Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02594-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02594-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02594-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C, 22 de mayo de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02594-00
Demandante: María Clemencia Cantini Ardila
Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico | Defecto
sustantivo | Violación directa de la Constitución - Niega
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por María Clemencia
Cantini Ardila, en nombre propio, contra la Sección Primera del Consejo de
Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 7 de abril de 2026, María Clemencia Cantini Ardila presentó, en
nombre propio, una acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo
de Estado, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso, con ocasión de la Sentencia de 25 de septiembre de 20252,
proferida por la autoridad judicial accionada dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho No. 25000-23-41-000-2017-00913-02.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“6.1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso de la
presente, María Clemencia Cantini Ardila, vulnerados por la providencia
proferida por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, de fecha 25 de septiembre de 2025.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Notificada mediante mensaje de datos enviado el 3 de octubre de 2025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02594-00
Demandante: María Clemencia Cantini Ardila
Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera
Decisión: Niega amparo
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6.2. Que, como consecuencia del amparo, se deje sin efectos la providencia
judicial proferida por el Honorable Consejo de Estado dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, en cuanto incurrió en defectos fáctico,
sustantivo y de motivación, particularmente por la omisión en la valoración del
laudo arbitral y la indebida interpretación de la figura de la prescripción.
6.3. Que se ordene al Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, que profiera una nueva decisión, en la que
valore de manera integral el laudo arbitral obrante en el expediente y los demás
cargos presentados, aplique correctamente las reglas sobre prescripción
conforme a los principios de razonabilidad, legalidad y favorabilidad, y
garantice el respeto de los derechos fundamentales de la accionante.
6.4. Como medida de protección inmediata, y en caso de considerarse
necesario, se ordene la suspensión de los efectos de la providencia
cuestionada, mientras se decide de fondo la presente acción de tutela, con el
fin de evitar la consolidación de un perjuicio irremediable.
6.5. Que, como consecuencia del amparo, se declare que operó la
prescripción de la acción de responsabilidad fiscal, de conformidad con la
correcta interpretación del artículo 13 de la Ley 610 de 2000.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) María Clemencia Cantini Ardila estuvo vinculada al Instituto de
Desarrollo Urbano de Bogotá – IDU como directora técnica de Gestión
Contractual de la Subdirección General Jurídica, desde el 4 de mayo de
2009 hasta el 31 de agosto de 2010.
5. 2) La Comisión Primera de la Cámara de Representantes solicitó a la
Contraloría General de la República que avocara, mediante control
excepcional, el conocimiento de los presuntos hechos irregulares que se
presentaron durante la construcción y adecuación de la fase III del Sistema
Integrado de Transporte Masivo “Transmilenio” de Bogotá.
6. 3) La Contraloría General de la República, mediante Auto No. 753,
abrió la indagación preliminar No. CD000257 y en el Auto No. 912 de 17 de
diciembre de 2010 ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.
7. 4) Mediante Auto No. 00079 de 10 de agosto de 2012, la Contraloría
General de la República declaró la ruptura de la unidad procesal frente a
unos hechos que se encontraban acumulados e imputó responsabilidad
fiscal contra otros vinculados, decisión que fue modificada a través de Auto
No. 35 de 3 de abril de 2013.
8. 5) El 9 de diciembre de 2013 se profirió laudo arbitral, mediante el cual
se declaró la nulidad del contrato No. 137 de 2007, que se analizó
ciertamente en el marco del proceso de responsabilidad fiscal, y se ordenó
el pago de cerca de $40.000.000.000 al Grupo Vías de Bogotá. Ese laudo fue
confirmado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
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Decisión: Niega amparo
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Estado, a través de la Sentencia de 26 de abril de 2017, radicado No. 11001-
03-26-000-2014-00018-00.
9. 6) Luego de los descargos y los alegatos de conclusión, en la
audiencia pública que se adelantó entre el 10 de octubre y el 16 de
noviembre de 2016, la Contraloría Delegada Intersectorial No. 8 de la Unidad
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, realizó la lectura del fallo
de primera instancia.
10. 7) La parte actora manifestó que se presentaron los correspondientes
recursos de reposición, y en subsidio apelación, y que entre el 19 y 20 de
diciembre de 2016, se leyó el fallo de segunda instancia.
11. 8) El 9 de junio de 2017, María Clemencia Cantini Ardila presentó,
mediante apoderado judicial, una demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Contraloría
General de la República, con el fin de que se anulara el fallo de
responsabilidad fiscal de primera instancia del proceso No. CD00257, en
cuyo numeral décimo octavo se decidió lo siguiente (se trascribe):
FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL de manera solidaria respecto de la
señora MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, identificada con la cédula de
ciudadanía número 21.068.847, en calidad de Directora Técnica de Gestión
Contractual de la Subdirección General Jurídica del IDU, para la época de los
hechos, a título de culpa grave, por los siguientes hechos en cuantía total de
$148.969.203.730,10 indexada a 30 de septiembre de 2016 por valor de
$166.811.516.745,56.
• SOBRECOSTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA IDU 137/2007 DERIVADOS DE
LA MODIFICACION DEL OBJETO CONTRACTUAL MEDIANTE EXCLUSIÓN DE OBRAS
A EJECUTAR por valor de $ 55.450.026.064,04.
• SOBRECOSTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA IDU - 137/2007 DERIVADOS
DE LA MODIFICACION DEL VALOR GLOBAL DEL CONTRATO MEDIANTE LA
ADICIÓN No. 2 por valor de $ 1.914.714.059,97.
• SOBRECOSTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA IDU - 137/2007 DERIVADOS
DE LA MODIFICACION DEL VALOR GLOBAL DEL CONTRATO MEDIANTE LA
ADICIÓN No. 3 Y 4 por valor de $ 105.600.062.476,46
• SOBRECOSTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA IDU 137/2007 DERIVADOS DEL
PAGO DE LOS FACTORES DE CONTINGENCIA F1 Y F2 por valor de $
3.846.714.145,09
FALLAR SIN RESPONSABILIDAD FISCAL a favor de la señora MARÍA CLEMENCIA
CANTINI ARDILA, identificada con la cédula de ciudadanía número 21.068.847,
en calidad de Directora Técnica de Gestión Contractual de la Subdirección
General Jurídica del IDU, para la época de los hechos
• SOBRECOSTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA IDU-137/2007 DERIVADOS
DEL PAGO DE MAYOR PERMANENCIA DE INTERVENTORÍA […]".
12. Además, la señora Cantini Ardila solicitó la declaratoria de nulidad del
Acta No.18, elevada dentro de la audiencia de decisión que tuvo lugar
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Demandante: María Clemencia Cantini Ardila
Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera
Decisión: Niega amparo
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entre el 25 de noviembre y 7 de diciembre de 2016, en la que se decidieron
negativamente los recursos de reposición y se concedieron los recursos de
apelación interpuestos en contra del fallo de responsabilidad fiscal No. CD-
000257. Así como la nulidad del fallo de segunda instancia dictado en
audiencia pública celebrada el 19 y 20 de diciembre de 2016, en el cual se
decidió confirmar, en grado de consulta, la decisión de primera instancia.
13. Como consecuencia de lo anterior, pidió que, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara el pago de una indemnización
por los daños que le fueron causados, con la respectiva indexación e
intereses, y que se le excluyera del Boletín de Responsables Fiscales, así como
de los registros de la Procuraduría General de la Nación.
14. 9) La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante Sentencia de 6 de octubre de 2022, al resolver
el problema jurídico planteado, indicó que operó la prescripción del
proceso de responsabilidad fiscal adelantado y, en consecuencia, declaró
la nulidad de determinados numerales de los fallos de primera y segunda
instancia de responsabilidad fiscal, así como del auto que resolvió el recurso
de reposición interpuesto por la Cantini Ardila, accedió a la pretensión de
cancelación de los registros en el Boletín de Responsables Fiscales, negó las
pretensiones de reconocimiento de perjuicios porque no se probaron y
condenó en costas a la demandada.
15. 10) Las partes apelaron la decisión anterior y la Sección Primera del
Consejo de Estado, mediante Sentencia de 15 de diciembre de 2023, la
revocó y ordenó devolver el expediente al Tribunal para que adoptara la
decisión de fondo respecto de los demás cargos de la demanda.
16. 11) La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en cumplimiento de lo resuelto por la Sección Primera
del Consejo de Estado, profirió la Sentencia de 2 de mayo de 2024, mediante
la cual accedió parcialmente a las pretensiones de nulidad de los actos
acusados y denegó las demás pretensiones de la demanda, para lo cual
procedió a analizar los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal.
En ese sentido, estableció que no había lugar a tener a María Clemencia
Cantini Ardila como gestora fiscal, ya que como directora técnica de
Gestión Contractual no tuvo ningún poder decisorio sobre la cesión del
Contrato 137 de 2007 y sus posteriores otrosíes 5 y 6, que condujeron a la
producción del daño patrimonial.
17. Consideró que como la cesión del contrato y los otrosíes 5 y 6 eran
documentos contractuales que por sí mismos no resultaban ilegales, en
tanto la ley permitía a las partes la cesión y la modificación de sus cláusulas.
Por tal razón, determinó que, desde el punto de vista funcional, a la
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demandante no le era exigible la conducta que se le endilgó en el marco
del procedimiento de responsabilidad fiscal, porque fueron los niveles
superiores los que tuvieron a su cargo la decisión de aprobar los proyectos
de acto jurídico que ella elaboró y conoció, sino que ello dependía
exclusivamente del ordenador del gasto, quien debía impartir autorización
para que la cesión se ajustara a derecho, por lo que la sola elaboración del
documento no comprometía la responsabilidad de la parte demandante.
18. Con base en lo anterior, declaró la nulidad de los numerales (i) décimo
octavo, inciso primero y trigésimo sexto del fallo con responsabilidad fiscal
de primera instancia; (ii) primero del Auto de 25, 28, 29 y 30 de noviembre, y
5 y 7 de diciembre de 2016, expedido por la contralora delegada
intersectorial No. 8 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción; y (iii) décimo del fallo de responsabilidad fiscal de segunda
instancia.
19. 12) Contra esa decisión, la Contraloría General de la República
presentó recurso de apelación en el que solicitó la revocatoria de la
sentencia de primera instancia por la indebida interpretación que hizo del
concepto de responsabilidad fiscal que llevó a valorar la conducta de la
demandante bajo la óptica del deber funcional, y por desconocer pruebas
relevantes que influían en la decisión. Añadió que, para resolver el cargo de
nulidad por ausencia de acreditación de los elementos de la
responsabilidad fiscal, el Tribunal realizó un juicio de responsabilidad
diferente a la fiscal, limitándose a la confrontación del presunto deber
funcional de la demandante, sin tener en cuenta su participación e
incidencia respecto del daño patrimonial debidamente probado.
20. María Clemencia Cantini Ardila presentó, por su parte, apelación
adhesiva, en la que solicitó revocar parcialmente la sentencia en relación
con el ordinal cuarto de la parte resolutiva, y, en su defecto, que se
restableciera su derecho en lo atinente al reconocimiento y pago del
perjuicio moral que, según ella, le fue causado. Manifestó que, aunque la
sentencia era favorable a sus intereses, no garantizaba el restablecimiento
de derechos e incurría en un defecto fáctico al efectuar una indebida
valoración probatoria, puesto que le exigía una prueba para acreditar el
daño moral reclamado.
21. 13) La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Sentencia de
25 de septiembre de 2025, revocó la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda. Para tomar esa decisión,
manifestó que la señora Cantini Ardila, como directora técnica de Gestión
Contractual del IDU, no cumplió un papel meramente accesorio ni
subordinado, sino determinante en la producción del daño fiscal, en tanto
elaboró, revisó y avaló jurídicamente actos contractuales que resultaron
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lesivos para el erario. En tal sentido, su intervención materializó una gestión
fiscal con culpa grave, al haber validado modificaciones contractuales
contrarias al ordenamiento jurídico, lo que desvirtuaba cualquier alegación
sobre la ausencia de poder decisorio, pues la responsabilidad fiscal no
dependía exclusivamente del grado jerárquico o de la capacidad formal
de decisión, sino de la efectiva incidencia de la conducta del funcionario
en la producción del daño antijurídico.
22. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y de
violación directa de la Constitución.
23. Frente al defecto fáctico, señaló que se configuró porque no se valoró
un laudo arbitral de 9 de diciembre de 2013, confirmado por el Consejo de
Estado, en el que se declaró la nulidad del Contrato No. 137 de 2007 por
objeto ilícito y que resultaba decisivo para la resolución del litigio. Advirtió
que ese laudo había definido la legalidad de las actuaciones contractuales
objeto de controversia y resultaba indispensable para establecer la causal
real del presunto detrimento patrimonial, así como la participación de los
distintos intervinientes en el proceso contractual.
24. Respecto del defecto sustantivo, indicó que la Sección Primera del
Consejo de Estado erró al realizar el cálculo de la prescripción de la acción
fiscal porque, contrario a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 610 de
2000, avaló una suspensión de términos con fundamento en demoras
administrativas y actuaciones internas de la Contraloría General de la
República, lo que llevó a que esta entidad se viera beneficiada de su propia
negligencia.
25. Finalmente, argumentó que se configuró el defecto de violación
directa de la Constitución porque la autoridad judicial accionada calculó
la prescripción de la acción fiscal de una forma manifiestamente contraria
al artículo 29 de la Constitución Política, referente al derecho al debido
proceso.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados3
26. El magistrado Pablo Andrés Córdoba Acosta de la Sección Primera del
Consejo de Estado4 remitió un informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela y, subsidiariamente, se negara el
amparo deprecado, toda vez que los argumentos de la parte actora no
3 Mediante Auto de 10 de abril de 2026, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como demandada a la Sección Primera del Consejo de Estado, y (3) vincular a la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Contraloría General de la República y el
Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá - IDU, como terceros con interés en el asunto.
4 Índice 18 de SAMAI.
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dieron cuenta de una verdadera vulneración, sino de una serie de
apreciaciones subjetivas sobre la decisión enjuiciada.
27. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca5 señaló que los reparos expuestos en el escrito de tutela se
enderezaron a cuestionar una providencia proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, por lo que no había vulnerado ningún derecho
fundamental de la parte actora y debía ser desvinculada del trámite.
28. La Contraloría General de la República6 allegó un memorial en que el
afirmó que la acción de tutela debía declararse improcedente porque la
cuestión planteada no revestía relevancia constitucional y, además, no se
cumplía con el requisito de inmediatez, debido a que, entre la notificación
de la sentencia de segunda instancia, esto es, el 3 de octubre de 2025, y la
fecha de presentación de la acción de tutela, el 7 de abril de 2026,
transcurrieron más de 6 meses. Agregó que, más que justificar la
configuración de unos defectos, lo que quiso la parte actora fue exponer
una discrepancia con lo que se definió en el marco del procedimiento de
responsabilidad fiscal.
29. El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá – IDU7 indicó que los hechos
narrados en la acción de tutela versaban sobre una presunta vulneración
de derechos fundamentales ocasionada con una providencia judicial
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por lo que no tenía
legitimación en la causa por pasiva y debía ser desvinculado.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Verificación de defectos y/o
afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.
2.1. Solicitudes de desvinculación
30. La Sala negará las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá – IDU,
comoquiera que su vinculación al trámite de la acción de tutela se dio en
calidad de terceros interesados en el asunto, por su conocimiento del
proceso ordinario o por las competencias a su cargo.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
5 Índice 15 de SAMAI.
6 Índices 14 y 16 de SAMAI.
7 Índices 11, 12 y 13 de SAMAI.
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31. Esta acción de tutela es procedente porque: no existe recurso judicial
idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente
vulnerado. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la
providencia enjuiciada (7/10/20258) y la de interposición de la presente
acción de tutela (7/4/2026). No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relacionó con la sentencia de segunda instancia proferida
en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Se identificaron
de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos.
32. La controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la
presunta afectación del derecho fundamental al debido proceso, con
ocasión de la Sentencia dictada en segunda instancia por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se revocó la decisión de
primera instancia y se negaron las pretensiones de la demanda, lo que llevó
a que, en criterio de la accionante, se configuraran los defectos fáctico,
sustantivo y de violación directa de la Constitución, cuyos reparos no se
tratan de una reiteración de lo expuesto en el proceso ordinario. Además,
la controversia no versa sobre un aspecto de simple legalidad ni denota un
interés eminentemente económico por parte de la parte actora.
2.3. Fijación de la controversia
33. Corresponde a la Sala determinar si la Sentencia de 25 de septiembre
de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-41-000-2017-00913-
02, incurrió en los defectos fáctico, por no valorar el Laudo Arbitral de 9 de
diciembre de 2013, mediante el cual se declaró la nulidad del Contrato No.
137 de 2007 por objeto ilícito; sustantivo, por aplicar erróneamente el artículo
13 de la Ley 610 de 2000 para calcular la prescripción de la acción fiscal, y
de violación directa de la Constitución, por contrariar abiertamente su
artículo 29.
2.4. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales
34. La Sala negará el amparo solicitado, al advertir que no se
configuraron los defectos alegados por la parte actora, de conformidad
con los motivos que pasan a explicarse:
35. 1) En lo atinente al defecto fáctico, es preciso señalar que la parte
actora manifestó que la Sección Primera del Consejo de Estado omitió
valorar el Laudo Arbitral de de 9 de diciembre de 2013, mediante el cual se
8 El mensaje de datos fue enviado el 3 de octubre de 2025.
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declaró la nulidad del Contrato No. 137 de 2007 por objeto ilícito. No
obstante, revisada la providencia enjuiciada y el expediente del proceso
ordinario, se evidencia que la discusión giró en torno a la validez, o no, de
los actos administrativos expedidos por la Contraloría General de la
República en el procedimiento de responsabilidad fiscal, por lo que no
podría exigírsele a la autoridad judicial accionada que se pronunciara
detalladamente sobre un documento que, en últimas, no era pertinente, útil
y conducente para fallar en el caso.
36. Lo que analizó la Sección Primera del Consejo de Estado, de cara a lo
argumentado en los recursos de apelación, fue si se configuraron, o no, los
elementos de la responsabilidad fiscal para determinar el grado de
incidencia de la accionante en el detrimento patrimonial, pero no tenía por
qué pronunciarse sobre lo decidido en sede arbitral respecto de la licitud
del objeto del contrato. Tal consideración lleva, ciertamente, a recordar que
no existe en materia de lo contencioso administrativo una tarifa legal
probatoria o un clausulado de reglas que le indiquen a la autoridad judicial
cómo apreciar los medios de prueba y a que conclusiones llegar con base
en el plenario.
37. El juez de lo contencioso administrativo, de acuerdo con el artículo
176 del CGP, aplicable por remisión del artículo 211 del CPACA, tiene el
deber de apreciar las pruebas del proceso con base en las reglas de la sana
crítica y eso fue precisamente lo que hizo en el asunto. La Sección Primera
del Consejo de Estado, en la Sentencia de 25 de septiembre de 2025,
estableció lo siguiente (se trascribe):
“De acuerdo con el anterior material probatorio reseñado, la Sala encuentra
demostrado que, en cumplimiento de su función de vigilancia fiscal, la
CONTRALORÍA imputó responsabilidad fiscal, en contra de la entonces directora
técnica de Gestión Contractual del IDU, la señora MARÍA CLEMENCIA CANTINI
ARDILA, por cuanto, en el ejercicio de sus funciones, avaló, jurídicamente, la
introducción de modificaciones al objeto, valor y esquema de riesgos del
Contrato 137 de 2007 de forma contraria a la ley.
De igual forma, está probado y no es objeto de discusión en el presente recurso,
que estuvo vinculada como directora técnica de Gestión Contractual del IDU,
desde el 4 de mayo de 2009 hasta el 31 de agosto de 2010, y que durante ese
tiempo, conforme a las funciones del cargo previstas en el Acuerdo 002 de 2009,
artículo 24, elaboró, revisó y avaló mediante su visto bueno o aprobación, los
otrosíes 5, 6, 7, 8 y 9 y la Adición núm. 2, Prórroga 1, del Contrato 137 de 2007,
que introdujeron las modificaciones al objeto, valor y esquema de riegos del
contrato, y que condujeron a un detrimento patrimonial del erario, consistente
en: (i) sobrecostos por exclusión de obras; (ii) sobrecostos por adición valor
global del contrato; y, (iii) sobrecostos por el reconocimiento de factores
multiplicadores de contingencia.
De acuerdo con los documentos contractuales que reposan en el expediente
administrativo de responsabilidad fiscal30, las modificaciones al Contrato 137
de 2007, elaboradas, revisadas y avaladas jurídicamente por la señora MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA como directora técnica de Gestión Contractual,
mediante su visto bueno o aprobación, tuvieron la siguiente cronología: (i) otrosí
9 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02594-00
Demandante: María Clemencia Cantini Ardila
Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera
Decisión: Niega amparo
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5 de 3 de marzo de 2010; (ii) otrosí 6, 4 de abril de 2010; (iii) otrosí 7 de 29 de abril
de 2010; (iv) otrosí 8 de 19 de mayo de 2010; (v) adición núm. 2 y Prórroga núm.
1 de 13 de agosto de 2010; y (vi) otrosí 9 de 25 de agosto de 2010.
Según los documentos contractuales y la versión libre rendida por la
demandante, elementos probatorios que reposan en el expediente
administrativo de responsabilidad fiscal31, en el proceso se encuentra probado,
sin que ello sea objeto de discusión en el presente recurso, que MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA, como directora técnica de Gestión Contractual,
con anterioridad a la suscripción de la cesión del Contrato 137 de 2007, conocía
el estado de incumplimiento en que se encontraba la ejecución del contrato,
puesto que realizó su función prevista en el Acuerdo 002 de 2009, artículo 24,
entre otras, analizando la información suministrada por las áreas competentes,
para la imposición de multas y la declaración de siniestros, y preparando los
documentos y actos administrativos correspondientes para la firma del
funcionario competente.
Asimismo, en los antecedentes del expediente administrativo se encuentra el
oficio DTL-6000-25726 de 12 de junio de 2007, suscrito por el entonces director
técnico legal del IDU32, sobre "[…] CESIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES Y
EFECTOS PRESUPUESTALES […]" que remite al Código de Comercio que regula la
cesión contractual, artículo 887, en concordancia con el artículo 41 de la Ley
80 de 1993, y en lo relevante a este asunto, señaló lo siguiente en cuanto a la
legalidad de la cesión de los contratos:
“[…] Para que la cesión del contrato estatal se ajuste a derecho, se tendrá que
solicitar al ordenador del gasto la autorización para la cesión, indicando las
razones que justifican la solicitud y las causas por las que es imposible ejecutar
el contrato y de ser procedente, se deberá elaborar un documento escrito con
las siguientes condiciones:
(…)
Por su parte, el documento de cesión del Contrato 137 de 2007, legalizado con
la suscripción del otrosí 5 de 3 de marzo de 2010, acredita, en su cláusula cuarta,
que el cesionario “[…] asume la posición contractual en un todo de
conformidad con el contrato de cesión suscrito entre Unión Temporal Transvial y
la Sociedad Grupo Empresarial Vías de Bogotá SAS […]”.
Igualmente, está probado que mediante oficio 20103350286861 de junio 15 de
201033, suscrito por MARIA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, como subdirectora
general jurídica (e), dio respuesta al análisis de riesgos que se pueden derivar
de los otrosíes 5 y 6 al Contrato 137 de 2007, presentado por la firma interventora
de este; comunicación en la cual, en esencia, le indicó al interventor del
contrato que, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la interventoría no
acompaña las decisiones de modificación a los contratos, y se pronunció sobre
(i) los ajustes al valor global del contrato y precios de referencia; (ii) el archivo
de los tramites sancionatorios vigentes al momento de la cesión; (iii) el anticipo;
(iv) los diseños, y (v) la estimación de las contingencias.
De ahí, se reitera, se encuentra probado que la señora MARÍA CLEMENCIA
CANTINI ARDILA, como directora técnica de Gestión Contractual, conociendo
el estado de ejecución del Contrato 137 de 2007, así como la condición pura y
simple en que fue convenida la cesión del mencionado contrato: elaboró,
revisó y avaló, mediante su visto bueno o aprobación, que el IDU suscribiera
documentos contractuales mediante los cuales se modificó el objeto, valor y
esquema de riesgos del contrato, con lo cuales se produjo el daño patrimonial
al Estado, consistente en sobrecostos por exclusión de obras, sobrecostos por
adición valor global del contrato, y sobrecostos por el reconocimiento de
factores multiplicadores de contingencia.”
38. De lo trascrito, se advierte que la conclusión a la que llegó la autoridad
judicial accionada respecto del rol que tuvo la señora Cantini Ardila en la
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02594-00
Demandante: María Clemencia Cantini Ardila
Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera
Decisión: Niega amparo
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elaboración, revisión y ejecución del contrato no fue caprichosa ni
abiertamente lesiva de sus derechos fundamentales, sino que, más bien, fue
el resultado de un análisis riguroso de los elementos probatorios arrimados al
proceso. Esa reflexión, desde luego, era necesaria para examinar de
manera integral los elementos de la responsabilidad fiscal.
39. 2) Frente a la configuración de un defecto sustantivo, llama la
atención que la parte actora cuestionara la interpretación que
supuestamente hizo la autoridad judicial accionada del artículo 13 de la Ley
610 de 2000, sobre la prescripción de la acción fiscal, cuando en el texto de
la providencia enjuiciada ni siquiera se hace mención del fenómeno
prescriptivo en la parte considerativa ni se expone discusión alguna respecto
del artículo comentado de la Ley 610 de 2000.
40. En ese sentido, no podría el juez de tutela decirle al juez natural de la
causa que se pronuncie respecto de un tema que ni siquiera abordó o que
no constituyó, como en este caso, el debate central del asunto. Por lo tanto,
el reproche de la parte actora encaminado a justificar un defecto sustantivo
no tiene ningún asidero.
41. 3) Finalmente, en relación con el defecto de violación directa de la
Constitución, la Sala estima que no se configuró porque la decisión
cuestionada por la parte actora se tomó con base en la realidad procesal,
es decir, a partir de las circunstancias fácticas y jurídicas del caso. El hecho
de que la Sección Primera del Consejo de Estado negara las pretensiones
no puede verse, de manera directa e injustificada, como una transgresión
de su derecho fundamental al debido proceso.
2.5. Conclusión
42. En consecuencia, la Sala negará el amparo solicitado, tras corroborar
que no se configuraron los defectos alegados.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá – IDU, de
conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02594-00
Demandante: María Clemencia Cantini Ardila
Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera
Decisión: Niega amparo
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SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por María Clemencia Cantini Ardila,
de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 9.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
9 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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