Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00474-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00474-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2012-00474-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001-03-25-000-2012-00474 00 (1956-2012)
Demandante: Abel Rodríguez Céspedes
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación1
Tema: Sanción disciplinaria.
Sentencia de única instancia
Asunto
La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho interpuesto por Abel Rodríguez Céspedes en contra
de la Nación, Procuraduría General de la Nación.
I. Antecedentes
1.1. La demanda2
1.1.1. Pretensiones
1. Abel Rodríguez Céspedes presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1.1. Acto sancionatorio del 28 de julio de 2011 proferido por el procurador general
de la Nación mediante el cual lo declaró responsable disciplinariamente de las
faltas previstas en el artículo 48.3 y 48.31 de la Ley 734 de 2002 y lo sancionó
con destitución e inhabilidad general por el término de 12 años.
1.2. Acto del 12 de diciembre de 2011 que confirmó la anterior decisión al resolver
el recurso de reposición.
1 Dentro del proyecto será referenciada como PGN.
2 Índice 2, Samai archivo «4ED_RVENVIOEXPEDIENTEDIG(.pdf) NroActua 2» folios 6 a 63 del
expediente C01principal [12 a 70 del archivo PDF].
3 En adelante CPACA.
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2. De forma subsidiaria, solicitó la nulidad parcial de la sanción disciplinaria impuesta
y la reducción de «su tasación».
3. A título de restablecimiento del derecho pidió (i) el pago de perjuicios materiales
por concepto de lucro cesante, en el equivalente a lo que dejó de percibir desde que
quedó en firme la inhabilidad decretada, en suma aproximada a $107.206.066, así
como los intereses causados desde la fecha en que debieron pagarse; (ii) una
indemnización por daño moral de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes;
(iii) la actualización de las anteriores sumas; y (i) la condena en costas de la entidad
demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. En la demanda se narraron los siguientes hechos:
4.1. Abel Rodríguez Céspedes se desempeñó como secretario de educación de
Bogotá D.C. desde el 1 de enero de 2004, cargo en el que fue nombrado mediante
Decreto 001 de esa fecha.
4.2. En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social y de obras públicas 2004
– 2008 «Bogotá sin indiferencia», aprobado mediante Acuerdo 119 del 3 de junio de
2004, y del Plan Sectorial de Educación «Bogotá una gran escuela», adoptado por la
Secretaría de Educación territorial, se adelantó el proceso de adquisición de lotes
para la construcción de centros educativos escolares en el Distrito de Bogotá.
4.3. Uno de estos bienes fue el terreno denominado « El Clavel», localizado en el
barrio Mochuelo Bajo de la localidad Ciudad Bolívar, con el propósito de construir
un colegio que sustituyera el que venía prestando sus servicios a la comunidad. Esa
última edificación estaba ubicada cerca al terreno de disposición de basuras «Doña
Juana» y a una ladrillera en actividad, se encontraba en «pésimas» condiciones y no
tenía las bases estructurales para resistir una emergencia telúrica ni los estándares
arquitectónicos y urbanísticos exigidos para la labor educativa.
4.4. Aunque la compraventa se adelantó bajo las reglas vigentes, «alguna persona
desconocida» adulteró el avalúo del predio que había realizado la firma que fue
contratada para ese fin. De acuerdo con la Cámara de Propiedad Raíz, «El Clavel»
tenía un valor de $192.680.880 [$3.500 por metro cuadrado]. Sin embargo, el valor
que se pagó como precio fue de $1.491.043.208.
4.5. Elsubsecretario de educación de Bogotá puso en conocimiento de las
autoridades la situación expuesta. El 3 de septiembre de 2007, la Procuraduría
Segunda Distrital abrió la investigación preliminar para determinar las posibles
conductas irregulares e identificar sus autores. Con base en ello, el 21 de noviembre
de igual año se dispuso la investigación disciplinaria en contra de Abel Rodríguez
Céspedes, entre otros funcionarios que estuvieron relacionados con el proceso
contractual de adquisición del predio «El Clavel».
4.6. Por auto del 2 de mayo de 2010, la autoridad disciplinaria formuló cargos al
investigado por la conducta tipificada en los artículos 48.31 y 48.3 de la Ley 734 de
2002, por: «[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
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detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios de la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley»
y por «[i]ncrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor
propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga».
4.7. Con acto de única instancia del 28 de julio de 2011, la Procuraduría General de
la Nación declaró disciplinariamente responsable al investigado de las faltas
imputadas y le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por 12 años.
4.8. La decisión fue objeto de reposición, recurso que fue resuelto por acto del 12 de
diciembre de 2011, en el sentido de confirmar el anterior.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Se citaron como tales los artículos 29 de la Constitución Política; 11, 28, 30 y 119
de la Ley 734 de 2002.
6. En cuanto al concepto de violación, el demandante expuso que aunque,
formalmente, el proceso disciplinario se adelantó con arreglo a las disposiciones
que rigen la materia, la PGN desconoció los plazos legales y se fundó en premisas
erróneas, que fueron desvirtuadas en el trámite administrativo, así:
6.1. Se configuró la prescripción de la acción disciplinaria. De conformidad con
el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, el fenómeno operaba «en cinco años, contados
para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter
permanente o continuado desde la realización del último acto».
6.2. De acuerdo con la jurisprudencia4, se debían excluir todas aquellas
interpretaciones que no tuvieran en cuenta la notificación de las providencias que
resolvían los recursos de apelación o de queja.
6.3. La primera de las conductas reprochadas fue subsumida en el artículo 48.3 de
la Ley 734 de 2002 al considerar que el secretario de educación participó en la
actividad contractual «en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal». La segunda, se adecuó al contenido del
artículo 48.3, con fundamento en que el investigado « permitió o toleró» que el
propietario del bien «incrementara injustificadamente su patrimonio». No obstante, ya
había operado la prescripción respecto de ambos comportamientos, para el
momento en el que quedó en firme el acto sancionatorio.
6.4. La compraventa era un contrato cuyo objeto era el de transferir el dominio de un
bien. Esa finalidad se concretaba con la protocolización de la escritura pública ante
notario y su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Por lo
tanto, el término de los 5 años de prescripción de la acción disciplinaria debía
contabilizarse desde que se perfeccionó la venta.
6.5. En el presente asunto, la escritura pública se firmó el 9 de agosto de 2006, con
lo cual se perfeccionó la compraventa, de acuerdo con el artículo 1857 del Código
4 Invocó la sentencia del 1 de marzo de 2011 de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, sin indicar radicado, y la sentencia C-1076 de 2002 que declaró la exequibilidad del inciso
segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.
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Civil. Por lo tanto, la prescripción para la falta prevista en el artículo 48.3 de la Ley
734 de 2002 se cumplió el 9 de agosto de 2011. Aun si se comenzara a computar
desde el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos, ello habría ocurrido el 22
de agosto de 2011. Sin embargo, los actos disciplinarios solo quedaron
ejecutoriados hasta el 17 de enero de 2012.
6.6. Por su parte, la PGN consideró que el término inició desde la fecha de la última
cuenta radicada por el vendedor del predio, el 13 de diciembre de 2006, no obstante,
el último pago fue efectivamente realizado el 22 de diciembre de 2006; por lo tanto,
debía tomarse como extremo final de la conducta. En consecuencia la prescripción
operó el 22 de diciembre de 2011. Sin embargo, la decisión de la PGN respecto del
recurso interpuesto se notificó por edicto desfijado el 17 de enero de 2012.
6.7. Se vulneró el debido proceso, por el desconocimiento de las competencias
asignadas a cada uno de los servidores de la Secretaría de Educación del
Distrito y de las pruebas de descargo que eximían de responsabilidad al
demandante.
6.8. En relación con el primer cargo imputado, la demandada sostuvo que al suscribir
la escritura pública de compraventa por la cual se adquirió « El Clavel», en el que se
construyó el «Colegio Mochuelo Bajo», se incurrió en falta de planeación al haber
dejado de considerar los siguientes aspectos: las deficiencias estructurales del
terreno; la falta de servicios públicos; la existencia de una línea de transmisión de
energía que atravesaba el terreno; la pluralidad de titulares propietarios de aquel; la
existencia de un título minero que lo afectaba; no estaba permitida la actividad
educativa en el terreno; y que no había cercanía al lugar de habitación de los
estudiantes.
6.9. Con lo anterior, la entidad desconoció que si bien tenía la calidad de ordenador
del gasto, el secretario de educación no era el encargado de adelantar todas y cada
una de las gestiones necesarias para la celebración del contrato. Aunque, él era
responsable del negocio jurídico, sus funciones se apoyaban en otros servidores
que tenían labores específicas en el área de adquisición de predios, de acuerdo con
la Resolución 3800 del 15 de septiembre de 2005, que contenía el Manual de
Funciones y Competencias Laborales.
6.10. Con este último acto, se podían determinar las actuaciones que les
correspondían al secretario de despacho, subsecretario de educación, director
técnico y al subdirector técnico. Con ello, se podían determinar que existían varios
controles de verificación y revisión de los documentos relacionados con la
contratación para la adquisición de predios. El disciplinado actuó de buena fe, bajo
la confianza de que sus subalternos «eran legales» y cumplían con los elementos de
conformidad técnica y legal. Sin embargo, la PGN no tuvo en cuenta la falsificación
de los avalúos.
6.11. En cuanto a las pruebas de descargo, la Secretaría de Educación de Bogotá
proyectó la construcción de 38 instituciones distritales, para lo cual impuso los
siguientes parámetros para la adquisición de los terrenos: ubicación, de preferencia,
en las localidades de San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar;
«lo más cerca posible» a la residencia de los estudiantes; ser estratos 1 y 2; áreas
mínimas entre 10.000 m2 y 22.000 m2, para colegios de 2400 estudiantes; contar
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con servicios públicos; la zona de ubicación debía ser compatible con el uso
requerido para el proyecto; no podían estar localizados en zonas de alto riesgo o
amenaza identificadas por la DPAE.
6.12. Los anteriores parámetros no fueron fijados en norma alguna y se definieron
como ideales. A pesar de ello, no existía disponibilidad real de inmuebles con esas
características, por lo que era necesario elegir aquel que presentara deficiencias
que pudieran ser superadas.
6.13. Dentro de los trámites adelantados por la Secretaría de Educación, se abrió la
Convocatoria 203/04 para la selección del consultor encargado de los estudios
técnicos, jurídicos y económicos. Fue así como se celebró el contrato 163/2004 con
el ingeniero Walter Álvarez para tal fin, quien emitió el concepto para establecer las
condiciones de los predios ofrecidos a la Secretaría de Educación. Tal documento
evidenció varias deficiencias en todos los predios revisados, incluso en el que
finalmente se adquirió.
6.14. La PGN le otorgó un alcance a tal concepto que no tenía y adoptó como ciertas
e incontrovertibles las falencias que aquel describió, cuando aquellas eran
susceptibles de ser superadas, como en efecto lo fueron, así:
# Imputación de la PGN Elementos que la desvirtuaban
Paso de una línea de transmisión
La línea de transmisión de energía no era de alto voltaje,
de energía de 115kv Tibabuyes-T
no representaba peligro para la comunidad educativa. El
1 Suba, en círculo sencillo, que exigía
problema era subsanable pues la misma empresa de
respetar una franja de aislamiento
energía la reubicó lejos del colegio.
de 10m a lado y lado del eje
La misma Circular 2-2006-32162 de la Oficina de
Planeación Distrital determinó la viabilidad de la
«Problemas fundados en el uso del
realización del proyecto de un centro educativo. Ello fue
suelo, pues solo en el terreno
2 ratificado con el Oficio 6-3-1517 de la misma oficina que
escogido no estaba autorizada la
hizo parte de los antecedentes de la Resolución 07-
destinación educativa» [sic].
030155 del 6 de febrero de 2006 de la Curaduría Urbana
3.
De acuerdo con el informe de Walter Álvarez del 18 de
octubre de 2005, el terreno sí contaba con servicios
públicos. Según Oficio E-2007 del 5 de diciembre de
2006 dirigido al encargado de expedir la licencia de
«El inmueble no contaba con el
3 construcción, para este predio estaba diseñado con el
servicio de alcantarillado» [sic].
sistema de pozo séptico y garantizaba el normal
funcionamiento del colegio. En todo caso, se allegaron
los certificados de disponibilidad emitidos por cada una
de las empresas de servicios públicos 5.
No se adelantó el estudio de El terreno se encontraba a unos 1000m del lugar en el
cercanía al sitio de residencia de que habitaban los niños. Las viviendas más cercanas
4 los niños que estudiarían en el estaban más próximas al lugar de disposición de
plantel, ni sobre la viabilidad de residuos «Doña Juana» y lo pretendido era ofrecer un
servicios públicos. lugar con menos contaminación.
Sí se consultó a las siguientes entidades:
«La SED no contó previamente con
• Departamento de Planeación, el cual presentó
Planeación Distrital, el
concepto de viabilidad para la construcción del colegio.
Departamento Administrativo del
• El DAMA también emitió el Oficio 178342,
medio Ambiente DAMA y la
rad.:2008EE11727 del 5 de mayo de 2006, que fue
5 Dirección de Prevención de
tenido en cuenta por la Curaduría Urbana 3, según el
Emergencias y Desastres DIPAE,
cual el predio «no se encuentra afectado por ningún
para que desde sus competencias
componente de la EEP – Estructura Ecológica
conceptuara sobre la “alta
Principal.»
fragilidad”» [sic].
• DPAE expidió el concepto técnico FOPAE 1-
5 Empresa de Acueducto Mochuelo Bajo Asociación de Usuarios de Aguas Calientes; Codensa; ETB;
Gas Natural; y Aseo Capital.
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2006-23541 del 16 de enero de 2007 en el concluyó que
«el proyecto “CED MOCHUELO BAJO” CUMPLE con
los términos de referencia establecidos en el Decreto
190 de 2004 artículo 141.1, literal b).
La secretaría no contó con un
adecuado y oportuno estudio de
títulos que hubiera permitido
La pluralidad de propietarios no afectaba la negociación
establecer que el predio era una
del predio. Sobre la falta de precisión sobre la
unidad conformada por
proporción del terrero, el promitente vendedor presentó
51.879.68m2 y sobre ella poseían
un mapa que contenía la división material del bien.
derechos de dominio 4 propietarios
en común y proindiviso, de
El contrato de consultoría tenía por objeto la
conformidad con el certificado de
6 preselección de los inmuebles y no la decisión definitiva
tradición y libertad. No se
respecto de aquellos. El consultor no descartó por
estableció previamente cuál era la
inconveniente el terreno El Clavel sino que lo calificó
porción del promitente vendedor y
como la «opción C». Dicho análisis se sometió al comité
no era posible su desenglobe. Por
de expertos, de conformidad con el Manual de
tratarse de un predio rural, no
Adquisición de Predios de la Alcaldía, conforme con el
podían hacerse subdivisiones de
cual se calificó la mencionada opción como «la mejor».
áreas menores a 30.000m2, según
el Acuerdo 6 de 1990 y el Decreto
322 de 1992, artículo 2.
El profesional contratado conceptuó como ingeniero
catastral, pero no sobre la viabilidad del terreno como
experto en construcciones escolares. Según la
Resolución 911 de 2004, que incorporó el procedimiento
La administración «soslayó» las SPF-PD10 «Adquisición de predios para la construcción
observaciones formuladas por el de IED», la decisión sobre el predio le correspondía al
7
consultor contratado para evaluar comité de expertos.
los predios ofertados a la SED.
En consecuencia, no se soslayaron las observaciones
del experto, sino que se constituía en uno de los trámites
que se debían agotar para evaluar la propuesta más
favorable.
La administración «pasó por La Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillo y
encima» de las afectaciones o Materiales de Construcción (ANAFALCO), emitió la
limitaciones sobre el predio El comunicación del 6 de junio de 2006 en la cual resolvió
8
Clavel, que estaba incluido dentro «hacer devolución del área solicitada» por la SED
del título minero BA3-152, para Bogotá a la autoridad minera, con lo cual se redujo el
explotación minera. área objeto del contrato.
Con base en los documentos allegados, se presentó la
primera oferta de compra del terreno por la suma de
$369.797.760. Una vez aceptada la anterior oferta, se
suscribió promesa de compraventa el 21 de diciembre
de 2005, entre la SED Bogotá y Néstor Germán
Castañeda Aguirre por el inmueble El Clavel, con un
En cuanto al valor del predio, la
área de 14.911,20 m2.
adquisición realizada por el
disciplinado se apartó de lo
Más adelante, se definió la necesidad de adquirir todo el
consignado en el contrato de
terreno con una extensión de 51.879,68 m2, lo cual
promesa de compraventa del 21 de
9 requirió un nuevo estudio de títulos y un nuevo avalúo
diciembre de 2005, en la que se
comercial que, aparentemente, realizó la Cámara de
precisó que la transacción se haría
Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria el 3 de abril de 2006,
como cuerpo cierto, con lo que se
por valor de $1.286.616.064.
desconoció el artículo 1889 del
C.C.
Como consecuencia de lo anterior se suscribió el otrosí
del 21 de diciembre de 2005, de acuerdo con las
recomendaciones de la consultoría. Finalmente,
Catastro Distrital certificó que el área real del terreno El
Clavel era de 60.122,71 m2, mediante oficio 21100-6505
del 17 de julio de 2006.
6.15. En relación con esta última imputación, de acuerdo con la tesis de la PGN se
debía mantener el precio definido en la promesa de compraventa, por tratarse del
pago de cuerpo cierto, aunque más adelante se constató una diferencia en las
medidas del inmueble en proporción de 8.243,03 m2. Ello le imponía al vendedor
enajenar el predio por un precio inferior, lo cual vulneraba los principios de buena fe
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y transparencia, que se presumían de la administración según los artículos 83 de la
C.P. y 24 de la Ley 80 de 1993.
6.16. Error invencible eximente de responsabilidad. Aunque el hecho que motivó
que la SED pagara una suma superior a la que realmente correspondía por el predio
El Clavel fue la falsificación del avalúo emitido por la Lonja de Propiedad Raíz, la
PGN se basó en afirmaciones que pretendían demostrar una presunta ausencia de
planeación como principio de la contratación pública y no resolvió sobre el vínculo
del demandante con la citada falsedad.
6.17. La falsificación del avalúo se constituía en un tema trascendental, debido a que
se configuró una causal de exclusión de responsabilidad, de conformidad con el
artículo 28 de la Ley 734 de 2002, esto es, la convicción errada e invencible de que
su conducta no era típica.
6.18. El error invencible se sustentaba en que cada funcionario público tenía unos
deberes y funciones respecto de su cargo y debía «responder personalmente por las
tareas y por el ejercicio de la autoridad» que se les delegara. Entonces, era necesario
analizar el ejercicio de las labores que Abel Rodríguez Céspedes había delegado
en otros servidores, como las asignadas a Liliana González, quien debía elaborar y
compilar todos los documentos para la adquisición del predio.
6.19. En el evento en que no se acogieran los anteriores argumentos, era procedente
la adecuación de los elementos de la responsabilidad disciplinaria, pues los hechos
objeto de investigación no correspondían a una falta gravísima ni a una modalidad
dolosa, sino a una grave a título de culpa grave, en los términos del artículo 44 de
la Ley 734 de 2002.
1.2. Contestación de la demanda6
7. Laentidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en lo siguiente:
7.1. Los actos administrativos disciplinarios en sede judicial debían someterse a un
juicio de validez y no de corrección. Por lo tanto, la existencia de diferencias
interpretativas entre lo que se decidió en sede administrativa y lo que podría definir
el juez no era una razón suficiente para invalidar la sanción.
7.2. En el presente asunto, aunque se llegara a tomar el 9 de agosto de 2006 como
fecha de perfeccionamiento del negocio jurídico y, por tanto, el inicio del término
para que se definiera la situación jurídica del disciplinado, la autoridad cumplió con
el deber de proferir la decisión sancionatoria dentro del término previsto en el
artículo 30 de la Ley 734 de 2002.
7.3. Lo anterior en atención a que, según la citada norma, la acción disciplinaria
prescribía en 5 años contados a partir del día su consumación para las faltas
instantáneas y desde la realización del último acto en las de carácter permanente o
continuado. De conformidad con la sentencia del 29 de septiembre de 2009 del
6 Ff. 629 a 654, cuaderno principal.
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Consejo de Estado7, la prescripción se interrumpe con la expedición del acto
administrativo primigenio y su debida notificación al disciplinado.
7.4. En ese orden, como las imputaciones efectuadas al disciplinado estuvieron
determinadas por el detrimento patrimonial del ente territorial al adquirir el predio El
Clavel, mediante escritura pública 1544 del 9 de agosto de 2006, y permitir el
incremento patrimonial de un tercero, las conductas se prolongaron hasta el último
pago que se realizó por el contrato de compraventa. Este debió producirse después
del 13 de diciembre de 2006 y el acto principal se expidió el 28 de julio de 2011. En
consecuencia, la acción disciplinada aún no había prescrito.
7.5. En cuanto a la alegada vulneración del debido proceso, la demanda no precisó
en concreto de qué forma se afectó tal derecho fundamental. No se indicó
expresamente cuáles fueron las pruebas que fueron «tergiversadas». En este
sentido, el juzgador no tenía una tarifa legal de prueba y tenía la libertad de emitir
juicios de valor respecto de los elementos de convicción allegados, bajo los criterios
de la sana crítica, libertad de la prueba e investigación integral.
7.6. Se estructuraron los elementos de la responsabilidad disciplinaria, toda vez que
se probó que la interventora tuvo conocimiento de los valores realmente avaluados
desde su recibo (15 de diciembre de 2005) hasta la firma de la oferta de compra (20
de diciembre de 2005), cuando se tuvo como base el «avalúo falso». En este acto
intervinieron tanto el demandante, en condición de ordenador del gasto, como
Liliana González, como interventora.
7.7. Si bien, el actor no era la persona encargada de realizar las tareas secretariales
tales como la conformación de la carpeta contractual o la incorporación de los
avalúos, también era cierto que el impacto social y la cuantía del contrato
ameritaban que sus actuaciones se enmarcaran en parámetros de eficiencia. De
esa forma, habría podido impedir que la SED adelantara el proceso contractual con
base en un avalúo falso. Adicionalmente, se estaban adelantando procesos
contractuales similares, dirigidos a localidades específicas, que le habrían dado un
marco de referencia respecto de los precios manejados por metro cuadrado.
7.8. Además, el actor tuvo conocimiento del avalúo entregado a la interventora en
2005, comoquiera que actuó como ordenador del gasto desde el inicio de las
actuaciones contractuales. Asimismo, como tenía el cargo de mayor jerarquía
dentro de la SED tenía la posibilidad de indagar sobre los procesos que se
adelantaban, para comprometer los recursos de la administración y de exigirles a
sus asesores y funcionarios «un mayor y mejor rendimiento» con el fin de optimizar la
inversión de los recursos. Por esa razón tampoco podía admitirse que existió una
convicción errada e invencible de que el comportamiento reprochado no constituía
falta disciplinaria.
7.9. En todo caso, no eran necesarios los razonamientos sobre la falsificación del
documento de avalúo, puesto no se le imputó tal falsedad al disciplinado.
7.10. En el proceso disciplinario, se cuestionó la violación del proceso de planeación,
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de septiembre
de 2009, radicado: 11001 03 15 000 2003 00442 01 (IJ), M.P. Susana Buitrago Valencia.
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pues durante la ejecución del proyecto fue necesario revertir la licencia de
explotación minera que se le había otorgado a la Asociación Nacional de
Fabricantes de Ladrillo y Materiales de Construcción, debido a la devolución del
área objeto de concesión.
7.11. No se demostró que el Departamento Administrativo de Planeación Distrital
hubiera incluido dentro de la planificación del desarrollo de Ciudad Bolívar,
específicamente en la UPZ8 del Mochuelo, el desarrollo de proyectos educativos. El
artículo 261 del Decreto Distrital 469 de 2003 eliminó de los artículos 395 y 396 del
Decreto 619 del 28 de julio de 2000 (POT de Bogotá) al Mochuelo como
asentamiento menor y pasó a ser un centro poblado rural, cuya distribución y
equipamiento no incluyeron la educación.
7.12. Aunque el Decreto Distrital 503 de 2003 facultó a la administración distrital para
reglamentar y aprobar dotaciones de gran escala en sector rural, no la eximió de
realizar el estudio de la población estudiantil que se vería beneficiada con el
proyecto escolar.
7.13. Por otra parte, en el proceso disciplinario se determinó que aunque la venta se
acordó por cuerpo cierto, se tomó como si se hubiera realizado por cabida y se
ajustó el precio por un valor «significativo». Ello no implicaba que la administración
tuviera la obligación de omitir los procedimientos necesarios para ajustar el precio.
7.14. Encuanto a la causal de exclusión de responsabilidad invocada por este
aspecto, debía tenerse en cuenta que la delegación de funciones o actividades por
parte del ordenador del gasto o jefe de dependencia no implicaba que se
desprendiera de sus competencias para que fueran ejercidas de forma
independiente y sin supervisión alguna. La dirección y responsabilidad de la
actividad contractual recaía en el delegante, de conformidad con el artículo 26.5 de
la Ley 80 de 1993.
7.15. La pretensión subsidiaria formulada en la demanda resultaba ajena a este tipo
de procesos y carecía de suficiencia argumentativa. Pese a que el artículo 187 del
CPACA le permitía al juez estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las
acusadas, la interpretación del actor era alejada de la realidad. La decisión de
reemplazo del juez no podía modificar el tipo de falta y la forma de culpabilidad,
pues se trataba de una competencia exclusiva de la autoridad disciplinaria.
1.3. Actuaciones procesales relevantes
1.3.1. Medida cautelar
8. Por auto del 29 de noviembre de 2016, se negó el decreto de la medida cautelar
de suspensión de los efectos de los actos administrativos acusados, por lo
siguiente9:
8.1. No se indicaron cuáles fueron las pruebas que, según la solicitud de la medida
cautelar, llevaban a la absolución del demandante.
8 Unidad de Planeamiento Zonal.
9 Ff. 33 a 52, cuaderno de medida cautelar.
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8.2. A partir de la sentencia del 29 de septiembre de 2009 10, la jurisprudencia de la
Sección Segunda sostuvo que el término de prescripción de la acción disciplinaria
se interrumpía con el acto de primera o única instancia que imponía la sanción y su
debida notificación.
8.3. En el presente asunto, la falta prevista en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002
se estructuró cuando se realizó el pago del precio al vendedor y no cuando se firmó
el contrato de compraventa.
8.4. Aunque se aceptara que la transgresión de los principios de la contratación
pública tuvo lugar con la suscripción con la escritura pública, se debía tener en
cuenta que la compraventa de bienes inmuebles se perfecciona con el título [el
contrato de compraventa elevado a escritura pública] y la tradición [con la inscripción
del título en la Oficina de Instrumentos Públicos]. Esta última actuación fue posterior
a la fecha que indicó el demandante [9 de agosto de 2006].
8.5. Por otra parte, la falta descrita en el artículo 48.3 de la Ley 734 de 2002 se
concretó con el pago del precio pactado, que es cuando se presenta el incremento
injustificado, de conformidad con la jurisprudencia11. En consecuencia, era este el
momento a partir del cual comenzó a correr el término de prescripción. Este aspecto
debía ser objeto de estudio con las pruebas allegadas al proceso.
8.6. De acuerdo con el contrato de compraventa, el precio se pagaría en varias
cuotas, la última de ellas el 22 de diciembre de 2006. Por lo tanto, el incremento
patrimonial y el detrimento del patrimonio público no se configuró en un solo acto,
sino que se prolongó en tiempo hasta que se pagó la totalidad del precio.
8.7. En atención a lo expuesto, el término de prescripción de los 5 años se cumplía
el 22 de diciembre de 2011. Como el procurador general de la Nación profirió el acto
sancionatorio de única instancia el 28 de julio de 2011, aunque no obraba prueba
de su notificación, en aplicación de las reglas de la sana crítica, se podía inferir que
este acto también se cumplió dentro del plazo prescriptivo, puesto que para el 12
de diciembre de igual año se resolvió el recurso de reposición.
1.3.2. La audiencia inicial12
9. En la audiencia inicial celebrada el 29 de enero de 2018, se saneó el proceso, no
se declararon probadas excepciones comoquiera que no se propusieron, se declaró
fallida la posibilidad de conciliación, se decretaron pruebas y se estableció fecha y
hora de la audiencia para su práctica. En la misma diligencia, se fijó el litigio de la
siguiente manera:
«¿Desde cuándo inicia a contarse el término de prescripción de la acción
disciplinaria atendiendo a las faltas por las cuales fue sancionado el actor y cuál
es el fallo disciplinario que debe expedirse y notificarse dentro de ese término, a
efectos de establecer si la Procuraduría dejó prescribir la acción disciplinaria?
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de septiembre
de 2009, radicado: 11001 03 15 000 2003 00442 01, M.P. Susana Buitrago Valencia.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012,
12 Ff. 798 a 820, cuaderno principal.
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¿Establecer si en el proceso de compraventa del predio El Clavel el señor Abel
Rodríguez Céspedes, en su calidad de Secretario de Educación de Bogotá,
incurrió en vulneración de los principios de la contratación estatal, imputados por
la autoridad disciplinaria?
¿Establecer si en el proceso de compraventa del predio El Clavel el señor Abel
Rodríguez Céspedes, en su calidad de Secretario de Educación de Bogotá,
actuó bajo la convicción errada e invencible de no estar cometiendo una
infracción disciplinaria – causal eximente de responsabilidad consagrada en el
artículo 28 de la Ley 734 de 2002-?»
1.3.3. La audiencia de pruebas
10. El 21 de marzo13 y el 11 de julio de 201814, se llevó a cabo la audiencia de
pruebas y se recibieron los testimonios de Luis Ricardo Granados Alarcón,
Guillermo Ospina Varón, Alfredo Tulio Beltrán Sierra y Luis Eduardo Garzón. En la
última diligencia, la parte demandante desistió de la declaración de Antanas Mockus
Sivicas.
11. Por auto del 24 de mayo de 2024, se prescindió de la audiencia de alegatos y
juzgamiento de conformidad con el artículo 181 del CPACA y se corrió traslado a
las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que emitiera concepto15.
1.3.4. Alegatos de conclusión
12. La
parte demandante intervino en esta oportunidad para insistir en los
argumentos expuestos en las anteriores intervenciones y agregó:
12.1. La jurisdicción penal ya dictó un pronunciamiento definitivo sobre la
responsabilidad penal por la falsedad que el mismo demandante puso en
conocimiento de las autoridades. La decisión judicial declaró penalmente
responsables a Liliana González, exservidora de la SED, y a Néstor Castañeda,
propietario del bien objeto de la compraventa como «coautores del delito de falsedad
por la adulteración del avalúo comercial» y absolvió a los demás servidores
investigados.
12.2. Abel Rodríguez Céspedes alegó que no había incurrido en falta disciplinaria al
suscribir el contrato de compraventa. Además, demostró que se cumplieron todos
los «protocolos establecidos por la entidad» para el negocio jurídico y que todas las
áreas competentes intervinieron y los encargados de supervisar los componentes
técnico, financiero y jurídico del proyecto avalaron los documentos que estudió y
firmó. En ese sentido, su conducta estuvo enmarcada en la buena fe y en la
confianza del trabajo de quienes intervinieron en el trámite.
12.3. Por otra parte, la falta consistente en el detrimento patrimonial al distrito o
«permitir un incremento patrimonial en el patrimonio de un tercero» solamente se
sustentó en las inconsistencias que se atribuyeron a los trámites realizados por otros
servidores públicos para la selección y fijación del precio del bien. Este enfoque
13 Ff. 847 a 854, cuaderno principal.
14 Ff. 870 a 877, cuaderno principal.
15 Índice 124, Samai.
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resultó equivocado, puesto que al demandante se le declaró responsable por las
actuaciones que adelantaron terceras personas. En este punto se debió observar
que «su intervención se limitó, como corresponde a todo gerente público, en liderar y
verificar el cumplimiento de políticas y lineamientos por cada dependencia de la entidad».
13. Laparte demandada y el Ministerio Público no intervinieron en esta etapa
procesal.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer el proceso en única instancia, de conformidad con el artículo 149.2 del
CPACA vigente para la época de presentación de la demanda16, según el cual
conocerá «[d]e las demandas que en ejercicio de la indicada acción, y sin atención a la
cuantía se promuevan en contra de los actos expedidos por el Procurador General de la
Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que profiera como
supremo Director del Ministerio Público [...]».
2.2. Cuestión previa
12. La abogada del demandante informó el 27 de abril de 2021 que Abel Rodríguez
Céspedes había fallecido y aportó el Registro Civil de Defunción17. Asimismo, poder
conferido por Carmen Cecilia Villabona Mujica, Francisco Luis Rodríguez Villabona
y Andrés Abel Rodríguez Villabona, y afirmó que tenían la calidad de cónyuge
supérstite y únicos herederos del demandante, respectivamente. No obstante,
dejaron de allegarse los soportes documentales que así lo acreditaran, razón por la
que en auto del 2 de febrero de 2026 se requirió a la apoderada para que lo
hiciera18.
13. Mediante memorial del 5 de febrero de 202619, la mandataria aportó el registro
civil de matrimonio celebrado entre Abel Rodríguez Céspedes y Carmen Cecilia
Villabona Mujica, y los registros civiles de nacimiento de Francisco Luis Rodríguez
Villabona y Andrés Abel Rodríguez Villabona, hijos de los mencionados. También
allegó los poderes suscritos por aquellos en los que la facultaron para continuar con
la representación dentro del proceso20.
14. En virtud de lo anterior, y en atención a que el artículo 68 del CGP al regular la
sucesión procesal dispone que «[f]allecido un litigante o declarado ausente, el proceso
continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el
correspondiente curador […]» y a que en el presente caso se acreditó (i) el
fallecimiento de Abel Rodríguez Céspedes; y (ii) que Carmen Cecilia Villabona
Mujica, Francisco Luis Rodríguez Villabona y Andrés Abel Rodríguez Villabona son
16 Sin la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021.
17 Samai, índice 104.
18 Samai, índice 134.
19 Samai, índice 140.
20 Samai, índice 104.
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su cónyuge supérstite e hijos, respectivamente, estos se admitirán como sus
sucesores procesales. De igual manera, se tendrá como su apoderada también a
Olga Lucía Arango Álvarez, de acuerdo con los poderes otorgados y aportados al
proceso.
2.3. Problemas jurídicos
14. Sin desconocer la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial del 29 de
enero de 2018, en atención a los planteamientos de la demanda, se considera
necesario efectuar unos ajustes para mayor precisión conceptual, para señalar que
los problemas jurídicos se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:
(i) ¿La Procuraduría General de la Nación dictó el acto disciplinario del 28 de
julio de 2011 cuando ya había operado la prescripción de la acción disciplinaria
y, por lo tanto, vulneró el debido proceso del disciplinado?
(ii) ¿La autoridad disciplinaria realizó una adecuada valoración probatoria y
con las pruebas recaudadas en el trámite disciplinario se demostró, más allá
de toda duda, que el disciplinado incurrió en las faltas descritas en los artículos
48.31 y 48.3 de la Ley 734 de 2002 con ocasión de la compraventa del predio
«El Clavel»?
(iii) ¿Abel Rodríguez Céspedes actuó bajo la convicción errada e invencible de
no estar cometiendo una infracción disciplinaria en su intervención en el
proceso de compraventa del predio «El Clavel» en su calidad de secretario de
educación de Bogotá?
(iv) ¿La sanción impuesta cumple con los parámetros de calificación y de
graduación fijados en los artículos 44, 46 y 47 de la Ley 734 de 2002 o fue
desproporcionada al no examinarse que los hechos objeto de investigación
correspondían a una falta grave a título de culpa grave?
15. Los anteriores cuestionamientos, se resolverán en el siguiente orden: (i) recuento
de las actuaciones relevantes del proceso disciplinario 143-164041; (ii) se
determinará si en este caso operó la prescripción de la acción disciplinaria; (iii) la
valoración probatoria en los procesos disciplinarios; (iv) si la conducta del
disciplinado se desplegó bajo la convicción errada e invencible de que no estaba
incurso en una falta disciplinaria; y (iv) se verificará la procedencia de la graduación
de la sanción disciplinaria.
2.4. La actuación administrativa del proceso 143-164041-07
15.1. El 25 de julio de 2007, el director de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas
radicó ante la Personería de Bogotá un escrito en el que solicitó que se investigara
la actuación adelantada en el proceso de compra y avalúo por parte de la Secretaría
de Educación de Bogotá del predio «El Clavel», ubicado en la localidad de Ciudad
Bolívar, Sector Mochuelo Bajo. La petición fue remitida a la PGN.
15.2. En atención a lo anterior, el 3 de septiembre de 2007, la Procuraduría Segunda
Distrital abrió la investigación preliminar para determinar las posibles conductas
irregulares e identificar sus autores. Para el efecto, ordenó que se oficiara a la
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Universidad Nacional y a la SED para que remitieran la documentación relacionada
con el proceso de compra y avalúo del mencionado predio.
15.3. En esta etapa se aportaron pruebas documentales y se recibieron
declaraciones de Gloria Yamile Bonilla Chauvez, presidenta y representante legal
de la Cámara de la Propiedad Raíz y las versiones libres de Ángel Augusto Pérez
Martínez, Jairo Iván Loaiza Agudelo, Yaneth Liliana González Vargas y de Abel
Rodríguez Céspedes, en condición de funcionarios de la Secretaría de Educación
Distrital.
15.4. El 21 de noviembre de 2007, la Procuraduría Segunda Distrital abrió
investigación disciplinaria en contra de Abel Rodríguez Céspedes [secretario de
educación de Bogotá], Ángel Augusto Pérez Martínez [subsecretario administrativo],
Jairo Iván Loaiza Agudelo [subdirector de plantas físicas] y Yaneth Liliana González
Vargas [profesional de la subdirección de plantas físicas]. El demandante fue
notificado personalmente de esta decisión el 28 de noviembre de 200721.
15.5. El 22 de febrero 2008, el apoderado designado por Abel Rodríguez Céspedes
solicitó que se decretaran como prueba22: «dictamen pericial de confrontación de
máquinas impresoras» y «grafológico»; los testimonios de Liliana González, Walter
Álvarez, Néstor Germán Castañeda, Luz Mery Pulido, Gloria Bonilla, Carolina Mejía,
Jairo Iván Loaiza, Telésforo González Rodríguez, Edelmira Rojas de Niño y
Catherine Castellanos; y como documentales el Decreto Distrital 061 de 200523 y la
Resolución 911 del 1 de abril de 200424.
15.6. El 4 de marzo de 2008, se dispuso la acumulación con el proceso con radicado
15547-2007, por tratarse de los mismos hechos. Igualmente, se denegaron las
pruebas solicitadas por el demandante y se ordenó compulsar copias al Consejo
Seccional de la Judicatura para que investigara la conducta del mandatario judicial,
en atención a que con petición de pruebas «se evidencia que su objetivo es dilatar el
procedimiento disciplinario, por cuanto en el trámite de las diferentes etapas procesales
sólo puede recaudarse las pruebas necesarias para el pronunciamiento de fondo y no se
deben practicar pruebas que sobren, superfluas, redundantes o corroborantes, cuando esto
no sea absolutamente necesario»25.
15.7. Eldisciplinado interpuso recurso de reposición en contra de la anterior
decisión26, el cual la Procuraduría Segunda Distrital resolvió con auto del 28 de
marzo de 2008 en el sentido de confirmar parcialmente el auto del 4 de marzo de
ese año, en cuanto a las pruebas denegadas y revocó la compulsa de copias para
que se investigara al apoderado del recurrente. Asimismo, la PGN ordenó de oficio
la ampliación de las versiones de Jairo Iván Loaiza y Yaneth Liliana González y de
los testimonios de Luz Mery Pulido, Jimena Catherine Castellanos Bojacá y de
Gloria Yamile Bonilla Chauvez27.
21 F. 116 cuaderno 2 del proceso disciplinario.
22 Ff. 164 a 169 cuaderno 2 del proceso disciplinario.
23 Por el cual se delegan funciones en relación con la adquisición de bienes inmuebles del nivel
central del Distrito Capital.
24 Mediante la cual la Secretaría de Educación Distrital establece el procedimiento SFF-PD-010 para
adquisición de predios para la construcción de IED.
25 F. 171 cuaderno 2 del proceso disciplinario.
26 Ff. 201 a 216 del cuaderno 2 del proceso disciplinario.
27 Ff. 2018 a 236 cuaderno 2 del proceso disciplinario.
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15.8. El 16, 17 y 18 de abril de 2008 ante la Procuraduría Segunda Distrital se
recibieron los testimonios de Jimena Catherine Castellanos Bojacá, Gloria Yamile
Bonilla Chauvez, Luz Mery Pulido, cuyas declaraciones se citarán más adelante, en
la medida en que sean necesarias para resolver el fondo del asunto28. El 15 de abril
de 2008 se recibió la ampliación de la versión libre de Yaneth Liliana González y
Jairo Iván Loaiza29.
15.9. A través de autos del 22 y 23 de abril de 2008 se decretaron los testimonios de
Walter Álvarez, Luis Cediel y Martha Isabel Rodríguez y otras documentales y se
ordenó la ampliación del testimonio de Gloria Yamile Bonilla Chauvez 30.
15.10. Con auto del 25 de julio de 200731, la Procuraduría Segunda Distrital se declaró
la nulidad de lo actuado, se tuvo como fecha de apertura de la investigación el auto
del 9 de noviembre de 2007, se conservó la validez de las pruebas recaudadas y se
decretó la prueba pericial de grafología pedida por el disciplinado.
15.11. A través de auto del 20 de febrero de 2009 32 el Procurador General de la
Nación asumió el conocimiento del trámite disciplinario. Para ello manifestó que lo
hacía «en uso de la facultad contemplada en el numeral 17 del artículo 7 del Decreto 262
de 2000» sin exponer otras razones.
15.12. Por auto del 22 de abril de 201033, el procurador general de la Nación formuló
cargos en contra de Abel Rodríguez Céspedes por dos conductas disciplinarias. La
primera, tipificada en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002 por: «[p]articipar en la
etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o
con desconocimiento de los principios de la contratación estatal y la función administrativa
contemplados en la Constitución y en la ley». La segunda, prevista en el artículo
48.3.por «[i]ncrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en
favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga» [Más adelante se
resumirá el contenido del pliego de cargos].
15.13. El disciplinado presentó descargos el 22 de julio de 2010 34.
15.14. Mediante auto del 16 de diciembre de 2010 la PGN negó varias solicitudes de
nulidad y las pruebas pedidas en los descargos por el disciplinado 35. No obstante,
a través de auto del 31 de marzo de 201136 se revocó parcialmente la decisión en
cuanto al decreto de pruebas y se dispuso recaudar el testimonio de Néstor Germán
Castañeda lo cual se cumplió el 13 de abril de 201137.
15.15. A través de auto del 2 de mayo de 201138 se dispuso el traslado al disciplinado
para que presentara alegatos de conclusión, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley
28 Folios 278 a 303 y 369 a 372, y 375 a 390 ibidem.
29 Folios 263 a 269 y 375 a 390 ibidem.
30 Folios 394 a 407 ibidem.
31 Folios 183 a 192 cuaderno 3 del proceso disciplinario.
32 Folio 335 cuaderno 3 del proceso disciplinario
33 Folios 1 a 92 del cuaderno 6 del proceso disciplinario.
34 Folios 108 a 167 del cuaderno 6 del proceso disciplinario.
35 Folios 279 a 302 del cuaderno 6 del proceso disciplinario.
36 Folios 1 a 8 del cuaderno 7 del proceso disciplinario.
37 Folios 22 a 33 ibidem.
38 Folio 36 ibidem
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734 de 2002. Derecho que ejerció el 18 de mayo de ese año39.
15.16. Con acto de única instancia del 28 de julio de 201140, la Procuraduría General
de la Nación declaró disciplinariamente responsable al investigado de las dos faltas
imputadas y le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por 12 años.
La providencia fue notificada al apoderado del disciplinado de manera personal el 9
de agosto de 201141. [Se citará lo pertinente más adelante].
15.17. La decisión fue objeto de recurso de reposición interpuesto el 26 de agosto de
201142. A través de acto del 12 de diciembre de 2011, la PGN resolvió el recurso y
confirmó el del 28 de julio de 201143.
2.4. Prescripción de la acción disciplinaria
16. La prescripción de la acción disciplinaria fue regulada inicialmente en el artículo
12 de la Ley 25 de 1974, norma en la que se dispuso un término de 5 años contados
a partir del último acto constitutivo de la falta, mandato que fue replicado en el
artículo 6 de la Ley 13 de 1984. En el año 1995 entró a regir la Ley 200 que en su
artículo 34 regló que la prescripción de la acción disciplinaria que se causaría en 5
años se contaría para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para
las permanentes o continuadas desde la radicación del último acto.
17. Esta última norma fue objeto de interpretación por parte de la Sección Segunda,
Subsección B, de esta corporación en sentencia del 23 de mayo de 2002 44. En ella
se señaló que como el legislador no había indicado cuál era el acto que imponía la
sanción e interrumpía el término de prescripción, aquella se debía considerar
impuesta cuando se hubiere expedido y notificado el acto administrativo disciplinario
inicial [primera instancia], pero si se interpusieron recursos cuando se expidiera y
notificara el fallo disciplinario que los resolvía.
18. Contra la anterior decisión la PGN interpuso recurso extraordinario de súplica
que fue decidido por la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de
Estado en sentencia del 29 de septiembre de 200945. En esta providencia se revocó
la de la Sección Segunda y se determinó que el acto administrativo que impone la
sanción e interrumpe el término de la prescripción era el «[...] acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario [...]».
19. Al respecto, en la sentencia se manifestó que este acto «[...] define la conducta
investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la
voluntad de la administración [...]». Mientras que los que resolvían los recursos
interpuestos en vía gubernativa no eran los que imponían la sanción porque «[...]
corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que
éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias
del administrado [...]». Sobre el punto, la providencia hizo las siguientes precisiones:
39 Folios 45 a 116 ibidem.
40 Folios 221 a 291 ibidem.
41 Folio 295 ibidem.
42 Folios 51 a 93 del cuaderno disciplinario 8.
43 Folios 223 a 276 del cuaderno disciplinario 8.
44 Radicado 76001233100019972204601 (17112).
45 Radicado 11001031500020030044201.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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17
Radicado: 11001-03-25-000-2012-00474 00 (1956-2012)
Demandante: Abel Rodríguez Céspedes
«Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las
Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para
que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena,
a continuación se explicarán las razones esenciales por las cuales se
considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que proclama que
la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la actuación
administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo principal,
decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que
define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él
se concreta la expresión de la voluntad de la administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados
como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior
cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la
actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias
del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa denominada "vía
gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita
o no los recursos que legalmente procedan contra el acto.
[...]
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar
el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que consagra
el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia
que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del investigado, a su
arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la sanción, porque en
muchas ocasiones es del administrado de quien dependen las incidencias del
trámite de notificación de las providencias».
20. Contra la sentencia de la Sala Plena se interpuso acción de tutela que la Sala de
Conjueces de la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente en
providencia del 6 de marzo de 201446, al determinar que los fallos de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado constituyen decisiones
últimas, intangibles, inimpugnables e inmodificables a través del mecanismo de la
tutela.
21. De acuerdo con lo expuesto, en materia de prescripción de la acción disciplinaria
la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009, proferida por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, definió que dentro del
término de los 5 años establecido por el artículo 34 de la Ley 200 de 1995 la
autoridad disciplinaria competente solo debía proferir y notificar el acto
administrativo sancionatorio principal, esto es, el de primera o única instancia con
el cual se interrumpía el término de prescripción.
22. La Ley 734 de 2002 en su artículo 30 original reprodujo el mandato contenido en
el mencionado artículo 34 de la Ley 200 de 1995, al disponer: «[l]a acción disciplinaria
prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su
consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del
último acto [...]». Durante su vigencia se aplicó la tesis fijada por la Sala Plena antes
referida para efectos de determinar la interrupción de la prescripción.
23. Luego el artículo 30 citado fue modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de
46 Radicado 11001-03-15-000-2010-000764-3.
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Radicado: 11001-03-25-000-2012-00474 00 (1956-2012)
Demandante: Abel Rodríguez Céspedes
2011, cuyo tenor literal era:
«Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción
disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de
la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este
término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su
consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la
realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado
el deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto
de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas
juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente
para cada una de ellas.
Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique».
24. En virtud de lo anterior, la prescripción de la acción disciplinaria se configura si
transcurridos 5 años contados a partir del «[...] auto de apertura de la acción disciplinaria
[...]» no se ha proferido la decisión. Comoquiera que el artículo no indicó cómo se
interrumpe la prescripción, resulta aplicable el criterio que la jurisprudencia ha
expuesto para interpretar los artículos 34 de la Ley 200 de 1995 y 30 original de la
Ley 734 de 2002 explicado con antelación.
25. En ese sentido, en vigencia del artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 que modificó
el 30 de la Ley 734 de 2002 la prescripción se interrumpe una vez dictado el fallo
disciplinario de primera o única instancia.
26. Sobre la expresión «[...] auto de apertura de la acción disciplinaria [...]» se interpreta
que hace alusión al auto que ordena la apertura de la investigación por ser esta la
etapa en la que una vez establecida la identidad del posible autor del
comportamiento, se va a verificar la ocurrencia de la conducta y si es constitutiva de
falta disciplinaria.
27. Es decir, la providencia aludida inicia de manera formal el proceso disciplinario,
y por tal razón, el artículo 91 ibidem determina que «[…] la calidad de investigado se
adquiere a partir del momento de la apertura de investigación o de la orden de vinculación,
según el caso […]», momento desde el cual puede ejercer todos los derechos que el
artículo 92 ejusdem le otorga como designar defensor, ser oído en versión libre,
pedir pruebas, entre otras.
28. En este punto, conviene precisar que el criterio expuesto en 2009 se mantuvo en
la sentencia proferida el 21 de mayo de 201947 [también por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo]. En esta oportunidad se explicó lo que a continuación
se transcribe:
«La mencionada sentencia del 29 de septiembre de 2009 es la postura actual
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el sentido de señalar
respecto de la aplicación de la prescripción regulada en las Leyes 25 de 1974
y 23 de 1984, que en el régimen sancionatorio disciplinario “la sanción se
impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta
potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación
administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que
resuelve los recursos de la vía gubernativa” [...].
47 Radicación 11001-03-25-000-2011-00371-00
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Radicado: 11001-03-25-000-2012-00474 00 (1956-2012)
Demandante: Abel Rodríguez Céspedes
[...]
91. Entonces, de acuerdo con este fallo del 29 de septiembre de 2009, la Sala
reitera que la sanción disciplinaria se entiende impuesta con la expedición y
notificación del acto principal que la contiene, siendo éste el que concluye la
actuación administrativa y que se tiene en cuenta para efectos de la
interrupción de la prescripción de la acción disciplinaria.»
29. De acuerdo con lo expuesto, dentro de los 5 años que prevé la norma se deberá
expedir y notificar el acto primigenio que impone la sanción porque con este se
concluye la actuación administrativa, en razón a que el recurso es facultativo del
disciplinado y la decisión se circunscribe a examinar la decisión y a revocarla,
modificarla o confirmarla, según el caso.
30. Es del caso precisar que si bien es cierto que la Ley 1474 de 2011 previó que los
5 años se contaban a partir del auto de apertura de la investigación, pero no
estableció el extremo final del término de la prescripción de la acción disciplinaria,
también lo es que, de acuerdo con la jurisprudencia, ello ocurre cuando se decide
la situación del disciplinado a través del fallo de primera instancia.
31. Enefecto, al revisar los antecedentes de dicha ley, se observa que en la
exposición de motivos del proyecto de ley 142 de 2010 [Senado] y 174 [Cámara] se
propuso modificar los términos de la investigación disciplinaria así [gaceta 607/10]:
«De acuerdo con lo analizado en la práctica diaria por la Procuraduría, se tiene
que existe una serie de obstáculos para llevar a cabo su labor en forma eficiente
y oportuna. Entre tales obstáculos se encuentra que el inicio de las actuaciones
disciplinarias, en muchos casos, no es coetáneo con la comisión de los hechos
respectivos, dada la dilación existente a nivel territorial y/o municipal para dar
traslado de su conocimiento a los órganos de control, o porque no hay un
seguimiento preventivo de la labor de las autoridades pública sino posterior y
reactivo, que dificulta cumplir a cabalidad los términos de investigación y
juzgamiento; aunado a que tales términos son muy cortos dadas las realidades
nacionales anotadas.
[...] La justificación parcial para cada artículo modificado es la siguiente:
A. Se modifican los términos de prescripción de la acción disciplinaria
consagrados en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, [...]. Así mismo, se adiciona
un parágrafo en el que expresamente se consagra que el fallo de primera
instancia interrumpe el término prescriptivo.» [sic]
32. Lo mismo se consignó en el informe de ponencia para el primer debate en el
Senado:
«La justificación particular para cada artículo modificado es la siguiente:
A. Se modifican los términos de prescripción de la acción disciplinaria
consagrados en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, ampliando dicho
término de 5 a 10 años para las faltas leves y graves y para las faltas
gravísimas en un término de 12 años. Así mismo, se adiciona un parágrafo
en el que expresamente se consagra que el fallo de primera instancia
interrumpe el término prescriptivo.
B. En los demás, la norma mantiene los criterios de contabilización de los
términos de prescripción en tratándose de faltas instantáneas y para las de
carácter permanente o continuado, así como para cuando fueren varias las
conductas juzgadas en un solo proceso y su sujeción a los tratados
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Demandante: Abel Rodríguez Céspedes
internacionales que Colombia ratifique. Así mismo, se adiciona un parágrafo
para consagrar expresamente, que el término prescriptivo se interrumpe
en todos los casos con el fallo de primera instancia».
33. Por tal razón, se propuso que en un parágrafo se incluyera la disposición: «[e]l
término prescriptivo se interrumpe en todos los casos con el fallo de primera instancia».
Luego, según se observa en las Gacetas 19 y 35, se modificó a que el término se
interrumpía en todos los casos «con la notificación de los fallos de primera o única
instancia, según el caso».
34. A pesar de que en el texto final del artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 no se
incluyó la disposición antes transcrita, lo expuesto permite inferir que también
buscaba que el límite de la prescripción fuera el fallo de primera instancia. De ahí
que, incluso con la modificación al artículo 30 de la Ley 734 de 2002, se tenga el
límite previsto en la sentencia antes referida.
35. También lo interpretó de esa manera la Subsección A de esta Sección el 2 de
marzo de 202348:
«Así las cosas, la tesis jurisprudencial a aplicar respecto de la prescripción, es
sin duda la contenida en la sentencia del 29 de septiembre de 2009 de la Sala
Plena del Consejo de Estado, según la cual, tratándose de régimen sancionatorio
disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
asignado para ejercer esta potestad se expide y se notifica el acto administrativo
principal que resuelve de fondo el proceso sancionatorio.
[...] En lo que corresponde al primer cargo, la falta disciplinaria que se investigó
es de ejecución continuada, en tanto que los hechos ocurrieron desde el 5 de
febrero hasta el mes de septiembre de 2011, motivo por el cual la norma aplicable
para efectos de la acción disciplinaria, era la Ley 1474 de 2011, que modificó el
artículo 30 de la Ley 734 de 2002, como se mencionó en el acápite anterior.
Así las cosas, teniendo en cuenta que en el asunto sometido a consideración, el
16 de septiembre de 2013, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa dio apertura de investigación disciplinaria [...] la acción
disciplinaria prescribía el 16 de septiembre de 2018; no obstante, como la
decisión disciplinaria de primera instancia se emitió el 23 de febrero de 2016 y
se notificó al señor [...], personalmente, el 3 de enero de 2017, observa la Sala
que no se configuró dicho fenómeno».
36. El criterio también lo expuso la Sala 5 Especial de Decisión en sentencia del 5
de agosto de 201549 y la Sala 12 Especial de Decisión de esta corporación en
sentencia del 16 de julio de 202550, en la cual expuso:
«En suma, bajo la vigencia del CDU, modificado por la Ley 1474 de 2011, para
que no se configure la caducidad de la acción disciplinaria, el auto de apertura
de la investigación debe proferirse dentro de los 5 años siguientes a la ocurrencia
de la falta; y para que no opere la prescripción de la acción disciplinaria, la
decisión de primera instancia debe expedirse dentro de los 5 años posteriores al
auto de apertura de la investigación.» [se resalta]
37. En suma, esta corporación ha interpretado que para la aplicación del artículo 30
de la Ley 734 de 2002, aun con la modificación de la Ley 1474 de 2011, se mantiene
el criterio de la sentencia del 29 de septiembre de 2009, lo cual coincide con la
48 Radicación 25000-23-42-000-2018-00318-01 (2600-2020).
49 Recurso extraordinario de revisión, radicación 11001-03-15-000-2024-06984-00.
50 Recurso extraordinario de revisión, radicación 11001-03-15-000-2024-00835-00.
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Radicado: 11001-03-25-000-2012-00474 00 (1956-2012)
Demandante: Abel Rodríguez Céspedes
intención inicial del legislador de establecer expresamente que la prescripción se
interrumpe con el fallo de primera o de única instancia y su notificación.
Caso concreto
38. En la demanda se alegó que se había configurado la prescripción de la acción
disciplinaria prevista en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, por cuanto trascurrieron
más de 5 años desde que se perfeccionó la venta del bien inmueble «El Clavel» con
la «protocolización» de la escritura pública el 9 de agosto de 2006 hasta que se
expidió el acto sancionatorio ejecutoriado el 17 de enero de 2012. También afirmó
que de contarse el término de prescripción desde que se realizó la inscripción de la
venta en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos igualmente se materializó,
puesto que el plazo feneció el 22 de agosto de 2011.
39. En primer lugar, debe señalarse que para el 28 de julio de 2011 cuando se profirió
el acto sancionatorio ya había entrado en vigor la reforma introducida por el artículo
132 de la Ley 1474 de 2011 al artículo 30 de la Ley 734 de 2002. Ciertamente,
aquella ley en el artículo 135 dispuso que entraría en vigor a partir de su publicación,
lo que sucedió el 12 de ese mes y año51.
40. No obstante, en principio, en el presente asunto la norma aplicable era el artículo
30 original de la Ley 734 de 2002, por cuanto los hechos que dieron lugar al proceso
disciplinario ocurrieron en el año 2006, cuando regía. En esa línea, se respeta la
postura de la jurisprudencia según la cual la norma que debe gobernar para efectos
de la prescripción es la vigente al momento en que se cometió la falta en virtud del
principio de legalidad establecido en el artículo 29 Constitucional52.
41. También aplica esta normativa porque, aunque el artículo 7 de la Ley 734 de
2002 establece que las normas que regulan la ritualidad del proceso disciplinario se
deben aplicar desde el momento en que entraron a regir, el presente asunto para el
12 de julio de 2011 ya había culminado todas sus etapas y solo le restaba el fallo.
Además, al disciplinado le era más favorable que se hiciera el análisis de la
prescripción a partir del momento en que se cometió la falta [en el año 2006] que
desde que se inició la investigación disciplinaria [21 de noviembre de 2007], ya que
de hacerse de esta última forma se correría el tiempo en que culminarían los 5 años.
42. Por lo anterior, en el asunto que se estudia deberá determinarse si en los
términos previstos en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 original se configuró la
prescripción de la acción disciplinaria. Para tal propósito, es necesario aclarar si las
faltas imputadas eran de ejecución instantánea o continuada porque tal norma
dispone que «[l]a acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas
instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o
continuado desde la realización del último acto [...]».
51 Diario Oficial CXLVII 487128 del 12 de julio de 2011.
52 «[…] la norma aplicable para efectos de determinar la prescripción debe ser la preexistente al
momento de la comisión de la falta, tal como dispone el artículo 29 de la Carta Política, al establecer
«[n]adie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio».
Entonces, acorde con esta disposición, si bien es cierto que la conducta reprochada al encartado se
inició en vigencia de la Ley 200 de 1995 y culminó bajo la Ley 734 de 2002, atendiendo el mandado
constitucional se debe aplicar la Ley 200 de 1995 […]». Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 11 de mayo de 2017, radicado 11001-03-25-000-2010-00275-00 (2285-
10).
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Demandante: Abel Rodríguez Céspedes
43. Pues bien, la jurisprudencia ha indicado que la falta instantánea es aquella en la
que «la infracción del deber funcional se agota en un solo momento»53 mientras que en
la permanente o continuada «hay una unidad de conducta que genera una afectación al
deber que se prolonga en el tiempo hasta que cesa la circunstancia de ilegalidad
generadora de dicha infracción»54. De este modo, en esta última la lesión a
determinados bienes jurídicos persiste en el tiempo porque la conducta sigue
desarrollándose y, por ende, termina una vez que cesa55.
44. En el presente caso se imputaron dos conductas. Por tal razón, el examen de la
prescripción debe hacerse de manera individual para cada una de ellas.
45. La primera falta imputada fue la descrita en el artículo 48.31 de la Ley 734 de
2002 que establece: «[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad contractual,
en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios de la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley».
46. Frente a este cargo, la PGN manifestó lo siguiente:
«[…] El disciplinado puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria por
vulneración de los principios de economía, responsabilidad y selección
objetiva, aplicables a la contratación estatal y por irrogar detrimento patrimonial
al distrito capital, al adquirir para la Secretaría de Educación Distrital, mediante
escritura pública 1544 del 9 de agosto de 2006, el predio El Clavel, localizado en la
carretera Quiba Baja, Sector Mochuelo Bajo de la Localidad de Ciudad Bolívar de
Bogotá D. C., pese a los serios problemas, inconvenientes y limitaciones que
presentaba tal inmueble, los cuales fueron advertidos por el ingeniero catastral Walter
Álvarez Bustos, consultor contratado para analizar la viabilidad de los diferentes
predios ofrecidos para la reubicación del Centro Educativo Distrital Mochuelo Bajo en
la localidad de Ciudad Bolívar.
[...]
En primer lugar, la conducta desplegada por el señor Rodríguez Céspedes irrogó
detrimento patrimonial al distrito capital por tres razones: 1) Porque por causa
de los problemas, condiciones y limitaciones del lote de terreno denominado El clavel,
la comunidad de Muchuelo Bajo no pudo percibir el oportuno beneficio
esperado de la inversión realizada por el Distrito. En ese sentido, las pruebas
recaudadas señalan que la comunidad de estudiantes del aludido sector de Ciudad
Bolívar vio frustrada la expectativa generada con relación a la construcción de una
nueva sede educativa, debido a que el predio escogido por el disciplinado, no era apto
para el propósito trazado por la administración. 2) Porque el precio pagado por la
SED al señor Néstor Germán Castañeda Aguirre por concepto de la transacción
realizada sobre El Clavel, no correspondía al valor real del mismo según el avalúo
comercial CPR 2853 del 13 de diciembre de 2005 y según la promesa de
Compraventa del 21 de diciembre del mismo año, suscrita entre las mismas partes.
3) Porque, además de lo anterior, el disciplinado reconoció y ordenó el pago a
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de febrero de 2020,
radicado 19001-23-33-000-2014-00005-01 (4023-16). Reiterada por igual subsección en sentencia
del 4 de junio de 2020, radicado 190001-23-33-000-2015-00449-01 (3965-18).
54 Ibidem.
55 «[…] la prescripción se desencadena, luego de que la acción reprimible se agota en sí misma, pero
esto último ocurre de modo diferente cuando el delito o la falta perseveran y se prolonga en sus
efectos a lo largo del tiempo. Las faltas de carácter continuado, permanente o sucesivo, son una
verdadera situación delictual, que en tanto se prolonga en el tiempo, mientras sigue lesionando los
bienes jurídicos que la norma protege, hasta tanto no se altere la situación que abrió el camino a ese
estado de cosas trasgresor de la legalidad y ofensivo de importantes bienes jurídicos […]». Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2010, radicado 25000-
23-25-000-2004-05678-02 (2137-09).
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Demandante: Abel Rodríguez Céspedes
favor de Néstor Germán Castañeda Aguirre de $204'427.144, adicionales al valor
inicialmente acordado, por concepto de ajuste del precio por la cabida del inmueble,
cuando éste se había prometido en venta como cuerpo cierto.
En segundo lugar, el comportamiento agotado por el disciplinado conllevó la violación
de los principios de transparencia y economía establecidos en los artículos 24 y 25
de la Ley 80 de 1993, respectivamente y representó incumplimiento del deber de
selección objetiva, toda vez que los medios de demostración conducen a establecer
que la adquisición del predio requerido por la SED no recayó en la mejor opción para
la entidad y para la comunidad educativa del Mochuelo […]».
46.1. Como se advierte, al disciplinado se le acusó de vulnerar los principios de
economía, responsabilidad y selección objetiva y en detrimento del patrimonio
público. De acuerdo con la descripción de la falta realizada en el auto de cargos se
le reprocha su participación en la etapa precontractual como contractual porque al
adquirir el predio «El Clavel» desconoció los inconvenientes técnicos para su uso,
los estudios que daban cuenta de su verdadero valor y, además, después de
suscrita la venta dispuso pagos adicionales sin ser permitido.
46.2. En un primer momento, podría afirmarse que la conducta fue de ejecución
instantánea por configurarse con el solo acto de la celebración del contrato de
compraventa que ocurrió el 9 de agosto de 2006 a través de la Escritura Pública
154456 adicionada luego con la Escritura Pública 211257 del 23 de octubre de 2006.
Sin embargo, no lo es porque el detrimento patrimonial que se endilgó por el pago
de un valor mayor al que correspondía por el bien inmueble se extendió en el tiempo.
46.3. Ciertamente, en el contrato de compraventa suscrito en la primera escritura
pública inicialmente se pactó en su cláusula séptima que el pago del precio se haría
en tres cuotas, la última de aquellas establecida por un valor de $204.427.1447 que
debía pagarse «dentro de los primeros cuarenta y cinco días del año 2007, con cargo a
vigencias futuras de ese año».
46.4. Con posterioridad, esta cláusula fue modificada mediante la segunda escritura
pública58 en atención a que la administración decidió cubrir el precio con la
disponibilidad presupuestal existente para el año 2006 y no con vigencias futuras.
Por tal razón, en la cláusula primera de la nueva escritura se determinó que el último
pago del precio se haría de la siguiente manera:
«[…] será cancelado dentro de los treinta días siguientes a la radicación del FURC
en la Dirección Financiera, una vez que esta haga entrega a la Secretaría de
Educación de Bogotá Distrito Capital de la primera copia de la presente escritura
pública, junto con el original del certificado de tradición libertad del inmueble objeto
de compra, en donde conste el registro de la misma […]»59.
46.5. En el expediente obra copia del Formato Único de Radicación de Cuentas
radicado ante la Dirección Financiera de la SED y suscrito el 13 de diciembre de
2006 por el vendedor del inmueble, Néstor Germán Castañeda Aguirre, y el
interventor del contrato, Liliana González Vargas, con el cual se hizo el cobro de los
restantes $204.427.144760. También se encuentra el comprobante del desembolso
56 Folios 341 a 354 ibidem.
57 Folios 355 a 358 del cuaderno 2 del proceso disciplinario.
58 Folios 355 a 357 del cuaderno 6 del proceso disciplinario.
59 ibidem.
60 Folios 359 y 36. Ibidem.
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del 18 de diciembre de 200661.
46.6. De acuerdo con lo anterior, la fecha en la que se terminó de materializar la
conducta descrita en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002 relacionada con la
participación en la actividad contractual en detrimento de patrimonio público ocurrió
el 18 de diciembre de 2006. Por tal razón, a partir de allí debía contarse la
prescripción de la acción disciplinaria, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 30 de la Ley 734 de 2002 original, por lo que los 5 años vencieron el 18 de
diciembre de 2011. Quiere ello decir que al proferirse el acto sancionatorio de única
instancia el 28 de julio de 2011 y notificarse el 9 de agosto de ese año62 no se
configuró la prescripción de la acción respecto de tal conducta.
46.7. Cabe precisar que la prescripción se interrumpió con el acto sancionatorio de
única instancia del 28 de julio de 2011 y no con el que resolvió el recurso de
reposición proferido el 12 de diciembre de 2011, puesto que el primero fue el que
exteriorizó la voluntad de la administración y decidió de fondo la responsabilidad,
mientras que en el segundo se revisó la decisión ya proferida, de acuerdo con la
postura jurisprudencial fijada en la sentencia del 29 de septiembre de 200963. Por
ende, no es de recibo el argumento del demandante según el cual la prescripción
se configuró porque el acto que resolvió el recurso se expidió después del 22 de
diciembre de 2011.
46.8. La segunda falta imputada fue la prevista en el artículo 48.3. de la Ley 734 de
2002 por «[i]ncrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en
favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga» [parte resaltada
considerada vulnerada]. Como justificación del reproche la PGN expuso lo siguiente64:
«[…] El señor Abel Rodríguez Céspedes puede ver comprometida su responsabilidad
disciplinaria por permitir o tolerar que, con ocasión de la compra en condiciones de
evidente sobreprecio del predio El clavel, localizado en la carretera Quiba Baja, Sector
Mochuelo Bajo de la Localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D. C., el señor Néstor
Germán Castañeda Aguirre incrementara injustificadamente su patrimonio, toda vez
que mientras que el avaluó efectuado por la Cámara de la Propiedad Raíz - Lonja
Inmobiliaria, permitía inferir que dicho predio tenía un valor total de $192′680.880, a
razón de $3.500 metro cuadrado, el disciplinado pagó, según escritura pública 1544
del 9 de agosto de 2006, la suma de $1.491.043.208, a lo cual debe agregarse que
el disciplinado reconoció un ajuste del precio por la cabida del inmueble, cuando éste
se había prometido en venta como cuerpo cierto.
Adicionalmente, se vulneraron los artículos 1887 у 1889 del Código Civil y las
previsiones pactadas, tanto en la promesa de compraventa, como en su otro sí del 13
de junio de 2006, que señalaban que el negocio jurídico entre las partes, se hacía
como cuerpo cierto, es decir, que el precio incluía el globo de terreno sin importar las
modificaciones a las dimensiones inicialmente señaladas.
[...]
4.1.2.3. Concepto de violación
En primer lugar, obra en el proceso copia del avalúo del 13 de diciembre de 2005, en
formato de la Cámara de la Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, del predio El Clavel,
suscrito por Gloria Y. Bonilla Chauvez en el que indica que el valor por m² del predio
61 Folios 467 a 489 del cuaderno 2 del proceso disciplinario.
62 Folio 295 ibidem.
63 Radicado 11001031500020030044201.
64 Folios 1 a 92 del cuaderno 6 del proceso disciplinario.
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El Clavel era de $3.500, lo que junto con la construcción allí levantada, arrojaba un
valor total de $63.291.200 (folios 66 a 69 del cuaderno 1). Es claro que incluso
considerando un área de mayor extensión (60.122.71 m² en total, equivalentes a
$210′429.485.00), la adquisición de dicho predio por $1.491.043.208, representa un
evidente provecho patrimonial no justificado en cabeza del señor Néstor Germán
Castañeda Aguirre, permitido o tolerado por el señor Rodríguez Céspedes.
[...]
En segundo lugar e incluso en la hipótesis de tomar por justo el valor de $24.800 por
metro cuadrado, no puede inadvertirse que el investigado, habiendo formado parte
del otorgamiento de instrumentos públicos y privados en cuya virtud se proyectaba la
adquisición del predio El Clavel como cuerpo cierto, procedió a reconocer a favor del
vendedor el equivalente a 8.243,03 metros cuadrados adicionales (la diferencia entre
la cabida inicial calculada para el lote de terreno, 51.879.68 m² y la finalmente
establecida por Departamento Administrativo de Catastro Distrital, 60.122.71 m².) a
razón de $24.800 m², pagando al vendedor, sin justificación legal alguna, un
excedente de $204'427.144 […]».
46.9. El examen de prescripción de esta falta debe coincidir con el realizado para el
artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, por cuanto con ella la PGN buscó sancionar
la conducta del disciplinado que permitió el incremento injustificado del patrimonio
del vendedor del predio «El Clavel», Néstor Germán Castañeda Aguirre, lo que
sucedió de manera continuada hasta que recibió el último pago por la venta el 18
de diciembre de 2006, según quedó establecido. En consecuencia, para esta falta
vencía la prescripción igual día que para la descrita en el artículo 48.31 aludida y,
por ende, no se configuró.
46.10. Por
lo anterior, no prospera el cargo de nulidad del acto administrativo
sancionatorio.
2.5. La valoración probatoria en los procesos disciplinarios
47. La Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único vigente para la época de los
hechos e investigación, dispuso lo siguiente:
47.1. Artículo 128: toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario debe fundarse en
pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier
sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado.
47.2. Artículo 129: el funcionario debe buscar la verdad real. Para ello es obligatorio
investigar con igual rigor todos los hechos y circunstancias que demuestren la
existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que
tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto,
puede decretar pruebas de oficio.
47.3. Artículo 141: las pruebas deben apreciarse conjuntamente de acuerdo con las
reglas de la sana crítica. En toda decisión motivada debe exponerse razonadamente
el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.
48. Al respecto, en la sentencia de unificación dictada el 9 de agosto de 2016 65, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sostuvo que el juez puede examinar
sin restricciones la interpretación normativa efectuada por el operador disciplinario
65 Radicación 11001-03-25-000-2011-00316-00(SU).
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y realizar una nueva valoración del acervo probatorio de acuerdo con la sana crítica.
49. Es así como al juez le corresponde verificar el grado de solidez de las inferencias
probatorias de la autoridad disciplinaria para constatar si las conclusiones que
fundamentaron la sanción se ajustaron a la realidad y si esta se estructuró a la luz
de los postulados de la sana crítica.
50. Esta Sección ha señalado que aquella —la sana crítica— como criterio de
valoración probatoria, «está edificada con los criterios de la lógica, el uso de la ciencia y
de la técnica, y las reglas de la experiencia»66. Igualmente, precisó lo que sigue67:
«En cuanto a la ciencia y la técnica, ello está asociado con las opiniones,
estudios y dictámenes de los expertos en determinadas materias. A su vez, las
reglas de la experiencia pueden ser individuales y colectivas, como también
pueden ser construidas por conocimientos públicos y privados.68 Una regla de la
experiencia plena es la que tiene en cuenta tanto lo colectivo como lo
público.69 Estas pueden acreditarse por cualquier fuente de conocimiento, sin
que sea necesario una prueba o cierta formalidad70.
Así las cosas, si bien no existe una tarifa legal para decir cómo debe acreditarse
un hecho o circunstancia, los razonamientos probatorios pueden apoyarse en
diferentes medios de convicción que lleven al convencimiento sobre algo que
ocurrió, lo cual requiere un proceso racional, ponderado, objetivo, revestido de
ecuanimidad y rectitud de juicio».
51. De acuerdo con lo anterior, las pruebas deben analizarse conjuntamente de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, las cuales harán parte de la motivación
del acto sancionador. Para ello, es imprescindible que la autoridad señale y haga
un examen crítico de los documentos, testimonios y demás elementos aportados a
la investigación; dicho de otro modo, no es «dable emitir un fallo sancionatorio en el que
no obre prueba en el proceso que conduzca a la certeza en cuanto a la existencia de la falta
y responsabilidad del investigado»71.
Caso concreto
52. El demandante desestimó las conclusiones probatorias del proceso disciplinario.
Por tal razón, corresponde dilucidar si la PGN realizó una adecuada valoración
probatoria y si con las pruebas recaudadas se demostró, más allá de toda duda,
que incurrió en las faltas descritas en los artículos 48.3 y 48.31 de la Ley 734 de
2002 con ocasión de la compraventa del predio «El Clavel».
53. Para tales efectos, se examinarán las razones que tuvo la entidad para sancionar
al demandante, las pruebas en las que se apoyó y los reparos del disciplinado para
definir si realizó un análisis crítico y conjunto de aquellas.
66 Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicación 11001-03-25-000-2011-00718-
00(2720-11).
67 Ibidem.
68 Coloma Correa, Rodrigo; y Agüero San Juan, Claudio. LÓGICA, CIENCIA Y EXPERIENCIA EN
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Revista Chilena de Derecho, vol. 41, n.º 2, pp. 673 – 703. 2014.
69 Subsección A, sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicación 15001-23-33-000-2015-00502-
01(4235-17).
70 Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Librería ediciones del Profesional LTDA.
Décima sexta edición. Bogotá. 2008. Pp. 96 y 97.
71 Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2021, radicación 11001-03-25-000-2011-00367-
00 (1380-2011).
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54. Lo primero que se debe señalar es que la PGN estableció al formular los cargos
que el disciplinado había incurrido en la falta prevista en el artículo 48.31 de la Ley
734 de 2002 por «adquirir» el predio El Clavel «pese a los serios problemas,
inconvenientes y limitaciones que presentaba tal inmueble los cuales fueron advertidos por
el ingeniero catastral Walter Álvarez Bustos»72.
54.1. Para la entidad tal actuación representó la vulneración de los principios de
economía, responsabilidad y selección objetiva reglados en los artículos 24 y 25 de
la Ley 80 de 1993 porque se probó que la compra «no recayó en la mejor opción para
la entidad y para la comunidad educativa del Mochuelo». También que produjo un
detrimento patrimonial para la SED porque las condiciones del predio impidieron a
la comunidad «percibir el oportuno beneficio esperado de la inversión realizada»; el precio
pagado no correspondía con el valor real del bien; y porque se hizo un pago
adicional «por concepto de ajuste del precio por la cabida del inmueble, cuando éste se
había prometido en venta como cuerpo cierto».
54.2. En lo que respecta a la falta reglada en el artículo 48.3 de la Ley 734 de 2002,
la PGN indicó al presentar el cargo que el disciplinado incurrió en ella por permitir o
tolerar el incremento patrimonial de Néstor Germán Castañeda Aguirre. Ello ocurrió
al comprarle, en nombre de la SED, el predio El Clavel con sobreprecio por no
pagarlo de acuerdo con el avalúo comercial que estableció un precio de $3.500 por
metro cuadrado y por realizar un ajuste del valor pese a que la compra del lote se
hacía como un cuerpo cierto, en contravía de lo reglado en los artículos 1887 y 1889
del Código Civil. También indicó que, aún si se valiera el pago hecho con base en
el valor del avalúo que lo fijó en $24.800 por metro cuadrado, la adición del precio
aludido no era permitida.
55. La PGN examinó la ocurrencia de las faltas descritas en el acto administrativo
sancionatorio del 28 de julio de 2011 sin hacer un examen probatorio individual
sobre cada una. La entidad analizó la responsabilidad en relación con ambas con
un solo estudio de las pruebas y determinó que este daba lugar a inferir la
responsabilidad disciplinaria. El estudio probatorio fue el siguiente:
(i) en la compra del predio no se tuvieron en cuenta los parámetros definidos para
ello y divulgados en los avisos públicos;
(ii) se omitió el concepto proferido por Walter Álvarez Bustos, consultor contratado
para realizar los estudios técnicos, jurídicos y económicos para la adquisición de
inmuebles del Distrito Capital, que informó mediante oficio del 18 de octubre de 2005
a Liliana González Vargas, que el predio El Clavel era la última opción entre tres
examinados debido a los problemas con distintos trámites que dificultarían su
compra y la construcción del centro educativo;
(iii) en las visitas al predio realizadas por Liliana González Vargas y de acuerdo con
el contenido del oficio del 6 de marzo de 2006 de la Universidad Nacional entregado
en virtud del contrato de Consultoría 182 de 2004 celebrado para el diseño del
centro educativo, se detectó que al predio lo recorría una línea de transmisión de
energía de 115 kv que obligaba a respetar una franja de aislamiento de « 10 metros
72 Auto del 22 de abril de 2010Folios 1 a 92 del cuaderno 6 del proceso disciplinario.
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a lado y lado del eje». Esto «exigía la SED a replantear la construcción del colegio en el
predio pluricitado para evitar el más mínimo riesgo a la comunidad estudiantil»73.
(iv) no se realizaron los estudios para determinar la cercanía del predio con la
residencia de los niños que iban a estudiar allí, la viabilidad de los servicios públicos,
y no se consultó al Departamento Administrativo del Medio ambiente [DAMA] ni a la
Dirección de Prevención de Emergencias y Desastres [DIPAE] para que certificaran
el estado del terreno. Por el contrario, se desconoció que la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca había señalado en oficio del 15 de marzo de 2006 que
«en el mapa No 31 POT/Bogotá» se ubicaba el predio en una «zona de alta fragilidad»74.
(v) se omitió que el predio tenía «limitaciones» por estar incluido dentro de un título
minero75;
(vi) no se realizó antes de la compra un adecuado estudio de títulos, por lo que no
se pudo establecer la real extensión del predio, que sobre él poseían derechos
reales 4 propietarios y que el vendedor era dueño de una cuarta parte del lote
cuando se hizo la primera promesa de compraventa76. La extensión real del predio
se estableció después de firmado este documento y el otro sí y registrada la
escritura pública 1544 del 9 de agosto de 2006, una vez Catastro Distrital determinó
que era de 60.122,71 metros cuadrados77. No obstante, la entidad no podía pactar
y pagar un precio nuevo como lo hizo porque la compra se había hecho sobre un
«cuerpo cierto».
(vii) Finalmente, no se tuvo en cuenta que por el uso del suelo no se podía construir
en el predio centros educativos, que el lote requería un « plan de implantación rural»,
que no contaba con alcantarillado y que estaba «afectado por una protección
ambiental»78.
56. La PGN concluyó con apoyo en las pruebas citadas que el disciplinado incurrió
en la falta disciplinaria descrita en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, por ser
evidentes las falencias en la fase de planeación del contrato de compraventa del
predio El Clavel. A su juicio, ello ocurrió porque se probó que este se celebró sin
realizarse los estudios previos de manera adecuada que indicaran la conveniencia
o no de la contratación que dio lugar a «que no se analizaran debidamente aspectos
como la adecuación o la correspondencia del valor del avalúo a la realidad comercial del
73 Folio 234 del cuaderno 7 del proceso disciplinario.
74 Vale precisar que la entidad no identificó la fecha de este documento; no obstante, citó los folios
en los que se encontraba y se pudo determinar que se refería al incluido en los folios 167 y 168 del
cuaderno 1 del proceso disciplinario.
75 Al igual que en el caso anterior, la entidad no identificó el documento en el que basaba esta
afirmación. Sin embargo, citó los folios y se pudo constatar que se refería a dos oficios suscritos por
la Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillos y Materiales de Construcción [ANAFALCO] el 2 y
12 de junio de 2006 dirigidos a la SED y a INGEOMINAS en los que se expone que el predio hace
parte del territorio que le fue concesionado para explotar minerales ubicado en los folios 183ª 187
del cuaderno 1 el proceso disciplinario.
76 Citó como prueba la promesa de compraventa firmada el 21 de diciembre de 2005 folios 307 a 318
del cuaderno 2 del proceso disciplinario.
77 Aunque mencionó este documento no citó los folios en los que se encontraba.
78 Aunque para la aseveración de que era un aérea de protección ambiental citó entre paréntesis el
folio 293 del cuaderno 2 disciplinario, al corroborarlo no se encontró en este la prueba que indicara
ello.
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sector y otros aspectos esenciales como las áreas reales del predio y los titulares del
dominio» todo lo cual generó un detrimento patrimonial79.
57. Sobre la segunda falta prevista en el artículo 48.3 de la Ley 734 de 2002 la
entidad determinó que de haber actuado con «eficacia» el disciplinado «hubiese
omitido efectuar un proceso contractual con fundamento en un avalúo falso»80, puesto que
la interventora, Liliana González, tuvo conocimiento del verdadero avalúo desde el
15 de diciembre de 2005 de acuerdo con lo testificado por la presidenta de la
Cámara de la Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria, Gloria Bonilla Chauvez y Ligia
Susana Camelo Farfán, empleada de tal organización.
58. De igual manera, indicó que el incremento patrimonial injustificado tuvo «origen
en la deficiente planeación de las contrataciones que condujo a que la real dimensión del
predio solo fuera establecida el 17 de julio de 2006»81 cuando Catastro Distrital definió
que era de 60.122,71 metros cuadrados, lo que dio lugar a que «se ajustara el precio
del predio a la suma de $1.491.043.208»82 y contravino que la compra fue por un
cuerpo cierto en los términos de los artículos 1887 y 1889 del Código Civil.
59. Frente a tal análisis probatorio y sus conclusiones, el demandante manifestó su
inconformidad por tres razones:
60. La primera porque la entidad ignoró que los parámetros fijados para la
adquisición de inmuebles para la construcción de instituciones educativas en
Bogotá no estaban regulados en alguna norma y, además, que no existía
disponibilidad real de inmuebles que cumplieran tales características. Por tal razón,
desconoció que era necesario elegir aquel que presentara deficiencias que pudieran
ser superadas.
61. La segunda alude a que la autoridad disciplinaria otorgó un alcance que no tenía
al concepto que Walter Álvarez profirió en virtud del contrato de Consultoría 163 de
2004 y adoptó como ciertas e incontrovertibles las falencias que encontró en los
lotes sin considerar que eran susceptibles de ser superadas. Además, omitió que
en el informe se evidenciaron deficiencias también en los otros predios revisados.
62. Y la tercera razón se refiere a que la PGN pasó por alto que las falencias del lote
El Clavel fueron todas superadas.
63. Así las cosas, se pasará a verificar si la PGN realizó en debida forma el análisis
probatorio y fue adecuada la sustentación de la decisión, o si, por el contrario, dejó
de examinar los puntos referidos por el demandante.
64. Análisis probatorio sobre el primer cargo: falta tipificada en el artículo 48.31
de la Ley 734 de 2002 por: «[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad
contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios
de la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en
la ley»:
79 Folios 223 a 228 del cuaderno 7 del proceso disciplinario.
80 Folio 232 ibidem.
81 Folio 235 ibidem.
82 Ibidem.
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65. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, aplicable a todas las entidades
estatales por mandato de los artículos 1 y 2 literal a) ibidem, la celebración de la
contratación estatal tiene como finalidad el cumplimiento de los fines estatales y la
prestación de los servicios públicos.
66. Por ser tal actividad desarrollo de la función administrativa debe someterse a los
principios previstos en el artículo 209 Constitucional. Así lo reiteró la ley referida en
su artículo 23 al disponer que «las actuaciones de quienes intervengan en la contratación
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa».
67. En igual sentido, el artículo 2 del Decreto 855 de 1994 «[p]or el cual se reglamentan
parcialmente la Ley 80 de 1993 en materia de contratación directa» vigente para la época
de los hechos que se juzgan83, en el artículo 2 dispuso que la entidad contratante
«deberá tener en cuenta que la selección del contratista deberá garantizar el cumplimiento
de los principios de economía, transparencia y en especial del deber de selección
objetiva, establecidos en la Ley 80 de 1993» (se resalta).
68. El principio de transparencia se incluyó en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y
dentro de sus mandatos incluye que los procesos contractuales puedan ser
conocidos y controvertidos, que sean públicas las actuaciones estatales y los
expedientes contractuales, el conocimiento de los requisitos para participar en la
contratación, la definición precisa de reglas objetivas para la escogencia del
contratista, así como del costo del contrato, entre otras.
69. Este principio obliga a que la selección del contratista deba «edificarse sobre las
bases de i) la igualdad y respeto a todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y
claridad de las reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la
garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la
administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del
acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del
contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la
administración»84.
70. En virtud del principio de economía previsto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993
en la etapa precontractual deben realizarse unos estudios previos con los cuales se
estructura y viabiliza la celebración del contrato. Para ello en los numerales 7 y 12
[vigente para el año 2005 y 2006] se regló lo siguiente:
«[…] 7o. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones
y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del
proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.
12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la
firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de referencia.
83 Comoquiera que el contrato de compraventa fue celerado el 9 de agosto de 2006, para esa fecha
esta vigente los decretos 855 de 1994, 2170 de 2002 «por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993,
se modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de
1999»; 2434 de 2006 «por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica parcialmente el
Decreto 2170 de 2002 y se dictan otras disposiciones» y 4117 de 2006 «por el cual se modifican los
artículos 14, 15 y 17 del Decreto 855 de 1994». Aun no haia sido expedida la Ley 1150 de 2007.
84 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 de abril de 2015. Expediente 29.201.
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Demandante: Abel Rodríguez Céspedes
La exigencia de los diseños no regirá cuando el objeto de la contratación sea la
construcción o fabricación con diseños de los proponentes […]» (se destaca).
71. De acuerdo con este mandato, corresponde a la entidad verificar la conveniencia
de la contratación y la elaboración de los estudios previos. Para ello, la norma fijó
como criterio temporal que estas actividades debían ejecutarse con antelación (i) al
proceso de selección o (ii) al de la firma del contrato. Tal mandato aplica también
para los procesos de contratación regidos por la modalidad de contratación directa,
al ser extensivos los principios aludidos por el Decreto 855 de 1994.
72. Precisamente sobre ello, el Decreto 2170 de 200285, vigente para la época de los
hechos86, regló en el artículo 8 el contenido de los estudios previos en desarrollo de
los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y especificó que debían contener «1. La
definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación.
2. La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que
entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño. 3. Las
condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del mismo.
4. El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato. 5. El análisis de los
riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben
ser amparados por el contratista».
73. Además, el artículo 10 ibidem ubicado en el capítulo titulado «[d]e la selección
objetiva en la contratación directa» reguló el contenido de los términos de referencia
«que sirven de base para el desarrollo de los procesos de selección de contratación
directa» y dispuso que debían incluir, entre otros puntos, el objeto del contrato, el
presupuesto y los criterios de escogencia de la oferta87.
74. Cabe precisar que con la elaboración de los estudios previos se busca
determinar, entre otros aspectos, los precios reales del mercado de las cosas o
servicios que se necesitan adquirir para que la administración pueda tener marcos
de referencia que le permitan evaluar objetivamente las propuestas para escoger al
contratista. Por ende, su elaboración desarrolla el principio de economía «porque
teniendo la entidad estatal un conocimiento real de los precios del mercado podrá cumplir
con otro imperativo deber como es el de la selección objetiva pues tiene la obligación de
escoger la propuesta más favorable»88.
75. La eficacia de los principios examinados depende de que en la contratación
estatal se cumpla con los principios de planeación y de selección objetiva. Respecto
del primero se ha señalado que obliga a que los contratos estatales deban estar
85 «Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras
disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999».
86 Sería derogado por el Decreto 066 de 2008 «por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150
de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva y se dictan otras
disposiciones».
87 «Artículo 10. Contenido mínimo de los pliegos de condiciones o términos de referencia. Los
pliegos de condiciones o términos de referencia que sirven de base para el desarrollo de los procesos
de selección de contratación directa, deberán incluir como mínimo la siguiente información: 1. Objeto
del contrato. 2. Características técnicas de los bienes, obras o servicios requeridos por la entidad. 3.
Presupuesto oficial. 4. Factores de escogencia de la oferta y la ponderación matemática precisa,
concreta y detallada de los mismos. 5. Criterios de desempate. 6. Requisitos o documentos
necesarios para la comparación de las ofertas, referidos a la futura contratación. 7. Fecha y hora
límite de presentación de las ofertas. 8. Término para la evaluación de las ofertas y adjudicación del
contrato. 9. Plazo y forma de pago del contrato.»
88 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de marzo de 2012, radicado
73001-23-31-000-1999-00536-01 (22471).
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previamente diseñados de acuerdo con las necesidades y prioridades del interés
general. De este modo se pretende evitar la improvisación en su celebración y, por
lo tanto, que se afecte la consecución de los objetivos que se plantean y se proteja
el patrimonio público. Por tal razón, la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios
citados y luego la Ley 1150 de 2007 establecieron parámetros técnicos,
presupuestales, de oportunidad de mercado y jurídicos que las entidades deben
atender durante el proceso contractual89.
76. La falta de planeación ha sido considerada como un actuar en contra del interés
general, pues la improvisación en la contratación estatal puede acarrear
consecuencias patrimoniales negativas y afectar la consecución de los fines del
Estado. Por ello «los contratos del Estado “deben siempre corresponder a negocios
debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que
demanda el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el
contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad»90. De ahí la
necesidad de la elaboración de los estudios previos91.
77. En lo que respecta a la selección objetiva, el artículo 29 de la Ley 80 de 1993
vigente para el año 2006 establecía que en virtud de ella debía escogerse el
ofrecimiento más favorable a la entidad y para los fines perseguidos. La anterior
escogencia debía ser basada en criterios técnicos y económicos y no en factores
subjetivos del oferente.
78. Precisamente, la norma señalaba en su inciso 2 que la oferta más favorable era
aquella que «teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como cumplimiento,
experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y
concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o
en el análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata de contratación directa,
resulta ser el más ventajoso para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores
diferentes a los contenidos en dichos documentos, sólo alguno de ellos, el más bajo precio
o el plazo ofrecido» (se resalta) mandato luego acogido después en el artículo 5 de la
Ley 1150 de 2007.
79. Cabe precisar que la jurisprudencia ha señalado que en los procesos de
selección en los que se aplica la contratación directa, aunque debe someterse a los
principios antes estudiados, por la naturaleza del tipo de contratación que busca ser
más ágil y expedita puede ser un poco más flexible, aunque siempre debe cumplirse
con los trámites precontractuales. En ese sentido se ha manifestado lo siguiente:
«[…] De conformidad con lo anterior el proceso de selección mediante contratación
directa debe someterse a los principios de economía, trasparencia y selección
objetiva, con un aligeramiento de algunas etapas y formalidades de los demás
procesos de selección en atención a las necesidades propias de la contratación
directa, pero debe cumplir con los elementos de la etapa precontractual del
proceso de contratación. Esto se infiere de los numerales 7 y 12 del art. 25 de la
Ley 80 de 1993, que regulan el principio de economía -común a toda forma de
contratación-, y en los numerales citados se dispone, en particular, que con “la debida
antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del
contrato”, se harán los estudios previos necesarios para el proceso. Los dos
89 Sobre el particular se puede consultar la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de marzo de 2012, radicado 73001-23-31-000-1999-00536-
01 (22471).
90 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección V, sentencia del 28 de marzo de 2012, radicado
73001-23-31-000-1999-00536-01 (22471).
91 Ibidem.
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numerales mencionados aluden: i) al proceso de selección o ii) a la firma del contrato,
según el caso; precisamente porque la ley entiende que no siempre los contratos
están precedidos de una selección complicada, sino que, en ocasiones, la modalidad
es sencilla al punto que no requiere de un procedimiento complejo de escogencia
[…]»92 (se resalta).
80. De todo lo expuesto entonces debe concluirse que la contratación a través de la
modalidad de contratación directa en vigencia de la Ley 80 de 1993 y los decretos
855 de 1994 y 2170 de 2002 vigentes para los años 2005 y 2006 [época de los
hechos juzgados], era obligación de las entidades estatales aplicar los principios de
transparencia, economía y planeación, en tal virtud, les era obligatorio estructurar el
proceso de selección con la elaboración de los estudios previos y seleccionar la
oferta más favorable de acuerdo con criterios técnicos, económicos y jurídicos.
81. En el presente caso se advierte que el disciplinado como secretario de educación
expidió la Resolución 911 del 1 de abril de 200493 mediante la cual «se modifican e
incorporan al manual de procedimiento de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá
unos procedimientos correspondientes a diferentes áreas». En su artículo 6 incluyó en
el manual de procedimientos de la Subdirección de Plantas Físicas el « SPF-PD10
Adquisición de predios para la construcción de IED». Según certificado suscrito por el
jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Distrito Capital, tal procedimiento fue
reemplazado mediante la Resolución SED 4301 del 4 de noviembre de 2008 94. La
adquisición de predios es una de las causales por las que procede la contratación
directa, según lo reglado en el literal e) numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de
1993.
82. El procedimiento SPF-PD10 establecía una serie de etapas que la SED debía
agotar de manera previa a la adquisición de bienes inmuebles con el propósito de
escoger los que se adecuaran mejor a sus necesidades. Bajo esos parámetros, es
dable concluir que el procedimiento regló la manera de cumplir con la planeación de
la contratación y la selección objetiva y, por ende, con los principios de economía y
transparencia ordenados por los numerales 7 y 12 del artículo 24 y el artículo 25 de
la Ley 80 de 1993.
83. Por ello y con el fin de resolver el problema jurídico planteado, a continuación,
se verificará si la SED cumplió con los pasos más relevantes de ese trámite para la
adquisición del predio El Clavel o si, por el contrario, realizó la contratación con
desconocimiento de los principios referidos. El examen se hará según el orden del
trámite establecido en el manual de procedimiento.
84. (i) Solicitud de compra del predio por emergencia, ampliación de cobertura o
requerimiento de la entidad
84.1. Este paso se puede dar por cumplido, puesto que en el plan de desarrollo
«Bogotá Sin Indiferencia» adoptado mediante el Acuerdo 119 de 200495 en el eje «Más
92 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de agosto de 2020,
radicado 11001-02-25-000-2012-00406-00 (1564-12).
93 Folios 174 a 178 del cuaderno 4 del proceso disciplinario.
94 Folio 179 ibidem.
95 Así informado por Ángel Pérez Martínez, subdirector Administrativo, en el informe titulado
«Información sobre cumplimiento del procedimiento SPF-PD-010 “Adquisición de predios para la
construcción de IED”». Se corroboró con el texto del acuerdo distrital:
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13607.
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y mejor educación para todos» se dispuso en sus artículos 9.2. y 10 construir 38
colegios en las localidades de más alta demanda y con mayores problemas de
infraestructura. Se detectó por parte de la SED la necesidad en Ciudad Bolívar. Por
lo tanto, se encuentra que la entidad sí definió la necesidad de la contratación. Esto
en consonancia con lo ordenado por el artículo 8.1 del Decreto 2170 de 2002.
85. (ii) Definición con planeación y diseño de las características del predio por parte
de la Dirección de Planeación y Subdirección de Plantas Físicas de la SED;
verificación de la existencia del predio con tales características en la localidad; y
publicación de aviso con las características del predio requerido
85.1. Ángel Pérez Martínez, subdirector Administrativo, manifestó en el informe
titulado «[i]nformación sobre cumplimiento del procedimiento SPF-PD-010 “Adquisición de
predios para la construcción de IED”»96 que las características del predio para su
compra las definió el área de planeación. Igualmente, que estas consistieron en
predios ubicados en las localidades de San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Suba
y Ciudad Bolívar con áreas entre 10.000 a 22.000 metros cuadrados, la zona de
ubicación debía ser compatible con el uso para centros educativos, no estar en alto
riesgo o amenaza identificadas por el DPAE97, y presentar escrituras públicas y
certificado de libertad y tradición.
85.2. Cabe precisar que dentro del expediente no se encontró el documento en el
que conste tal decisión; no obstante, la información reportada por Ángel Pérez
Martínez coincide con la contenida en la publicación de la convocatoria para los
oferentes.
85.3. Ciertamente, el 4 de febrero de 200598 se publicó aviso por parte de la SED en
el periódico El Tiempo en el que se informó a la comunidad acerca del interés por
adquirir predios para la construcción de centros educativos. Se indicaron las
localidades en las que se necesitaba, entre ellas Ciudad Bolívar, y las
especificaciones de los inmuebles.
85.4. En la publicación se precisó que se necesitaban predios localizados en estratos
1 y 2, con áreas entre 10.000 y 22.000 metros cuadrados, con ubicación «dentro del
perímetro de servicios públicos de las áreas urbanas del Distrito Capital», en una zona de
ubicación compatible con el uso para centros educativos, no estar en alto riesgo o
amenaza identificadas por el PDAE99, y presentar escrituras públicas y certificado
de libertad y tradición.
86. De igual manera, según el informe presentado por Ángel Pérez Martínez se
verificó que en el banco de predios del Distrito Capital existieran con las
características requeridas y no se encontraron.
86.1. En esas circunstancias, la SED especificó de manera técnica la forma en la que
pretendía satisfacer la necesidad al identificar las características del predio que
pretendía comprar con el fin de construir un centro educativo. Ello, en concordancia
con el mandato del artículo 8.2 del Decreto 2170 de 2002.
96 Folios 33 a 41 del cuaderno disciplinario 5. El informe no tiene fecha.
97 Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.
98 Folios 3 y 4 del cuaderno disciplinario 4.
99 Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.
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87. (iii) Recepción de propuestas a cargo de la Subdirección de Plantas Físicas
87.1. Ángel Pérez Martínez, subdirector administrativo, manifestó en el informe antes
citado100 que para el sector Mochuelo de Ciudad Bolívar no se recibieron ofertas.
Aseveró que la rectora del colegio y miembros de la comunidad informaron sobre
los predios disponibles.
87.2. Por lo tanto, se advierte que la entidad buscó que existiera pluralidad de
oferentes. Sin embargo, por causas ajenas no se presentaron. En ese sentido,
cumplió con este paso del procedimiento dispuesto en el manual SPF-PD10 y con
los principios de planeación y de selección objetiva.
88. (iv) Revisión de la documentación técnica, económica y requerimientos mínimos
urbanísticos del predio. Filtro previo para rechazar los que no cumplen los
parámetros a cargo de la Subdirección de Plantas Físicas
88.1. El 18 de octubre de 2005101, Walter Álvarez Bustos, en cumplimiento del
contrato de Consultoría 163 de 2004, rindió concepto sobre los predios ofrecidos en
venta para la construcción del Colegio El Mochuelo.
88.2. El consultor analizó tres lotes y conceptuó que el más viable para su adquisición
era El Cerezo [opción A], seguido de El Mochuelo [opción B] y como última
alternativa El Clavel [opción C]. Sobre este último señaló que, aun cuando tenía
servicios públicos y estaba lejos del botadero de basura Doña Juana « conllevaría
todo un proceso de incorporación cartográfica ante planeación, permisos de la CAR, DMA
y otras entidades, que a corto plazo e inclusive a mediano plazo, retardaría el proceso de
negociación».
88.3. Se aclara que respecto de todos los lotes el consultor señaló que presentaban
falencias que demorarían su negociación. Pero que el de menores inconvenientes
era El Cerezo.
88.4. Según comunicó Ángel Pérez Martínez, Subsecretario administrativo, el informe
se hizo bajo revisión documental102.
88.5. Como se advierte, la SED debía elegir el mejor predio basada en el análisis de
la documentación técnica, económica y requerimientos mínimos urbanísticos del
predio efectuado por el consultor que fue contratado para tal efecto. No obstante,
se decantó por la tercera opción y que, a juicio del experto, podía traer mayores
inconvenientes. En esa medida, desatendió los principios de planeación y de
selección objetiva, puesto que se definió por un predio que no contaba con las
características requeridas previamente y que podía presentar mayores
inconvenientes para cubrir la necesidad que se pretendía solventar.
89. (v) la Subdirección de Plantas Físicas investiga los predios para verificar su
estado con las entidades del distrito encargadas de regularlos. Revisar en campo
100 «Información sobre cumplimiento del procedimiento SPF-PD-010 “Adquisición de predios para la
construcción de IED”». Folios 33 a 41 del cuaderno disciplinario 5.
101 Folios 490 y 491 del cuaderno disciplinario 2.
102 Folios 33 a 41 del cuaderno disciplinario 5. Informe que presentó tal funcionario con el título
«Información sobre cumplimiento del procedimiento SPF-PD-010 “Adquisición de predios para la
construcción de IED”».
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las características técnicas detalladas. Los inmuebles con calificación menor a 70
% «del puntaje total» se descartan. Actividad a cargo de la Subdirección de Plantas
Físicas. Responsable de control de predios
89.1. De acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, esta revisión se comenzó
a realizar a partir del mes de marzo de 2006 cuando ya había sido firmada la
primera promesa de compraventa sobre el predio El Clavel, pues ello ocurrió el 21
de diciembre de 2005103.
89.2. Ciertamente, el 3 de marzo de 2006104 el subdirector de Plantas Físicas de la
SED solicitó a la CAR Cundinamarca informar sobre la viabilidad técnica del predio
El Clavel. El 15 de marzo de 2006105, la CAR respondió y señaló que correspondía
al Departamento de Planeación Distrital106, al Departamento del Medio Ambiente107
y a la Dirección de Prevención de Emergencias y Desastres108 emitir tal concepto.
Asimismo, señaló que en el mapa 31/POT de Bogotá se registraba el predio como
«de alta fragilidad».
89.3. Dentro del expediente se encuentra la respuesta del DAPD con fecha del 12 de
diciembre de 2006 Circular 1-2006-18521109. En el concepto se indicó que si bien la
ubicación del predio El Clavel estaba «dentro del Parque Minero Industrial El Mochuelo»
era viable la construcción de centros educativos en él por permitirlo el artículo 396
del Decreto Distrital 190 de 2004 y porque el terreno era apto para ello. No obstante,
este concepto se emitió después de firmada la segunda promesa de compraventa
sobre el predio el 13 de junio de ese año.
89.4. A ello se suma que el 6 de marzo de 2006 la Universidad Nacional solicitó, en
el marco del contrato de consultoría 182/04110 para el diseño del colegio el Mochuelo
Bajo a construirse en el predio El Clavel, a Martha Isabel Rodríguez, subdirectora
de plantas físicas de la SED, que aclarara varios puntos relacionados con el terreno.
89.5. Así, entre ellos indicó que de acuerdo con el POT hacia parte de un parque
industrial y no se contemplaba su uso «dotacional educativo», que era necesario
«realizar un plan de implantación rural», que el predio no contaba con servicio de
alcantarillado y que estaba atravesado por una línea de alta tensión « por lo que es
preciso definir su afectación». En tal virtud, pidió definir si el proyecto era viable
urbanísticamente «con el fin de iniciar el diseño».
89.6. Debe señalarse también que apenas el 6 de abril de 2006 la abogada
Catherine Castellanos realizó el estudio de títulos del predio111 y conceptuó que para
esa fecha pertenecía a Néstor Germán Castañeda Aguirre [51.879,68 metros
cuadrados] y que era viable su adquisición «previa verificación de las normas
urbanísticas que regulen la subdivisión de predios rurales».
103 Folios 308 a 318 ibidem. Hubo una segunda promesa de compraventa con fecha del 13 de junio
de 2006, de la cual se precisará más adelante.
104 Folios 163 a 165 del cuaderno disciplinario 1.
105 Folios 167 y 168 del cuaderno disciplinario 1.
106 DAPD.
107 DAMA.
108 DIPAE.
109 Folios 336 a 339 del cuaderno disciplinario 2.
110 Folio 323 del cuaderno 2 del proceso disciplinario.
111 Folios 328 a 331 cuaderno disciplinario 2.
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89.7. Con el estudio se aportó certificado de tradición en el que consta que Néstor
Germán Castañeda Aguirre adquirió el predio así112: El 29 de noviembre de 2005 la
cuarta parte «derechos de cuota ¼» de Telésforo González Rodríguez. El 15 de
marzo de 2006 dos cuartas partes de Gabriela y Alirio González Rodríguez. El 27
de marzo de 2006 otra cuarta parte de Marlene González de Marente.
89.8. También es oportuno señalar que el 12 de junio de 2006 113 la Asociación
Nacional de Fabricantes de Ladrillo y Materias de Construcción informó a
INGEOMINAS, como dueño del Título Minero BA3-152 «Contrato de concesión para
mediana minería para la explotación de un yacimiento de arcilla cerámica», que devolvía
el área del lote El Clavel en el que se iba a construir el centro educativo. Indicó que
lo hacía porque la SED le había solicitado «la reducción del área del Título Minero BA3-
152, con el fin de que el predio El Clavel donde se construirá el colegio ya adquirido por la
Secretaría de Educación Distrital quede fuera del Título Minero» (sic).
89.9. Lo anterior significa que la SED comenzó la revisión del estado de los predios
y de sus características técnicas después de firmada la promesa de compraventa el
21 de diciembre de 2005, de manera parcial y que entre los meses de marzo y abril
de 2006, y aún en junio de ese año cuando se firmó la segunda promesa de
compraventa [día 13], no había terminado tal examen y existían algunos reparos
sobre la viabilidad del terreno para la construcción del centro educativo.
89.10. Lo anterior permite deducir que la SED se comprometió a comprar el predio El
Clavel sin tener claridad sobre sus condiciones físicas y jurídicas. Por tal razón,
actuó por fuera del principio de economía que ordena verificar la conveniencia de la
contratación antes del proceso de selección o de la suscripción del contrato.
Asimismo, lo hizo en contravía del principio de planeación, puesto que se evidencia
una improvisación en el trámite contractual al asumir obligaciones sin atender
criterios técnicos y jurídicos.
90. (vi) Solicitar el avalúo del lote por parte de la Subdirección de Plantas Físicas.
Responsable de control de predios
90.1. Una vez agotadas las verificaciones mencionadas y seleccionado el predio por
haberlas cumplido, correspondía a la SED solicitar su avaluó previo a la elaboración
de la promesa de compraventa y a la suscripción del contrato.
90.2. Según se pudo constatar, al expediente se allegaron tres avalúos comerciales
del predio El Clavel, de los cuales solo uno resultó ser verdadero, según se
expondrá más adelante.
90.3. El primero es el avalúo del 13 de diciembre 2005 y con fecha de recibido del
14 de ese mes y año 114 que Gloria Bonilla Chauvez, presidenta de la Cámara de la
Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria entregó a Liliana González, profesional
universitaria de la Subdirección de Plantas Físicas de la SED, el Avalúo 2853-2005.
En este tomó como extensión del inmueble 14.911,20 metros cuadrados, los cuales
eran propiedad de Néstor Germán Castañeda Aguirre que para la fecha solo era
112 Folio 596 cuaderno disciplinario 14. Desde los folios 608 a 645 ibidem reposan las escrituras
públicas en las que consta el traspaso del dominio referido.
113 Folios 270 y 271 del cuaderno disciplinario 16.
114 Folios 32 a 36 del cuaderno disciplinario 2.
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dueño de la cuarta parte del total que tenía un área de 60.122.71 metros cuadrados
[posteriormente lo adquiriría todo, según el certificado de tradición y el estudio de
títulos citado antes]. El valor del avalúo se fijó en $3.500 por metro cuadrado para
un total de $63.291.200.
90.4. El segundo avalúo data también de la fecha citada, mantiene iguales datos y
lo suscribe Gloria Bonilla Chauvez. No obstante, en él se cambió el valor del metro
cuadrado de $3.500 a $24.800 y en total se fijó el valor del predio en
$369.797.760115.
90.5. Asimismo, en el expediente obra un tercer avaluó del 3 de abril de 2006116
firmado también por Gloria Bonilla Chauvez, por la extensión de 51.879,68 metros
cuadrados. El valor del avalúo se fijó en $24.800 por metro cuadrado, lo que arrojó
un total de valor del inmueble por $1.286.616.064.
90.6. Como se advierte, la SED solicitó y recibió el primer avalúo el 13 de diciembre
de 2005, esto es, antes de que se culminara y tuviera claridad sobre los aspectos
técnicos, económicos, jurídicos y urbanísticos del predio y determinara si era el que
cumplía con las condiciones necesarias para la construcción del centro educativo.
90.7. En efecto, no se evidencia que se hubiesen analizado las razones por las cuales
se seleccionó el lote, pese a que Walter Álvarez Bustos lo dejó como la última opción
en su informe del 18 de octubre de 2005. Tampoco para esa fecha se tenía claridad
sobre el estado técnico y jurídico del bien, puesto que la entidad comenzó a indagar
sobre ello en el mes de marzo de 2006, al punto que solo hasta el 6 de abril de ese
año recibió el estudio de títulos.
90.8. De este modo, es claro que la SED ordenó el avalúo sobre un predio del cual
no tenía información necesaria para escogerlo y si era el adecuado desde el punto
de vista técnico, jurídico y urbanístico para el proyecto del colegio que se pretendía
construir allí. Todo ello contravino los principios de economía y planeación en la
contratación estatal, pues pasó por alto procedimientos necesarios antes de
determinar el valor del bien.
91. (vii) De acuerdo con los resultados de los estudios técnicos y de legalidad la
Subdirección de Plantas Físicas se lleva al comité evaluador. Este revisa las
propuestas y toma la decisión y «escogerá el más favorable para el proyecto». Se
debe levantar un acta en la que consta la decisión y el predio respecto del cual se
le hará la oferta
91.1. Según el informe que presentó Ángel Pérez Ramírez, subdirector
administrativo, no se «necesitó» agotar este trámite porque el Decreto Distrital 061
de 2005 delegó «en las entidades las funciones en relación con la adquisición de bienes
inmuebles en el Distrito Capital»117.
91.2. El funcionario explicó que, aunque no se adelantó el procedimiento del comité
evaluador «se realizó un comité técnico en el cual el arquitecto Carlos Benavides y Liliana
115 Folios 52 a 55 del cuaderno disciplinario 1.
116 Folios 324 a 327 del cuaderno disciplinario 2.
117 Folios 33 a 41 del cuaderno disciplinario 5. Informe que presentó tal funcionario con el título
«Información sobre cumplimiento del procedimiento SPF-PD-010 “Adquisición de predios para la
construcción de IED”»
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González rindieron un informe verbal al subdirector de Plantas Físicas Dr. Jairo Iván Loaiza
y a subsecretario administrativo Dr Ángél Pérez, en el cual de acuerdo a la información
suministrada por la Universidad Nacional y a su análisis y consideraciones respecto a cuál
era el mejor lote que debía comprarse era El Clavel»118 (sic).
91.3. Sobre el particular debe señalarse que en el Decreto Distrital 061 de 2005 el
alcalde distrital dispuso en su artículo 2 delegar en los secretarios de despacho «las
funciones relacionadas con los procesos tendientes a la adquisición de bienes inmuebles
que se requieren en la entidad para el cumplimiento de sus fines». La norma no dejó sin
efectos el manual de procedimientos para la adquisición de bienes inmuebles SPF-
PD10 adoptado por el propio disciplinado como secretario de educación mediante
la Resolución 911 del 1 de abril de 2004119. De hecho esta permaneció vigente hasta
que se expidió la Resolución SED 4301 del 4 de noviembre de 2008120.
91.4. En ese sentido, la delegación dispuesta por el alcalde distrital se expidió,
específicamente, para que el secretario de educación adquiriera bienes inmuebles,
lo cual no significaba que podía desconocer el procedimiento previo establecido
para ello, máxime cuando la contratación directa también se sujeta a los principios
de economía y transparencia que obligan a realizar la debida planeación con la
elaboración de estudios previos para que con la contratación se logre cubrir la
necesidad y se seleccione la mejor opción. Por lo tanto, no se cumplió con esta
parte del trámite y la decisión sobre la compra del predio no tuvo el respectivo
análisis técnico que exigía el manual SPF-PD10 y los principios referidos.
91.5. Aunque se afirma que se hizo una «especie» de comité técnico con el arquitecto
Carlos Benavides y Liliana González, lo cierto es que no existe prueba de ello ni de
las razones que expusieron para recomendar la compra del predio El Clavel.
92. (viii) la oficina asesora jurídica elabora la resolución que formaliza la oferta y se
notifica al propietario del inmueble
92.1. El 20 de diciembre de 2005, el disciplinado expidió la Resolución 5261121 con
la cual aprobó «los estudios técnicos, jurídicos y económicos adelantados en el proceso
de preselección de inmuebles de acuerdo con los soportes señalados en el Manual de
Procedimientos- Proceso de Preselección de Inmueble». Con ello viabilizó la adquisición
de varios predios, entre ellos El Clavel.
92.2. Mediante oficio de igual fecha122, se presentó la oferta de compra por el predio
a Néstor Germán Castañeda Aguirre. Se hizo por un área de 14.911,20 metros
cuadrados y por un valor de $24.800 por metro cuadrado para un total de
$369.797.760. El oficio lo firmó el disciplinado y la oferta fue aceptada igual día123.
92.3. Lo que se deduce de esta actuación es que el disciplinado expidió la Resolución
5261 del 20 de diciembre de 2005 y dispuso ofertar para la compra del predio sin
tener claridad sobre si este cumplía con los requerimientos técnicos, económicos,
jurídicos y urbanísticos. En efecto, al igual que cuando se solicitó su avalúo, no
118 Ibidem.
119 Folios 174 a 178 del cuaderno 4 del proceso disciplinario.
120 Folio 179 ibidem.
121 Folios 648 a 650 del cuaderno disciplinario 14.
122 Folios 304 a 306 del cuaderno 2 del proceso disciplinario.
123 Folio 471 del cuaderno 2 del proceso disciplinario.
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había concepto técnico que avalara que el inmueble estaba acorde con todos los
requerimientos exigidos en la oferta. Por el contrario, el concepto de Walter Álvarez
Bustos lo ubicó como la tercera opción. Asimismo, solo hasta el mes de marzo de
2006 comenzaron los análisis técnicos y jurídicos sobre el bien inmueble, según
quedó explicado.
92.4. Por lo anterior, lo que se evidencia es que el disciplinado no revisó que las áreas
encargadas hubiesen agotado el trámite previo del manual SPF-PD10. Aun así,
emitió un acto administrativo en el que indicó que el predio sí cumplía con todos los
estudios técnicos, jurídicos y económicos y, por ende, avaló que se hiciera la oferta
de compra sin tener claro, cuando menos, el estudio de títulos del predio.
92.5. Ahora, en el expediente también reposa un oficio del 13 de junio de 2006124 a
través del cual se notificó al oferente una nueva oferta de compra, pero por un área
mayor de 51.879,68 metros cuadrados y por un valor de $24.800 por metro
cuadrado para un total de $1.286.616.064. La oferta también se aceptó ese día125.
92.6. Lo anterior evidencia lo anotado con antelación, puesto que esta última oferta
tuvo que hacerse como resultado del estudio de títulos que la abogada Catherine
Castellanos hizo el 6 de abril de 2006 y en el que determinó que el predio El Clavel
había sido adquirido en su totalidad por Néstor Germán Castañeda Aguirre en tres
compras realizadas el 29 de noviembre de 2005, el 15 de marzo de 2006 y el 27 de
marzo de 2006.
92.7. Es evidente que para la fecha de la elaboración de la Resolución 5261 del 20
de diciembre de 2005 y de la oferta de compra inicial no se contaba con la
información técnica y jurídica suficiente. Ello denota una clara desorganización
administrativa e improvisación en el trámite de la compra y, por ende, el
desconocimiento del principio de planeación contractual.
93. (ix) Subdirección de Plantas Físicas. Área de Control y Estadística solicita el CDP
a la Dirección Financiera correspondiente al valor del avalúo
93.1. El 12 de diciembre de 2005 se expidieron los CDP 882, 3246 y 3267126 por
valor de $178.932.000, $119.288.000 y $74.550.000 que cubrían el valor del
inmueble por $369.797.760 ofertado inicialmente el 20 de diciembre de 2005, según
se expuso por un área de 14.911,20 metros cuadrados.
93.2. Posteriormente, el 11 de mayo de 2006 se expidió el CDP por $498.202.240.
Se profirió por solicitud de Jairo Iván Loaiza Agudelo, subdirector de plantas físicas
para la época, quien argumentó que era necesario para comprar más área del lote
El Clavel para un total de 35.000 metros cuadrados.
93.3. Luego,el 1 de junio de 2006 se expidió el CDP 2354127 por valor de
$415.643.824 por solicitud de Ángel Augusto Pérez subsecretario administrativo,
con lo cual se completó el precio ofertado el 13 de junio de 2006 por 51.879,68
metros cuadrados para un total de $1.286.616.064.
124 Folios 333 a 335 del cuaderno 2 del proceso disciplinario.
125 Folio 593 del cuaderno del proceso disciplinario 14.
126 Folios 456 a 548 del cuaderno disciplinario 2.
127 Folios 453 a 454 del cuaderno disciplinario 2.
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93.4. Por último, el 16 de agosto de 2006128 el subdirector de plantas físicas solicitó
la expedición de otro CDP por valor de $204.427.144 para solventar el precio final
que pagó por el predio equivalente a $1.491.043.208 al decidirse comprar
60.122.71 metros cuadrados.
93.5. Este último valor fue establecido cuando se firmó el contrato de compraventa
mediante la Escritura Pública 1544 del 9 de agosto de 2006129 en la que se definió
que el área total del inmueble era de 60.122.71 metros cuadrados y no de 51.89,68
y se estableció su valor por metro cuadrado equivalente a $24.800, lo que arrojó un
total del precio de $1.491.043.208. Así las cosas, la compra finalmente se efectuó
por un área superior a la que se pactó en las promesas de compraventa.
93.6. Lo anterior da cuenta de la desorganización e improvisación que gobernó la
compra del predio El Clavel, puesto que la SED hizo la oferta sin tener claridad
sobre los estudios técnicos y jurídicos ni su valor. Esto obligó a que se realizara la
adición presupuestal en 4 ocasiones para cubrir el precio, ya que desde el inicio del
proceso contractual no había claridad sobre la extensión del bien que iba a comprar
y, por ende, de aquel.
93.7. También evidencia que en el trámite se faltó al deber de acudir a criterios
técnicos para la definición del precio del contrato, toda vez que lo modificó en 3
ocasiones debido a la diferencia que se presentaba respecto del área que pretendía
comprar y que no precisó antes de la firma del contrato, sino cuando lo suscribió.
93.8. Tal proceder sin duda contravino el principio de economía previsto en el artículo
25 de la Ley 80 de 1993, por cuanto no se estableció el precio del contrato y el
presupuesto para cubrirlo de manera técnica en los estudios previos con
anterioridad a la firma del contrato como lo ordenaba tal norma y el artículo 8 del
Decreto 2170 de 2002 que dispuso como obligación para ello contar con « 4. El
soporte técnico y económico del valor estimado del contrato».
93.9. Asimismo, la fijación del precio en el instante en que se firmó el contrato impidió
que la entidad aplicara el principio de selección objetiva y en su virtud escogiera la
opción más favorable para la entidad. En cambio, lo que se evidencia es que la SED
por haber suscrito las promesas de compraventa del 21 de diciembre de 2005 y del
13 de junio de 2006130 se obligó a celebrar el contrato, aun contra los propios
intereses de la entidad, pues terminó pagando un precio muy superior al que
inicialmente previó.
94. (x) La oficina jurídica elabora la promesa de compraventa
94.1. El 21 de diciembre de 2005 se firmó la promesa de compraventa entre el
oferente y el disciplinado como representante de la SED por el valor de
$369.797.760131 por un área de 14.911,20 metros cuadrados y por un valor de
$24.800 por metro cuadrado. En el parágrafo de la cláusula segunda se especificó
que «no obstante la descripción de cabida y linderos la compraventa se hace como cuerpo
cierto».
128 Folio 455 del cuaderno disciplinario 2.
129 Folios 341 a 354 ibidem.
130 Folios 336 a 339 ibidem.
131 Folios 308 a 318 ibidem.
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94.2. Luego el 13 de junio de 2006132 se firmó el otrosí a la promesa de compraventa
en la que se fijó un nuevo valor por $1.286.616.064 correspondiente a 51.879,68
metros cuadrados y por un valor de $24.800. En el parágrafo de la cláusula segunda
se especificó también que «no obstante la descripción de cabida y linderos la
compraventa se hace como cuerpo cierto».
94.3. De este modo, las promesas de compraventa se suscribieron sin que la SED
tuviera completos los estudios técnicos y jurídicos del predio que comenzaron a
realizarse en los meses de marzo y abril de 2006 y que para la fecha en que se
elaboró la Escritura Pública 1544 del 9 de agosto de 2006133 aún estaban
definiéndose. Todo lo cual demuestra, como en el punto anterior, la falta de
planeación contractual de la entidad.
95. (xi) La oficina jurídica solicita y elabora la escritura y su respectiva protocolización
95.1. Tal y como se ha indicado, el 9 de agosto de 2006 el oferente y el disciplinado
firmaron la Escritura Pública 1544134 en la Notaría 14 de Bogotá por un área total
del inmueble de 60.122.71 metros cuadrados, por un valor por metro cuadrado de
$24.800, lo que arrojó un total del precio de $1.491.043.208.
95.2. La compra se efectuó por un área superior a la que se pactó en las promesas
de compraventa. En la última de ellas del 13 de junio de 2006 se estableció un precio
de $1.286.616.064 por 51.879,68 metros cuadrados. Dentro del expediente no
existe prueba de que la SED hubiese realizado otra oferta por el área adicional y
por el precio que se pagó. La fijación del área y del precio adicional se hizo en la
escritura pública aludida sin que previamente la SED hubiera acordado una adición
a la promesa de compraventa ni un avalúo nuevo que justificara técnicamente el
último precio.
95.3. En efecto, en la misma escritura se realizó por parte del vendedor la
actualización de la cabida y linderos del predio al identificarse [según se lee en el
documento] que no coincidían la certificada por el Departamento Administrativo de
Catastro Distrital con la fijada en los títulos de propiedad del inmueble. Por tal razón,
se actualizaron y se estableció un área de 60.122,71 metros cuadrados.
95.4. Asimismo, en el documento se pactó que el pago se haría en 3 cuotas así: una
por $147.919.104 que a la fecha de su firma «el vendedor declara recibidos a entera
satisfacción»; otra por $1.138.696.960 pagaderos dentro de los 30 días siguientes a
la radicación de la solicitud de pago; y una tercera por $204.427.144 que se pagaría
«dentro de los primeros cuarenta y cinco días siguientes del año 2007».
95.5. A lo anterior se agrega que la compra se pactó sin que previamente se expidiera
el CDP que garantizara los recursos de la SED para pagar el excedente del precio.
Ciertamente, el valor faltante entre $1.286.616.064 y $1.491.043.208
[$204.427.144] apenas se solicitó el 16 de agosto de 2006135 por el subdirector de
plantas físicas. Esto es, 7 días después de firmada la escritura pública contentiva
132 Folios 336 a 339 ibidem.
133 Folios 341 a 354 ibidem.
134 Folios 341 a 354 ibidem.
135 Folio 455 del cuaderno disciplinario 2.
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del contrato de compraventa. Esto significa que el distrito asumió compromisos sin
tener todavía la disponibilidad presupuestal para costearlos.
95.6. Posteriormente, el 23 de octubre de 2006 las partes suscribieron la Escritura
Pública 2112136 con la cual aclararon las cláusulas 7 y 8 de la Escritura Pública 1544
del 9 de agosto de 2006 que reglaban la forma de pago del contrato. En la nueva
se indicó que la última cuota del precio por $204.427.144 se pagaría con cargo al
presupuesto del año 2006 y no con vigencias futuras.
95.7. De este modo, también se concluye que con la actuación final dentro del
proceso contractual la SED tampoco atendió el principio de economía previsto en
los numerales 7 y 12 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y el de planeación, puesto
que fijó el precio definitivo de la compra cuando firmó el contrato y no antes con
fundamento en estudios técnicos.
95.8. Ahora, después del trámite aludido seguían otras etapas que lo culminarían.
Entre ellas, estaban el registro de la escritura en la oficina de instrumentos públicos,
la realización del primer pago y la elaboración del acta de entrega del oferente.
Todas estas eran posteriores a los pasos previos que se exigía por el manual de
procedimiento SPF-PD10 adoptado con la Resolución 911 de 2004 y cuya
aplicación representaba el desarrollo de los principios de transparencia, economía
y responsabilidad y, en consecuencia, el de planeación.
96. En lo que respecta al pago, de acuerdo con los comprobantes obrantes en el
expediente, la SED pagó los $1.491.043.208 a Néstor Germán Castañeda Aguirre
de la siguiente manera137:
Monto del Fecha del
Concepto de pago Observación
pago pago
El pago correspondió a la promesa de
compraventa del 21 de diciembre de
2005.
«compra lote el Clavel 25 de enero
$28.631.104
Mochuelo bajo de 2006 Fue anterior a otro sí
Suscrito el 13 de junio de 2006 y la firma
de la escritura pública 1544 del 9 de
agosto de 2006.
«compra lote el Clavel 25 de enero
$119.288.000 Ibidem
Mochuelo bajo de 2006
El pago correspondió al contrato de
compraventa consignado en la escritura
pública 1544 del 9 de agosto de 2006 en
7 de la que se definió la nueva área
«venta inmueble El
$916.818.304 noviembre de [660.122.71 metros cuadrados] y el
Cavel Mochuelo»
2006 nuevo precio [$1.491.043.208].
Por ende, fue posterior a otro sí
Suscrito el 13 de junio de 2006.
7 de
«venta inmueble El noviembre de
$175.959.760 Ibidem
Cavel Mochuelo» 2006
136 Folios 355 a 358 del cuaderno 2 del proceso disciplinario.
137 Folios 467 a 489 del cuaderno 2 del proceso disciplinario.
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7 de
«venta inmueble El
$45.918.896 noviembre de Ibidem
Cavel Mochuelo»
2006
18 de
«pago final contrato
$204.427.144 diciembre de Ibidem
de compraventa»
2006
97. Según lo anterior, la SED pagó $28.631.104 y $119.288.000 el 25 de enero de
2006, esto es, antes de que se tuviera claridad sobre los aspectos técnicos,
económicos y urbanísticos del predio que, como quedó probado, comenzaron a
realizarse después del mes de marzo de 2006, incluso el estudio de títulos. También
lo hizo sin cumplir con el procedimiento establecido en el manual de procedimiento
SPF-PD10 adoptado con la Resolución 911 de 2004 que ordenaba comenzar los
pagos después de firmarse la escritura pública y realizarse su protocolización, que
para el caso concreto sucedió el 9 de agosto de 2006.
98. Finalmente, de acuerdo con el manual de procedimiento, luego del primer pago
que debió ocurrir una vez protocolizada la escritura pública procedía la entrega del
bien.
99. En el presente caso, por la evidente improvisación en todo el trámite del proceso
de compraventa del bien, este se entregó en dos ocasiones. Así se desprende del
oficio del 13 de junio de 2006138 con el cual el vendedor hizo una segunda entrega
del predio por el área de 51.879,68 metros cuadrados a la abogada Catherine
Castellanos. En la entrega se dejó la constancia de que los servicios públicos
estaban ubicados en la zona de terreno de área igual a 14.911,20 metros cuadrados
«inicialmente recibidos por la Secretaría mediante acta de 21 de diciembre de 2005, así
como los recibos de servicios públicos domiciliarios». En ese sentido, se recibió un bien
sin tener aún la escritura y su protocolización ocurrida el 9 de agosto de 2006.
100. De todo lo expuesto también denota la actuación improvisada y desorganizada
de la SED en el proceso contractual que desconoció los principios de economía y
planeación.
101. Lo
anterior también permite responder a los cuestionamientos que hizo el
demandante frente al análisis probatorio que hizo la PGN.
102. Ciertamente, frente al argumento según el cual la entidad ignoró que los
parámetros fijados para la adquisición de inmuebles para la construcción de
instituciones educativas en Bogotá no estaban regulados en alguna norma y que
era necesario elegir aquel que presentara deficiencias que pudieran ser superadas,
debe indicarse que no le asiste razón porque según el informe de Ángel Pérez
Martínez citado en el numeral (ii) del análisis previo139 las características del predio
para su compra las definió el área de planeación, además fueron publicadas en el
diario El Tiempo y a ellas debía someterse la entidad para la selección del bien de
acuerdo con el manual de procedimientos de la Subdirección de Plantas Físicas
SPF-PD10 adoptado por la propia SED con la Resolución 911 del 1 de abril de
2004140.
138 Folios 591 y 592 del de cuaderno del proceso disciplinario 14.
139 «[i]nformación sobre cumplimiento del procedimiento SPF-PD-010 “Adquisición de predios para
la construcción de IED”» Folios 33 a 41 del cuaderno disciplinario 5.
140 Folios 174 a 178 del cuaderno 4 del proceso disciplinario.
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103. En lo que respecta a que la autoridad disciplinaria otorgó un alcance que no
tenía el concepto que Walter Álvarez al considerar como ciertas e incontrovertibles
las falencias que encontró en el lote sin analizar que eran susceptibles de ser
superadas, debe señalarse que el objeto del juzgamiento es la inadecuada
planeación de la compra del bien inmueble con la elaboración adecuada de los
estudios previos, no si con posterioridad a ello era posible o no reparar las falencias
que presentaba.
104. De hecho, la aceptación de que el predio presentaba inconvenientes para
desarrollar la construcción del centro educativo para el cual se adquiría es también
evidencia de que la SED lo compró sin verificar en debida forma que era la mejor
opción. Por ende, con desconocimiento del principio de planeación y de selección
objetiva.
105. En lo que respecta a que la PGN omitió que los otros predios también
presentaban deficiencias como bien lo conceptuó Walter Álvarez, ello no es razón
para desvirtuar la responsabilidad disciplinaria, porque tampoco se evidencia una
actuación por parte de la SED para sopesar cuál era la opción más favorable para
el propósito buscado por la entidad. Por el contrario, lo que queda claro es que
desde el principio quiso adquirir el predio El Clavel y que comenzó el trámite y firmó
promesas de compraventa si tener claridad ni siquiera sobre su extensión, precio y
estado jurídico.
106. Así las cosas, se puede concluir respecto de la falta disciplinaria prevista en el
artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, que la PGN realizó en debida forma el análisis
probatorio y se demostró más allá de toda duda la responsabilidad del demandante.
106.1. Análisis probatorio sobre el segundo cargo: falta tipificada en el artículo
48.3 de la Ley 734 de 2002 por: «[i]ncrementar injustificadamente el patrimonio,
directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo
haga» [parte resaltada considerada vulnerada].
107. La PGN al imputar el cargo argumentó que el disciplinado permitió o toleró el
incremento injustificado del patrimonio de Néstor Germán Castañeda Aguirre por
dos razones (i) por comprar el predio El Clavel con sobreprecio al no pagarlo de
acuerdo con el avalúo comercial que estableció un precio de $3.500 por metro
cuadrado; y (ii) por realizar un ajuste del valor pese a que la compra se hizo como
un cuerpo cierto, en contravía de lo reglado en los artículos 1887 y 1889 del Código
Civil.
108. La entidad en el acto sancionatorio del 28 de julio de 2011 sobre el primer punto
señaló que si el demandante hubiese actuado con «eficacia» «hubiese omitido
efectuar un proceso contractual con fundamento en un avalúo falso»141, puesto que la
interventora, Liliana González, tuvo conocimiento del verdadero avalúo desde el 15
de diciembre de 2005. En relación con el segundo punto, concluyó que por la
deficiente planeación contractual la dimensión del predio solo se conoció el 17 de
julio de 2006 y que ello dio lugar a que se ajustara su precio a la suma de
$1.491.043.208 sin tener en cuenta que la compra se hizo por un cuerpo cierto en
los términos de los artículos 1887 y 1889 del Código Civil.
141 Folio 232 ibidem.
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109. Pues bien, dentro del proceso se demostró que la compra del bien se hizo con
fundamento en un avalúo falso. Ciertamente, los dos que se utilizaron de fechas 13
de diciembre de 2005 y 3 de abril de 2006 en los que se estableció la suma de
$24.800 como valor por metro cuadrado del predio y se tomó como áreas 51.879,68
y 60.122.71 metros cuadrados resultaron no ser elaborados por la Cámara de la
Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria y firmado por Gloria Bonilla Chauvez. Así se
demostró con el testimonio de la referida, de Luz Mery Pulido Peláez y con el peritaje
de grafología realizado por el Departamento Administrativo de Seguridad [D.A.S.]
por solicitud de la PGN.
110. En efecto, Gloria Bonilla Chauvez, como presidente de la Cámara de la
Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria, aportó al proceso mediante oficio del 2 de
noviembre de 2007 copia del avaluó original CPR 2853-2005 con la constancia de
recibido suscrita de manera personal a Liliana González el 14 de diciembre de
2005142. En el avalúo se indicaba que se había hecho en relación con el predio El
Clavel con una extensión para tal fecha de 14.911,20 metros cuadrados. En él se
definió que el valor del metro cuadrado era equivalente a $3.500 y que el precio total
del predio era de $63.291.200.
111. Gloria Bonilla Chauvez rindió testimonio sobre este tema el 31 de octubre de
2007 y afirmó que el avalúo verdadero es el mencionado. Al preguntársele por los
avalúos en los que se registró la extensión del predio en 51.879,68 metros
cuadrados y el valor del avalúo en $24.800 indicó que «los demás avalúos que me ha
mostrado no fueron elaborados por la Cámara, la Secretaría de Educación nunca solicitó
corrección ni revisión de este avalúo, ni la ampliación del área, por tanto, la única copia que
reposa en la entidad es el avalúo por setenta y tres millones doscientos noventa y un mil
doscientos pesos ($63.291.200,oo)»143. La testigo reafirmó lo dicho en la ampliación
de su testimonio recibido el 17 de abril de 2008, en el que afirmó que entregó
personalmente el avalúo a Liliana González144.
112. En igual sentido declaró Luz Mery Pulido Peláez, ingeniera catastral de la
Cámara de la Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria, quien realizó el avalúo del predio
El Clavel. En su declaración manifestó que el valor del metro cuadrado del predio
equivalente a $3.500 lo calculó de acuerdo con la investigación económica del
sector. Al respecto, precisó lo siguiente:
«[…] consulté a las personas que tenían a cargo la investigación económica del
sector [se refería a personal de Catastro Distrital] allí pude obtener información de
algunas ofertas de los predios adyacentes al estudiado, donde los valores de pedido
están muy cercanos al valor asignado, además consulté el estudio que realizó
catastro también para los predios del relleno Doña Juana, donde le asignaron un valor
de tres mil doscientos pesos ($3.200) para la AUED, teniendo en cuenta esta
investigación económica de mercado y comparación de avalúos realizados, se asignó
el valor del precio el Clavel […]»145 [sic].
113. Porsu parte el Departamento Administrativo de Seguridad [D.A.S.] realizó
prueba grafológica146 sobre la firma de Gloria Bonilla Chauvez plasmada en el
avalúo recibido por Liliana González el 14 de diciembre de 2005 en la que se
142 Folios 89 a 94 del cuaderno disciplinario 2
143 Folios 85 a 87 del cuaderno disciplinario 2.
144 Folios 291 a 294 del cuaderno disciplinario 2.
145 Folios 369 a 372 del cuaderno disciplinario 2.
146 Folios 296 a 303 del cuaderno disciplinario 3.
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determinó el valor del metro cuadrado en $3.500 y la comparó con las firmas de los
avalúos del 13 de diciembre de 2005 y 3 de abril de 2006 en la que el precio por
metro cuadrado se fijó en $24.800.
114. El peritaje concluyó que las firmas de Gloria Bonilla Chauvez incluidas en estos
dos últimos avalúos «no se identifica con el gesto gráfico de su titular» y que «no fue
plasmada por el amanuense en el documento que obra actualmente». De igual manera,
se revisó si la firma de recibido que plasmó Liliana González en el avalúo original
correspondía a ella y se concluyó que «se identifica con el gesto gráfico de su titular
Liliana González, en consecuencia, existe uniprocedencia manuscritural» [sic].
115. Dentro del expediente no existe prueba que permita deducir que el disciplinado
tuvo conocimiento del avalúo que recibió Liliana González el 14 de diciembre de
2005. Tampoco que participó en su falsificación. Menos aún que hubiese tenido la
posibilidad de detectar lo espurio del documento, puesto que para ello fue necesario
que Gloria Bonilla Chauvez informara, revisara sus firmas y someter estas a un
peritaje grafológico para determinarlo.
116. En ese sentido y en atención a que debe presumirse la buena fe en las
actuaciones, es dable concluir que cuando el disciplinado firmó las promesas de
compraventa y el contrato en los que se plasmó como valor por metro cuadrado la
suma de $24.800, lo hizo bajo la convicción de que ese valor correspondía con la
realidad y con la confianza en lo que su equipo del SED le entregaba para su firma.
117. Lo anterior conlleva a rechazar la conclusión a la que arribó la PGN en relación
con que si el demandante hubiese actuado con «eficacia» habría detectado la
falsedad del avalúo y, por ende, evitado que la SED pagara la suma de
$1.491.043.208. En consecuencia, amparado en tal argumento no era posible
afirmar que Abel Rodríguez Céspedes permitió o toleró el incremento patrimonial
injustificado de Néstor Germán Castañeda Aguirre.
118. Ahora, la PGN cimentó la responsabilidad de la falta prevista en el artículo 48.3
de la Ley 734 de 2002 también en que el disciplinado realizó un ajuste del precio
del predio sin poder hacerlo, por cuanto la compra se había pactado sobre un cuerpo
cierto. En ese sentido afirmó que actuó en contravía de lo reglado en los artículos
1887 y 1889 del Código Civil.
119. Pues bien, el artículo 1887 aludido reguló lo siguiente:
«[…] ARTICULO 1887. VENTA DE PREDIO RUSTICO. Un predio rústicos puede
venderse con relación a su cabida, o como una especie o cuerpo cierto.
Se vende con relación a su cabida, siempre que ésta se expresa de cualquier modo
en el contrato, salvo que las partes declaren que no entienden hacer diferencia
en el precio, aunque la cabida real resulte mayor o menor que la cabida que reza el
contrato.
Es indiferente que se fije directamente un precio total, o que éste se deduzca de la
cabida o número de medidas que se expresa, y del precio de cada medida.
Es así mismo indiferente que se exprese una cabida total o las cabidas de las varias
porciones de diferentes calidades y precios que contengan el predio, con tal que de
estos datos resulte el precio total y la cabida total.
Lo mismo se aplica a la enajenación de dos o más predios por una sola venta. En
todos los demás casos se entenderá venderse el predio o predios como un cuerpo
cierto […]». (Se resalta)
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120. En virtud de lo anterior, en la venta por cabida el precio del predio se determina
por su área. Para que ello sea considerado así no es suficiente que se indique la
cabida o la superficie del terreno en el contrato de compraventa. Es indispensable
que haya sido en virtud de esta la determinación de su valor. Ciertamente, la Corte
Suprema de Justicia ha dicho sobre el particular lo siguiente:
«[…] De acuerdo con ese sistema la sola mención de la cabida de un inmueble en un
instrumento contractual de aquél tipo, de suyo no es equivalente ni tampoco encierra
una "garantía de cabida" en el sentido que a esta expresión corresponde darle para
los precisos efectos que consagra el artículo citado junto con los dos que le siguen
en el código Civil (Artículos 1888 y 1889) toda vez que al tenor de estos preceptos,
leídos y entendidos sin perder de vista el estrecho enlace que evidentemente entre
ellos existe, una garantía de tal naturaleza no puede considerarse configurada sino
en tanto concurran tres condiciones, a saber: a) Que la cabida se señale en el
contrato; b) Que con relación a ella sea fijado el precio y, en fin, c) Que los términos
del negocio celebrado pongan de manifiesto que no fue intención de los contratantes
renunciar al derecho de reclamar por diferencias entre la cabida real y la declarada
[…]»147.
121. De esta manera, se considera que el predio se vende por cabida cuando es por
esta que se fija el precio. En ese sentido, es así cuando la superficie del terreno «se
erija como elemento esencial del contrato»148 y ello lleva a que las partes lo celebren.
Por tal razón, la sola anotación de la cabida en la promesa de compraventa o en el
contrato «no tiene la entidad suficiente para que opere dicha modalidad [venta por cabida],
pues deben concurrir otras dos condiciones, esto es, la fijación del precio con relación a la
cabida y que los términos del negocio jurídico pongan de presente que no fue la intención
de los contratantes renunciar al derecho de reclamar por diferencias entre la cabida real y
la declarada»149.
122. En consonancia con lo expuesto, se ha indicado por parte de la jurisprudencia
tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado que para
considerar la existencia de la venta de un predio por cabida deben reunirse tres
requisitos, a saber: «a) Que la cabida se señale en el contrato. b) Que con relación a ella
sea fijado el precio. c) Que del contrato se desprenda que no fue intención de los
contratantes renunciar al derecho de reclamar por diferencias entre la cabida real y la
declarada»150.
123. Cuando estos requisitos se configuran es aplicable el artículo 1888 del Código
Civil que regló el aumento y disminución del precio de la cabida en los siguientes
términos:
«[…] Artículo 1888. Aumento y disminución del precio de la cabida. Si se vende
el predio con relación a su cabida, y la cabida real fuere mayor que la cabida
declarada, deberá el comprador aumentar proporcionalmente el precio; salvo que
el precio de la cabida que sobre, alcance en más de una décima parte del precio de
la cabida real; pues en este caso podrá el comprador, a su arbitrio, o aumentar
proporcionalmente el precio, o desistir del contrato; y si desiste, se le resarcirán
los perjuicios según las reglas generales.
147 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de agosto de 1994, expediente
4221, magistrado ponente Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
148 Ibidem.
149 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 18 de mayo de 2017, expediente 43.357.
150 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de julio de 2021, radicado 76001-23-31-000-2008-00571-01(65559).
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Y si la cabida real es menor que la cabida declarada, deberá el vendedor completarla;
y si esto no le fuere posible o no se le exigiere, deberá sufrir una disminución
proporcional del precio; pero si el precio de la cabida que falte, alcanza a más de una
décima parte del precio de la cabida completa, podrá el comprador, a su arbitrio, o
aceptar la disminución del precio, o desistir del contrato en los términos del
precedente inciso […]».
124. En contraste, se reguló la venta por cuerpo cierto en el artículo 1889 de la
siguiente manera:
«[…] Artículo 1889. Venta de predio como cuerpo cierto. Si el predio se vende como
un cuerpo cierto, no habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor para pedir
rebaja o aumento del precio, sea cual fuere la cabida del predio.
Sin embargo, si se vende con señalamiento de linderos, estará obligado el vendedor
a entregar todo lo comprendido en ellos, y si no pudiere o no se le exigiere, se
observará lo prevenido en el inciso del artículo precedente».
125. En el presente caso, en la promesa de compraventa firmada el 21 de diciembre
de 2005151 el precio se fijó de acuerdo con la extensión del predio. Se determinó
que los 14.911,20 metros cuadrados equivalían a $ 369.797.760 a razón de $24.800
por cada uno. En la promesa de compraventa suscrita el 13 de junio de 2006152 se
calculó también el precio de acuerdo con el área del terreno. Así se fijó en
$1.286.616.064 resultado de multiplicar 51.879,68 metros cuadrados y por un valor
de $24.800 por cada metro. Pese a ello, en ambos actos jurídicos en el parágrafo
de la cláusula segunda se especificó que «no obstante la descripción de cabida y
linderos la compraventa se hace como cuerpo cierto».
126. En consideración a la salvedad fijada en el negocio, es dable concluir que la
venta se pactó como cuerpo cierto, puesto que no se cumplieron con los tres
requisitos que exige el artículo 1887 del Código Civil para considerar que fue por
cabida. En efecto, aunque la superficie se señaló en el documento del predio y esta
fue determinante para establecer su valor, lo verídico es que el tercer elemento no
se cumplió, en la medida en que las partes renunciaron a reclamar el aumento o
disminución del precio al establecer que la venta fue por cuerpo cierto con
independencia de la señalización de la cabida.
127. En esa medida, el disciplinado no podía en representación de la SED aumentar
el precio al momento de perfeccionar la venta en la Escritura Pública 1544153 el 9
de agosto de 2006154 con el argumento de que la extensión real del predio era
60.122.71 metros cuadrados. Al hacerlo desconoció el acuerdo previo establecido
en las promesas de compraventa según el cual la venta se hacía como cuerpo cierto
y, por ende, no había lugar a pago alguno por la diferencia en el área fijada.
128. Lo anterior con mayor razón si se considera que en el contrato de compraventa
no se advierte que el precio fijado hubiese afectado de manera grave al vendedor
151 Folios 308 a 318 ibidem.
152 Folios 336 a 339 ibidem.
153 Folios 341 a 354 ibidem.
154 «“(…) El contrato de compraventa es en términos generales consensual en tanto se reputa
perfecto con el sólo convenio de las partes sobre la cosa objeto del contrato y el precio a pagar por
ella. No obstante, como toda regla general tiene sus excepciones encontrando una de ellas en el
contrato de compraventa que recae sobre bienes inmuebles, pues su perfeccionamiento se da con
el otorgamiento de la escritura pública (art. 1857 del C.C.)». Consejo de Estado, Sección Tercera,
Sentencia del 19 de abril de 2001, Exp. 13.411.
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con el precio pagado, de modo que pudiera concluirse que se configuró la lesión
enorme de que trata los artículos 1946 y 1947 del Código Civil que justificara el
ajuste del precio155. En efecto, el valor que recibió Néstor Germán Castañeda no fue
inferior a la mitad del que correspondía, y aún cuando hubiese sido así, la vía legal
para reclamar el perjuicio hubiese sido el ejercicio de la acción rescisoria por lesión
enorme aplicable a los contratos estatales156 que discute el equilibrio del contrato y
no el ajuste automático que se hizo en la escritura pública en contravía de lo
pactado157.
129. Así las cosas, se demostró que el disciplinado con su actuar sí generó el
incremento injustificado del patrimonio de Néstor Germán Castañeda Aguirre,
puesto que acrecentó el valor del precio a pagar por el predio en un monto de
$204.427.1447,oo, pese a que no era procedente porque con antelación se había
fijado uno menor en la promesa de compraventa del 13 de junio de 2006 y se había
pactado que la venta era por cuerpo cierto lo que impedía su ampliación en razón
de la cabida, de acuerdo con lo reglado en los artículos 1887 y 1889 del Código
Civil.
130. En ese sentido, le asistió razón a la PGN al declararlo responsable
disciplinariamente por esta conducta y, por ende, no se desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos sancionatorios.
131. Por lo expuesto se concluye en relación con el segundo problema jurídico que
la PGN realizó una adecuada valoración probatoria y con las pruebas recaudadas
en el trámite disciplinario se demostró, más allá de toda duda, que el disciplinado
incurrió en las faltas descritas en los artículos 48.31 y 48.3 de la Ley 734 de 2002
con ocasión de la compraventa del predio «El Clavel».
2.6. Causal de exoneración de responsabilidad
132. La causal de exoneración de responsabilidad prevista en el artículo 28.6 de la
Ley 734 de 2002 establece que no hay comportamiento disciplinable si se actúa
155
El artículo 1946 del Código Civil prescribe que « [e]l contrato de compraventa podrá rescindirse
por lesión enorme». A su vez, el artículo 1947 establece «Concepto de lesión enorme. El vendedor
sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que
vende; y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra
es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato.
156 «La lesión enorme es una figura jurídica predicable de los contratos estatales, siempre que se
cumplan los supuestos jurídicos que prevé la ley, como que ésta no hace diferencia alguna al
respecto, de manera que resulta aplicable indistintamente a los sujetos particulares y públicos. Así
lo ha manifestado esta Sección19 y la Corte Suprema de Justicia, quien respecto de contratos de
compraventa celebrados por sujetos de derecho público ha precisado que como la ley no hace
diferencia alguna al respecto, la figura prevista en el Código Civil resulta aplicable indistintamente a
los sujetos particulares y públicos». Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto
de 2012, radicado 07001-23-31-000-2000-00262-01 (22307). Ver también: Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia de 24 de agosto de 2000, expediente 12850.
157 «Establece, entonces, la legislación civil que el negocio jurídico está viciado por una lesión
enorme, entendida esta figura como un daño o detrimento como consecuencia de la realización de
una conducta que vincula a una de las partes en condiciones de grave desequilibrio o desproporción
prestacional objetiva (no subjetiva), y que, por lo mismo, es susceptible de rescisión o ajuste
mediante una acción cuya titularidad se reconoce al perjudicado (…) En consecuencia, la lesión
enorme es un motivo de invalidez en aquellos contratos en que la ley la consagra con efectos
rescisorios. El fundamento histórico de esa figura jurídica está contenido, como se anotó, en la
doctrina del justo precio que prohíbe obtener del contrato un provecho excesivo con perjuicios del
otro contratante y se basa en los principios de equidad y equilibrio que orientan las relaciones
jurídicas contractuales». Ibidem.
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«[c]on la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta
disciplinaria […]». Para la configuración de la causal es necesario que concurran
dos requisitos de forma concomitante, a saber158:
(i) que exista un convencimiento errado. Quiere decir que el servidor público
actúa con la total y sincera creencia de que lo hace de acuerdo con el
ordenamiento jurídico. Es decir, su proceder es de buena fe; y
(ii) que el error sea invencible. Este requisito implica que el error en que se
incurrió no era humanamente superable en consideración a las condiciones
personales del servidor público y a las circunstancias en las que ejecutó el
comportamiento. El error es invencible cuando «[…] su entidad sea tal que sea
imposible salir de la equivocación […]»159. En ese orden se descarta que se
aplique la causal de exoneración si el servidor público sí podía salir de la
ignorancia alegada.
Caso concreto
133. El demandante alegó que su actuar se amparó en la causal de exoneración
aludida porque el hecho que motivó que la SED pagara una suma superior a la que
realmente correspondía por el predio El Clavel fue la falsificación del avalúo emitido
por la Lonja de Propiedad Raíz. A su juicio, este hecho sustentó que hubiese
actuado con la convicción errada e invencible de que su conducta no era típica.
134. Frente a este punto no hay lugar a pronunciarse, en la medida que el pago del
precio superior en razón a que no detectó que el avalúo del predio era falso se
desvirtuó, según se explicó en el capítulo anterior. Por ende, el análisis sobre si la
falsedad del documento lo hizo incurrir en error ya quedó superado.
135. No obstante, se aclara que la responsabilidad en relación con la falta descrita
en el artículo 48.3 de la Ley 734 de 2002 que se examinó en esta providencia se
estructuró por el pago adicional injustificado que el disciplinado autorizó en la
Escritura Pública 1544160 el 9 de agosto de 2006161, con desconocimiento de que
en las promesas de compraventa se había acordado la venta como cuerpo cierto.
Este supuesto no se relaciona con la falsedad del avalúo, por lo que no es
procedente el estudio de la causal de exclusión de responsabilidad en los términos
planteados.
136. Ahora bien, el demandante señaló que el error invencible se sustenta en las
actuaciones de los servidores públicos desplegadas dentro del proceso de
contratación respecto de las cuales debían asumir su responsabilidad, como el caso
de las realizadas por Liliana González, quien debía elaborar y compilar todos los
158 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de septiembre de 2017,
radicado 11001-03-25-000-2012-00150-00 (0665-12).
159 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
sentencia del 16 de julio de 2014, radicado: 11001-03-25-000-2011-00680-00(2622-11).
160 Folios 341 a 354 ibidem.
161 «“(…) El contrato de compraventa es en términos generales consensual en tanto se reputa
perfecto con el sólo convenio de las partes sobre la cosa objeto del contrato y el precio a pagar por
ella. No obstante, como toda regla general tiene sus excepciones encontrando una de ellas en el
contrato de compraventa que recae sobre bienes inmuebles, pues su perfeccionamiento se da con
el otorgamiento de la escritura pública (art. 1857 del C.C.)». Consejo de Estado, Sección Tercera,
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documentos para la adquisición del predio.
137. Es cierto que en el trámite contractual participaron varios servidores públicos,
entre ellos, la mencionada. También que la confianza en el desempeño de tales
servidores pudo haber generado en el disciplinado el convencimiento de que la
contratación se adelantó en debida forma.
138. Sin embargo, tal convicción errada era vencible con la simple revisión de los
documentos de los que se componía el trámite, pues en ellos era evidente que la
compra del predio El Clavel adolecía de estudios previos rigurosos y que, por el
contrario, se estaba adelantando con evidentes irregularidades como la elaboración
de la promesa de compraventa del 21 de diciembre de 2005 y aun la del 13 de junio
de 2006 sin contar con los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios,
pagos realizados antes de firmarse el contrato, dudas sobre la viabilidad técnica del
predio para la construcción, entre las múltiples que ya fueron reveladas en esta
providencia.
139. Así las cosas, le bastaba al disciplinado revisar con diligencia el trámite
contractual antes de proceder a suscribir las promesas de compraventa, el contrato
y ordenar los pagos con diligencia para salir del error invencible que alega. Por lo
tanto, no se configuró la causal de exclusión de responsabilidad.
140. Finalmente, Abel Rodríguez Céspedes afirmó que, si bien tenía la calidad de
ordenador del gasto, el secretario de educación no era el encargado de adelantar
todas y cada una de las gestiones necesarias para la celebración del contrato.
Aunque, él era responsable del negocio jurídico, sus funciones se apoyaban en
otros servidores que tenían labores específicas en el área de adquisición de predios,
de acuerdo con la Resolución 3800 del 15 de septiembre de 2005, que contenía el
Manual de Funciones y Competencias Laborales.
141. Frente al particular debe señalarse que la función de contratar la adquisición de
bienes inmuebles fue delgada en el demandante como secretario de despacho por
el alcalde mayor de Bogotá mediante el Decreto Distrital 061 de 2005. Así las cosas,
era el encargado de adelantar el trámite contractual y no puede, so pretexto de que
otros funcionarios participaron en él, descocer su responsabilidad.
142. Aceptar ello iría en contravía del principio de responsabilidad previsto en el
artículo 26 de la Ley 80 de 1993, especialmente del mandato establecido en el
numeral 5, según el cual «[l]a responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad
contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad
estatal, quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las
corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control
y vigilancia de la misma» (se resalta).
143. Así las cosas, al tener el disciplinado como secretario de educación la función
de dirigir la contratación para la adquisición de los bienes inmuebles, no puede esta
ser trasladada a su equipo de trabajo con el fin de librarlo de responsabilidad. Por
ende, su alegato no prospera.
2.6. La culpabilidad y la graduación de la sanción en los procesos
disciplinarios
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144. La declaratoria de responsabilidad disciplinaria requiere de la existencia del
elemento subjetivo de la conducta, esto es, que el servidor público hubiese actuado
a título de dolo o de culpa. Ello, en virtud de lo previsto en el artículo 29
Constitucional según el cual «[…] toda persona se presume inocente mientras no se
haya declarado judicialmente culpable […]» y en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002
que establece que «[e]n materia disciplinaria queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa […]».
145. El principio de culpabilidad incide de manera directa en la imposición de la
sanción, puesto que la distinción de si la actuación se realizó con dolo o culpa
permite distinguir el grado de culpabilidad que debe ser observado por la autoridad
disciplinaria al momento de definir la sanción162.
146. La Ley 734 de 2002 en el parágrafo del artículo 44 definió los conceptos de culpa
grave y culpa gravísima así «[h]abrá culpa gravísima cuando se incurra en falta
disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas
de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus
actuaciones […]».
147. Respecto del dolo en materia disciplinaria, la jurisprudencia ha considerado que
para su configuración debe existir (i) el conocimiento del servidor público de que su
conducta es constitutiva de infracción disciplinaria; y (ii) la voluntad en la realización
del comportamiento163.
148. En cuanto a los criterios de calificación y graduación de las faltas disciplinarias,
la Ley 734 de 2002 en su artículo 42 prevé que pueden ser gravísimas, señaladas
de forma taxativa en el artículo 48 ibidem; graves y leves, que de acuerdo con el
artículo 50 ibidem ocurren ante «[…] el incumplimiento de los deberes, el abuso de los
derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones,
impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la
Constitución o en la ley […]».
149. La gravedad de las faltas se define de acuerdo con los criterios previstos en el
artículo 43 ibidem, esto es, su grado de culpabilidad, la naturaleza esencial del
servicio y su perturbación, la jerarquía del servidor público, entre otras164.
162 Artículo 44 de la Ley 734 de 2002.
163 Sentencia del Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. del 29 de enero de 2015,
radicado: 11001-03-25-000-2013-00190-00(0449-13). En la providencia se indicó lo siguiente: «[…]
Por otra parte por la vía de la jurisprudencia constitucional y de la doctrina se ha aceptado que el
dolo se entiende configurado, en principio, cuando el disciplinado conoce la tipicidad de su conducta
y, pese a ello, actúa en contra de sus deberes funcionales, con lo cual el conocer involucra el querer,
ya que si se tiene conocimiento y pese a ello se realiza la conducta es porque efectivamente quiere
el resultado […]».
164 «[…] El artículo 43. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas
gravísimas están taxativamente señaladas en este código. Se determinará si la falta es grave o leve
de conformidad con los siguientes criterios: 1. El grado de culpabilidad. 2. La naturaleza esencial del
servicio. 3. El grado de perturbación del servicio. 4. La jerarquía y mando que el servidor público
tenga en la respectiva institución.5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.6. Las
modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el
cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el
investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en
la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió en estado de
ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema,
debidamente comprobadas.7. Los motivos determinantes del comportamiento.8. Cuando la falta se
realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.9. La
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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150. Las sanciones se imponen de acuerdo con el tipo de falta y a la luz del principio
de proporcionalidad, tal y como lo prevén los criterios reglados en los artículos 44 a
47 ejusdem. La primera norma establece los tipos de sanciones de la siguiente
manera:
«[…] Artículo 44. Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las
siguientes sanciones:
1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas
con culpa gravísima.
2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves
dolosas o gravísimas culposas.
3. Suspensión, para las faltas graves culposas.
4. Multa, para las faltas leves dolosas.
5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas […]».
151. El artículo 46 ibidem prevé los mínimos y los máximos de las sanciones, para lo
cual también debe tenerse en cuenta los parámetros de graduación establecidos en
el artículo 47 ejusdem. El primer artículo, regló lo siguiente:
«[…] Artículo 46. Límite de las sanciones. La inhabilidad general será de diez a
veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce
meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la
inhabilidad será permanente.
La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el
disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del
fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción
se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios
de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta,
sin perjuicio de la inhabilidad especial.
La multa no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento ochenta días
del salario básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta.
La amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida […]».
152. Por su parte, el artículo 47 ibidem reglamentó los parámetros de graduación de
la sanción, específicamente de suspensión, de la siguiente manera:
«[…] Artículo 47. Criterios para la graduación de la sanción.
1. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad
se fijarán de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años
anteriores a la comisión de la conducta que se investiga;
b) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la
función;
c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero;
d) La confesión de la falta antes de la formulación de cargos;
e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio
causado;
f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la
conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o
reparación no se hubieren decretado en otro proceso;
realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada
falta grave […]».
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g) El grave daño social de la conducta;
h) La afectación a derechos fundamentales;
i) El conocimiento de la ilicitud
j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad […]»
Caso concreto
153. El demandante solicitó la adecuación de la calificación de la responsabilidad
disciplinaria, pues los hechos objeto de investigación no correspondían a una falta
gravísima ni a una modalidad dolosa, sino a una grave a título de culpa grave, en
los términos del artículo 44 de la Ley 734 de 2002. Aunque el disciplinado no explicó
el argumento, en aras de dar total garantía a su derecho de defensa se examinará
a continuación.
154. La PGN en el primer acto sancionatorio determinó, para la falta prevista en el
artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, que Abel Rodríguez Céspedes actuó a título
de dolo porque (i) en virtud de su cargo conocía en cada una de sus etapas el
proceso contractual; y (ii) pese a ello actuó con improvisación, en contravía de lo
conceptuado por el consultor Walter Álvarez y, por ende, de los principios de
planeación, economía y de selección objetiva. Por tal razón, la entidad concluyó que
«voluntariamente optó por incurrir en el comportamiento».
155. Frente al particular, se dará la razón a la PGN, en la medida en que las
inconsistencias sucedidas dentro del proceso de contratación eran evidentes y
ocurrieron desde el momento mismo de la suscripción de la promesa de
compraventa del 21 de diciembre de 2005. En efecto, el disciplinado suscribió el
documento sin que para esa fecha existiera certeza sobre la viabilidad técnica,
jurídica y urbanística para adquirir el predio El Clavel, al punto que se carecía de un
estudio de títulos detallado, se contradijo el concepto inicial del consultor antes
mencionado y, no se tenía claridad sobre la extensión del terreno y su valor.
156. El hecho de que Abel Rodríguez Céspedes hubiese continuado con el proceso
contractual, realizado pagos anticipados al oferente antes de conocer los detalles
aludidos y de la firma del contrato de compraventa y variado luego el precio del bien
aun cuando se pactó la compra desde el inicio como cuerpo cierto, demuestra que
desplegó de manera consciente su voluntad para que el trámite contractual se
concretara, pese a las múltiples inconsistencias.
157. Lo expuesto se corrobora si se considera que fue quien suscribió la Resolución
911 de 2004 a través de la cual se adoptó el manual de procedimiento SPF-PD10
para la adquisición de bienes inmuebles por parte de la SED y que establecía las
etapas que debían surtirse y su orden. Ello indica que Abel Rodríguez Céspedes
conocía de primera mano el trámite que debió agotarse y los datos que se debían
tener claros para la compra del bien antes de la firma de cada promesa de
compraventa, de los pagos y de la escritura pública. Sin embargo, avaló cada
actuación, pese a que era evidente, según quedó claro con el análisis probatorio
efectuado, que tal procedimiento se había desconocido.
158. Por lo anterior, no puede entonces concluirse que el disciplinado actuó con
culpa, pues su actuar no fue un simple descuido en sus actividades, máxime cuando
tenía amplia experiencia en este tipo de trámites. Por ende, la calificación a título de
dolo que la entidad hizo de la falta imputada se corresponde con el tipo de actuar
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del demandante.
159. En lo que respecta a la falta prevista en el artículo 48.3 de la Ley 734 de 2002,
la PGN concluyó que el actuar de Abel Rodríguez Céspedes fue a título de culpa
gravísima. Según su criterio, este debió ejercer acciones para proteger el patrimonio
público, en cambio, permitió con su incuria que Néstor Germán Castañeda
incrementara de manera injustificada su patrimonio.
160. Sedará la razón a la PGN, por cuanto la actuación del disciplinado de
incrementar el valor del predio cuando suscribió la Escritura Pública 1544165 el 9 de
agosto de 2006 no tiene razón que la justifique, en la medida en que en la primera
promesa de compraventa el 21 de diciembre de 2005 y en la segunda el 13 de junio
de 2006 se había pactado la venta del predio como cuerpo cierto. No se explica
entonces cómo al momento de la firma del contrato Abel Rodríguez Céspedes
desatendió el acuerdo previo y avaló el incremento del precio del bien.
161. Tal actuación sin duda se enmarca en la culpa gravísima prevista en el artículo
44 de la Ley 734 de 2002, por cuanto el disciplinado procedió con desatención
elemental en el desarrollo del trámite contractual que conocía porque lo hacía de
manera regular, habida cuenta de que en el plan de desarrollo del Distrito «Bogotá
Sin Indiferencia» se ordenó la construcción de 38 colegios lo que indica que debió,
en ejercicio de su cargo, participar en la compra de otros predios para tal efecto.
Además, porque bastaba que se sujetara al literal de lo pactado en las promesas de
compraventa para saber que entre ambas partes, la SED y el oferente, se había
renunciado expresamente a reclamar diferencias por el precio al estipular que la
venta era por cuerpo cierto.
162. Por lo expuesto, no se advierte razones para modular la calificación de la
conducta y, por ende, no hay lugar a modificar lo decidido por la PGN.
163. Comoquiera que las dos faltas imputadas son gravísimas por estar establecidas
en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y que fueron cometidas a título de dolo y de
culpa gravísima, se mantendrá la sanción de destitución e inhabilidad general de 12
años que la PGN impuso, en razón a que es la que procedía por virtud del artículo
44.1 ibidem que establece la «[d]estitución e inhabilidad general, para las faltas
gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima» y a que no se advierte
desproporción en el tiempo de la inhabilidad por cuanto el artículo 46 ejusdem la
estableció para estos casos en el rango de entre 10 a 20 años.
164. Además, porque, como la PGN lo indicó en el acto sancionatorio, el disciplinado
no actuó con la diligencia y cuidado que le exigía su cargo, tenía conocimiento de
la ilicitud y pertenecía a un cargo de dirección, por lo que fue acertada la graduación
de la sanción en los términos de los literales b), i) y j) del numeral 1 del artículo 47
ibidem.
165. Por lo anterior, se concluye que la sanción impuesta cumple con los parámetros
de graduación fijados en los artículos 44, 46 y 47 de la Ley 734 de 2002 y no fue
desproporcionada porque la conducta se subsumió en una falta gravísima y se
realizó a título de dolo y culpa gravísima.
165 Folios 341 a 354 ibidem.
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3. Condena en costas
166. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual no se impondrá condena en costas en esta
instancia.
4. Conclusión
167. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la Procuraduría General de la
Nación dictó el acto disciplinario del 28 de julio de 2011 dentro del término de la
prescripción de la acción disciplinaria y, por lo tanto, no vulneró el debido proceso
del disciplinado.
168. Asimismo, que las pruebas recaudadas dentro del proceso disciplinario lograron
demostrar más allá de toda duda que el disciplinado incurrió en las faltas descritas
en los artículos 48.31 y 48.3 de la Ley 734 de 2002, con ocasión de la compraventa
del predio «El Clavel» al realizar el trámite con desconocimiento de los principios de
economía, trasparencia y planeación previstos en la Ley 80 de 1993.
169. De igual manera, quedó probado que Abel Rodríguez Céspedes no actuó bajo
la convicción errada e invencible de no estar cometiendo una infracción disciplinaria
en su intervención en el proceso de compraventa del predio El Clavel en su calidad
de secretario de educación de Bogotá. Por el contrario, quedó establecido que con
un actuar diligente y cuidado hubiese podido detectar las irregularidades evidentes
dentro del trámite y, por ende, el error era vencible.
170. Finalmente, se concluye que la sanción impuesta cumplió con los parámetros
de calificación y de graduación fijados en los artículos 44, 46 y 47 de la Ley 734 de
2002 al demostrarse el actuar doloso respecto de la conducta descrita en el artículo
48.31 de la Ley 734 de 2002 y con culpa gravísima para la falta prevista en el artículo
48.3 ibidem. Por ende, no fue desproporcionada.
171. Al ser así, se negarán las pretensiones al no desvirtuarse la presunción de
legalidad de los actos demandados.
172. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Admitir a Carmen Cecilia Villabona Mujica identificado con cédula de
ciudadanía 41.437.383, Francisco Luis Rodríguez Villabona identificada con cédula
de ciudadanía 79.788.874 y Andrés Abel Rodríguez Villabona identificado con
cédula de ciudadanía 79.687.328, como sucesores procesales de Abel Rodríguez
Céspedes.
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Segundo. Negar las pretensiones de la demanda presentada por Abel Rodríguez
Céspedes en contra de la Nación, Procuraduría General de la Nación, por las
razones expuestas.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Reconocer personería a Olga Lucía Arango Álvarez, identificada con
cédula de ciudadanía 24.731.212 de Manzanares (Caldas) y portadora de la tarjeta
profesional 139.098 del C.S. de la J. para actuar como apoderada de Carmen
Cecilia Villabona Mujica, Francisco Luis Rodríguez Villabona y Andrés Abel
Rodríguez Villabona, en los términos y para los efectos de los poderes conferidos.
Quinto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Sexto. Devolver el expediente disciplinario remitido en préstamo, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YSB
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