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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00913-02

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00913-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia de 2 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. 42 La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem. 43 “[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”. 44 De conformidad con el valor de las pretensiones que corresponden al valor del fallo de responsabilidad fiscal que fijó un pago solidario de $49.657.799.361, sin considerar los demás reclamos que por perjuicios pidió la parte actora. 45 “[…] ARTÍCULO 6º. Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 59 Número único de radicación: 25000 23 41 000 2017 00913 02 Actora: MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA SEGUNDO: REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia de 2 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y, en su lugar, NO CONDENAR en costas a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2017-00913-02

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

25 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Radicación número: 25000-23-41-000-2017-00913-02
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA

Asunto: Se revoca la sentencia de primera instancia, y en su lugar se
deniegan las pretensiones de la demanda. La señora MARÍA CLEMENCIA
CANTINI ARDILA, como directora técnica de Gestión Contractual del IDU, no
fue meramente accesorio ni subordinado, sino determinante en la producción
del daño discal, en tanto elaboró, revisó y avaló jurídicamente actos
contractuales que resultaron lesivos para el erario. En tal sentido, su
intervención materializó una gestión fiscal con culpa grave, al haber validado
modificaciones contractuales contrarias al ordenamiento jurídico, lo que
desvirtúa cualquier alegación sobre la ausencia de poder decisorio, pues la
responsabilidad fiscal no depende exclusivamente del grado jerárquico o de la
capacidad formal de decisión, sino de la efectiva incidencia de la conducta del
funcionario en la producción del daño antijurídico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Número único de radicación: 25000 23 41 000 2017 00913 02
Actora: MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA

La Sala decide sendos recursos de apelación interpuestos por la actora,
señora MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, y la demandada,
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra la sentencia de 2 de
mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, mediante la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

La señora MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, mediante apoderado, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), presentó demanda contra la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en adelante la
CONTRALORÍA, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de los
siguientes actos:

“[…] Fallo proferido en Audiencia Pública de primera instancia, entre los días
10 de octubre y 16 de noviembre de 2016, firmado por la Contraloría Delegada
Intersectorial 8 de la Unidad Especial Anticorrupción de la Contraloría General
de la República frente al cual se agotó la vía gubernativa mediante los
correspondientes recursos de reposición y apelación.

Decisión proferida en Audiencia Pública de primera instancia, entre los días
25 de noviembre a 7 de diciembre de 2016, firmado por la Contralora
Delegada Intersectorial 8 de la Unidad Especial Anticorrupción de la
Contraloría General de la República mediante la cual se negó el recurso de
reposición.

Fallo de fecha 19 y 20 de diciembre de 2016, por medio del cual se confirma
en su integridad el fallo de responsabilidad de primera instancia, proferido
dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 257, el cual es firmado por
la Contralora General Ad Hoc Gloria Amparo Alfonso Másmela […]”.

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Actora: MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA

I.2.- Hechos

Precisó que fungió como directora técnica de Gestión Contractual de la
Subdirección General Jurídica del Instituto de Desarrollo Urbano, en adelante
IDU, entre el 4 de mayo de 2009 y el 31 de agosto de 2010.

Refirió que la acción de responsabilidad fiscal tuvo como origen un hallazgo
encontrado por la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, entidad que dio apertura a
la indagación preliminar núm. CD 000213, la cual fue archivada mediante auto
núm. 498 de 18 de agosto de 20101.

Señaló que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes solicitó a la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA que avocará, mediante
control excepcional, el conocimiento de los presuntos hechos irregulares que
se presentaron durante la construcción y adecuación de la fase III del Sistema
Integrado de Transporte Masivo “Transmilenio” de la ciudad de Bogotá D.C.

Indicó que, en atención a lo anterior, la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, ordenó la apertura del proceso de
responsabilidad fiscal2.

Sostuvo que, “[…] mediante Auto No. 005-2011 la Contraloría General declaró
de IMPACTO NACIONAL los hechos objeto del proceso de responsabilidad
fiscal verbal No. CD 00257 […]”.

Refirió que, mediante auto núm. 00079 de 10 de agosto de 2012, se “[…]
imputó responsabilidad fiscal contra los vinculados […]”, decisión que fue
modificada a través del auto núm. 0035 de 3 de abril de 2013.

1 Toda vez que, como se encontraba en ejecución la cesión del contrato, el IDU adquirió unos
compromisos.
2 Por encontrar presuntamente reunidos los presupuestos legales del artículo 40 de la Ley 610 de

2000.

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Actora: MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA

Comentó que el 9 de diciembre de 2013, se profirió laudo arbitral en el cual
“[…] se declaró la nulidad del Contrato y se ordenó el pago al Grupo Vías de
Bogotá cerca de 40 mil millones de pesos por concepto de restitución por
contrato ejecutado […]”, confirmado mediante sentencia de 26 de abril de
2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en
la que se declaró infundado el recurso de anulación interpuesto contra dicho
laudo arbitral.

Señaló que: i) presentó descargos el 13 de agosto de 2014; ii) en audiencia de
descargos del 24 y 26 de junio de 2015 le fueron negadas las pruebas que
solicitó; y iii) contra esa decisión presentó recurso de reposición y en subsidio
de apelación, lo cuales se resolvieron negativamente.

Aseveró que, estando el proceso en etapa probatoria y pendiente de resolver
en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra la decisión
mediante la cual se negaron unas pruebas, el contralor general de la República
manifestó su impedimento para conocer del proceso ante el Procurador
General de la Nación, y el 5 de agosto de 20153, se suspendieron los términos.

Mencionó que, el 3 de septiembre de 2015, el Procurador General de la Nación
aceptó el impedimento propuesto por el contralor general de la República y
designó al vicecontralor en calidad de contralor general de la República ad
hoc, para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que
en primera instancia negó algunas pruebas; y que esta decisión les fue
comunicada el 14 de septiembre de 2015, al vicecontralor4 y al contralor
general de la República5.

3 Auto ORD. 180112-130-2015. Notificado por Estado el 6 de agosto de 2015.
4 Mediante oficio núm. 149593
5 Mediante oficio con núm. de radicado 149589.

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Actora: MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA

Resaltó que, mediante auto de 14 de octubre de 2015, la Procuraduría General
de la Nación modificó el artículo 2 del auto del 3 de septiembre de 2015, por
el cambio de vicecontralor que fungía como contralor general ad hoc y,
mediante auto núm. ORD-80112-0297-2016 de 20 de abril de 2016, el
contralor general ad hoc confirmó, en segunda instancia, la decisión por la cual
se negaron las pruebas.

Señaló que, en la audiencia de descargos celebrada los días 4, 10, 11 y 17 de
mayo de 2016, se interpusieron recursos de reposición, y en subsidio de
apelación, contra las decisiones que negaron las solicitudes de nulidad
propuestas por varios vinculados, las que fueron negadas en audiencia de 20
de mayo de 2016, decisión confirmada en sede de reposición en audiencia de
27 de mayo de 2016, en la que también se concedieron los correspondientes
recursos de apelación.

Indicó que el proceso fue remitido al contralor general de la República el 1o.
de junio de 20166, para que resolviera los recursos de apelación interpuestos
contra el auto que negó las solicitudes de nulidad, y que dicho funcionario
reiteró su impedimento ante el procurador general de la Nación el 2 de junio
de 20167, razón por la que aquel ordenó la suspensión de términos en el
proceso el 3 de junio de 20168.

Mencionó que, el 15 de junio de 2016, dicho impedimento fue aceptado por el
procurador general de la Nación y se designó a la contralora delegada para
Investigaciones y Juicios Fiscales, quien a su vez presentó manifestación de
impedimento que le fue aceptado por auto de 11 de julio de 2016,
designándose así a la vicecontralora general de la República, quien fue
comunicada de la designación el 28 de julio de 20169.

6 Mediante oficio núm. 2016IE0048218.
7 Mediante oficio núm. 2016EE0070777.
8 Por auto núm. ORD-80112-323-2016.
9 Mediante oficio núm. 2016ER0075886.

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Actora: MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA

Indicó que, mediante auto núm. 0358 de 4 de agosto de 2016, se avocó
conocimiento y con retroactividad se reanudaron términos desde el 2 de
agosto de 2016; y, que con auto núm. 380 de 17 de agosto de 2016, se
suspendieron los términos entre el 19 y 23 de agosto de 2016, que se
reanudaron con auto núm. 391 de 24 de agosto de 2016, a partir de esta fecha.

Aseveró que: i) los alegatos de conclusión fueron presentados del 12 al 14 de
octubre de 2016, ii) en la audiencia pública que se adelantó entre el 10 de
octubre y el 16 de noviembre de 2016, la Contraloría Delegada Intersectorial
núm. 8 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción,
realizó la lectura del fallo de primera instancia, excluyendo a MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA como responsable fiscal por los “[…] mayores
costos de interventoría […]”.

Manifestó que se presentaron los correspondientes recursos de reposición, y
en subsidio apelación; y, que entre el 19 y 20 de diciembre de 2016, se leyó el
fallo de segunda instancia.

Por último, aseveró que el reproche del proceso de responsabilidad fiscal se
basó en que en su condición de directora técnica de Gestión Contractual de la
Subdirección General Jurídica del IDU, avaluó y aprobó la cesión del contrato
núm. 137 de 2007.

I.3.- Fundamentos de derecho

La actora indicó como violadas las siguientes normas:

1. Artículo 29 de la Constitución Política.
2. Artículos 2, 5, 9, 13, 16, 33, 34, 35, 53, 54 de la Ley 610 de 200010.

10 "[…] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia

de las contralorías […]"

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3. Artículo 12 de la Ley 1437 de 201111.

Explicó el alcance del concepto de la violación en los siguientes términos:

I.3.1.- Incompetencia, por razón de laudo arbitral en firme: A juicio de la
parte actora, los actos administrativos enjuiciados incurrieron en esta causal
de nulidad, en atención a que existe un laudo arbitral confirmado por el
Consejo de Estado, en el que se declaró la nulidad del Contrato 137 de 2007
por objeto ilícito, en virtud de hechos anteriores a la cesión del contrato y que
derivaron en la paralización de la obra hasta que el GRUPO EMPRESARIAL
VÍAS DE BOGOTÁ S.A.S. la asumió por conducto de SEGUREXPO DE
COLOMBIA S.A., quien recomendó la cesión del contrato como la mejor
alternativa antes que la declaratoria de caducidad del contrato.

Para sustentar su afirmación, refirió que el Tribunal de Arbitramento del
contrato12, al asumir su competencia, evaluó la ejecución del contrato y soportó
sus decisiones en experticias técnicas y financieras que encontraron el valor
real de la obra construida y, de acuerdo con estas, ordenó la restitución de
dichos rubros por la ejecución del contrato; y que la solicitud de trasladar esas
pruebas al proceso, fue negada por la CONTRALORÍA, de manera que nunca
se pudo cotejar el dicho del organismo de control con lo expuesto por el
Tribunal.

Alegó que, además de lo anterior, pese a que el laudo arbitral y el proceso de
responsabilidad fiscal estudiaron la misma obra y los mismos hechos, la
primera decisión que se encuentra en firme calificó como legal la cesión del
contrato y las modificaciones contractuales posteriores a ésta, mientras que la
CONTRALORÍA encontró dichas modificaciones contrarias a la ley sin
sustento probatorio y legal; de manera que, por esa vía, halló al GRUPO

11 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
12 Constituido para dirimir las diferencias surgidas entre la sociedad Grupo Empresarial Vías Bogotá

y el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, con ocasión del contrato de obra pública IDU -137 de 28
de diciembre de 2007.

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EMPRESARIAL VÍAS DE BOGOTÁ S.A.S. y a los funcionarios del IDU,
responsables fiscalmente por las modificaciones contractuales que fueron “[..]
viabilizadas […]” por el laudo arbitral.

En atención a todo lo anterior, censuró que se mantuviera un fallo de
responsabilidad fiscal respecto de una decisión judicial en la que se condenó
al Estado, el cual dejó de pagar obra recibida y ejecutada por virtud del
Contrato 137 de 2007, resarciéndose así el patrimonio de un tercero.

Manifestó que, bajo ese panorama, la reparación de un hipotético daño al
Estado producto de una condena judicial realizada en laudo arbitral, solo es
posible mediante el ejercicio de la acción de repetición, sin que sea viable un
proceso de responsabilidad fiscal para obtener, del agente estatal, el
reembolso de los perjuicios que le ocasionó al Estado con una conducta
presuntamente dolosa o gravemente culposa, como lo consignó la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto de 6 de abril
de 2006.

I.3.2.- Incompetencia, por prescripción del proceso de responsabilidad
fiscal: En relación con este cargo la Sección Primera, mediante sentencia de
15 de diciembre de 2023, revocó la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 6 de octubre de 2022, mediante la cual se
declaró probado el cargo de prescripción de la acción de responsabilidad
fiscal.

I.3.3.- Ausencia de prueba de los elementos de la responsabilidad fiscal:
Este cargo lo fundamentó en el hecho de que, conforme con el acervo
probatorio recolectado en el proceso, no hay pruebas conducentes,
pertinentes o útiles que demuestren una conducta dolosa, un detrimento
patrimonial y un nexo de causalidad.

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Adujo la inexistencia de detrimento patrimonial por cuanto la parte demandada
reconoce que la obra se realizó y que actualmente presta un servicio, pero no
realizó el estudio técnico necesario para cuantificarlo; por el contrario,
cuantificó el daño a partir de unos sobrecostos cuya estimación fue subjetiva,
toda vez que no se determinó que lo pagado no estuviera representado en
obra construida.

Dijo que la responsabilidad que se le imputó fue objetiva y no subjetiva como
corresponde, considerando que la demandada no tuvo en cuenta que la
celebración del Contrato 137 de 2007 y los primeros 18 meses de ejecución,
tuvieron lugar con anterioridad a que se desempeñara como directora técnica
de Gestión Contractual del IDU.

Indicó que tampoco se consideró que las deficiencias en la planeación del
contrato, los diseños incompletos y el incumplimiento grave de las obligaciones
por parte del contratista y el serio retraso de las obras, hizo necesario que se
ajustara el esquema del contrato y se modificaran las actividades, las cuales,
una vez ejecutadas, tenían que ser pagadas por el IDU y verse reflejadas en
mayores costos de obra ejecutada.

Señaló que para el momento en que se realizó la cesión del contrato 137 de
2007, el IDU y la interventoría desconocían el estado real del avance de las
obras ejecutadas por el contratista; como consecuencia, no se podían
determinar las obras pendientes de ejecución, lo que, sumado a que el atraso
del proyecto era superior al estimado por la interventoría, era necesario
determinar qué obras estaban ejecutadas y cuáles no, y así determinar las
obras adicionales resultantes de la revisión, ajuste, adaptación, adecuación,
complementación y actualización de los diseños entregados por el IDU a la
empresa cesionaria del contrato.

Indicó que la CONTRALORÍA admitió todo lo anterior, así como que la obra
estuvo paralizada, hubo postergaciones de los plazos por la falta de entrega

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de los diseños, y que según los pliegos de la licitación pública IDU-LP-DG-022
DE 2007 y el Contrato 137 de 2007, el contratista se comprometió a ejecutar
la totalidad de las obras de construcción y todas las actividades necesarias
para la adecuación de la Calle 26 (Avenida Jorge Eliecer Gaitán) al Sistema
Transmilenio en el tramo 3, comprendido entre la transversal 76 y la Carrera
42 b, y en el tramo 4, comprendido entre la carrera 42 B y la Carrera 19, Grupo
4, bajo la modalidad de precio global con ajuste, y las obras para redes,
demoliciones y desvíos bajo la modalidad de precios unitarios con ajustes.

No obstante, al analizar el aspecto subjetivo de su conducta, desconoció que
actuó en cumplimiento de un deber legal en atención a las directrices del
ordenador del gasto y de los directivos técnicos que tomaron las decisiones
necesarias para viabilizar la cesión del contrato y asegurar la continuidad del
proyecto, de manera que como directora técnica de Gestión Contractual se
limitó a colocar visto bueno y a elaborar algunos documentos desde una
perspectiva exclusivamente jurídica, como responsable de la elaboración de
las minutas y de las modificaciones a los contratos desde el punto de vista
legal.

Manifestó que los vistos buenos que le correspondía otorgar no implicaban
avalar asuntos técnicos ni financieros del contrato de cesión, sino que
simplemente, como proyectista de la dirección, dada su calidad de abogada,
elaboraba el documento respectivo, atendiendo los acuerdos de voluntades
suscritos entre el cesionario y la administración del IDU.

Adujo que la circunstancia de que no se hubiera opuesto a la elaboración de
los documentos en los que se plasmaron tales acciones de mitigación y
recuperación proyecto, radica en el hecho de que ella actuó en el pleno
convencimiento de que eran los mecanismos más adecuados para superar la
crisis del Contrato 137 de 2007, considerando que cualquier servidor público
ubicado en aquel contexto histórico y temporal, así lo hubiera hecho.

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Indicó que, en su condición de directora técnica de Gestión Contractual, no
conoció las advertencias de la interventoría porque a ella no le llegaban los
oficios dirigidos a la dirección técnica de construcciones de la entidad, quien
era la competente para adoptar los correctivos necesarios y comunicar a
gestión contractual para que se adoptaran las decisiones correspondientes.

Afirmó que las modificaciones al contrato inicial sí resultaban válidas en cuanto
a que la ejecución del Contrato 137 de 2007 no acaeció en condiciones de
normalidad y regularidad, porque la siniestralidad del contrato requería que los
funcionarios adoptaran medidas urgentes para superar la crisis; en
consecuencia, sólo sería irregulares en cuanto fueran ajenas a la ejecución del
contrato y la entidad hubiera pagado por obras que no hubieran sido
ejecutadas, cuestión que en este caso no se probó.

Arguyó que no hay medio probatorio que sustente lo afirmado por la
CONTRALORÍA, en el sentido de que el IDU asumió compromisos y realizó
pagos sin respaldo presupuestal; por el contrario, cuando se hicieron los
ajustes al contrato, este tenía disponibilidad suficiente y a medida que se
hacían las modificaciones se garantizaba que existieran las partidas
presupuestales correspondientes.

Afirmó que no se le puede imputar responsabilidad subjetiva por hechos que
acontecieron con posterioridad a su retiro del IDU, máxime cuando sus
actuaciones tuvieron aval en los pronunciamientos calificados de los asesores
externos de la entidad y del tribunal arbitral; de manera que resulta contrario
al artículo 6 de la Constitución que se le endilgue responsabilidad a posteriori,
por hechos y actos de otras personas, mucho menos con base en informes de
interventoría rendidos con posterioridad a su retiro del empleo.

Enfatizó en que su conducta fue diligente y no hay prueba de lo contrario,
puesto que, como abogada responsable, su actuar constituye una obligación
de medio y no de resultado, sin que se le pueda exigir que su asesoría o

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participación pudiera garantizar que todos los actores intervinientes en el
proyecto cumplieran con sus obligaciones y que su gestión fuera eficiente, lo
que constituían imponderables que escapaban a su gestión.

Aseveró que, la CONTRALORÍA no analizó el nexo de causalidad, sino que lo
presumió, debido a la ausencia de conducta censurable y de detrimento
patrimonial no había lugar a deducirlo; y que su conducta como directora
técnica de Gestión Contractual no podía determinar la de los altos funcionarios
del IDU, en particular, el director general y la Subdirección Jurídica, con lo cual
nunca pudo constituir causa eficiente del presunto daño.
I.3.4 Omitir el cumplimiento de las normas de desarchivo del proceso:
Afirmó que la CONTRALORÍA, luego de archivar las indagaciones realizadas
en relación con los otrosíes 6 y 7 del Contrato 137 de 2007, resolvió dar
apertura a una nueva indagación sin desvirtuar los argumentos que llevaron a
archivar inicialmente el asunto, con lo cual se desconoce lo previsto en el
artículo 17 de la Ley 610.

I.3.5. Incumplimiento del principio de imparcialidad: Señaló que la
CONTRALORÍA no fue imparcial en cuanto a la solicitud, decreto y práctica
de pruebas durante el proceso de responsabilidad fiscal, por cuanto: i) negó la
mayoría de las pruebas solicitadas; ii) no tuvo participación en la recepción de
testimonios; iii) no efectuó el traslado de los informes técnicos base de la
investigación y los presentados por los vinculados; iv) no ratificó las pruebas
trasladadas y no practicó de oficio las pruebas necesarias.

En especial, indicó que se omitió dar traslado de los informes técnicos para
ejercer el derecho de defensa dándole el carácter de prueba documental, y
que no se tuvo como prueba trasladada el laudo arbitral que dirimió la
controversia suscitada en el proceso de responsabilidad fiscal, con lo cual se
desconoció el artículo 28 de la Ley 617, pues ni siquiera se dio traslado de las
pruebas surtidas en el proceso arbitral.

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I.3.6. Incongruencia: Sostuvo que hay incongruencia entre el auto de
imputación de responsabilidad fiscal núm. 0079 del 12 de agosto de 2012 y el
fallo de primera instancia, porque los hechos por los que se le imputó la
responsabilidad son otros distintos a los que fundaron el auto de imputación;
toda vez que en el fallo se menciona repetidamente las multas, la declaratoria
de caducidad del contrato y el anticipo, pese a que esos hechos fueron
rescindidos del proceso y, por tanto, no se ejerció el derecho de contradicción
respecto de ellos.

En adición, cuestionó que en el fallo se hubiera hecho alusión a ella como
directora técnica de Gestión Contractual y como subdirectora general jurídica,
cuando en la imputación solo se refirió al primero de los empleos.

I.3.7. Imparcialidad de los funcionarios: El cargo fue sustentado, en
esencia, indicado que el artículo 101 de la Ley 1474 de 12 de julio de 201113
separa los roles acusador y decisor, con el fin de garantizar la imparcialidad y
neutralidad a la que tienen derecho las partes, con miras a buscar la verdad
procesal; no obstante, en los procesos de responsabilidad ello no se cumple,
por cuanto un mismo funcionario asume el rol de funcionario competente e
investigador.

Aseveró que el llamado abogado sustanciador, cuya labor es elaborar los
escritos solicitados por el funcionario competente es su subordinado pleno, y
por esto no se le otorga un rol predominante en las audiencias, de manera que
sus actividades se limitan a “[…] asistir jurídicamente al funcionario
competente […]”, sin cumplir el rol prevalente que le otorga la Ley 1474 como
funcionario investigador.

13 “[…] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública […]”..

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Conforme con lo anterior, concluyó que en dichas etapas de audiencia se
configuró un prejuzgamiento, porque los funcionarios ya sabían cómo se iba a
resolver el asunto, antes de la intervención de las partes.

I.3.8. Prejuzgamiento: Afirmó que son pruebas del prejuzgamiento los
siguientes hechos: i) que a dos días de reanudarse los términos, el 20 de abril
se nieguen todas las pruebas solicitadas en más de 40 horas de audiencia y
presentadas por más de 20 apoderados; ii) en 4 días hábiles se elaboró un
fallo con responsabilidad fiscal de 2.645 páginas, es decir, venía siendo
sustanciado sin importar las consideraciones que expresaran las partes; iii) a
la audiencia de lectura del Fallo de primera instancia concurrieron los
sustanciadores de la contralora ad hoc, quien es la competente en segunda
instancia.

I.4.- Contestación de la demanda

La demanda fue admitida por auto de 22 de enero de 2018, en el que se ordenó
la notificación a la entidad que expidió los actos acusados y al Ministerio
Público.

La CONTRALORÍA, actuando por conducto de apoderado, contestó la
demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones por carecer de
fundamentos jurídicos y probatorios.

En cuanto al daño, luego de contextualizar el negocio jurídico contenido en
el contrato de obra pública IDU 137 de 2007, concluyó que el daño patrimonial
está representado en los sobrecostos generados por las modificaciones a las
condiciones inicialmente pactadas por los contratantes y que conllevaron al
doble pago por concepto de: i) actualización estudios y diseños; ii) exclusión
de obras sin disminuir el valor global; iii) adición de recursos al valor global del
contrato; iv) reconocimiento de los factores multiplicadores de contingencia

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para costos administrativos (F1) y por los costos de mano de obra (F2); v) así
como mayores costos de interventoría.

Sobre la gestión fiscal, manifestó que la jurisprudencia constitucional, en
especial la sentencia C-840 de 2001 proferida por la Corte Constitucional,
determinó que incurre en responsabilidad por detrimento de los bienes o
fondos públicos quien ejerce gestión fiscal directa o indirectamente,
considerando que no se trata de una ecuación "[…] económico formalista […]"
sino de un camino en el que participan un sinnúmero de personas, ya sean
gestores, colaboradores o auxiliadores, en el cometido de la buena
administración y la eficacia de los propósitos de la función pública.

En cuanto al laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento, el 9 de
diciembre de 2013, señaló que es una decisión proferida por el juez natural del
contrato, con objeto diferente al debatido en el proceso de responsabilidad
fiscal; lo propio adujo respecto de la decisión expedida por la Procuraduría
General de la Nación en la que se archivó el proceso adelantado contra la
parte demandante, por presuntas irregularidades en la ejecución de la fase III
de Transmilenio; conforme con ello, advirtió que el proceso de responsabilidad
fiscal es autónomo e independiente de las responsabilidades disciplinarias,
penales o civiles, sin que lo decidido en proceso disciplinario tenga la
virtualidad de incidir en un proceso fiscal.

Sobre habérsele imputado cargos a la demandante por hechos posteriores a
su desvinculación del IDU y ejecutados por otras personas, acudió a los
expresado en los fallos en cuanto a que corresponden a sus actuaciones
funcionales que generaron el daño patrimonial al Estado, cuyos efectos se
materializaron cuando ya no se encontraba vinculada.

Sobre el respaldo económico y técnico que según la demandante impide
endilgarle alguna responsabilidad fiscal, advirtió que en el acto acusado no se
reprochó su conducta por el hecho de no tener el aval técnico o económico,

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sino el haber avalado esas decisiones dentro del ámbito de sus competencias
jurídicas o legales en relación con los actos contractuales, según las cuales,
estaba a cargo de verificar que las modificaciones y adiciones con ocasión de
la cesión del contrato se ajustaran al marco legal, y ello suponía que no se
podía contrariar el pliego de condiciones ni en el contrato original.

Frente al reproche de su conducta con culpa grave como subdirectora jurídica
encargada, afirmó que éste se sustentó en la respuesta a la carta dirigida por
el consorcio interventor INTERCOL a la señora CARMEN ELENA LOPERA,
directora técnica de Construcciones, relacionada con las observaciones de la
interventoría a los otrosíes 5 y 6, informándoles los fundamentos de las
decisiones adoptadas por el IDU en las que fungió como subdirectora general
jurídica (E).

Al respecto, dijo que en el fallo de primera instancia se señaló que, como
subdirectora jurídica encargada, mediante oficio DTC 20103350286881 de 15
de junio de 2010, se pronunció sobre los riesgos de los otrosíes 5 y 6 sin tener
en cuenta el memorando expedido por el director técnico legal de 12 de junio
de 2007, núm. DTL-6000-25726, relacionado con la legalidad y los requisitos
de la cesión, a través del cual advirtió cómo debía realizarse y las prohibiciones
legales en las que no se podía incurrir.

Respecto de omitir las normas de desarchivo del proceso de
responsabilidad fiscal, puso de presente que el asunto ya fue tratado en la
solicitud de nulidad planteada en el proceso administrativo, resuelta en
audiencia de 17 de octubre de 2012 y confirmada en segunda instancia
mediante auto 00035 de 3 abril de 2013, según el cual, para ese momento se
identificaron unos hallazgos fiscales no definitivos, que no pueden confundirse
con el proceso de responsabilidad fiscal que es objeto de control judicial; los
hallazgos archivados guardaban relación con los anticipos y el retraso de las
obras, mientras que el daño patrimonial que se imputó en los actos
demandados fue distinto.

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En cuanto a la parcialización probatoria y la incongruencia entre el auto
de imputación y el fallo con responsabilidad, adujo que: i) la
responsabilidad fiscal se tomó a partir de la cesión del Contrato 137 de 2007,
por lo que las pruebas son en su mayoría de carácter documental, y trayendo
a colación el auto mediante el cual se rechazaron las pruebas solicitadas por
la parte demandante, concluyó que estuvo debidamente motivado; ii) no puede
confundirse el informe de auditoría con un informe técnico como lo pretende la
demandante, y que si bien se cometió una imprecisión en el informe de
auditoría al referirse a la denominación del hallazgo, lo cual implicó un
desacierto en el auto de imputación, tal cuestión se aclaró mediante Oficio
núm. 2011 IE3254; iii) los hechos concuerdan con lo descrito tanto en el auto
de imputación como en el fallo, por lo que no existe ninguna incongruencia,
cuya existencia no puede predicarse en razón a que en el fallo no se hizo
mencionó una prueba documental.

Por último, para responder al cargo sobre el desconocimiento del laudo arbitral
se remitió a lo considerado en el Auto ORD - 80112- 0103 - 2014 de 9 de junio
de 2014, en el que la contralora General de la República resolvió el recurso de
apelación interpuesto contra la decisión que negó la solicitud de nulidad
fundada en los mismos planteamientos que ahora realiza la demandante; y
manifestó que los cargos sobre la ausencia de prueba de los elementos de la
responsabilidad fiscal, contrario a lo afirmado en la demanda, fueron
cuestiones debidamente abordadas y evacuadas en las decisiones que se
atacan, y para verificarlo se remite a dichos actos.

I.5.- De la sentencia de 6 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca

El Tribunal, mediante sentencia de 6 de octubre de 2022, declaró la nulidad de
los artículos (i) décimo octavo, inciso primero, y trigésimo sexto, del Fallo con
Responsabilidad Fiscal de Primera Instancia, proferido en audiencias de 10 de

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octubre y 16 de noviembre de 2016 y (ii) primero del auto de 25, 28, 29 y 30
de noviembre, y 5 y 7 de diciembre de 2016, expedidos por la contralora
delegada intersectorial núm. 8 de la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; y
(iii) décimo del Fallo con Responsabilidad Fiscal de segunda instancia
proferido por la contralora general de la República ad hoc, en audiencia pública
de 19 de diciembre de 2016, en lo relacionado con la señora MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA, luego de encontrarse probada la prescripción
de la acción de responsabilidad fiscal.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
ordenó a la CONTRALORÍA cancelar el registro de la demandante como
responsable fiscal (boletín de responsables fiscales); y negó las pretensiones
indemnizatorias, en consideración a que no fueron probados los perjuicios,
material y moral, pretendidos con la demanda.

Finalmente, negó las demás pretensiones y condenó en costas a la
CONTRALORÍA, quien, por su parte, interpuso recurso de apelación contra
dicha sentencia.

I.6.- De la sentencia de 15 de diciembre de 2023, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado

Esta Sala, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2023, revocó la
sentencia proferida en primera instancia, el 6 de octubre de 2022, mediante la
cual se declaró probado el cargo de prescripción de la acción de
responsabilidad fiscal, y ordenó devolver el expediente al Tribunal para que
adoptara la decisión de fondo respecto de los demás cargos de la demanda.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA

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El Tribunal, en obedecimiento a lo resuelto por la Sección Primera en la
sentencia de 15 de diciembre de 2023, profirió la sentencia de 2 de mayo de
2024, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de nulidad de
los actos acusados, y denegó las demás pretensiones, para lo cual adujo, en
síntesis, lo siguiente:
II.1.- Sobre la ausencia de acreditación de los elementos constitutivos de
la responsabilidad fiscal, en primer lugar, dijo que no había lugar a tener a
la señora MARIA CLEMENCIA CANTINI ARDILA como gestora fiscal,
considerando que, como directora técnica de Gestión Contractual no tuvo
ningún poder decisorio sobre la cesión del Contrato 137 de 2007 y sus
posteriores otrosíes 5 y 6, que condujeron a la producción del daño patrimonial.

Al respecto, señaló que los actos acusados imputaron responsabilidad fiscal a
MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, a título de culpa grave, “[…] ya que
con su firma avaló la implementación de la cesión de forma contraria a lo
permitido por la ley, pues se introdujeron modificaciones al objeto, valor y
esquema de riesgos del contrato […]”.

Indicó que las funciones de su cargo de directora técnica de Gestión
Contractual del IDU, previstas en el artículo 24 del Acuerdo núm. 002 de 3 de
febrero de 200914, estaban circunscritas a elaborar los contratos y convenios
requeridos por la entidad y realizar su legalización, en los términos de ley;
asimismo, a elaborar en los términos de ley, las modificaciones contractuales
necesarias para la eficiente ejecución de los contratos y convenios suscritos,
y en ese sentido, la elaboración de los documentos relativos a la cesión y a los
otrosíes implicaba que su contenido estuviera ajustado a la ley, formal como
sustantivamente.

Y, de acuerdo con lo anterior, consideró que como la cesión del contrato y los
otrosíes 5 y 6 son documentos contractuales que por sí mismos no resultan

14 “[…] Por el cual se establece la Estructura Organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano, las

funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones […]”.

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ilegales, en tanto la ley de los contratos permite a las partes la cesión y la
modificación de sus cláusulas, la conducta por la que se responsabilizó
fiscalmente la directora técnica de Gestión Contractual, no se alejó del marco
legal aplicable.

Asimismo, observó que la función de “[…] elaborar […]” no implica decidir, por
cuanto dicho verbo está definido por la Real Academia de la Lengua
Española15, “[…] como la acción de transformar una cosa u obtener un
producto por medio de un trabajo adecuado […]”, y en esa medida, la
demandante elaboró las minutas y las visó, pero no determinó su sentido.

En ese orden, indicó que según el artículo 22 del Acuerdo 002 de 2009,
correspondía al señor Inocencio Meléndez Julio, en su calidad de subdirector
general jurídico del IDU, entre otras actividades, las de liderar, orientar y
coordinar los contratos suscritos por esa entidad, enfatizando en que, de
acuerdo con las probanzas del proceso, los otrosíes 5 y 6 fueron aprobados
por dicho subdirector, quien a su turno fue responsabilizado penalmente por
los mismos hechos16.

De acuerdo con lo anterior, arguyó que, desde el punto de vista funcional, a la
demandante no le era exigible la conducta que se le endilgó en la
responsabilidad fiscal, porque fueron los niveles superiores los que tuvieron a
su cargo la decisión de aprobar los proyectos de acto jurídico que ella elaboró
y visó.

Sostuvo que el hecho de que el juez del contrato estimara la viabilidad jurídica
de la cesión y de los otrosíes, permite corroborar “[…] el lugar que cumplió la
demandante en la estructura jerárquica del IDU y presta asidero sólido a la
afirmación según la cual estuvo al margen de la toma de decisiones […]”; por
lo que, en consecuencia, era improcedente el argumento de la

15 Cfr. “[…] https://dle.rae.es/elaborar [...]”.
16 En sentencia proferida por el Juez 27 Penal de Conocimiento de Bogotá D.C.

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CONTRALORÍA, según el cual, la directora técnica de Gestión Contractual
debió oponerse a la elaboración de los documentos contractuales, dada su
ilegalidad implícita.

En cuanto a la presencia de la demandante en alguna de las reuniones en las
que se decidieron los términos de las modificaciones hechas al contrato de
obra, consideró que tal circunstancia no tiene el peso necesario para predicar
su responsabilidad fiscal en el asunto, en tanto que no tuvo poder decisivo ni
negocial para concretar las modificaciones contractuales; para el A quo, su
presencia se explicaba en razón a que era la encargada de elaborar el
contenido de los convenido por las partes del contrato.

Respecto del oficio núm. DTC 20103350286881 de 15 de junio de 2010,
suscrito por la demandada en su calidad de subdirectora general jurídica
encargada, en sentido similar, consideró que dicho documento demostraba su
conocimiento sobre el tema contractual en particular, pero no que tuviera poder
decisorio sobre el contrato.

Concluyó que la cesión del contrato y la aplicación de la normativa para llevarlo
a cabo dependía exclusivamente del ordenador del gasto, quien debía impartir
autorización para que la cesión se ajustara a derecho, por lo que la sola
elaboración del documento no comprometía la responsabilidad de la parte
demandante.
De conformidad con lo anterior, el Tribunal estableció la prosperidad de este
cargo de nulidad de los actos acusados.

II.2.- Respecto de la omisión en el cumplimiento de las normas de
desarchivo del proceso, el Tribunal, de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley 610, observó que el archivo de la acción fiscal procede tanto en la
etapa de indagación como una vez abierto el proceso de responsabilidad
fiscal, cuando haya operado la caducidad o prescrito la acción, o cuando se
demuestra la inexistencia de uno de los elementos de la responsabilidad fiscal,

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una eximente de responsabilidad o se acredita el resarcimiento total del
detrimento patrimonial al Estado.

Consideró que, en el caso sub examine, si bien se archivaron algunos
hallazgos, éstos son distintos del proceso que culminó con la declaratoria de
responsabilidad fiscal de la demandante; indicó que unos fueron los hechos
que corresponden a los hallazgos archivados y otros los que culminaron con
los actos objeto de control judicial en este proceso.

Sostuvo que, los hallazgos archivados se refieren al manejo del anticipo, el
retraso en las obras del Contrato núm. 137 de 2007 y la falta de imposición de
multas debido a tales circunstancias, mientras que, el proceso que culminó con
la expedición de los actos demandados, se basó en el doble pago por concepto
de actualización de estudios y diseños, la exclusión de obras sin disminuir el
valor global, la adición de recursos al valor global del contrato, el
reconocimiento de los Factores Multiplicadores como contingencia para costos
administrativos (F1) y por los mayores costos de Mano de Obra (F2) y mayores
costos de interventoría.
Conforme con lo anterior, el Tribunal desestimó este cargo de nulidad.

II.3.- El Tribunal no acogió el cargo de nulidad referido al incumplimiento del
principio de imparcialidad en el proceso de responsabilidad fiscal, al
considerar que la demandante se limitó a cuestionar la decisión consistente en
no decretar unos medios de prueba, sin indicar las razones en las que funda
su afirmación de que esa decisión es contraria a derecho; asimismo, advirtió
que si en el proceso de responsabilidad fiscal se niegan unas solicitudes
probatorias, en el proceso adelantado ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo se hace necesario que quien demanda la nulidad, demuestre
que esa decisión negativa le resultó perjudicial.

II.4.- Sobre la incongruencia entre el auto de imputación de
responsabilidad fiscal núm. 0079 del 12 de agosto de 2012 y el fallo de

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primera instancia, el a quo consideró que el cargo tampoco debía prosperar,
en la medida en que la imputación realizada por la CONTRALORÍA, que
culminó con la responsabilidad fiscal de la señora MARÍA CLEMENCIA
CANTINI ARDILA, tuvo lugar por hechos plenamente determinados, tanto en
el auto de imputación de responsabilidad fiscal como en el fallo que la declaró,
y conocidos por ella; y que, el hecho de que en se mencionen circunstancias
que rodearon la ejecución del contrato no constituye una incongruencia entre
la imputación y el fallo con responsabilidad fiscal, expedido por la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, máxime cuando es claro
que el proceso de responsabilidad fiscal nada tiene que ver con las multas, la
declaratoria de caducidad del contrato y el anticipo a los que se refiere el cargo
desarrollado en la demanda.

II.5.- Con relación al cargo de nulidad denominado “[…] imparcialidad de los
funcionarios […], determinó que la CONTRALORÍA no obró
simultáneamente como juez y parte, puesto que los actos acusados son el
resultado de adelantar el procedimiento administrativo reglado por la ley, cuya
constitucionalidad se presume; y que, además, observó que calificar de
prejuzgamiento el hecho de haber expedido una extensa decisión en
audiencia, desconoce la complejidad de la investigación adelantada por la
concurrencia de numerosos investigados y hechos, éstos últimos desarrollaron
por un periodo de varios.

El a quo anotó que, en ese contexto de complejidad, lo propio es que el
funcionario a cuyo cargo se encontraba el proceso de responsabilidad fiscal,
preparara con antelación la audiencia en la que profirió el fallo, lo cual
implicaba, necesariamente, estudiar previamente el material probatorio que se
complementa con lo recaudado en la última audiencia.

Conforme con lo anterior, consideró que el planteamiento realizado en la
demanda no consulta dicha complejidad y desconoce que el trabajo realizado
antes de la iniciación de la audiencia, por los servidores públicos de la

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CONTRALORÍA, hace parte de la función que legalmente les corresponde
cumplir.

Estas razones, mencionó, condujeron a negar este cargo de nulidad.

II.6.- En cuanto a la falta de competencia de la CONTRALORÍA, el Tribunal
consideró que, aun cuando el Contrato 137 de 2007, que dio lugar a la cesión
y a las adendas, fue declarado nulo mediante laudo arbitral de 9 de diciembre
de 2013, la decisión de ese Tribunal de Arbitramento no incidió o modificó la
competencia del órgano de control para conocer sobre el detrimento
patrimonial ocasionado por virtud de ese contrato, la cesión o sus adendas;
por el contrario, la decisión arbitral que declaró la nulidad del contrato por
objeto ilícito, brinda elementos de juicio que permiten proceder a la
investigación por responsabilidad fiscal.

Indicó que, contrario a lo afirmado en la demanda, que el tribunal arbitral haya
avalado la procedencia de ciertas figuras contractuales utilizadas durante la
celebración y ejecución del Contrato núm. 137 de 2007, no es impedimento
para que la conducta de los funcionarios públicos que participaron en dichos
actos pueda ser objeto de investigación fiscal.

En cuanto a que la acción de repetición y el proceso de responsabilidad fiscal,
el Tribunal señaló que la primera es una acción civil de carácter patrimonial
que, en las condiciones del presente caso, no resulta incompatible con el
segundo, puesto que, la acción de repetición exige como presupuesto una
sentencia condenatoria contra el Estado, originada en la conducta dolosa o
gravemente culposa de un servidor o exservidor público.

Corolario, consideró que, como en el presente caso no hay evidencia sobre
los presupuestos necesarios para la procedencia de una acción de repetición
contra la demandante, el proceso de responsabilidad fiscal resultaba

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adecuado para determinar la responsabilidad fiscal, exigible a la actora como
exservidora pública.

II.7.- Fue así como, con fundamento en lo anterior, y ante la prosperidad del
cargo relativo a la ausencia de acreditación de los elementos constitutivos
de la responsabilidad fiscal, el Tribunal declaró la nulidad de los artículos (i)
décimo octavo, inciso primero, y trigésimo sexto, del Fallo con
Responsabilidad Fiscal de Primera Instancia, proferido en audiencias de 10 de
octubre y 16 de noviembre de 2016 y (ii) primero del auto de 25, 28, 29 y 30
de noviembre, y 5 y 7 de diciembre de 2016, expedidos por la contralora
delegada intersectorial núm. 8 de la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; y
(iii) décimo del Fallo con Responsabilidad Fiscal de segunda instancia
proferido por la contralora general de la República ad hoc, en audiencia pública
de 19 de diciembre de 2016, en lo relacionado con la señora MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA .

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
ordenó a la CONTRALORÍA cancelar el registro de la demandante como
responsable fiscal (boletín de responsables fiscales); y negó las pretensiones
indemnizatorias, en consideración a que no fueron probados los perjuicios,
material y moral, pretendidos con la demanda.

Finalmente, negó las demás pretensiones y condenó en costas a la
CONTRALORÍA.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1.- La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través de
apoderado, solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia17, por la

17 El recurso de apelación se admitió por auto de 2 de septiembre de 2024. SAMAI. Índice 00004.

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indebida interpretación del concepto de responsabilidad fiscal que llevó a
valorar la conducta de la demandante bajo la óptica del deber funcional, y por
desconocer pruebas relevantes que influyen en las razones de la decisión de
la sentencia.

Sostuvo que, para resolver el cargo de nulidad por ausencia de acreditación
de los elementos de la responsabilidad fiscal, el Tribunal realizó un juicio de
responsabilidad diferente a la fiscal, limitándose a la confrontación del
presunto deber funcional de la demandante, sin tener en cuenta su
participación e incidencia respecto del daño patrimonial debidamente probado.

Luego de citar las normas que regulan la materia y los criterios
jurisprudenciales expuestos por la Corte Constitucional sobre el daño, la
conducta y el nexo causal en materia de responsabilidad fiscal, adujo que la
sentencia solamente analizó las funciones que la actora ostentaba como
directora técnica de Gestión Contractual, para concluir que, dependía
exclusivamente del ordenador del gasto impartir autorización para que la
cesión se ajustara a derecho; sin embargo, deja de lado que en el ejercicio de
tales funciones contribuyó de manera determinante en la producción del daño
patrimonial.

Precisó que, si bien mediante oficio DTC 20103350286881 del 15 de junio de
2010 la actora se pronunció sobre los riesgos que conllevaban la expedición
de los otrosíes modificatorios, no tuvo en cuenta el memorando que emitió
Inocencio Meléndez Julio, como director técnico legal, del 12 de junio de 2007,
número: DTL-6000-25726, que obra a folios 7405 -7404 cuaderno principal 30,
relacionado con la legalidad y requisitos de la cesión, por medio del cual
advirtió como debía realizarse ésta y las prohibiciones legales en las cuales

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no se podía incurrir y por consiguiente, actuó en contravía de los preceptos
legales al elaborar y avalar con su visto bueno, los documentos contractuales.

Indicó que, las circunstancias que llevaron a la producción del detrimento
patrimonial no escapan de las funciones de la señora MARÍA CLEMENCIA
CANTINI ARDILA y las pruebas del proceso administrativo, incluyendo la
versión libre rendida por la parte demandante, quien manifestó que tenía
conocimiento de todas las irregularidades acaecidas antes de la cesión del
contrato 137 de 2007, y aun así, avaló y aprobó las modificaciones
contractuales que alteraron elementos principales del contrato de forma
contraria a lo establecido en la Ley.

Concluyó, “[…] Este es un hecho que la primera instancia para por alto, y que
evidencia que la demandante sí ejerció gestión fiscal de manera indirecta
debido a que el acto de suscribir las modificaciones y cesión del contrato,
tienen una conexión íntima y necesaria con la gestión fiscal, porque estaba en
el deber de constatar que el negocio que se estaba celebrando estuviera
acorde con las normas que rigen la materia y sin que el envío del oficio DTC
20103350286881 del 15 de junio de 2010 la eximiera del cumplimiento de tales
deberes, al contrario, debió actuar con la debida diligencia y cuidado del caso,
por consiguiente, su conducta fue reprochable a título de culpa grave […]”.

Por último, en cuanto a la condena en costas, sostiene que no puede ser
impuesta de forma automática, sin que se efectúe un debido análisis que lleve
a establecer su ocurrencia, respecto de lo cual cabe considerar que la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA no actuó con temeridad o
mala fe, sino que adelantó el proceso de responsabilidad fiscal en ejercicio de
su facultad legal y constitucional, desplegando el ejercicio de vigilancia y
control fiscal con el objeto de salvaguardar los recursos públicos y respetando
el debido proceso y garantías de los investigados y terceros civilmente
responsables.

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III.2.- La señora MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, mediante
apoderado, presentó recurso de apelación adhesiva18, en el que solicitó
revocar parcialmente la sentencia en relación con el ordinal cuarto de la
resolutiva, y, en su defecto, que se restablezca su derecho en cuanto al
reconocimiento y pago del perjuicio moral que se le ha causado.

Manifiesta que, aunque la sentencia es favorable a sus derechos, no garantiza
el restablecimiento de derechos e incurre en un defecto fáctico al efectuar una
indebida valoración probatoria, toda vez que exige prueba científica que
demuestre el daño moral reclamado.

Sostiene que acudir a la administración de justicia implica el quebranto de la
su dignidad, máxime cuando fue castigada con el reporte en el boletín de
responsables fiscales situación, que aún persiste, con vulneración del debido
proceso en la actuación administrativa de carácter fiscal.

Por último, hace un llamado a considerar su humanidad y los múltiples traspiés
que ha sufrido por el fallo con responsabilidad fiscal que se emitió cuando
había operado el fenómeno de la prescripción; pues esté desencadenó una
serie de problemas laborales y económicos que le generaron altos grados de
estrés, ansiedad y depresión.

IV.- TRASLADO DE LOS RECURSOS

Las partes, demandante y demandada, así como el Ministerio Público,
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

18 La apelación adhesiva se admitió por auto de 11 de octubre de 2024. SAMAI. Índice 00012.

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V.1.- Actos administrativos demandados

1. Fallo con responsabilidad fiscal de primera instancia, proferido en audiencia
pública19 dentro del proceso verbal de responsabilidad fiscal núm. CD00257-
IDU de 13 de octubre de 2015, y que en relación con la señora MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA, resolvió:

“[…] DÉCIMO OCTAVO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL de
manera solidaria respecto de la señora MARÍA CLEMENCIA CANTINI
ARDILA, identificada con la cédula de ciudadanía número 21.068.847, en
calidad de Directora Técnica de Gestión Contractual de la Subdirección
General Jurídica del IDU, para la época de los hechos, a título de culpa
grave, por los siguientes hechos en cuantía total de $148.969.203.730,10
indexada a 30 de septiembre de 2016 por valor de $166.811.516.745,56.

• SOBRECOSTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA IDU 137/2007
DERIVADOS DE LA MODIFICACION DEL OBJETO CONTRACTUAL
MEDIANTE EXCLUSIÓN DE OBRAS A EJECUTAR por valor de $
55.450.026.064,04.

• SOBRECOSTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA IDU - 137/2007
DERIVADOS DE LA MODIFICACION DEL VALOR GLOBAL DEL
CONTRATO MEDIANTE LA ADICIÓN No. 2 por valor de $
1.914.714.059,97.

• SOBRECOSTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA IDU - 137/2007
DERIVADOS DE LA MODIFICACION DEL VALOR GLOBAL DEL
CONTRATO MEDIANTE LA ADICIÓN No. 3 Y 4 por valor de $
105.600.062.476,46

• SOBRECOSTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA IDU 137/2007
DERIVADOS DEL PAGO DE LOS FACTORES DE CONTINGENCIA F1
Y F2 por valor de $ 3.846.714.145,09

FALLAR SIN RESPONSABILIDAD FISCAL a favor de la señora MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA, identificada con la cédula de ciudadanía
número 21.068.847, en calidad de Directora Técnica de Gestión Contractual
de la Subdirección General Jurídica del IDU, para la época de los hechos

19 La audiencia transcurrió entre el 10 y el 16 de noviembre de 2016.

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• SOBRECOSTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA IDU-137/2007
DERIVADOS DEL PAGO DE MAYOR PERMANENCIA DE
INTERVENTORÍA […]".

2.- Acta núm. 18, elevada dentro de la audiencia de decisión adelantada entre
el 25 de noviembre y 7 de diciembre de 2016 20, por el cual se decidieron los
recursos de reposición y se concedieron los recursos de apelación
interpuestos en contra del Fallo de responsabilidad fiscal núm. CD-000257,
que resolvió:

“[…] PRIMERO: NO REPONER el fallo proferido en la audiencia de
decisión respecto de: LILIANA PARDO GAONA, CARMEN ELENA
LOPERA FIESCO, ALDEMARSPORTES SALINAS, LUIS ESTEBAN
PRADA BRETON, NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA INOCENCIO
MELENDEZ JULIO, MARIA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, GRUPO
EMPRESARIAL VIAS DE BOGOTA, SAS, CONALVIAS SA, CESAR
JARAMILLO Y CIA SAS, EDGAR JARAMILLO J Y CIA SAS, PATRIA S.A,
INFRACON SA, AGREMEZCLAS SA, ICEIN SA, MEGAPROYECTOS SA
EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, LA PREVISORA S.A. y MAPFRE
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA, SA.

SEGUNDO: Conceder el recurso DE APELACION A: LILIANA PARDO
GAONA, CARMEN ELENA LOPERA FIESCO, ALDEMAR CORTES
SALINAS, LUIS ESTEBAN PRADA BRETON, NESTOR EUGENIO
RAMIREZ CARDONA, INOCENCIO MELENDEZ JULIO, MARIA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA, GRUPO EMPRESARIAL VIAS DE
BOGOTA, SAS, CONALVIAS SA, CESAR JARAMILLO Y CIA SAS, EDGAR
JARAMILLO JY CIA SAS, PATRIA S.A, INFRACON SA, AGREMEZCLAS
SA, ICEIN SA, MEGAPROYECTOS SA EN REORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL, LA PREVISORA S.A. y MAPFRE SEGUROS GENERALES
DE COLOMBIA, SA, así como a los responsables fiscales que lo sustentaron
e interpusieron directamente, a saber: SAMUEL MORENO ROJAS, MANUEL
FRANCISCO NULE VELILLA, MIGUEL EDUARDO NULE VELILLA,
TRANSLOGISTIC, SA. MAINCO SA, CONDUX SA DE CV Y TECNOLOGÍA
E INGENIERÍA AVANZADA SA DE CV. […]".

20 Cfr. Folios 2647 a 2798 del cuaderno anexo núm. 6 del expediente. Teniendo en cuenta la
extensión del “resuelve” del mencionado Fallo de segunda instancia de responsabilidad fiscal, esta
Sala solo se limitará a transcribir los apartes respectivos a la parte demandante de este proceso.

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3.- Fallo de segunda instancia dictado en audiencia pública celebrada el 19 y
20 de diciembre de 201621, en la cual se resuelven los recursos de apelación
interpuestos y se revisa en grado de consulta el fallo proferido dentro del
proceso de responsabilidad fiscal núm. CD 000257, mediante el cual se
resolvió:

“[…] ARTÍCULO TERCERO: CONFIRMAR en grado de consulta el
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO de la decisión de primera instancia emitida
en audiencia pública de lectura de fallo llevada a cabo entre el 10 de octubre
y el 16 de noviembre de 2016, proferida por la Contraloría Delegada
Intersectorial No. 8 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción, por medio del cual se falló sin responsabilidad fiscal en relación
con los sobrecostos del contrato de obra pública IDU-137 de 2007 derivados
del pago de la mayor permanencia de interventoría, a favor de MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA. […]”.

V.2.- Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer, si le asiste razón a la parte demandada
cuando afirma que los actos acusados no adolecen de nulidad parcial, por
encontrarse probada la responsabilidad fiscal de la señora MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA, como directora técnica de Gestión
Contractual del IDU, con ocasión de la gestión fiscal, derivada de su
participación en la cesión del Contrato 137 de 2007 y sus posteriores otrosíes
y modificaciones; o si, por el contrario, acertó el a quo al considerar que no
podía endilgársele responsabilidad fiscal, puesto que sus funciones se
circunscribían a elaborar las minutas de los documentos contractuales, y, en
esa medida, no tenía poder alguno en la toma de las decisiones que
condujeron a la producción del daño patrimonial.

En el caso de que el recurso de apelación interpuesto por la demandada no
resulte próspero, la Sala deberá establecer: (i) si ésta debía ser o no

21 Cfr. Folios 2800 a 3032 del cuaderno anexo núm. 6 del expediente.

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condenada al pago de las costas del proceso; y (ii) si a la parte demandante
se le debió reconocer, o no, el pago de perjuicios y daños morales conforme a
lo solicitado en las pretensiones de la demanda.

V.3.- De la responsabilidad fiscal

El fundamento constitucional de la responsabilidad fiscal se encuentra
previsto, en especial, en los artículos 267, 268, numeral 5, y 272 de la
Constitución Política, según las cuales, el control fiscal es una función pública
que corresponde ejercer al contralor general de la República y los contralores
de las entidades territoriales, con el fin de establecer la responsabilidad que
se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances
deducidos de la misma.

En desarrollo de lo anterior, el legislador expidió la Ley 610 de 15 de agosto
de 200022, en cuyo artículo 1.° se define que el proceso de responsabilidad
fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas, adelantadas por las
contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los
servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión
fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o
culposa un daño al patrimonio del Estado.

La Corte Constitucional, en sentencia C-840 de 9 de agosto de 200123, declaró
exequible la expresión “[…] con ocasión de ésta […]”, contenida en el
mencionado artículo, bajo el entendido de que los actos que materialicen la
responsabilidad fiscal comporten una relación de conexidad próxima y
necesaria con el desarrollo de la gestión fiscal.

22 Cfr. “[…] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías […]”.
23 MP. Jaime Araujo Rentería, expediente D-3389.

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A su turno, el artículo 3 de la Ley 610 definió el alcance de la gestión fiscal
como el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que
realizan los servidores públicos y las personas que manejen o administren
recursos o fondos públicos, y, según el artículo 4 ibidem, el objeto de la
responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al
patrimonio público24 como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de
quienes realizaron la gestión fiscal mediante el pago de una indemnización
pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

A su vez, el parágrafo 1° del citado artículo 4 de la Ley 610, determinó que
“[…] la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin
perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad […]”, correspondiéndole a
cada uno consecuencias diferentes; es decir, el proceso de responsabilidad
fiscal no tiene carácter sancionatorio en tanto su finalidad es meramente
resarcitoria.

Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 610, los
elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal son los siguientes: (i) una
conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal;
(ii) un daño patrimonial causado al Estado25; y, (iii) el nexo causal entre los dos
elementos anteriores.

A su turno, conforme con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 610, hay
lugar a proferir fallo con responsabilidad cuando “[…]en el proceso obre prueba
que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de

24 Entendido, en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, “[…] como el
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público […]”.
25 Ibidem.

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su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con culpa
del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del
agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la
obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable […]”26.

En ese orden, para que exista responsabilidad fiscal es necesaria la
confluencia de los siguiente tres elementos: (i) un elemento objetivo,
consistente en que exista prueba que acredite con certeza, por un lado, la
existencia del daño al patrimonio público, y, por el otro, su cuantificación; ii) un
elemento subjetivo, que evalúa la actuación del gestor fiscal y que implica
que aquél haya actuado al menos con culpa; y iii) un elemento de relación de
causalidad, según el cual, debe acreditarse que el daño al patrimonio sea
consecuencia del actuar del gestor fiscal.

En suma, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una
declaración jurídica, en la cual se precisa, con certeza, que un determinado
servidor público o un particular, debe asumir las consecuencias patrimoniales
derivadas de sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal o con ocasión de
esta, siendo obligado a reparar el daño causado al erario por su conducta
dolosa o culposa.

V.4.- Caso concreto

V.4.1.- La Sala, para efectos de resolver el problema jurídico planteado, se
referirá a los hechos probados y en esa medida, al material probatorio que
reposa en el expediente, relevante a la solución del caso concreto, así:

26 La sentencia C-619 de 8 de agosto de 2002, proferida por la Corte Constitucional, declaró
inexequible el parágrafo 2° del artículo 4 y la expresión “leve” del artículo 53 de la Ley 610, al
considerar que el criterio normativo de imputación no podía ser mayor al establecido por la
Constitución Política en el inciso 2° de su artículo 90 para el caso de la responsabilidad patrimonial
de los agentes frente al Estado”, por conducta dolosa o gravemente culposa; en consecuencia, no
hay lugar a considerar que la culpa resulte ajena a la responsabilidad fiscal, sino que resulta
inconstitucional imputar responsabilidad fiscal cuando la conducta sea imputable a título de culpa
leve.

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-. Fallo con responsabilidad fiscal de primera instancia, proferido en audiencia
pública27 dentro del proceso verbal de responsabilidad fiscal núm. CD00257-
IDU de 13 de octubre de 2015, que en relación con la señora MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA consideró:

“[…] De la Conducta de la señora María Clemencia Cantini.

Veamos a continuación de conformidad con la estructura del auto de
imputación, la participación de la señora MARIA CLEMENCIA CANTINI
ARDILA, en cada uno de los sobrecostos que afectaron el patrimonio público.
Atendiendo lo descrito en precedencia, está probado que MARIA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA en su calidad de Directora Técnica de
Gestión Contractual del IDU, de conformidad con las funciones de su
cargo, tenía entre otras, la responsabilidad de "elaborar en los términos
de ley, las modificaciones contractuales necesarias para la eficiente
ejecución de los contratos"; y la de "dirigir, orientar, coordinar y
controlar la elaboración, legalización y modificaciones necesarias para
el correcto desarrollo de los contratos y convenios que requiera la
Entidad", para lo cual le correspondía entre otros, las labores de coordinación
de modelos de minutas, la elaboración de conformidad con la ley de las
modificaciones contractuales necesarias para la eficiente ejecución de los
contratos; el acompañamiento, asesoría y orientación jurídica a las áreas
ejecutoras, la dirección, coordinación y supervisión de los actos
administrativos de imposición de multas, declaración de siniestros y aplicación
de garantías; el diseño e implementación de mecanismos de seguimiento y
control a los procesos de imposición de multas y aplicación de garantías, y las
de Coordinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales así como
llevar el seguimiento y control de garantías, asegurando la correcta, oportuna
y efectiva ejecución de los contratos.

En efecto, MARIA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, fue responsable de
aprobar, revisar, elaborar y dar el visto bueno jurídicamente a los otrosíes 5, 6,
7, 8 y 9, al igual que a la adición No. 2 Prorroga No. 1, a través de los cuales
se introdujeran modificaciones al alcance del objeto del contrato, pactado a
valor global; a que se introdujera el concepto de factores multiplicadores de
contingencia, que no estaban previstos en el pliego de la licitación, ni en el
contrato cedido; a que se introdujera la noción de precios de referencia,
presupuesto de referencia, para abrir el valor global, volverlo a calcular y
desconocer las condiciones en que se había pactado la licitación y el contrato
cedido y a que se excluyera obra incluida en el valor global, sin que este

27 La audiencia transcurrió entre el 10 y el 16 de noviembre de 2016.

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disminuyera, sino por al contrario aumentara al calcularlo nuevamente al
momento de hacer efectiva la cesión, lo que hizo que la entidad tuviera que
suscribir adiciones para poder cubrir ese nueva valor del contrato producto de
los mecanismos de reactivación y en particular del nuevo presupuesto de
referencia acordado en el otrosí No. 6 y a que como consecuencia de ello
mientras conseguían los recursos, se hicieran prórrogas en tiempo con la
mayor permanencia de la interventoría, sobrecostos materia de esta actuación
administrativa.

Todos estos actos no se adelantaron conforme a derecho, lo que contribuyó
a que se afectara el manejo de los recursos públicos administrados por el
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- para la Construcción y Adecuación de la
Fase III del Sistema Transmilenio, toda vez que su participación al aprobar,
revisar y/ o dar su visto bueno a las decisiones que se tomaron en los otrosíes
y adicionales ya mencionados, afectaron el valor del contrato de obra, en
particular el otrosí No. 6, que impactado negativamente el recurso público, al
desarrollar los instrumentos de reactivación del contrato y en particular los
precios de referencia, los factores multiplicadores, exclusión de obras que
afectó el valor global y pagó una mayor permanencia de la interventoría.

1. SOBRECOSTOS POR EXCLUSIÓN DE OBRAS.

En la licitación pública IDU-LP-DG-022-2007 se estableció que la modalidad
del contrato de obra era a valor global y se indicó cuáles eran las obras que
debía entregar el contratista y cuál el riesgo que asumía que no era otro que
entregar todo lo que se pactó. Sin embargo, al instrumentar la cesión, se
redujo la obra a realizar y se aumentó el valor global del contrato al introducir
los mecanismos de reactivación del contrato, a través de los cuáles se abrió
el valor global, se fijaron nuevos precios de referencia y se recalculo el valor
global.

En lo que tiene que ver con la conducta de la señora MARIA CLEMENCIA
CANTINI ARDILA, Directora Técnica de Gestión Contractual del IDU, cuando
se autorizó la cesión y se suscribieron los otrosíes 5, 6, 7, 8 y 9, y la Adición
No. 2, Prórroga 1, que revisó, elaboró, aprobó, así como la reunión de fecha 3
de marzo de 2010 realizada entre el IDU y el Grupo Empresarial Vías de
Bogotá SAS., con el objeto de determinar el plazo estimado para la ejecución
de obras por el cesionario y el plan de contingencia, se estableció el pago de
los factores multiplicadores que se efectuaría con cargo al valor de actividades
excluidas del contrato, documento que hizo parte del otrosí No. 6, observa el
Despacho , que participó activamente en la materialización de los
instrumentos contractuales que implementaron esa cesión y generaron
los sobrecostos mencionados en el aparte del daño al patrimonio
público.
[…]

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Observa el Despacho que en las consideraciones del adicional No. 2 que
aprobó la señora Cantini Ardila, como Directora Técnica de Gestión
Contractual, se hace mención expresa a lo siguiente: (...) "Como
consecuencia del efecto negativo en el desarrollo del contrato por los
reiterados incumplimientos del Contratista cedente que llegaron hasta el
abandono de las obras, situación que se refleja en mayor plazo y costos, se
hizo necesario priorizar actividades complementarias para garantizar la
operación del Sistema Transmilenio frente a algunas obras previstas en el
alcance inicial del contrato CG; 70 actividades para el transporte particular y el
espacio público.
[…]
La entidad mediante Oficio IDU STEST 20103460299761 del 18 de junio de
2010, comunicó al Contratista […] Teniendo en cuenta la priorización de obras,
se establecieron las obras que se requieren excluir definitivamente del alcance
del Contrato contemplado. En atención al Acta de Priorización de Obras del
11 de junio de 2010, se modificó el Presupuesto de Referencia y la
Programación de Obras.
[…]
Lo anterior evidencia el conocimiento que tenía la señora Cantini Ardila de la
exclusión de obras que no se tradujo en disminución del valor del presupuesto
global, sino que como consecuencia de las modificaciones introducidas en el
otrosí No. 6, con e1 presupuesto de referencia hacen que aumente el valor
global del contrato.
[…]
Estas actividades en las que se define la exclusión, si bien no participó
directamente MARIA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, estuvieron lideradas
principalmente, por la Dirección Técnica de Construcciones, área respecto de
la cual le correspondía ejercer la asesoría y orientación jurídica, lo que permite
que se genere el daño al patrimonio que se instrumenta mediante
otrosíes y adiciones posteriores.

Adicionalmente, tal como lo refirió en su versión libre, estuvo al tanto de la
cesión, fue enterrada del estado de ejecución del contrato de obra y sin
embargo, no manifestó su desacuerdo para impedir que se introdujeran
modificaciones a través de la cesión y menos aún para que no se excluyeran
obras que hacían parte del valor global, por lo que hace que asuma la
responsabilidad por tal sobrecosto, pues es evidente que cualquier
funcionario que maneje el tema legal consideraría absolutamente
inviable desde el punto de vista jurídico estas modificaciones.

Como Directora Técnica de Gestión Contractual, permitió que se excluyeran
obras con cargo al valor global del contrato, lo que la hace responsable de la
afectación al patrimonio público, generada por esa "priorización de obras"
como las denomina el IDU. Es así, como se configura una negligencia en su
actuar, es por ello que se le atribuye culpa grave. De la misma manera, en el

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caso concreto es evidente el nexo de causalidad entre la conducta de la
señora MARIA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, Directora Técnica de Gestión
Contractual del IDU, toda vez que participa en la elaboración y aprobación de
los documentos contractuales a través de los cuales se excluyen obras con
cargo al valor global del contrato, sin disminución alguna al retirar ítems que
hacían parte del alcance del contrato.
[…]
En consecuencia, considera el Despacho que es responsable fiscal la señora
MARIA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, Directora Técnica de Gestión
Contractual del IDU, por el daño causado a los recursos públicos por la
exclusión de obras en el Contrato 137 de 2007, y por ello es que esta instancia
falla con responsabilidad fiscal en su contra, en forma solidaria, por la suma
de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y UN MIL PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS
($49.657.799.361,91), más la indexación.

2. SOBRECOSTOS POR ADICIÓN DE RECURSOS AL VALOR DEL
CONTRATO 137 DE 2007.
El valor pactado en el contrato 137 de 2007, suscrito por el IDU con la Unión
Temporal Transvial fue por la suma de Trescientos Quince Mil Quinientos
Ochenta Millones Doscientos Veinticuatro Mil Trescientos Treinta pesos
($315.580.224.330.00) […]

Sin embargo, después de la formalización de la cesión del contrato, se calculó
nuevamente el valor de las obras mediante la figura del Presupuesto de
referencia, introducida en el Otrosí 6, que suscribió Liliana Pardo Gaona y
revisó María Clemencia Cantini Ardila y es así como el nuevo valor del contrato
correspondería a la suma de $467.893'668.085,13 […]

Atendiendo a que al momento de autorizarse la cesión por parte de la Dra.
Liliana Pardo Gaona, Directora del IDU, se habían ejecutado recursos del
contrato por parte de la Unión Temporal Transvial. Los recursos a adicionar
para terminar el contrato corresponderían a la diferencia entre el valor del
presupuesto de referencia ($467.893'668.085,13) y el saldo de los recursos
del contrato al momento de la cesión. De modo que el valor por adicionar era
de $198.779'455.014,88. Componente del Contrato (A) Contrato Cesión.
[…]
Luego de la cesión, se adicionó el contrato de obra en $109.090'330.400, en
3 oportunidades, habiendo aprobado María Clemencia Cantini Ardila la
adición 2 y suscrito CARMEN ELENA LOPERA FIESCO las adiciones 3 y 4.
[…]
Como consecuencia de lo anterior, el contrato de obra No. IDU 137 de 2007,
cuyo valor global inicialmente pactado, de conformidad con los pliegos de la
licitación 022-2007, incluía la totalidad de las obras de construcción y todas las

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actividades necesarias para la adecuación de la calle 26 al sistema
Transmilenio en los tramos 3 entre la transversal 76 y la carrera 42B, y en el
tramo 4 comprendido entre la carrera 42 B y la carrera 19, de conformidad con
el objeto contratado, por cuenta y riesgo del contratista, al implementar la
cesión, introduce una nueva forma de pago, a precios de referencia, lo
que llevó al aumento del valor global del contrato al calcularlo
nuevamente, alterar el esquema de riesgos, y a que los términos base
de la licitación fueran desconocidos al instrumentar la cesión.

Por lo anterior, y tratándose los contratos adicionales de actos consensuados,
la participación de la señora CANTINI ARDILA es evidente, si tenemos en
cuenta que sus funciones como Directora Técnica de Gestión Contractual, la
responsabilizaban por "Elaborar en los términos de ley las modificaciones
contractuales necesarias para la eficiente ejecución de los contratos y
convenios suscritos por la entidad"
[…]
La señora MARIA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, Directora Técnica de
Gestión Contractual del IDU, dio su visto bueno para la suscripción del
otrosí 6, que modificó el contrato de obra, al pactar los mecanismos de
reactivación del contrato, en los que se incluyó el cálculo del
presupuesto de referencia, que condujo a que se aumentara el valor
global del contrato a través de las adiciones descritas con anterioridad.

Como consecuencia de su proceder, con ocasión de la gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en el caso particular
se aparta del cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del
Estado, quien con sus acciones fue determinante para la consolidación
del daño, por lo que se considera responsable fiscal […] por el daño causado
a los recursos públicos por el mayor valor o sobrecosto por adición de recursos
al Contrato No. 137 de 2007 en forma solidaria, en la suma de NOVENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DINCUENTA Y DOS PESOS
($96.283'943.952.00) más indexación, que resulta de sumar adición No. 2 por
$1.714.705.896 y de la adición 3 y 4 por $94.569.238.056.

3. SOBRECOSTOS POR FACTORES DE CONTINGENCIA F1 Y F2.

En el numeral 2.2.16 de los pliegos de la Licitación Pública 022-2007, se previó
lo siguiente como parte del valor global:
[…]
El Valor de las Obras de Construcción debe incluir todos los costos directos e
indirectos que implique la ejecución de las actividades de construcción, entre
ellos, el costo de las actividades preliminares que se requieren para la
iniciación del contrato, los costos de materiales, mano de obra en trabajos
diurnos y nocturnos o en días feriados, prestaciones sociales, herramientas,

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maquinaria y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio
de lo previsto en los documentos del contrato (subrayas del texto original).
[…]
En el contrato de obra No.137 de 200787celebrado entre el IDU y la Unión
Temporal Transvial, el valor estimado ascendía a la suma de
$315.580'224.330.00. Este precio incluía valor global y precio unitarios.
En el valor global se discriminaba en lo siguiente: costos directos e indirectos
en que incurra el Contratista para la adecuada ejecución de las actividades de
Preconstrucción, Construcción y Mantenimiento, incluidos los componentes
Social, Ambiental y de Manejo de tránsito y señalización. Por otro lado, el
componente: a precios unitarios comprendía la ejecución de las actividades
de obras para Redes, Demolición de predios y Adecuación de Desvíos
incluidas, así como ajustes de precios por variación del índice de Costos de la
Construcción Pesada - ICCP.

No obstante, con ocasión de la cesión del contrato, en el acta de la reunión de
marzo 3 de 2010, se hace referencia a que harían parte del otrosí No. 6 los
"Factores Multiplicadores de contingencia para costos administrativos (F1) y
por los costos de Mano de Obra (F2)" y en efecto los otrosíes números 6 y 7
incluyeron estos factores. Igualmente, se estableció la implementación de un
Plan de Contingencia con el cual se pretendía que las obras terminaran en un
plazo máximo de 16.5 meses, es decir, se adiciona en 11 meses después del
plazo originalmente programado (hasta julio de 2011).

Los valores pagados por concepto de los llamados Factores de Contingencia
(F1 y F2) también hacen parte del mayor valor del contrato objeto de análisis,
que, de acuerdo con lo expuesto en los acápites anteriores, constituye el daño
al patrimonio del Estado. […]por concepto de los aludidos factores de
contingencia se pagó al Contratista la suma de $19.674'512.509.47, de los
cuales $3.027'459.916.42 corresponden al valor reconocido y calculado sobre
los precios unitarios, como se deduce de las actas de recibo parcial de obra
correspondiente al componente de precios unitarios.
[…]
Ahora bien y en lo que respecta a la conducta de la señora MARIA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA, Directora Técnica de Gestión Contractual del
IDU, observa el Despacho que en el Otrosí No. 5 del 3 de marzo de 2010,
que ella elabora y revisa, se previó que como resultado de la cesión del
Contrato por parte de la Unión Temporal TRANSVIAL a la Sociedad
Grupo Empresarial Vías Bogotá S.A.S., éste adquiere la calidad de
contratista y asume la posición contractual de la Unión Temporal
Transvial y que se pactó que firmarían un otrosí para acordar acciones de
mitigación y recuperación del proyecto; es así como en el Otrosí No. 6 del 4
de marzo de 201089 que revisó, se introducen las definiciones que
fundamentan las modificaciones al contrato cedido, como se indicó en
el aparte del daño al patrimonio público, y además se recoge lo acordado

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en el acta del 3 de marzo de 2010, documento suscrito por la Directora
Técnica de Construcciones, en el que se determinó el plazo estimado para la
ejecución de obras por el cesionario (16.5 meses), la programación de las
obras a adelantar durante el periodo de transición y la nueva programación al
finalizar ese periodo y se estableció el pago de los factores
multiplicadores de contingencia por costos administrativos y mano de
obra que se efectuaría con cargo al valor de actividades excluidas del
contrato, por la implementación de jornadas intensivas y adicionales de
trabajo, además menciona la nueva forma de pago que se introduce con
cargo al valor global, por porcentaje y no por obra ejecutada,
modificaciones que se incluyen en el otrosí No 6.

También se hace referencia al Otrosí N° 7 del 9 de abril de 2010, que contó
con el Vo.Bo. De la señora Cantini Ardila, en el que se introducen
modificaciones relacionadas con el factor multiplicador de contingencia
por costos administrativos F1, así como los valores a pagar por los
factores F1 y F2 y se reemplazan anexos 2 y 3 del otrosí 6.

Lo anterior para demostrar que la señora MARIA CLEMENCIA CANTINI
ARDILA, Directora Técnica de Gestión Contractual del IDU, tenía
conocimiento de los cambios introducidos a través de la cesión, y en
particular respecto de la introducción de un nuevo elemento que no
estaba previsto ni en los pliegos de la licitación, ni en el contrato de obra
No IDU 137 de 2007, los denominados "factores multiplicadores de
contingencia, F1 y F2".

Como Directora Técnica de Gestión Contractual, facilitó la introducción de
nuevos elementos al contrato de obra, en particular los denominados "factores
multiplicadores de contingencia, F1 y F2," por lo que debe responder por la
afectación al patrimonio público, generada por los sobrecostos generados por
el pago de los mencionados factores tal como se desarrolló en el aparte del
daño.

Es así, como se configura un actuar negligente, toda vez se apartó del
cumplimiento de sus funciones y contribuyó a que se afectara al erario. Es por
ello que se le calificó la conducta a título de culpa grave. De la misma manera,
en el caso concreto es evidente el nexo de causalidad entre la conducta de la
señora MARIA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, Directora Técnica de Gestión
Contractual del IDU, toda vez que permitió que introdujeran los
mencionados factores como un nuevo elemento del contrato, que se
incluyó en el acta del 3 de marzo, así como del otrosí 6 que introduce
este nuevo elemento al contrato.

Lo expuesto, acredita una conducta en extremo negligente de la señora
Cantini Ardila, quien omite las funciones de elaborar conforme a la ley las

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modificaciones contractuales necesarias para la eficiente ejecución de
los contratos; así como el acompañamiento, asesoría y orientación
jurídica a las áreas ejecutoras.

Es así, como la conducta de la señora Cantini Ardila, fue activa, toda vez
que aprobó jurídicamente que se reconocieran estos factores, actuar
que condujo a que se generara un sobrecosto por su reconocimiento y
pago, corresponde con ocasión de una gestión fiscal antieconómica,
ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en el caso particular se aparta del
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, por
lo que se considera responsable fiscal de forma solidaria a la señora
MARIA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, Directora Técnica de Gestión
Contractual del IDU, por el pago de los factores de contingencia que asciende
a la suma de $3.027.459.916.42, más la indexación […] (Negrillas fuera de
texto).

-. Acta núm. 18, elevada dentro de la audiencia de decisión adelantada entre
el 25 de noviembre y 7 de diciembre de 2016 28, por el cual se decidieron los
recursos de reposición y se concedieron los recursos de apelación
interpuestos en contra del Fallo de responsabilidad fiscal núm. CD-000257.

-. Fallo de segunda instancia dictado en audiencia pública celebrada el 19 y
20 de diciembre de 201629, en la cual se resuelven los recursos de apelación
interpuestos y se revisa en grado de consulta el fallo proferido dentro del
proceso de responsabilidad fiscal núm. CD 000257, el cual, respecto de la
señora MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA consideró:

“[…] Este Despacho observa que la señora CANTINI, en calidad de Directora
Técnica de Gestión Contractual del IDU, estaba a cargo de "elaborar en los
términos de ley, las modificaciones contractuales necesarias para la
eficiente ejecución de los contratos"; y la de "dirigir, orientar, coordinar
y controlar la elaboración, legalización y modificaciones necesarias para
el correcto desarrollo de los contratos y convenios que requiera la
Entidad".

28 Cfr. Folios 2647 a 2798 del cuaderno anexo núm. 6 del expediente. Teniendo en cuenta la
extensión del “resuelve” del mencionado Fallo de segunda instancia de responsabilidad fiscal, esta
Sala solo se limitará a transcribir los apartes respectivos a la parte demandante de este proceso.
29 Cfr. Folios 2800 a 3032 del cuaderno anexo núm. 6 del expediente.

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En cumplimiento de las funciones a su cargo, participó en la aprobación,
revisión, elaboración y aval jurídico de los otrosíes Nos. 5, 6, 7, 8 y 9, al
igual que a la adición No. 2 y prorroga No. 1, a través de los cuales se
introdujeron modificaciones al alcance del objeto del contrato; se
introdujo el concepto de factores multiplicadores de contingencia, la noción de
precios de referencia, presupuesto de referencia, para abrir el valor global,
volverlo a calcular y desconocer las condiciones en que se había pactado la
licitación y el contrato cedido y a que se excluyera obra incluida en el valor
global, sin que este disminuyera, sino por el contrario aumentara al calcularlo
nuevamente al momento de hacer efectiva la cesión, lo que hizo que la entidad
tuviera que suscribir adiciones para poder cubrir ese nuevo valor del contrato
producto de los mecanismos de reactivación y en particular del nuevo
presupuesto de referencia acordado en el otrosí No. 6 y que como
consecuencia de ello, mientras conseguían los recursos, se hicieran prórrogas
en tiempo con la mayor permanencia de la interventoría, sobrecostos materia
de esta actuación administrativa.

Por lo que ella participó con ocasión de su gestión fiscal en la producción del
daño fiscal y por tanto se configuró su responsabilidad fiscal.

No solamente quien ejerce gestión fiscal de forma directa incurre en
responsabilidad por el desmedro de los bienes o fondos públicos.

La Corte Constitucional en la sentencia C-840 De 2001 consideró que dicha
actuación no se puede concebir como una ecuación "económico-formalista",
sino que necesario tener en cuenta el proceso como camino para llegar al
cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, en el cual participan
un sinnúmero de personas, ya sean gestores, colaboradores o auxiliadores en
el cometido de la buena administración y eficacia para llevar a cabo en buenos
términos los propósitos de la función pública.

Por ese motivo, la Corte consideró que podían ser responsables fiscales
también aquellos que "comporten una relación de conexidad próxima y
necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal".

En ese escenario no solo cumplen dicha función el ordenador del gasto con
disponibilidad jurídica y material, el jefe de planeación, el jefe jurídico, el
almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de
la caja menor, los particulares que tengan capacidad decisoria frente a los
fondos o bienes del erario público puestos a su cargo -como lo contratistas-,
sino también aquellos con una actividad relacionada en la buena
distribución y eficacia de la inversión y del gasto, como fue el caso de la
implicada María Clemencia Cantini Ardila, dado su cargo y sus
funciones […]” (Negrillas fuera de texto).

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De acuerdo con el anterior material probatorio reseñado, la Sala encuentra
demostrado que, en cumplimiento de su función de vigilancia fiscal, la
CONTRALORÍA imputó responsabilidad fiscal, en contra de la entonces
directora técnica de Gestión Contractual del IDU, la señora MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA, por cuanto, en el ejercicio de sus funciones,
avaló, jurídicamente, la introducción de modificaciones al objeto, valor y
esquema de riesgos del Contrato 137 de 2007 de forma contraria a la ley.

De igual forma, está probado y no es objeto de discusión en el presente
recurso, que estuvo vinculada como directora técnica de Gestión Contractual
del IDU, desde el 4 de mayo de 2009 hasta el 31 de agosto de 2010, y que
durante ese tiempo, conforme a las funciones del cargo previstas en el
Acuerdo 002 de 2009, artículo 24, elaboró, revisó y avaló mediante su visto
bueno o aprobación, los otrosíes 5, 6, 7, 8 y 9 y la Adición núm. 2, Prórroga 1,
del Contrato 137 de 2007, que introdujeron las modificaciones al objeto, valor
y esquema de riegos del contrato, y que condujeron a un detrimento
patrimonial del erario, consistente en: (i) sobrecostos por exclusión de obras;
(ii) sobrecostos por adición valor global del contrato; y, (iii) sobrecostos por el
reconocimiento de factores multiplicadores de contingencia.

De acuerdo con los documentos contractuales que reposan en el expediente
administrativo de responsabilidad fiscal30, las modificaciones al Contrato 137
de 2007, elaboradas, revisadas y avaladas jurídicamente por la señora MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA como directora técnica de Gestión
Contractual, mediante su visto bueno o aprobación, tuvieron la siguiente
cronología: (i) otrosí 5 de 3 de marzo de 2010; (ii) otrosí 6, 4 de abril de 2010;
(iii) otrosí 7 de 29 de abril de 2010; (iv) otrosí 8 de 19 de mayo de 2010; (v)
adición núm. 2 y Prórroga núm. 1 de 13 de agosto de 2010; y (vi) otrosí 9 de
25 de agosto de 2010.

30Cfr.disco duro aportado el cual contiene todo el expediente administrativo del proceso de
responsabilidad fiscal.

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Según los documentos contractuales y la versión libre rendida por la
demandante, elementos probatorios que reposan en el expediente
administrativo de responsabilidad fiscal31, en el proceso se encuentra probado,
sin que ello sea objeto de discusión en el presente recurso, que MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA, como directora técnica de Gestión
Contractual, con anterioridad a la suscripción de la cesión del Contrato 137 de
2007, conocía el estado de incumplimiento en que se encontraba la ejecución
del contrato, puesto que realizó su función prevista en el Acuerdo 002 de 2009,
artículo 24, entre otras, analizando la información suministrada por las áreas
competentes, para la imposición de multas y la declaración de siniestros, y
preparando los documentos y actos administrativos correspondientes para la
firma del funcionario competente.

Asimismo, en los antecedentes del expediente administrativo se encuentra el
oficio DTL-6000-25726 de 12 de junio de 2007, suscrito por el entonces
director técnico legal del IDU32, sobre "[…] CESIÓN DE LOS CONTRATOS
ESTATALES Y EFECTOS PRESUPUESTALES […]" que remite al Código de
Comercio que regula la cesión contractual, artículo 887, en concordancia con
el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en lo relevante a este asunto, señaló lo
siguiente en cuanto a la legalidad de la cesión de los contratos:

“[…] Para que la cesión del contrato estatal se ajuste a derecho, se tendrá que
solicitar al ordenador del gasto la autorización para la cesión, indicando las
razones que justifican la solicitud y las causas por las que es imposible ejecutar
el contrato y de ser procedente, se deberá elaborar un documento escrito con
las siguientes condiciones:

• Estar suscrito por las partes, es decir por el contratista, la Entidad y el
cesionario (nuevo contratista).

31 Cfr. disco duro aportado el cual contiene todo el expediente administrativo del proceso de
responsabilidad fiscal.
32 Cfr. disco duro aportado el cual contiene todo el expediente administrativo del proceso de

responsabilidad fiscal, cuaderno principal 30, folios 7405-7407.

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• Que el acto de cesión no modifique ninguna de las condiciones del
contrato en lo relacionado con el valor del contrato y el objeto del mismo.

• Cuando la entidad pública lo requiera por considerarlo necesario, se podrá
pedir el concepto escrito del interventor o coordinador del contrato el cual
acompañará el acto de cesión […]”. (negrilla fuera de texto)

Por su parte, el documento de cesión del Contrato 137 de 2007, legalizado con
la suscripción del otrosí 5 de 3 de marzo de 2010, acredita, en su cláusula
cuarta, que el cesionario “[…] asume la posición contractual en un todo de
conformidad con el contrato de cesión suscrito entre Unión Temporal Transvial
y la Sociedad Grupo Empresarial Vías de Bogotá SAS […]”.

Igualmente, está probado que mediante oficio 20103350286861 de junio 15 de
201033, suscrito por MARIA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, como
subdirectora general jurídica (e), dio respuesta al análisis de riesgos que se
pueden derivar de los otrosíes 5 y 6 al Contrato 137 de 2007, presentado por
la firma interventora de este; comunicación en la cual, en esencia, le indicó al
interventor del contrato que, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la
interventoría no acompaña las decisiones de modificación a los contratos, y se
pronunció sobre (i) los ajustes al valor global del contrato y precios de
referencia; (ii) el archivo de los tramites sancionatorios vigentes al momento
de la cesión; (iii) el anticipo; (iv) los diseños, y (v) la estimación de las
contingencias.

De ahí, se reitera, se encuentra probado que la señora MARÍA CLEMENCIA
CANTINI ARDILA, como directora técnica de Gestión Contractual, conociendo
el estado de ejecución del Contrato 137 de 2007, así como la condición pura
y simple en que fue convenida la cesión del mencionado contrato: elaboró,
revisó y avaló, mediante su visto bueno o aprobación, que el IDU suscribiera
documentos contractuales mediante los cuales se modificó el objeto, valor y

33 Ibidem. Anexo 4, Pruebas, folios 240-248.

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esquema de riesgos del contrato, con lo cuales se produjo el daño patrimonial
al Estado, consistente en sobrecostos por exclusión de obras, sobrecostos por
adición valor global del contrato, y sobrecostos por el reconocimiento de
factores multiplicadores de contingencia.

Por último, de conformidad con el Acuerdo 002 de 2009, artículo 24, las
funciones que correspondía ejercer a la señora MARÍA CLEMENCIA CANTINI
ARDILA, como directora técnica de Gestión Contractual, eran las siguientes:

“[…] Dirección Técnica de Gestión Contractual. Tendrá las siguientes
funciones:

• Elaborar los contratos y convenios que requiera la entidad y realizar su
legalización en los términos de ley.

• Acompañar, asesorar y orientar a las dependencias de la entidad en los
asuntos relacionados con la debida supervisión y coordinación de los
contratos a su cargo.

• Elaborar en los términos de ley las modificaciones contractuales
necesarias para la eficiente ejecución de los contratos y convenios
suscritos por la entidad.

• Analizar y evaluar la información suministrada para la imposición de multas,
declaración de siniestros, efectividad de cláusulas excepcionales y liquidación
de contratos y preparar los documentos y actos administrativos que
correspondan para la firma del funcionario competente […]”.

De acuerdo con las probanzas señaladas anteriormente, la Sala encuentra que
le asiste razón a la CONTRALORÍA, al señalar que la decisión proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 2 de mayo de 2024, desconoció
que la responsabilidad fiscal de la señora MARÍA CLEMENCIA CANTINI
ARDILA, como directora técnica de Gestión Contractual, se encontraba
probada en lo que se refiere a la gestión fiscal que realizó, no porque entre sus
funciones se le asignara directamente alguna de ordenación del gasto, sino
porque con ocasión de la gestión de los recursos involucrados con la ejecución
del Contrato 137 de 2007, al ejercer las funciones jurídicas de su cargo, en

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especial la de “[…] Elaborar en los términos de ley las modificaciones
contractuales necesarias para la eficiente ejecución de los contratos y
convenios suscritos por la entidad […]”, contribuyó, de manera
determinante, en la producción del daño patrimonial.

En ese orden, lo que se le atribuyó a la hoy demandante en calidad de directora
técnica jurídica del IDU, es que “[…] consintió y participó en la variación
de las condiciones iniciales del contrato en cuanto a su alcance y precio,
al reconocimiento de factores de contingencia y a la exclusión de obras
[…], hechos que se hacen patentes en la elaboración, revisión y el aval jurídico
que le otorgó a los instrumentos de modificación y cesión contractual,
mediante sus vistos buenos o aprobaciones, y que derivaron en la generación
de las irregularidades y los sobrecostos en la fase de ejecución del contrato;
por lo que, con ocasión de su gestión fiscal participó en la producción del daño
fiscal de manera determinante, y, por tanto, se configuró su responsabilidad
fiscal.

La Sala considera que, bajo este panorama probatorio, la decisión de primera
instancia no tuvo en cuenta la reiterada jurisprudencia en la materia, a partir
de la cual, no existe duda de que la responsabilidad fiscal no se predica
exclusivamente de los servidores públicos que de manera directa administren
o manejen recursos públicos, sino también de aquellos servidores que, con
ocasión de esa gestión fiscal, por acción o por omisión, inciden de manera
determinante en la causación del daño patrimonial.

Al respecto, la Sala recuerda que, sobre el alcance del concepto de gestión
fiscal, la sentencia proferida el 26 de agosto de 2004 por esta Sección,
consideró:

“[…] Cabe señalar que la Ley 42 de 1993, a diferencia de lo que sucede con
la Ley 610 de 2000, no consagra una definición de gestión fiscal; empero nada
impide a la Sala acudir al concepto que sobre el tema trae la referida Ley 610
“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal
de competencia de las Contralorías”.

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El artículo 3º de dicha Ley prevé:

“Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas,
que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que
manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación,
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo,
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así
como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a
cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad,
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos
ambientales”.

De la definición transcrita deduce la Sala que el sujeto pasivo en el proceso
de responsabilidad fiscal son los servidores públicos y las personas de
derecho privado que manejen o administren recursos o fondos
públicos, cuando al realizar la gestión fiscal, a través de actividades
económicas, jurídicas y tecnológicas no han dado una adecuada
planeación, conservación, administración, custodia, explotación,
enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de
los mismos, o a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas,
causando por ende con ello detrimento patrimonial al Estado.

Es oportuno traer a colación apartes de la sentencia C-840 de 9 de agosto de
2001, de la Corte Constitucional al examinar la exequibilidad de algunas
normas de la mencionada Ley:
[…]

De ésta definición legal de gestión fiscal, armonizada con las disposiciones
siguientes de la ley 610 y dada su inescindible interrelación, se desprenden
múltiples consecuencias: determina el objeto de la gestión; se tiene en cuenta
para establecer el alcance, objeto y elementos de la responsabilidad fiscal,
esto es, el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión
fiscal (arts. 4° y 5°), así como la causación de un daño patrimonial al Estado
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,
inequitativa e inoportuna (art. 6°).

Así mismo, sirve para estructurar el concepto de proceso de responsabilidad
fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas
por las contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de
los servidores públicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestión
fiscal o con ocasión de ésta causen, por acción u omisión, un daño al
patrimonio del Estado (art. 1°).

La acción fiscal cesará cuando se demuestre que el hecho no comporta el
ejercicio de gestión fiscal y, por tanto resulta procedente dictar auto de archivo
del proceso de responsabilidad fiscal (arts. 16 y 47); sin embargo, de existir

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efectiva lesión al patrimonio del Estado, habrá lugar a exigir la correspondiente
responsabilidad patrimonial por otra vía, como se verá más adelante.

En consecuencia, se deduce responsabilidad fiscal por la afectación del
patrimonio público en desarrollo de actividades propias de la gestión
fiscal o vinculadas con ella, cumplida por los servidores públicos o los
particulares que administren o manejen bienes o recursos públicos. Al
respecto la Corte Constitucional, al resolver sobre la constitucionalidad del
artículo 1° de la ley 610, señaló:

“El sentido unitario de la expresión “o con ocasión de ésta” sólo se
justifica en la medida en que los actos que la materialicen comporten
una relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de
la gestión fiscal. Por lo tanto, en cada caso se impone examinar si la
respectiva conducta guarda alguna relación para con la noción específica de
gestión fiscal, bajo la comprensión de que ésta tiene una entidad material y
jurídica propia que se desenvuelve mediante planes de acción, programas,
actos de recaudo, administración, inversión, disposición y gasto, entre otros,
con miras a cumplir las funciones constitucionales y legales que en sus
respetivos ámbitos convocan la atención de los servidores públicos y los
particulares responsables del manejo de fondos o bienes del Estado.

De acuerdo con esto, la locución demandada ostenta un rango derivado y
dependiente respecto de la gestión fiscal propiamente dicha, siendo a la vez
manifiesto su carácter restringido en tanto se trata de un elemento adscrito
dentro del marco de la tipicidad administrativa. De allí que, según se vio en
párrafos anteriores, el ente fiscal deberá precisar rigurosamente el grado de
competencia o capacidad que asiste al servidor público o al particular en torno
a una específica expresión de la gestión fiscal, descartándose de plano
cualquier relación tácita, implícita o analógica que por su misma fuerza rompa
con el principio de la tipicidad de la infracción. De suerte tal que sólo dentro de
estos taxativos parámetros puede aceptarse válidamente la permanencia,
interpretación y aplicación del segmento acusado.

Una interpretación distinta a la aquí planteada conduciría al desdibujamiento
de la esencia propia de las competencias, capacidades, prohibiciones y
responsabilidades que informan la gestión fiscal y sus cometidos
institucionales.

Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del
manejo y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer
que a las contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir
responsabilidades en cabeza de quienes, en el manejo de tales haberes,
o con ocasión de su gestión, causen daño al patrimonio del Estado por
acción u omisión, tanto en forma dolosa como culposa. Y es que no
tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios y mecanismos
conducentes al establecimiento de responsabilidades fiscales con la
subsiguiente recuperación de los montos resarcitorios. La defensa y
protección del erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la
efectiva realización de las tareas públicas. Universo fiscal dentro del cual
transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y
personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de

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gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones de ordenación,
control, dirección y coordinación, contratistas y particulares que causen
perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se
sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y
deberes fiscales […]”34. (Negrilla y subrayas fuera de texto).

Todo lo anterior pone de manifiesto que MARÍA CLEMENCIA CANTINI
ARDILA, como directora técnica de Gestión Contractual del IDU, sí ejerció
gestión fiscal, puesto que avaló la legalidad de las modificaciones que
suscribió la entidad respecto del Contrato 137 de 2007, lo cual tenía una
relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión
fiscal sobre los recursos destinados a la ejecución del mencionado contrato.

Esa relación se deriva de las funciones que le fueron asignadas a la Dirección
Técnica de Gestión Contractual en el artículo 24 del Acuerdo 002 de 2009,
dependencia a la que a la que le correspondía, exclusivamente, asegurar que
las modificaciones contractuales necesarias para la eficiente ejecución de los
contratos suscritos por la entidad fueran ajustadas a la ley; función que, por
demás, en la estructura organizacional de las entidades fue asignada al nivel
directivo, en este caso la Dirección Técnica de Gestión Contractual, cuyo
ejercicio contribuye, directa e íntimamente, a que los recursos públicos sean
gestionados, en toda la estructura institucional, de manera económica, eficaz,
eficiente, equitativa y oportuna.

En este sentido, opuesto a lo afirmado por el a quo, el hecho de que a la
subdirección general jurídica le correspondiera liderar, orientar y coordinar las
acciones jurídicas requeridas, entre otras, durante la ejecución del contrato
según lo previsto en el artículo 22 de la acuerdo 002 de 2009, no excluye la
responsabilidad que surge por la gestión fiscal realizada por la entonces
directora técnica de Gestión Contractual, porque era a dicha servidora pública

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de

agosto de 2004, número único de radicación 05001233100019970209301, consejero ponente
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Reiterada en sentencia de 19 de mayo de 2016, número único
de radicación 68001-23-33-000-2013-01024-01, consejero ponente María Elizabeth García
González.

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a quien le correspondía y no a otra dependencia de la entidad, asegurar que
las modificaciones contractuales fueran realizadas en los términos de la ley.

Al respecto, contrario a lo afirmado por el Tribunal, si bien la directora técnica
de Gestión Contractual no era la ordenadora del gasto y en esa medida no
tomaba directamente las decisiones sobre el Contrato 137 de 2007, su cesión
y sus modificaciones, las funciones jurídicas que tenía asignadas eran
precisas, determinantes y necesarias para que la gestión fiscal fuera
transparente y adecuada al interés general, pues le correspondía asegurar la
conformidad, formal y material, con la ley, de cualquier modificación
contractual; entonces, su ejercicio funcional no era meramente operativo o
carente de incidencia en la gestión fiscal como pareció entenderlo el Tribunal.

En ese orden, el análisis realizado en la sentencia de primera instancia
aparece aislado, fragmentado y marginado del concepto de gestión fiscal
previsto en el artículo 3 de la Ley 610 y de los criterios jurisprudenciales que
lo han desarrollado, citados supra; en este caso, los medios de convicción que
obran en el proceso, en especial los antecedentes administrativos, demuestran
la concurrencia de los avales jurídicos brindados por la señora MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA, como directora técnica de Gestión
Contractual del IDU, en todos y cada una de los documentos contractuales
suscritos por el IDU, relativos a los otrosíes 5, 6, 7, 8 y 9 del Contrato 137 de
2007, así como su adición núm. 2 y prórroga núm. 1.

Todas esas decisiones contractuales, en conjunto, elaboradas, revisadas y
avaladas jurídicamente por la directora técnica de Gestión Contractual, con su
visto bueno o aprobación, contribuyeron a que la gestión fiscal, relacionada
con el Contrato 137 de 2007, fuera antieconómica, ineficaz e ineficiente,
debido a que se modificaron el objeto, el valor y el esquema de riesgos del
mencionado contrato en forma contraria a la ley, y, por ende, produjeron un
serio detrimento patrimonial del estado, debido a los sobrecostos que asumió
y pagó el IDU.

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V.4.2- De otra parte, si bien la cesión y las modificación de las cláusulas de un
contrato estatal no son ilegales per se, y, por ende, de su sola elaboración no
cabría derivar responsabilidad fiscal alguna, como lo dijo el Tribunal, lo cierto
es que, en el caso concreto, dicho razonamiento resulta inadmisible, porque la
CONTRALORÍA no imputó la responsabilidad fiscal derivada de una ilegalidad
en abstracto, sino que, por el contrario, en los actos acusados determinó,
específicamente, los elementos objetivo, subjetivo, y de relación de
causalidad, respecto de la responsabilidad fiscal que se le atribuyó a la
directora técnica de Gestión Contractual del IDU.

En esa medida, los actos acusados la encontraron responsable fiscal, al haber
contribuido de manera determinante en la producción del daño; en especial, al
haber elaborado, revisado y avalado, jurídicamente, mediante su visto bueno
o aprobación, los otrosíes 5, 6, 7, 8, y 9, la adición núm. 2 y la prórroga núm.
1, cuyas ejecuciones condujeron al detrimento patrimonial, consistente en los
sobrecostos que se produjeron con ocasión de esas modificaciones, los cuales
fueron, además, debidamente probados y cuantificados por el órgano de
control.

Así las cosas, la Sala encuentra que, en la actuación administrativa se dedujo
la responsabilidad fiscal a partir de la específica participación que tuvo dicha
servidora pública en la gestión fiscal de los recursos, al brindar su aquiescencia
jurídica para llevar a efecto modificaciones contractuales que no se ajustaban
a la ley, y que, una vez ejecutadas, produjeron el daño patrimonial al Estado,
probado por la CONTRALORÍA y no controvertido en sede de apelación.

V.4.3.- Bajo esa misma argumentación, queda sin piso la afirmación contenida
en la sentencia de 2 de mayo de 2024, según la cual, el detrimento patrimonial
escapa a la órbita funcional de la señora MARÍA CLEMENCIA CANTINI
ARDILA, por la ausencia de poder decisorio; sobre este aspecto, vale la pena
señalar que, precisamente, la participación de la mencionada servidora pública

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fue determinante en la producción del daño patrimonial, puesto que como
directora técnica de Gestión Contractual instrumentó las modificaciones
contractuales, cuya ejecución, en los términos elaborados, revisados y
avalados por ella misma, mediante sus vistos buenos o aprobaciones,
contribuyeron activa y positivamente, a que se produjera el detrimento
patrimonial.

En suma, la Sala encuentra incontrovertible que: (i) la señora MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA, en calidad de directora técnica de Gestión
Contractual del IDU, con su conducta contribuyó de manera determinante, con
culpa grave, en la producción del detrimento patrimonial; y que (ii) su gestión
fiscal se deriva, precisamente, del hecho de haber elaborado, revisado y
avalado, jurídicamente, mediante sus vistos buenos o aprobaciones, la
introducción de modificaciones al Contrato 137 de 2007 pese a que, con ellas,
permitía la materialización de modificaciones al objeto, valor y esquema de
riesgos, en forma contraria al ordenamiento.

A propósito, en un asunto en el que se demandó la nulidad del acto
administrativo que declaró responsable fiscal a la jefe jurídica de una entidad
territorial departamental, mediante sentencia de 3 de julio de 202535, la Sección
determinó que dicha servidora pública, al revisar y otorgar su visto bueno para
la aprobación de un contrato, contribuyó a la producción de daño patrimonial
porque con su conducta funcional permitió que el departamento pagara
injustificadamente un mayor valor. Así discurrió recientemente la Sala:

“[…] Conforme con lo anterior, se tiene que, lo que se le atribuyó a
la hoy demandante en calidad de jefe de la oficina jurídica del
departamento, quien con su firma dio el visto bueno al Contrato de
Prestación de Servicios nro. 185 de 2008, es que contribuyó a la
causación del daño fiscal, porque “fue omisiva en el cumplimiento
de sus funciones relativas a la revisión de la totalidad contrato Nro.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de

julio de 2025, número único de radicación 41001333300020130013102, consejero ponente Oswaldo
López Giraldo.

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185-2008”, incluidos los documentos que conformaban su etapa
previa y que hacían parte integral del contrato, como lo era la
propuesta económica presentada por la Universidad
Surcolombiana, con lo cual “(…) permitió que el departamento del
Huila Secretaria de Educación Departamental cancelara un mayor valor
injustificado por un servicio definido por el objeto contractual (…)”, que
estaba determinado en la propuesta a un precio menor, y que debía
tenerse en cuenta acorde con lo establecido por el literal a) del artículo
4 del Decreto 4313 de 2004, de manera que no se advierte que los actos
acusados estén falsamente motivados.
(…)

Acorde con lo señalado es incontrovertible que la señora Londoño
de Perdomo en calidad de jefe del departamento administrativo
jurídico del departamento del Huila tenía entre sus funciones las
de dar el visto bueno a la contratación y, en el caso específico,
otorgó el correspondiente visto bueno al Contrato de Prestación
de Servicios nro. 185 de 2008, con lo cual, permitió que se
produjera el detrimento patrimonial, al pagársele al contratista un
mayor valor del que le correspondía, atendiendo la propuesta que la
misma Universidad Surcolombiana había presentado y, que se reitera,
hacía parte integral del citado contrato […]” (Negrillas y subrayas fuera
de texto).

Como se observa, en el citado caso, la Sala admitió la estructuración de
responsabilidad fiscal a partir de la omisión de los deberes funcionales de la
jefe de la oficina jurídica del departamento del Huila, específicamente en lo
relativo a la revisión integral del Contrato de Prestación de Servicios 185 de
2008. Esto fue que, entregar su visto bueno, sin advertir las inconsistencias
económicas evidentes entre la propuesta presentada y el valor finalmente
pactado y pagado, constituyó un acto de validación jurídica que facilitó la
ocurrencia del detrimento patrimonial.

En este sentido, es que la responsabilidad fiscal no deriva exclusivamente de
la acción directa en la ejecución de los recursos, sino también del
incumplimiento del deber de control y vigilancia previa sobre la legalidad y
coherencia de los actos contractuales. Así, se configura una forma de
participación relevante en la gestión fiscal, que conlleva responsabilidad por

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omisión, en tanto su aprobación jurídica consintió el pago injustificado de
recursos públicos en contravía del marco normativo aplicable.

Es por ello por lo que, en el caso concreto, el rol de la señora MARÍA
CLEMENCIA CANTINI ARDILA, como directora técnica de Gestión
Contractual del IDU, no fue meramente accesorio ni subordinado, sino
determinante en la producción del daño discal, en tanto elaboró, revisó y avaló
jurídicamente actos contractuales que resultaron lesivos para el erario. En tal
sentido, su intervención materializó una gestión fiscal con culpa grave, al haber
validado modificaciones contractuales contrarias al ordenamiento jurídico, lo
que desvirtúa cualquier alegación sobre la ausencia de poder decisorio, pues
la responsabilidad fiscal no depende exclusivamente del grado jerárquico o de
la capacidad formal de decisión, sino de la efectiva incidencia de la conducta
del funcionario en la producción del daño antijurídico.

V.4.4.- De manera que, con fundamento en lo expuesto, la Sección revocará
el ordinal primero de la sentencia de 2 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, denegará la
pretensión de nulidad que responde al cargo de ‘ausencia de gestión fiscal en
cabeza de MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA’, como directora técnica
de Gestión Contractual del IDU; asimismo, la Sala revocará el ordinal cuarto
de esa misma providencia que había condenado en costas a la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en razón a la regla de
condena en costas prevista en el artículo 365 numeral 4 del CGP, sin que haya
necesidad a que se analicen los argumentos de la entidad demandada frente
a la conducta de la parte a quien se le imponen; y, en lo demás, confirmará la
sentencia apelada.

V.4.5.- En cuanto al recurso de apelación interpuesto por la demandante, la
Sala observa que lo explicado y establecido en precedencia la releva de
efectuar pronunciamiento alguno acerca del reconocimiento de perjuicios
morales a título de restablecimiento del derecho.

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V.4.6.- Ahora, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 18836 del CPACA en armonía con el numeral 8 del
artículo 365 del CGP37i, esto es, en aplicación de un criterio objetivo
valorativo38, la Sala condenará a la parte actora, MARIA CLEMENCIA
CANTINI ARDILA, en los términos del numeral 4° del artículo 36539 ibidem,
como se anunció, al pago de las costas en primera y también, de la segunda
instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso40 y por las
agencias en derecho41”, de manera que le corresponde a esta Sala, producto
de la comprobación de la gestión útil de la parte vencedora, fijar el valor de las
costas en el componente de agencias en derecho al verificarse en esta
instancia la intervención de la entidad demandada a través de apoderado

36 “[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
37
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “[…] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
38 Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe

que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
39
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
[…]
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias […]”.
40
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
41 “[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro

del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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judicial. Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se sujetará
a la liquidación42 que realice el secretario del Tribunal a quo y según la
comprobación de que se incurrieron en éstos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del artículo 366
del CGP43, se fijan como agencias en derecho, en ambas instancias la suma
de $2.979.468 (equivalente al 0,006% del valor de las pretensiones44) a favor
de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Lo anterior, de
conformidad con las tarifas establecidas en el artículo 6°45 del Acuerdo núm.
1887 de 26 de junio de 2003, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, según la naturaleza del proceso, la calidad y duración de la gestión
realizada por la parte vencedora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia de 2 de mayo de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar,
NEGAR las pretensiones de la demanda.

42
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la primera
instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem.
43
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a
lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o
la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
44
De conformidad con el valor de las pretensiones que corresponden al valor del fallo de responsabilidad
fiscal que fijó un pago solidario de $49.657.799.361, sin considerar los demás reclamos que por
perjuicios pidió la parte actora.
45
“[…] ARTÍCULO 6º. Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia […]”.

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SEGUNDO: REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia de 2 de mayo de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y, en su lugar,
NO CONDENAR en costas a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, de acuerdo con lo motivado en esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 2 de mayo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

CUARTO: Condenar en costas, en primera y segunda instancia a la parte
demandante y en favor de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

QUINTO: Fijar como agencias en derecho para ambas instancias la suma de
$2.979.468, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar en
favor de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN CAMILO CALDERÓN RIVERA
Presidente Conjuez

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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