Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02772-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02772-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02772-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de mayo de 2026
Demandante: Andrés Felipe Aristizábal Dorado
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02772-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C. siete [7] de mayo de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02772-00
Demandante ANDRÉS FELIPE ARISTIZÁBAL DORADO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial - declara improcedente por
falta de relevancia constitucional - debate meramente legal –
falta de agotamiento de todos los medios de defensa judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y en el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 13 de abril de 2026, el señor Andrés Felipe Aristizábal Dorado presentó acción
de tutela con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión
de los autos de 26 de septiembre de 2024, del Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Cali, que rechazó por caducidad el medio de control, y de 2 de
octubre de 2025, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó
dicha decisión, proferidos dentro del expediente de «reparación directa»
identificado con el radicado 76001-33-33-001-2024-00192-00/01.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
1. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
2. Que se deje sin efectos el auto interlocutorio de segunda instancia No. 559 del 2
de octubre de 2025.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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Demandante: Andrés Felipe Aristizábal Dorado
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y otro
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3. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir una decisión
de reemplazo dentro de los cinco (5) días siguientes2.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes presupuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• El 21 de agosto de 20243, el señor Andrés Felipe Aristizábal Dorado radicó
demanda de reparación directa contra el Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior [ICETEX], el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MINTIC] y el Fondo Único
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [FUTIC], por los perjuicios
derivados por el rechazo irregular de su solicitud de crédito.
• El 26 de septiembre de 2023, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Cali en primer lugar estableció que la fuente del daño en ese caso era
un acto administrativo, consistente en la decisión administrativa publicada el 8 de
junio de 2022 que definió «la situación jurídica del demandante, terminando su
proceso dentro de la misma, impidiéndole continuar su proceso al no ser aprobada
su solicitud de crédito».
• Por lo anterior, concluyó que la controversia en realidad correspondía a una
nulidad y restablecimiento del derecho, cuya fecha límite para presentarla era
hasta el 9 de octubre de 2022, pero esta fue radicada de forma tardía el 21 de
agosto de 2024.
• El 2 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó
la providencia del a quo, al compartir los argumentos del juez de primer grado.
• Destacó que «la escogencia de los medios de control no depende de la
discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin
pretendido, al punto de que la nulidad y restablecimiento del derecho procede en
aquellos eventos en los cuales el daño es consecuencia de un acto administrativo
que se considera ilegal y la reparación directa en los casos en los que la
afectación se deriva de un hecho, omisión, operación administrativa o en un acto
administrativo, siempre que no se cuestione su legalidad».
• Para llegar a esa conclusión precisó que, «al revisar integralmente la demanda,
[…] lo que realmente se pretende es discutir la ilegalidad del acto administrativo
del 8 de julio [sic] de 2022 en donde las demandadas publicaron los resultados
finales de las solicitudes de créditos presentadas, lo que se configura como la
fuente real del daño que se le imputa a las accionadas».
2 Trascrito del texto original.
3 «La solicitud de conciliación aportada con la demanda es del 6 de junio de 2024».
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• El 10 de octubre de 2025 el demandante solicitó la adición del auto de 2 de
octubre de 2025, al exponer que el tribunal no se refirió acerca de la naturaleza de
la decisión del ICETEX, sobre todo si se tiene en cuenta que el «artículo 8º de la
Ley 1002 de 2005 fue el único fundamento legal que utilicé para sustentar mi
recurso, pero aun así la Sala en ningún momento se refirió a él. Esta disposición
señala expresamente que las decisiones del Icetex se rigen por el derecho
privado».
• El 4 de febrero de 2026 el tribunal negó la adición al exponer que sí realizó un
estudio de «fondo en el cual se determinó que lo que realmente se busca es la
ilegalidad del acto administrativo emitido por el ICETEX el 8 de julio [sic] de 2022,
por lo que si hubo un pronunciamiento por parte de esta Corporación sobre si era
o no un acto administrativo».
• Precisó que «la interpretación del demandante está alejada de la realidad, pues
el artículo 8 de la Ley 1002 de 2005 otorga al ICETEX, […], una doble naturaleza
[…] Por un lado, para el desarrollo de su objeto social y el cumplimiento de
sus funciones contractuales, le es aplicable las disposiciones de derecho
privado: Código Civil y de Comercio, así como el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero. Y para sus funciones administrativas definidas en la ley (no
comerciales), como otorgar subsidios, está sujeta al Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues estas últimas, las ejerce a
través de actos administrativos que son demandables ante esta jurisdicción».
• Por lo anterior concluyó que «no es dable pretender equiparar todas las
funciones del ICETEX, tanto comerciales como las no comerciales, a la aplicación
exclusiva del derecho privado, como erróneamente lo interpreta la parte
demandante».
• La providencia que resolvió la solicitud de adición fue notificada el 11 de febrero
de 2026.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El accionante expuso que las autoridades judiciales demandadas trasgredieron
sus garantías constitucionales al configurarse los defectos: sustantivo,
procedimental absoluto y fáctico.
En primer lugar, advirtió que las accionadas interpretaron indebidamente el
artículo 8. º de la Ley 1002 de 2005, porque dicha norma establece que las
decisiones del ICETEX se rigen por el derecho privado, razón por la cual sus
determinaciones no se pueden considerar actos administrativos.
Alegó que solo se puede aceptar que es acto administrativo cuando la entidad usa
prerrogativas de poder público.
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Destacó que se incurrió en un defecto procedimental absoluto por parte del
juzgado, porque omitió «calificar la demanda frente al MINITIC y el FUTIC con lo
cual pretermitió una etapa sustancial del procedimiento como lo es la admisión; (ii)
el juzgado se ciñó al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y
no al de reparación directa –invocado en la demanda– que constituía la vía
procesal adecuada para realizar el estudio de admisión frente al Mintic y al Futic; y
(iii) el tribunal confirmó el rechazo de la demanda sin advertir que para el Mintic y
el Futic procedía la reparación directa y por lo tanto no había operado el fenómeno
de la caducidad».
En este mismo orden de ideas indicó que se configuró un yerro de índole
probatorio, porque de las pruebas aportadas se podía concluir que la asesoría
deficiente y el resultado publicado no fueron actuaciones de las tres entidades,
sino únicamente del ICETEX.
En efecto, destacó que la «indebida valoración de los hechos y de las pruebas
llevó al tribunal a asumir que los reproches contenidos en la demanda se
predicaban de las tres entidades por igual o que realizaron las mismas
actuaciones, cuando en realidad su participación en el daño se dio desde
posiciones contractuales y normativas diferentes. En este sentido, el defecto
fáctico en que incurrió el tribunal implicó que pasara por alto que para el Mintic y el
Futic sí procedía el medio de control de reparación directa en el cual no había
operado el fenómeno de la caducidad».
1.5. Trámite de la acción
El 15 de abril de 2026 el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y
dispuso notificar al demandante, así como al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali, como
autoridades judiciales accionadas.
Como terceros con interés, se vinculó al ICETEX, al MINTIC, y al FUTIC.
De igual forma, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la Corporación, con la información
de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.
El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la sala, no obstante, 5 de
mayo de 2026, la magistrada Gloría María Gómez Montoya manifestó estar
impedida para conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal
5. º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en atención a la amistad
íntima que sostiene con la funcionaria Zoranny Castillo Otálora quien suscribió la
providencia de 2 de octubre de 2025 que se controvierte en sede de tutela.
El 7 de mayo de 2026 la sala declaró infundado el impedimento en mención.
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1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.6.1. El MINTIC, ICETEX y el FUTIC solicitaron su desvinculación, comoquiera
que las pretensiones del mecanismo constitucional van dirigidas contra las
autoridades judiciales accionadas.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por el señor Andrés Felipe Aristizábal Dorado, de conformidad
con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 20194 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa - solicitudes de desvinculación
Esta colegiatura considera que, si bien el MINTIC, ICETEX y FUTIC solicitaron su
desvinculación del presente trámite, las referidas peticiones serán negadas, en
razón a que la comparecencia de éstas se hizo en calidad de terceros con interés
en las resultas del proceso y no como autoridades demandadas.
2.3. Problema jurídico
En primer lugar, esta colegiatura advierte que el estudio de esta acción se limitará
a la providencia que puso fin al proceso, por lo que corresponde a la sala
determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos
fundamentales advertidos por el extremo accionante, por parte del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca con ocasión de la providencia proferida en
segunda instancia el 2 de octubre de 2025.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades
del defecto alegado, y (iv) el caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 5
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
4 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
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Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […] [énfasis de
sala].
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 20149, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración
de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia10.
Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primera medida se recuerda que en el escrito de tutela se indicó que la
providencia controvertida interpretó indebidamente el artículo 8. º de la Ley 1002
de 2005, porque a su juicio, dicha norma establece que las decisiones del ICETEX
se rigen exclusivamente por el derecho privado, razón por la cual sus decisiones
no se pueden considerar como actos administrativos.
Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de
los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos del accionante, sin el debido contraste de un indebido e irracional
estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de
autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el mecanismo constitucional en
una tercera instancia.
En este orden de ideas, para esta sala el argumento que se refiere al defecto
sustantivo no cuenta con la carga argumentativa para ser estudiado, en el marco
de la trasgresión de derechos fundamentales, porque además de ser una
reiteración de lo ya suelto en sede ordinaria, no desvirtúa, a prima facie, la
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
10 Énfasis de la sala.
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conclusión referente a que no se puede equiparar todas las funciones del ICETEX,
tanto comerciales como las no comerciales, a la aplicación exclusiva del derecho
privado, porque la entidad cuenta con funciones administrativas definidas en la
Ley, cuyas decisiones pueden ser considerados actos administrativos.
Lo anterior implica que en la solicitud de amparo no se explicó cómo el análisis de
tribunal resulta arbitrario o irrazonable, sino que se enfocó en intentar imponer un
criterio en cuanto a los alcances de la norma en cita, sin embargo, se advierte que
el funcionario natural de la causa se enfrenta a múltiples posibilidades
hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de normas a un caso en
específico11, y no le corresponde al juez constitucional señalar cuál de tales
posibilidades es la «correcta», pues se vulneraría la independencia y autonomía
con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde cabe
destacar que, de hacerlo, esta sección se convertiría en una tercera instancia.
En consecuencia, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales del tutelante, sino que, por el
contrario, se advierten argumentos con el fin de intentar acreditar su tesis, para a
su vez, disentir del análisis legal y probatorio efectuado por la autoridad judicial de
segundo grado demandada.
De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la
controversia planteada por el accionante, la sala advierte que esta no se
encuentra ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional,
máxime cuando sus argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa,
lo que implica que la tutela se torna improcedente.
En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»12 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
2.5.2. Falta de agotamiento de todos los medios de defensa
Finalmente, esta sección considera que el cargo que se refiere a la omisión de
resolución referente a la imputación respecto de MINTIC y FUTIC no cumple con
el presupuesto del agotamiento de todos los medios de defensa, ya que el
tutelante pudo hacer uso de la solicitud de adición13 para pedirle al tribunal que se
pronunciara acerca de lo que consideró no fue resuelto.
11 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
13 Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de
la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. […]
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2.6. Conclusión
Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por falta de relevancia constitucional y de agotamiento de todos los
medios de defensa judicial.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del MINTIC, ICETEX y
FUTIC.
SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Andrés Felipe Aristizábal Dorado.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
9
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