República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02609-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02609-01 (6479)
Accionante: Nairo Alfonso Avendaño Chaparro
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial
Tema: tutela contra acto administrativo. Subtema 1: concurso de méritos.
Subtema 2: subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación formulada por Nairo Alfonso Avendaño Chaparro contra el fallo del
30 de abril de 2026, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
1. Síntesis del caso
El señor Nairo Alfonso Avendaño Chaparro presentó escrito de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, a la igualdad y al acceso a cargos públicos, que consideró
vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, con ocasión de las resoluciones CJR26-0021 del 13 de enero de
2026 y CJR26-0162 del 26 de marzo de la misma anualidad, en las que se negó la
valoración para efectos de capacitación adicional de su título de especialista en
Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social, dentro de la Convocatoria 27.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra relevantes los siguientes hechos:
2. El señor Nairo Alfonso Avendaño Chaparro se inscribió en la Convocatoria 27
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02609-00, índice 2.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02609-01 (6479)
Accionante: Nairo Alfonso Avendaño Chaparro
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial
de la Rama Judicial como aspirante al cargo de juez administrativo. En el cargue de
documentos adjuntó copia del diploma y del acta de grado como especialista en
Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social.
3. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera
Judicial, mediante la Resolución núm. CJR26-0021 del 13 de enero de 2026, no le
otorgó puntaje respecto a capacitación adicional por el referido título. Contra esta
decisión el accionante interpuso recurso de reposición.
4. La autoridad accionada, a través de la Resolución núm. CJR26-0162 del 26 de
marzo de 2026, confirmó el puntaje otorgado por la Resolución núm. CJR26-0021
del 13 de enero de 2026, al considerar que la especialización en Instituciones
Jurídicas de la Seguridad Social no se encuadra en el área del contencioso
administrativo, sino en el ámbito del derecho laboral.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
5. La parte actora solicitó en el escrito de tutela el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a cargos públicos y, en
consecuencia, disponer lo siguiente:
2. Dejar sin efectos, en lo que respecta a mi caso particular, la Resolución N.º CJR26-
0162 de 26 de marzo de 2026 y la Resolución N.º CJR26 0021 de 13 de enero de 2026.
3. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la
Carrera Judicial, valer el título de posgrado en “Especialista en Instituciones Jurídicas
de la Seguridad Social” que me otorgó la Universidad Nacional de Colombia, y, por
tanto, me otorgue el puntaje correspondiente - 5 puntos - por ser afín con el cargo de
Juez Administrativo.
4. Se me asigne la calificación de 10,00 puntos en el factor “Capacitación Adicional”,
por los posgrados de: Especialización en Derecho Administrativo (5,00 puntos) y
Especialización en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social” (5,00 puntos).
5. Y finalmente, se reajuste mi puntaje global y consolidado a 683,08 puntos 2.
6. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las resoluciones CJR26-
0021 del 13 de enero de 2026 y CJR26-0162 del 26 de marzo siguiente, vulneró sus
derechos fundamentales invocados, porque omitió resolver razonablemente los
argumentos planteados en el recurso de reposición sobre la relación sustancial
entre la seguridad social y la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
7. En ese sentido, afirmó que la autoridad accionada realizó una interpretación
restrictiva del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, puesto que este establece que la
experiencia adicional puede acreditarse con «los demás posgrados afines», lo cual
debe entenderse desde una perspectiva material y funcional, y no de forma nominal.
Por último, explicó que los asuntos relacionados con la seguridad social de los
empleados públicos son competencia del juez administrativo, por lo que la exclusión
2
Se transcribe incluso con errores.
2
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Accionante: Nairo Alfonso Avendaño Chaparro
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial
del título aportado afecta su puntaje y su posición en la lista de elegibles del
concurso.
2.3. Trámite procesal
8. El despacho ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
auto del 13 de abril de 20263, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación
al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial
y dispuso la publicación del escrito de tutela en la página web de la Secretaría
General de esta corporación, con el fin de que cualquier persona pudiera intervenir
en el presente trámite.
2.4. Intervenciones
9. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial4 solicitó que se niegue el
amparo, pues no existe la vulneración de derechos fundamentales alegada por el
accionante. Afirmó que el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
núm. CJR26-0021 del 13 de enero fue resuelto mediante la Resolución núm.
CJR26-0162 del 26 de marzo siguiente, en la que explicó que la falta de valoración
de la especialización en Instituciones de la Seguridad Social obedeció a que esta
no hace parte del área del derecho contencioso-administrativo.
10. Resaltó que lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo
PCSJA18-11077 de 2018, que fijó los parámetros de la convocatoria, por lo que la
parte actora busca utilizar la acción de tutela para obtener una validación como
experiencia adicional del referido título de especialista. Asimismo, refirió que el
debate propuesto por el tutelante es estrictamente legal, por lo que le corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo resolver las controversias planteadas en
ese aspecto.
2.5. Sentencia de primera instancia
11. La Sección Quinta de esta corporación, mediante sentencia del 30 de abril de
20265, declaró la improcedencia de la tutela al considerar que no cumplió con el
requisito de subsidiariedad. Advirtió que la vulneración de derechos fundamentales
que alega el accionante tiene como origen actos administrativos que son
susceptibles de ser controvertidos a través de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 138 del CPACA.
12. Argumentó que, en el marco del referido medio de control, la parte actora cuenta
con la posibilidad de solicitar medidas cautelares, como la suspensión provisional
del acto demandado, para garantizar el objeto del proceso, conforme al artículo 229
del CPACA. Por tanto, resaltó que el juez de tutela no es el llamado a estudiar la
validez y/o legalidad de actos administrativos a partir de posibles irregularidades en
su expedición, debido a que son asuntos propios de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02609-00, índice 5.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02609-00, índice 11.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02609-00, índice 13.
3
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Accionante: Nairo Alfonso Avendaño Chaparro
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial
13. Finalmente, señaló que en el caso bajo estudio no se acreditó el cumplimiento
de alguna de las circunstancias excepcionales que permitan superar el requisito de
subsidiariedad. Por lo que concluyó que el actor cuenta con otro medio de defensa
idóneo y que no resulta desproporcionado exigirle que acuda a este para obtener la
protección de sus derechos.
2.6. Impugnación
14. La parte actora presentó impugnación6 contra la sentencia de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, con el argumento de que la providencia objeto de reproche
desconoció el carácter no demandable de las resoluciones núm. CJR26-0021 y
CJR26-0162 de 2026, por tratarse de actos administrativos de trámite en el marco
de un concurso de méritos.
15. Expuso que el a quo no hizo un análisis adecuado del requisito de
subsidiariedad, pues solo se limitó a afirmar la posibilidad de controvertir las
resoluciones objeto de tutela a través de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho sin verificar la procedencia del mismo para controvertir actos
preparatorios. Indicó que dicho medio de control solo sería procedente contra el acto
definitivo, es decir, la lista de elegibles.
16. Destacó que, en el presente caso, la tutela procede de forma excepcional para
evitar un perjuicio irremediable porque el puntaje otorgado afecta directamente su
posición en la lista de elegibles y, con ello, la posibilidad de acceder a una vacante,
lo que vulnera su derecho al acceso a cargos públicos.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
impugnación interpuesta por el señor Nairo Alfonso Avendaño Chaparro contra la
sentencia del 30 de abril de 2026, dictada por la Sección Quinta de esta corporación.
3.2. Legitimación en la causa
18. La legitimación en la causa por activa del señor Nairo Alfonso Avendaño
Chaparro se encuentra acreditada, por cuanto fue la persona que promovió la
actuación administrativa en la cual se expidieron las decisiones que acusó de
desconocer sus derechos fundamentales.
19. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, debido a
que fue la autoridad que profirió los actos administrativos que, a juicio del tutelante,
vulneraron sus garantías constitucionales.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02609-00, índice 18.
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3.3. Problema jurídico
20. La Sala debe determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 30 de
abril de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo interpuesta por el señor Nairo Alfonso
Avendaño Chaparro.
21. Para ello, deberá establecer si ¿la solicitud de amparo supera el requisito de
subsidiariedad? En concreto, se deberá verificar si resulta procedente el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para discutir los cargos formulados
en el escrito de tutela.
22. Para el efecto, se estudiará: (i) generalidades de la procedibilidad de la acción
de tutela; y (ii) caso concreto.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez7.
24. El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable 8; y el segundo, consiste
en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de
lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho […]»9.
3.5. Caso concreto
25. El señor Nairo Alfonso Avendaño Chaparro presentó acción de tutela con la
pretensión de que se dejen sin efectos los actos administrativos que negaron la
valoración de su título de especialista en Instituciones Jurídicas de la Seguridad
Social como factor de capacitación adicional y, en consecuencia, se ordene a la
entidad accionada otorgar el puntaje correspondiente con la inclusión de dicho título.
26. Lo anterior supone controvertir las decisiones adoptadas por el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, a través
de la Resolución núm. CJR26-0021 del 13 de enero de 2026, por la cual se
publicaron los resultados de la etapa clasificatoria en la Convocatoria 27,
concretamente para el cargo de juez administrativo, y la Resolución núm. CJR26-
0162 del 26 de marzo de 2026, que resolvió el recurso de reposición interpuesto
contra la decisión del 13 de enero de 2026, en el sentido de confirmar el acto
7 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
8 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
9 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
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recurrido.
27. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de 199110
que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con
otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar
de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso11.
28. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables12.
29. Ahora, si bien es cierto que las referidas resoluciones son actos de trámite, los
cuales no son susceptibles de control judicial, tal como indicó el accionante, dicha
circunstancia no conlleva automáticamente a la procedencia de la solicitud de
amparo. Lo anterior, dado que la Corte Constitucional supeditó el uso de la tutela
para controvertir actos administrativos de trámite en el marco de concursos de
méritos al cumplimiento de los siguientes requisitos:
i) [Q]ue la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; ii)
que el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se proyecte en la
decisión final; y iii) que ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho
constitucional fundamental13.
30. De ese modo, no se acreditan los requisitos expuestos, pues los actos
administrativos objeto de tutela dieron cierre a la etapa clasificatoria de la
Convocatoria 27. Además, no definieron una situación especial o sustancial, puesto
que los actos que publican resultados de pruebas en concursos de méritos solo
«conceden la expectativa de continuar con las fases posteriores»14. De ahí que el
señor Avendaño Chaparro permaneciera en el concurso y fuera incluido en el
Registro Nacional de Elegibles para el cargo de Juez Administrativo, por lo cual no
se advierte una vulneración real de sus derechos fundamentales.
31. En ese sentido, es pertinente resaltar que el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial, el 19 de mayo de 2026 15, publicó la
Resolución PCSJSR26-126, mediante la cual se conformó el Registro Nacional de
Elegibles de la Convocatoria 27 para el cargo de juez administrativo.
32. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, tal como lo indicó
10
Artículo 6. causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en […].
11 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
12 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-067 de 2022.
14 Ibidem.
15 Constancia de fijación - Resolución PCSJSR26-126.
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el accionante, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es
«procedente contra el acto definitivo»16, que corresponde a la Resolución núm.
PCSJSR26-126 del 15 de mayo de 202617, por lo que, al demandar dicho acto,
también puede debatir las Resoluciones núm. CJR26-0021 del 13 de enero de 2026
y CJR26-0162 del 26 de marzo siguiente, sobre las cuales sustentó la tutela. En tal
medida, el señor Avendaño Chaparro se encuentra en la posibilidad de controvertir
ante la jurisdicción-contencioso administrativo las decisiones que, a su juicio,
desconocieron sus garantías fundamentales.
33. De tal suerte que el señor Nairo Alfonso Avendaño Chaparro puede acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, para controvertir la Resolución núm. PCSJSR26-
126 del 15 de mayo de 2026.
34. Sin embargo, al revisar el contenido del expediente de tutela, no se observa que
el actor haya manifestado haber hecho uso del referido medio de control para
controvertir aquel acto definitivo a través del mecanismo procesal idóneo para
solicitar la protección de las garantías constitucionales y proponer los argumentos
de legalidad que plantea en este escenario judicial.
35. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el idóneo,
puesto que, de acuerdo con el artículo 13818 del CPACA, el tutelante puede solicitar
que se deje sin efectos el referido acto administrativo y, a título de restablecimiento
del derecho, se ordene valorar nuevamente los elementos que integran el factor de
capacitación adicional que incide en su puntaje final, de manera que se pueda
mejorar su ubicación en la clasificación emitida.
36. Lo anterior, por cuanto dicho escenario judicial es el espacio adecuado para
resolver lo solicitado por el actor vía de tutela, en la medida en que lo pretendido se
dirige a cuestionar las valoraciones y motivos de orden legal y reglamentario en los
que se fundamentó la administración para determinar la puntuación que dio lugar a
su clasificación y ubicación entre los aspirantes al cargo de Juez Administrativo
(270011) de la Convocatoria 27.
37. Así las cosas, se debe advertir que el juez de lo contencioso-administrativo tiene
la competencia suficiente, no solo para decidir acerca de la validez del acto
administrativo, sino también, de ser procedente, para emitir las órdenes necesarias
con el fin de restituir el derecho vulnerado por las entidades accionadas e, incluso,
ordenar la reparación de los eventuales daños.
16 De conformidad con lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia SU-067 de 2022, párr. 108.
17 «Por medio de la cual se conforma el Registro Nacional de Elegibles correspondiente al concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, para el cargo de Juez Administrativo».
18 Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general,
el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
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38. En cuanto a su eficacia, es preciso tener en cuenta que el Capítulo XI del Título
V de la Segunda Parte del CPACA prevé la posibilidad de pedir medidas cautelares
de urgencia. Al respecto, el artículo 234 establece lo siguiente:
Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o
Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los
requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el
trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a
que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución de la caución señalada en el auto que la decrete 19.
39. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha referido que la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo «cuenta con los instrumentos procesales idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales,
materializados en el conocimiento del asunto por jueces especializados y en el
decreto de medidas cautelares de protección» 20. En relación con las medidas
cautelares de urgencia, la Corte expuso lo siguiente:
El CPACA concibe las medidas cautelares de forma autónoma a la demanda
presentada, a tal punto que el requisito de conciliación prejudicial no le es aplicable a
ellas, aunque sea necesaria su acreditación para la admisión de la demanda. Según
se estableció en sentencia de tutela de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado: «(…) el juez podrá pronunciarse sobre la solicitud de la medida
cautelar, inclusive sin haber admitido la demanda, supeditando la continuidad del
proceso a que se demuestre el cumplimiento del requisito de procedibilidad, en los
términos establecidos para el efecto, en virtud de que este mismo precepto lo autoriza
cuando no sea posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, proferir
simultáneamente el auto admisorio de la demanda junto con la medida cautelar»21.
40. Asimismo, se debe advertir que las circunstancias expuestas por el actor no
evidencian la existencia de un riesgo real, grave e inminente que constituya un
perjuicio irremediable y, que requiera la intervención del juez de tutela, toda vez que
no se observa un hecho concreto que afectara su continuidad en el concurso de
méritos y, por ende, su acceso al cargo público al que aspira.
41. En este punto, conviene destacar que el principio de subsidiariedad de la tutela
exige que los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales
deben resolverse por las vías jurisdiccionales correspondientes, y solo ante la
ausencia de dichas vías o cuando estas no sean idóneas para evitar un perjuicio
irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional.
42. Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio es
improcedente en el entendido de que el agotamiento efectivo de los mecanismos de
defensa judicial, no sólo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a
19 Se transcribe incluso con errores.
20 Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2023.
21 Ibidem.
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Administración de Carrera Judicial
sus propios asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de
la acción de tutela como mecanismo de defensa, por lo que no puede ser ejercida
como un mecanismo para subsanar la falta de actividad del tutelante.
4. Conclusión
43. En consecuencia, la Sala encuentra que el escrito de tutela no superó el
requisito de subsidiariedad, en la medida en que el señor Nairo Alfonso Avendaño
Chaparro cuenta con otro mecanismo para cuestionar las decisiones que, su juicio,
resultaron adversas a sus intereses. En concreto, tiene a su alcance el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con la posibilidad de solicitar
medidas cautelares de urgencia, mecanismo previsto en el CPACA para pedir la
protección de los derechos fundamentales que, en su criterio, fueron vulnerados por
la autoridad accionada.
44.Por consiguiente, se confirmará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente la solicitud de amparo instaurada por el tutelante.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 30 de abril de 2026, proferida por la Sección
Quinta de esta corporación, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Nairo Alfonso Avendaño Chaparro, conforme a las
consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02609-01 (6479)
Accionante: Nairo Alfonso Avendaño Chaparro
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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