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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02788-00

Fecha
29 de mayo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02788-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Juan Ramón Muñoz Baracaldo contra el Consejo de Estado-Sección Segunda- Subsección A, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02788-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

29 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02788-00

Accionante: JUAN RAMÓN MUÑOZ BARACALDO

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL–Improcedencia por falta de relevancia constitucional.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL–No se acreditó afectación constitucional autónoma. La acción de tutela no es
una tercera instancia a lo decidido por el juez contencioso administrativo.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Juan Ramón Muñoz Baracaldo, en
nombre propio, contra el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-
Sección Segunda-Subsección A.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 13 de abril de 2026, Juan Ramón Muñoz Baracaldo, actuando en nombre propio,
formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la vida digna, a la garantía de efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución Política, a la supremacía constitucional, a
la igualdad, al debido proceso, a los derechos de las personas de la tercera edad, a
la seguridad social, a la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, a la favorabilidad, al pago oportuno de las pensiones legales, al
mínimo vital, a los derechos adquiridos, a la protección al patrimonio, a los derechos
humanos y derecho internacional, a la prevalencia del derecho sustancial y al acceso

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02788-00
Accionante: Juan Ramón Muñoz Baracaldo
Acción de tutela – Primera instancia

a la administración de justicia, que consideró vulnerados por el Consejo de Estado-
Sección Segunda-Subsección A, al haber proferido la sentencia del 28 de noviembre
de 2025, notificada el 20 de enero de 2026, mediante la cual confirmó la decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C que
declaró configurado el fenómeno jurídico de cosa juzgada dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho1 promovido por el accionante, relacionado
con la reliquidación de su pensión de vejez.

En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó textualmente:

«1. Tutelar los derechos y principios fundamentales del accionante considerados
vulnerados: vida digna, garantía a la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución Política, supremacía constitucional, igualdad, debido
proceso, derechos de las personas de la tercera edad, derecho a la seguridad social,
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales,
favorabilidad, pago oportuno de las pensiones legales, mínimo vital, derechos
adquiridos, protección al patrimonio, derechos humanos y derecho internacional,
prevalencia del derecho sustancial, y acceso a la administración de justicia,

2. En virtud del amparo constitucional concedido, ORDENAR dejar sin efecto la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección “C” de 15 de marzo de 2023, mediante la cual declaró la existencia del
fenómeno jurídico de cosa juzgada, y la dictada por el Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Adm Sección Segunda Subsección A de 28 de noviembre de 2025, que
confirma la del tribunal, y en su lugar dictar una nueva decisión en la cual se
concedan todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda»

2. Hechos relevantes

El Instituto de Seguros Sociales, por medio de la Resolución 112558 del 15 de julio
de 2010, reconoció pensión de vejez a Juan Ramón Muñoz Baracaldo, en cuantía
de $2.604.601, con efectos a partir del 8 de abril de 2010. La prestación fue calculada
con fundamento en el ingreso base de liquidación correspondiente al promedio de
los últimos 10 años, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el
inciso tercero del artículo 36 de la misma normativa.

El señor Juan Ramón Muñoz Baracaldo interpuso recurso de apelación contra el acto
de reconocimiento pensional, con el propósito de que la prestación fuera liquidada

1
Proceso identificado con número de radicación: 25000-23-42-000-2021-00962-01 (2796-2023).

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02788-00
Accionante: Juan Ramón Muñoz Baracaldo
Acción de tutela – Primera instancia

con el ingreso promedio de las últimas 100 semanas, conforme al parágrafo primero
del artículo 20 del Decreto 758 de 1990. Además, solicitó el reconocimiento del
incremento del 14% por cónyuge a cargo. Según el escrito de tutela, Colpensiones
no atendió esa solicitud por pérdida de competencia.

Con posterioridad, el actor promovió una primera demanda contra Colpensiones, en
la que pretendió la reliquidación de su pensión de vejez bajo la regla prevista en el
parágrafo primero del artículo 20 del Decreto 758 de 1990. El conocimiento del
asunto correspondió al Juzgado 54 Administrativo de Bogotá, autoridad que profirió
sentencia el 20 de mayo de 2016 y condenó a Colpensiones a reliquidar la pensión
del demandante de conformidad con el artículo 20 del Decreto 758 de 1990.

Colpensiones apeló la sentencia del 20 de mayo de 2016. El Tribunal Administrativo
de Cundinamarca resolvió el recurso por medio de sentencia del 9 de mayo de 2018
y revocó la decisión de primera instancia.

Luego, el señor Juan Ramón Muñoz Baracaldo promovió una segunda demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho. Según el escrito de tutela, en ese proceso
aportó certificados CETIL por tiempos laborados en las Secretarías de Educación de
Cundinamarca y de Bogotá, con el propósito de acreditar semanas cotizadas antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

En la segunda demanda, el actor solicitó, entre otras pretensiones, la nulidad de la
Resolución SUB 250338 del 12 de septiembre de 2019, la nulidad parcial de la
Resolución DPE 4675 del 25 de marzo de 2020, la declaratoria de que adquirió el
derecho a pensionarse bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990, el
reconocimiento de intereses de mora sobre reajustes pensionales, el pago del
incremento del 14% por cónyuge a cargo y el registro de aportes pensionales
asociados al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en su historia laboral.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C profirió
sentencia el 15 de marzo de 2023 y negó las pretensiones de la segunda demanda,
tras declarar configurado el fenómeno jurídico de cosa juzgada. El actor apeló la
decisión.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02788-00
Accionante: Juan Ramón Muñoz Baracaldo
Acción de tutela – Primera instancia

El Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A profirió sentencia el 28 de
noviembre de 2025, notificada por correo electrónico el 20 de enero de 2026, dentro
del proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-00962-01 (2796-2023). En esa
providencia confirmó la sentencia del 15 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C.

3. Fundamentos de la acción

El accionante afirmó que la sentencia del Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección A vulneró sus derechos fundamentales, porque confirmó la decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C que
declaró configurada la cosa juzgada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho relacionado con la reliquidación de su pensión de vejez. A su juicio, esa
conclusión desconoció que entre la primera y la segunda demanda no existía
identidad de causa, hechos ni pretensiones.

La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
material o sustantivo por aplicación indebida del artículo 303 del Código General del
Proceso, pues declaró la existencia de cosa juzgada sin que se cumpliera el requisito
de identidad de causa petendi. Indicó que, en el segundo proceso, aportó certificados
CETIL expedidos por las Secretarías de Educación de Cundinamarca y de Bogotá,
los cuales, según su postura, constituían elementos nuevos para acreditar que había
completado más de 1000 semanas cotizadas antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993.

También alegó que la providencia cuestionada calificó como cosa juzgada varias
pretensiones que, según el escrito de tutela, no habían sido debatidas en el primer
proceso. Entre ellas mencionó la nulidad de actos administrativos expedidos en los
años 2019 y 2020, el reconocimiento de intereses moratorios sobre reajustes
pensionales, el incremento del 14% por cónyuge a cargo y el registro de aportes
pensionales asociados al SENA en su historia laboral.

El actor afirmó que la sentencia incurrió en defecto sustantivo por inaplicación de
normas y principios que, a su juicio, resultaban relevantes para resolver el caso. En
particular, invocó la supremacía constitucional, el principio de congruencia, la

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02788-00
Accionante: Juan Ramón Muñoz Baracaldo
Acción de tutela – Primera instancia

prevalencia del derecho sustancial, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre
intereses moratorios, el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, el parágrafo primero
del artículo 20 del Decreto 758 de 1990 y el artículo 21 del mismo decreto, relativo al
incremento pensional por cónyuge a cargo.

Asimismo, señaló que la autoridad judicial accionada desconoció precedentes
judiciales de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema
de Justicia. Según el accionante, tales decisiones permitían concluir que, en materia
pensional, la cosa juzgada debía relativizarse cuando estuvieran comprometidos
derechos fundamentales, prestaciones periódicas, pruebas nuevas o pretensiones
no decididas en un proceso anterior.

La parte actora también invocó la violación directa de la Constitución. En ese sentido,
sostuvo que la sentencia censurada desconoció los artículos 1, 2, 4, 13, 29, 46, 48,
53, 58, 93, 228 y 229 superiores, porque dio prevalencia a la cosa juzgada sobre el
estudio material de sus derechos pensionales, pese a que afirmó ser una persona
de la tercera edad y reclamó la protección de la seguridad social, el mínimo vital, la
igualdad, el debido proceso, los derechos adquiridos y el acceso a la administración
de justicia.

4. Trámite procesal

El 20 de abril de 2026 se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar al accionante
y a la autoridad judicial accionada. Asimismo, a la Administradora Colombiana de
Pensiones-Colpensiones-, como tercero interesado, a quienes se les remitió copia
de la demanda. Además, se les informó que, en el término de tres (3) días, podían
rendir informe sobre los hechos objeto de tutela, de conformidad con el artículo 19
del Decreto 2591 de 1991. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para su eventual intervención, publicar la providencia
en la página web del Consejo de Estado, tener como pruebas los documentos
allegados con la solicitud, solicitar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A la remisión de copia digital del
expediente 25000-23-42-000-2021-00962-01, correspondiente al proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por Juan Ramón Muñoz Baracaldo contra

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02788-00
Accionante: Juan Ramón Muñoz Baracaldo
Acción de tutela – Primera instancia

Colpensiones, y suspender el término para decidir la solicitud de tutela mientras se
practicaban las pruebas ordenadas.

En los escritos de contestación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda-Subsección C2 explicó que, en la providencia del 15 de marzo
de 2023, dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se
expusieron los argumentos que sustentaron la decisión de declarar probada la
excepción de cosa juzgada. De igual manera, precisó que esa determinación fue
confirmada por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A, mediante
sentencia del 28 de noviembre de 2025. Además, manifestó que la decisión
cuestionada contó con una argumentación suficiente, razón por la cual estimó que
en el caso no se configuraron los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, sostuvo que el accionante pretendió que el juez constitucional actuara
como una tercera instancia. En ese sentido, indicó que la acción de tutela resultaba
improcedente cuando se dirigía a resolver discrepancias relacionadas con la
interpretación y aplicación normativa, especialmente si la providencia acusada había
aplicado la jurisprudencia vigente sobre la materia. Para apoyar esa afirmación, citó
jurisprudencia constitucional sobre la improcedencia del amparo frente a
interpretaciones objetivas y razonables de disposiciones legales, con fundamento en
los principios de autonomía e independencia judicial y respeto por las jurisdicciones
naturales. Finalmente, informó que, por Secretaría de esa Subsección, se remitió en
medio digital el expediente con radicado 25000-23-42-000-2021-00962-00.

Por su parte, la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones3 solicitó
que se declarara improcedente la acción de tutela. Expuso que la solicitud del
accionante buscó obtener una nueva actuación dentro de un proceso ordinario ya
finalizado y ejecutoriado, por lo que, a su juicio, el amparo pretendió reabrir un debate
judicial resuelto y convertir la tutela en una tercera instancia.

Colpensiones sostuvo que no existió ningún vicio, defecto o vulneración de derechos
fundamentales atribuible al juez ordinario ni a la entidad. Señaló que la tutela contra

2 SAMAI, índice 13.
3 SAMAI, índice 15.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02788-00
Accionante: Juan Ramón Muñoz Baracaldo
Acción de tutela – Primera instancia

providencias judiciales era excepcional y solo procedía ante la configuración de
causales específicas, tales como defecto sustantivo, orgánico, procedimental,
fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente o
violación directa de la Constitución. Según la entidad, en el caso concreto no se
acreditó ninguna de esas causales, pues la autoridad judicial accionada aplicó las
normas, los preceptos constitucionales y la jurisprudencia vigente sobre la materia.
Además, afirmó que el mecanismo constitucional no era el medio adecuado para
satisfacer la pretensión del actor, porque este ya había contado con recursos y
escenarios judiciales para discutir su inconformidad. Para sustentar su posición, citó
jurisprudencia constitucional y ordinaria sobre la improcedencia de la tutela como
instancia adicional frente a decisiones judiciales razonadas.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela promovida por Juan
Ramón Muñoz Baracaldo contra la sentencia del 28 de noviembre de 2025, proferida
por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A, que confirmó la decisión
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C que
declaró probada la excepción de cosa juzgada en el proceso de reliquidación
pensional adelantado contra Colpensiones.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02788-00
Accionante: Juan Ramón Muñoz Baracaldo
Acción de tutela – Primera instancia

manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental4. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; y vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela5.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
precedente constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional6: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia

4 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
5 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02788-00
Accionante: Juan Ramón Muñoz Baracaldo
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constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

En el presente asunto, Juan Ramón Muñoz Baracaldo cuestionó la sentencia del 28
de noviembre de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección A confirmó la sentencia anticipada del 15 de marzo de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C,
que declaró probada la excepción de cosa juzgada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido contra Colpensiones. El actor sostuvo que
la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, porque, en su
criterio, la segunda demanda ordinaria no tuvo identidad de causa, hechos ni
pretensiones con el proceso anterior, pues se apoyó en certificados CETIL, actos
administrativos expedidos en 2019 y 2020, y pretensiones relacionadas con
intereses moratorios, incremento del 14% por cónyuge a cargo y registro de aportes
en la historia laboral.

Para resolver el asunto, la Sala estima necesario precisar que las providencias
ordinarias cuestionadas sí efectuaron una comparación entre los dos procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho promovidos por el accionante. En el primer
proceso, identificado con radicado 11001-33-35-024-2013-00479-00/01, Juan
Ramón Muñoz Baracaldo demandó a Colpensiones y cuestionó la Resolución

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02788-00
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Acción de tutela – Primera instancia

112558 del 15 de julio de 2010, mediante la cual el ISS le reconoció la pensión de
vejez, así como el acto ficto negativo derivado de la falta de respuesta al recurso de
apelación presentado el 23 de septiembre de 2010. En ese trámite, el problema
jurídico se centró en establecer si el actor tenía derecho a que su pensión fuera
reliquidada conforme al parágrafo primero del artículo 20 del Decreto 758 de 1990,
con base en el promedio de las últimas 100 semanas.

En la segunda demanda, que dio origen al proceso con radicado 25000-23-42-000-
2021-00962-00/01, el mismo demandante volvió a dirigir sus pretensiones contra
Colpensiones. En esa oportunidad, además de la Resolución 112558 del 15 de julio
de 2010 y del acto ficto negativo, solicitó la nulidad de la Resolución SUB 250338 del
12 de septiembre de 2019 y la nulidad parcial de la Resolución DPE 4675 del 25 de
marzo de 2020. También pidió que se declarara que había adquirido el derecho a
pensionarse bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990, que se ordenara una
nueva liquidación con base en el promedio de las últimas 100 semanas, que se
reconocieran intereses moratorios, el incremento del 14% por cónyuge a cargo y que
se registraran aportes asociados al SENA en su historia laboral.

De esa comparación se advierte que las autoridades judiciales ordinarias no
desconocieron que la segunda demanda incluyó actos administrativos posteriores y
pretensiones adicionales. Por el contrario, tanto el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C como el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección A identificaron esos elementos y, pese a ello, concluyeron que
el núcleo de la controversia continuó referido a la reliquidación de la pensión de vejez
del actor con fundamento en el parágrafo primero del artículo 20 del Decreto 758 de
1990. En otras palabras, estimaron que las nuevas resoluciones, los intereses
moratorios, el incremento por cónyuge a cargo y el registro de aportes se
encontraban ligados al mismo debate pensional que ya había sido definido por
sentencia ejecutoriada.

Ese punto resulta relevante, porque el reproche constitucional del actor parte de la
premisa de que las providencias ordinarias omitieron examinar las diferencias entre
los dos procesos. Sin embargo, el contenido de las sentencias muestra lo contrario.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C indicó
que el demandante ya había acudido a la jurisdicción con el propósito de obtener la

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nulidad de la Resolución 112558 de 2010 y del acto ficto negativo, y que en ese
primer proceso pretendió la reliquidación de su mesada pensional con fundamento
en el parágrafo primero del artículo 20 del Decreto 758 de 1990. Luego, al revisar la
nueva demanda, concluyó que existía identidad jurídica de partes, objeto y causa,
porque el actor insistió en el mismo restablecimiento pensional, aunque hubiera
incorporado nuevos elementos a su planteamiento.

El Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A, por su parte, delimitó
expresamente el problema jurídico de la segunda instancia en determinar si había
operado la cosa juzgada o si, como lo alegó el apelante, existían nuevas pruebas y
hechos que impedían su configuración. Para ello, recordó que la cosa juzgada exigía
identidad de partes, identidad de causa petendi e identidad de objeto, y precisó que,
en los medios de control dirigidos contra actos administrativos, lo determinante era
establecer si existía coincidencia entre los actos enjuiciados y los aspectos
sometidos al pronunciamiento judicial.

Así, la sentencia acusada no se limitó a afirmar de manera abstracta la existencia de
cosa juzgada, sino que abordó el argumento principal del accionante: la supuesta
existencia de hechos, pruebas y pretensiones nuevas. El Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección A reseñó que el actor sostuvo, en su recurso de apelación, que
las resoluciones de 2019 y 2020 introdujeron una nueva causa petendi, que los
certificados laborales y constancias de cotización demostrarían más de 1000
semanas antes de la Ley 100 de 1993 y que, por tratarse de derechos pensionales,
no podía predicarse cosa juzgada. No obstante, luego de estudiar la controversia,
confirmó la sentencia anticipada de primera instancia.

En ese contexto, la Sala considera que el alegado defecto sustantivo por indebida
aplicación del artículo 303 del Código General del Proceso no plantea una
controversia de relevancia constitucional. Lo que el actor propone es que el juez de
tutela reevalúe la comparación entre las dos demandas ordinarias y sustituya la
conclusión del juez natural acerca de la identidad de partes, objeto y causa. Ese
ejercicio corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues implica
confrontar actos administrativos, pretensiones, fundamentos fácticos, pruebas,
decisiones anteriores y el alcance de una sentencia ejecutoriada. La acción de tutela

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02788-00
Accionante: Juan Ramón Muñoz Baracaldo
Acción de tutela – Primera instancia

no fue instituida para repetir esa valoración ni para convertir al juez constitucional en
una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala tampoco advierte que el argumento sobre los certificados CETIL transforme
el debate en un asunto constitucional autónomo. El actor afirmó que esos
documentos demostraban que había completado más de 1000 semanas antes de la
Ley 100 de 1993 y que, por esa razón, no podía declararse la cosa juzgada. Sin
embargo, ese planteamiento fue expuesto ante el juez natural y fue valorado dentro
del proceso ordinario como parte de la discusión sobre la existencia de nuevos
hechos o pruebas. La discrepancia del actor con el efecto jurídico que las autoridades
judiciales otorgaron a esos documentos no demuestra, por sí sola, la afectación
directa de un derecho fundamental.

Lo mismo ocurre con las pretensiones que el accionante calificó como nuevas. La
nulidad de las resoluciones de 2019 y 2020, los intereses moratorios, el incremento
del 14% por cónyuge a cargo y el registro de aportes asociados al SENA fueron
presentados por el actor como elementos que impedían la cosa juzgada. Sin
embargo, los jueces ordinarios concluyeron que esos puntos no alteraban el núcleo
del litigio, porque todos se conectaban con la misma pretensión sustancial: obtener
una nueva reliquidación de la pensión con base en el parágrafo primero del artículo
20 del Decreto 758 de 1990. La Sala no puede desplazar ese análisis bajo la forma
de un nuevo examen constitucional, pues ello equivaldría a revisar la corrección de
la decisión ordinaria y no su validez constitucional.

En cuanto al desconocimiento del precedente, el actor citó varias decisiones sobre
la relativización de la cosa juzgada en materia pensional, las prestaciones periódicas,
las pruebas nuevas, los derechos adquiridos, los intereses moratorios y el
incremento del 14% por cónyuge a cargo. No obstante, en la demanda de tutela no
demostró que la sentencia cuestionada se hubiera apartado de una regla vinculante
aplicable al caso con identidad fáctica y jurídica. La parte actora pretendió que el juez
constitucional acogiera una lectura jurisprudencial distinta a la adoptada por el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A, pero esa pretensión se
mantiene en el plano de la interpretación judicial ordinaria.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02788-00
Accionante: Juan Ramón Muñoz Baracaldo
Acción de tutela – Primera instancia

La invocación de la violación directa de la Constitución tampoco cambia la naturaleza
del debate. El accionante mencionó la dignidad humana, la igualdad, el debido
proceso, la seguridad social, el mínimo vital, la favorabilidad, los derechos
adquiridos, la protección a las personas de la tercera edad, la prevalencia del
derecho sustancial y el acceso a la administración de justicia. Sin embargo, todos
esos reproches dependieron de una misma premisa: que los jueces ordinarios
debieron descartar la cosa juzgada y estudiar nuevamente el fondo de sus
pretensiones pensionales. Por tanto, la controversia no expone una afectación
constitucional independiente, sino la inconformidad del actor con la forma en que se
resolvió un problema procesal propio del juicio ordinario.

La Sala no desconoce que los asuntos pensionales puedan tener relevancia
constitucional cuando se acredita una afectación cierta, directa y actual de derechos
fundamentales. Sin embargo, en el presente asunto, el actor no planteó un juicio de
validez constitucional sobre la providencia acusada, sino un juicio de corrección
frente a la conclusión adoptada por los jueces naturales. Su pretensión consistió en
dejar sin efectos las sentencias ordinarias para que se profiriera una nueva decisión
que accediera a todas las pretensiones de la demanda, lo cual evidencia que el
amparo fue utilizado para obtener una nueva revisión del litigio pensional ya decidido.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela promovida por Juan
Ramón Muñoz Baracaldo no cumple el requisito general de relevancia constitucional.
Aunque el actor presentó sus inconformidades bajo la forma de defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, sus
argumentos se dirigieron a controvertir la interpretación judicial de la cosa juzgada y
a obtener un nuevo pronunciamiento sobre la reliquidación de su pensión de vejez.
Por lo tanto, resulta improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02788-00
Accionante: Juan Ramón Muñoz Baracaldo
Acción de tutela – Primera instancia

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Juan
Ramón Muñoz Baracaldo contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección A, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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