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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02567-00

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02567-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Ovidio Mosquera Moreno y otros, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02567-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02567-00
Demandante LUIS OVIDIO MOSQUERA MORENO Y OTROS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales de
procedibilidad. Relevancia constitucional. Recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia. Régimen de responsabilidad por actos
terroristas en el marco del conflicto armado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Luis Ovidio Mosquera Moreno, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 6 de abril de 20261, el señor Luis Ovidio Mosquera Moreno, mediante apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra la Sección Tercera del Consejo de Estado
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, con la sentencia del 26 de
noviembre de 2025, mediante la cual la mencionada autoridad judicial declaró
infundado el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en el expediente
11001-03-26-000-2021-00244-00 (67798).

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
«1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la justicia
de mi representado.
2. Dejar sin efectos la providencia del 26 de noviembre de 2025 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
3. Ordenar a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión aplicando el
precedente de unificación del 4 de junio de 2019.».

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1
Samai, índice 2.
2
Página 10 de la acción de tutela.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02567-00
Demandante: Luis Ovidio Mosquera Moreno

2.1. El 27 de abril de 2016, Luis Ovidio Mosquera Moreno y otros3 presentaron
demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional, con el fin
de que se declarara su responsabilidad patrimonial por la muerte de Óscar
Mosquera Martínez y para que se les condenara al pago de los perjuicios
reclamados.

En los antecedentes del caso se lee que el señor Óscar Mosquera Martínez
falleció el 25 de julio de 2014, como consecuencia de la detonación de un
artefacto explosivo en el supermercado Mercamés en el municipio de Quibdó.

2.2. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Juzgado
Tercero Administrativo de Quibdó y fue identificado con el radicado 27001-33-
33-003-2016-00139-01. En sentencia del 22 de octubre de 2020, el juez negó
las pretensiones de la demanda por considerar que el daño tuvo origen
exclusivo en el hecho de un tercero. La providencia fue apelada por la parte
demandante.

2.3. En sentencia del 8 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del Chocó
confirmó la decisión de primera instancia al considerar que no se encontraba
acreditada la falla en el servicio. Asimismo, precisó que no era procedente la
aplicación del régimen objetivo de responsabilidad porque el atentado no se
dirigió en contra de un objetivo institucional, sino contra un establecimiento de
carácter privado.

2.4. El 14 de octubre de 2021, la parte actora interpuso recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia contra la sentencia del Tribunal Administrativo del
Chocó. Argumentó que la providencia judicial desconoció la sentencia de
unificación del 4 de junio de 2019, proferida por la Sala 22 Especial de Decisión
del Consejo de Estado dentro del radicado 44001-23-31-002-2002-00438-01.

Los demandantes indicaron que el Tribunal Administrativo del Chocó se apartó
de la denominada teoría del riesgo conflicto, según la cual en estos eventos
debe aplicarse el régimen objetivo de responsabilidad al margen de que el
ataque terrorista se dirija contra un objetivo estatal

2.5. En providencia del 26 de noviembre de 2025, la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en pleno, declaró infundado el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia identificado bajo el radicado 11001-03-26-000-2021-00244-00
(67798) considerando que la sentencia recurrida no desconoció las reglas
fijadas en el fallo judicial del 4 de junio de 2019.

Esta sentencia fue notificada mediante mensaje de datos remitido a los sujetos
procesales el 4 de diciembre de 20254.

3. Fundamentos de la acción

En consideración de la parte actora, la Sección Tercera del Consejo de Estado
vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso

3 Alcira Beatriz Martínez Toscano, Saida Patricia Mosquera Martínez, Yair Antonio Mosquera Martínez, Sandy Andrea
Mosquera Martínez, Claudia Lucía Mosquera Martínez, Luis Eduardo Mosquera Mena, Ludis Yaneth Mosquera Mena,
Lusislenis Mosquera Rentería, Luis Mario Mosquera Bejarano, Yorman Amin Mosquera Bejarano, Esneider Andrés Mosquera
Bejarano y Patricia Moreno de Mosquera
4
Samai proceso 11001-03-26-000-2021-00244-00, índice 24.
2

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02567-00
Demandante: Luis Ovidio Mosquera Moreno

a la administración de justicia al proferir la sentencia del 26 de noviembre de 2025
que declaró infundado el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Sostuvo que la sentencia acusada adolece de defecto por desconocimiento del
precedente judicial al omitir aplicar al caso analizado las reglas de decisión de la
sentencia proferida por la Sala 22 Especial de Decisión del Consejo de Estado. En
esa vía, manifestó que en esta providencia se indicó que los actos terroristas
ejecutados en el marco del conflicto armado interno deben analizarse bajo el
régimen objetivo de responsabilidad porque generan para la población civil un riesgo
excepcional o riesgo-conflicto.

De acuerdo con lo anterior, advirtió que el Tribunal Administrativo del Chocó y la
Sección Tercera del Consejo de Estado se equivocaron al analizar su caso bajo un
enfoque restringido que fue superado en la sentencia que se invoca como
desconocida. En esa vía, enfatizó en que era necesario considerar además del
objetivo estatal, el contexto de conflicto armado interno bajo el que se ejecutó el
acto terrorista y la finalidad desestabilizadora de las instituciones.

Por último, los actores se refirieron al orden público en el municipio de Quibdó, el
cual catalogaron como zona roja. También indicaron que allí se desarrollan
actividades legítimas de agentes del Estado que repercuten en riesgos para la
población civil, lo que conlleva represalias por parte de los grupos ilegales, como
consideran que ocurrió con la explosión del artefacto que causó la muerte de Óscar
Mosquera Martínez.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 10 de abril de 2026, el despacho ponente admitió la acción de
tutela presentada por el señor Luis Ovidio Mosquera Moreno contra el Consejo
de Estado, Sección Tercera.

Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, a quienes fungieron como
sujetos procesales en el medio de control de reparación directa y en el recurso
extra ordinario de unificación sub examine, así: al Tribunal Administrativo de
Chocó y al Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó; a la Nación, Ministerio
de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional; a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público; y a quienes actuaron en
calidad de demandantes en los procesos5.

También se ofició a la Secretaría General de esta Corporación y al Juzgado
Tercero Administrativo de Quibdó para que notificara la existencia de esta
acción de tutela a los sujetos procesales del recurso extraordinario de revisión
y del proceso de reparación directa. Además, se le requirió a la primera
dependencia fijar aviso con ese propósito.

Finalmente, se solicitó a las autoridades judiciales de los procesos analizados
que adelantaran las gestiones necesarias para asegurar el acceso a los
expedientes digitalizados por parte del juez de tutela y se reconoció personería
jurídica al abogado Erlin Abad Palacios como apoderado de la parte actora.

5
En el auto se mencionó a las siguientes personas: Alcira Beatriz Martínez Toscano, Saida Patricia Mosquera Martínez,
Yair Antonio Mosquera Martínez, Sandy Andrea Mosquera Martínez, Claudia Lucía Mosquera Martínez, Luis Eduardo
Mosquera Mena, Ludis Yaneth Mosquera Mena, Lusislenis Mosquera Rentería, Luis Mario Mosquera Bejarano, Yorman
Amin Mosquera Bejarano, Esneider Andrés Mosquera Bejarano y Patricia Moreno De Mosquera.
3

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Demandante: Luis Ovidio Mosquera Moreno

4.2. La Secretaría General del Consejo de Estado acreditó las siguientes
gestiones de notificación en esta acción de tutela:

• El 21 de abril de 2026 requirió al apoderado del accionante para que informara
los datos de notificación de las personas que actuaron como demandantes en el
medio de control de reparación directa con radicado 27001-33-33-003-2016-
00139-00/01 y fueron vinculados en calidad de terceros con interés en la tutela
de la referencia.
• El 22 de abril de 2026, surtió la notificación de la acción de tutela a las direcciones
de correo electrónico suministrados por el apoderado de la parte actora.
• El 22 de abril de 2026, publicó aviso en el que informó a los sujetos procesales
indicados en el auto admisorio la existencia de esta acción de tutela.

4.3. El 27 de abril de 2026, el apoderado de la parte actora allegó poderes
otorgados por las siguientes personas con el fin de interponer la presente
acción de tutela: Esneider Andrés Mosquera Bejarano, Luis Eduardo
Mosquera Mena, Alcira Beatriz Martínez Toscano, Yair Antonio Mosquera
Martínez, Yorman Amín Mosquera Bejarano, Ludis Yaneth Mosquera Mena,
Luis Mario Mosquera Bejarano, Saida Patricia Mosquera Martínez, Claudia
Lucía Mosquera Martínez y Lusislenis Mosquera Rentería.

4.4. La Sección Tercera del Consejo de Estado, por conducto de la magistrada
Adriana Polidura Castillo, solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela promovida contra la sentencia del 26 de noviembre de 2025 o, que,
en su defecto, se niegue la petición de amparo ante la inexistencia de un
escenario de vulneración de derechos.

Advirtió que los demandantes utilizan la acción de tutela como un mecanismo
para controvertir el análisis jurídico efectuado por esa Sección en la sentencia
del 26 de noviembre de 2025, en particular, sobre el alcance que la autoridad
judicial le otorgó a la sentencia del 4 de junio de 2019. En esa vía, indicó que
lo pretendido es reabrir un debate que ya fue resuelto en el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, pero que no evidenció una
afectación desproporcionada de los derechos invocados que justifique la
procedencia de la acción de tutela.

En cuanto al fondo del asunto, manifestó que no se concretó el alegado
desconocimiento del precedente judicial. Recordó que en la sentencia acusada
se precisó que en la sentencia del 4 de junio de 2019 no se introdujeron reglas
novedosas en materia de responsabilidad del estado por actos terroristas, sino
que se sistematizaron las reglas existentes.

Establecido lo anterior, analizó la providencia de segunda instancia del
Tribunal Administrativo del Chocó y concluyó que esa autoridad sí tomó en
consideración las reglas creadas en la sentencia del 4 de junio de 2019, pero
concluyó que no había lugar a aplicar el riesgo excepcional, porque no se
acreditaba uno de los presupuestos allí mencionados.

En esa medida, manifestó que no se concretó el desconocimiento del
precedente, sino que el fallo se edificó sobre la comprensión y aplicación
expresa de la decisión de unificación invocada, pero la parte actora pretende
darle a la sentencia un alcance que no tiene. Precisó que, en consideración de
la parte actora, todo acto terrorista compromete la responsabilidad
4

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Demandante: Luis Ovidio Mosquera Moreno

extracontractual del Estado, postura que no ha sido avalada por el precedente
del Consejo de Estado; por el contrario, de manera reiterada se ha indicado
que el Estado no actúa como asegurador universal frente a daños derivados
del terrorismo.

Finalmente, indicó que los casos objeto de comparación no tienen identidad
fáctica que permita predicar la obligatoriedad en cuanto a la solución de la
controversia.

4.5. El Tribunal Administrativo del Chocó, por conducto de la magistrada
Graciela Tangarife Betancourt, hizo un recuento del proceso y enfatizó en los
argumentos expuestos en la sentencia ordinaria de segunda instancia para
negar las pretensiones de la demanda. En particular, informó la premisa
jurisprudencial que aplicó en la solución del caso concreto.

De otra parte, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
debido a que no se concretó vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.

4.6. La Nación, Ministerio de Defensa, por conducto de apoderada judicial, indicó
que la acción de tutela es improcedente porque se está utilizando como una
instancia adicional, propósito que desconoce su naturaleza. Dijo que la acción
de tutela no tiene por finalidad resolver las inconformidades de las partes frente
a las consideraciones de las providencias judiciales.

También consideró que la tutela carece de una carga argumentativa que
justifique con suficiencia la concreción del defecto por desconocimiento del
precedente judicial. En su consideración la parte actora se limitó a exponer
una inconformidad con la valoración de los hechos del atentado, pretendiendo
que el juez de tutela reemplace el criterio del juez natural sobre la configuración
del riesgo excepcional.

De otro lado, manifestó que no es cierto que el tribunal no haya aplicado la
sentencia del 4 de junio de 2019 para resolver el proceso ordinario. Por el
contrario, destacó que sí se consideró, pero, a su juicio, la parte actora
pretende que se le de un alcance que no tiene.

Precisó que el precedente de 2019 no estableció una responsabilidad
automática del Estado por todos los actos terroristas, sino que deben darse los
supuestos para ello, lo que no ocurrió en el caso particular, pues: (i) se trató
de un acto terrorista perpetuado por un tercero; (ii) no existían amenazas
previas ni solicitudes de protección específicas; y (iii) el atentado no recayó
sobre un bien representativo del Estado ni que colindara con instalaciones
militares.

De acuerdo con lo anterior, concluyó que la Sección Tercera del Consejo de
Estado actuó conforme a derecho al declarar infundado el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.

4.7. La Policía Nacional, por conducto del jefe del Área Jurídica (e), solicitó que
se le desvincule de esta acción de tutela por carecer de legitimación en la
causa por pasiva. Destacó que la tutela se dirige contra una providencia judicial
respecto de la cual esa entidad no tiene injerencia alguna.

5

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Como argumento subsidiario, solicitó que se declare la improcedencia de la
acción debido a que no se acreditó una amenaza inminente o la concreción de
un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener en cuenta

6
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
7
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
8
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
6

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que, en la sentencia SU-573 de 20179, la Corte Constitucional analizó el tercer
elemento en el acápite de relevancia constitucional.

3. Cuestión previa: de los nuevos poderes allegados en el trámite de la
tutela

El 27 de abril del año en curso, el abogado de la parte actora allegó los poderes que
le fueron conferidos por varias de las personas10 que integraron el extremo activo
dentro del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia 11001-03-26-000-
2021-00244-00 (67798), con el propósito de interponer acción de tutela contra la
sentencia del 26 de noviembre de 2025.

Debe precisarse que los poderes fueron incorporados al expediente cuando ya se
había conformado la relación procesal en el auto admisorio de la demanda. Así
entonces, aunque estas personas fueron vinculadas inicialmente al trámite en
calidad de terceros con interés, con posterioridad otorgaron poder al abogado de la
parte actora, circunstancia de la cual se infiere su intención de adherirse a las
pretensiones de amparo.

Por lo anterior, la Sala los tendrá como accionantes adherentes en este trámite
constitucional.

4. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos y por tratarse de una acción de tutela
contra una providencia judicial, la Sala debe surtir un primer análisis para establecer
si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente, el de relevancia constitucional.

En caso de superar dicho examen, el problema jurídico se concentrará en establecer
si la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en desconocimiento del
precedente judicial al proferir la providencia del 26 de noviembre de 2025 que
declaró infundado el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia dentro
del radicado 11001-03-26-000-2021-00244-00 (67798).

5. Análisis del presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional
en el caso particular

5.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.

9
Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
10
Los nuevos poderes fueron otorgados por: Esneider Andrés Mosquera Bejarano, Luis Eduardo Mosquera Mena, Alcira
Beatriz Martínez Toscano, Yair Antonio Mosquera Martínez, Yorman Amín Mosquera Bejarano, Ludis Yaneth Mosquera
Mena, Luis Mario Mosquera Bejarano, Saida Patricia Mosquera Martínez, Claudia Lucía Mosquera Martínez y Lusislenis
Mosquera Rentería.
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Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

5.2. Se advierte que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional para controvertir una providencia judicial proferida en
el marco de un recurso extraordinario. En efecto, la solicitud de amparo carece
de carga argumentativa suficiente para demostrar, desde una perspectiva
constitucional, que la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en
defecto por desconocimiento del precedente judicial al proferir la sentencia del

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26 de noviembre de 2025 en el proceso 11001-03-26-000-2021-00244-00
(67798).

Para fundamentar esta conclusión, la Sala hará referencia a los argumentos
de la acción de tutela y luego expondrá las razones por las que no cumple con
la carga argumentativa requerida.

5.3. En el escrito de tutela los accionantes alegaron que la sentencia que resolvió
el recurso extraordinario no consideró el real alcance de la providencia de
unificación del 4 de junio de 2019, proferida por la Sala Especial Veintidós de
Decisión del Consejo de Estado. A su juicio, ello llevó a la autoridad judicial
accionada a concluir, de manera equivocada, que el Tribunal Administrativo de
Chocó no la había desconocido.

En línea con lo anterior, cuestionaron que el tribunal que conoció del proceso
de reparación directa hubiera negado la responsabilidad del Estado y que el
Consejo de Estado avalara esa decisión con fundamento en una postura que,
según afirman, perdió vigencia. En particular, reprocharon que se respaldara
el análisis dirigido a corroborar si el atentado se dirigió contra un objetivo
estatal, si ocurrió en una confrontación directa, si era previsible o existía una
solicitud de protección.

A ese respecto, expuso su inconformidad en los siguientes términos:
«(…) pensamos que, si en territorios de conflicto o marcados como zona roja todos los ataques
se hubieran hecho en confrontación directa, contra objetivos estatales y fueran previsibles ya
no habría conflicto, si en este país se les pudiera designar a cada persona que lo solicite
protección de escoltas en zonas de conflicto que equivale casi al 70% del territorio colombiano
no alcanzaría la fuerza pública.»

Posteriormente, en el escrito de tutela se agregó que la sentencia que resolvió
el recurso extraordinario de unificación «[i]gnora la ratio decidendi del precedente de
unificación. Aplica una regla jurisprudencial anterior ya superada. Se aparta del precedente
sin ofrecer una justificación suficiente. Esto configura el defecto por desconocimiento del
precedente».

Acto seguido, agregó:

«no cabe duda que la decisión cuestionada desconoció el precedente fijado en la sentencia
de unificación del 4 de junio de 2019 (…), en la cual reitero, se estableció que cuando civiles
resultan afectados por actos terroristas en el marco del conflicto armado, puede configurarse
responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo derivado del riesgo excepcional o riesgo
conflicto. En el presente caso el atentado fue atribuido al Frente 34 de las FARC y la víctima
era un civil ajeno al conflicto armado. A pesar de ello, las autoridades judiciales exigieron que
el ataque estuviera dirigido contra un objetivo estatal, criterio que fue superado por la sentencia
de unificación mencionada.» (Subraya la Sala)

5.4. Ahora conviene recordar el análisis que hizo la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la sentencia acusada frente al alegado desconocimiento del
precedente de unificación que el actor atribuyó al Tribunal Administrativo del
Chocó en la sentencia de reparación directa del 8 de octubre de 2021 (rad.
2016-00139-01).

Sea lo primero, precisar el problema jurídico que se planteó en la sentencia
del 26 de noviembre de 2025:

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Demandante: Luis Ovidio Mosquera Moreno

«Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida el 8 de octubre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Chocó, en el proceso de reparación directa con radicado núm.
27001-33-33-003-2016-00139-01, contrarió las reglas fijadas en la sentencia de unificación
proferida el 4 de junio de 2019 por la Sala 22 Especial de Decisión de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del radicado núm. 44001-23-31-
002-2002-00438-01, sobre la aplicabilidad de la teoría de “riesgo creado o riesgo conflicto”.»

El anterior cuestionamiento fue resuelto por la autoridad judicial accionada en
los siguientes términos:
«(…) en estricto sentido, dicha providencia [la del 4 de junio de 2019] no acuñó reglas nuevas
en materia de responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros en el marco del
conflicto interno, sino que, a partir de un ejercicio de reiteración jurisprudencial, precisó:
“[…] para que pueda hablarse de responsabilidad administrativa por riesgo excepcional en la
modalidad de riesgo conflicto, deben darse los siguientes supuestos: (1) Que se desarrolle
una actividad legítima de la administración que crea un riesgo; (2) El riesgo debe concretarse
al punto de tener como consecuencia la materialización de un daño ocasionado; (3) El daño
debe tener origen en la actuación de un tercero con la intención de desestabilizar al Estado o
sus instituciones en el marco del conflicto armado; y (4) El caso concreto no puede ser
susceptible de ser encasillado dentro del régimen subjetivo de responsabilidad de la
administración, esto es, la falla del servicio”. Así las cosas, no todo daño que provenga del actuar violento de los grupos armados al margen
de la ley se enmarca en la categoría de “riesgo conflicto”. Por el contrario, para que el Estado
responda por los daños antijuridicos derivados de este tipo de actos, deben concurrir los cuatro
presupuestos precisados en la jurisprudencia.
(…) En la sentencia recurrida el Tribunal Administrativo del Chocó, luego de evacuar la posible
configuración de una falla en el servicio, expresamente concluyó: “Tampoco podría
responsabilizarse a las demandadas a título de riesgo excepcional pues, se itera, el objetivo
del ataque ilegal fue una propiedad privada, no un objetivo institucional ni tampoco se
encontraba cerca de alguna institución estatal que la hiciera vulnerable”. Nótese que este razonamiento hace parte del análisis del tercer elemento esgrimido en la
sentencia que sirve de parámetro a la solicitud de este recurso extraordinario, según el cual
“(3) El daño debe tener origen en la actuación de un tercero con la intención de desestabilizar
al Estado o sus instituciones en el marco del conflicto armado”. Así, al advertir que el ataque no tuvo como objetivo la institucionalidad estatal, el Tribunal
evidencia que el acto terrorista dirigido contra el supermercado “Mercamés” no ostenta el
elemento intencional de desestabilizar o presionar al Estado en el marco del conflicto interno,
o de ejercer algún tipo de presión contra sus dependencias o instituciones, además porque
“no se probó que el atentado al establecimiento de comercio Mercamés de la ciudad de Quibdó
fuera previsible, pues se reitera lo único que obra en el plenario es la denuncia penal que por
el delito de extorsión había efectuado su propietario”. En otras palabras, el juez de instancia descarta la conexidad del atentado con un blanco
representativo del Estado, que pudiera valorarse como la creación de un riesgo para la
comunidad. En este sentido, como lo afirma el Ministerio Público, es dable concluir que la providencia
proferida el 8 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Chocó dio alcance al
estudio de la responsabilidad desde los posibles títulos de imputación objetiva, incluyendo el
riesgo excepcional y, pese a que no hizo mención expresa del denominado “riesgo conflicto”,
lo cierto es que sí analizó el caso desde esta óptica, que comprende todas las hipótesis de
riesgo que pueden concretar el daño antijuridico, entre ellas el “riesgo conflicto”. Asunto
distinto es que, luego de analizar el material probatorio, el ad quem no encuentra elementos
de juicio que le permitan aplicar un régimen de esta naturaleza. Sobre el particular, resta resaltar que la sentencia del 4 de junio de 2019 dictada por la Sala
22 Especial de Decisión del Consejo de Estado no dispone convertir al Estado en un
asegurador universal de todos los daños causados por el actuar terrorista de los grupos
armados al margen de la ley.

Contrario sensu, la unificación exige que en la configuración de
la responsabilidad del Estado por actos terroristas de terceros se demuestre el propósito

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dirigido a resquebrajar o desestabilizar la institucionalidad pública, situación que el Tribunal
Administrativo del Chocó no encontró acreditada, como antes se dijo.» (Subraya la Sala)

5.5. Visto lo anterior, se destaca que el actor insiste en imponer un alcance
diferente a la sentencia del 4 de junio de 2019, de acuerdo con lo precisado
por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia que declaró
infundado el recurso extraordinario de unificación.

En la sentencia se aclaró que no todo daño derivado del actuar violento de los
grupos armados al margen de la ley puede ser estudiado bajo el régimen
objetivo en la categoría de riesgo-conflicto, pues para ello es necesario que se
acrediten los cuatro presupuestos establecidos en la sentencia del 4 de junio
de 2019. En particular, indicó que, según lo expuesto por el Tribunal
Administrativo del Chocó en la sentencia de reparación directa, el caso
expuesto por el actor no cumplía con el tercer requisito, por lo que se descartó
su aplicación.

A pesar de lo anterior, la parte actora insistió en el escrito de tutela en que el
caso que puso en consideración de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo no se resolvió bajo las reglas de decisión contenidas en la
sentencia de unificación por ellos invocada, así:
«(…) no cabe duda de que la decisión cuestionada desconoció el precedente fijado en la
sentencia de unificación del 4 de junio de 2019 (…) en la cual reitero, se estableció que cuando
civiles resultan afectados por actos terroristas en el marco del conflicto armado, puede
configurarse responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo derivado del riesgo
excepcional o riesgo conflicto. En el presente caso el atentado fue atribuido al Frente 34 de
las FARC y la víctima era un civil ajeno al conflicto armado. A pesar de ello, las autoridades
judiciales exigieron que el ataque estuviera dirigido contra un objetivo estatal, criterio que fue
superado por la sentencia de unificación mencionada.»

La fundamentación de la tutela evidencia el desacuerdo del actor con el
alcance que la Sección Tercera del Consejo de Estado otorgó a la sentencia
del 4 de junio de 2019, así como con las razones por las cuales consideró que
dicha providencia no había sido desconocida y, en consecuencia, condujeron
a que se declarara infundado el recurso extraordinario de unificación.

En ese sentido, resulta claro que el propósito real del actor es hacer prevalecer
su propia interpretación sobre el alcance de la sentencia que invoca
desconocida, frente a la asumida por el órgano de cierre de la jurisdicción
contencioso- administrativa. Sin embargo, la demanda prescinde de una carga
argumentativa suficiente que permita identificar un error en el razonamiento de
la autoridad judicial accionada con entidad para configurar una vulneración de
derechos fundamentales.

5.6. Además, la acusación formulada en la acción de tutela, según la cual la
autoridad judicial accionada habría «ignorado» la regla jurisprudencial fijada
en la sentencia de unificación del 4 de junio de 2019 sobre la responsabilidad
del Estado por actos terroristas, no encuentra respaldo en el contenido de la
sentencia cuestionada (supra 5.1. iii).

Por el contrario, los apartes transcritos de la sentencia del 26 de noviembre de
2025 (supra 5.4.), evidencian que la Sección Tercera del Consejo de Estado
abordó el precedente invocado, precisó las reglas de decisión derivadas de

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esa providencia y examinó si habían sido aplicadas por el Tribunal
Administrativo del Chocó al caso concreto.

En esa medida, ese reparo en particular, no se acompasa con las razones
centrales de la sentencia objeto de tutela, lo que se advierte en realidad es una
discrepancia frente al alcance que la Sección Tercera atribuyó a la sentencia
de unificación. Sin embargo, tal desacuerdo por sí solo no satisface la carga
argumentativa exigida para acreditar la relevancia constitucional de la tutela
contra providencias judiciales, menos aun cuando se dirige contra una decisión
proferida por una alta corporación judicial.

5.7. En este punto conviene recordar─ atendiendo a lo indicado por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-257 de 2021 y SU-215 de 2022─, que la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de altas
cortes tiene un carácter especialmente restrictivo, en atención a los principios
de autonomía judicial y seguridad jurídica, así como a la función de cierre que
cumplen dichas corporaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Sobre el particular, conviene relacionar un aparte de la sentencia SU-257 de
2021:
«[E]n los casos en los que la acción de tutela se dirige contra sentencias de las altas Cortes, la
sustentación de los requisitos generales de procedencia requiere de una argumentación
cualificada. (…)
Lo anterior porque las altas Cortes, como lo ha destacado esta Corporación, cumplen un rol
especial en el sistema judicial, en la medida en que son los órganos de cierre de sus
respectivas jurisdicciones. En esta medida, ellas establecen precedentes al momento de
interpretar las normas aplicables a cada uno de los casos que juzgan. (…)
La especial importancia que tienen las sentencias de las altas Cortes ha llevado a esta
Corporación a fijar un estándar de argumentación y de análisis más riguroso de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. La Corte ha considerado que la tutela
contra sentencias del Consejo de Estado, como en el caso sub examine, implica un grado de
deferencia mayor por parte del juez constitucional, pues se trata de decisiones proferidas por
el órgano límite de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por disposición expresa del
constituyente (art. 237 C.P.) y que, en principio, están cobijadas por una garantía de
estabilidad mayor que las decisiones proferidas por otros jueces, en razón de su papel en el
ordenamiento jurídico.» (Subraya la Sala)

5.8. Así las cosas, tratándose de una acción de tutela contra una sentencia de una
alta Corporación, el análisis del requisito de relevancia constitucional se torna
más exigente y la procedibilidad de este mecanismo judicial es aún más
restrictiva, pues se trata, en este caso, del Tribunal de cierre en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo y en esa línea se robustece el elemento de
especialidad del juez respecto de la causa que conoce y los principios de
independencia y autonomía.

Es por ello por lo que, la jurisprudencia constitucional exige que, para el
análisis de fondo de la acción de tutela en estos eventos, se haya identificado
en la providencia cuestionada una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención de juez constitucional, escenario que no se identifica
en el caso concreto.

La parte actora se limitó a plantear una interpretación distinta de la acogida
por la Sección Tercera del Consejo de Estado respecto de la sentencia de
unificación del 4 de junio de 2019 y a partir de esa discrepancia fundamentó la
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presunta vulneración de sus derechos fundamentales. No obstante, no
acreditó la existencia de un error constitucionalmente relevante atribuible a la
sentencia cuestionada, distinto al desacuerdo con el alcance que dicha
autoridad otorgó al precedente invocado.

Tal discrepancia interpretativa no resulta suficiente para habilitar el amparo
pretendido y la acción de tutela no puede ser utilizada para hacer prevalecer
la lectura particular de la parte actora sobre la efectuada por el juez
especializado, salvo error que, de cuenta de arbitrariedad o capricho,
circunstancia que, se reitera, no se advierte en el caso particular.

5.9. De acuerdo con lo anterior, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declarará
la improcedencia de la acción de tutela por incumplir con el presupuesto de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por el señor
Luis Ovidio Mosquera Moreno y otros, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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