Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02592-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02592-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02592-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-01
Accionante: ALEXANDER BELTRÁN PRECIADO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia judicial / Acción popular y desconexión escolar /
Relevancia constitucional y carga argumentativa mínima / Defectos fáctico,
sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por el accionante
Alexander Beltrán Preciado contra el fallo de tutela del 4 de mayo de 2026, proferido
por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, de conformidad con
lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 32
del Decreto 2591 de 19911.
I. ANTECEDENTES
1. El señor Alexander Beltrán Preciado, en nombre propio, promovió acción de tutela
contra el Consejo de Estado - Sección Primera, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración
de justicia, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, en conexidad con la
prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con ocasión de la
sentencia del 7 de noviembre de 2025, proferida dentro del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos con radicado núm. 25000-23-41-
000-2024-01694-01.
Hechos relevantes
2. En ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos, el accionante presentó demanda contra el Ministerio de Educación
Nacional, con el propósito de obtener el amparo del derecho establecido en el literal
j) del artículo 42 de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, que se ordenara a esa
cartera adoptar las medidas necesarias para reglamentar la denominada
1
Que ingresó a despacho para fallo el 23 de julio de 2026.
2
«[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros,
los relacionados con: […] j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna; […]».
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-01
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado - Sección Primera
Referencia: Acción de tutela
desconexión escolar, esto es, fijar límites a la asignación de tareas académicas por
fuera de la jornada escolar.
3. Mediante sentencia del 8 de mayo de 20253, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, amparó parcialmente el derecho
colectivo invocado, al considerar que el Ministerio de Educación Nacional incumplió
su deber de inspección y vigilancia al no establecer lineamientos nacionales sobre
la cantidad y naturaleza de las tareas escolares. En consecuencia, ordenó
conformar una mesa de trabajo interinstitucional para definir criterios generales que
permitan a los menores gozar del derecho al descanso, la recreación y el tiempo
libre por fuera del horario escolar.
4. Apelada esa decisión por el Ministerio de Educación, mediante sentencia del 7
de noviembre de 20254, el Consejo de Estado, Sección Primera revocó el ordinal
segundo del fallo del Tribunal y, en su lugar, negó el amparo del derecho colectivo.
Sostuvo, en síntesis, que: i) no se acreditó que la sobrecarga académica sea una
práctica generalizada en el sistema educativo nacional, ni que el modelo educativo
omita el desarrollo de la actividad física, componente obligatorio de los planes de
estudio; ii) el ministerio ha expedido lineamientos y orientaciones en la materia,
entre ellos la Política Pública de Recursos Educativos y las orientaciones
curriculares para la educación física, la recreación y el deporte, ambas de 2022, y
suscribió en 2023 un memorando de entendimiento con el Ministerio del Deporte;
iii) el ordenamiento contempla mecanismos de flexibilización curricular y de jornada
para estudiantes que practican deporte de alto rendimiento o presentan talentos
excepcionales, conforme al artículo 2.3.3.5.1.3.10 del Decreto 1075 de 2015; iv) las
situaciones descritas por el actor corresponden a problemáticas particulares que
comprometen prerrogativas subjetivas y no derechos colectivos.
Pretensiones
5. En el escrito de tutela, la parte accionante solicitó lo siguiente:
“PRIMERA. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, igualdad y tutela judicial efectiva, en
conexidad con la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
SEGUNDA. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 7
de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Primera, dentro del radicado 25000-23-41-000-2024-
01694-01.
TERCERA. Ordenar a la autoridad judicial accionada que profiera una nueva
decisión, valorando el asunto con sujeción estricta a los artículos 13, 44 y 67 de
la Constitución Política, a la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, y al deber estatal de garantizar una educación integral.
3
Índice SAMAI 00066 del expediente: 25000234100020240169400 - Certificado:
516DFE49C4A6C400 2422E7B80B3A4DF0 97564ACD06DDFF27 54EF7A6B61D902E2
4
Índice SAMA 00012 del expediente: 25000-23-41-000-2024-01694-01 - Certificado:
5096852BC6277ECC 90D48DC76EA7E7C5 3DFA81BA75850B87 3F4F29778A8CA051
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-01
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado - Sección Primera
Referencia: Acción de tutela
CUARTA. Ordenar que en la nueva providencia se realice una ponderación
material, reforzada y no meramente formal entre autonomía escolar, servicio
público educativo y los derechos al descanso, recreación, deporte, tiempo libre
y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, atendiendo además la
doctrina constitucional de la Sentencia C-331 de 2023 sobre el contenido
mínimo irreductible del descanso y la desconexión.”5
Fundamentos de la demanda de tutela
6. Como fundamento de sus pretensiones, el actor alegó que la providencia
cuestionada incurrió en defecto sustantivo, porque reconoció que la educación
incluye formación física, recreativa y deportiva, así como autonomía escolar, la cual
tiene límites, “pero negó el amparo como si esas premisas carecieran de
consecuencia jurídica”. Agregó que el artículo 44 de la Constitución impone un
estándar prevalente de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes, que
exige evitar que la carga académica por fuera de la jornada ordinaria recaiga con
mayor rigor en quienes practican deporte, participan en actividades culturales o
pertenecen a familias con menor capacidad de apoyo en casa.
7. De igual forma, el accionante invocó un defecto fáctico, en la medida en que, en
su criterio, la autoridad accionada desconoció el material probatorio aportado al
expediente y minimizó el contexto narrado en la demanda popular sobre el
agotamiento físico y mental, la afectación del sueño, el abandono de actividades
deportivas y la presión sobre las familias.
8. Asimismo, el actor expuso que la providencia acusada carece de motivación,
porque no explicó de manera suficiente las razones por las cuales la prevalencia del
artículo 44 superior “no alteraba el estándar de decisión ni afectaba el núcleo de
desarrollo integral de los niños”.
9. El accionante también indicó que la decisión desconoció el precedente definido
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-331 de 2023, que reconoce la
desconexión como concreción del descanso y del tiempo libre, el cual, en su criterio,
si bien se aplica a los trabajadores y servidores públicos, también puede recaer en
la actividad académica que desarrollan los niños, niñas y adolescentes en sus
instituciones escolares.
10. Finalmente, el actor consideró que la sentencia cuestionada incurrió en una
violación directa de la Constitución, por cuanto desatendió los preceptos contenidos
en los artículos 14, 15, 29, 44 y 67 de la Carta Política.
5
Ver pág. 10 del escrito de tutela - Índice SAMAI 00002 del expediente de tutela
11001031500020260259200: - Certificado: FD2899A0F7751B55 7F798504D3BF4667
E6F2FA2109BF3D90 2D99E29AAF3FBBF3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-01
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado - Sección Primera
Referencia: Acción de tutela
Trámite en primera instancia
11. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante auto del 10 de abril de
20266, admitió la solicitud de amparo contra la Sección Primera del Consejo de
Estado. Además vinculó a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y al Ministerio de Educación Nacional como de
terceros interesados. Entre otras decisiones
Intervenciones
12. Las intervenciones recibidas en el trámite7 se resumen en el siguiente cuadro:
Parte / interviniente Solicitud Argumentos
Manifestó que los argumentos del
accionante se dirigen a controvertir el
razonamiento de la sentencia proferida
Tribunal
Desestimar las por la Sección Primera del Consejo de
Administrativo de
pretensiones de Estado. Además, expuso que la acción se
Cundinamarca,
amparo respecto del promovió varios meses después de
Sección Primera,
Tribunal. notificada la providencia cuestionada, lo
Subsección A.
cual incide en el análisis del requisito de
inmediatez, cuya apreciación
corresponde al juez constitucional.
Pidió la improcedencia por
incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, pues el actor
planteó argumentos que ya fueron
estudiados dentro del medio de control,
Declarar improcedente
Consejo de Estado, con el propósito de utilizar la tutela como
la tutela o, en subsidio,
Sección Primera. una tercera instancia. En subsidio,
negar las pretensiones.
sostuvo que la decisión no vulneró
derechos fundamentales, porque
desarrolló un análisis adecuado de los
hechos, las pruebas y la jurisprudencia
aplicable, sin configurar defecto alguno.
Ministerio de Guardó silencio durante el trámite de
No se pronunció.
Educación Nacional. primera instancia.
Cuadro 1. Intervenciones en el trámite de tutela.
La sentencia de primera instancia
13. Mediante sentencia del 4 de mayo de 20268, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo. Como cuestión preliminar, advirtió
que el accionante no identificó de forma clara y precisa cuáles fueron las pruebas
que la autoridad accionada omitió valorar o analizó de manera defectuosa, por lo
6
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02592-00, índice 4, notificado el 14 de abril de
2026 (índice 7).
7
SAMAI, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02592-00, índices 13 y 14.
8
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02592-00, índice 18, notificada el 30 de junio de
2026 (índice 21).
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Accionante: Alexander Beltrán Preciado
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Referencia: Acción de tutela
que no era posible examinar la tutela bajo el cargo de defecto fáctico. Además, en
atención a que los demás reproches se fundaban en una sola línea argumentativa,
los estudió de manera conjunta.
14. Tras encontrar acreditados los requisitos generales de procedibilidad, el a quo
concluyó que la providencia atacada efectuó un análisis sistemático e integral de los
artículos 67 y 68 de la Constitución, de la Ley 115 de 1994 y del Decreto 1290 de
2009, compilado en el Decreto 1075 de 2015, para precisar las funciones de
administración, vigilancia y control del sistema educativo por parte del Ministerio de
Educación Nacional, así como las directrices a las que se sujetan las instituciones
educativas en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del Sistema
Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE).
15. La autoridad judicial de primer grado destacó que la Sección Primera valoró los
elementos probatorios del plenario, en particular los oficios de los ministerios de
Educación y del Deporte, los informes de la Universidad Pedagógica Nacional y el
memorando de entendimiento interministerial de 2023, y constató la existencia de
lineamientos, orientaciones y mecanismos de flexibilización académica,
especialmente para estudiantes que practican deporte de alto rendimiento o
presentan talentos excepcionales. Por ello, estimó que el estudio desarrollado no
se aleja del contenido del artículo 44 de la Constitución y que los argumentos del
actor no plantean una carga suficiente para mostrar cómo su interpretación habría
modificado el sentido de la decisión
16. Finalmente, precisó que la sentencia C-331 de 2023 no resultaba aplicable para
fundamentar la figura de la desconexión escolar, pues su ámbito se circunscribe al
derecho a la desconexión laboral, edificado sobre presupuestos propios de esa
relación, como la subordinación, la jornada y las obligaciones contractuales, que no
son trasladables a la relación entre los estudiantes y las instituciones educativas.
Concluyó que el actor pretendía utilizar la tutela como una instancia adicional.
Impugnación
17. Contra la providencia precitada, el accionante interpuso impugnación9 con los
siguientes reproches: i) el fallo redujo indebidamente el debate constitucional, pues
confundió la referencia normativa con la protección efectiva y no vio «al niño real»,
sino a un estudiante abstracto sometido a la lógica institucional del PEI y del SIEE;
ii) sí existía defecto sustantivo, por la contradicción entre las premisas
constitucionales admitidas por la Sección Primera y la negación del amparo, ya que
no existe una regla nacional clara, exigible y verificable sobre los límites de la carga
académica extra jornada; iii) el defecto fáctico se descartó con una lectura
demasiado rígida, siendo exigible un estándar reforzado cuando están
comprometidos derechos de niños, niñas y adolescentes; iv) la existencia de
lineamientos no demuestra protección suficiente, porque una política pública
general no equivale a una regulación efectiva sobre desconexión escolar; v) se
desconoció el bloque de constitucionalidad, en tanto la tutela invocó los artículos 14,
15, 29 y 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño; vi) la sentencia C-331
9
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02592-00, índice 22.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-01
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado - Sección Primera
Referencia: Acción de tutela
de 2023 sí tenía fuerza argumentativa, no por un traslado mecánico de la regulación
laboral, sino como analogía constitucional, pues si un trabajador adulto tiene
derecho a un núcleo mínimo de descanso, con mayor razón deben protegerse los
menores; y vii) la tutela no era una tercera instancia, sino control constitucional de
una providencia que sacrificó derechos prevalentes bajo una lectura formalista.
18. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar el fallo impugnado, amparar sus
derechos fundamentales, dejar sin efectos la sentencia del 7 de noviembre de 2025
y ordenar a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión con una
ponderación material y reforzada. La impugnación fue concedida mediante auto del
10 de julio de 202610.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problema jurídico y metodología de la decisión
20. Inicialmente, corresponde a la Sala determinar si los cargos formulados
satisfacen los requisitos generales y las cargas argumentativas mínimas exigidas
para la procedencia de la tutela contra providencia judicial. Como se explicará, tales
presupuestos se encuentran acreditados respecto de los defectos sustantivo,
decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución. En cuanto al defecto fáctico, deberá establecerse previamente si el
actor individualizó las pruebas presuntamente comprometidas y explicó su
incidencia determinante en la decisión cuestionada. Superado ese examen, la Sala
resolverá los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿La Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico al omitir
o valorar de manera manifiestamente irrazonable el material probatorio relacionado
con el agotamiento físico y mental de los estudiantes, la afectación del sueño, el
abandono de actividades deportivas y la presión sobre las familias, y fue esa
irregularidad determinante para negar el amparo del derecho colectivo invocado?.
(ii) ¿La Sección Primera incurrió en defecto sustantivo al reconocer la importancia
de la formación integral, el descanso, la recreación y el deporte de los niños, niñas
y adolescentes, así como los límites de la autonomía escolar, pero negar el amparo
colectivo por considerar que no se acreditó una omisión del Ministerio de Educación
Nacional ni una amenaza real y actual, y que no existía un mandato jurídico que le
impusiera expedir una regulación nacional específica sobre las tareas escolares por
fuera de la jornada?.
10
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02592-00, índice 24, notificado el 14 de julio de
2026 (índice 27).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-01
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado - Sección Primera
Referencia: Acción de tutela
(iii) ¿La Sección Primera desconoció el precedente constitucional contenido en la
Sentencia C-331 de 2023 al no extender al ámbito escolar la regla sobre el
contenido mínimo del derecho al descanso desarrollada en materia de desconexión
laboral, o dicha providencia carecía de identidad fáctica y jurídica suficiente para
constituir precedente vinculante en el asunto decidido?
(iv) ¿La sentencia del 7 de noviembre de 2025 incurrió en decisión sin motivación
porque omitió exponer las razones fácticas y jurídicas por las cuales la prevalencia
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, prevista en el artículo 44 de la
Constitución, no modificaba el estándar aplicable a la acción popular ni imponía el
amparo solicitado?
(v) ¿La Sección Primera incurrió en violación directa de la Constitución y del bloque
de constitucionalidad al negar el amparo colectivo sin aplicar de manera prevalente
los derechos de los niños, niñas y adolescentes al descanso, la recreación, el juego,
el deporte, el tiempo libre y la educación integral, o articuló razonablemente esas
garantías con los presupuestos probatorios y sustanciales propios del medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos?
21. Para resolver los problemas planteados, la Sala expondrá: i) los requisitos de
procedencia de la tutela contra providencia judicial y la caracterización de los
defectos invocados; ii) la verificación de los requisitos generales en el caso concreto;
iii) la carga argumentativa específica del defecto fáctico; iv) el alcance del derecho
a la educación de los niños, niñas y adolescentes, interpretado conforme al principio
de interés superior; y v) el análisis de los defectos que superaron el examen de
procedencia.
Procedencia de tutela contra sentencia
22. Desde la sentencia C-590 de 200511, la Corte Constitucional estableció que el
análisis sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe
hacerse a la luz de requisitos generales, de naturaleza procesal, y de requisitos
específicos, de naturaleza sustantiva. Los primeros son presupuestos cuyo
completo cumplimiento es condición indispensable para que el juez de tutela pueda
valorar de fondo el asunto: i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva; ii)
que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela; iii) la inmediatez; iv)
la identificación clara y comprensible de los hechos y de los derechos afectados; v)
la subsidiariedad; vi) la evidente relevancia constitucional del asunto; y vii) cuando
se alegue una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto determinante en la
decisión cuestionada.
23. Los requisitos específicos corresponden a los defectos graves que hacen la
decisión incompatible con la Constitución: orgánico, procedimental absoluto, fáctico,
material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. En la sentencia T-410 de 202412,
la Corte Constitucional reiteró esa caracterización y precisó, además, que el juez de
11
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
12
Corte Constitucional, sentencia T-410 de 2024.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-01
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado - Sección Primera
Referencia: Acción de tutela
tutela debe limitarse a analizar los defectos puntuales que el accionante plantea
como transgresores de sus derechos, pues le está prohibido adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada. Para efectos de esta
providencia, el alcance de los cinco defectos invocados se sintetiza en el siguiente
cuadro:
Defecto Caracterización según la jurisprudencia constitucional
Se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas de
índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la
Fáctico. evaluación indebida y contraevidente de las pruebas existentes.
Quien lo invoca tiene la carga de identificar con precisión las
pruebas comprometidas y de demostrar su incidencia directa y
determinante en la decisión.
Ocurre cuando la decisión judicial se toma con fundamento en
normas inexistentes o inconstitucionales, cuando existe una clara
contradicción entre los fundamentos de la decisión o cuando la
Material o
interpretación acogida resulta abiertamente irrazonable. No
sustantivo.
procede para controvertir la interpretación razonable de una
disposición, amparada por la autonomía judicial del artículo 230
superior.
Supone que el juez no cumplió con su deber de expresar los
Decisión sin fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión. No se configura
motivación. frente a motivaciones que el interesado estime insuficientes o
equivocadas.
Se genera cuando, frente a un caso con los mismos hechos, la
autoridad se aparta de los criterios establecidos por los tribunales
Desconocimiento de cierre o por ella misma, sin cumplir la carga de justificar de
del precedente. forma suficiente y razonada el cambio. Presupone la identidad o
semejanza fáctica y jurídica entre el caso resuelto y el fallo que se
invoca como precedente.
Se genera cuando la providencia judicial desconoce por completo
Violación directa de un postulado de la Constitución, le atribuye un alcance insuficiente
la Constitución. o lo contradice, incluidas las normas que integran el bloque de
constitucionalidad.
Cuadro 2. Caracterización de los defectos invocados, conforme a las sentencias C-
590 de 2005 y T-410 de 2024.
Análisis de los requisitos genéricos de procedibilidad en el caso concreto
24. En el presente asunto se encuentran satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial respecto de los
cargos por defecto sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. En efecto, el accionante está
legitimado por activa, pues fue la parte demandante dentro del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos y atribuye a la sentencia
cuestionada la vulneración de sus derechos fundamentales. A su vez, la Sección
Primera del Consejo de Estado se encuentra legitimada por pasiva, por ser la
autoridad que profirió la providencia reprochada. La tutela no se dirige contra una
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-01
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
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Referencia: Acción de tutela
sentencia de amparo y satisface el presupuesto de subsidiariedad, dado que
cuestiona una sentencia de segunda instancia frente a la cual no se advierte la
existencia de otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para plantear los reparos
constitucionales formulados.
25. También se cumplen los requisitos de inmediatez, identificación razonable y
relevancia constitucional. La sentencia cuestionada fue notificada el 14 de
noviembre de 2025 y la solicitud de amparo se presentó el 7 de abril de 2026, esto
es, transcurridos ciento cuarenta y cuatro (144) días, equivalentes
aproximadamente a cuatro (4) meses y veinticuatro (24) días, término que se estima
razonable atendidas las particularidades del asunto. Asimismo, el actor identificó la
providencia acusada, los derechos presuntamente afectados y las razones por las
cuales considera configurados los defectos sustantivos, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. Finalmente,
la controversia tiene relevancia constitucional, porque no se limita a expresar una
inconformidad con la decisión del juez popular, sino que plantea la posible
afectación de los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes al
descanso, la recreación, el deporte, el tiempo libre y la educación integral, así como
el eventual desconocimiento de los artículos 44 y 67 de la Constitución y de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
26. El reconocimiento de la relevancia constitucional del asunto no autoriza, sin
embargo, a reabrir integralmente el debate resuelto por el juez popular. El examen
de la Sala se limitará a establecer si la providencia incurrió en alguno de los defectos
concretamente formulados, sin sustituir la valoración probatoria o jurídica del juez
natural ni definir cuál habría sido la medida regulatoria más conveniente.
27. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que quien invoca el
defecto fáctico en una tutela contra providencia judicial tiene la carga de identificar
con precisión las pruebas omitidas, indebidamente valoradas o irregularmente
practicadas, y demostrar su incidencia directa y determinante en el sentido de la
decisión13. No basta el desacuerdo con las conclusiones probatorias del juez
natural, pues la valoración de la prueba está amparada por los principios de
autonomía e independencia judicial.
28. En el presente asunto, el actor no cumplió esa carga argumentativa mínima.
Aunque sostuvo que la Sección Primera desconoció el material probatorio
relacionado con el agotamiento físico y mental de los estudiantes, la afectación del
sueño, el abandono de actividades deportivas y la presión sobre las familias, no
individualizó cuáles pruebas concretas fueron omitidas o valoradas de manera
contraevidente, ni explicó su incidencia determinante en la decisión. Además, la
censura contradice el contenido de la providencia cuestionada, pues la Sección
Primera examinó expresamente, e incluso transcribió en extenso, el oficio 2025-IE-
13
Corte Constitucional, sentencia T-084 de 2025, “…Dicho principio aplica también en el caso de
tutelas contra providencias judiciales. En este escenario, la Corte Constitucional ha precisado que la
falta de formalidad de la acción no exime al actor de asumir una carga argumentativa mínima, de tal
manera que se brinden suficientes razones para plantear un verdadero problema constitucional”.
Cumplida esta carga, “en aplicación del principio iura novit curia, el juez de tutela tiene la posibilidad
de emitir un fallo ultra o extra petita”
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-01
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado - Sección Primera
Referencia: Acción de tutela
006362 del 24 de febrero de 2025 del Ministerio de Educación Nacional, el oficio de
la misma fecha del Ministerio del Deporte, el informe OJU-230 del 20 de febrero de
2025 de la Universidad Pedagógica Nacional, el informe del docente Jack Escorcia
del 4 de marzo de 2025 y el memorando de entendimiento suscrito en 2023 entre
los ministerios de Educación y del Deporte. Con fundamento en esos elementos,
admitió que una carga excesiva de tareas puede afectar el bienestar físico y mental
de los menores, pero concluyó que ello no demostraba una acción u omisión del
ministerio lesiva del derecho colectivo. En consecuencia, la inconformidad del
accionante recae sobre la conclusión jurídica extraída del material probatorio y no
sobre una irregularidad concreta en su valoración.
29. El estándar reforzado de protección que reclama el impugnante en favor de los
niños, niñas y adolescentes no releva al actor de satisfacer la carga argumentativa
mínima exigible en la tutela contra providencia judicial. La condición de sujetos de
especial protección constitucional puede flexibilizar la apreciación de los requisitos
de procedencia, pero no autoriza al juez de tutela a construir de oficio un cargo que
no fue debidamente planteado.
30. En consecuencia, el cargo por defecto fáctico es improcedente por
incumplimiento de la carga argumentativa mínima. El a quo acertó al abstenerse de
examinarlo de fondo; sin embargo, como esa determinación no se reflejó en la parte
resolutiva de la sentencia impugnada, la Sala la modificará para declarar la
improcedencia del amparo respecto de ese cargo y la confirmará en lo demás,
conforme al análisis que sigue.
El derecho a la educación bajo el interés superior
31. El artículo 67 de la Constitución señala que la educación es un derecho de todas
las personas y un servicio público, el cual debe ser garantizado por el Estado, en
colaboración con la sociedad y la familia. Igualmente, establece que “la educación
será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos
académicos a quienes puedan sufragarlos”. No obstante, este servicio no es
prestado exclusivamente por el Estado, el artículo 68 superior permite que los
particulares funden establecimientos educativos.
32. Cuando el derecho a la educación involucra a niños, niñas y adolescentes, su
garantía debe interpretarse a la luz del principio del interés superior del menor,
previsto en el artículo 44 de la Constitución. Este mandato exige que toda decisión,
política o medida relacionada con el acceso, la permanencia, la calidad y las
condiciones de prestación del servicio educativo privilegie su desarrollo armónico e
integral y la efectividad de sus derechos. En esa dirección, la Corte Constitucional
ha señalado que dicho criterio debe orientar las actuaciones dirigidas a garantizar
el acceso de los menores a la sociedad de la información y el conocimiento14. Por
su parte, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación Katarina Tomaševski,
expresó que este servicio público debe implementarse partiendo del interés superior
del menor, lo cual implica que el Estado establezca las dificultades para el acceso
al mismo, las cuales deben ser superadas, con la finalidad que los niños, niñas y
14
Sentencia T-260 de 2012.
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Referencia: Acción de tutela
adolescentes puedan adquirir los conocimientos de forma efectiva y en condiciones
de dignidad15.
33. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
educación, además de ser un derecho fundamental y un servicio público de especial
importancia, constituye una herramienta de movilidad social y de realización del
principio de igualdad, en cuanto contribuye a reducir las diferencias materiales y
amplía las oportunidades de las personas16. También ha precisado que es un
instrumento para la proyección social del ser humano y la efectividad de otros
derechos fundamentales; un elemento dignificador; un factor esencial para el
desarrollo humano, social y económico; y un medio para la construcción de equidad.
En el caso de los menores de edad, estas finalidades adquieren una protección
reforzada, pues deben concretarse de manera compatible con la prevalencia de sus
derechos y con la obligación de asegurar su formación integral17.
34. Por su parte, la Observación General No. 13 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) estableció las obligaciones
que deben cumplir los estados, en relación con el derecho a la educación, éstas
son: (i) la disponibilidad, que impone al Estado el deber de garantizar la existencia
de instituciones y programas educativos suficientes para atender las necesidades
de la población; (ii) la aceptabilidad, relacionada con la calidad, pertinencia e
idoneidad de la educación impartida; (iii) la adaptabilidad, que exige adecuar el
servicio educativo a las necesidades y condiciones de sus destinatarios, así como
asegurar su continuidad; y (iv) la accesibilidad, que comprende la obligación de
garantizar el ingreso y permanencia de todas las personas en el sistema educativo,
en condiciones de igualdad, sin discriminación y sin barreras económicas o
geográficas.-.
35. De acuerdo con lo indicado, para garantizar integralmente este derecho
fundamental, se hace necesario que confluyan las cuatro dimensiones establecidas,
por tratarse de garantías interconectadas e interdependientes18, como lo ha
precisado la jurisprudencia constitucional
Fundamento Contenido del derecho a la Obligaciones principales
jurídico educación concretado por la Corte
Constitucional
Asequibilidad Exige la existencia de instituciones, Crear y financiar suficientes
o programas, infraestructura y recursos instituciones educativas;
disponibilidad educativos suficientes para atender a disponer de infraestructura,
quienes soliciten ingresar al sistema. docentes y recursos;
Comprende la creación y financiación abstenerse de impedir la
de establecimientos públicos, la fundación de
inversión en infraestructura y el establecimientos privados; y
respeto por la facultad de los garantizar la oferta
particulares de fundar instituciones educativa obligatoria,
15
Cfr, http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/indicadores-del-derecho-
a-la-educacion.pdf, citado por la sentencia T-279 de 2018.
16
Cfr, sentencia T-787 de 2006.
17
Sentencia T-279 de 2018.
18
Ver sentencia T-279 de 2018, que extrapola el aparte del fallo T-085 de 2017.
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Referencia: Acción de tutela
Fundamento Contenido del derecho a la Obligaciones principales
jurídico educación concretado por la Corte
Constitucional
educativas. La Corte sistematizó esta especialmente un año de
faceta en la Sentencia C-376 de 2010 preescolar, cinco de primaria
y reiteró su alcance en las sentencias y cuatro de secundaria.
T-434 de 2018 y T-167 de 2019.
Accesibilidad Impone garantizar que todas las Eliminar toda forma de
personas puedan ingresar y discriminación; asegurar el
permanecer en el sistema educativo acceso físico al servicio por
en condiciones de igualdad. los medios adecuados;
Comprende tres dimensiones: (i) no remover las barreras
discriminación, especialmente económicas que impidan o
respecto de grupos vulnerables; (ii) desincentiven el
accesibilidad material, referida al aprendizaje; garantizar el
acceso físico y geográfico; y (iii) acceso y la permanencia; y
accesibilidad económica, relacionada adoptar medidas positivas
con la gratuidad y la eliminación de para que las personas y
barreras económicas. Esta comunidades disfruten
caracterización fue desarrollada en efectivamente del derecho.
las sentencias C-376 de 2010 y T-434
de 2018, y reiterada en la T-167 de
2019. La T-198 de 2019, con
fundamento en la Observación
General núm. 13 del Comité DESC,
también vinculó esta faceta con las
obligaciones estatales de respeto,
protección y cumplimiento.
Adaptabilidad Exige que la educación responda a las Adecuar los contenidos,
necesidades, condiciones y métodos y condiciones del
particularidades de los estudiantes y servicio a las necesidades
de sus comunidades, y que se de los educandos; garantizar
garantice la continuidad del servicio. su continuidad; respetar y
Impide aplicar modelos uniformes que desarrollar la identidad
desconozcan diferencias culturales, cultural de las comunidades
territoriales, sociales o funcionales. La étnicamente diferenciadas; y
definición general proviene de la adoptar ajustes y medidas
Sentencia C-376 de 2010. Su diferenciadas para que las
aplicación frente a las comunidades personas con discapacidad
étnicamente diferenciadas y las reciban educación de
personas con discapacidad se acuerdo con sus
desarrolla, entre otras, en las capacidades y necesidades.
sentencias C-149 de 2018, T-581 de
2016, T-119 de 2014, T-120 de 2019,
T-679 de 2016, T-480 de 2018 y T-318
de 2014.
Aceptabilidad Se refiere a la calidad y pertinencia de Garantizar una educación de
la educación impartida. Exige que el calidad, pertinente y
servicio respete la dignidad y los respetuosa de los derechos
derechos de los estudiantes, así como de los estudiantes; respetar
las convicciones de los padres y las convicciones de los
alumnos sobre el enfoque de la padres y alumnos; ejercer la
formación. Esta faceta fue identificada regulación, inspección,
en la Sentencia C-376 de 2010 y vigilancia y control del
desarrollada en las sentencias T-434 servicio; y asegurar que la
de 2018 y T-167 de 2019, que la educación pública y la
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Fundamento Contenido del derecho a la Obligaciones principales
jurídico educación concretado por la Corte
Constitucional
relacionaron con el reconocimiento de privada cumplan estándares
los menores como sujetos de adecuados de calidad.
derechos y con las funciones
estatales de inspección, vigilancia y
control.
Cuadro 3. Contenido del derecho a la educación y obligaciones estatales
Análisis del caso concreto
36. A continuación, la Sala realizará el análisis de cada defecto mencionado en el
caso concreto.
El defecto sustantivo no se configura
37. La contradicción alegada por el actor es aparente. El hecho de que la Sección
Primera hubiera reconocido la función social de la educación, la importancia del
deporte y la recreación en la formación integral, los límites de la autonomía escolar
y las competencias de orientación, inspección y vigilancia del Ministerio de
Educación Nacional no conducía necesariamente a conceder las pretensiones de la
acción popular. La prosperidad de ese medio de control exigía demostrar19, además,
una acción u omisión atribuible a la entidad demandada, una amenaza o vulneración
real y actual del derecho colectivo invocado y la relación de causalidad entre ambas.
Por ello, la aceptación de aquellas premisas constitucionales no obligaba al juez
popular a impartir una orden regulatoria si los presupuestos concretos de protección
no se encontraban acreditados.
38. En efecto, la providencia cuestionada no negó que una carga académica
excesiva pueda afectar el descanso, la recreación, el deporte, la convivencia familiar
y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Su conclusión fue distinta:
el material probatorio no demostraba que esa situación constituyera una práctica
generalizada del sistema educativo nacional, ni que fuera consecuencia de una
omisión grave del Ministerio de Educación Nacional. La Sección Primera advirtió
que no se acreditó que la comunidad estudiantil careciera, en términos generales,
de formación física, que las familias y los estudiantes estuvieran privados de
mecanismos de participación en la elaboración del Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes o que no existieran instrumentos para solicitar
adaptaciones pedagógicas frente a talentos excepcionales. En esa medida, la
diferencia entre el actor y el juez natural no recae sobre la importancia constitucional
de los derechos invocados, sino sobre la suficiencia de la prueba para establecer
una afectación colectiva imputable a la autoridad demandada.
19
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 9 de junio de 2011, radicado núm. 25000-23-
27-000-2005-00654-01; de 30 de junio de 2011, radicado núm. 50001-23-31-000-2004-00640-01; y
de 5 de marzo de 2015, radicado núm. 15001-23-33-000-2013-00086-01, reiteradas en la
providencia objeto de tutela.
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39. La Sección Primera también constató que el Ministerio había adoptado medidas
relacionadas con la educación integral y la articulación entre los sectores educativo
y deportivo. Entre ellas, identificó la Política Pública de Recursos Educativos y las
orientaciones curriculares para la educación física, la recreación y el deporte,
expedidas en 2022; el memorando de entendimiento suscrito con el Ministerio del
Deporte en 2023; y las disposiciones que contemplan la enseñanza del
aprovechamiento del tiempo libre y del deporte formativo, la infraestructura
deportiva y la flexibilización curricular y de jornada para estudiantes con talentos
excepcionales. Ese marco permitió concluir, razonablemente, que no se había
demostrado la actitud enteramente pasiva atribuida al ministerio. A su vez, la
sentencia de tutela de primera instancia destacó que la providencia cuestionada
efectuó un análisis sistemático de la Constitución, la Ley 115 de 1994 y el Decreto
1290 de 2009, compilado en el Decreto 1075 de 2015, para precisar las
competencias de las autoridades educativas y las reglas aplicables a la elaboración
del Proyecto Educativo Institucional y del sistema institucional de evaluación.
40. Tampoco resulta manifiestamente irrazonable la conclusión según la cual la
ausencia de una regla nacional, única y detallada sobre la cantidad, naturaleza,
intensidad y oportunidad de las tareas extraescolares no constituye, por sí sola, una
omisión contraria a la Constitución o a la ley. Aunque el actor insiste en que los
lineamientos generales no equivalen a una regulación efectiva sobre desconexión
escolar, no identificó una disposición que impusiera al Ministerio el deber específico
e ineludible de expedir una reglamentación uniforme en esos términos. La definición
de las metodologías, planes de estudio, sistemas de evaluación y actividades
pedagógicas corresponde, dentro del marco legal, a las instituciones educativas
mediante sus proyectos educativos, con participación de la comunidad y bajo la
inspección y vigilancia estatal. Por tanto, la propuesta del accionante constituye una
alternativa de política pública legítima, pero su preferencia por ese modelo
regulatorio no convierte en arbitraria la interpretación judicial que reconoció un
margen de autonomía escolar y la estructura descentralizada del servicio educativo.
41. Finalmente, la providencia cuestionada no vació de contenido el artículo 44 de
la Constitución ni desconoció el interés superior del menor. La prevalencia de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes orienta la interpretación de las normas
y exige una protección reforzada, pero no reemplaza la demostración de los
presupuestos de la acción popular ni permite presumir una afectación colectiva a
partir de situaciones hipotéticas o particulares. La Sección Primera distinguió entre
una vulneración generalizada atribuible al Ministerio y los conflictos concretos que
puedan surgir por cargas académicas desproporcionadas en determinadas
instituciones, los cuales pueden ser planteados ante las instancias escolares,
administrativas o judiciales correspondientes. En consecuencia, el actor no
demostró que la autoridad judicial hubiera aplicado una norma inaplicable, omitido
una disposición determinante, incurrido en una contradicción insalvable o adoptado
una interpretación abiertamente irrazonable. Por ello, el defecto sustantivo no se
configura y el amparo debe negarse frente a este cargo. La impugnación, al reiterar
que el reconocimiento de las premisas constitucionales debía conducir
necesariamente a una orden nacional, expresa una discrepancia con la conclusión
del juez natural, pero no evidencia una irregularidad de entidad constitucional.
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No se configuró desconocimiento del precedente
42. El precedente judicial es aquella sentencia o conjunto de sentencias anteriores
que, por la semejanza de los hechos analizados y de los problemas jurídicos
resueltos, deben ser consideradas por el juez al decidir un caso posterior20. La
identidad o semejanza fáctica y jurídica es, por tanto, presupuesto de su fuerza
vinculante.
43. La Sentencia C-331 de 202321 resolvió la demanda de inconstitucionalidad
contra el literal a) del artículo 6 de la Ley 2191 de 2022, que exceptuaba del derecho
a la desconexión laboral a los trabajadores y servidores públicos de dirección,
confianza y manejo, y declaró la exequibilidad condicionada de la disposición para
garantizar el ámbito de las relaciones de trabajo, a partir de presupuestos que le
son propios: la subordinación, la jornada, los poderes del empleador y las
obligaciones derivadas del contrato o de la relación legal y reglamentaria.
44. Para la Sala, la ratio decidendi de esa providencia no contiene subregla alguna
sobre la actividad académica de los menores, ni una doctrina general de un
contenido mínimo irreductible del descanso y la desconexión aplicable, sin
mediación legislativa, a ámbitos distintos del laboral. La relación entre el estudiante
y la institución educativa no es de naturaleza laboral ni genera deberes
equiparables, y los derechos al descanso, la recreación y el tiempo libre de los
niños, niñas y adolescentes cuentan con fuente normativa propia en los artículos 44
y 67 de la Constitución, 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la
Ley 115 de 1994, que fue precisamente la normativa examinada por el juez popular.
45. En consecuencia, la Sentencia C-331 de 2023 no constituía precedente
vinculante para el asunto decidido, de modo que su no aplicación no exigía las
cargas de transparencia y suficiencia propias del apartamiento, reservadas a los
eventos en que existe un fallo con identidad de supuestos. La analogía que propone
el actor, según la cual si el trabajador adulto goza de un núcleo mínimo de descanso
con mayor razón debe reconocerse a los menores, es una técnica argumentativa
admisible en el debate judicial, pero no convierte en precedente obligatorio una
decisión con objeto distinto, ni su desestimación razonada configura el defecto
alegado. Ese fue el análisis del a quo, que la Sala prohíja.
46. Tampoco se advierte un vacío normativo que hiciera indispensable acudir por
analogía a la regulación de la desconexión laboral. Los derechos de los niños al
descanso, la recreación, el deporte, el tiempo libre y el desarrollo integral cuentan
20
Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017, M.P.: Iván Humberto Escrucería Mayolo “En
reiteradas oportunidades, esta Corporación ha definido el precedente judicial como “la sentencia o
el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los
problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”. Asimismo, la doctrina lo ha definido como el mecanismo jurisdiccional
que tiene su origen en el principio stare decisis o estar a lo decidido, el cual consiste en la aplicación
de criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se presenten en situaciones posteriores
y con circunstancias similares.”
21
Corte Constitucional, sentencia C-331 de 2023, M.P. Diana Fajardo Rivera. La providencia resolvió
la demanda de inconstitucionalidad contra el literal a) del artículo 6 de la Ley 2191 de 2022, «Por
medio de la cual se regula la desconexión laboral», que exceptuaba de esa garantía a los
trabajadores y servidores públicos de dirección, confianza y manejo.
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Referencia: Acción de tutela
con reconocimiento constitucional y convencional propio, así como con mecanismos
educativos, administrativos y judiciales para su protección. De ahí que, la labor del
juez popular no consistía en trasladar una regla concebida para limitar las facultades
del empleador, sino en determinar, a partir del régimen especial del servicio
educativo, si se encontraba demostrada una acción u omisión del Ministerio de
Educación Nacional que amenazara o vulnerara de manera real y colectiva esos
derechos. La Sección Primera concluyó que dicho presupuesto no se acreditó, pues
no se probó una omisión grave de la entidad ni una afectación generalizada
atribuible a la inexistencia de una regla nacional sobre las tareas extraescolares.
47. La formulación del actor —según la cual, si el trabajador adulto tiene derecho a
un ámbito mínimo de descanso, con mayor razón debe reconocerse a los niños—
constituye un argumento a fortiori que podía ser valorado como criterio persuasivo,
pero no transformaba la Sentencia C-331 de 2023 en precedente vinculante.
Además, aceptar esa analogía como fundamento suficiente para ordenar una
regulación nacional implicaría equiparar relaciones jurídicamente distintas y
trasladar, sin justificación normativa, categorías laborales al ámbito educativo.
También supondría que el juez de tutela definiera el contenido, la intensidad y la
oportunidad de las tareas escolares mediante una regla general, con incidencia
directa en la autonomía escolar, la descentralización del servicio y las competencias
regulatorias de las autoridades educativas. Su decisión de resolver la controversia
con fundamento en el régimen específico de protección de la infancia y del servicio
educativo fue razonable, por lo que no se configuró el defecto alegado. La tutela y
la impugnación propusieron expresamente esa extensión analógica desde el ámbito
laboral al escolar, pero no demostraron que la sentencia constitucional hubiera
establecido una regla aplicable a la actividad académica de los menores.
La providencia no carece de motivación
48. La sentencia del 7 de noviembre de 2025 no se limitó a mencionar formalmente
el artículo 44 de la Constitución ni a relacionar disposiciones generales sobre el
servicio educativo. Por el contrario, construyó una línea argumentativa dirigida a
resolver el problema sometido a su consideración. En primer lugar, examinó el
régimen constitucional y legal de la educación, su función social, la formación
integral de los estudiantes, el fomento del deporte y la recreación, así como los
límites de la autonomía escolar. En segundo término, precisó las competencias que
corresponden al Ministerio de Educación Nacional en materia de formulación de
políticas, expedición de lineamientos generales, inspección y vigilancia, y las
distinguió de las funciones atribuidas a las entidades territoriales certificadas y a los
establecimientos educativos dentro del modelo descentralizado de prestación del
servicio.
49. Asimismo, la Sección Primera valoró los elementos probatorios relevantes para
establecer si la ausencia de una regulación nacional sobre las tareas extraescolares
constituía la omisión atribuida al ministerio. Con ese propósito, examinó los oficios
expedidos por los ministerios de Educación y del Deporte, el informe de la
Universidad Pedagógica Nacional, el informe rendido por el docente Jack Escorcia,
la Política Pública de Recursos Educativos, las orientaciones curriculares para la
educación física, la recreación y el deporte y el memorando de entendimiento
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Referencia: Acción de tutela
interministerial suscrito en 2023. A partir de esos elementos, reconoció que la
imposición excesiva de tareas puede afectar el bienestar físico y mental de los
menores y limitar su participación en actividades deportivas y recreativas; sin
embargo, concluyó que las pruebas no demostraban que esa situación fuera una
práctica generalizada del sistema educativo nacional, ni que tuviera origen en una
omisión grave del Ministerio de Educación Nacional.
50. La providencia también distinguió entre la protección de un derecho colectivo y
la atención de situaciones particulares en las que una institución educativa imponga
cargas académicas desproporcionadas. Explicó que estas últimas pueden
comprometer derechos subjetivos de estudiantes determinados y ser discutidas
mediante los mecanismos escolares, administrativos o judiciales correspondientes,
pero que esa posibilidad no acreditaba, por sí misma, una amenaza general y actual
al derecho colectivo invocado. De esta manera, la Sección Primera sí otorgó una
respuesta material al argumento sustentado en la prevalencia de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes: consideró que el artículo 44 superior orientaba la
interpretación del régimen educativo, pero no sustituía la necesidad de demostrar
una acción u omisión imputable a la autoridad demandada, una afectación colectiva
real y el nexo causal entre ambas.
51. En consecuencia, no es acertado el reproche de la impugnación según el cual
la autoridad judicial confundió la simple referencia normativa con la protección
efectiva de los menores. La Sección Primera no se limitó a citar el artículo 44 de la
Constitución, sino que lo articuló con el régimen del servicio educativo, las
competencias de las autoridades involucradas, el material probatorio recaudado y
los presupuestos sustanciales de la acción popular. Que ese análisis no hubiera
conducido a la orden regulatoria pretendida por el actor no significa que la
providencia careciera de motivación. Este defecto se configura cuando la decisión
no expone sus fundamentos fácticos y jurídicos, no cuando la parte discrepa de su
suficiencia, de su orientación o de la conclusión alcanzada. Por tanto, la censura
expresa un desacuerdo con las razones ofrecidas por el juez natural, pero no
demuestra una ausencia de motivación constitucionalmente relevante.
No hay violación directa de la Constitución ni desconocimiento del bloque de
constitucionalidad
52. El accionante sostuvo que la providencia cuestionada desconoció los artículos
14, 15, 29, 44 y 67 de la Constitución. Aunque esa formulación atribuyó inicialmente
a la Carta disposiciones que, por su contenido, corresponden a la Convención sobre
los Derechos del Niño, el desarrollo integral de la demanda permite establecer que
el reproche se refería a los artículos 14, 15, 29 y 31 de dicho instrumento
internacional, relativos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; la libertad
de asociación; los fines de la educación; y los derechos al descanso, el
esparcimiento, el juego y la participación en la vida cultural y artística. La
impugnación reiteró y precisó ese planteamiento. En aplicación del principio de
interpretación favorable de la tutela, la Sala examinará el cargo a partir de esas
disposiciones convencionales y de los artículos 44 y 67 de la Constitución.
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53. La violación directa de la Constitución se configura cuando el juez deja de
aplicar una disposición constitucional determinante, adopta una interpretación
abiertamente incompatible con ella o desconoce su fuerza normativa y preferente.
No basta, por tanto, con que la parte proponga una lectura constitucional distinta o
considere insuficiente la protección otorgada. En este caso, la Sección Primera no
omitió el marco superior invocado: reconoció la educación como derecho y servicio
público con función social, la prevalencia de los derechos de los niños, la
importancia de su formación integral y la relación del servicio educativo con el
descanso, la recreación y el deporte. El desacuerdo del actor radica en que esas
premisas no condujeron a la orden de expedir una regulación nacional sobre
desconexión escolar, pero esa diferencia respecto de la consecuencia jurídica no
demuestra, por sí sola, el desconocimiento directo de la Constitución.
54. Conjuntamente, las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del
Niño no imponen una única modalidad regulatoria para garantizar el descanso, la
recreación, la vida cultural, la libertad religiosa o la asociación de los menores. Tales
mandatos obligan al Estado a adoptar medidas adecuadas para asegurar el
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, pero permiten diversos
instrumentos legislativos, administrativos, pedagógicos y judiciales, acordes con las
competencias de las autoridades y con las particularidades de cada comunidad
educativa. En consecuencia, de esas normas no se desprende un deber
constitucional o convencional específico de fijar, mediante una regla nacional
uniforme, límites cuantitativos y temporales a las tareas escolares. La ausencia de
la regulación particular reclamada por el actor no equivale, entonces, al
desconocimiento de los derechos convencionales invocados.
55. La providencia atacada tampoco vació de contenido el artículo 44 de la
Constitución. La prevalencia de los derechos de los niños y el principio de su interés
superior orientan la interpretación y aplicación de todo el ordenamiento, pero no
suprimen los presupuestos del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos. Por ello, la Sección Primera podía exigir la demostración de
una acción u omisión imputable al Ministerio de Educación Nacional, de una
amenaza o afectación colectiva real y actual y del nexo causal correspondiente, sin
que esa exigencia constituyera un formalismo contrario a la protección reforzada de
la infancia. La prevalencia constitucional no autoriza a presumir la vulneración ni
reemplaza la carga de acreditar que la falta de una regla nacional sobre tareas
extraescolares produjo la afectación colectiva alegada.
56. En este sentido, tanto la Sección Primera como el juez de tutela de primera
instancia abordaron materialmente la controversia. Examinaron el marco
constitucional y legal del servicio educativo, las competencias del Ministerio, la
autonomía escolar, los instrumentos existentes para la formación física y la
flexibilización pedagógica, así como la necesidad de equilibrar las obligaciones
académicas con el descanso, la recreación y el deporte. A partir de ese análisis
concluyeron que no se acreditó una omisión grave del ministerio ni una afectación
generalizada atribuible a la inexistencia de la regulación pretendida. Una decisión
desestimatoria, sustentada en la falta de prueba de los presupuestos de la acción
popular y en una interpretación razonable del marco constitucional, no equivale a
desatender la Constitución. Por consiguiente, el actor no demostró que la Sección
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Primera hubiera omitido una norma superior determinante, aplicado una disposición
en abierta contradicción con la Carta o desconocido la fuerza normativa de los
derechos de los menores, razón por la cual no se configuró la violación directa de
la Constitución.
Síntesis del análisis de los defectos
57. Conforme al análisis realizado frente a los defectos invocados, se condensan
las conclusiones aplicadas al caso concreto en el siguiente cuadro:
Defecto Conclusión y razones
Improcedente. El actor no individualizó las pruebas presuntamente
omitidas o indebidamente valoradas ni demostró su incidencia en la
decisión. Además, la Sección Primera valoró y transcribió en
Fáctico.
extenso el material probatorio relevante del plenario, por lo que la
censura recae sobre la conclusión jurídica y no sobre la valoración
probatoria.
No se configuró. Las premisas constitucionales admitidas por la
providencia no imponen, por sí mismas, la prosperidad de la acción
popular, que exige acreditar la omisión, el daño real y la causalidad.
Sustantivo.
La valoración del marco normativo y de las medidas existentes
permitió a la Sección Primera concluir razonablemente que no se
acreditó la omisión ministerial alegada.
No se configuró. La sentencia expuso los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión, incluida la razón por la cual la prevalencia
Decisión sin
del artículo 44 superior no sustituye la prueba de los supuestos de
motivación.
la acción popular. La inconformidad del actor es una discrepancia de
criterio.
No se configuró. La sentencia C-331 de 2023 tiene por objeto la
desconexión laboral y carece de identidad fáctica y jurídica con el
Desconocimiento
asunto decidido, por lo que no constituía precedente vinculante; la
del precedente.
analogía propuesta por el actor no genera esa fuerza normativa ni
su desestimación razonada estructura el defecto.
No se configuró. Los artículos 14 y 15 superiores invocados son
impertinentes al debate; las garantías de la Convención sobre los
Violación directa de Derechos del Niño admiten diversos desarrollos y se encuentran
la Constitución. desplegadas en el ordenamiento educativo; y el artículo 44 fue
articulado con los presupuestos del medio de control, en ejercicio de
la autonomía judicial.
Cuadro 4. Síntesis de los defectos en el caso concreto
58. Así las cosas, la sentencia del 7 de noviembre de 2025, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, no incurrió en los defectos sustantivo, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente ni violación directa de la Constitución,
y el cargo por defecto fáctico es improcedente por incumplimiento de la carga
argumentativa mínima. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia
impugnada, en el sentido de declarar improcedente el amparo respecto del cargo
por defecto fáctico, y la confirmará en lo demás.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02592-01
Accionante: Alexander Beltrán Preciado
Accionado: Consejo de Estado - Sección Primera
Referencia: Acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia del 4 de mayo de 2026,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo respecto del cargo por defecto
fáctico, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, en cuanto negó el
amparo respecto de los cargos por defecto sustantivo, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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