitucional concreta
que debe ser examinada de fondo.
3.7.2. Subsidiariedad
61.
El requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho. La sentencia No. 316 del
12 de noviembre de 2025 resolvió el recurso de apelación interpuesto por la
demandante y puso fin al proceso ordinario en segunda instancia. Contra esa
decisión no procedía otro recurso ordinario que permitiera discutir la valoración de
los testimonios, el alcance de la resolución del Ministerio del Trabajo o la eventual
configuración del contrato realidad. Tampoco se advierte la existencia de un medio
extraordinario idóneo para plantear los reproches formulados.
62.
Además, los cuestionamientos centrales fueron planteados durante el proceso
ordinario. En el recurso de apelación, la parte actora controvirtió la valoración de los
testimonios, el alcance otorgado a la tacha de imparcialidad y el examen de la
Resolución 2017000231. Por tanto, la tutela no introduce por primera vez los
elementos esenciales de la controversia.
63.
No ocurre lo mismo respecto del argumento relacionado con la carga dinámica
de la prueba, que fue desarrollado expresamente en la impugnación y no formó
parte de los cargos formulados en la solicitud inicial.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2022, exp. 11001-03-15-
000-2022-03390-01, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. En similar sentido, ver Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 21 de julio de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-02078-01, M.P. Martín
Bermúdez Muñoz. Esta providencia de tutela de segunda instancia también encontró acreditada la relevancia
constitucional en un caso similar al presente.
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3.7.3. Inmediatez
64.
La solicitud satisface el requisito de inmediatez. Aun sin contar el tiempo desde
la ejecutoria de la providencia demandada19, la sentencia del Tribunal fue proferida
el 12 de noviembre de 2025 y la acción de tutela fue radicada el 6 de abril de 2026.
Entre ambas fechas transcurrió menos de cinco meses, lapso que resulta razonable
para controvertir una sentencia judicial mediante este mecanismo.
3.7.4. Identificación razonable de los hechos y derechos vulnerados
65.
La accionante identificó las providencias cuestionadas, los derechos
fundamentales que consideró vulnerados y los hechos que, en su criterio, originaron
esa afectación. También explicó las razones por las cuales se configuran los
defectos fáctico y sustantivo y señaló los medios probatorios cuya valoración
controvierte.
66.
En particular, individualizó los testimonios de Viviana Andrea Romero, Paula
Andrea Herrera Morales, Nhora Stella Cortés Carrasquilla y Liliana Hernández; la
Resolución 2017000231 del Ministerio del Trabajo; la tacha de imparcialidad; y las
consideraciones mediante las cuales el Tribunal diferenció la subordinación de la
coordinación contractual.
67.
La solicitud, por tanto, contiene información suficiente para delimitar el debate
constitucional y permitir el ejercicio del derecho de defensa de la autoridad judicial
accionada y de los terceros vinculados.
3.7.5. Incidencia directa de las irregularidades alegadas
68.
Las irregularidades advertidas tendrían, en caso de demostrarse, una incidencia
directa en la decisión cuestionada. El Tribunal encontró acreditadas la prestación
personal del servicio y la remuneración, pero negó las pretensiones porque
consideró que no se probó la subordinación frente al Hospital.
69.
Los reproches de la tutela recaen precisamente sobre la valoración de las
pruebas relacionadas con ese elemento: las órdenes impartidas, los horarios, los
permisos, el control funcional, la tacha de las testigos y el alcance de la resolución
administrativa sobre intermediación laboral. Por ello, una eventual irregularidad
manifiesta en su valoración podría tener efectos determinantes en el sentido de la
sentencia.
19 Según certifica el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la sentencia de segunda instancia fue notificada
a las partes por correo electrónico del 19 de noviembre de 2025. En ese orden de ideas, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, la
notificación se entiende concretada el 21 de noviembre de 2025. La ejecutoria de la providencia, por tanto,
ocurrió a las 5:00 p.m. del 26 de noviembre de 2025. Esto significa que los seis meses que la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional consideran prudenciales para interponer el recurso de amparo
contra decisiones judiciales, vencía el 25 de mayo de 2026. Ver en Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02516-
00, índice 15, certificado 40E27C6C9E805BA3 92B38BCD5F77DE7F B0716F223ECEE12D
E03D4C605B2123D0.
13
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70.
Esta constatación tampoco implica que la irregularidad exista ni que una nueva
valoración conduzca necesariamente al reconocimiento del contrato realidad.
Únicamente permite establecer que los cargos no se refieren a aspectos accesorios,
sino al fundamento central de la decisión adversa.
3.7.6. La providencia cuestionada no es una sentencia de tutela
71.
Finalmente, la acción no se dirige contra una sentencia de tutela. La providencia
cuestionada fue emitida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de naturaleza laboral, por lo que se satisface este requisito.
3.8. Defecto fáctico
3.8.1. Generalidades sobre el defecto fáctico
72.
La Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela contra providencias
judiciales solo procede, en materia probatoria, cuando el error atribuido al juez
resulta evidente y constitucionalmente relevante. No basta, por tanto, con que la
parte discrepe de la forma en que fueron apreciados los medios de convicción o
considere preferible otra lectura del expediente, por lo que resulta necesario que la
decisión judicial se aparte de manera manifiesta de la evidencia disponible y revele
un ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional.
73.
En la sentencia T-261 de 2013, por ejemplo, la Corte distinguió entre la
exclusión injustificada de una prueba y su valoración defectuosa. Explicó que esta
última configura un defecto fáctico únicamente cuando el juez se separa por
completo de los hechos debidamente acreditados, resuelve al margen del contenido
objetivo del expediente o funda su decisión en elementos que no podían ser
valorados. De ahí que la intervención del juez constitucional solo sea admisible
cuando la apreciación probatoria resulte caprichosa y se encuentre claramente
desligada de las reglas de la sana crítica20.
74.
Ese estándar fue reiterado en la sentencia T-432 de 2018, en la que se precisó
que el defecto fáctico exige identificar un error ostensible, flagrante y manifiesto, con
incidencia directa en la decisión cuestionada. La excepcionalidad del amparo
obedece a que la autonomía judicial comprende la facultad de asignar distintos
grados de credibilidad y fuerza demostrativa a las pruebas, siempre que la
conclusión adoptada sea razonable, esté motivada y encuentre respaldo en el
material obrante en el proceso21.
75.
Más recientemente, la sentencia T-535 de 2023 recordó que las diferencias
acerca de la valoración de la prueba no constituyen, por sí mismas, un defecto
fáctico, pues, nuevamente, este solo se presenta cuando la apreciación judicial
revela un error ostensible, flagrante, manifiesto e irrazonable, derivado de un
20
Corte Constitucional, sentencia T-261 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21
Corte Constitucional, sentencia T-432 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
14
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proceder caprichoso y con entidad suficiente para determinar el sentido de la
providencia. Conforme con este criterio, el examen del caso concreto deberá
establecer si los reparos formulados demuestran una arbitrariedad probatoria de
esa magnitud o expresan únicamente una lectura alternativa del expediente.
3.8.2. Análisis del defecto fáctico planteado en la acción de tutela
76.
Sentado lo anterior, debe indicarse que la Sala considera que la providencia
cuestionada no incurrió en el defecto fáctico invocado por la actora. Aunque la
accionante plantea una interpretación posible del material probatorio, no demuestra
que el Tribunal hubiera omitido pruebas determinantes, alterado su contenido o
extraído conclusiones manifiestamente contrarias a la evidencia. En cambio, sus
reparos se dirigen contra el grado de credibilidad y fuerza demostrativa que el juez
natural asignó a los elementos que fueron expresamente identificados y examinados
en la sentencia.
77.
En efecto, el Tribunal no desconoció que la señora Mazo Arango prestó
personalmente sus servicios en las instalaciones del Hospital, recibió una
remuneración y debía atender turnos y reportes de pacientes. La controversia se
concentró exclusivamente en establecer si esas condiciones demostraban la
subordinación jurídica frente a la E.S.E. o si correspondían a mecanismos de
coordinación funcional necesarios para prestar los servicios asistenciales
contratados. La autoridad judicial optó por esta última explicación, luego de
contrastar los testimonios con los documentos contractuales, los comprobantes de
pago y las planillas de seguridad social.
78.
Por ejemplo, en el contraste de los testimonios con la prueba documental
obrante en el plenario, el Tribunal destacó la contradicción existente entre lo
afirmado por una de las testigos y los instrumentos aportados por una de las partes
vinculadas al proceso, así:
[…] Lo mismo ocurre con la declaración de Paula Andrea Herrera, quien señaló que
el hospital realizaba los pagos y que la actora hacía parte de la nómina, aseveración
que se contradice con los recibos de pago y planillas de aportes aportadas por
ASOSINDISALUD y SERVIPROFESIONALES, en los cuales no figura el hospital
como empleador. En consecuencia, tales testimonios no permiten tener por
demostrado el elemento de subordinación jurídica22.
79.
La contradicción identificada constituía una razón objetiva para que el Tribunal
restara fuerza demostrativa a ese aparte de la declaración, sin que corresponda al
juez de tutela sustituir dicha valoración por otra igualmente posible.
22 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02516-00, índice 2, certificado 21683E153661585F
DD5965D300D0C514 E54C33771B7E85A0 79B0E96DA0B93A23.
15
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3.8.2.1. Valoración de los testimonios solicitados por la demandante
80.
No se advierte que el Tribunal hubiera excluido las declaraciones de Viviana
Andrea Romero, Paula Andrea Herrera Morales y Nhora Stella Cortés Carrasquilla
por el solo hecho de que las testigos hubieran promovido procesos judiciales
semejantes. Al contrario, la sentencia reseñó el contenido de sus versiones y
reconoció que coincidían en señalar que la actora cumplía horarios, recibía
instrucciones de personal del Hospital y dependía de la subgerencia asistencial. La
tacha de imparcialidad fue utilizada para justificar una valoración más estricta y la
confrontación de esos relatos con los demás medios de prueba, no para declararlos
inadmisibles.
81.
Esa forma de proceder resulta compatible con la sana crítica. La circunstancia
de que las declarantes fueran demandantes en procesos promovidos contra algunas
de las mismas entidades no anulaba sus testimonios, pero sí permitía examinar con
mayor cautela su objetividad. El Tribunal verificó concretamente la existencia de
esos litigios y explicó por qué consideraba necesaria una corroboración externa. Por
tanto, la tutela no demuestra que la tacha se hubiera convertido en una regla
automática de exclusión.
82.
Tampoco se acreditó la supuesta imposición de una tarifa documental. El
Tribunal no sostuvo que la subordinación únicamente pudiera demostrarse
mediante memorandos, órdenes escritas o registros de turnos. Lo que afirmó fue
que, dadas las circunstancias que incidían en la credibilidad de las testigos, no
obraban otros elementos objetivos que confirmaran las órdenes y controles
atribuidos al Hospital. La referencia a la falta de documentos constituyó, entonces,
una razón para considerar insuficientes las declaraciones, no la negación de su
aptitud legal como medio probatorio.
83.
Además, la autoridad judicial identificó razones concretas para restarles fuerza
demostrativa. Frente a Viviana Andrea Romero, precisó que sus afirmaciones
generales acerca de la permanencia de la actora en el Hospital y las instrucciones
recibidas no estaban respaldadas por otros elementos. En cuanto a Paula Andrea
Herrera, como se señaló previamente, advirtió que su aseveración según la cual el
Hospital efectuaba los pagos y la demandante hacía parte de su nómina era
contraria a los comprobantes y planillas que atribuían esas obligaciones a
Asosindisalud y Serviprofesionales Ltda.
84.
La declaración de Nhora Stella Cortés tampoco imponía una conclusión
inequívoca. Aunque se refirió a horarios, permisos, insumos y coordinación de rutas,
reconoció que no sabía si existía un lineamiento del Hospital que impidiera
ausentarse. Su relato permitía sostener la interpretación propuesta por la
accionante, pero también admitía que la organización de rutas y horarios
correspondiera a la coordinación técnica requerida para atender a los pacientes. La
elección entre esas inferencias pertenecía, en principio, al margen de apreciación
del juez natural.
16
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85.
Así, la providencia no afirmó que los hechos descritos por las testigos fueran
inexistentes. Consideró que el cumplimiento de horarios, la asignación de pacientes,
el suministro de insumos y la recepción de instrucciones no permitían establecer,
por sí solos, que el Hospital ejerciera un poder jurídico continuado de dirección y
disciplina. Esa conclusión, claramente, puede ser discutida y ser objeto de
controversia, pero no aparece desligada del contenido de las pruebas ni resulta
ostensiblemente arbitraria.
3.8.2.2. Valoración del testimonio de Liliana Hernández
86.
Tampoco se observa una asimetría manifiestamente irrazonable en el examen
de la declaración de Liliana Hernández. El Tribunal identificó expresamente que la
testigo se había desempeñado como jefe de recursos humanos de Asosindisalud y,
por tanto, no ignoró su relación con una de las entidades demandadas. Sin
embargo, estimó que su versión era precisa y coherente, pues señaló que la
asociación dirigía al personal vinculado al contrato sindical, tramitaba sus permisos,
efectuaba los pagos y realizaba los aportes a la seguridad social.
87.
La autoridad judicial confrontó esas afirmaciones con los convenios, los recibos
de pago y las planillas aportadas al expediente. Tales documentos mostraban que
Asosindisalud administraba formalmente la vinculación, pagaba las
compensaciones y realizaba los aportes. Si bien esa documentación no demostraba
necesariamente quién impartía todas las instrucciones cotidianas, sí brindaba un
respaldo objetivo a una parte sustancial del testimonio y permitía otorgarle un grado
de credibilidad diferente al de las demás declarantes.
88.
La accionante propone que la relación de Liliana Hernández con Asosindisalud
obligaba a desconfiar de su declaración en la misma medida que de las testigos
tachadas. No obstante, esa es otra forma posible de apreciar la prueba, no la única
constitucionalmente admisible. El Tribunal diferenció los testimonios atendiendo a
su concordancia con los documentos y a las contradicciones advertidas, de manera
que la distinta fuerza demostrativa asignada no se fundó únicamente en la identidad
de quienes declararon.
89.
Por la misma razón, la negativa a compulsar copias por falso testimonio fue
razonable. El Tribunal consideró que las diferencias entre Liliana Hernández y las
testigos de la demandante reflejaban percepciones contrapuestas sobre la forma en
que se organizó el servicio, pero no demostraban que aquella hubiera faltado
deliberadamente a la verdad. La parte actora tampoco identificó una afirmación
concreta cuya falsedad surgiera de manera inequívoca de los documentos.
3.8.2.3. Resolución 2017000231 del Ministerio del Trabajo
90.
Contrario a lo sostenido en la tutela, la Resolución 2017000231 no fue omitida.
El Tribunal se refirió expresamente a la sanción impuesta al Hospital y a
Asosindisalud y reconoció que estaba relacionada con prácticas generales de
intermediación laboral. Sin embargo, consideró que sus efectos eran administrativos
17
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y preventivos y que no declaraba la existencia de una relación laboral individual
entre la señora Mazo Arango y la E.S.E.
91.
Esa apreciación no es contraevidente, porque la resolución daba cuenta de un
contexto general de tercerización laboral, pero no examinó de manera individual las
condiciones en que la accionante desarrolló su labor ni estableció quién le impartía
órdenes, autorizaba sus permisos o ejercía potestad disciplinaria sobre ella. Por ello,
el Tribunal podía reconocerle valor contextual sin considerarla suficiente para
demostrar la subordinación debatida en el proceso.
92.
La manifestación atribuida a Asosindisalud, según la cual sus asociados
recibían órdenes de funcionarios de planta, tampoco imponía necesariamente la
declaración de la relación laboral encubierta. La expresión debía ser valorada dentro
del objeto general de la actuación administrativa y admitía la distinción entre
órdenes subordinantes e instrucciones técnicas o de coordinación. Precisamente
esa diferenciación constituyó el eje de la sentencia cuestionada.
93.
En consecuencia, el Tribunal no exigió que la resolución fuera una prueba plena
para admitirla como medio de convicción, sino que explicó por qué sus hallazgos
generales no sustituían la demostración del elemento individual de subordinación.
La accionante le atribuye un alcance indiciario más intenso, pero esa discrepancia
sobre su peso probatorio no convierte en arbitraria la conclusión adoptada.
3.8.2.4. Naturaleza misional, continuidad y cambio de intermediarios
94.
Que la labor fuera necesaria para el funcionamiento del Hospital podía ser
relevante para examinar la legalidad de la tercerización, pero no permitía concluir
automáticamente que la E.S.E. hubiera ejercido sobre la demandante un poder
continuado de dirección. El Tribunal podía exigir, además, pruebas concretas acerca
de la forma en que ese poder se manifestó en su caso particular.
95.
Lo mismo ocurre con la continuidad de las funciones y el cambio de entidades
intermediarias. Esos hechos podían operar como indicios favorables a la tesis de la
accionante, pero no conducían de manera necesaria a demostrarla. Los
documentos mostraban que Asosindisalud realizó pagos y aportes entre noviembre
de 2013 y diciembre de 2015, mientras que Serviprofesionales Ltda. celebró un
contrato de trabajo en misión desde el 14 de junio de 2016, pagó salarios y
prestaciones y recibió la renuncia de la actora el 5 de julio siguiente.
96.
Además, existían diferencias entre las fechas señaladas en la demanda y las
acreditadas documentalmente. Estas circunstancias permitían considerar que se
trató de vínculos jurídicos distintos y debilitaban la afirmación de una relación única
e ininterrumpida con el Hospital. Que la accionante proponga inferir de la sucesión
contractual un patrón de «deslaboralización» no significa que el Tribunal estuviera
obligado a adoptar esa misma inferencia.
18
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3.8.2.5. Falta de contestación de la demanda
97.
La sentencia también registró que el Hospital y Asstracud no contestaron la
demanda. Por tanto, no se trató de una circunstancia desconocida por la autoridad
judicial. Sin embargo, la tutela no identificó una norma que obligara a tener
automáticamente por probados los hechos relativos a la subordinación, ni precisó
cuáles afirmaciones concretas debían considerarse admitidas como consecuencia
de ese silencio.
98.
La falta de contestación podía apreciarse como un elemento adicional, pero no
suplía la prueba de los presupuestos de la relación laboral ni desvirtuaba los
documentos y testimonios aportados por las demás entidades demandadas. En esa
medida, la ausencia de una inferencia adversa expresa no constituye una omisión
probatoria ostensible ni tiene, por sí sola, aptitud para modificar el sentido de la
decisión.
3.8.2.6. Valoración conjunta de las pruebas
99.
La estructura de la sentencia descarta, finalmente, que las pruebas hubieran
sido examinadas de manera completamente aislada. El Tribunal comenzó por
establecer la prestación personal del servicio y la remuneración a partir de los
convenios, contratos, pagos y planillas; luego contrastó esos documentos con las
declaraciones de las testigos, examinó las circunstancias que afectaban su
imparcialidad, valoró la versión de Liliana Hernández, y, finalmente, determinó el
alcance de la resolución ministerial.
100.
Que la accionante considere que la apreciación conjunta debía conducir a una
conclusión distinta no demuestra la ocurrencia del defecto alegado. Su
argumentación parte de otorgar mayor peso a los testimonios, atribuir a la resolución
ministerial un efecto corroborador más intenso, considerar concluyente la
continuidad de las funciones y extraer una inferencia adversa de la falta de
contestación. Se trata de una lectura posible del expediente, pero no de la única
compatible con la sana crítica.
3.8.2.7. Argumento sobre la carga dinámica de la prueba
101.
Debe agregarse que el reproche relacionado con la carga dinámica de la prueba
no fue formulado en la solicitud inicial de amparo, sino desarrollado por primera vez
en la impugnación. Además, no se acreditó que durante el proceso ordinario la
demandante hubiera solicitado la redistribución de esa carga, identificado los
documentos concretos que estaban en poder exclusivo del Hospital o requerido su
exhibición.
102.
En esas condiciones, no puede atribuirse al Tribunal un defecto fáctico por no
haber aplicado de oficio una distribución probatoria que no fue planteada
oportunamente. Las particularidades del caso tampoco obligaban al operador
jurídico a decretar de oficio tal distribución. Por ese motivo, el argumento de la actora
19
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tampoco demuestra que la providencia se hubiera fundado en una prueba
inexistente o que hubiera omitido un elemento incorporado al expediente.
4. Conclusión
103.
La Sala concluye que la solicitud de amparo plantea una controversia de
relevancia constitucional, pues cuestiona la valoración de las pruebas relacionadas
con el elemento de subordinación. Sin embargo, el examen de la providencia
controvertida no permite advertir que el Tribunal hubiera omitido medios de
convicción determinantes, alterado su contenido o extraído conclusiones
manifiestamente contrarias a la evidencia disponible.
104.
Aunque la sentencia pudo desarrollar con mayor amplitud el valor contextual de
la Resolución 2017000231 y la relación de Liliana Hernández con Asosindisalud,
esas posibles insuficiencias no constituyen un error ostensible, flagrante, manifiesto
o grosero. El Tribunal identificó las pruebas relevantes, expuso su contenido, las
contrastó entre sí y explicó las razones por las cuales no le generaron certeza
acerca del ejercicio de subordinación por parte del Hospital.
105.
Los reparos de la accionante expresan, por otra parte, una lectura alternativa
del mismo acervo probatorio. Pretenden que el juez de tutela otorgue mayor
credibilidad a determinados testimonios, reconozca un alcance indiciario más
intenso a la resolución ministerial y extraiga conclusiones diferentes de la
continuidad de las funciones, el cambio de intermediarios y la falta de contestación
de la demanda. Esa discrepancia no demuestra que la valoración del juez natural
fuera caprichosa, contraevidente o carente de sustento objetivo, por lo que no se
configuró el defecto fáctico alegado.
106.
Tampoco se acreditó el defecto sustantivo. El Tribunal no desconoció el
principio de primacía de la realidad ni sostuvo que las formas contractuales
impidieran reconocer una relación laboral. Por el contrario, examinó si las
condiciones materiales del servicio demostraban sus elementos constitutivos y
concluyó que no se había probado la subordinación. Como esta apreciación no
resultó constitucionalmente arbitraria, el principio previsto en el artículo 53 de la
Constitución no permitía tener por acreditada una realidad laboral que el material
probatorio, según la valoración razonable del juez ordinario, no demostró.
107.
Por otra parte, la accionante no formuló cargos autónomos respecto de los
derechos al trabajo, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, pues
hizo depender su vulneración de la configuración de los defectos fáctico y sustantivo
atribuidos a la providencia cuestionada. De esta manera, al no haberse acreditado
ninguno de esos defectos, tampoco se demuestra la afectación de las demás
garantías fundamentales invocadas.
20
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02516-01 (6788)
Accionante: Lina Johana Mazo Arango
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
108.
En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia, en cuanto
declaró improcedente la acción por falta de relevancia constitucional y, en su lugar,
se negará el amparo de los derechos fundamentales invocados.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Modificar la sentencia del 30 de abril de 2026, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción
de tutela por falta de relevancia constitucional.
Segundo: Negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia invocados por Lina
Johana Mazo Arango, de conformidad con las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar esta providencia a las partes y a los demás interesados por el
medio más expedito posible.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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