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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02609-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02609-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela instaurada por el señor Nairo Alfonso Avendaño Chaparro, por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 15 Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-160 de 2018, entre otras. 16 Corte Constitucional, sentencia T-320 de 2024; T-179 de 2024. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co _____________________________________________________________ Demandante: Nairo Alfonso Avendaño Chaparro Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-02609-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02609-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02609-00
Demandante: NAIRO ALFONSO AVENDAÑO CHAPARRO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Tema: Improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos.
Requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Nairo Alfonso Avendaño Chaparro, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial con la que pretende el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, de acceso a cargos
públicos. Asimismo, que se le apliquen los principios de confianza legítima y buena fe.

Para el actor, la trasgresión de sus garantías constitucionales se materializó con la
expedición de las Resoluciones CJR26-0021 del 13 de enero de 20262 y CJR26-0162
del 26 de marzo de 20263, por medio de las que se publicaron los resultados finales
de los puntajes para el cargo de juez administrativo de la convocatoria 27 para proveer
cargos de carrera en la Rama Judicial.

1.2. Pretensiones

El accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, pidió:

1 Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 6 de abril de 2026.
2 «Por medio de la cual se publican los resultados de la etapa clasificatoria correspondiente al concurso
de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante
Acuerdo PCSJ18-11077 de 16 de agosto de 2018, para el cargo de Juez Administrativo»
3 «Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición » y se confirmó la Resolución CJR26-0021
de 13 de enero de 2026.

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Demandante: Nairo Alfonso Avendaño Chaparro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02609-00

2. Dejar sin efectos, en lo que respecta a mi caso particular, la Resolución N°
CJR26-0162 de 26 de marzo de 2026 y la Resolución N° CJR26-0021 de 13
de enero de 2026.

3. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
la Carrera Judicial, valer el título de posgrado en “Especialista en Instituciones
Jurídicas de la Seguridad Social” que me otorgó la Universidad Nacional de
Colombia, y, por tanto, me otorgue el puntaje correspondiente – 5 puntos – por
ser afín con el cargo de Juez Administrativo.

4. En consecuencia, se me asigne la calificación de 10,00 puntos en el factor
“Capacitación Adicional”, por los posgrados de: Especialización en Derecho
Administrativo (5,00 puntos) y Especialización en Instituciones Jurídicas de la
Seguridad Social” (5,00 puntos).

5. Y finalmente, se reajuste mi puntaje global y consolidado a 683,08 puntos4.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El actor explicó que se inscribió en el concurso de méritos denominado «Convocatoria
27: Funcionarios de Carrera de la Rama Judicial» para el cargo de Juez Administrativo
y, al momento de realizar el trámite, cargó copia del diploma y el acta de grado del
título de posgrado «Especialista en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social»
otorgado por la Universidad Nacional.

El 13 de enero de 2026, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial profirió la Resolución CJR26-0021 en la que
publicó los resultados de la etapa clasificatoria para el cargo postulado por el tutelante.
Para el efecto le asignó una calificación de 5,00 puntos en el factor «Capacitación
Adicional» para un total de 678,08 puntos.

Inconforme con la anterior decisión, el señor Avendaño Chaparro interpuso recurso de
reposición solicitando que se tuviera en cuenta el título de «Especialista en
Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social» como parte de la capacitación adicional
de acuerdo con el Acuerdo PCSJA 18-11077 de 2018.

En Resolución N° CJR26-0162 del 26 de marzo de 2026 la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura resolvió el recurso de
reposición disponiendo confirmar la resolución recurrida íntegramente. Para el efecto
señaló que, dicha formación no se incluye en la especialidad contencioso
administrativa.

4
Transcripción literal del texto original que puede contener errores.
2

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De igual forma, resaltó que dicha área corresponde al ámbito del derecho laboral, por
lo que no se considera afín al cargo de Juez Administrativo y no procede su valoración
en el factor de capacitación adicional.

1.4. Fundamentos de la vulneración

El tutelante sostuvo que, los actos administrativos señalados vulneran sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a cargos públicos y los
principios constitucionales de buena fe y confianza legítima.

Lo anterior al considerar que, la autoridad enjuiciada no resolvió de fondo la totalidad
de los argumentos que presentó en el recurso de reposición, además que la decisión
de no tener en cuenta el título obtenido en el acápite de capacitación adicional, se
soporta en una interpretación del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 alejada de las
normas legales que regulan la competencia del juez administrativo.

En ese sentido, concluyó que, la posibilidad de que el posgrado resulte afín o no a la
especialidad, es una decisión reglada que debe sustentarse en las normas que regulan
los asuntos que son competencia del juez administrativo.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 13 de abril de 20265, la Magistrada Ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a la parte accionante6, y como parte accionada, al C.S.J.7
y a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial8.

Asimismo, requirió a la Secretaria General del Consejo de Estado para que publique
la presente tutela en la página institucional.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se recibió la siguiente:

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la
Carrera Judicial9

Solicitó negar la presente acción constitucional ya que en el actuar administrativo no
se vulneró ni afectó los derechos fundamentales invocados por el accionante.

5 Índice 007 de Samai.
6 Índice 008 de Samai. La notificación se envió al correo electrónico: nairo.avendano@gmail.com;
7 Índice 008 de Samai. La notificación se envió al correo: presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co;
info@cendoj.ramajudicial.gov.co; mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co;
8 Índice 008 de Samai. La notificación se envió al correo: carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co;
uacjsedes@cendoj.ramajudicial.gov.co;
9 Índice 011 de Samai.

3

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Explicó que, el acuerdo de convocatoria estableció los parámetros de valoración de
los documentos aportados por los participantes, lo que garantiza el debido proceso e
igualdad de los demás aspirantes. Resaltó que, la tabla de posgrados del Acuerdo
PCSJA18-11077 de 2018 es enunciativa y delimita las áreas propias de cada
especialidad, dentro de las cuales no se incluye dicha formación para las especialidad
contencioso administrativa sino por el contrario corresponde al ámbito del derecho
laboral.

Por lo expuesto, manifestó que «[…] al pretender el accionante obtener una valoración
de la especialización mencionada aun cuando la misma no está relacionada con el
cargo al que aspira, implica que la Unidad de Administración de Carrera Judicial
acomode en su beneficio particular, las reglas de la convocatoria».

Concluyó que, por parte de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial no se
han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor, toda vez que los
actos administrativos se expidieron con fundamento en las reglas de valoración
contenidas en el acuerdo convocatoria.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
constitucional presentada por el señor Nairo Alfonso Avendaño Chaparro, por cuanto
esta se dirige, entre otros, contra el Consejo Superior de la Judicatura. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, y el artículo 25 del Acuerdo
080 de 2019 «Reglamento Interno del Consejo de Estado».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:

● ¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso administrativo, a la igualdad, de acceso a cargos públicos, al expedir
las Resoluciones CJR26-0021 del 13 de enero de 2026 y CJR26-0162 del 26
de marzo de 2026 a través de las que se publican los resultados de la etapa
clasificatoria correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo
PCSJ18-11077 de 16 de agosto de 2018, para el cargo de juez administrativo y
la que confirmó dicha decisión respectivamente?

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) el carácter subsidiario del mecanismo
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constitucional y su procedencia excepcional frente a actos administrativos susceptibles
de control ante el juez contencioso administrativo y, (iii) el análisis del caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Ello implica que
su ejercicio solo es procedente de forma supletiva, es decir, cuando no sea posible
acudir a otro mecanismo, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un
perjuicio irremediable10.

2.4. El carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia
excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez
contencioso administrativo

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la tutela y determina que “[e]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto Ley 2591
de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada
proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico,
ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que
conoce de un asunto de su competencia11.

10 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
11 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y

la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
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El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de donde
se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, ya que todas las herramientas jurídicas deben,
en principio, buscar la defensa de aquellos y los operadores judiciales deben cumplir
su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad, de constitucionalidad y de
legalidad.

Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a la
existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de los
artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 201112.

Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el
mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la
protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que,
pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte
absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el núcleo
esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de amparo se torna
procedente y desplaza a la acción judicial primordial para conjurar la afectación de las
garantías superiores.

2.5. Caso concreto

La parte actora sostuvo que sus garantías constitucionales han sido vulneradas por
las autoridades enjuiciadas, con la expedición de las Resoluciones CJR26-0021 del 13
de enero de 202613 y CJR26-0162 del 26 de marzo de 202614, por medio de las que
se publicaron los resultados finales de los puntajes para el cargo de juez administrativo
de la convocatoria 27 para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

Lo anterior al considerar que, la accionada no resolvió de fondo la totalidad de los
argumentos que presentó en el recurso de reposición, además que la decisión de no
tener en cuenta el título obtenido en el acápite de capacitación adicional, se soporta

Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones.”
12 La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P.

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del
Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23 33-
000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016
00293-01.
13 «Por medio de la cual se publican los resultados de la etapa clasificatoria correspondiente al concurso

de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante
Acuerdo PCSJ18-11077 de 16 de agosto de 2018, para el cargo de Juez Administrativo»
14 «Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición» y se confirmó la Resolución CJR26-0021

de 13 de enero de 2026
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en una interpretación del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 alejada de las normas
legales que regulan la competencia del juez administrativo.

Previo a adentrarse en el estudio del asunto de la referencia, la Sala advierte que el
presente caso no supera el requisito de subsidiariedad, toda vez que las resoluciones
aludidas corresponden a actos administrativos que contienen decisiones de la
administración pasibles de control judicial, de manera que las inconformidades
expuestas por el tutelante mediante el presente mecanismo deben plantearse ante el
juez de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, que
dispone:

Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso
o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

Asimismo, al interior del mencionado proceso es factible que el actor solicite ante el
juez natural del asunto las medidas cautelares que considere necesarias para proteger
y garantizar el objeto del proceso, como lo indica el artículo 229 ibidem:

En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de
ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a
petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente
decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias
para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de
la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

Incluso, tratándose de la situación particular del accionante, podrá solicitar la
suspensión provisional del acto administrativo objeto de la demanda, atendiendo los
parámetros que para tal efecto dispone el artículo 231 ibidem que indica lo siguiente:

Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de
sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o
en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis
del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como
violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente
se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá
probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

Así las cosas, se insiste en que el juez de tutela no está instituido para analizar la
legalidad de los actos administrativos y verificar si en el proceso de expedición de éstos
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no se incurrió en irregularidad alguna que afecte su validez, dado que para tales
menesteres el legislador estableció una vía judicial ordinaria.

Finalmente, es preciso señalar que, en este caso, tampoco se acreditó ninguna de las
circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas para
superar el requisito analizado, por cuanto a primera vista no se exhiben circunstancias
que podrían afectar los derechos fundamentales del accionante, además de no
avizorarse que los fundamentos de las pretensiones y la afectación puedan escapar
del control del juez de lo contencioso administrativo. Por tanto, no se acreditó que este
asunto contenga «una marcada relevancia constitucional»15.

Aunado a lo anterior, ha de precisarse que el señor Nairo Alfonso Avendaño Chaparro
no demostró que se encontrara bajo condiciones particulares de edad, estado de
salud, condición social u otras, por las cuales resultase desproporcionado exigirle
acudir al mecanismo ordinario ante los jueces administrativos.16

Así las cosas, al existir otro medio de defensa para lo pretendido por el tutelante y no
acreditarse ninguna situación excepcional, se encuentra que, el mecanismo principal
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el idóneo y eficaz para obtener
la protección de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

En consecuencia, como la acción promovida no satisface el requisito de la
subsidiariedad, se declarará su improcedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela instaurada por
el señor Nairo Alfonso Avendaño Chaparro, por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

15 Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-160 de 2018, entre otras.
16 Corte Constitucional, sentencia T-320 de 2024; T-179 de 2024.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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