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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02670-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02670-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuese impugnada esta decisión dentro de los tres [3] días siguientes, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02670-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

14 de mayo de 2026

Demandante: Julián Arley Jiménez Arbeláez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02670-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., catorce [14] de mayo de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02670-00
Demandante: JULIÁN ARLEY JIMÉNEZ ARBELÁEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SEXTA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta
de relevancia constitucional. Reparación directa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 20191, de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Julián Arley Jiménez Arbeláez, el 9 de abril de 2026 presentó acción de
tutela, en nombre propio, con el fin de que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.

Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión del fallo
de 9 de octubre de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Decisión mediante el cual se confirmó la providencia de 22 de octubre de
2021, dictada por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín, que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa
identificado bajo el radicado 05001-33-33-010-2015-00716-00/01.

1.2. Peticiones del amparo constitucional

Las pretensiones de la tutela son las siguientes:

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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Demandante: Julián Arley Jiménez Arbeláez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02670-00

PRIMERO: TUTELAR a mi favor el amparo de los derechos fundamentales: a la
igualdad y al Debido Proceso, consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución
Política de Colombia

SEGUNDO: DECLARAR que la Sentencia emitida 09 de octubre de 2025 por el H.
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, consagrados en los artículos 14 y
29 de la Constitución Política de Colombia.

TERCERO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 9 de
octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión,
dentro del proceso antes referido.

CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Decisión, que dentro del término que el juez constitucional estime razonable, profiera
una nueva sentencia, en la cual:

• se realice una valoración integral, objetiva y conforma a las reglas de la sana
crítica del material probatorio obrante en el expediente, particularmente del dictamen
médico laboral y de la historia clínica que acreditan las lesiones sufridas por Julián
Arley Jiménez Arbeláez durante la prestación del servicio militar obligatorio.
• se analice adecuadamente la configuración del daño antijurídico sufrido por el
conscripto2.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

El señor Julián Arley Jiménez Arbeláez ingresó el 28 de julio de 2012 a prestar el
servicio militar obligatorio como soldado campesino en el Batallón de Infantería No.
42 «Batalla de Bomboná», ubicado en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia.

El 14 de abril de 2013, mientras se dirigía a los baños de la unidad militar para
realizar su aseo personal, resbaló y cayó sobre su mano izquierda, accidente que
le ocasionó una lesión en el codo, particularmente en el nervio cubital.

Posteriormente, el 20 de octubre de la misma anualidad, durante el desarrollo de un
simulacro de emboscada y en cumplimiento de una orden superior, volvió a resbalar
y cayó sobre una piedra, golpeándose la rodilla derecha y sufriendo una lesión en
el ligamento colateral.

Indicó que, además de las anteriores afectaciones, durante la prestación del servicio
militar estuvo expuesto a la explosión de una granada, hecho que le produjo
«[t]innitus, hipoacusia subjetiva e hipoacusia neurosensorial severa en el oído
izquierdo».

Con ocasión de dichas lesiones, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Antioquia determinó que el accionante tuvo una pérdida de capacidad laboral del

2 Transcripción del texto original, por lo que puede contener errores.

2
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Demandante: Julián Arley Jiménez Arbeláez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
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43,98%, y concluyó que las patologías diagnosticadas tienen origen laboral
asociados a hechos ocurridos durante el servicio militar.

Con fundamento en lo anterior, junto con su grupo familiar3 promovió el medio de
control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, con el propósito de obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial
por los daños sufridos.

Mediante sentencia de 22 de octubre de 2021, el Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín negó las pretensiones de la demanda de reparación
directa, al considerar que no se realizó la debida cuantificación del porcentaje de la
merma de la capacidad laboral, la acreditación del daño y sus secuelas, lo cual daría
contenido a los perjuicios reclamados. Indicó que las pruebas aportadas resultaron
insuficientes para acreditar el daño antijurídico y el perjuicio ocasionado.

Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación.
Sin embargo, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante providencia de 9 de octubre de 2025, confirmó íntegramente el fallo de
primera instancia.

Para tal efecto, consideró que, aunque frente a los conscriptos opera un régimen
objetivo de responsabilidad, ello no releva a la parte actora de acreditar el daño y
su imputación a la administración. Además, concluyó que el dictamen emitido por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez carecía de valor probatorio por no haber
sido sometido a contradicción en audiencia, conforme a lo previsto en el artículo 228
del Código General del Proceso.

1.4. Fundamento de la solicitud

La parte actora sostuvo que la sentencia proferida por el ad quem contencioso
administrativo vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, al incurrir en un defecto fáctico y desconocer el
precedente judicial aplicable en materia de responsabilidad del Estado frente a
conscriptos.

En primer lugar, señaló que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico
por indebida valoración del material probatorio obrante en el expediente. Lo anterior,
al resaltar que la autoridad judicial restó relevancia al dictamen emitido por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, pese a que en dicho documento
se determinó una pérdida de capacidad laboral del 43,98% y se concluyó que las
lesiones padecidas tenían origen laboral relacionado con hechos ocurridos durante
la prestación de su servicio militar.

3 El extremo procesal activo está compuesto por los señores Julián Arley Jiménez Arbeláez, Marta

Nubia Arbeláez Patiño, Guillermo Jiménez Hernández, Martha Cecilia Patiño Arbeláez, Antonio
Jesús Arbeláez, Beatriz Elenna Meneses Serna, Didier Iván Cuervo Rojas y Juan Diego Jiménez
Arbeláez.
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Demandante: Julián Arley Jiménez Arbeláez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
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De igual manera, afirmó que el Tribunal realizó una interpretación errónea de los
documentos oficiales allegados al expediente, particularmente del Informativo
Administrativo por Lesión, al restarle valor probatorio bajo el argumento de haber
sido expedido de manera extemporánea. Sostuvo que dicha circunstancia no
desvirtúa la presunción de legalidad y veracidad propia de los documentos públicos,
máxime cuando su elaboración corresponde a un deber funcional de los
comandantes de la unidad militar.

Por otro lado, la parte accionante se limitó a manifestar que la autoridad judicial
accionada desconoció el precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado
y la Corte Constitucional en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado
frente a quienes prestan el servicio militar obligatorio.

Consideró que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
aplicó los criterios propios de un régimen subjetivo de responsabilidad, al exigir la
demostración de una falla del servicio o de conductas negligentes atribuibles a la
administración, desconociendo así las reglas jurisprudenciales aplicables al caso
concreto.

Por lo tanto, solicitó dejar sin efecto la providencia cuestionada y ordenar la emisión
de un nuevo fallo que valore integralmente el material probatorio.

1.5. Trámite de la acción

El 10 de abril de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción y ordenó la
notificación de la parte actora y al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta
de Decisión. Por otro lado, se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito
Nacional, al Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín [a
autoridad judicial que conoció en primera instancia del medio de control de
reparación directa], a los señores Marta Nubia Arbeláez Patiño, Guillermo Jiménez
Hernández, Martha Cecilia Patiño de Arbeláez, Antonio Jesús Arbeláez Beatriz
Elenna Meneses Serna, Didier Iván Cuervo Rojas, Juan Diego Jiménez Arbeláez
[parte actora dentro del expediente contencioso administrativo] y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado en calidad de terceros con interés en las
resultas del proceso, para que, si lo consideraban pertinente, intervinieran en el
presente asunto.

Por último, requirió al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
y al Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín para que
remitieran copia digital del expediente 05001-33-33-010-2015-00716-00/01.

1.6. Intervenciones

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:

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Demandante: Julián Arley Jiménez Arbeláez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02670-00

1.6.1. La magistrada Vannesa Alejandra Pérez Rosales del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión solicitó declarar
improcedente o negar el amparo.

Resaltó que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia para
reabrir una discusión relacionada con la valoración probatoria efectuada dentro del
proceso de reparación directa. Asimismo, indicó que la inconformidad de la parte
actora con el sentido de la decisión no configura, por sí sola, una vulneración de
derechos fundamentales ni otorga relevancia constitucional al asunto.

Frente al presunto defecto fáctico, explicó que el dictamen emitido por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez carecía de valor probatorio, debido a que el
perito no compareció a las audiencias programadas para su contradicción, conforme
a lo previsto en el artículo 228 del Código General del Proceso.

Precisó que se fijaron dos diligencias: a la primera el perito no asistió por
inconsistencias en la citación atribuibles a la parte demandante y, a la segunda,
tampoco compareció sin justificar válidamente su ausencia. Agregó que fue el propio
apoderado del actor quien solicitó continuar con el trámite del proceso pese a dicha
situación.

De otro lado, señaló que no existía prueba suficiente sobre la ocurrencia de los
accidentes alegados ni del nexo causal entre las lesiones y el servicio militar. En
particular, indicó que la afectación auditiva solo apareció registrada con
posterioridad al retiro del accionante y que no se acreditó su asignación a unidades
de artillería que permitieran inferir una relación directa con la hiposacusia.

Por último, afirmó que la sentencia cuestionada obedeció a una valoración razonada
del material probatorio y a la aplicación de las normas vigentes, sin que se
configurara vulneración alguna de derechos fundamentales.

1.6.2. El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional solicitó declarar
improcedente o negar el amparo, al considerar que no se transgredieron garantías
constitucionales.

Consideró que la pérdida de valor probatorio del dictamen pericial obedeció a la
inasistencia del perito a las audiencias programadas para su contradicción. Además,
señaló que el propio apoderado del demandante aceptó continuar el trámite sin
dicha prueba técnica.

Asimismo, indicó que en el expediente no existían elementos suficientes para
acreditar las lesiones alegadas ni su relación con el servicio militar obligatorio, pues
no obraban registros médicos de la época que respaldaran tales afectaciones.

Finalmente, afirmó que la tutela carece de relevancia constitucional y que el
accionante pretende reabrir una discusión probatoria ya resuelta por el juez natural,
utilizando el mecanismo constitucional como una tercera instancia.
5
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor
Jiménez Arbeláez contra la sentencia de 9 de octubre de 2025 dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión de conformidad con el
Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la parte actora, de parte
del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión con ocasión de la
providencia de 9 de octubre de 2025.

Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y
de encontrarlos superados (iii) el caso en concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Ahora bien, continuando con el estudio de los parámetros esenciales de
viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de
2022 en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara al requisito de
relevancia constitucional, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 20148, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y
no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia9.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de

septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
9 Énfasis de la sala.

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Sobre el particular, se considera, que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que la providencia proferida por la
Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad al no otorgar valor probatorio al dictamen emitido por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez y concluir que no se acreditaron los elementos
de responsabilidad estatal.

En esta oportunidad, tales cuestionamientos fueron formulados bajo la supuesta
configuración de los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial con
el propósito de que el juez constitucional reexaminara la valoración jurídica
efectuada por el juez natural. De esta manera, los argumentos expuestos tienden a
convertir el mecanismo excepcional de la acción de tutela en una tercera instancia,
orientada a desvirtuar el análisis realizado por la autoridad judicial competente.

En primer lugar, la Sala reitera que, en materia de tutela contra providencias
judiciales, le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la
órbita del juez natural de la causa. En consecuencia, el examen debe circunscribirse
exclusivamente a eventuales vulneraciones de raigambre constitucional y no a una
nueva valoración del razonamiento jurídico desarrollado en sede ordinaria, pues ello
desconocería el principio de autonomía judicial y desnaturalizaría la solicitud de
amparo.

Al respecto, se resalta que la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones:

Régimen de responsabilidad objetiva frente a conscriptos: La autoridad judicial
accionada reconoció que, tratándose de conscriptos, el régimen aplicable es
objetivo por la relación de especial sujeción existente entre el Estado y quienes
prestan el servicio militar obligatorios. No obstante, precisó que ello no releva a la
parte demandante de acreditar la existencia del daño y su imputación a la
administración.

Bajo ese entendido, concluyó que «dado las circunstancias de los eventos
presuntamente dañosos no están acreditadas y no hay evidencias de su ocurrencia
más allá de la afirmación del mismo damnificado».

Valoración del dictamen pericial: El Tribunal Administrativo de Antioquia explicó
que el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez que
establecía una pérdida de capacidad laboral del 43,98% perdió eficacia probatoria
por no haber sido sometido a contradicción, conforme a lo previsto en el artículo 228
del Código General del Proceso10.

10 Artículo 228. Código General del Proceso. «La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial

podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones.
Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o,
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Respecto a este punto, indicó que el perito no asistió a las dos audiencias
programadas [25 de febrero de 2019 y 20 de agosto de la misma anualidad,
respectivamente] y resaltó que, incluso, el apoderado de la parte demandante
aceptó continuar el trámite sin la sustentación de dicha prueba técnica.

Frente al Informativo Administrativo por Lesión, señaló que dicho documento no
ofrecía certeza suficiente sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos
alegados, debido a que fue elaborado [18 de marzo de 2014] con posterioridad al
retiro de servicio [25 de enero de 2014].

En ese contexto, la Sala advierte que las controversias formuladas por el extremo
procesal se encaminan a cuestionar la valoración y alcance otorgado por la
autoridad judicial a los elementos probatorios allegados al proceso de reparación
directa, lo que evidencia una inconformidad con la decisión adoptada.

De manera que, resulta pertinente recordar que un simple desacuerdo con la
conclusión a la que arribó el juez ordinario no constituye, por sí mismo, una
vulneración del debido proceso, ni habilita la intervención del juez constitucional.
Aceptar lo contrario implicaría una sustitución indebida del juez natural, contraria a
la naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela.

Lo anterior, porque estas controversias ya fueron definidas por los jueces ordinarios
y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

Así las cosas, los reproches formulados por la parte actora se circunscriben a
manifestar su desacuerdo con dicha conclusión sin aportar elementos que permitan
advertir una afectación iusfundamental que habilite la intervención del juez
constitucional.

2.4.2. Ahora bien, en este mismo sentido, se advierte que el defecto de
desconocimiento del precedente judicial tampoco satisface la carga argumentativa
para ser estudiado11 en sede constitucional, en la medida en que la parte accionante
no identificó de manera concreta cuáles providencias constituían precedente
aplicable al caso, ni precisó la regla de decisión presuntamente desconocida por la
autoridad judicial accionada, así como tampoco explicó las razones por las cuales

en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga
en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citará al perito
a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca
de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya
aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendrán derecho,
si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el
testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor.
Si se excusa al perito, antes de su intervención en la audiencia, por fuerza mayor o caso fortuito, el
juez recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en nueva fecha y hora
que señalará antes de cerrarla, en la cual se interrogará al experto y se surtirán las etapas del
proceso pendientes. El perito solo podrá excusarse una vez.»
11 Consultar en similar sentido Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, providencia de 24 de abril de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-01617-00. M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.
9
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Demandante: Julián Arley Jiménez Arbeláez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02670-00

dichas decisiones resultaban aplicables a la controversia objeto de estudio.

Por tal razón, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este presupuesto, en
atención a que no se justificó la posible trasgresión de las garantías constitucionales
del tutelante, sino que, por el contrario, se advierten argumentos con el fin de que
se acceda a sus intereses, para, a su vez, disentir del análisis efectuado por la
autoridad judicial de segundo grado demandada.

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por la parte accionante, la Sala advierte que esta no se encuentra ligada
a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, máxime cuando sus
argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que conduce a
concluir la improcedencia del amparo solicitado.

Por lo tanto, para esta Sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a una
inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»12 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.

2.5. Conclusión

Así las cosas, se procede a declarar improcedente el amparo de la referencia, por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

3. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Decisión, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuese impugnada esta decisión dentro de los tres [3] días
siguientes, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

12 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573

de 2017 y C-590 de 2005.
10
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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Julián Arley Jiménez Arbeláez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02670-00

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

11
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