Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00244-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00244-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00244-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
26 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00244-00 (67798)
Demandante: Alcira Beatriz Martínez Toscano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – tiene
como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y los
derechos de las partes. CAUSAL ÚNICA – sentencia impugnada contraría o se opone a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado. DECLARA INFUNDADO - no se acreditó el
quebrantamiento de reglas de unificación.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia1, el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto por Alcira Beatriz Martínez Toscano y otros contra la
sentencia proferida el 8 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Chocó,
dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 27001-
33-33-003-2016-00139-012.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 25 de julio de 2014, Óscar Mosquera Martínez falleció como consecuencia del
atentado perpetrado contra el Supermercado Mercamés. El 27 de abril de 2016, el
grupo familiar de la víctima demandó la reparación directa por responsabilidad
extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército
Nacional. El 22 de octubre de 2020, el Juzgado 3º Administrativo Oral de Quibdó
negó las pretensiones, porque no se probó una falla en el servicio de la demandada
y, por el contrario, se estableció el hecho exclusivo del tercero. La parte actora
recurrió la decisión.
El 8 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la decisión
recurrida, porque no se probó la participación estatal en la comisión de los hechos,
1 Artículo 259 del CPACA.
2 Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de
interposición del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, las cuales corresponden a
las contenidas en la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, así como a las
disposiciones del C.G.P., en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del
primero de los estatutos mencionados.
Radicado: 11001-03-26-000-2021-00244-00 (67798)
Demandante: Alcira Beatriz Martínez Toscano y otros
no se trató de un ataque indiscriminado, el acto terrorista no era previsible y las
víctimas no habían solicitado medidas de protección.
Los recurrentes consideran que el Tribunal Administrativo del Chocó se apartó de la
sentencia de unificación proferida el 4 de junio de 2019 por la Sala 22 Especial de
Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
dentro del radicado núm. 44001-23-31-002-2002-00438-01.
II. ANTECEDENTES
1. El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto
del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
Los recurrentes indicaron que el 25 de julio de 2014 Oscar Mosquera Martínez
falleció como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo en el
supermercado Mercamés, donde laboraba.
Afirmaron que el 27 de abril de 20163 Alcira Beatriz Martínez Toscano y otros
formularon el medio de control de reparación directa dispuesto en el artículo 140 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA) contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional –
Ejército Nacional, para que se le declarara patrimonialmente responsable por la
muerte de Oscar Mosquera Martínez, y para que se le condenara al pago de los
correspondientes perjuicios morales y materiales.
Señalaron que, mediante sentencia del 22 de octubre de 20204, el Juzgado 3°
Administrativo Oral de Quibdó negó las pretensiones de la demanda, porque el daño
provino exclusivamente del hecho deliberado de un tercero, el ataque no estuvo
dirigido contra objetivos militares y el Estado no tuvo conocimiento previo del
atentado, de modo que las autoridades no se sustrajeron de sus deberes de
protección.
Indicaron que contra la decisión anterior se formuló el recurso de apelación que fue
resuelto el 8 de octubre de 20215 por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el
sentido de confirmar la decisión denegatoria, porque no encontró acreditada una
falla en el servicio de la demandada, ni la aplicabilidad de un régimen objetivo, toda
vez que el ataque no se dirigió contra un blanco institucional, sino contra un
establecimiento privado distante de instalaciones gubernamentales, no provino del
actuar de la fuerza pública, no se dio en un escenario de confrontación con grupos
ilegales, no fue indiscriminado, ni previsible y las víctimas no habían solicitado
medidas de protección.
3 SAMAI, índice 02.
4 SAMAI, índice 02.
5 SAMAI, índice 02.
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Demandante: Alcira Beatriz Martínez Toscano y otros
2. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
El 14 y el 15 de octubre de 20216, Alcira Beatriz Martínez Toscano, Luis Ovidio
Mosquera Moreno, Saida Patricia Mosquera Martínez, Yair Antonio Mosquera
Martínez, Sandy Andrea Mosquera Martínez, Claudia Lucía Mosquera Martínez, Luis
Eduardo Mosquera Mena, Ludis Yaneth Mosquera Mena, Lusislenis Mosquera
Rentería, Luis Mario Mosquera Bejarano, Yorman Amin Mosquera Bejarano,
Esneider Andrés Mosquera Bejarano y Patricia Moreno de Mosquera presentaron y
sustentaron el presente recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Solicitaron que se revoque la sentencia proferida el 8 de octubre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Chocó, porque desconoció la aplicabilidad de la teoría de
“riesgo creado o riesgo conflicto” establecida en la sentencia de unificación proferida
el 4 de junio de 2019 por la Sala 22 Especial de Decisión de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del radicado núm. 44001-
23-31-002-2002-00438-01.
En sustento, los recurrentes consideran que el Tribunal Administrativo del Chocó se
aparta de la regla de unificación conforme a la cual, en estos casos, se debe aplicar
un “régimen de responsabilidad objetivo derivado del riesgo creado por parte del
estado (sic) frente a los administrados”, sin distinguir si el ataque terrorista es
dirigido contra el Estado, o no, porque “el objeto último del acto terrorista se concreta
en la desestabilización de la organización o institucionalidad estatal”. Estiman que
el debate sobre la calidad del bien contra el que se dirige el acto terrorista queda
superado, toda vez que el énfasis se traslada de la naturaleza del bien a la intención
con la cual se produce el ataque, de tal suerte que, si el móvil es político y se afecta
un particular ajeno al conflicto, debe ordenarse la reparación.
Los recurrentes arguyen que el atentado terrorista es perpetrado por el Frente 34
de las FARC, dada la existencia de una condena penal contra uno de sus
integrantes. En consecuencia, advierten aplicable la teoría del “riesgo creado o
riesgo conflicto” para declarar la responsabilidad patrimonial por régimen objetivo.
Adicionalmente, de manera tangencial y carente de sustentación, los recurrentes
mencionaron el desconocimiento de las sentencias proferidas el 29 de octubre de
2012 y el 20 de junio de 2017, dentro de los expedientes Nos. 18472 y 18860,
respectivamente.
3. Trámite del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
El 10 de junio de 20227 se admitió el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, que fue debidamente notificado8.
6 SAMAI, índice 01 y 02.
7 SAMAI, índice 06.
8 SAMAI, índices 08 y 09.
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Demandante: Alcira Beatriz Martínez Toscano y otros
3.1. El Ministerio Público solicitó negar el recurso. Al respecto, conceptuó que,
aunque el Tribunal Administrativo del Chocó no expuso expresamente que se
descartaba la configuración de un “riesgo conflicto”, sí argumentó que las
demandadas no crearon la situación de riesgo que propició el atentado, así como
analizó las razones por las cuales no era posible derivar una responsabilidad
objetiva. Adicionalmente, resaltó como no demostrado que el hecho dañoso
estuviera dirigido a crear zozobra en la institucionalidad estatal, y ello no puede
asumirse – per se – de la autoría del grupo guerrillero. Advirtió que las pruebas
referían como causa del atentado una retaliación contra el propietario del
supermercado que estaba siendo objeto de una posible extorsión.
3.2. En aplicación del artículo 266 del CPACA, se prescindió de la celebración de
audiencia y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, así como al
Ministerio Público para que emitiera su concepto9.
3.3. Los recurrentes reiteraron los argumentos del recurso y solicitaron que no se
tuviera en cuenta el concepto del Ministerio Público, por extemporáneo10.
3.4. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional guardó
silencio.
II. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, la Sala
abordará los siguientes aspectos: (1) presupuestos procesales, (2) problema
jurídico, (3) verificación de la aplicabilidad de las reglas de unificación al caso
concreto, (4) conclusión y (5) costas.
1. Presupuestos procesales
1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25911 del CPACA, en
concordancia con el artículo 14.112 del Acuerdo 80 de 201913, la Sección Tercera
del Consejo de Estado es competente para conocer del presente recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.
9 SAMAÍ, índice 012.
10 SAMAI, índice 016.
11 “Artículo 259. Competencia. Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en
este capítulo conocerá, según el acuerdo correspondiente del Consejo de Estado y en atención a su
especialidad, la respectiva sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la misma
Corporación”.
12 “Artículo 14. Otros asuntos asignados a las secciones según su especialidad. Cada una de las
Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo al criterio de especialidad,
también tendrá́ competencia para: 1. Tramitar y decidir el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. […]”.
13 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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1.2. De acuerdo con el artículo 25714 CPACA, en el caso bajo estudio el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia es procedente, toda vez que se
interpuso contra la sentencia dictada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Chocó, y las pretensiones de la demanda superaban la suma de
450 SMLMV15.
1.3. Al tenor del artículo 26116 del CPACA, el recurso extraordinario de unificación
se interpuso y se sustentó oportunamente, toda vez que: (i) el 20 de octubre de 2021
cobró ejecutoria la sentencia recurrida17; y (ii) el 18 de octubre de 202118 los
recurrentes interpusieron y sustentaron el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, es decir, antes del vencimiento de los términos legalmente
dispuestos.
1.4. De conformidad con el artículo 26019 del CPACA, Alcira Beatriz Martínez
Toscano, Luis Ovidio Mosquera Moreno, Saida Patricia Mosquera Martínez, Yair
Antonio Mosquera Martínez, Sandy Andrea Mosquera Martínez, Claudia Lucía
Mosquera Martínez, Luis Eduardo Mosquera Mena, Ludis Yaneth Mosquera Mena,
Lusislenis Mosquera Rentería, Luis Mario Mosquera Bejarano, Yorman Amin
Mosquera Bejarano, Esneider Andrés Mosquera Bejarano y Patricia Moreno de
Mosquera están legitimados para interponer el recurso extraordinario de unificación,
comoquiera que conformaron el extremo demandante del proceso de reparación
directa e interpusieron recurso de apelación contra la providencia de primera
instancia, confirmada en segunda instancia.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida el 8 de octubre de 2021
por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el proceso de reparación directa con
radicado núm. 27001-33-33-003-2016-00139-01, contrarió las reglas fijadas en la
sentencia de unificación proferida el 4 de junio de 2019 por la Sala 22 Especial de
14 “Artículo 257. Procedencia. Modificado por el artículo 71 de la Ley 2080 de 2021. El recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en […]
segunda instancia por los tribunales administrativos. […] Tratándose de sentencias de contenido
patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto,
de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda de los siguientes montos vigentes al momento
de la interposición del recurso: […] 4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, en los procesos de reparación directa […]”.
15 Las pretensiones por perjuicios morales eran de 780 SMLMV, aunado lo correspondiente al daño
emergente y el lucro cesante, igualmente peticionadas en la demanda. Al respecto ver auto de la
Sección Tercera, proferido el 27 de febrero de 2025, Exp. 59.699.
16 “Artículo 261. Interposición. Modificado por el artículo 72 de la Ley 2080 de 2021. El recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá interponerse y sustentarse por escrito ante
quien expidió la providencia, a más tardar dentro los diez (10) días siguientes a su ejecutoria”.
17 Esto, teniendo en cuenta que la sentencia del Tribunal se notificó el 12 de octubre de 2021 por
mensaje de datos. SAMAI, índice 2.
18 SAMAI. índice 2.
19 “Artículo 260. Legitimación. Se encuentran legitimados para interponer el recurso cualquiera de
las partes o de los terceros procesales que hayan resultado agraviados por la providencia […]
Parágrafo. No podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado ni adhirió a la
apelación de la otra parte, cuando el fallo de segundo grado sea exclusivamente confirmatorio de
aquella”.
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Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
dentro del radicado núm. 44001-23-31-002-2002-00438-01, sobre la aplicabilidad
de la teoría de “riesgo creado o riesgo conflicto”.
3. Verificación de la aplicabilidad de las reglas de unificación al caso concreto
La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto por los demandantes contra la sentencia proferida el 8 de
octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Chocó, por las siguientes
razones:
3.1. De conformidad con el artículo 270 del CPACA, “se tendrán como sentencias
de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado
por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de
unificar o sentar jurisprudencia precisar su alcance o resolver las divergencias en
su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios
y las relativas mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley
270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
En este sentido, una sentencia de unificación es aquella emitida por el máximo
tribunal de lo contencioso administrativo, con el propósito de establecer un criterio
jurídico uniforme frente a un asunto que ha generado interpretaciones divergentes,
división de criterios o jurisprudencia contradictoria en torno a la aplicación o
interpretación de una norma, o de una situación jurídica.
Estas sentencias buscan unificar la jurisprudencia para evitar decisiones judiciales
contradictorias sobre un mismo asunto, garantizar la seguridad jurídica, orientar a
los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa y consolidar el precedente
judicial. El núcleo de estas decisiones lo constituyen las reglas de unificación que,
a su vez, corresponden a los criterios jurídicos específicos determinados por el
Consejo de Estado sobre cómo debe interpretarse o aplicarse un precepto
normativo o situación jurídica especifica.
Ahora bien, conforme a los artículos 25620 y 25821 del CPACA, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como propósito asegurar la
unidad en la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y la garantía de los
derechos de las partes y de los terceros que puedan verse perjudicados con la
providencia recurrida. Así las cosas, hay lugar a declararlo fundado “cuando la
sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del
Consejo de Estado”.
20 “Artículo 256. Fines. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como fin
asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos
de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere
del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales”.
21 “Artículo 258. Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando
la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de
Estado”.
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Demandante: Alcira Beatriz Martínez Toscano y otros
En consecuencia, los artículos 261 y 26222 del CPACA exigen que este recurso se
formule por escrito, debidamente sustentado, con la indicación expresa de la
providencia impugnada, la relación de los hechos del litigio y la indicación precisa
de la sentencia de unificación que se considera inobservada, se itera, con
exposición del fundamento razonado que sustenta la solicitud, concretando con
claridad la regla de unificación presuntamente vulnerada.
3.2. En el caso bajo estudio, los recurrentes indicaron que la providencia emitida el
8 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Chocó desconoció la
aplicabilidad de la teoría de “riesgo creado o riesgo conflicto” establecida en la
sentencia de unificación proferida el 4 de junio de 2019 por la Sala 22 Especial de
Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
dentro del radicado núm. 44001-23-31-002-2002-00438-01.
En sustento, los recurrentes consideran que el Tribunal Administrativo del Chocó se
aparta de la regla de unificación conforme a la cual, en estos casos, se debe aplicar
un “régimen de responsabilidad objetivo derivado del riesgo creado por parte del
estado (sic) frente a los administrados”, sin distinguir si el ataque terrorista es
dirigido contra el Estado, o no, porque “el objeto último del acto terrorista se concreta
en la desestabilización de la organización o institucionalidad estatal”. Estiman que
el debate sobre la calidad del bien contra el que se dirige el acto terrorista queda
superado, toda vez que el énfasis se traslada de la naturaleza del bien a la intención
con la cual se produce el ataque, de tal suerte que, si el móvil es político y se afecta
un particular ajeno al conflicto, debe ordenarse la reparación.
Examinada la providencia de unificación invocada por los recurrentes, es decir, la
sentencia del 4 de junio de 2019 proferida por la Sala 22 Especial de Decisión del
Consejo de Estado, se destaca que, conforme al artículo 270 del CPACA, esta
decisión constituye una sentencia unificada de la Corporación en cuanto resolvió
una revisión eventual de una providencia dictada en el curso de una acción de
grupo.
Sin embargo, en estricto sentido, dicha providencia no acuñó reglas nuevas en
materia de responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros en el marco
del conflicto interno, sino que, a partir de un ejercicio de reiteración jurisprudencial,
precisó:
“[…] para que pueda hablarse de responsabilidad administrativa por riesgo
excepcional en la modalidad de riesgo conflicto, deben darse los siguientes
supuestos: (1) Que se desarrolle una actividad legítima de la administración que
crea un riesgo; (2) El riesgo debe concretarse al punto de tener como consecuencia
la materialización de un daño ocasionado; (3) El daño debe tener origen en la
22 “Artículo 262. Requisitos del recurso. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
deberá contener. […] 2. La indicación de la providencia impugnada. 3. La relación concreta, breve y
sucinta de los hechos en litigio. 4. La indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial
que se estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento”.
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actuación de un tercero con la intención de desestabilizar al Estado o sus
instituciones en el marco del conflicto armado; y (4) El caso concreto no puede ser
susceptible de ser encasillado dentro del régimen subjetivo de responsabilidad de
la administración, esto es, la falla del servicio”.
Así las cosas, no todo daño que provenga del actuar violento de los grupos armados
al margen de la ley se enmarca en la categoría de “riesgo conflicto”. Por el contrario,
para que el Estado responda por los daños antijuridicos derivados de este tipo de
actos, deben concurrir los cuatro presupuestos precisados en la jurisprudencia.
Frente a esta providencia los recurrentes argumentan que el atentado terrorista en
el que se produjo la muerte de Oscar Mosquera Martínez fue perpetrado por el
Frente 34 de las FARC, lo cual consideran acreditado con la existencia de una
condena penal contra uno de los integrantes del mencionado grupo subversivo. Ante
esta situación fáctica, consideran aplicable la teoría del “riesgo creado o riesgo
conflicto” para declarar la responsabilidad patrimonial por régimen objetivo.
A su turno, en la sentencia recurrida el Tribunal Administrativo del Chocó, luego de
evacuar la posible configuración de una falla en el servicio, expresamente concluyó:
“Tampoco podría responsabilizarse a las demandadas a título de riesgo
excepcional pues, se itera, el objetivo del ataque ilegal fue una propiedad privada,
no un objetivo institucional ni tampoco se encontraba cerca de alguna institución
estatal que la hiciera vulnerable”.
Nótese que este razonamiento hace parte del análisis del tercer elemento esgrimido
en la sentencia que sirve de parámetro a la solicitud de este recurso extraordinario,
según el cual “(3) El daño debe tener origen en la actuación de un tercero con la
intención de desestabilizar al Estado o sus instituciones en el marco del conflicto
armado”.
Así, al advertir que el ataque no tuvo como objetivo la institucionalidad estatal, el
Tribunal evidencia que el acto terrorista dirigido contra el supermercado
“Mercamés” no ostenta el elemento intencional de desestabilizar o presionar al
Estado en el marco del conflicto interno, o de ejercer algún tipo de presión contra
sus dependencias o instituciones, además porque “no se probó que el atentado al
establecimiento de comercio Mercames de la ciudad de Quibdó fuera previsible,
pues se reitera lo único que obra en el plenario es la denuncia penal que por el
delito de extorsión había efectuado su propietario”23.
En otras palabras, el juez de instancia descarta la conexidad del atentado con un
blanco representativo del Estado, que pudiera valorarse como la creación de un
riesgo para la comunidad.
23 Página 11 de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó.
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En este sentido, como lo afirma el Ministerio Público24, es dable concluir que la
providencia proferida el 8 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Chocó dio alcance al estudio de la responsabilidad desde los posibles títulos de
imputación objetiva, incluyendo el riesgo excepcional y, pese a que no hizo mención
expresa del denominado “riesgo conflicto”, lo cierto es que sí analizó el caso desde
esta óptica, que comprende todas las hipótesis de riesgo que pueden concretar el
daño antijuridico, entre ellas el “riesgo conflicto”. Asunto distinto es que, luego de
analizar el material probatorio, el ad quem no encuentra elementos de juicio que le
permitan aplicar un régimen de esta naturaleza.
Sobre el particular, resta resaltar que la sentencia del 4 de junio de 2019 dictada
por la Sala 22 Especial de Decisión del Consejo de Estado no dispone convertir al
Estado en un asegurador universal de todos los daños causados por el actuar
terrorista de los grupos armados al margen de la ley. Contrario sensu, la unificación
exige que en la configuración de la responsabilidad del Estado por actos terroristas
de terceros se demuestre el propósito dirigido a resquebrajar o desestabilizar la
institucionalidad pública, situación que el Tribunal Administrativo del Chocó no
encontró acreditada, como antes se dijo.
Por otra parte, existen notorias diferencias fácticas entre el asunto que se debatió
en la sentencia del 4 de junio de 2019 y la proferida por el Tribunal Administrativo
del Chocó el 8 de octubre de 2021 que imposibilitan equipararlas desde el plano
conceptual, material y fáctico, frente a la aplicación de un régimen objetivo fundado
en el riesgo conflicto.
En efecto, en la sentencia del 4 de junio de 2019 la Sala 22 Especial de Decisión
del Consejo de Estado revisó la decisión adoptada al resolver una acción de grupo
por los daños causados con el ataque mediante explosivos a una válvula reguladora
del gasoducto Ballenas-Barranquilla, por parte de las FARC. Allí se analizó que la
actividad de transporte de gas estaba enmarcada en la prestación de un servicio
público, así como también, que el gasoducto, en tanto infraestructura utilizada por
el Estado, se constituía en un bien susceptible de convertirse en un blanco de los
insurgentes y generar un riesgo para la comunidad en el contexto del conflicto
armado.
De modo contrario, en la sentencia del 8 de octubre de 2021 el Tribunal
Administrativo del Chocó no encontró relación alguna entre el atentado terrorista
24 Los recurrentes indicaron que el concepto del Ministerio Público se había presentado
extemporáneamente. Tal conclusión provino de asumir el término a partir de la notificación por estado
del auto admisorio del recurso que se realizó el 6 de julio de 2022 (SAMAI, índice 08), en cuyo caso,
los 15 días, se iniciaban el 7 siguiente y vencían el 28 de julio de 2022, es decir, un día antes de la
fecha en que se radicó el concepto ─29 de julio de 2022─. Sin embargo, el auto admisorio se notificó,
en realidad, por medios electrónicos el 6 de julio de 2022 (SAMAI, índice 09), de ahí que, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 205 del CPACA, la notificación se entenderá realizada una vez
transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a
partir del día siguiente al de la notificación”. En tal sentido, para el 29 de julio de 2022 todavía se
encontraban corriendo términos.
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Demandante: Alcira Beatriz Martínez Toscano y otros
que sufrió el establecimiento comercial donde laboraba Oscar Mosquera Martínez
y la institucionalidad del Estado. No obstante, se resalta que el ad quem analizó los
hechos a la luz de los distintos títulos de imputación posibles, pero como viene de
reiterarse, determinó que no se acreditó la participación estatal en tal suceso, que
el ataque no fue indiscriminado, que los demandantes no solicitaron medidas de
protección y que las demandadas no crearon situación de riesgo alguna que se
constituyera en la causa del atentado.
En conclusión, la Sala advierte que la sentencia del 8 de octubre de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo del Chocó no quebranta o desconoce las reglas
establecidas en la sentencia proferida el 4 de junio de 2019 por la Sala 22 Especial
de Decisión del Consejo de Estado, dentro del expediente con radicación núm.
44001-23-31-002-2002-00438-01. En cambio, se observa que los recurrentes le
atribuyen a esta última providencia un alcance sobredimensionado de la
responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros, y sobre esa
hermenéutica asumen que todo atentado atribuible a las FARC EP, por sí mismo,
se relaciona con el conflicto interno y es atribuible a las autoridades públicas. Sin
embargo, se ha dicho que ese no fue el sentido interpretativo que la sentencia del
4 de junio de 2019 le otorgó al denominado “riesgo conflicto”.
Al constatar que la sentencia proferida el 8 de octubre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Chocó no contravino regla alguna de unificación, la Sala
declarará infundado el recurso extraordinario de unificación.
Finalmente, se advierte que esta Corporación ha tenido oportunidad de
pronunciarse respecto a los daños producidos por el artefacto explosivo que detonó
en el supermercado Mercamés, en sede del recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia25. No obstante, el análisis efectuado en esas ocasiones giró en
torno a providencias distintas a la que aquí se examinó, razón por la cual, más allá
de compartir un mismo patrón fáctico, no existió similitud en cuanto al objeto de
estudio, pues mientras en esos casos se invocaron sentencias que carecían de la
connotación unificadora, en el presente asunto sí se comprobó el carácter
unificador de la sentencia invocada por los demandantes, pero se concluyó que sus
reglas no fueron desatendidas.
3.3. En último término, es importante precisar que no se emite pronunciamiento
alguno frente a las sentencias proferidas dentro de los radicados 18472 y 18860,
toda vez que estas no constituyen decisiones de unificación.
4. Conclusión
La sentencia dictada el 8 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Chocó, en el proceso de reparación directa con radicado núm. 27001-33-33-003-
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencias del 13 de febrero de 2025, Rad. No. 11001-03-26-000-2022-00065-00 (68172) y 11001-
03-26-000-2021-00238-00 (67776).
10
Radicado: 11001-03-26-000-2021-00244-00 (67798)
Demandante: Alcira Beatriz Martínez Toscano y otros
2016-00139-01, no contrarió las reglas fijadas en la unificación proferida el 4 de
junio de 2019 por la Sala 22 Especial de Decisión del Consejo de Estado, dentro
del radicado núm. 44001-23-31-002-2002-00438-01, sobre la aplicabilidad de la
teoría de “riesgo creado o riesgo conflicto”.
En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia.
5. Condena en costas
De conformidad con el artículo 26726 del CPACA, se condenará en costas a la parte
recurrente, comoquiera que el recurso se declarará infundado.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la parte demandada no designó representante
judicial ni intervino en el trámite del presente recurso, la Sala se abstendrá de fijar
concepto alguno por agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, administrando justicia en nombre de la
República, y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto por los demandantes contra la sentencia proferida el 8 de
octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Chocó.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, que serán liquidadas, en
la medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, sin agencias en
derecho.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Presidente de la Sección
26 “Artículo 267. Efectos de la sentencia. Modificado por el artículo 75 de la Ley 2080 de 2021 […] Si
el recurso es desestimado, se condenará en costas al recurrente. […]”.
11
Radicado: 11001-03-26-000-2021-00244-00 (67798)
Demandante: Alcira Beatriz Martínez Toscano y otros
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrado Magistrada
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ALBERTO MONTAÑA PLATA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SP
12
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