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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2008-00571-01

Acción de controversias contractuales

Fecha
16 de julio de 2021
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2008-00571-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de junio de 2019, por el Tribunal Administrativo del Quindío, con fundamento en las razones advertidas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas por la segunda instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2008-00571-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

16 de julio de 2021

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Niega

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA - Por falta de entrega de área de inmueble objeto del contrato / CONTRATO DE COMPRAVENTA POR CABIDA

SÍNTESIS DEL CASO: La presente controversia gira en torno a la declaratoria de incumplimiento del contrato de compraventa de un lote de terreno celebrado entre Emcali EICE E.S.P. en calidad de vendedora y J. D. P., como comprador, incumplimiento que, según se alega, se concretó en el hecho de que Emcali EICE E.S.P. no realizó la entrega de 535,29 m2 cuadrados correspondientes al área del inmueble vendido que fue descrita en el acta de remate del bien y en la escritura pública de compraventa, puesto que, en realidad, su área era de 288,01 m2, debido a que el resto de su cabida estaba invadida por la construcción de una bodega en el predio vecino.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / FACTOR OBJETIVO

El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue reformado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, normas vigentes para la época de presentación de la demanda, consagra que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas. (…) También le asiste competencia a la Sala para conocer de esta controversia en segunda instancia, pues la mayor de las pretensiones de contenido económico se estimó en la suma de $480’000.000, monto que resulta superior a la suma equivalente a 500 S.M.L.M.V. ($230’750.000), para que el proceso tuviera vocación de doble instancia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 82 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 30 / LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

El presente debate versa sobre el supuesto incumplimiento del contrato de compraventa celebrado entre Emcali EICE E.S.P. y J. D. P., aspecto que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del C.C.A., corresponde ventilarse a través del cauce de la acción contractual impetrada.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 87

PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Presentada dentro del término legal

[L]a Sala precisa que debe atenderse a la regla consagrada en el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, según el cual el cómputo del término de caducidad de la acción contractual debe contarse: “a) en los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato”. (…) En este punto es imperativo señalar que el 17 de octubre de 2007, faltando once meses y once días para fenecer el plazo, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial 20 para Asuntos Administrativos, trámite que culminó el 26 de febrero de 2008, tras expedirse la constancia en la cual se daba cuenta de que la audiencia se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio. Con todo, el término de caducidad solo se suspendió por tres meses, hasta el 17 de enero 2008, por lo que a partir del día siguiente se reanudó el plazo de once meses y diez días restantes para completar los dos años de la caducidad, los cuales vencían el 27 de diciembre de 2008, día que, por estar comprendido en el período de vacancia judicial, se trasladaba al siguiente día hábil, 13 de enero de 2009. Como consecuencia, al haberse interpuesto la demanda el 28 de julio de 2008, la Sala concluye que la acción se ejerció dentro del término legalmente establecido.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136

COMPRAVENTA DEL BIEN INMUEBLE / CLASES DE VENTA DEL PREDIO / VENTA DEL PREDIO POR CABIDA / CONTRATO DE COMPRAVENTA POR CABIDA / CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CUERPO CIERTO - Diferencias con el contrato de compraventa de inmueble por cabida / VALOR DEL BIEN INMUEBLE / JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 1887, 1888 y 1889 del Código Civil, un inmueble puede venderse de dos maneras: una de ellas es atendiendo a su cabida y la otra es como cuerpo cierto. En el primer caso, el valor del inmueble se determinará en función de su área, a tal punto de que, en el evento de que la cabida del predio sea superior a la informada, el comprador deberá aumentar su precio, a menos de que su valor supere en más de una décima parte el precio de la cabida real, caso en el cual el comprador podrá aumentarlo proporcionalmente o desistir del contrato. Si la cabida es inferior a la declarada, el vendedor estará obligado a completarla, pero, en caso de no ser posible o no exigírsele, este deberá disminuir proporcionalmente el precio, salvo que el valor de la cabida faltante sobrepase más de una décima parte del precio de la cabida completa, evento en el que el comprador podrá aceptar su disminución o desistir del contrato. En el segundo caso, cuando la venta se haga como cuerpo cierto, su cabida no será determinante para la fijación del precio, por lo que el comprador no podrá exigir su rebaja o aumento, con independencia de su área. NOTA DE RELATORÍA: Sobre estas dos modalidades de compraventa de bien inmueble, consultar sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 8 de agosto de 1994, Exp. 4221, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1887 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1888 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1889

VENTA DEL PREDIO POR CABIDA - Noción / VENTA DEL PREDIO POR CABIDA - El valor del inmueble se fija conforme a la extensión del terreno / CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CUERPO CIERTO

[D]e las reflexiones del máximo órgano de la justicia ordinaria, surge que la venta por cabida, entendida como la enajenación de un bien inmueble realizada en función y por razón del área del predio, no constituye una regla susceptible de ser presumida por el solo hecho de hacerse mención a la extensión del terreno en los documentos contentivos de la intención de trasladar el dominio. En ese orden, para entender que la venta se hace por cabida es indispensable que la referencia que a su área se realice esté directamente ligada a la intención de fijar el precio en relación proporcional con aquella. En defecto, si la alusión a su cabida se hace a título informativo, la venta habrá de entenderse realizada como cuerpo cierto, es decir, sin que la mayor o menor cabida hubiera fungido como un elemento esencial determinante para la fijación del precio.

VENTA DEL PREDIO POR CABIDA - Requisitos

[P]ara determinar si la modalidad del traslado del dominio obedece a la venta por cabida, la Corte de Suprema de Justicia prescribió la necesidad de que se reúnan tres requisitos: a) Que la cabida se señale en el contrato. b) Que con relación a ella sea fijado el precio. c) Que del contrato se desprenda que no fue intención de los contratantes renunciar al derecho de reclamar por diferencias entre la cabida real y la declarada.

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CUERPO CIERTO - El contrato se celebró sin consideración a la cabida del inmueble

[L]a Sala observa que la compraventa del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 370-236281 se produjo como cuerpo cierto (…) En efecto, de las pruebas revisadas no es posible afirmar que el área del predio haya fungido como un factor determinante y esencial para la fijación de su precio. (…) se despachará desfavorablemente el primer cargo de la apelación, en tanto, contrario a lo alegado por el recurrente, la compraventa del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-236281 se llevó a cabo como cuerpo cierto, sin atender a su cabida, lo que excluía la posibilidad de reclamar el área faltante de conformidad con el artículo 1888 del Código Civil.

FUENTE FORMAL. CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1888

OBLIGACIONES DEL VENDEDOR / DERECHO A LA PROPIEDAD / ACCIÓN DE SANEAMIENTO POR EVICCIÓN

[L]a obligación del vendedor, de cara al traslado del derecho de propiedad, se contrajo a impedir que se presentaran vicios por evicción o a salir a su saneamiento en caso de que terceros alegaran mejor derecho de dominio sobre la cosa enajenada. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación de Civil, de 6 de julio de 2005, Exp- 00791-01, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno.

ACCIÓN REIVINDICATORIA / OBJETO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA / PERTURBACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE / DESLINDE Y AMOJONAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA - No configurado

Es claro que el demandante, en su calidad de nuevo propietario del bien, condición que no se encuentra en discusión, tiene a su haber la acción reivindicatoria prevista en el artículo 952 y siguientes del Código Civil para hacer cesar las anomalías en su posesión, como también la posibilidad de iniciar un proceso declarativo especial de deslinde y amojonamiento. En lo que se quiere enfatizar es en que la mencionada perturbación no habría de configurar un incumplimiento del contrato de compraventa por parte del vendedor, en los términos que plantea el recurrente.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 952

INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - No hay lugar a reclamar el área del inmueble denunciada en la escritura pública cuando la compraventa se hace como cuerpo cierto

[L]a Sala encuentra que, el hecho de haber enunciado los linderos del inmueble enajenado en favor del demandante, no habilitaba la reclamación por la mayor cabida que pretendió incoar a través de la formulación de la presente demanda con sustento en el supuesto incumplimiento en que incurrió Emcali por la falta de entrega de la totalidad del área enunciada, a lo que se añade que no se acreditó cuáles fueron los términos en que suscribió el acta de entrega del inmueble en relación con su alinderamiento. Como consecuencia, los argumentos de la apelación que se acaba de analizar se encuentran infundados.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Impróspera / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

[L]a Sala encuentra que los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia no tienen vocación de prosperidad, lo que impone confirmar el fallo apelado en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

CONDENA EN COSTAS - No hay lugar a su imposición

De conformidad con lo previsto en la Ley 446 de 1998, en este asunto no hay lugar a la imposición de costas, por cuanto no se evidencia en el sub examine que alguna de las partes hubiere actuado temerariamente.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 76001-23-31-000-2008-00571-01(65559)

Actor: JOSÉ DANIEL PINZÓN

Demandado: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Temas: DIFERENCIAS ENTRE COMPRAVENTA DE INMUEBLE POR CABIDA Y COMO CUERPO CIERTO – en el caso se presentó una compraventa de terreno como cuerpo cierto / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR FALTA DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL ÁREA – no hay lugar a reclamar el área del inmueble denunciada en la escritura pública cuando la compraventa se hace como cuerpo cierto.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, el 6 de junio de 2019, mediante la cual se resolvió declarar no probadas las excepciones de falta de competencia y caducidad de la acción propuestas por la entidad demandada y negó las pretensiones de la demanda.

I. A N T E C E D E N T E S
1. Síntesis del caso

La presente controversia gira en torno a la declaratoria de incumplimiento del contrato de compraventa de un lote de terreno celebrado entre Emcali EICE E.S.P. en calidad de vendedora y José Daniel Pinzón, como comprador, incumplimiento que, según se alega, se concretó en el hecho de que Emcali EICE E.S.P. no realizó la entrega de 535,29 m2 cuadrados correspondientes al área del inmueble vendido que fue descrita en el acta de remate del bien y en la escritura pública de compraventa, puesto que, en realidad, su área era de 288,01 m2, debido a que el resto de su cabida estaba invadida por la construcción de una bodega en el predio vecino.

2. La demanda

La demanda con la que se inició este litigio fue presentada el 28 de julio de 2008 por el señor José Daniel Pinzón, en ejercicio de la acción de controversias contractuales contra Empresas Municipales de Cali Emcali EICE E.S.P, con el fin de que:

i) Se declarara que Empresas Municipales de Cali Emcali EICE E.S.P incumplió el contrato de compraventa de inmueble celebrado con el demandante, protocolizado mediante escritura pública No. 2528 del 28 de julio de 2006, otorgada en la Notaría Cuarta del Círculo de Cali.

ii) Se ordenara el cumplimiento del contrato de compraventa en mención, en el sentido de disponer la entrega de la totalidad del área del lote del terreno objeto del acuerdo, identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-236281.

iii) Como consecuencia, se condenara a Emcali EICE E.S.P. a pagar en favor del demandante los siguientes perjuicios:

El daño emergente tasado en el proceso, derivado del hecho de no haberse entregado la totalidad del área al comprador.
La suma de $480’000.000 por concepto lucro cesante, consistente en el valor mensual de los frutos civiles y naturales que habría dejado de producir el inmueble por no haberse entregado al demandante e impedir que se explotara a través de la construcción de locales comerciales.
En caso de que no se proceda a la entrega del área del terreno faltante, se condene al pago de su precio.

3. Los hechos

En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos relevantes:

El 24 de marzo de 2006, el Banco Popular, a través de diligencia de remate y obrando como intermediario de Emcali EICE E.S.P., adjudicó un lote de terreno con área de 535,29 metros cuadrados, identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-236281 de propiedad de esa empresa, por valor de $28’343.606, al señor José Daniel Pinzón.

El 28 de julio de 2006, Emcali EICE E.S.P., en calidad de vendedora y el señor José Daniel Pinzón, en condición de comprador, otorgaron la escritura pública No. 2528 ante la Notaría Cuarta del Círculo de Cali, mediante la cual protocolizaron la compraventa del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 370-236281 y área de 535.29 m2.

Se dice en la demanda que, en abril de 2006, el señor José Daniel Pinzón contrató al ingeniero Álvaro Henao para que, con base en el plano del inmueble elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, realizara un diseño arquitectónico con el objeto de planear la construcción de cuatro locales comerciales para que funcionaran allí.

Al realizar las medidas topográficas del inmueble en desarrollo de este contrato, se constató que el área real del lote era de 288.01m2, lo que revelaba una diferencia de 247.28 m2 respecto de los registrados en la escritura pública, cuestión que se debió a que el área estaba invadida con la construcción de una bodega por parte del dueño del lote vecino.

Luego de suscribir la escritura, Emcali EICE E.S.P no entregó la totalidad del área del inmueble objeto de compraventa, conducta a partir de la cual se constituyó un incumplimiento contractual en cuya virtud el comprador no ha podido explotar económicamente el predio según sus previsiones.

4. Fundamentos de derecho

Como apoyo jurídico de sus pretensiones, la parte demandante advirtió que el contrato de compraventa en referencia es un contrato estatal, de conformidad con la Ley 80 de 1993, generador de obligaciones que constituye ley para las partes y debe cumplirse con arreglo a la buena fe y a las disposiciones comerciales y civiles.

Advirtió que en este caso Emcali EICE E.S.P había incurrido en incumplimiento contractual de su obligación de entregar la totalidad del área del predio vendido, la que, según la escritura pública correspondía a 535.29 m2, pero en la realidad no superaba los 288.01 m2, omisión con la cual había causado perjuicios al demandante que debían ser indemnizados.

5. Actuación procesal

5.1. Por auto del 5 de agosto de 2008, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda, ordenó la notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

5.2. En decisión del 11 de septiembre de 2009, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó el llamamiento en garantía formulado por Emcali EICE E.S.P. contra los señores Jenifer Gordillo Vásquez y Jonathan Gordillo Vásquez y, en su lugar, ordenó su vinculación al proceso en calidad de terceros con interés directo en su resultado, como supuestos invasores del lote de terreno objeto de compraventa.

5.3. Esa decisión fue recurrida en apelación por Emcali EICE E.S.P. ante el Consejo de Estado, Corporación que en providencia del 19 de julio de 2010 desató el recurso, en el sentido de confirmar la negativa del llamamiento en garantía y revocar la decisión de vincular a la causa a los mencionados señores, por cuanto no existía prueba que permitiera inferir su calidad de invasores o de propietarios del predio colindante.

5.4. Contestación de la demanda – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

La entidad accionada contestó la demanda dentro de la oportunidad legal.

Se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que la ocurrencia de los hechos planteados era responsabilidad de quienes habían ocupado parte del área del bien inmueble.

Como razones de defensa adujo que no resultaba posible jurídicamente prever que el inmueble que vendía Emcali no poseía el área de terreno que lo conformaba, a lo que añadió que el comprador, antes de suscribir el contrato, visitó el predio, verificó los linderos y revisó sus características para analizar la viabilidad de la supuesta explotación económica a la que iba destinar el bien, por lo que fue debido a su falta de diligencia que decidió adquirir un inmueble que no reunía las condiciones por él requeridas.

Adicionalmente, propuso las excepciones que denominó: “caducidad de la acción”, inexistencia del contrato que sirve de prueba para ejercitar la acción de controversias contractuales”, “incumplimiento de requisitos contractuales por parte del demandante”, “acción contractual instaurada equivocadamente”, “demanda dirigida contra una entidad que no ocasionó el daño y por consiguiente no está obligada a repararlo”, “compensación de culpas”, “falta de demostración de los perjuicios materiales pretendidos en la demanda”.

5.5. Surtida la etapa probatoria y de alegatos de conclusión, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante proveído del 13 de noviembre de 2018, en cumplimiento de las medidas de descongestión dispuestas mediante Acuerdo PCSJA148-11134 del 31 de octubre de 2018, decidió remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Quindío para que continuara con la etapa de dictar sentencia.

5.6. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Quindío resolvió declarar no probadas las excepciones de falta de competencia y caducidad de la acción propuestas por la entidad demandada y negó las pretensiones de la demanda.

Luego de referirse al material probatorio obrante en el expediente, advirtió que el demandante actuó de manera negligente, dado que, con antelación a la firma de la escritura, conoció la extensión del lote de terreno al ser asesorado por un ingeniero, quien le indicó que el área adjudicada era de 288.01 m2 y, aun así, aceptó finiquitar su compra aceptando sus medidas como cuerpo cierto.

Estimó que no había prueba de que el comprador celebró el convenio guiado por el valor del metro cuadrado, por lo que su cabida fue tratada como cuerpo cierto y, en ese orden, debía darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 1889 del Código Civil.

Señaló que la escritura se suscribió sin hacer salvedades respecto del precio y la cabida y sin que exista prueba de que la venta se realizó por unidad de área. Consideró que en el caso no se presentaba un evento de vicio oculto y era al comprador al que se le imponía el deber de actuar de buena fe, en tanto debía manifestar la inconformidad que se presentaba respecto del déficit que mostraba el área del terreno a la firma del instrumento público y no esperar para realizar el reparo con posterioridad.

5.6. El recurso de apelación - parte demandante

La parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia para que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

Como argumento de inconformidad, manifestó que el tribunal había errado al considerar que la compra del terreno se dio bajo la modalidad de cuerpo cierto y que por eso el comprador no tiene derecho a reclamar el área faltante.

Al respecto, esgrimió que el acuerdo de voluntades se generó a raíz de la adjudicación realizada a favor del actor en diligencia de remate, en la que se describían las condiciones del lote, entre ellas, su área y con base en la oferta que este hizo para adquirirlo, la cual igualmente comprendió la cabida del inmueble que se pretendía comprar.

Expresó que el área del inmueble publicada en el aviso de remate era determinante para presentar la oferta de compra, al punto de que, si el área era menor e influía en su avalúo, los interesados se abstendrían de presentar propuesta. Agregó que, si el área que aspiraba que le fuera entregada no correspondía a la descripción del inmueble consignada en el aviso de remate podrían realizarse las reclamaciones de que trata el artículo 1888 del Código Civil.

Adujo que la entidad demandada incurrió en incumplimiento contractual al no proceder a la entrega de la totalidad del bien por el área descrita en la escritura y faltó a la buena fe contractual al no advertir al comprador sobre la situación de la invasión parcial del inmueble, circunstancia que Emcali debió conocer como antigua propietaria del lote.

Precisó que existió un enriquecimiento sin justa causa, al haber cobrado un precio por el inmueble que no correspondía al área entregada.

Explicó que en el caso no se le dio correcta aplicación al artículo 1889 del Código Civil referente a la venta de cuerpo cierto, el cual en su inciso segundo prescribía que, si el inmueble se vendía con señalamiento de los linderos, así como ocurrió en este evento en el que en la escritura se incluyeron los linderos del bien, en ese supuesto el vendedor estaba obligado a realizar la entrega de la totalidad del área comprendida en ellos.

6. Actuación en segunda instancia

Mediante providencia del 15 de octubre de 2020, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Por medio de auto del 14 de mayo de 2021, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiese su concepto.

En el término otorgado, las partes presentaron sus escritos de alegaciones, en los cuales reiteraron los argumentos en que soportaron la causa y la contradicción.

El Ministerio Público guardó silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes temas: 1) competencia del Consejo de Estado; 2) procedencia y oportunidad para el ejercicio de la acción contractual; 3) análisis de la apelación: 3.1) la compraventa se produjo como cuerpo cierto y no en consideración a la cabida del inmueble; 3.2) el incumplimiento contractual por la falta de entrega de la totalidad del área del inmueble y la aplicación del inciso segundo del artículo 1889 del Código Civil, y 4) costas.

1. Competencia del Consejo de Estado

El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue reformado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, normas vigentes para la época de presentación de la demanda, consagra que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas.

En esta oportunidad se encuentran en controversia circunstancias atinentes al supuesto incumplimiento del contrato de compraventa materializado en escritura pública No. 2528 de 2006, celebrado entre Emcali EICE E.S.P. y José Daniel Pinzón.

Así las cosas, se precisa que la entidad vendedora, Emcali EICE E.S.P., de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del numeral 1 del artículo 2º de la Ley 80 de 1993, es una empresa industrial y comercial del Estado que tiene el carácter de entidad estatal.

Hechas las anteriores precisiones, se concluye que es esta jurisdicción la competente para conocer de la presente controversia.

También le asiste competencia a la Sala para conocer de esta controversia en segunda instancia, pues la mayor de las pretensiones de contenido económico se estimó en la suma de $480’000.000, monto que resulta superior a la suma equivalente a 500 S.M.L.M.V. ($230’750.000), para que el proceso tuviera vocación de doble instancia.

2. Procedencia y oportunidad para el ejercicio de la acción contractual

El presente debate versa sobre el supuesto incumplimiento del contrato de compraventa celebrado entre Emcali EICE E.S.P. y José Daniel Pinzón, aspecto que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del C.C.A., corresponde ventilarse a través del cauce de la acción contractual impetrada.

En orden a determinar la oportunidad de su interposición, la Sala precisa que debe atenderse a la regla consagrada en el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, según el cual el cómputo del término de caducidad de la acción contractual debe contarse: “a) en los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato”.

En consonancia con lo anterior, en atención a que la obligación que se alega incumplida por parte del vendedor es la entrega de la totalidad del área del bien objeto de compraventa, se observa que, con arreglo a la cláusula quinta de la escritura de compraventa No. 2528 del 28 de julio de 2006, la entrega material del inmueble por Emcali EICE E.S.P. se haría dentro de los diez días siguientes a aquel en que el comprador presentara el certificado de tradición con el respectivo registro de la compraventa.

No se conoce la fecha en la que el comprador exhibió ante la entidad el folio de matrícula inmobiliaria con la anotación de la mencionada compraventa; lo único que se sabe es que la anotación del contrato en el folio de matrícula inmobiliaria No.370-236281 se efectuó el 13 de septiembre de 2006, por lo que, al menos, a partir de entonces, se cumplía la condición inicial para proceder a la entrega del bien dentro de los diez días siguientes, los que habrían de vencerse el 27 de septiembre de 2006. De ahí que, en principio, la obligación de entregar la totalidad del área enajenada supuestamente incumplida se produjo en esta fecha.

En ese orden los dos años para impetrar la acción contractual habrían de vencer el 28 de septiembre de 2008.

En este punto es imperativo señalar que el 17 de octubre de 2007, faltando once meses y once días para fenecer el plazo, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial 20 para Asuntos Administrativos, trámite que culminó el 26 de febrero de 2008, tras expedirse la constancia en la cual se daba cuenta de que la audiencia se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio.

Con todo, el término de caducidad solo se suspendió por tres meses, hasta el 17 de enero 2008, por lo que a partir del día siguiente se reanudó el plazo de once meses y diez días restantes para completar los dos años de la caducidad, los cuales vencían el 27 de diciembre de 2008, día que, por estar comprendido en el período de vacancia judicial, se trasladaba al siguiente día hábil, 13 de enero de 2009.

Como consecuencia, al haberse interpuesto la demanda el 28 de julio de 2008, la Sala concluye que la acción se ejerció dentro del término legalmente establecido.

3. Análisis de la apelación

La inconformidad planteada en la apelación apunta a indicar que: i) de conformidad con las pruebas del proceso se establecía que la venta del lote de terreno se produjo en consideración a la cabida del inmueble y no como cuerpo cierto, razón por la cual el demandante estaba facultado para reclamar el área faltante al tenor del artículo 1888 del Código Civil; ii) Emcali faltó a la buena fe e incumplió el contrato de compraventa al no entregar el área establecida en la escritura pública de compraventa; iii) no se aplicó correctamente el inciso segundo del artículo 1889 del Código Civil, según el cual, si la venta se realizó con señalamiento de los linderos, el vendedor se obligaba a entregar todo lo que en ellos se comprendía.

En los puntos referidos queda delimitado el análisis de la apelación que a continuación se emprenderá, no sin antes precisar que en el recurso también se alegó la existencia de un enriquecimiento sin justa causa, al haber cobrado un precio por el inmueble que no correspondía al área entregada.

Frente a este último cargo se advierte que nada relacionado con el enriquecimiento sin justa causa se alegó en la demanda, situación que, al corresponder a un argumento no formulado de inicio, no será examinado en esta providencia, so pena de ir en contravía del principio de congruencia que informa las decisiones judiciales.

3.1. La compraventa se produjo como cuerpo cierto y no en consideración a la cabida del inmueble

Para adentrarse al estudio de este cargo la Sala, precisa la necesidad de referirse a las normas civiles que regulan la materia y a las diferencias que desde el punto de vista de la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, existen en relación con la venta de inmueble por cabida o como cuerpo cierto.

De conformidad con lo establecido en los artículos 1887, 1888 y 1889 del Código Civil, un inmueble puede venderse de dos maneras: una de ellas es atendiendo a su cabida y la otra es como cuerpo cierto.

En el primer caso, el valor del inmueble se determinará en función de su área, a tal punto de que, en el evento de que la cabida del predio sea superior a la informada, el comprador deberá aumentar su precio, a menos de que su valor supere en más de una décima parte el precio de la cabida real, caso en el cual el comprador podrá aumentarlo proporcionalmente o desistir del contrato.

Si la cabida es inferior a la declarada, el vendedor estará obligado a completarla, pero, en caso de no ser posible o no exigírsele, este deberá disminuir proporcionalmente el precio, salvo que el valor de la cabida faltante sobrepase más de una décima parte del precio de la cabida completa, evento en el que el comprador podrá aceptar su disminución o desistir del contrato.

En el segundo caso, cuando la venta se haga como cuerpo cierto, su cabida no será determinante para la fijación del precio, por lo que el comprador no podrá exigir su rebaja o aumento, con independencia de su área.

Sobre estas dos modalidades de compraventa de inmueble la Corte Suprema de Justicia ha explicado:

Reconocer la existencia de una verdadera "garantía de cabida" en la promesa de celebrar en el futuro un contrato traslaticio de dominio del que se desprende para el enajenante la obligación de entregarle al adquirente un predio rústico, no es tarea de poca importancia que pueda reducirse a la aplicación aislada del segundo inciso del artículo 1887 del Código Civil, olvidando que este precepto forma parte de todo un sistema de normas inspiradas, como se sabe, en el deseo de interpretar siempre la voluntad de los contratantes y procurar la equidad en el desenvolvimiento de sus relaciones, permitiendo que solamente en situaciones de extremado desequilibrio pueda llegarse hasta la ruptura integral del vínculo negocial mediante su resolución. De acuerdo con ese sistema la sola mención de la cabida de un inmueble en un instrumento contractual de aquél tipo, de suyo no es equivalente ni tampoco encierra una "garantía de cabida" en el sentido que a esta expresión corresponde darle para los precisos efectos que consagra el artículo citado junto con los dos que le siguen en el código Civil (Artículos 1888 y 1889) toda vez que al tenor de estos preceptos, leídos y entendidos sin perder de vista el estrecho enlace que evidentemente entre ellos existe, una garantía de tal naturaleza no puede considerarse configurada sino en tanto concurran tres condiciones, a saber: a) Que la cabida se señale en el contrato; b) Que con relación a ella sea fijado el precio y, en fin, c) Que los términos del negocio celebrado pongan de manifiesto que no fue intención de los contratantes renunciar al derecho de reclamar por diferencias entre la cabida real y la declarada.

Asi, pues, para que exista la garantía en cuestión es indispensable que la extensión superficiaria del terreno, por voluntad expresa de las partes, se erija en elemento esencial del contrato, tomándola ellas por lo tanto como una calidad de la cosa que las ha inducido a celebrarlo, y ello ocurrirá cada vez que se la señale como factor determinante en el intercambio económico de valores acordado, por manera que si se trata por ejemplo de una promesa de compraventa o de una promesa de permuta estimatoria con saldo, que es por cierto el caso del que estos autos dan cuenta, tendrá que aparecer como una realidad incuestionable que aquella extensión fue fundamento de la fijación del precio (G.J. Tomo CLV, pág.188) y que, además, los interesados no declararon que a pesar de ello se abstendrán de formar cuestión por eventuales defectos o excesos de cabida. B1 criterio que en la materia resulta acertado no es, entonces, el que como corolario de un brillante estudio aquí sugiere el recurrente en casación, puesto que "... no es exacto afirmar -dice un renombrado escritor al comentar las disposiciones que en el Código Civil de Chile son iguales a los artículos 1887 a 1889 de la codificación*colombiana-que siempre que se hable de la cabida en el contrato, éste se celebre con relación a ella (..) pues según se dijo, la cabida puede señalarse muchas veces como un dato ilustrativo, de referencia, sin tener ninguna importancia. Si se aceptara la doctrina contraria de que siempre que se menciona la cabida la venta es con relación a ella, resultaría que para obtener que toda cláusula de un contrato produjera algún efecto, nos veríamos obligados a calificar de venta con relación a cabida todo contrato en que ésta se indicara, de modo que la venta jamás podría ser de cuerpo cierto cuando se señalara la cabida. Bsto va contra el texto mismo de la ley pues tanto el inciso segundo del artículo 1831 (Artículo 1887 del Código Civil Colombiano), como el artículo 1833 del mismo código (Artículo 1889 del Código Civil Colombiano) se ocupan del caso en que la venta, no obstante señalarse la cabida, es de cuerpo cierto a causa de que las partes no han atribuido ninguna importancia a esa cabida ..." y líneas atrás había expresado que no basta que se denote el espacio que tiene el predio rústico que va a ser objeto de enajenación; "... se requiere que esa mención sea indispensable para el señalamiento del precio, que manifieste que el contrato se celebra en atención a ese requisito. Si la cabida no se indica o si se indica por vía ilustrativa, sin darle el carácter de elemento decisivo del contrato, la venta es de cuerpo cierto, es una venta en bloc que no dará lugar a reclamo, puesto que la cabida no se ha tomado en cuenta para su celebración ..." (Arturo Alessandri Rodríguez. De la compraventa…, Tomo II, núms. 1070 y 1075).

Resumiendo, y no cabe duda que como lo señaló con acierto el Tribunal en el fallo impugnado es esa y no otra distinta la doctrina jurisprudencial uniformemente aceptada desde antiguo en el país, si no es rotunda la prueba en poner al descubierto que la cabida está llamada a desempeñar una función preponderante en la economía del contrato, habida consideración de la "... primerísima y fundamental importancia ..." (G.J. Tomo CLII, pág. 210) que en este campo las partes de común acuerdo se propusieron darle, si no aparece con absoluta claridad que fue uno de los elementos decisivos para la concertación del negocio, tiene que prevalecer el concepto común y ordinario del "cuerpo cierto" y por ende, ante circunstancia semejante, no puede admitirse que exista una garantía convencional de cabida, situación esta que, se repite, es por entero excepcional y que, en el supuesto de no ser factible identificarla con el rigor que el sistema normativo comentado demanda, deben los juzgadores descartar, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que como lo advierte otro tratadista cuya autoridad es también por todos reconocida, "... en muchos casos la indicación de la cabida se hace, no bajo esa consideración, sino apenas con el objeto de suministrar un dato adicional para la identificación del predio. Por ello pues el inciso segundo comentado -aludiendo al inciso 2o del artículo 1887 del Código Civil- debe interpretarse en el sentido de que la expresión de la cabida apenas constituye un motivo para creer que esta fue la razón del negocio, creencia que puede ratificarse o desvirtuarse según el contenido del mismo contrato o de otros elementos de convicción ..." (César Gómez Estrada. Los principales Contratos Civiles. Primera Parte, Cap. VI, num. 47). Y la verdad es que muy a pesar de las protestas de quienes pretenden apoyarse en la letra simple y llana del referido inciso para sustentar puntos de vista contrarios, la ambigüedad se ofrece y por consiguiente queda excluida la garantía de la cual viene hablándose cuando en el contrato son indicados los linderos del predio cuya propiedad va a ser materia de transferencia y dicho inmueble se individualiza con suficiente exactitud aunque se señale igualmente una cabida aproximada, cuando la heredad se promete enajenar o se enajena "ad corpus" bajo unos linderos que allí mismo se puntualizan y, en fin, cuando se designan los linderos no obstante señalarse también su cabida, siempre que el precio no se haya fijado en atención a esta última, todo en el bien entendido que de conformidad con el artículo 1889 del Código Civil "... cuando se vende un inmueble designando claramente sus linderos, la venta debe entenderse que se hizo como de especie o cuerpo cierto y el vendedor queda obligado a entregar al comprador, sin alteración del precio, todo lo comprendido en l«_»s linderos, sea cual fuere la cabida del predio ..." (G.J. Tomos LVI, pág. 603, LXXXI, pág.399, y LXXXVIII, pág. 102).

Así pues, de las reflexiones del máximo órgano de la justicia ordinaria, surge que la venta por cabida, entendida como la enajenación de un bien inmueble realizada en función y por razón del área del predio, no constituye una regla susceptible de ser presumida por el solo hecho de hacerse mención a la extensión del terreno en los documentos contentivos de la intención de trasladar el dominio.

En ese orden, para entender que la venta se hace por cabida es indispensable que la referencia que a su área se realice esté directamente ligada a la intención de fijar el precio en relación proporcional con aquella.

En defecto, si la alusión a su cabida se hace a título informativo, la venta habrá de entenderse realizada como cuerpo cierto, es decir, sin que la mayor o menor cabida hubiera fungido como un elemento esencial determinante para la fijación del precio.

En línea con lo dicho, para determinar si la modalidad del traslado del dominio obedece a la venta por cabida, la Corte de Suprema de Justicia prescribió la necesidad de que se reúnan tres requisitos:

Que la cabida se señale en el contrato.

Que con relación a ella sea fijado el precio.

c) Que del contrato se desprenda que no fue intención de los contratantes renunciar al derecho de reclamar por diferencias entre la cabida real y la declarada.

A su turno, la Sección Tercera del Consejo de Estado, al pronunciarse en relación con este tópico se ha apoyado en la misma línea de pensamiento de la Corte Suprema de Justicia y al efecto ha estimado:

Ahora bien, teniendo como premisa lo anterior, y valoradas las pruebas en conjunto y conforme con las reglas de la sana crítica, observa la Sala que las partes en la escritura pública de compraventa del inmueble, se refirió como área del inmueble 125.186 metros cuadrados, lo que en principio podría interpretarse como una venta por cabida, sin embargo, como se mencionó ut supra, tal anotación por sí sola no tiene la entidad suficiente para que opere dicha modalidad, pues deben concurrir otras dos condiciones, esto es, la fijación del precio con relación a la cabida y que los términos del negocio jurídico pongan de presente que no fue la intención de los contratantes renunciar al derecho de reclamar por diferencias entre la cabida real y la declarada.

En efecto, ab initio del proceso precontractual y el alcance del contrato de compraventa, es posible inferir sin elucubración alguna que la sociedad demandante adquirió como cuerpo cierto (ad corpus), máxime cuando durante el iter contractus la compradora tuvo la oportunidad suficiente para verificar el área del inmueble, renunciando al derecho a reclamar, pues no manifestó reparo alguno por diferencia entre la cabida real y la declarada, actitud que tiene mayor trascendencia si se tiene en cuenta el desarrollo profesional de la actividad inmobiliaria que desarrollaba la sociedad, pues le asistía debido a su experiencia en el mercado inmobiliario, un deber de comportamiento para obtener los efectos buscados con la celebración del contrato.

Despejado el marco normativo y jurisprudencial que rige el tópico de la venta de inmuebles por cabida o como cuerpo cierto y descendiendo lo anotado al análisis del caso concreto, la Sala advierte, prima facie, que en el proceso no reposan los documentos precontractuales que antecedieron la celebración del contrato de compraventa sobre el cual recae el debate y que se instrumentalizó a través de la escritura pública No. 2528. De ahí que se ignoran los términos y condiciones en que se adelantaron todas las actuaciones que precedieron la adjudicación del inmueble al demandante en la diligencia de remate.

Con esta precisión, la Sala encuentra demostrado que el 24 de marzo de 2006, mediante acta No. 290-060032, suscrita por el Banco Popular en el marco de una diligencia de remate efectuada a través de operación de martillo, obrando como intermediario de Emcali EICE E.S.P., se adjudicó al señor José Daniel Pinzón un inmueble que fue descrito de la siguiente manera en el contenido de ese documento (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

UN LOTE DE TERRENO S1, UBICADO EN LA MANZANA S. DE LA URBANIZACIÓN CENCAR, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ÁREA DEL TERRENO 535,29 M2. MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-236281, CÓDIGO AG18.

NOTA: EMCALI ENTREGARÁ EL INMUEBLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, VALORIZACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS Y CUOTAS ADMINISTRACIÓN A PAZ Y SALVO A LA FECHA DEL REMATE.
VALOR DE ADJUDICACIÓN: $26’764.500.

Como consecuencia de lo anterior, el 28 de julio de 2006, Emcali EICE E.S.P, en calidad de vendedora y José Daniel Pinzón, como comprador, otorgaron la escritura pública No. 2528 de compraventa sobre el bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-236281, ante la Notaría Cuarta del Círculo de Cali. De ese instrumento se destacan las siguientes cláusulas (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

PRIMERA: Que EMCALI EICE E.S.P transfiere a título de venta y enajenación perpetua a favor de JOSE DANIEL PINZON el derecho de dominio y posesión que la misma ejerce sobre sobre el siguiente bien inmueble: Un lote terreno ubicado en la zona verde S1, Manzana S, de la Urbanización Cencar, en el municipio de Yumbo del departamento del Valle del Cauca, con un área de extensión superficiaria de quinientos treinta y cinco punto veinte nueve M2 (535.29 M2) área nivel principal número de ficha catastral: 01-040100030463901 y registrado bajo el folio de matrícula inmobiliaria número: 370-236.281, no obstante la descripción de la cabida la venta se hace como cuerpo cierto.

El precio de la compraventa se convino en $26’764.500.

Está acreditado igualmente que la escritura de compraventa fue registrada el 13 de septiembre de 2006 en el certificado de tradición de matrícula inmobiliaria No.370-236281, según consta en la anotación no. 26 de ese documento.

Pues bien, de lo expuesto hasta este punto, y en orden a resolver el primer cargo de la apelación, la Sala observa que la compraventa del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 370-236281 se produjo como cuerpo cierto, conclusión que se apoya en las siguientes consideraciones:

Como se aprecia, tanto en el acta de adjudicación como en el contenido de la escritura pública de compraventa del lote, se hizo mención expresa a su área, la cual correspondió a 535,29 m2, circunstancia que, en principio, permitiría colegir que se configura el primer requisito establecido jurisprudencialmente para entender que la venta se hizo por cabida.

Sin embargo, son los dos siguientes requisitos los que se echan de menos para arribar a la aseveración que defiende el recurrente.

En efecto, de las pruebas revisadas no es posible afirmar que el área del predio haya fungido como un factor determinante y esencial para la fijación de su precio. Ello así en cuanto, se insiste, no reposan en el proceso los documentos precontractuales como el aviso del remate del bien o la oferta presentada por el demandante para postularse a su compra, de lo cual pudiera desprenderse que fue esa y no otra la motivación del actor para adquirir el dominio del lote.

Más relevante aún es el hecho de que en la escritura pública quedó incorporada expresa e inequívocamente la intención de las partes contratantes, consistente en que, con independencia de la descripción de la cabida, la compraventa se hacía como cuerpo cierto, manifestación que excluye cualquier asomo de duda respecto de si el área del inmueble desempeñó o no un rol esencial a la hora de pactar su valor.

De la expresa manifestación de la voluntad inmersa en el instrumento público se desvirtúa el segundo elemento previsto por la jurisprudencia para determinar que el contrato se celebró por cabida. Emerge con nitidez que su enajenación se efectuó sin consideración a la mayor o menor extensión del terreno, cuestión que, como se anotó, de suyo comporta la improcedencia de elevar cualquier reclamación asociada a su menor cabida por parte del comprador.

La misma suerte corre el tercer requisito previsto por la Corte Suprema de Justicia relativo a “Que del contrato se desprenda que no fue intención de los contratantes renunciar al derecho de reclamar por diferencias entre la cabida real y la declarada”.

No solamente no hay manera de determinar con base en el acuerdo de voluntades que el comprador se reservó el derecho a reclamar por la mayor extensión declarada, pues ningún reparo se guardó en ese sentido, sino que fue con su conducta que reveló una intención absolutamente opuesta.

Se recuerda que desde la misma formulación de la demanda, el actor, al narrar los hechos en que basó sus pretensiones, advirtió que en abril de 2006, tres meses antes de haber otorgado la escritura pública de compraventa -julio de 2006- contrató los servicios del ingeniero civil Álvaro Henao R. para que llevara a cabo un levantamiento topográfico del terreno, con el fin de realizar un diseño arquitectónico para planear la construcción de varios locales comerciales, oportunidad en la cual se evidenció que el área del terreno, en realidad, correspondía a 288.01 m2, lo que reflejaba un área faltante de 247.28 m2 respecto de la enunciada en la cabida consignada en el acta de remate.

Si bien en el expediente obra el aludido estudio, de cuyo contenido no se vislumbra con claridad la fecha de su elaboración, lo cierto es que la manifestación de la demanda constituye una confesión en relación con el hecho de que el comprador, antes del otorgamiento de la escritura pública de compraventa, ya tenía conocimiento de que el área del inmueble sobre el cual recaería el acuerdo no correspondía a la descrita en la cabida del acta de remate.

Esta situación se puso de presente, además, en el interrogatorio de parte rendido por el demandante José Daniel Pinzón en la etapa probatoria de la primera instancia, diligencia en la que declaró (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

PREGUNTADO: En el hecho tercero de la demanda que nos ocupa se afirma que en la primera semana del mes de abril del 2006, usted contrató al ingeniero ALVARO HENAO R., para la elaboración de un plano arquitectónico con el fin de construir cuatro locales en el comerciales en el inmueble vendido por Empresas Municipales de Cali, objeto del presente litigio y que, según dice en el hecho cuarto de la misma demanda, dicho ingeniero al tomar las medidas del lote en mención encontró una diferencia negativa de 247.28 metros cuadrados, los cuales habían sido invadidos con la construcción de una bodega. ¿Sírvase manifestar al despacho si dicha ocupación del lote del terreno faltante fue construida con anterioridad a la adjudicación del predio a su favor, realizada el día 24 de marzo de 2006 mediante la modalidad de la venta por Martillo del Banco Popular? CONTESTÓ: Ya estaba construida la bodega cuando fue adjudicado por remate el lote, ya estaba construida, porque yo no conocía el lote. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al Despacho porque razón, si para el mes de abril de 2006, luego de las medidas topográficas realizadas por el Ingeniero ALVARO HENAO R. conoce del área de terreno faltante, decide suscribir escritura pública de compraventa del predio del día 28 de julio del año 2006 ante la Notaría Cuarta de Cali y en su lugar haber procedido a desistir del negocio comercial donde muy seguramente le hubieran reintegrado el valor consignado en el banco Popular, en la diligencia de adjudicación del inmueble? CONTESTÓ: Porque para mí el lote comprado a Emcali era perfecto en cuanto a las medidas encontradas en el tabulado que compre en el banco popular que para mi es confiable que lo que está vendiendo Emcali es la realidad, ósea los metros cuadrados, los 535,29 metros cuadrados y encontré después de las medidas topográficas la sorpresa de que el terreno estaba incompleto.

Según se deriva de las propias manifestaciones del actor, para él era una circunstancia conocida que el área del lote que pretendía adquirir a título de compraventa no tenía la superficie enunciada en el acta de remate y, pese a ello, al celebrar el contrato de compraventa elevado a escritura pública, no solo no manifestó inconformidad alguna acerca de esa diferencia, sino que prestó su consentimiento libre y espontáneo sobre el hecho de que la venta se hacía como cuerpo cierto indistintamente de la cabida del predio.

Aceptar en sede judicial un comportamiento opuesto al observado por el demandante al convenir los términos en que se trabó la negociación equivaldría a prohijar un desconocimiento del carácter vinculante que emana de los actos propios de los contratantes y de la buena fe que en ellos debe estar envuelta.

Por lo expuesto, se despachará desfavorablemente el primer cargo de la apelación, en tanto, contrario a lo alegado por el recurrente, la compraventa del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-236281 se llevó a cabo como cuerpo cierto, sin atender a su cabida, lo que excluía la posibilidad de reclamar el área faltante de conformidad con el artículo 1888 del Código Civil.

3.2. El incumplimiento contractual por la falta de entrega de la totalidad del área del inmueble y la aplicación del inciso segundo del artículo 1889 del Código Civil

Los dos cargos siguientes de la apelación serán resueltos de manera conjunta por hallarse íntimamente ligados.

Sostuvo el apelante que Emcali EICE E.S.P. incurrió en incumplimiento contractual al no proceder a la entrega de la totalidad del lote por el área descrita en la escritura pública y faltó a la buena fe contractual al no advertir al comprador sobre la situación de la invasión parcial del inmueble. Añadió que se desconoció el inciso segundo del artículo 1889 del Código Civil, puesto que, a pesar de que en la escritura se incluyeron los linderos del bien, no se entregó toda el área comprendida en ellos.

Con el propósito de demostrar sus aseveraciones, la parte actora solicitó la práctica de un dictamen pericial, el cual fue decretado en primera instancia y elaborado por la perito Judith Carabali González con el fin de establecer el área y linderos del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-236281. Para la práctica de la experticia la auxiliar de la justicia se desplazó al lugar indicado, con el fin de realizar el respectivo levantamiento topográfico.

De conformidad con el dictamen en cuestión, se evidenció que “de acuerdo con el levantamiento topográfico el lote por el lado oriente sumadas o verificando las áreas del lote en litigio le fata un área de 232.85 mts2”.

En atención a este contexto y para empezar a analizar los aspectos de la apelación, es necesario reiterar que la venta del inmueble no se hizo por cabida sino como cuerpo cierto, evento en el cual la obligación del vendedor no se contraía a entregar el área enunciada.

En ese sentido, se precisa que la obligación primaria de Emcali EICE E.S.P., que surgió de la celebración del contrato de compraventa, se centraba en trasladar al comprador el derecho de dominio sobre el inmueble, libre de perturbaciones en la propiedad, hecho que, desde el ángulo formal, se concretó al registrar el instrumento público en el certificado de tradición, según consta en la anotación 26 del folio de matrícula inmobiliaria No. 370-236281.

Frente al cumplimiento de la obligación en mención, en la escritura pública No. 2528 se pactó que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

CUARTA: EMCALI EICE E.S.P. entrega al COMPRADOR el inmueble objeto de la presente venta, libre de limitaciones al dominio como: demandas, embargos, de hipotecas, contrato de anticresis, pleito pendiente, condiciones resolutorias, no ha sido constituido patrimonio de familia y en general está libre de gravámenes o limitaciones al dominio y que en todo caso se obliga al saneamiento de la venta conforme a la ley.

Como se aprecia, la obligación del vendedor, de cara al traslado del derecho de propiedad, se contrajo a impedir que se presentaran vicios por evicción o a salir a su saneamiento en caso de que terceros alegaran mejor derecho de dominio sobre la cosa enajenada.

Con todo, no se acordó obligación alguna a cargo del vendedor tendiente a garantizar la posesión del bien libre de perturbación.

Con lo dicho no se pretende significar que el comprador, ante la alegada limitante a la plena posesión del bien vendido o de parte de su área, -la que en este caso se alega estar ocupada por una bodega de su vecino- se encuentre desprotegido y deba soportar esa restricción a su goce.

Es claro que el demandante, en su calidad de nuevo propietario del bien, condición que no se encuentra en discusión, tiene a su haber la acción reivindicatoria prevista en el artículo 952 y siguientes del Código Civil para hacer cesar las anomalías en su posesión, como también la posibilidad de iniciar un proceso declarativo especial de deslinde y amojonamiento.

En lo que se quiere enfatizar es en que la mencionada perturbación no habría de configurar un incumplimiento del contrato de compraventa por parte del vendedor, en los términos que plantea el recurrente.

En lo que hace a la aplicación del segundo inciso del artículo 1889 del Código Civil, se tiene lo siguiente:

Se observa que en la cláusula segunda de la escritura se describieron los linderos del inmueble objeto de compraventa.

En armonía con lo anterior, en la cláusula quinta se acordó: EMCALI EICE E.S.P manifiesta que a los diez (10) días de la fecha de la presente diligencia hace entrega material y real al COMPRADOR del bien inmueble objeto de la misma junto con sus mejoras y anexidad una vez el comprador presente el certificado de tradición en donde se registra la presente compraventa. En la diligencia de entrega del bien inmueble se elaborará un acta la cual será suscrita por el funcionario que designe EMCALI EICE ESP y por EL COMPRADOR.

A pesar de lo anterior, no obra prueba en el expediente relacionada con el acta de entrega del inmueble, que debieron suscribir los extremos contratantes en cumplimiento de esa cláusula, lo que de plano impide a esta Sala establecer si los linderos allí referidos al momento de la entrega coincidían o no con los consignados en la escritura pública de compraventa.

Con todo, sin perjuicio de esto último, la Sala considera relevante indicar que el inciso segundo del artículo 1889 del Código Civil, cuya aplicación es materia de debate, no contiene una disposición en mérito de la cual se entiendan derogados los efectos de la venta del inmueble como cuerpo cierto, emanada de la voluntad expresa que sobre el particular manifestaron las partes en la escritura pública.

La determinación de los linderos del inmueble en la escritura pública surge como una herramienta, no solo necesaria sino exigida por el ordenamiento jurídico para identificar, individualizar y conocer la fisonomía del bien objeto de compraventa.

En otras palabras, el hecho de indicar los linderos en el documento de la compraventa en modo alguno tiene la virtualidad o finalidad de mutar la modalidad de compraventa como cuerpo cierto y convertirla en una compraventa por cabida, como lo insinúa el demandante.

Así lo demanda el artículo 31 del Decreto 960 de 1970, por el cual se expide el Estatuto Notarial, al disponer que “Los inmuebles que sean objeto de enajenación, gravamen o limitación se identificarán por su cédula o registro catastral si lo tuvieren; por su nomenclatura, por el paraje o localidad donde están ubicados, y por sus linderos…”.
Igualmente, la descripción de sus linderos era una de las exigencias previstas por el estatuto del registro de instrumentos públicos recogido en el Decreto-ley 1250 de 1970, vigente para la época en que suscribió el contrato materia de debate, al consagrar en su artículo 6º que “El folio de matrícula inmobiliaria señalará, además, (…), si el inmueble es urbano o rural, designándolo por su número o nombre, respectivamente, y describiéndolo por sus linderos, perímetro, cabida y demás elementos de identificación que puedan obtenerse”.
A tal punto llega la exigencia normativa de indicar los linderos en los acuerdos que contienen la intención de trasladar el dominio de un bien inmueble que, en la legislación actualmente vigente, la falta de su determinación clara y precisa constituye una causal de devolución de documentos sometidos a registro.
Por lo anterior, la Sala encuentra que, el hecho de haber enunciado los linderos del inmueble enajenado en favor del demandante, no habilitaba la reclamación por la mayor cabida que pretendió incoar a través de la formulación de la presente demanda con sustento en el supuesto incumplimiento en que incurrió Emcali por la falta de entrega de la totalidad del área enunciada, a lo que se añade que no se acreditó cuáles fueron los términos en que suscribió el acta de entrega del inmueble en relación con su alinderamiento.

Como consecuencia, los argumentos de la apelación que se acaba de analizar se encuentran infundados.

Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala encuentra que los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia no tienen vocación de prosperidad, lo que impone confirmar el fallo apelado en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

4. Costas

De conformidad con lo previsto en la Ley 446 de 1998, en este asunto no hay lugar a la imposición de costas, por cuanto no se evidencia en el sub examine que alguna de las partes hubiere actuado temerariamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de junio de 2019, por el Tribunal Administrativo del Quindío, con fundamento en las razones advertidas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas por la segunda instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link  HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador" https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

VF
El Concejo Municipal de Cali, expidió el Acuerdo 014 del 31 de diciembre de 1996, por medio del cual Emcali se transformó en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden municipal (art. 4.º), a partir del 1 de enero de 1997. Según el artículo 32 del Estatuto de Contratación Estatal, son contratos estatales aquellos celebrados por las entidades descritas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:
“Para los solos efectos de esta ley:
“1o. Se denominan entidades estatales:
“a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.
“(…)”. El salario mínimo legal para la fecha de presentación de la demanda, 28 de julio de 2008, correspondió a $461.500, y al multiplicarlo por 500 arroja un valor de $230’750.000. Folios 47 a 49 del cuaderno de caratula amarilla sin número. Folios 18 y 19 del cuaderno 1. Se precisa que el 11 de enero fue domingo y el 12 fue día festivo en Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de agosto de 1994, exp. 4221, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, exp. 43.357, sentencia del 18 de mayo de 2017, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Folio 7 del cuaderno 1. Folios 3 a 5 del cuaderno 1. Folios 47 a 49 del cuaderno de carátula amarilla sin número. En el texto del levantamiento topográfico solo consta que se realizó en 2006. Folios 6 a 13 del cuaderno 1. Folios 52 a 54 del cuaderno 3. Folios 1 a 22 del cuaderno 3 y folios 121 a 145 del cuaderno 2. Corte Suprema de Justicia , Sala de Casación de Civil, sentencia del 6 de julio de 2005, exp- 00791-01, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno “… importa anotar que de todos modos la protección que para el comprador surge por vía del saneamiento por evicción se desdobla en la obligación del primero de defender al segundo contra las acciones que, por causa anterior a la venta, promuevan los terceros para hacer valer sus derechos sobre la cosa vendida, lo que ocurrirá normalmente dentro de los respectivos procesos, previa denuncia del pleito que se le haga (artículos 1893, 1899 C. C.; 54 C. de P. C.); y en una segunda fase, según el resultado positivo que obtengan aquéllos por el que tal cosa resulta evicta, tras de ser infructuosa la respectiva defensa, deviene la obligación de restituir el precio y sufragar las indemnizaciones a que haya lugar de acuerdo con la ley (1895 y 1903 C. C.)
Sobre el particular, ha dicho la Corte, lo siguiente:
“Si bien es verdad que a términos del artículo 1899 del C. C. el comprador a quien se demanda la cosa vendida por causa anterior a la venta tiene acción para citar al vendedor con miras a que este comparezca a defenderla, no lo es menos que ese derecho del comprador, fundado en la obligación de saneamiento impuesta al vendedor (art. 1893 C. C.), sólo genera indemnización para aquél en la medida en que se produzca la evicción, entendida ésta como la privación total o parcial de la cosa vendida por efectos de una sentencia judicial” (Casación civil de 31 de octubre de 1995). ARTICULO 1889. VENTA DE PREDIO COMO CUERPO CIERTO. Si el predio se vende como un cuerpo cierto, no habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja o aumento del precio, sea cual fuere la cabida del predio.

Sin embargo, si se vende con señalamiento de linderos, estará obligado el vendedor a entregar todo lo comprendido en ellos, y si no pudiere o no se le exigiere, se observará lo prevenido en el inciso del artículo precedente. Así ha reflexionado esta Corporación en sentencia dictada por la Sección Tercera, Subsección B, 29 de agosto de 2012, exp. 22307, C.P. (e) Danilo Rojas Betancourth al sostener: 49. De otra parte, se debe enfatizar que dentro del proceso se debatió que la venta realizada versó sobre un predio como cuerpo cierto y no por cabida (art. 1887 C.C.), y que cuando el predio se vende como un cuerpo cierto, según el artículo 1889 del Código Civil no habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja o aumento del precio, sea cual fuere la cabida del predio; sin embargo, “si se vende con señalamiento de linderos, estará obligado el vendedor a entregar todo lo comprendido en ellos”. Se hace esta mención para significar que si bien la venta se hizo por la totalidad del predio denominado LA MARÍA, ubicado en el perímetro urbano del municipio de Arauca con una extensión superficiaria “aproximada de CUATRO HECTÁREAS (4 HECTÁREAS)”, no obstante la extensión y linderos citados en la escritura pública, la venta se hizo como cuerpo cierto, de manera que si resultaba, como en efecto sucedió -de acuerdo con la segunda experticia que obra en el expediente y que fue practicada dentro de este proceso-, una porción de terreno adicional a una hectárea más 5 425 M2 no le asistía derecho al vendedor para solicitar el reajuste del precio
Así lo prevé el parágrafo primero del artículo 16 de la Ley 1579 de 2012 por la cual se adopta el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, al disponer “PARÁGRAFO 1o. No procederá la inscripción de documentos que transfieran el dominio u otro derecho real, sino está plenamente identificado el inmueble por su número de matrícula inmobiliaria, nomenclatura o nombre, linderos, área en el Sistema Métrico Decimal y los intervinientes por su documento de identidad. En tratándose de segregaciones o de ventas parciales deberán identificarse el predio de mayor extensión, así como el área restante, con excepción de las entidades públicas que manejan programas de titulación predial”.

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