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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02644-01

Fecha
30 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02644-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 23 de abril de 2026, por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual, declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por Kerly Johana Trujillo Ramírez en contra del Tribunal Administrativo del Huila. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 12 Radicado: 11001-03-15-000-2026-02644-01 Demandante: Kerly Johana Trujillo Ramírez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02644-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

30 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02644-01
Demandante: Kerly Johana Trujillo Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

Temas: Tutela contra providencia judicial / Auto que negó el decreto de
medida cautelares / Subsidiariedad

Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Kerly Johana Trujillo Ramírez en
contra de la providencia proferida el 23 de abril de 2026, por el Consejo de Estado,
Sección Primera, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo de
la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Kerly Johana Trujillo Ramírez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
educación y a los principios de seguridad jurídica y legalidad, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 24 de febrero de 2026 por el
Tribunal Administrativo del Huila, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 41001-33-33-001-2023-
00195-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros, con la finalidad de
cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le

1Ver índice 002 del expediente de primera instancia. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf)
NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02644-01
Demandante: Kerly Johana Trujillo Ramírez

reconoció la sustitución del 50% de la pensión percibida por Elvia María Trujillo de
Perdomo [su madre], con la precisión de que el pago sería a corte de nómina, ya que
hasta el momento, se había realizado al compañero supérstite2 en cuantía del 100%,
y como consecuencia de ello, se le pagaría el retroactivo pensional.

2.2. El 10 de septiembre de 2025, solicitó el decreto de medida cautelar consistente
en que se ordenara a las demandadas el pago provisional de la pensión de
sobrevivientes y la inclusión en nómina de pensionados.

2.3. El Juzgado Primero Administrativo de Neiva en providencia del 17 de octubre
de 2025 negó la medida cautelar solicitada por la parte demandante, al considerar
que los fundamentos en los que se sustentó la petición no eran suficientes para su
decreto; pues las demandadas se ampararon en razones de orden legal para adoptar
las decisiones reprochadas, sin que lo planteado en el escrito fuera suficiente para
ordenar el pago provisional de la sustitución pensional. En contra de esta decisión
interpuso recurso de apelación.

2.4. El Tribunal Administrativo de Huila en providencia del 24 de febrero de 2026
confirmó la decisión del a quo, al considerar que no se acreditaron los requisitos
establecidos en el artículo 231 del CPACA, pues tanto la demanda como la cautelar
carecieron de una exposición razonada de sus fundamentos de derecho, y, no
acreditó ser titular del derecho al pago de las mesadas suspendidas; pues, el pago
cesó por falta de acreditación de escolaridad.

2.5. Las autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales «al no
otorgar la medida cautelar a pesar de haber cumplido con lo estipulado en el art. 231 del
CPACA como son los requisitos formales y materiales, como también lo reglado en sentencia
Consejo de Estado; Sentencia de 29 de noviembre de 2016, Radicación No. 11001-03- 25-
000-2012-00474-00 (1956-12). Tampoco la providencia practicó el juicio de ponderación para
determinar si la medida era idónea, necesaria y proporcional» [sic].

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales invocados al debido proceso,
igualdad, al estudio, legalidad, seguridad jurídica, precedente judicial, iura novit curia, entre
otros, por la providencia del 24 de febrero del 2026.
SEGUNDO: Dejar sin efectos la providencia del 24 de febrero del 2026.
TERCERO: Resolver en favor de la accionante la medida cautelar solicitada.
CUARTO: Ordenar a quien corresponda la inclusión en nómina pensionados a la accionada.
[...]» [sic].

2 Hernando Gómez Andrade.

2

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Demandante: Kerly Johana Trujillo Ramírez

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva3 si bien
allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

5. El Tribunal Administrativo del Huila4 luego de hacer un recuento de las
actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del medio de control en
cuestión, solicitó que se declarara improcedente la petición de amparo por cuanto no
se acreditaron los requisitos especiales de procedibilidad, o en su defecto, se negara
ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

5.1. Asimismo, informó que se ratificaba en los argumentos expuestos en la
providencia del 24 de febrero de 2026. En dicha oportunidad advirtió que la
demandante pretendió la nulidad de las Resoluciones 868 del 6 de febrero de 2020
y 3912 del 23 de julio de 2020, mediante las cuales la Secretaría de Educación del
departamento del Huila modificó la Resolución 4566 del 14 de junio de 2019.

5.2. Aunque este último acto le reconoció el 50 % de la sustitución pensional con
efectos desde el 1 de marzo de 2016, los actos demandados limitaron el pago a partir
del corte de nómina, al considerar que la prestación ya había sido pagada al
compañero permanente de la causante. Como restablecimiento del derecho, se
solicitó el reconocimiento del retroactivo pensional desde febrero de 2019 y los
intereses moratorios.

5.3. Mientras que, la demandante pidió, como medida cautelar, el pago provisional
de la sustitución pensional por el perjuicio que le ocasionaba la suspensión del
reconocimiento. Al verificar dicha solicitud, presentada oportunamente, la Sala
examinó el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA.

5.4. En ese contexto, concluyó que no se acreditó la necesidad de la medida
cautelar prevista en el artículo 229 del CPACA., pues la eventual protección del
derecho reclamado podía garantizarse con la sentencia de mérito, una vez se
determinara si la demandante cumplía los requisitos legales para acceder a la
prestación.

5.5. Además, advirtió que acceder a la solicitud implicaría anticipar los efectos de
una decisión favorable, con lo cual desnaturalizaría la finalidad de las medidas
cautelares. En consecuencia, al no cumplirse los requisitos del artículo 231 del
CPACA y permanecer suspendido el reconocimiento del 50 % de la sustitución

3 Ver índice 8 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
11_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-OficioNo115(.pdf) NroActua 8.
4 Ver índice 9 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
14RECIBEMEMORIAL_InformeConsejodeEsta(.pdf) NroActua 9.

3

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Demandante: Kerly Johana Trujillo Ramírez

pensional por no acreditarse la condición de estudiante de la demandante, confirmó
la decisión que negó la medida cautelar.

6. La Fiduprevisora S.A.5, el Ministerio de Educación Nacional6 y el
departamento del Huila7 solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva. Asimismo, que se declarara improcedente la petición de amparo
ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

7. Hernando Gómez Andrade guardó silencio.

1.3. Sentencia de primera instancia8

8. El Consejo de Estado, Sección Primera en sentencia del 23 de abril de 2026
declaró improcedente la petición de amparo al considerar que no se acreditó el
requisito general de la subsidiariedad, en razón a que el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que fue proferida la providencia cuestionada está
en trámite, sin que se advierta que dicha decisión impida el acceso a la administración
de justicia o su derecho a la tutela judicial efectiva.

9. En efecto, la confirmación del auto del 17 de octubre de 2025, que negó la
medida cautelar, no limitó el ejercicio del derecho de defensa y contradicción de la
demandante ni define de manera definitiva su situación jurídica, pues ello será
resuelto en la sentencia de primera instancia, la cual podrá ser apelada.

10. Asimismo, no se advirtió la existencia de un perjuicio irremediable que
justificara la intervención del juez de tutela.

1.4. Escrito de impugnación9

11. Kerly Johana Trujillo Ramírez impugnó la decisión del a quo, para lo cual,
precisó que, se declaró improcedente la petición de amparo por no evidenciarse un
perjuicio irremediable, pero no fundamentó en debida forma esa afirmación.

2. Consideraciones

12. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y de las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en

5 Ver índice 10 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
16RECIBEMEMORIAL_20261091002200901(.pdf) NroActua 10.
6 Ver índice 12 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
20RECIBEMEMORIAL_Memorial_2026EE132799Comunica(.pdf) NroActua 12.
7 Ver índice 15 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
27_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 15.
8 Ver índice 17 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
29Sentencia_20260264400KERLYJOHA(.pdf) NroActua 17.
9 Ver índice 21 de Samai en primera instancia. Archivo denominado 32_MemorialWeb_Recurso-

recursoKERLYJOHANA(.pdf) NroActua 21.

4

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Demandante: Kerly Johana Trujillo Ramírez

el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 200010 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201911, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

14. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado12 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema13. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

15. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

16. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo14, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta

10 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.

11 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: Kerly Johana Trujillo Ramírez

solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

17. Ahora bien, la Corte Constitucional15 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

18. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos16,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales17.

19. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

20. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si la
presente solicitud de tutela cumple con el requisito general de la subsidiariedad?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad

21. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia

15 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
16 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

6

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de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

22. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia18, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Sobre el caso concreto

23. Kerly Johana Trujillo Ramírez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se deje sin efectos la
providencia proferida el 24 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Huila,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado 41001-33-33-001-2023-00195-01

24. Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda las actuaciones adelantadas
en el referido medio de control según consta en Samai19, así:

25. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros, con la finalidad de
cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le
reconoció la sustitución del 50% de la pensión percibida por Elvia María Trujillo de
Perdomo [su madre], con la precisión de que el pago sería a corte de nómina, ya que
hasta el momento, se había realizado al compañero supérstite en cuantía del 100%,
y como consecuencia de ello, se le pagara el retroactivo pensional.

26. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva en
providencia del 29 de enero de 2024 admitió la demanda promovida por Kerly Johana
Trujillo Ramírez contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, departamento del Huila, Fiduprevisora S.A.
y Hernando Gómez Andrade.

18 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.
19 Ver el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado

41001333300120230019501.

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Demandante: Kerly Johana Trujillo Ramírez

27. En Oficio No. 438 del 12 de junio de 2024 se solicitó:

28. En providencia del 10 de julio de 2024 requirió al apoderado de la parte
demandante para que acreditara la radicación o envío del Oficio 438 del 12 de junio
del mismo año ante la parte demandada.

29. En providencia del 5 de agosto de 2024 se ordenó la práctica de la notificación
del auto admisorio del 29 de enero de 2024 al demandado Hernando Gómez Andrade
por aviso.

30. En providencia del 27 de septiembre de 2024 se requirió a la parte demandante
para que diera cumplimiento a lo dispuesto en auto del 5 de agosto, es decir, proceder
a la práctica de la notificación del auto admisorio del 29 de enero de 2024 al
demandado Hernando Gómez Andrade por aviso, conforme lo dispone el artículo 292
del C.G.P.

31. En providencia del 15 de noviembre de 2024 exhortó a la parte demandante
para que procediera a la práctica de la notificación del auto admisorio al demandado
Hernando Gómez Andrade, conforme se dispuso en providencia del 5 de agosto de
2024.

32. En providencia del 24 de febrero de 2025 se reconoció personería adjetiva al
profesional del derecho Martín Orlando Méndez Amador, para que actuara como
apoderado principal de la entidad demandada Nación, Ministerio de Educación
Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

33. En providencia del 23 de mayo de 2025 resolvió tener por notificada por
conducta concluyente a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio del auto admisorio del 29 de enero de 2024.

34. En providencia del 8 de septiembre del 2025 requirió a la apoderada del
departamento del Huila, para que allegara copia de los antecedentes administrativos.

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Demandante: Kerly Johana Trujillo Ramírez

35. El 10 de septiembre de 2025, la parte demandante solicitó la siguiente medida
cautelar:

36. Lo anterior, con fundamento en lo siguiente:

37. En providencia del 25 de septiembre de 2025 se corrió traslado de la medida
cautelar a la parte demandada.

38. En providencia del 17 de octubre de 2025 se negó la solicitud de decretar la
medida cautelar solicitada por la demandante, con fundamento en lo siguiente:

«[…] Esta judicatura al analizar la solicitud, encuentra que no hay lugar a decretar la
medida provisional solicitada, toda vez que los fundamentos en los cuales se sustenta la
petición, no son suficientes para su decreto, ya que las entidades demandadas al expedir
los actos administrativos acusados se ampararon en razones de orden legal al adoptar tal
decisión, por lo que no se considera suficiente la argumentación de la parte actora para
proceder a suspender en esta oportunidad procesal los efectos jurídicos de dichos actos
para en su lugar, ordenar el pago provisional de la sustitución pensional a la demandante.

Dentro de este contexto, considera esta judicatura del material probatorio aportado por las
partes al medio de control, que será motivo de análisis lo solicitado, al momento de
estudiar el fondo del asunto y se resuelva el medio de control, máxime cuando ya se
adecuó el expediente para proferir sentencia anticipada. […]» [sic].

39. El 30 de octubre de 2025 ingresó al despacho para sentencia.

40. En providencia del 14 de noviembre de 2025 decidió no reponer la anterior
decisión y conceder el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

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Demandante: Kerly Johana Trujillo Ramírez

41. El Tribunal Administrativo del Huila en providencia del 24 de febrero de 2026
confirmó la negativa de declarar la medida cautelar solicitada, en los siguientes
términos:

«[…] Así pues, al examinar los requisitos previstos en el artículo 231 del C.P.A.C.A., a
juicio de esta Corporación, no se encuentran reunidos, toda vez que (i) tanto la demanda
como la cautela carecen de una exposición razonada de sus fundamentos de derecho. Y,
aunque se prescindiera de este requisito y en gracia de discusión se aceptara que la
argumentación expuesta es suficiente para su cumplimiento, lo cierto es que (ii) no se
acredita ser titular del derecho al pago de las mesadas suspendidas; pues, se itera, el
pago cesó por falta de acreditación de escolaridad de la demandante, y hasta este
momento, no reposa en el expediente judicial ni administrativo un documento que
certifique que la señora Kerly Johanna Trujillo Ramírez ha estado estudiando desde el
mes de mayo en adelante.

Igualmente, (iii) no se advierte que resulte más gravoso para el interés público negar la
medida cautelar que concederla, porque, tal como lo planteó la a quo, no reposa ningún
documento o información que permita a este Tribunal efectuar una ponderación de
intereses, tal como lo exige el numeral 3 del artículo 231 del C.P.A.C.A.; máxime si se
tiene en cuenta lo considerado en el párrafo anterior.

En últimas, lo consignado en la solicitud de medida cautelar, se trata de meras
afirmaciones que carecen de sustento probatorio e impiden –como señala la norma
ibídem– acudir a un juicio de ponderación de intereses. […]» [sic].

42. En razón a la controversia a decidir, se recuerda que el artículo 233 del CPACA
en relación con la solicitud de medidas cautelares en los procesos de lo contencioso-
administrativo indica que:

Artículo 233. Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares:
[…]

La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en
cualquier estado del proceso.

43. A partir de lo expuesto, la Sala considera que la solicitud de tutela interpuesta
por Kerly Johana Trujillo Ramírez no satisface el requisito de subsidiariedad, toda vez
que el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho sigue en curso.
Frente a lo cual, se advierte que, en el mismo proceso, conforme a la normativa ya
citada, puede volver a solicitar una medida cautelar si lo considera, pues se evidencia
que la negativa obedeció a una indebida argumentación y a una ausencia de prueba,
ya que hasta el momento no había acreditado ser titular del derecho al pago de las
mesadas suspendidas, tan es así que el pago cesó por falta de acreditación de
escolaridad. Sin embargo, de acuerdo con lo expresado en el escrito de tutela, la
demandante precisa que sí estudia, razón por la cual, debe allegar las pruebas
correspondientes antes el juez natural del asunto.

44. Por lo cual, ante una nueva variación de las circunstancias [debida
argumentación y pruebas debidamente allegadas] puede volver a solicitar la medida
cautelar. En ese sentido, en este medio de control, «la medida cautelar da mayor grado

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Demandante: Kerly Johana Trujillo Ramírez

de eficacia con el propósito de garantizar la protección de derechos fundamentales»20. Para
finalizar, se recuerda que la tutela no puede convertirse en un medio paralelo, por lo
que el asunto debe resolverse en el marco del proceso contencioso-administrativo en
curso, entre otras para no desnaturalizar el carácter subsidiario del amparo
constitucional.

45. Al respecto, conviene recordar lo dicho por la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 20 de mayo del 2022, que resolvió:

«[…] Así mismo, cabe recordar que cuando se cuestionan providencias judiciales, la
subsidiariedad debe considerarse a partir de 2 circunstancias. La primera, si el proceso
judicial ha terminado, y la segunda, si aún se encuentra en curso. En el último caso, la
competencia del juez de tutela es aún mas restringida, pues la acción de tutela no puede
convertirse en un mecanismo alternativo o paralelo para resolver los problemas jurídicos
o desavenencias que por naturaleza deben resolverse al interior de los procesos
judiciales.

En ese orden de ideas, por regla general, la acción de tutela no procede cuando el proceso
judicial en el que se han expedido las providencias acusadas aún esta en trámite, habida
cuenta de que es el propio proceso el escenario adecuado para hacer valer los derechos
que las partes estimen vulnerados…]» [sic]21.

46. Ahora bien, frente al puntual reproche del escrito de impugnación, la Sala
precisa que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, la declaratoria de
improcedencia en primera instancia se fundamentó en la falta de acreditación del
requisito general de la subsidiariedad, precisamente porque el medio de control
estaba en curso, sin que pudiera evidenciarse una vulneración al acceso a la
administración de justicia por la providencia cuestionada.

47. Asimismo, aunque la parte demandante cuestionó que se concluyera, sin
mayor desarrollo argumentativo, la inexistencia de un perjuicio irremediable, lo cierto
es que le correspondía acreditar su configuración, y no a la autoridad judicial
desvirtuarla. Sin embargo, tal circunstancia no quedó demostrada, pues en la tutela
sostuvo que dicho perjuicio consistía en la denegación definitiva de justicia y de
reparación por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Ese
planteamiento carece de sustento, toda vez que, según las actuaciones registradas
en Samai y lo señalado por el a quo en la providencia cuestionada, el expediente ya
ingresó al despacho para dictar sentencia anticipada, oportunidad en la que se
resolverá de fondo la controversia:

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Rad. 11001-03-15-2022-01707-00, 9 de mayo

del 2022. CP: César Palomino Cortes.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Rad. 11001-03-15-000-2022-02041-00, 20 de

mayo del 2022. CP: José Roberto Sáchica Méndez.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02644-01
Demandante: Kerly Johana Trujillo Ramírez

48. A partir de lo expuesto, la solicitud de tutela presentada por Kerly Johana
Trujillo Ramírez no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el proceso
de nulidad y restablecimiento de derecho identificado con el radicado 41001-33-33-
001-2023-00195-01, se encuentra en trámite y dentro del mismo puede solicitar la
medida cautelar que estime pertinente, con la documentación requerida. Frente a lo
cual se advierte que en el sistema jurídico no puede permitirse el paralelismo o la
concurrencia de competencias entre el juez natural del asunto y el de tutela, ni el
ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se propone.

49. Se recuerda que, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el
fondo del asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales de
procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales. De tal manera
debe concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de subsidiariedad.

3. Conclusión

50. En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo, mediante la
cual declaró improcedente, por no superar el requisito de la subsidiariedad, la
solicitud de amparo presentada por Kerly Johana Trujillo Ramírez contra el Tribunal
Administrativo del Huila.

51. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 23 de abril de 2026, por el Consejo de
Estado, Sección Primera, mediante la cual, declaró improcedente la solicitud de tutela
presentada por Kerly Johana Trujillo Ramírez en contra del Tribunal Administrativo
del Huila.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02644-01
Demandante: Kerly Johana Trujillo Ramírez

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

13

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