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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00065-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00065-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes contra la sentencia dictada el 8 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó el fallo que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: SIN CONDENA en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2022-00065-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

13 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-26-000-2022-00065-00 (68172)
Demandantes: María Julia Caicedo Palacios y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00065-00 (68172)
Demandantes: María Julia Caicedo Palacios y otros
Demandada: Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional

Tema: El recurso se declara infundado porque no se invocaron sentencias
de unificación.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la sala
resuelve el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por
los demandantes contra la sentencia dictada el 8 de octubre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó el fallo que negó las
pretensiones de la demanda.

La sala es competente para proferir esta providencia en virtud del artículo 259 del
CPACA.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda de reparación directa

1.- La demanda que dio origen al proceso fue presentada por los familiares de
Alexander Palacios Caicedo. Se dirigió contra la Policía Nacional para obtener la
reparación del daño causado con ocasión de un atentado terrorista ocurrido en
Quibdó, Chocó.

2.- Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:

2.1.- El 25 de febrero de 2014 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (Farc) detonaron un artefacto explosivo en las instalaciones del
establecimiento de comercio Autoservicio Mercamés. El atentado se llevó a
cabo porque su dueño no les pagó el dinero de una extorsión realizada por ese
grupo armado ilegal.

2.2.- El señor Alexander Palacios Caicedo Santos se encontraba en ese lugar y,
como consecuencia del hecho, falleció.

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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00065-00 (68172)
Demandantes: María Julia Caicedo Palacios y otros

2.3.- Los demandantes señalaron que la Policía Nacional debía responder a
porque, pese a que conocía la situación de orden público que se vivía en el
departamento del Chocó, omitió brindar protección.

B. Sentencia objeto del recurso extraordinario de unificación

3.- En la sentencia del 8 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del Chocó
confirmó el fallo que negó las pretensiones. Indicó que si bien se demostró el
daño, este no era imputable a la Policía por las siguientes razones:

3.1.- No se demostró la falla del servicio, pues no se probó la participación,
complicidad o cooperación de agentes estatales en el atentado, y el ataque fue
indiscriminado. Además, el propietario del establecimiento no solicitó protección,
razón por la cual el ataque fue imprevisible. En ese sentido, en la sentencia indicó
que <<lo único que obra en el expediente>> era una denuncia presentada ante
la Fiscalía por el delito de extorsión, pero no podía inferirse que la Policía la
hubiera conocido ni que el grupo armado ilegal fuera a perpetrar el atentado.

3.2.- No se demostró el riesgo excepcional, pues el atentado no estuvo dirigido a
un inmueble de <<alguna institución estatal>> ni fue perpetrado en desarrollo de
un enfrentamiento armado.

3.3.- No se demostró el daño especial porque el <<atentado terrorista no estaba
dirigido contra una institución o persona representativa del Estado>>.

C. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

4.- Los demandantes alegan que el recurso extraordinario de unificación procede
frente a cualquier sentencia, como lo señaló Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En todo caso, también indican que el tribunal
desconoció las siguientes seis sentencias de unificación:

4.1.- <<Sentencia>> del 30 de marzo de 2017 proferida en el proceso con
radicado 25000-23-41-000-2014-01449-01 (AG) por la Subsección B de la
Sección Tercera, con ponencia del doctor Ramiro Pazos Guerrero.

4.2.- Sentencia del 16 de agosto de 2018 proferida en el expediente 37719 por la
Subsección B de la Sección Tercera, con ponencia de la doctora Stella Conto
Díaz del Castillo.

4.3.- Sentencia del 23 de mayo de 2018 proferida en el expediente 41345 por la
Subsección B de la Sección Tercera, con ponencia de la doctora Stella Conto
Díaz del Castillo.

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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00065-00 (68172)
Demandantes: María Julia Caicedo Palacios y otros

4.4.- Sentencia del 7 mayo de 2018 proferida en el expediente 33948 por la
Subsección C de la Sección Tercera, con ponencia del doctor Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.
4.5.- Sentencia del 14 de abril de 2016 proferida en el proceso con radicado
25000-23-24-000-2005-01438-01 por la Sección Primera, con ponencia del
doctor Guillermo Vargas Ayala.

4.6.- Sentencia del 6 de junio de 2013 proferida en el expediente 26001 por la
Sala Plena de la Sección Tercera, con ponencia del doctor Enrique Gil Botero.

D. Oposición al recurso y concepto del Ministerio Público

5.- La Policía Nacional guardó silencio. El Ministerio Público consideró que el
recurso debía desestimarse.

II. CONSIDERACIONES

E. Decisión

6.- La sala declarará infundado el recurso porque las sentencias invocadas no
son de unificación. En efecto, el artículo 258 del CPACA señala que el recurso
extraordinario de unificación procede contra las sentencias dictadas en única
instancia o segunda instancia por tribunales administrativos que <<contraríen o
se opongan a una sentencia de unificación del Consejo de Estado>>. A su vez,
el artículo 270 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, señala que las
sentencias de unificación son las siguientes:

<<ARTÍCULO 270. SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL.
<Artículo modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021> Para los efectos
de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que
profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o
trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación
y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas
mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996,
adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009>>.

7.- Teniendo en cuenta la norma anterior, es claro que ninguna de las sentencias
invocadas es de unificación:

7.1.- Las cuatro primeras providencias1 no son sentencias de unificación, pues
fueron proferidas por las subsecciones de la Sección Tercera, y no por la Sala
Plena de esta sección.

1 La sala destaca que la decisión del 30 de marzo de 2017 no es una sentencia. Contrario a lo indicado por

el recurrente, se trata de un auto.

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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00065-00 (68172)
Demandantes: María Julia Caicedo Palacios y otros

7.2.- Lo mismo ocurre en el caso de la sentencia de la Sección Primera, pues no
fue dictada (i) por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por
necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; (ii) para decidir un recurso
extraordinario, o (iii) en el marco de un mecanismo eventual de revisión de
acciones populares o de grupo.

7.3.- Finalmente, la sentencia del 6 de junio de 2013 no tiene el carácter de
unificación, tal como lo reiteró recientemente esta sala plena, así:

<<3) En ese sentido, en relación con la mencionada providencia que fue invocada
por la parte recurrente como desconocida, si bien inicialmente se consideró por
esta Sala que revestía la naturaleza de sentencia de unificación2, lo cierto es que,
luego modificó ese criterio para concluir que no tiene ese carácter, con
fundamento en las siguientes consideraciones3:

“(…) No obstante, en la referida sentencia no se estableció ni fijó un criterio
jurisprudencial uniforme frente a un punto de derecho, sino frente a unos hechos
particulares que se demandaban, pues revisado su contenido, se observa en sus
consideraciones, que lo que hace es reiterar la postura que para ese momento
tenía la Corporación en lo concerniente a la responsabilidad del Estado por actos
terroristas y los títulos de imputación que debían aplicarse en esos casos. (…).

35. Bajo ese escenario, la sentencia del 6 de junio de 2013 (Rad. 26.011),
invocada como desconocida por la parte recurrente, no corresponde a
aquellas dictadas por el Consejo de Estado en ejercicio de su función de
unificación de jurisprudencia, dado que en ella no se adoptaron criterios
nuevos ni se fijaron reglas de derecho, sino que se reiteraron las fijadas con
antelación por esta Corporación” (negrillas adicionales) >>4.

8.- La sala destaca que los recurrentes argumentaron que la Sección Segunda
indicó que el recurso <<es aplicable no solamente a las sentencias de unificación
jurisprudencial que allí se definen, sino también a todo precedente judicial>>. Sin
embargo, al margen de que se comparta, o no, la postura indicada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, es claro que la
providencia citada hace referencia al mecanismo de extensión de jurisprudencia,
y no al recurso extraordinario de unificación:

<<Por lo tanto que los artículos 102 y 269 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo deben ser interpretados,

2 Véase, por ejemplo, la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Tercera – Sala Plena, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 3 de octubre de 2018,
expediente 11001-33-36-031-2013-00252-01 (59840).
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Sala Plena, M.P. José

Roberto Sáchica Méndez, providencia del 25 de agosto de 2022, expediente 11001-03-26-000-2021-00015-
00 (66.461); se precisa que en esa oportunidad salvaron el voto los magistrados Martín Bermúdez Muñoz,
Alberto Montaña Plata y Fredy Ibarra Martínez porque, en su concepto, la sentencia invocada sí es de
unificación jurisprudencial.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 19 de septiembre de 2024, expediente

69832, C.P. Fredy Ibarra Martínez.
Este despacho se acoge al criterio adoptado por la sala. No obstante, aclara que, aun si se considerara que
la sentencia es de unificación, el recurso sería infundado porque el demandante simplemente plantea un
disentimiento con la valoración probatoria del tribunal. Así, señala que (i) el tribunal <<menospreció>> la
denuncia como <<prueba contundente de la previsibilidad>> del atentado, (ii) que no comparte que el
tribunal haya dicho que <<brilla por su ausencia elemento probatorio que permitiera inferir que las
autoridades>> supieran sobre la existencia del atentado; y (iii) reprocha que en el caso del 6 de junio de
2013 no hubiera una denuncia previa, y en este sí.

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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00065-00 (68172)
Demandantes: María Julia Caicedo Palacios y otros

acorde con la Constitución Política, de manera tal que se entienda que el
procedimiento de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado es
aplicable no solamente a las sentencias de unificación jurisprudencial que allí se
definen, sino también a todo precedente judicial adoptado por el Consejo de
Estado, entendido como una sentencia en la cual esta Corporación haya
adoptado una postura interpretativa determinada frente a un punto de derecho,
sea que se haya desarrollado en una línea jurisprudencial o no, y siempre que se
encuentre vigente y actualizada en tanto postura jurisprudencial del Consejo de
Estado>>5.

F. Costas

9.- El artículo 267 del CPACA establece que si el recurrente debe ser condenado
a costas si el recurso es desestimado. No obstante, la sala se abstendrá de
condenar a los demandantes porque la desestimación del recurso <<deviene de
una circunstancia ajena a los recurrentes (pues) con posterioridad a (su)
interposición (…) se concluyó que la sentencia invocada no es de unificación>>6.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia interpuesto por los demandantes contra la sentencia dictada el
8 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó el
fallo que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Presidente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2014, radicado 3918-13,

C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 17 de octubre de 2024, expediente 66515,
C.P. Fredy Ibarra Martínez.

5

Radicado: 11001-03-26-000-2022-00065-00 (68172)
Demandantes: María Julia Caicedo Palacios y otros

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
(Con aclaración de voto)

MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrada

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Ausente con permiso)

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado

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