RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02592-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02592-00

Fecha
4 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02592-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

4 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos. Subtema 2: desconexión escolar. Subtema 3:
defectos sustantivo, fáctico y decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Alexander Beltrán Preciado contra el Consejo
de Estado, Sección Primera.

1. Síntesis del caso

El señor Alexander Beltrán Preciado presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, que consideró vulnerados con ocasión de
la sentencia del 7 de noviembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Primera, dentro del expediente del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos con radicado núm. 25000-23- 41-000-2024-01694-
01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02592-00, índice 2, certificado FD2899A0F7751B55 7F798504D3BF4667
E6F2FA2109BF3D90 2D99E29AAF3FBBF3.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

2. El señor Alexander Beltrán Preciado presentó demanda, en ejercicio del medio
de control de protección de derechos e intereses colectivos contra el Ministerio de
Educación Nacional, con el propósito de obtener el amparo del derecho establecido
en el literal j) del artículo 42 de la Ley 472 de 19983.

3. El accionante, en la referida demanda, argumentó que en el país no existe un
marco normativo legal y reglamentario que regule el tema de la desconexión
escolar, dado que en estos asuntos el Ministerio de Educación Nacional ha
mantenido una actitud pasiva.

4. Asimismo, expuso que los colegios utilizan la asignación de tareas como un
método pedagógico para reforzar los conocimientos impartidos en clase. Sin
embargo, en su criterio, esto constituye una carga académica desproporcionada, lo
cual puede ocasionar episodios de estrés, ansiedad, agotamiento físico y trastornos
del sueño, que afecta el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes, la
dinámica familiar y la economía de los hogares, según estudios realizados por la
Universidad de La Sabana en 2019 y la Universidad Pedagógica Nacional en 2021.

5. Además, expresó que la sobrecarga de tareas por fuera del horario escolar
restringe la posibilidad de que el menor desarrolle otras actividades deportivas,
religiosas, artísticas, culturales, sociales y de formación complementaria, que
enriquecen su personalidad, sus capacidades y su proyecto de vida.

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
mediante sentencia del 8 de mayo de 2025, amparó el derecho colectivo «al acceso
a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna», previsto en
el literal j) del artículo 4° de la Ley 472, al considerar que el Ministerio de Educación
Nacional incumplió su deber de inspección y vigilancia, al no establecer
lineamientos nacionales sobre la cantidad y naturaleza de las tareas escolares. Esta
omisión constituía una falla en el servicio público educativo, puesto que el Estado
tiene la obligación de orientar a los centros escolares para garantizar la calidad de
la educación y el bienestar de los estudiantes. En lo demás negó las pretensiones
de la demanda.

7. El Ministerio de Educación Nacional presentó escrito de apelación contra la
anterior decisión, bajo el argumento de que no se demostró la transgresión de los
derechos colectivos amparados y que los conflictos educativos se deben resolver
conforme a los mecanismos internos de cada institución, con respeto a la autonomía
escolar y a la descentralización administrativa del sistema educativo.

8. El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 7 de noviembre
de 2025, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó el amparo del
derecho colectivo invocado.

2
«[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; […]».
3
«[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]».
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

PRIMERA. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a
la administración de justicia, igualdad y tutela judicial efectiva, en conexidad con la
prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

SEGUNDA. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 7 de
noviembre de 2025 por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo -
Sección Primera, dentro del radicado 25000-23-41-000-2024-01694-01.

TERCERA. Ordenar a la autoridad judicial accionada que profiera una nueva decisión,
valorando el asunto con sujeción estricta a los artículos 13, 44 y 67 de la Constitución
Política, a la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y al deber
estatal de garantizar una educación integral.

CUARTA. Ordenar que en la nueva providencia se realice una ponderación material,
reforzada y no meramente formal entre autonomía escolar, servicio público educativo
y los derechos al descanso, recreación, deporte, tiempo libre y desarrollo integral de
niños, niñas y adolescentes, atendiendo además la doctrina constitucional de la
Sentencia C-331 de 2023 sobre el contenido mínimo irreductible del descanso y la
desconexión4.

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia de la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en defecto
sustantivo, porque reconoció que «la educación incluye formación física, recreación
y de deporte, y que la autonomía escolar tiene límites, pero negó el amparo como
si esas premisas carecieran de consecuencia jurídica».

11. En este sentido, explicó que la sentencia acusada desconoció que el artículo 44
de la Constitución impone un estándar prevalente de protección a favor de los
menores, pues la igualdad material exige evitar que la carga académica por fuera
de la jornada ordinaria recaiga con mayor rigor en quienes practican deporte,
participan en actividades culturales o pertenecen a familias con menor capacidad
de apoyo en casa.

12. Por otro lado, refirió que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico, en
la medida en que desconoció el material probatorio aportado al expediente y
minimizó el contexto narrado en la demanda popular sobre el agotamiento físico y
mental, afectación del sueño, abandono de actividades deportivas y presión sobre
las familias. De manera que no se efectuó una valoración del daño constitucional
que la carga académica impone sobre la infancia.

13.Además, expuso que la providencia acusada carece de motivación, debido a
que no explicó de manera suficiente, las razones por las cuales la prevalencia del

4
Se transcribe incluso con errores de texto.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

artículo 44 superior «no alteraba el estándar de decisión ni afectaba el núcleo de
desarrollo integral de los niños».

14. Asimismo, indicó que la decisión objeto de tutela desconoció el precedente
definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-331 de 2023, que reconoce la
desconexión como concreción del descanso y del tiempo libre, incluso respecto de
sujetos sometidos a mayor disponibilidad, el cual, en su criterio, si bien se aplica a
los trabajadores y servidores públicos, también, puede recaer en la actividad
académica que desarrollan los niños, niñas y adolescentes en sus instituciones
escolares.

15. Finalmente, consideró que la sentencia cuestionada incurrió en una violación
directa de la Constitución, por cuanto desatendió los preceptos contenidos en los
artículos 14, 15, 29, 44 y 67 de la Carta Política.

2.3. Trámite procesal

16. El despacho ponente, mediante auto del 10 de abril de 20265, admitió la solicitud
de amparo, ordenó la notificación al Consejo de Estado, Sección Primera, y puso
en conocimiento el escrito de tutela a la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Ministerio de Educación Nacional, en
su condición de terceros interesados.

2.4. Intervenciones

17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A6
manifestó que los argumentos expuestos por el accionante en el escrito de tutela se
dirigen a controvertir el razonamiento desarrollado en la sentencia proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado. En consecuencia, solicitó que se
desestimen las pretensiones de amparo respecto del Tribunal.

18. De igual forma, expuso que la acción de tutela fue promovida varios meses
después de notificada la providencia cuestionada (25 de septiembre de 2025). Tal
aspecto tiene una incidencia directa en el análisis del requisito de inmediatez, cuya
apreciación corresponde al juez constitucional.

19. El Consejo de Estado, Sección Primera7 pidió que se declare improcedente la
tutela, porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida
en que planteó argumentos que ya fueron estudiados y analizados al interior del
medio de control de protección de derechos e intereses colectivos. De manera, que
lo pretendido por el actor es utilizar la tutela como una tercera instancia para reabrir
el debate jurídico que se surtió en una instancia judicial previa.

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02592-00, índice 4, certificado D3A585B1F77B2CA8 083E46C69B1BF8B1
174ED5132EA64DB3 26444E8EDB7AE331.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02592-00, índice 13, certificado 329A3B353EDA4E1C 41FDA4192B471345
456AF225A84C2A8D 8ECE15BDAE3A7481.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02592-00, índice 14, certificado F4FD0A42619EA1DA 676D317D3579B2EF
E6CD21D0D3324D01 1D4C2E89793BD3C8.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

20. Por otro lado, solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela, porque la
decisión cuestionada no vulneró los derechos fundamentales del accionante, pues
en su contenido se desarrolló un análisis adecuado de los hechos, las pruebas y la
jurisprudencia aplicable, sin que se hubiese llegado a configurar alguno de los
defectos alegados por el tutelante.

21. El Ministerio de Educación Nacional guardó silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Alexander Beltrán Preciado contra el
Consejo de Estado, Sección Primera.

3.2. Legitimación en la causa

23. La legitimación en la causa por activa del señor Alexander Beltrán Preciado está
acreditada, porque fue el demandante en el medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

24. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Primera, debido a que fue la autoridad que profirió la providencia
objeto de estudio.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. Determinación del defecto objeto de análisis

25.Los tutelantes, en el escrito de amparo, pretenden atribuirle a la providencia
cuestionada los siguientes defectos: i) sustantivo, ii) fáctico, iii) decisión sin
motivación, iv) desconocimiento del precedente y v) violación directa de la
Constitución.

26. Sin embargo, al revisar los argumentos expuestos en la solicitud de tutela, se
advierte que el accionante no identificó de forma clara y precisa cuáles fueron las
pruebas que la autoridad accionada omitió valorar o analizó de manera defectuosa
y que pudieron derivar en una vulneración de sus derechos fundamentales, por lo
que no es posible examinar la tutela bajo el cargo de defecto fáctico.

27. Asimismo, es pertinente mencionar que las razones expuestas por el
accionante, con relación a los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente,
decisión sin motivación y violación directa de la Constitución se fundamentan en
una sola línea argumentativa, pues se concentran en cuestionar el análisis que hizo
la corporación judicial accionada sobre la aplicación de los artículos 14, 15, 29, 44

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

y 67 de la Carta Política. Así como el alcance de la sentencia C-331 de 2023 de la
Corte Constitucional.

28. En atención a lo anterior, la Sala analizará el asunto de manera conjunta bajo
una posible configuración de los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

29. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.

30.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

31. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

32. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

33. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

34. Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un
carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares
más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.

35. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada fue proferida con desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

36. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos en el
que se profirió la decisión objeto de tutela.

37. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia objeto de reparos, proferida el 7 de noviembre de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Primera, fue notificada el 14 de noviembre siguiente14, y la
demanda de tutela se presentó el 7 de abril de 202615, esto es, dentro del plazo de

12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Samai, exp, 25000-23-41-000-2024-01694-01, índice15.
15
Samai, exp, 11001-03-15-000-2026-02592-00, índice 1.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional16 y del Consejo de Estado17
como razonable.

38. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiese expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente, porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

39. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos.

40. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución y, en ese
orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

3.5. Problema jurídico

41. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Consejo de Estado, Sección Primera
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad de la parte actora e incurrió en los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución,
al proferir la sentencia del 7 de noviembre de 2025, mediante la cual revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda,
relacionadas con la protección del derecho colectivo establecido en el literal j) del
artículo 418 de la Ley 472 de 1998, respecto de la desconexión escolar de los niños,
niñas y adolescentes?

42. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto sustantivo

43. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado19.

16
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
18
«[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; […]».
19
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

44. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

45. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […] 20.

46. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

47. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).21

3.5.2. El desconocimiento del precedente judicial

48. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas22.

20
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
22 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

49. Al respecto, la Corte Constitucional23 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente,
el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un
sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales24.

50. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia25.

51. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»26.

52. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en

El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
23 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
24 Se transcribe incluso con errores.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela27.

53. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación28.

54. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.5.3. Violación directa de la Constitución

55. De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene
fundamento en la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 superior, según el cual
la Carta Política es norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y,
ante cualquier «incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica,
se aplicarán las disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de
procedencia ocurre cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un
alcance insuficiente a las reglas, principios y valores consagrados en el texto
superior»29.

56. En un principio, el defecto de violación directa de la constitución fue concebido
como un defecto sustantivo; sin embargo, en la sentencia T-949 de 2003 fue
comprendido como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200530.
Ahora bien, el alto tribunal constitucional ha indicado que esta causal se configura
en los siguientes eventos:

i) En la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición
legal de conformidad con el precedente constitucional;
ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación
inmediata;

27 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
28 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
29
Corte Constitucional, sentencia T- 587 de 2017.
30
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

iii) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no
tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución; y
iv) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma
incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales31.

57. En conclusión, el defecto autónomo de violación directa de la Constitución
supone el desconocimiento por parte de los jueces del mandato contenido en el
artículo 4 superior que antepone, de manera preferente, la aplicación de los
postulados de la Constitución Política, sus reglas, principios y valores.

3.6. Caso concreto

58. En el asunto bajo estudio, el señor Alexander Beltrán Preciado presentó
demanda en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos contra el Ministerio de Educación Nacional, con la pretensión de obtener
el amparo del derecho colectivo establecido en el literal j) del artículo 4 32 de la Ley
472 de 1998 y, en consecuencia, ordenar a la entidad demandada adoptar medidas
necesarias para reglamentar la desconexión escolar de los niños, niñas y
adolescentes.

59. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, mediante providencia del 8 de mayo de 2025, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

60. Apelada la anterior decisión, el Consejo de Estado, Sección Primera, a través
de sentencia del 7 de noviembre de 2025, revocó el fallo del a quo y negó las
peticiones invocadas por la parte actora.

61. Ahora bien, la parte accionante argumentó, en el escrito de tutela, que la
autoridad accionada, al proferir la sentencia objeto de tutela incurrió en sustantivo,
porque omitió dar aplicación al principio de igualdad previsto en el artículo 44 de la
Constitución, con el fin de evitar que la carga académica por fuera de la jornada
ordinaria de estudio recaiga con mayor rigor sobre los menores que practican
deporte, participan en actividades culturales o pertenecen a familias con menor
capacidad de apoyo en casa.

62. Además, expuso que la providencia acusada carece de motivación, debido a
que no explicó las razones por las cuales la prevalencia del artículo 44 superior «no
alteraba el estándar de decisión ni afectaba el núcleo de desarrollo integral de los
niños».

63. Asimismo, indicó que la decisión objeto de tutela desconoció el precedente
definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-331 de 2023, que reconoce la

31
Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.
32
«[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; […]».
12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

desconexión como concreción del descanso y del tiempo libre, incluso respecto de
sujetos sometidos a mayor disponibilidad, el cual, en su criterio, si bien se aplica a
los trabajadores y servidores públicos, también, se puede recaer en la actividad
académica que desarrollan los niños, niñas y adolescentes en sus instituciones
escolares.

64. De igual manera, consideró que la sentencia cuestionada incurrió en una
violación directa de la Constitución, por cuanto desatendió los preceptos contenidos
en los artículos 14, 15, 29, 44 y 67 superiores.

65. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela33, se
observa que la Sección Primera del Consejo de Estado se pronunció sobre los
conceptos de educación integral, autonomía escolar y el fomento del deporte. Para
ello, precisó que el artículo 67 de la Constitución establece que la educación es un
derecho fundamental y un servicio público con función social, cuyo objetivo es
garantizar el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los valores culturales.
Además, la educación busca formar a los ciudadanos en el respeto por los derechos
humanos, la paz, la democracia, el trabajo, la recreación y la protección del
ambiente. El Estado, la sociedad y la familia comparten la responsabilidad de esta
labor.

66. De este modo, resaltó que el Estado debe regular, inspeccionar y garantizar la
calidad, cobertura y permanencia de los estudiantes. Esto tiene relevancia, en la
medida en que el artículo 68 superior reconoce el derecho de los particulares a crear
instituciones educativas bajo la ley.

67. La providencia acusada también destacó que la Ley 115 de 194 estableció el
marco normativo que regula el servicio público de educación, cuya prestación puede
ser efectuada por instituciones estatales y privadas sujetas a la ley y al reglamento,
según lo previsto en los artículos ibidem.

68. En este mismo sentido, la autoridad judicial accionada refirió que el artículo 77
de la Ley 115 de 1994 reconoció el funcionamiento de los centros educativos, bajo
el principio de autonomía escolar, el cual se materializa a través del Proyecto
Educativo Institucional (PEI), que cada establecimiento debe elaborar. Así pues, en
el PEI se definen los objetivos educativos, el plan de estudios, la metodología, el
tiempo, los criterios de evaluación y administración, así como los principios,
recursos, estrategias pedagógicas, reglamento interno y sistema de gestión de cada
institución, conforme las directrices previstas en los artículos 73 y 92 de la
mencionada ley.

69. Aunado a lo anterior, la Sección Primera del Consejo de Estado aclaró que el
Proyecto Educativo Institucional (PEI) debe ser claro, viable y medible, atendiendo
a las necesidades de los estudiantes, la comunidad, la región y el país. Además, la
formación promovida por el PEI busca el desarrollo integral de la personalidad, el
acceso a la cultura y el conocimiento científico y técnico, junto con la educación en
valores éticos, morales, ciudadanos y religiosos.
33
Sentencia del 25 de septiembre de 2026.
13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

70. También explicó que el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes
(SIEE) forma parte del PEI y está regulado por el Decreto 1290 de 2009, compilado
en el Decreto 1075 de 2015 y, para la elaboración del SIEE debe hacerse con la
participación de toda la comunidad educativa, (estudiantes, docentes, padres de
familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y
administradores escolares).

71. Acorde con lo mencionado, la providencia objeto de tutela analizó los deberes
de inspección, vigilancia y control que le asisten al Ministerio de Educación
Nacional, conforme lo dispuesto en los artículos 78 y 148 de la Ley 115 de 1994 y
el artículo 2.3.3.3.3.9 del Decreto 1075 de 2015. De esta manera, expuso que la
mencionada entidad tiene la responsabilidad de diseñar los lineamientos
curriculares, establecer indicadores de logros para cada grado y actualizar las
orientaciones sobre evaluación institucional.

72. Además, precisó que las secretarías de educación departamentales y distritales
deben garantizar la calidad y cobertura educativa, acompañar y supervisar la
implementación del sistema de evaluación en sus territorios, y asegurar el reporte
adecuado de las horas impartidas en cada área obligatoria.

73. De otro lado, la sentencia cuestionada refirió que la Ley 115 de 1994 regula
componentes temáticos de la educación. De modo, que el artículo 5 prevé que el
servicio educativo busca el desarrollo integral de la personalidad, abarcando
conocimientos académicos, salud, desarrollo físico y moral, y comprende la
educación formal, no formal e informal en los niveles de preescolar, básica y media.

74. Sobre el particular, la decisión acusada analizó el contenido de los artículos 15,
21, 22, 23 y 30 de la Ley 115 de 1994, para indicar que los objetivos específicos de
la educación preescolar, básica y media propenden por involucrar a la familia y la
comunidad en el proceso educativo, fomentar la autonomía de los estudiantes,
desarrollar habilidades críticas para el manejo de información y promover la
educación física, la recreación y el uso adecuado del tiempo libre.

75. En este sentido, los currículos de las instituciones educativas deben incluir
áreas fundamentales como ciencias, arte, ética, valores, educación física, religión,
humanidades, matemáticas y tecnología, lo cual representa, al menos, el 80% del
plan de estudios.

76. Bajo este contexto, la autoridad judicial accionada afirmó que, si bien, la
autonomía escolar es reconocida por la legislación colombiana como un principio
fundamental en la organización de los establecimientos educativos, también es
cierto que está sujeta a límites claros en cuanto al contenido temático, los objetivos
pedagógicos, la metodología educativa y la infraestructura indispensable para
garantizar el desarrollo integral de los menores.

77. Estos límites buscan asegurar que la formación impartida responda a las
necesidades académicas, culturales y físicas de los estudiantes, y evita que la
libertad institucional comprometa la calidad y equidad del servicio educativo.
14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

78. Puso de presente que, en el año 2022, el Ministerio de Educación Nacional
expidió la Política Pública de Recursos Educativos (PPRE) para garantizar la
pertinencia y equidad de los materiales pedagógicos en todos los niveles, en cuyo
contenido priorizó aspectos como la solidaridad, el aprendizaje autónomo, el
cuidado propio y de otros, las competencias socioemocionales, la salud y la
resiliencia. Además, enfatizó en la importancia de la participación familiar en el
seguimiento y apoyo de las actividades de aprendizaje de los estudiantes, en
coherencia con el currículo y la orientación docente.

79. En línea con lo dicho, la providencia cuestionada mencionó que, en el año 2022,
el Ministerio de Educación Nacional también emitió nuevas «orientaciones
curriculares para la educación física, recreación y deportes en la educación básica
y media», con el objetivo de actualizar los referentes pedagógicos, promoviendo la
inclusión y la formación integral de los estudiantes. Estas directrices sirven como
guía flexible para el diseño curricular de las instituciones, lo cual, sin desconocer su
autonomía exige coherencia con los fines educativos y los derechos fundamentales.

80. En este orden, la autoridad accionada resaltó que la educación física, la
recreación y el deporte es obligatoria en todos los niveles educativos, ya que
contribuye al desarrollo integral del estudiante. Por esta razón, las instituciones
educativas deben contar con lineamientos claros de infraestructura y metodología
para garantizar la práctica de actividades físicas, dado que el bienestar corporal es
tan relevante como el desarrollo intelectual y moral de los niños, niñas y
adolescentes.

81. Con base en lo anterior, la Sección Primera de esta corporación afirmó que los
deberes que les corresponden a las instituciones educativas en la formación de los
niños, niñas y adolescentes no es exclusiva y excluyente, pues la Constitución y la
ley reconocen que la familia de los menores es corresponsable de la educación de
los hijos, y debe participar activamente en la vida escolar y proporcionar un
ambiente adecuado para su desarrollo integral.

82. A partir del referido contexto normativo, la providencia objeto de tutela procedió
a examinar los argumentos planteados por la parte demandante con el fin de
establecer si se presentó una acción u omisión por parte del Ministerio de Educación
Nacional, en su función de orientador de las instituciones educativas del país, con
la que se hubiese podido afectar el derecho colectivo invocado.

83.Sobre el particular, la sentencia cuestionada expuso las siguientes
consideraciones:

Respecto del derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a su prestación
eficiente y oportuna, esta Sección en la sentencia de 31 de marzo de 2023 34 consideró
que la acción u omisión por parte de las autoridades que conlleven a la falta de
oportunidad en la prestación de los servicios públicos o la deficiencia en la
administración o prestación de los recursos destinados a garantizar el servicio público
representa una vulneración o amenaza de aquel derecho colectivo.

34
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 170012333 000201800493-01.
15

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

En la sentencia de 13 de marzo de 202535, la Sección advirtió que al Ministerio de
Educación Nacional le corresponde, en lo relacionado con el servicio de educación,
emitir políticas, criterios y reglamentos que orienten el funcionamiento de las
instituciones educativas y el desarrollo de los procesos curriculares y pedagógicos en
todo el país, así como evaluar de manera permanente la calidad del servicio educativo,
[…]

84. Una vez aclarado lo anterior, la Sección Primera del Consejo de Estado analizó
los documentos aportados al expediente y enfatizó en el oficio 2025-IE-006362 del
24 de febrero de 2025, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, en cuyo
contenido se puso de presente que «la Ley 115 de 1994 otorga autonomía a los
establecimientos educativos para definir su Proyecto Educativo Institucional (PEI),
permitiéndoles adaptar estrategias pedagógicas y flexibilizar las jornadas y
actividades académicas, especialmente para estudiantes que practican deporte de
alto rendimiento o presentan talentos excepcionales».

85. Al respecto, la autoridad judicial accionada transcribió algunos párrafos del
oficio 2025-IE-006362, de los cuales se destacan los siguientes:

En este sentido, el deporte es una posibilidad formativa que hace parte del desarrollo
integral del estudiante y relaciona sus intereses y oportunidades de desarrollo. Sin
embargo, conviene plasmar aquellas acciones o determinaciones excepcionales en la
jornada escolar, en el marco del PEI y el Sistema Institucional de Evaluación de los
Estudiantes (SIEE) como los permisos excepcionales por competencias o
entrenamiento en tiempos razonables que permitan flexibilizar la asistencia del
estudiante y las actividades designadas, pero especialmente garantizar el cumplimiento
de sus compromisos académicos, destacando siempre que el SIEE de acuerdo con el
decreto 1290 de 2009, como parte constitutiva del PEI, debe concretar, entre otros
aspecto.

Artículo 4 (...) Numeral 6: Las estrategias de apoyo necesarias para resolver
situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes. Es decir, los Establecimientos
Educativos pueden considerar escenarios de flexibilidad en las jornadas para los
estudiantes y sus actividades académicas, cuando a través de un análisis particular,
permitan reconocer los beneficios que conllevarían diversas modificaciones en el
propósito de la formación de los estudiantes. Sin embargo, se debe plasmar de manera
explícita tanto en el PEI, como en el SIEE, dichas situaciones de flexibilización para los
estudiantes, con la respectiva aprobación de las instancias de la institución y la
respectiva divulgación a la comunidad educativa.

[…]

Así, se puede considerar desde la autonomía institucional, que sea en el nivel de alto
rendimiento, o en una práctica sistemática del deporte de nivel de representación
regional, se puede flexibilizar la jornada escolar para los estudiantes, el cumplimiento
de actividades académicas, siempre y cuando derive de acuerdos planteados por las
instancias administrativas y directivas del establecimiento, bajo el liderazgo del rector
o rectora y de pleno conocimiento por la comunidad educativa desde el PEI y el SIEE
de la institución, especialmente con el firme compromiso del estudiante como sujeto
corresponsable de su formación y la familia, para asumir los compromisos que sean
necesarios para suplir las ausencias a las actividades académicas regulares definidas
por los colegios.

35
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 180012333000202300055-01.
16

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

86. Asimismo, la providencia cuestionada puso de presente que el oficio 2025-IE-
006362 del 24 de febrero de 2025 también informó que la carga excesiva de tareas
escolares puede afectar negativamente la participación de los estudiantes en
actividades deportivas y recreativas, y que era necesario y pertinente encontrar un
equilibrio entre las responsabilidades académicas y la práctica deportiva, ya que el
ejercicio regular no solo mejora la salud física y mental, sino que también contribuye
al rendimiento académico.

87. En este punto, la autoridad judicial resaltó que el mencionado documento emitió
unas directrices dirigidas a los centros e instituciones y demás miembros de la
comunidad educativa para garantizar el equilibrio entre las actividades académicas
y deportivas de los estudiantes, así:

De acuerdo con lo expuesto, es importante reconocer que una carga excesiva de
tareas puede limitar el tiempo que los estudiantes dedican a la actividad física, lo que
podría contrarrestar estos beneficios. Por lo tanto, es esencial encontrar un equilibrio
que permita a los estudiantes cumplir con sus responsabilidades académicas sin
sacrificar su participación en actividades deportivas.

2)La forma más adecuada para hacer compatibles dichas tareas con la actividad
deportiva y de otro tipo de los estudiantes de colegio y/o disertar sobre las alternativas
posibles.

En cuanto a maneras de dar gestión a las tareas escolares sin dejar de practicar
disciplinas deportivas o actividad física, se encuentran las siguientes:

✓Planificación, organización y gestión del tiempo:
✓Comunicación con los profesores
✓Apoyo de los padres y tutores: Los padres y tutores deben apoyar a los
estudiantes en la gestión de su tiempo y en la búsqueda de soluciones para conciliar
las tareas en casa con la actividad deportiva.
✓Flexibilidad en la entrega de tareas
✓Desarrollo de habilidades de tiempo y gestión
✓Mejora en las técnicas de estudio
✓Tareas en línea
✓Coordinación entre instituciones educativas y deportivas
[…]

88. Adicionalmente, la sentencia objeto de tutela indicó que en el expediente obraba
el «Memorando de entendimiento en los ámbitos educativo y deportivo entre el
Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación Nacional», suscrito en el año
2023, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, en el cual se planteó la
posibilidad de aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre los ministerios
mencionados para promover el desarrollo y la formación integral de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, a través de la práctica y la cultura deportiva, la educación
y la actividad física y la recreación en el entorno educativo.

89. Además de lo mencionado, la autoridad judicial accionada efectuó una
valoración del oficio OJU-230 del 20 de febrero de 2025, expedido por la
Universidad Pedagógica Nacional, con el cual se efectuó un análisis del rol del
colegio, la familia y la sociedad en el desarrollo académico y deportivo de los niños,
17

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

niñas, adolescentes e indicaba que los escenarios en los que conviven los menores
deben armonizarse para procurar una mejor formación de ellos. Así pues, precisó
que «[…] la compatibilidad entre «tarea» y «actividad deportiva» pasa por la mirada
individual-personal del proceso de formación del joven; a la escuela le es factible
concertar para la instalación de estrategias que permitan que el joven deportista
cumpla con los requerimientos y objetivos educativos; sin ir en detrimento de los
objetivos del entrenamiento y salud integral del deportista […]»

90. Con base en lo anterior, la Sección Primera del Consejo de Estado indicó que
el Ministerio de Educación Nacional ha emitido directrices y orientaciones con el fin
de fortalecer la formación integral de los estudiantes bajo una perspectiva inclusiva
y contemporánea, en el marco de un escenario de corresponsabilidad entre las
instituciones educativas y la familia para el apoyo de las actividades académicas
(tareas escolares) y deportivas.

91. Lo anterior, a juicio de la autoridad judicial, guarda relación con lo previsto en el
artículo 68 de la Constitución, que «reconoce el derecho de los padres a escoger el
tipo de educación que recibirán sus hijos. Esto permite la coexistencia de diversos
enfoques y modelos educativos. Dicha pluralidad y la innovación pedagógica
garantiza que las instituciones educativas públicas y privadas puedan optar por
propuestas académicas que respondan de mejor manera a las características,
intereses y proyectos de vida de los estudiantes, en armonía con los fines de la
educación. Incluso el artículo 32 de la Ley 115 de 1994 establece que la educación
media técnica puede incluir la especialidad en deporte».

92. De este modo, la Sección Primera del Consejo de Estado precisó que «la
autonomía educativa constituye uno de los pilares fundamentales del sistema
educativo colombiano, pues promueve la libertad de enseñanza y el derecho de las
instituciones educativas a definir sus orientaciones pedagógicas, filosóficas y
organizacionales, bajo límites razonables cuya transgresión no se acreditó en el
plenario».

93. Conforme con lo anterior, consideró que los argumentos planteados por el señor
Alexander Beltrán Preciado no acreditaron que el Ministerio de Educación Nacional
hubiese incurrido en alguna acción u omisión con la que vulneró el derecho colectivo
al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna, en lo
atinente al servicio de educación nacional.

94. En efecto, para la Sección Primera del Consejo de Estado, no se demostró que
a nivel nacional la comunidad estudiantil carezca de educación en desarrollo físico
ni se acredito que los estudiantes y sus familias no cuenten con instrumentos legales
y administrativos que les permita participar en la elaboración del SIEE, o solicitar la
personalización de su metodología pedagógica cuando son talentos excepcionales;
tampoco se probó una grave omisión del Ministerio de Educación Nacional en
materia de lineamientos, ni la falta de articulación entre los sectores educativo y
deporte.

18

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

95. En suma, la autoridad judicial accionada concluyó que los argumentos del actor
popular proponen un debate desde una óptica particular e individual, para lo cual es
necesario que agoten las instancias administrativas y/o judiciales que
correspondan, sin perjuicio que en el marco de su autonomía familiar y responsable
de la formación de sus hijos pueda acudir a instituciones educativas cuyo modelo
pedagógico le resulte favorable en el desarrolló deportivo, cultural y artístico que
pretende para sus hijos.

96. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 7 de noviembre
de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, no incurrió en los
defectos alegados por la parte accionante, pues la decisión de revocar la
providencia de primera instancia36, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, estuvo soportada en un estudio razonable de la normativa aplicable y
de los elementos probatorios aportados al trámite judicial.

97. En concreto, se destaca que la providencia acusada efectuó un análisis
sistemático e integral de la Constitución37 con lo previsto en la Ley 115 de 199438 y
el Decreto 1290 de 2009, compilado en el Decreto 1075 de 2015, para precisar las
funciones de administración, vigilancia y control del sistema educativo nacional por
parte del Ministerio de Educación Nacional, así como las directrices a las que se
sujetan las instituciones de educación básica, preescolar y media del país, en la
elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI).

98. Lo anterior, permitió constatar que desde la cartera ministerial se han expedido
documentos con lineamientos y orientaciones que garantizan el desarrolló y la
formación integral de los niños, niñas y adolescentes, y requiere a los
establecimientos educativos para que en la preparación del PEI tomen las medidas
necesarias que permitan adaptar estrategias pedagógicas y flexibilizar la jornada y
carga académica, especialmente para estudiantes que practican deporte de alto
rendimiento o presentan talentos excepcionales.

99. Así pues, se observa que el estudio desarrollado por la autoridad judicial
accionada; contrario a lo expuesto por el tutelante, no se aleja del contenido del
artículo 44 de la Constitución, pues, muestra el marco normativo legal y
reglamentario que desarrollan los derechos a la educación y la recreación de los
niños, niñas y adolescentes, previsto en la norma superior mencionada, así como la
corresponsabilidad que le asiste a las familias para el apoyo y la formación de estos.

100. En este orden, se advierte que los argumentos expuestos en el escrito de tutela,
si bien demuestran la inconformidad del accionante con la providencia, lo cierto es
que no plantean una carga argumentativa suficiente y convincente para mostrar la
importancia artículo 44 superior en el asunto decidido por la autoridad judicial
accionada y como su interpretación y aplicación hubiese podido modificar el sentido
de la decisión.

36
Sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
37
Artículos 67 y 68
38
Artículos 5, 21, 22, 23, 30, 32, 77, 78, 85, 86, 92, 141, 148 y 151
19

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

101. En concreto, se tiene que el análisis normativo realizado por la autoridad judicial
accionada no evidencia, de ninguna manera, una actuación indebida por acción u
omisión. Por el contrario, su proceder fue estricto, objetivo y conforme al
ordenamiento constitucional, legal y reglamentario aplicable, razón por la cual no es
posible inferir que la decisión objeto de tutela resulte contraria a derecho. Cuestión
distinta es que la corporación accionada no hubiera otorgado la valoración que el
tutelante pretendía respecto del asunto, conforme a las peticiones formuladas en el
medio de protección de derechos e intereses colectivos.

102. Por otro lado, es pertinente indicar que la sentencia C-331 de 2023 de la Corte
Constitucional no resultaba aplicable para fundamentar la figura de la «desconexión
escolar», que fue el objeto de estudio en la providencia cuestionada, pues su ámbito
de solución se circunscribe al derecho a la «desconexión laboral», entendido como
la garantía de que los trabajadores no sean obligados a atender requerimientos,
comunicaciones o cargas derivadas de la relación laboral fuera de la jornada
pactada.

103. Conviene mencionar que la sentencia de la Corte Constitucional, referida por el
tutelante, parte de presupuestos propios del derecho laboral, como la existencia de
subordinación, la jornada, los alcances del empleador y las obligaciones
contractuales. Dichos elementos no son trasladables al contexto educativo y de
formación de los menores, donde la relación entre estudiantes e instituciones no es
de naturaleza laboral ni genera deberes equiparables a los que surgen del contrato
de trabajo o de una relación legal o reglamentaria.

104. Además, la Corte analizó la desconexión como un mecanismo para proteger la
dignidad del trabajador, la salud mental y el equilibrio vida—trabajo, finalidades que,
aunque relevantes en el ámbito educativo, se desarrollan mediante otros
instrumentos normativos y pedagógicos, no mediante la extensión analógica de una
garantía diseñada para relaciones laborales. En consecuencia, la sentencia C-331
de 2023 no puede emplearse como parámetro para definir los alcances de la
desconexión escolar, pues ello implicaría desbordar el contenido y la finalidad
constitucional del precedente.

105. Por lo expuesto, la Sala considera que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de la normativa aplicable al caso concreto. Por
estos motivos, si bien la providencia objeto de tutela no resultó favorable a la parte
tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus garantías
constitucionales.

106. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
protección de derechos e intereses colectivos, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.

20

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-00 (3956)
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

4. Conclusión

107. Así las cosas, se concluye que la providencia proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado no vulneró los derechos fundamentales invocados por la
parte actora, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo, decisión sin motivación,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, que exija la
intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo
invocada por los accionantes.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Alexander Beltrán
Preciado contra el Consejo de Estado Sección Primera, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

21

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.