Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02772-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02772-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02772-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
7 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02772-01
Accionante: ANDRÉS FELIPE ARISTIZÁBAL DORADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO – Adecuación del medio de control – Caducidad de la acción / REQUISITO
DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se plantea un debate de contenido legal ya
discutido en el trámite del proceso ordinario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
en nombre propio, contra la sentencia del 7 de mayo de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el
artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 13 de abril de 2026, el señor Andrés Felipe Aristizábal Dorado, en nombre
propio, promovió acción de tutela contra el Juzgado Primero (1.°) Administrativo del
Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
Hechos relevantes
2. El 21 de agosto de 2024, el demandante instauró demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo
y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), la Nación – Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y el Fondo Único de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), con el fin de que se
les declarara extracontractual y administrativamente responsables por el daño
antijurídico causado con el rechazo de su solicitud de crédito con radicado núm.
6150738, dentro de la convocatoria para estudios en el exterior del ‘Fondo un TICket
para el Futuro’.
1 Que ingresó a despacho para fallo el 1.° de julio de 2026.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02772-00
Accionante: Andrés Felipe Aristizábal Dorado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
3. El asunto fue radicado bajo el número 76001-33-33-001-2024-00192-00 y su
estudio correspondió al Juzgado Primero (1.°) Administrativo del Circuito Judicial de
Cali. Por medio de providencia del 26 de septiembre de 2024, la autoridad judicial
rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
4. En primer lugar, el a quo adecuó el medio de control al de nulidad y
restablecimiento del derecho, al considerar que la legalidad del acto administrativo
mediante el cual se negó la solicitud de crédito presentada por el actor podía ser
controvertida a través del mecanismo previsto en el artículo 138 del CPACA. Ello,
en atención a que dicha norma establece que toda persona que se crea lesionada
en un derecho amparado en una norma jurídica, puede pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular o general, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho, con la posibilidad de también solicitar que se le repare el
daño por la decisión.
5. En segundo lugar, el juzgado advirtió que la situación administrativa cuestionada
fue publicada el 8 de junio de 2022, de conformidad con las fechas previstas en los
acuerdos que regulaban la convocatoria, y que desde ese momento estuvo
disponible para consulta de los interesados en el portal habilitado en la página web
del ICETEX. En consecuencia, el demandante disponía de cuatro meses, contados
a partir del 9 de junio de 2022, para presentar la demanda, término que vencía el 9
de octubre de ese mismo año.
6. Así, con fundamento en lo anterior, precisó que durante el lapso precitado no se
presentó ninguna solicitud de conciliación prejudicial que suspendiera o
interrumpiera el término de caducidad, pues la solicitud aportada con la demanda
fue radicada únicamente el 6 de junio de 2024.
7. El señor Andrés Felipe Aristizábal Dorado presentó reposición y, en subsidio,
apelación contra la decisión del 26 de septiembre de 2024. El Juzgado Primero (1.°)
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, mediante auto del 26 de agosto de 2025,
resolvió no reponer la providencia acusada y concedió el recurso de alzada.
8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de auto del 2 de octubre
de 2025, confirmó lo decidido en primera instancia.
9. A juicio del ad quem, la demanda tuvo por objeto el reconocimiento de un derecho
que el actor consideró asistirle, con fundamento en unas presuntas irregularidades
relacionadas con los requisitos mínimos exigidos en la Convocatoria núm. 933 de
2021 y en el Reglamento Operativo del ‘Fondo Un TICket para el Futuro’, las cuales
calificó como violatorias del debido proceso. En consecuencia, encontró que no se
alegó la omisión de deberes ni cuestionó una operación administrativa, de manera
que pudiera estudiarse la demanda como una reparación directa.
10. Por lo anterior, estableció que el medio de control idóneo para tramitar la
demanda era el de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del cual ya había
operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02772-00
Accionante: Andrés Felipe Aristizábal Dorado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Pretensiones
11. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“1. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
2. Que se deje sin efectos el auto interlocutorio de segunda instancia No.
559 del 2 de octubre de 2025.
3. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir una
decisión de reemplazo dentro de los cinco (5) días siguientes”2.
Fundamentos de la demanda de tutela
12. El demandante sostiene que el Juzgado Primero (1.°) Administrativo del Circuito
Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con la expedición
de los autos del 26 de septiembre de 2024 y del 2 de octubre de 2025,
respectivamente, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y el
acceso a la administración de justicia, al incurrir en los defectos sustantivo,
procedimental absoluto y fáctico.
13. En cuanto al defecto sustantivo, afirma que las autoridades accionadas
interpretaron indebidamente el artículo 8.º de la Ley 1002 de 2005, pues dicha
disposición establece que las actuaciones y decisiones del ICETEX se rigen por las
normas del derecho privado. En consecuencia, consideró que las determinaciones
adoptadas por esa entidad no podían calificarse como actos administrativos, salvo
en aquellos eventos en que ejerciera prerrogativas propias del poder público.
14. Respecto del defecto procedimental absoluto, aduce que el juzgado omitió
calificar la demanda frente al MinTIC y al FUTIC, con lo cual pretermitió una etapa
sustancial del proceso, como lo es la admisión de la acción. Asimismo, indicó que
el despacho judicial adecuó el asunto al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, pese a que en el escrito inicial se había promovido el
de reparación directa, el cual, a su juicio, era la vía procesal idónea para examinar
las pretensiones formuladas contra dichas entidades.
15. De igual modo, reprocha que el tribunal hubiera confirmado el rechazo de la
demanda sin advertir que, respecto del MINTIC y del FUTIC, procedía el medio de
control de reparación directa y, por ende, no había operado el fenómeno de la
caducidad.
16. Por último, alega la configuración de un defecto fáctico al considerar que las
pruebas obrantes en el expediente permitían concluir que la deficiente asesoría y el
resultado publicado eran actuaciones atribuibles exclusivamente al ICETEX y no a
las tres entidades demandadas. En ese sentido, afirma que la indebida valoración
de los hechos y de las pruebas condujo al tribunal a asumir, erróneamente, que los
reproches contenidos en la acción se predicaban por igual de todas las entidades o
2 Folio 10 del escrito de tutela.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02772-00
Accionante: Andrés Felipe Aristizábal Dorado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
que estas habían desplegado las mismas actuaciones, cuando su participación en
el supuesto daño obedecía a competencias y posiciones jurídicas diferentes.
Trámite procesal en primera instancia
17. El 14 de abril de 20263, el expediente ingresó por reparto al despacho del
magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, integrante de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, para tramitar la primera instancia del proceso de tutela de la referencia.
18. A través de auto del 15 de abril de 20264, el despacho del magistrado Luis
Alberto Álvarez Parra admitió la demanda de amparo y ordenó vincular al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado Primero (1.°) Administrativo del
Circuito Judicial de Cali, como accionados, y al Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), al Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y al Fondo Único de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), en calidad de terceros con interés
en las resultas del proceso.
19. El 5 de mayo de 20265, la consejera de Estado Gloria María Gómez Montoya
manifestó su impedimento para conocer del asunto, por considerar que se
encontraba incursa en la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal. Lo anterior, debido a la amistad íntima que mantiene con
la magistrada Zoranny Castillo Otálora, quien, para entonces, integraba el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, suscribió una de las providencias judiciales
cuestionadas en la presente acción.
20. Por medio de providencia del 7 de mayo de 20266, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró infundado el impedimento propuesto por la consejera de Estado
Gloria María Gómez Montoya, al no encontrar acreditados los elementos requeridos
para la configuración de la causal precitada. Al respecto, indicó “[e]n este orden de
ideas, y comoquiera que la causal invocada requiere de la constatación de algún
elemento subjetivo, la Sala considera que en este caso no se configura”7.
Intervenciones en primera instancia
21. El MINTIC, el ICETEX y el FUTIC solicitaron su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que las pretensiones del
mecanismo constitucional van dirigidas contra las autoridades judiciales
accionadas.
22. Pese a ser notificadas en debida forma8, las demás partes guardaron silencio.
3 Ver índice 3 de Samai, en el expediente 11001-03-15-000-2026-02772-00.
4 Ver índice 5 de Samai, en el expediente 11001-03-15-000-2026-02772-00.
5 Ver expediente 11001-03-15-000-2026-02772-00, índice 20.
6 Ver expediente 11001-03-15-000-2026-02772-00, índice 23.
7 Folio 3 ibid.
8 Véase índices 8 y 9 de Samai del expediente en primera instancia.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02772-00
Accionante: Andrés Felipe Aristizábal Dorado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
La sentencia de primera instancia
23. Por medio de sentencia del 7 de mayo de 2026, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir
con los requisitos de relevancia constitucional y agotamiento de todos los medios
de defensa judicial.
24. Indicó que el presente asunto se circunscribe a la inconformidad de la parte
tutelante con las decisiones adoptadas dentro del proceso ordinario, razón por la
cual corresponde al juez natural conocer y resolver la situación planteada, sin que
le competa al juez constitucional dirimir este tipo de controversias. En ese sentido,
advirtió que el asunto sometido a consideración no guarda relación con la protección
de una garantía de naturaleza constitucional, máxime cuando los argumentos
expuestos por el accionante ya fueron examinados y decididos por la autoridad
judicial competente, circunstancia que torna improcedente la acción de tutela.
25. Igualmente, en cuanto al agotamiento de todos los medios de defensa, el a quo
señaló que el tutelante pudo hacer uso de la solicitud de adición para pedirle al
tribunal que se pronunciara acerca de lo que consideró no fue resuelto.
La impugnación
26. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de
tutela.
Trámite procesal en segunda instancia
27. A través de auto del 21 de mayo de 20269, el despacho del consejero de Estado
Luis Alberto Álvarez Parra concedió la impugnación propuesta por el señor Andrés
Felipe Aristizábal Dorado.
28. En sede de segunda instancia, el 4 de junio de 202610, el expediente ingresó
por reparto al despacho de la consejera de Estado Zoranny Castillo Otálora para
resolver la segunda instancia.
29. El 5 de junio de 202611, la consejera de Estado Zoranny Castillo Otálora
manifestó encontrarse incursa en la causal de impedimento prevista en el numeral
6.º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, por cuanto, en su condición de integrante
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, suscribió el auto del 2 de octubre de
2025, providencia que es objeto de la presente acción de tutela.
30. El 11 de junio de 202612, el expediente ingresó a este despacho para lo de su
cargo.
9 Ver expediente 11001-03-15-000-2026-02772-00, índice 36.
10 Ver índice 3 de Samai.
11 Ver índice 4 de Samai.
12 Ver índice 8 de Samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02772-00
Accionante: Andrés Felipe Aristizábal Dorado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
31. Por medio de auto del 12 de junio de 202613, el despacho sustanciador declaró
fundado el impedimento manifestado por la consejera de Estado Zoranny Castillo
Otálora y ordenó separarla del conocimiento del presente asunto.
32. El 1.° de julio de 202614, el expediente ingresó a despacho para proferir
sentencia de segunda instancia.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
33. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
34. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular la relevancia
constitucional, al presentar una argumentación encaminada a reabrir el debate
surtido en el proceso ordinario?
35. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si ¿el Juzgado
Primero (1.°) Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, con la expedición de los autos del 26 de septiembre de 2024 y
del 2 de octubre de 202515, respectivamente, incurrieron en los defectos fáctico,
sustantivo y procedimental y, por consiguiente, en la vulneración de derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la
parte accionante?
36. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
37. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200516, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
13 Ver índice 9 de Samai.
14 Ver índice 15 de Samai.
15 Notificado el 8 de octubre de 2025.
16 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02772-00
Accionante: Andrés Felipe Aristizábal Dorado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
38. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar17; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela18, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional19 o el Consejo de Estado20,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-21; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable22 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Del requisito de relevancia constitucional
39. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
40. La Corte Constitucional indicó23 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
17 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
18 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
20 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
22 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02772-00
Accionante: Andrés Felipe Aristizábal Dorado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
41. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en los
eventos en que se pretende reabrir el debate24: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
42. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia25.
Caso concreto
43. En el presente asunto, el señor Andrés Felipe Aristizábal Dorado, en nombre
propio, promovió acción de tutela contra el Juzgado Primero (1.°) Administrativo del
Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia. Lo anterior, con ocasión de la expedición de los autos
del 26 de septiembre de 2024 y del 2 de octubre de 2025, respectivamente,
proferidos en el curso del proceso radicado núm. 76001-33-33-001-2024-00192-
00/01.
44. En ese orden de ideas, la Sala examinará, en primer lugar, la legitimación en la
causa y, en segundo lugar, verificará si en el presente trámite constitucional se
cumplen las causales generales de procedibilidad de la acción de tutela,
particularmente, el requisito de relevancia constitucional.
De la legitimación en la causa por activa y pasiva
45. En primer lugar, el señor Andrés Felipe Aristizábal Dorado cuenta con
legitimación en la causa por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos
fundamentales cuya vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona
directamente afectada por la presunta vulneración de derechos fundamentales en
que incurrieron las autoridades judiciales accionadas.
46. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Juzgado
Primero (1.°) Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, autoridades a las cuales se les atribuye la transgresión de los
derechos fundamentales reclamados por el demandante.
24 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02772-00
Accionante: Andrés Felipe Aristizábal Dorado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
47. Asimismo, se mantendrá la vinculación del MINTIC, el ICETEX y el FUTIC en
calidad de terceros con interés, toda vez que fueron la parte demandada expediente
identificado con el radicado 76001-33-33-001-2024-00192-00/01.
Del requisito de relevancia constitucional
48. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de relevancia constitucional.
49. Revisada la demanda, se evidencia que la parte accionante acudió a la acción
de tutela con el propósito de que se estudie nuevamente si, como se discutió en el
trámite del proceso ordinario, el señor Andrés Felipe Aristizábal Dorado cumplió con
el término para presentar el medio de control en el cual se reclamó que se declarara
la responsabilidad extracontractual y administrativa del Estado en cabeza de las
entidades demandadas por el daño antijurídico causado con el rechazo de la
solicitud de crédito con radicado núm. 6150738 dentro de la convocatoria para
estudios en el exterior del ‘Fondo un TICket para el Futuro’.
50. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural, que en la presente acción se plantearon los mismos
argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de apelación contra el
auto del 26 de septiembre de 2024, proferido por el Juzgado Primero (1.°)
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a saber:
“[…] 5. El artículo 1º de la Ley 1002 de 2005 transformó el Icetex “en una
entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de
Educación Nacional”. Por su parte, el artículo 8º estableció el régimen
jurídico de la entidad en los siguientes términos:
“Los actos que realice el Icetex para el desarrollo de sus actividades
comerciales o de gestión económica y financiera, estarán sujetos a
las disposiciones del derecho privado. Los actos que expida para el
cumplimiento de las funciones administrativas que le confían la ley
y los estatutos, se sujetan a las reglas previstas en el Código
Contencioso Administrativo.
Los contratos y demás actos jurídicos que deba celebrar y otorgar
el Icetex como entidad financiera de naturaleza especial, en
desarrollo de su objeto y operaciones autorizadas, se sujetarán a
las disposiciones del derecho privado”.
6. La actuación del Icetex frente a mi solicitud de crédito la realizó en su
calidad de administrador del “Fondo un TICket para el Futuro”. Esta acción
fue inherente a su actividad como entidad financiera de naturaleza especial
y no en cumplimiento de una función administrativa, pues fue desarrollada
en el giro ordinario de sus negocios. En consecuencia, dicha actuación se
rige por el derecho privado y no configura un acto administrativo.
7. En este punto es importante precisar que la demanda también fue
interpuesta contra otras dos entidades públicas: el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (MinTic) y el Fondo Único de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic). Como lo
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02772-00
Accionante: Andrés Felipe Aristizábal Dorado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
expuse en la demanda, las irregularidades y omisiones por parte de estas
entidades también contribuyeron al daño antijurídico que me fue causado.
8. En el presente caso el daño antijurídico que me fue causado no tiene
origen en un acto administrativo. Sin embargo, aunque se llegara a
considerar lo contrario, con la demanda que presenté no estoy cuestionando
la legalidad de ningún acto administrativo. En este sentido, aunque esté de
por medio un acto administrativo, el Consejo de Estado ha avalado la
procedencia de excepcional de la acción de reparación directa:
“[S]e debe distinguir si las pretensiones cuestionan o no el acto
administrativo; de suerte que si no se discute la legalidad de aquél sino los
efectos que produce y que ponen al afectado en una situación de
desequilibrio frente a las cargas públicas, la reparación directa se torna
viable para encausar las pretensiones así formuladas, bajo el título de
imputación de daño especial por provenir de una actividad lícita y legítima
del Estado”.
9. En el curso de la convocatoria a la que me presenté hubo un desequilibrio
de las cargas públicas, ya que en la convocatoria para estudios en el exterior
las entidades demandadas impusieron requisitos desproporcionados en
comparación con las otras dos convocatorias, los cuales además no estaban
contemplados en el Reglamento Operativo del Fondo. Adicionalmente, en el
marco de esta convocatoria, se suministró información errónea y se
brindaron asesorías irregulares, situación que no fue corregida de manera
oportuna, lo que me colocó en una situación de desventaja frente a otros
aspirantes. […]”26.
51. Dichos argumentos no sólo guardan similitud con los fundamentos expuestos
en el escrito de tutela, sino que son aspectos que ya fueron analizados y resueltos
de manera razonada en la providencia del 2 de octubre de 2025, a través de la cual
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decidió el recurso de apelación, bajo
las siguientes consideraciones:
“38. Al revisar integralmente la demanda, la Sala concluye que lo que
realmente se pretende es discutir la ilegalidad del acto administrativo del 8
de julio de 2022 (sic) en donde las demandadas publicaron los resultados
finales de las solicitudes de créditos presentadas, lo que se configura como
la fuente real del daño que se le imputa a las accionadas.
39. Es decir, en este caso, el daño no es una omisión de las entidades ni
mucho menos, los efectos de la ejecución de un acto administrativo, como
lo pretende encausar, debido que, en cuanto al primero, no estamos ante un
incumplimiento de deberes legales o constitucionales con los cuales se
podría prevenir algún riesgo, y frente al segundo, no estamos ante ninguna
de las 4 causales excepcionales de procedencia para demandar la
reparación de los perjuicios que causa un acto administrativo, es decir, la
demanda no se enrutó alegando una operación administrativa como fuente
del daño.
40. En otras palabras, lo que se busca con la demanda es el reconocimiento
de un derecho que el actor cree tener, alegando unas presuntas
irregularidades en cuanto a los requisitos mínimos exigidos tanto en la
convocatoria No. 933 de 2021 como en el Reglamento Operativo del Fondo
un TICket para el Futuro, las cuales calificó como violatoria al debido
proceso, no se alega una omisión de deberes ni mucho menos una
operación administrativa.
26 Folios 10 y 11 del archivo “003_DemandaWeb_Anexos_Anexos(.pdf) NroActua 2”.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02772-00
Accionante: Andrés Felipe Aristizábal Dorado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
41. En este punto, conviene reiterar que la escogencia de los medios de
control no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen
del perjuicio alegado y del fin pretendido, al punto de que la nulidad y
restablecimiento del derecho procede en aquellos eventos en los cuales el
daño es consecuencia de un acto administrativo que se considera ilegal y la
reparación directa en los casos en los que la afectación se deriva de un
hecho, omisión, operación administrativa o en un acto administrativo,
siempre que no se cuestione su legalidad.
42. Por lo anterior, la Sala considera que la acción procedente es la de
nulidad y restablecimiento del derecho, como acertadamente lo señaló el a-
quo.
Sobre la caducidad de la acción
43. Establecido que el medio idóneo para tramitar el presente proceso es el
de nulidad y restablecimiento del derecho, corresponde a la Sala determinar
si sobre aquel operó o no el fenómeno de caducidad de la acción.
44. Conforme al artículo 138 del CPACA, el término de caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho “es de cuatro (4) meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto”.
45. En el presente caso el demandante indicó que conoció los resultados del
proceso de solicitud de crédito el mismo 8 de junio de 2022, por lo que, en
principio, tenía hasta el 9 octubre de 2022 para presentar la demanda, y la
misma fue radicada el 21 de agosto de 2024, es decir, ya estaba caduca la
acción.
46. Incluso, para la fecha de presentación de la solicitud de conciliación
prejudicial el 6 de junio de 2024 ya se había superado el término de
caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA. En consecuencia, se
confirmará el auto recurrido que rechazó la demanda. […]”27.
52. Al respecto, de conformidad con los argumentos que sirvieron de fundamento
para proferir el auto del 2 de octubre de 2025, esta Sala advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca concluyó, con base en las reglas de caducidad
aplicables al caso, que el actor tenía plazo hasta el 9 de octubre de 2022 para
presentar la demanda. Sin embargo, esta fue radicada únicamente el 21 de agosto
de 2024, esto es, cuando el término legal para ejercer la acción ya había expirado
y, en consecuencia, había operado el fenómeno de la caducidad.
53. En este contexto, para esta Subsección es claro que la tutela ejercida por la
parte accionante busca prolongar el debate ante el juez natural, como si se tratara
de un recurso ordinario, situación que claramente escapa de la competencia del
juez de tutela, ya que no hay argumento que identifique la cuestión debatida como
un asunto de genuina relevancia constitucional. Además, la presente acción debate
un aspecto legal, como es el conteo del término de caducidad, por lo que no se
evidencia que la demanda entrañe un tema que recaiga sobre el goce de los
derechos fundamentales.
54. En conclusión, la Sala considera que la intención de la parte demandante es
someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y razonable
27 Folios 24 y 25 ibid.
11
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02772-00
Accionante: Andrés Felipe Aristizábal Dorado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción de tutela
debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente. Por ello, se
confirmará la sentencia del 7 de mayo de 2026, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de mayo de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Andrés Felipe Aristizábal Dorado, en nombre propio, contra
el Juzgado Primero (1.°) Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
12
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