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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00962-01

Fecha
28 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00962-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia de 15 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección “C” dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Juan Ramón Muñoz Baracaldo en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, de conformidad con los argumentos esbozados en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Con condena en costas de segunda instancia a la parte demandante, de acuerdo con las consideraciones expresadas en este fallo. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00962-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

28 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00962 01 (2796-2023)
Demandante: Juan Ramon Muñoz Baracaldo
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES
Tema: Cosa juzgada – Reliquidación pensional.
Decisión: Confirmar la sentencia que declaró probada la excepción de
cosa juzgada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia anticipada proferida el 15 de marzo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección segunda –
Subsección “C”, que declaró probada la excepción de cosa juzgada y dio por
terminado el proceso.

II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1

2.1.1. Pretensiones

2. El señor Juan Ramón Muñoz Baracaldo, actuando en nombre propio, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, solicitó declarar la nulidad de los siguientes
actos administrativos: (i) Resolución 112558 del 15 de julio de 2010, por medio
de la cual Colpensiones le reconoció pensión de vejez en cuantía de $2.604.301,
prestación efectiva a partir del 8 de abril de 2010; (ii) del acto ficto negativo producto
del silencio de la entidad demandada respecto al recurso de apelación interpuesto
el 23 de septiembre de 2010, contra el acto primigenio de reconocimiento
pensional.; (iii) Resolución SUB 250338 del 12 de septiembre de 2019, a través
de la cual se reliquidó la pensión de vejez reconocida al demandante, oportunidad
en la que se incrementó la cuantía de la mesada a la suma de $3.288.271, a partir

1 Expediente digital, archivo “01demanda.pdf” contenido en “4ED_DEMANDA_25000234200020210096.zip”

del índice 2 del aplicativo SAMAI.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en

adelante CPACA.

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D emandan te: Juan R amon Muñoz Baracaldo

del 19 de febrero de 2016; (iv) Resolución DPE 4675 de 25 de marzo de 2020,
mediante la cual se reliquidó la pensión de vejez del actor.

3. A título de restablecimiento del derecho se declare que el demandante adquirió
el derecho a pensionarse bajo los parámetros establecidos en el régimen anterior
establecido en el parágrafo 1° del artículo 20 del Decreto 758 de 1990, por cumplir
1000 semanas requeridas por la ley para acceder a la pensión de vejez antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

4. En consecuencia ordenar a Colpensiones efectuar una nueva liquidación de la
pensión, esto es teniendo en cuenta el parágrafo 1 del artículo 20 del Decreto 758
de 1990, por resultar más favorable, calculando el salario mensual de base
multiplicando por 4,33 la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el
trabajador en las últimas 100 semanas, teniendo en cuenta en el IBL aquellos
aportes no cobrados por COLPENSIONES al SENA y que afecten el IBL en las 100
últimas semanas, reajuste reconocido, liquidado y pagado con efecto a partir del 8
de abril de 2010, descontando de la reliquidación pensional los retroactivos
reconocidos en las Resoluciones SUB 250338 de 2019 ($2.952.734) y DPE 4675
de 2020 (17.304.321).

5. Para calcular el IBL de la pensión se actualice los ingresos laborales de los años
2008 y 2009 con los IPC 7,67% y 2% respectivamente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 53 de la Constitución
Política en relación al salario móvil.

6. Se reconozcan los intereses de mora sobre los reajustes mensuales desde la
causación y hasta la fecha de pago, de conformidad con el artículo 141 de la Ley
100 de 1993, por resultar más favorable que lo establecido en el artículo 187 de la
Ley 1437 de 2011.

7. Reconocer, liquidar y pagar el 14% por cónyuge a cargo por tratarse de un
derecho adquirido antes de la Ley 100 de 1993, acorde a la línea jurisprudencial
establecida en la sentencia SU- 140 de 2016 y registrar en la historia laboral los
aportes pensionales no cobrados al SENA por efecto del reajuste de la pensión
jubilación por los periodos comprendidos entre diciembre de 2006 a abril de 2010.

8. Se ordene a la demandada dar cumplimiento a la sentencia en los términos
ordenados por el C.P.A.C.A., de no ser así se condene al pago de intereses
moratorios y de las costas del proceso.

2.1.2. Hechos

9. El señor Juan Ramón Muñoz Baracaldo, es beneficio del régimen de transición
contenido en la Ley 100 de 1993, toda vez que, para el 1 de abril de 1994, tenía
más de 1000 semanas cotizadas.

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10. Laboró como docente para la Secretaría de Educación de Bogotá desde el 2
de marzo de 1971 al 28 de julio de 1971, con 41 días de interrupción y desde el 1
de abril de 1973 al 31 de julio de 1979, tiempo en el cual efectuó cotizaciones a la
Caja de Previsión Social de Bogotá.

11. Con posterioridad trabajó en el SENA como instructor desde el 23 de abril de
1979 al 29 de noviembre de 2009, tiempo en el cual efectuó cotizaciones para
pensión en Colpensiones.

12. A través de la Resolución 1948 de 2006, el SENA le reconoció pensión de
jubilación en cuantía de $1.558.679, efectiva a partir del 30 de noviembre de 2006,
prestación que fue reliquidada mediante Resolución 002533 del 2 de noviembre de
2007, oportunidad en la cual se elevó la cuantía de la mesada a la suma de
$1.629.997, a partir del 30 de noviembre de 2006.

13. El ISS hoy Colpensiones recaudó aportes pensionales liquidados sobre la
pensión del demandante por valor inicial de $1.558.679, causados desde diciembre
de 2006 a abril de 2010, base incrementada anualmente con el IPC.

14. Mediante Resolución 112558 del 15 de julio de 2010, el ISS le reconoció
pensión de vejez al demandante, en cuantía de $2.604.301, a partir del 8 de abril
de 2010, inconforme con esa decisión, el 23 de septiembre de 2010, interpuso
recurso de apelación, con el fin de que se reliquide la mesada con fundamento en
el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, junto con el reconocimiento del 14% de la
pensión mínima legal por la cónyuge con dependencia económica.

15. Por medio de la Resolución VPB 27912 del 6 de julio de 2016, Colpensiones,
declaró la pérdida de competencia para atender la solicitud de reliquidación de la
mesada pensional. De otra parte, el SENA a través de la Resolución 01651 del 13
de septiembre de 2011, ordenó reliquidar la pensión, en cuantía de $2.145.333, a
partir del 30 de noviembre de 2006.

16. El 19 de febrero de 2019, solicitó a Colpensiones actualizar su historia laboral
con los aportes pagados por el SENA por valor de $13.379.790, requerir al SENA
para que pague los aportes pensionales causados sobre el reajuste de la pensión
de jubilación desde diciembre de 2006 a abril de 2010 y reconocer y pagar el 14%
sobre el salario mínimo mensual por la cónyuge.

17. En respuesta la entidad profirió la Resolución SUB 250338 del 12 de septiembre
de 2019, a través de la cual reliquidó la pensión de vejez del demandante a la suma
de $3.288.271, a partir del 19 de febrero de 2016 y giró al SENA $2.952.735, por
concepto de retroactivo pensional. Además, en esa oportunidad se negó a registrar
en la historia laboral los aportes pagados por el SENA, por la suma de $13.379.790,
por los ciclos de abril de 1994 a noviembre de 2006 y requerir al SENA para que

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pague los aportes pensionales causados sobre el reajuste de la pensión por loes
periodos de diciembre de 2006 a abril de 2010.

18. Inconforme con esta decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue
desatado a través de la Resolución DPE 4675 del 25 de marzo de 2020, por medio
de la cual liquidó la pensión de conformidad con los parámetros establecidos en el
Decreto 758 de 1990, en cuantía de $2.755.511, girando al SENA la suma de
$17.304.321, por concepto de retroactivo.

19. La entidad al liquidar la pensión con fundamento en el Decreto 758 de 1990,
inaplicó la fórmula establecida en el parágrafo del artículo 20 de la norma en cita,
además se negó a registrar en la historia laboral los aportes pagados por el SENA,
a cobrarle a la entidad los aportes pensionales surgidos por el reajuste de la pensión
del actor y a reconocer y pagar el reajuste del 14% por su cónyuge.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

20. Como normas vulneradas citó los artículos 2, 4, 5, 13, 29, 46, 48, 53, 58, 121,
228 y 230 de la constitución política; Inciso 2. ° del articulo 8 de la Ley 171 de 1961;
artículos 15 y 19, Parágrafo 1 del artículo 20 y el artículo 21 del Decreto 758 de
1990; artículos 22, 24, 57 y 141 de la Ley 100 de 1993.

21. En el concepto de violación explicó que las resoluciones objeto de censura
desconocen la normativa y jurisprudencia que gobierna el caso objeto de estudio,
por las razones que a continuación se sintetizan:

22. La entidad no observó los principios de favorabilidad, progresividad y no
regresión de los ingresos laborales, al negarse a aplicar el régimen anterior previsto
en el parágrafo 1° del artículo 20 del Decreto 758 de 1990, pese a haber acreditado
más de 1.000 semanas de cotización antes de la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993. Según el actor, dicha omisión constituye una desviación de poder y un
desconocimiento del derecho a la igualdad, al debido proceso y de las garantías
constitucionales de protección a la tercera edad y a los derechos adquiridos.

23. Colpensiones interpretó en forma errónea las normas sustantivas que rigen el
cálculo de la pensión, en especial el parágrafo 1° del artículo 20 del Decreto 758 de
1990, toda vez que fijó la cuantía de la prestación en la suma de $2.755.511 cuando
en realidad corresponde a $4.729.803. Además, omitió actualizar el IBL con el IPC,
afectando la capacidad adquisitiva de la prestación. Igualmente, señala la omisión
de incluir el incremento del 14% por cónyuge dependiente, establecido en el artículo
21 del Decreto 758 de 1990 y reconocido como derecho adquirido por la
jurisprudencia constitucional en sentencia SU-140 de 2019, circunstancia que
representa una aplicación restrictiva de la norma y contraria el principio de
favorabilidad laboral consagrado en la constitución política.

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24. Sostiene, además, que Colpensiones al abstenerse de registrar los aportes
efectuados por el SENA por valor de $13.379.790 y de exigir a dicho empleador el
pago de las cotizaciones generadas por el reajuste de la pensión de jubilación entre
diciembre de 2006 y abril de 2010, desconoce los deberes legales de gestión y
cobro de aportes, generando un perjuicio directo en el monto de la pensión y
configurando un enriquecimiento sin causa en cabeza de la administración.

25. Finalmente, acusa la falta de reconocimiento de los intereses moratorios sobre
los reajustes pensionales, contrariando la jurisprudencia unificada de la Corte
Suprema de Justicia SL-3130-2020 y SL-2509-2021, que impone a las
administradoras la obligación de pagar intereses en caso de mora o reliquidación.

2.2. Contestación de la demanda3

26. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, a través de
apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que
los actos demandados fueron expedidos a la luz de la normatividad vigente, por
funcionario competente, respetando las garantías del demandante, sin que se
avizore temeridad o mala de fe en el actor de la entidad, quien ha actuado en
cumplimiento de los deberes que constitucional y legalmente le fueron asignados.

27. Señaló que, tras revisar el expediente pensional, se constató que el SENA a
través de la Resolución 001948 del 6 de septiembre de 2006, reconoció pensión de
jubilación al demandante, en cuantía de $1.629.887 a partir del 30 de noviembre de
2006, fecha en que acreditó el retiro del servicio; prestación que fue reliquidada por
medio de la Resolución 002533 del 3 de noviembre de 2007, en cuantía de
$1.702.902, a partir del 1 de enero de 2007.

28. El ISS por medio de la Resolución 112558 del 15 de julio de 2010, le reconoció
pensión de vejez con carácter compartida en cuantía de $2.604.301, a partir del 8
de abril de 2015, con un IBL de $2.893.668, al que le aplicó una tasa de remplazo
del 90% de conformidad con el Decreto 758 de 1990.

29. En desarrollo de su defensa, adujo que el actor solicitó la reliquidación de su
pensión el 19 de febrero de 2019, pretendiendo la actualización de su historia
laboral y la inclusión de aportes presuntamente realizados por el SENA. Sin
embargo, las áreas técnicas determinaron que no era procedente el cargue de
dichos aportes, por cuanto, conforme a oficios del Ministerio de Trabajo y del Comité
Intersectorial, las liquidaciones derivadas de sentencias judiciales que condenaron
al SENA a reliquidar pensiones de jubilación no podían trasladarse nuevamente al
sistema general. La entidad reitera que el demandante cuenta con 1.640 semanas
cotizadas, cumple con los requisitos del Decreto 758 de 1990 y que su pensión fue

3 Expediente digital, archivo “22ContestaciónDemandaDda.pdf” contenido en
“4ED_DEMANDA_25000234200020210096.zip” del índice 2 del aplicativo SAMAI.
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liquidada bajo el régimen de transición, aplicando la opción más favorable entre el
promedio de los últimos 10 años y el promedio de toda la vida laboral, resultando
más beneficioso el primero.

30. Asimismo, invocó los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del
Código Procesal del Trabajo, para sostener que la acción se encuentra
parcialmente prescrita respecto de los retroactivos anteriores al 19 de febrero de
2016. Aduce también que, al tratarse de una pensión compartida, el retroactivo fue
girado al SENA, de conformidad con la Circular 19 de 2015, y que los reajustes
pensionales se han efectuado conforme a los artículos 14 de la Ley 100 de 1993 y
41 del Decreto 692 de 1994, garantizando la actualización anual por el IPC.

31. Respecto al reclamo del incremento del 14% por cónyuge dependiente y la
mesada 14, mantiene su oposición de improcedencia, teniendo en cuenta que la
Sentencia SU-140 de 2019 eliminó dicha prerrogativa y que, conforme al Acto
Legislativo 01 de 2005, el demandante no cumple los requisitos para recibir una
mesada adicional al superar tres salarios mínimos.

32. Finalmente, propuso las excepciones de i) Cosa juzgada, ii) prescripción,
inexistencia de la obligación, iii) cobro de lo no debido y iv) buena fe.

2.3. La sentencia apelada4

33. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección
“C”, a través de sentencia del 15 de marzo de 2023, declaró probada la excepción
de cosa juzgada, en consecuencia, dio por terminado el proceso y se abstuvo de
condenar en costas a la parte vencida, los argumentos que soportan la decisión se
sintetizan así:

34. El señor Juan Ramón Muñoz Baracaldo, en oportunidad anterior acudió ante
esta jurisdicción con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 112558 del 15 de
julio de 2010 y del acto ficto negativo producto del silenció de la entidad respecto al
recurso de apelación presentado el 23 de septiembre de 2010, como consecuencia
de la declaratoria de nulidad pretendió la reliquidación de su mesada pensional con
fundamento en el parágrafo 1 del artículo 20 del Decreto 758 de 1990, con una tasa
de remplazo del 90% y teniendo como salario base de liquidación la centésima
parte de las sumas de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador
en los últimas 100 semanas, multiplicado por el factor 4.33.

35. El mencionado asunto fue resuelto en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 9 de mayo de 2018, oportunidad
en la cual revocó la decisión proferida en primera instancia y en su lugar negó las

4 Expediente digital, archivo “32)D-2021-00962-00-JUAN MUÑOZ VS COLPENSIONES. cosa juzgada
(reliquidación pensional).pdf” contenido en “4ED_DEMANDA_25000234200020210096.zip” del índice 2 del
aplicativo SAMAI.
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súplicas incoadas, lo anterior teniendo en cuenta que, a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, al demandante el faltaban más de 10 años para
consolidar el derecho pensional, razón por la cual la cuantía de la mesada
correspondía al 75% del promedio de los salarios que sirvieron de base para los
aportes durante los últimos 10 años de servicios, actualizados anualmente con el
IPC, con la inclusión de los factores previstos en el Decreto 1158 de 1990.

36. No obstante, al confrontar el contenido del acto administrativo que le reconoció
la pensión, se evidenció que la prestación fue reconocida con una tasa de remplazo
del 90%, aspecto que hizo parte del régimen de transición, sin que ocurra lo mismo
con el IBL, en razón a que debe calcularse con fundamento en la Ley 100 de 1993,
atendiendo al precedente fijado por la Corte Constitucional. En ese orden y como
quiera que el IBL de la pensión se debe computar con fundamento en la Ley 100
de 1993 y no con el Decreto 758 de 1990, como erradamente lo ordenó el a quo
cuanto dispuso tener en cuenta la suma de los salarios semanales sobre los cuales
cotizó el demandante en las últimas 100 semanas, revocó la decisión y negó las
pretensiones incoadas.

37. En ese orden, el Tribunal evidenció que respecto al anterior proceso adelantado
por el demandante existe identidad jurídica de partes, objeto y causa, lo anterior
teniendo en cuenta que se pretende la reliquidación de la mesada con fundamento
en el parágrafo primero del artículo 20 del Decreto 758 de 1990; si bien es cierto,
en el presente asunto alega la existencia de nuevas pruebas, lo cierto es que el
tema relacionado con la reliquidación pensional en los términos reclamados ya fue
debatida y definida en sentencia judicial que hizo tránsito a cosa juzgada.

38. En ese orden existe una prohibición para los funcionarios judiciales y las partes
de volver a entablar el mismo litigio, como ocurre en el presente asunto, lo anterior
teniendo en cuenta que la decisión adoptada el 9 de mayo de 2018, adquirió el
carácter de inmutable, vinculante y definitiva en la discusión, alcanzando un estado
de seguridad jurídica sobre el derecho pensional en el cual insiste el demandante.

39. Así mismo en esa decisión se relacionaron y/o analizaron los periodos de
aportes que efectuó el SENA en distintos periodos inclusive los del año 2006 a
2010, por lo que sobre este punto también existe cosa juzgada.

2.4. Recurso de apelación.5

40. El accionante, actuando en nombre propio, interpuso recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia, oportunidad en la cual indicó que dicha
decisión desconoce la existencia de hechos y pruebas nuevas no debatidas en el
proceso inicial, lo anterior teniendo en cuenta que, en el año 2019 presentó nuevas

5 Expediente digital, archivo “34RecursoApelaciónDemandante.pdf” contenido en
“4ED_DEMANDA_25000234200020210096.zip” del índice 2 del aplicativo SAMAI.
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peticiones ante Colpensiones, las cuales fueron resueltas negativamente mediante
las resoluciones SUB 250338 de 2019 y DPE 4675 de 2020, actos que, según
afirmó, introducen una nueva causa petendi al liquidarse su pensión bajo
parámetros contradictorios entre el Decreto 758 de 1990 y el artículo 36 de la Ley
100 de 1993. Lo que calificó, según su criterio, a escindir la Ley, situado
contradictorio al artículo 21 del código sustantivo del trabajo, lo que constituye un
nuevo hecho.

41. Asimismo, existen nuevas pruebas, entre ellas, certificados laborales y
constancias de cotización, que eliminan la posibilidad de aplicar la cosa juzgada,
conforme al precedente fijado por la sentencia T-534 de 2015 de la Corte
Constitucional. Dichos documentos demostrarían que había cotizado más de 1.000
semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, configurando un
derecho adquirido a pensionarse bajo el régimen anterior. En consecuencia, alegó
que el Tribunal desconoció que el derecho pensional se adquiere con el
cumplimiento de las semanas requeridas y que la edad solo constituye una
condición de exigibilidad, no de configuración del derecho.

42. De igual modo, argumentó que en materia pensional no procede la cosa
juzgada, tal como lo ha orientado esta Corporación. Además, indicó que el derecho
a la reliquidación pensional es imprescriptible, por lo tanto, puede reclamarse en
cualquier tiempo, máxime cuando la entidad administradora incurre en errores de
liquidación.

43. Reiteró que la norma aplicable para efectos de reliquidar la mesada pensional
es el parágrafo 1 del artículo 20 del Decreto 758 de 1990, lo anterior teniendo en
cuenta que, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía más de
1000 semanas de cotización.

44. Finalmente, adujo que de la reclamación de derechos pensionales no se predica
de la cosa juzgada, pues con base en la jurisprudencia de esta Corporación y de la
Corte Constitucional, ha indicado que, si bien es cierto no se puede demandar 2
veces sobre los mismos hechos, lo cierto es que las pretensiones encaminadas a
buscar la reliquidación pensional, nunca prescriben y tampoco se pregona la cosa
juzgada, en virtud de que la pensión es un derecho irrenunciable.

2.6. Trámite en segunda instancia

45. A través de auto de 15 de septiembre de 20236, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante y se ordenó correr traslado a las
partes y al agente del Ministerio Público para emitir concepto en segunda instancia.

46. En el término otorgado las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio

6 Índice 4 de SAMAI.
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Público adscrito a esta dependencia se abstuvo de emitir concepto.

47. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

48. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 7.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia

49. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez
de segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas
partes apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

50. En el asunto objeto de estudio, el demandante es apelante único, por lo que la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los argumentos
esgrimidos en el recurso de apelación.

3.3. Problema Jurídico

51. Corresponde a la Sala de Subsección determinar si en el presente asunto operó
o no la excepción de cosa juzgada declarada por la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia anticipada
proferida el 15 de marzo de 2023, o si por el contrario y conforme a los argumentos
del apelante existen nuevas pruebas y hechos que impiden la configuración de la
excepción declarada.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

3.4.1. De la cosa juzgada

52. En virtud de esta una institución jurídico procesal las decisiones contenidas en
una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de invariables,
vinculantes y concluyentes, esto, con la finalidad de lograr la terminación definitiva
de controversias y garantizar la realización de la seguridad jurídica como principio
fundante dentro de un Estado social de derecho.

53. Ahora bien, para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada es

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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imprescindible que, previamente, el asunto en cuestión haya sido objeto de estudio
por la jurisdicción y que al respecto esta haya adoptado una decisión de fondo que
se encuentre debidamente motivada, pudiéndose verificar el cumplimiento de las
siguientes exigencias:

(i) Identidad de partes: Al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculados y obligados, salvo que se trate de un
medio de control de carácter público, como el de nulidad simple, que al
propender por la protección del interés general puede ser promovido por
cualquier persona. De acuerdo con ello, en tal supuesto, no es necesario que
se presente identidad absoluta de partes para que se configure la cosa
juzgada.

(ii) Identidad de causa petendi: La demanda y la decisión que hizo tránsito
a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. De presentarse nuevos elementos, al juez solamente le está dado
analizar los nuevos supuestos.

(iii) Identidad de objeto: Deben versar sobre la misma pretensión. De
manera particular, en materia de lo contencioso administrativo, el artículo 189
del CPACA precisa que la sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, dicho de otra forma,
la decisión de la administración desaparece del ordenamiento jurídico para
todo el mundo.

54. Igual efecto produce la sentencia que niegue la nulidad «[…] pero sólo en
relación con la causa petendi juzgada […]».

55. Así pues, en este último supuesto, el efecto además de ser erga omnes, es
relativo, de modo que el control judicial no obsta para que la manifestación de
voluntad de la administración sea enjuiciada nuevamente por razones diferentes a
las ya estudiadas.

56. Como se advierte, los requisitos arriba anotados conllevan que, tratándose de
medios de control cuya naturaleza involucra el estudio de la legalidad de un acto
administrativo, lo que determina la existencia de la cosa juzgada es la posibilidad
de predicar, en uno y otro caso, una coincidencia entre los actos enjuiciados y los
aspectos que son sometidos a análisis en el pronunciamiento judicial.

57. En este sentido, en ambos procesos debe haber similitud entre lo que se conoce
como la «materia juzgada».

58. En lo que respecta a la oportunidad procesal para declarar la existencia de cosa
juzgada es preciso anotar que, antes de la vigencia de la Ley 2080 de 2021, la Ley
1437 de 2011 consagraba en el numeral 6° del artículo 180 una etapa de decisión

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de excepciones propia de la audiencia inicial en la que, de ser el caso, dicho medio
exceptivo debía declararse probado bien porque lo propuso el demandado o bien
porque, de oficio, el despacho advirtió su configuración. Sin embargo, el hecho de
que no se resolviera allí no obstaba para que, de encontrar acreditada esta
excepción, el juez la declárese al momento de proferir la respectiva sentencia.

59. Al entrar en rigor la Ley 2080 de 2021, la etapa de decisión de excepciones de
la audiencia inicial quedó reservada para aquellas de naturaleza previa, de manera
que las ahora llamadas excepciones perentorias, entre las que se encuentra la cosa
juzgada, deben resolverse siempre en la sentencia.

60. Por último, es importante señalar que la contrariedad en que incurra una
sentencia respecto de otra que haya hecho tránsito a cosa juzgada se encuentra
prevista como una causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión,
salvo que en el segundo proceso se haya resuelto negativamente la excepción de
cosa juzgada.

3.5. Caso concreto

3.5.1. De las pruebas

61. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte
como relevantes las siguientes pruebas:

62. Resolución 001948 de 2006,8 a través de la cual el Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA reconoció pensión de jubilación al señor Juan Ramón Muñoz
Baracaldo en cuantía de $1.588.679, para el año 2006, prestación que quedo
pendiente de ingreso en nómina hasta tanto se acredite el retiro definitivo del
servicio.

63. Se precisa en el contenido de esa decisión que el SENA pagará el valor total
de la mesada, hasta la fecha a partir de la cual el ISS le reconozca al peticionario
la pensión de vejez con base en las cotizaciones que para ese efecto le ha hecho
la entidad, momento a partir del cual en virtud de la compartibilidad entre las dos
pensiones, quedará a cargo directo del SENA únicamente el mayor valor, si lo
hubiere, entre la pensión asumida por el ISS y la cuota parte que le corresponde al
SENA, compartibilidad que beneficia a todas las entidades que le hayan cotizado
al ISS, en tanto esas cotizaciones sean tenidas en cuenta para reconocer la
pensión. Finalmente, que el SENA le pagaría al ISS las cotizaciones del peticionario
para efectos pensionales hasta cuando cumpla los requisitos que exige el Instituto
para asumir el pago de la pensión.

8 Expediente digital, archivo “02Anexos.pdf” página 12-15 contenido en
“4ED_DEMANDA_25000234200020210096.zip” del índice 2 del aplicativo SAMAI.
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64. Resolución 002533 de 2007, por medio de la cual, el Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA con ocasión al retiro definitivo del servicio, reliquidó la pensión
reconocida al actor en cuantía de $1.629.887 9. Se lee en el contenido de ese acto
administrativo que el demandante continuó laborando hasta el 30 de noviembre de
2006, razón por la cual se debía liquidar nuevamente la pensión incluyendo lo
devengado en los salarios que sirvieron de base para los aportes durante el último
año de servicios comprendido entre el 30 de noviembre de 2005 al 29 de noviembre
de 2006.

65. Mediante Resolución 112558 del 15 de julio de 201010, el Instituto de Seguros
Sociales reconoció pensión de vejez al señor Juan Ramón Muñoz Baracaldo en
cuantía de $2.604.301, a partir del 8 de abril de 2010, teniendo en cuenta para tal
efecto 1640 semanas, sobre un IBL de $2.893.668, al que se le aplicó como tasa
de remplazo el 90%.

66. Del contenido de ese acto administrativo se extrae la siguiente información:

• Que revisados los reportes de semanas cotizadas por el demandante, se verificó
que cotizó al ISS 1640 semanas, desde el 5 de mayo de 1969 al 8 de abril de 2010,
de las cuales 1026 fueron cotizadas en los últimos 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad.

• Que una vez estudiados los documentos obrantes en el expediente, se concluye
que el retroactivo a que haya lugar debe ser girado a nombre del SENA.

• Que el IBL según lo dispuesto por la Dirección Jurídica Nacional de la
Vicepresidencia de Pensiones del ISS mediante Circular 588 del 26 de febrero de
2004, para las personas que les falte más de 10 años. Será calculado de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, el
promedio de lo devengado durante los últimos 10 años o el de toda la vida laboral
si tuviere 1250 semanas o más cotizadas, actualizando anualmente con base en la
variación del IPC certificado por el DANE.

67. Inconforme con esta decisión, el demandante interpuso recurso de apelación,
en el cual solicitó calcular el IBL de la mesada pensional con fundamento en el
parágrafo 1 del artículo 20 del Decreto 758 de 1990. 11

68. Resolución 01651 de 2011, por medio de la cual el SENA dio cumplimiento a
las sentencias judiciales proferidas por el Juzgado 12 Administrativo de
Descongestión el 30 de septiembre de 2010 y por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 25 de mayo de 2011, en las cuales se ordenó la reliquidación de

9 Expediente digital, archivo “02Anexos.pdf” página 16-18 contenido en
“4ED_DEMANDA_25000234200020210096.zip” del índice 2 del aplicativo SAMAI.
10 Expediente digital, archivo “02Anexos.pdf” página 21-22 contenido en
“4ED_DEMANDA_25000234200020210096.zip” del índice 2 del aplicativo SAMAI.
11 Expediente digital, archivo “02Anexos.pdf” página 24 - 29 contenido en
“4ED_DEMANDA_25000234200020210096.zip” del índice 2 del aplicativo SAMAI.
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la pensión reconocida al demandante con el 75% del promedio de todos los factores
de salario devengados en el último año de servicios.12

69. A través de la Resolución VPB 27912 de 56 de julio de 201613, Colpensiones
declaró la pérdida de competencia para resolver el recurso de apelación incoado
por el demandante, teniendo en cuenta que cursaba en el Juzgado 12
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, demanda
presentada por el demandante en la que solicitó la nulidad de la Resolución 112558
del 15 de julio de 2010. En consecuencia, la entidad no era competente para
resolver la alzada, como quiera que esa decisión correspondía a esta Jurisdicción.

70. El 19 de febrero de 201914, el demandante solicitó a Colpensiones registrar y
actualizar su historia laboral los aportes pensionales realizados por el SENA,
requerir a la entidad para que pague los aportes pensionales sobre el reajuste de
la pensión de jubilación, reliquidar la mesada pensional a partir del 8 de abril de
2010 y reconocer y pagar el 14% sobre el salario mínimo mensual por la cónyuge.

71. A través de la Resolución SUB 250338 del 12 de septiembre de 201915,
Colpensiones reliquidó la pensión de vejez reconocida al demandado, a partir del
19 de febrero de 2016, así: cuantía para el año 2016: $3.288.271, año 2017:
$3.477.341, año 2018: 3.619.570 y año 2019: $3.734.672.

72. Se lee en esa decisión que acreditó 11.480 días laborados que equivalen a
1.640 semanas y que nació el 8 de abril de 1950, además, que le asiste derecho a
la reliquidación de la pensión, teniendo en cuenta para tal efecto un IBL de
$3.653.634 al que se le aplicó una tasa de remplazo del 90%, lo que dio como
resultado la suma de $3.288.271, oportunidad en la cual se dio aplicación al Decreto
758 de 1990 en cuanto a edad, tiempo de servicio y monto. No obstante, el IBL fue
calculado con fundamento en los 10 últimos años de servicio.
73. El 25 de septiembre de 2015, interpuso recurso de apelación en contra de la
Resolución SUB 250338 del 12 de septiembre de 2019, oportunidad en la que
solicitó actualizar la historia laboral con los aportes pensionales pagados por el
SENA a COLPENSIONES, requerir al SENA el pago de los aportes pensionales
por efecto de reajuste de la pensión, reconocer y pagar el 14% por concepto de su
cónyuge y reajustar la mesada a partir del 8 de abril de 2010.
74. A través de la Resolución DPE 4675 de 25 de marzo de 202016, Colpensiones
desató el recurso de apelación formulado por el demandante, oportunidad en la que

12 Expediente digital, archivo “02Anexos.pdf” página 33 - 38 contenido en
“4ED_DEMANDA_25000234200020210096.zip” del índice 2 del aplicativo SAMAI.
13 Expediente digital, archivo “02Anexos.pdf” página 30-32 contenido en
“4ED_DEMANDA_25000234200020210096.zip” del índice 2 del aplicativo SAMAI.
14 Expediente digital, archivo “02Anexos.pdf” página 69 - 73 contenido en
“4ED_DEMANDA_25000234200020210096.zip” del índice 2 del aplicativo SAMAI.
15 Expediente digital, archivo “02Anexos.pdf” página 74-93 contenido en
“4ED_DEMANDA_25000234200020210096.zip” del índice 2 del aplicativo SAMAI.
16 Expediente digital, archivo “02Anexos.pdf” página 100-119 contenido en
“4ED_DEMANDA_25000234200020210096.zip” del índice 2 del aplicativo SAMAI.
13
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modificó la Resolución SUB 250339 del 12 de septiembre de 2019 y ordenó
reliquidar la mesada pensional a partir del 8 de abril de 2010. Además, negó el
reconocimiento y pago del 14% por cónyuge a cargo.

75. En esa oportunidad y en relación con el reporte de historia laboral, la entidad
señaló que era procedente acceder a la solicitud pretendida por el actor, en el
sentido de requerir al SENA para el pago de los aportes causados con ocasión a la
reliquidación de la pensión, dado que el Ministerio de Trabajo el 18 de julio de 2019,
fue claro en precisar al SENA que no era posible trasladar a COLPENSIONES los
aportes pensionales por IBC diferencial derivados de fallos judiciales que le
ordenaran reliquidar las pensiones de jubilación que tiene carácter compartidas.

76. Concluyó que al demandante le asiste derecho a que su mesada sea
reliquidada a partir del 8 de abril de 2010, en cuantía inicial de $2.755.511, bajo los
parámetros y condiciones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia
con el Decreto 758 de 1990, con una tasa de remplazo del 30% y un IBL de
$3.061.678, para el año 2010

3.5.2. Análisis de la cosa juzgada en el presente asunto

77. En el presente asunto, los actos administrativos demandados corresponden a:
(i) Resolución 112558 del 15 de julio de 2010, por medio de la cual Colpensiones
le reconoció pensión de vejez en cuantía de $2.604.301, prestación efectiva a partir
del 8 de abril de 2010; (ii) del acto ficto negativo producto del silencio de la entidad
demandada respecto al recurso de apelación interpuesto el 23 de septiembre de
2010, contra el acto primigenio de reconocimiento pensional.; (iii) Resolución SUB
250338 del 12 de septiembre de 2019, a través de la cual se reliquidó la pensión
de vejez reconocida al demandante, oportunidad en la que se incrementó la cuantía
de la mesada a la suma de $3.288.271, a partir del 19 de febrero de 2016; (iv)
Resolución DPE 4675 de 25 de marzo de 2020, mediante la cual se reliquidó la
pensión de vejez del actor.

78. Tal como lo analizó el a quo la legalidad de los dos primeros actos, esto es la
Resolución 112558 del 15 de julio de 2016 y del acto ficto negativo, fue examinada
por el Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá 17 y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “C”18, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
11001333502420130047901, promovido por el señor Juan Ramón Muñoz
Baracaldo contra Colpensiones.

17 Expediente digital primera instancia, archivo
7_250002342000202100962001RECIBEMEMORIALALLESEN2011207101109.PDF del índice 7 del aplicativo
SAMAI folios 1 a 21
18 Expediente digital primera instancia, archivo
7_250002342000202100962001RECIBEMEMORIALALLESEN2011207101109.PDF del índice 7 del aplicativo
SAMAI folios 22 a 40
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79. En esa oportunidad, las pretensiones incoadas por el actor, fueron las
siguientes:

“(…)
Segunda: Se declare la nulidad de la Resolución emitida por el ISS, no. 112558 de 15 de julio
de 2010, mediante la cual se reconoció, liquidó y pagó la pensión al demandante por el valor
de $2.604.301, con efecto a partir del 8 de abril de 2010.

Tercera: Se declare ocurrido el silencio administrativo ficto o presunto gestado por falta de
respuesta por parte del ISS, sobre el recurso de apelación interpuesto el 23 de septiembre de
2010 contra la Resolución No. 112558 del 15 de julio de 2010.

Cuarta: Se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto gestado por la operancia
del silencio administrativo negativo originado del ISS, respecto del recurso de apelación
presentado el 23 de septiembre de 2010, contra la Resolución No. 112558 del 15 de julio de
2010, que se configuró conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del CCA.

Quina: Que (sic) consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del
derecho violado, se ordene a la demanda, a efectuar una nueva liquidación de pensión de
vejez al demandante, realizándola conforme al régimen anterior según lo previsto en el
parágrafo 1 del artículo 20 del Decreto 758 de 1990: “El salario mensual de la base se obtiene
multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales
sobre las cuales cotizó el trabajador sobre las últimas cien (100) semanas”, aplicando tasa de
reemplazo del 90% procedimiento vinculante al caso, por cuanto el demandante está
amparado por el régimen especial de transición en pensiones.

Sexta: Para calcular el salario mensual de base como lo señala el artículo 20 del Decreto 758
de 1990, se ordene a convertir a SALARIO los IBC sobre los cuales el SENA cotizó a
pensiones sobre el valor de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN por el lapso del tiempo
comprendido entre el 30 de noviembre de 2006, hasta el 7 de abril de 2010, dividiendo estos
aportes entre el 75% para que resulte el 100% del salario sobre el cual el empleador SENA
venia cotizando antes de recibir pensión de jubilación, pues en el artículo precitado la ley
dispone que se calcularla “el salario mensual de base”, concepto laboral totalmente diferente
a Pensión tomando como IBC.

Séptima: Se ordene INDEXAR la primera mesada pensional, actualizando los ingresos
laborales devengados durante los años 2008 y 2009 con los respectivos IPC certificados por
el DANE con fundamento en que la fecha focal de liquidación de la pensión es el 8 de abril de
2010 y los ingresos laborales devengados durante los años anteriores al de liquidación de la
pensión, están desvalorizados por los fenómenos inflacionarios y la consecuente pérdida del
poder adquisitivo del dinero, indexación que debe realizarse de conformidad a los
pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C- 862 y C – 891 A del
año 2006, provenientes de los mandatos constitucionales consagrados en los artículos 48, 53
y 230 dela CP.

Octava: Reconocer sobre la mesada pensional reliquidada, los incrementos anuales con el
IPC certificado por el DANE de conformidad a lo establecido en la Ley 100 de 1993.

Novena: Se ordene a la demandada a reconocer y pagar al demandante las diferencias
pensionales resultantes de la reliquidación solicitada, desde el 08 de abril de 2010 (sic), hasta
la fecha en que se realice el pago, al no operar el fenómeno jurídico de la prescripción, por
presentarse la demanda ante la justicia laboral ordinaria el día 17 de mayo de 2012.

Decima: Se ordene pagar a la demandada los intereses de mora causados sobre el valor de
los reajustes pensionales mensuales, hasta que se realice el pago, de conformidad con lo
establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en su defecto por tratarse de pagos
de tracto sucesivo se aplique la fórmula de indexación separadamente, mes por mes por cada
reajuste pensional.
(…)”

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80. En ese orden, determinó que el problema jurídico a desatar consistía en
establecer si el señor Juan Ramón Muñoz Baracaldo tenía o no derecho a que su
pensión de jubilación se reliquide conforme al parágrafo 1 del artículo 20 del
Decreto 758 de 1990, aplicando la tasa de remplazo del 90% y teniendo como
salario base de liquidación de la pensión, la centésima parte de las sumas de los
salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en los últimos 100
semanas, multiplicando el factor 4.33.

81. Al resolver la controversia jurídica planteada, el Juzgado concluyó que al
demandante le asistía el derecho a la reliquidación de su mesada pensional,
teniendo en cuenta el 90% del promedio de lo devengado en las últimas 100
semanas, pensión que se obtendría multiplicando por el factor 4.33, la centésima
parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en
las últimas cien (100) semanas anteriores al retiro, lo anterior teniendo en cuenta
que, debía aplicarse el Decreto 758 de 1990, en su integridad.

82. Dicha decisión fue apelada por Colpensiones, razón por la cual la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
sentencia proferida el 9 de mayo de 2018, revocó la decisión y en su lugar, negó
las súplicas incoadas en la demanda, teniendo en cuenta que si bien el demandante
era beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, lo que le permitía pensionarse con la normatividad anterior, en su caso el
Decreto 758 de 1990, lo cierto es que dicho beneficio solo lo amparaba en cuanto
a la edad, tiempo de servicio y monto de la mesada, siendo que el IBL no fue un
tema sometido a transición razón por la cual debía calcularse con fundamento en
la Ley 100 de 1993y el Decreto 1158 de 1994.

83. En ese orden, concluye la Sala que en oportunidad anterior esta jurisdicción,
decidió sobre el derecho a la reliquidación pensional del demandante con
fundamento en el parágrafo 1 del artículo 20 del Decreto 758 de 1990, así como del
salario mensual base para liquidar la prestación, situación que guarda estrecha
relación con el debate jurídico planteada en el presente proceso. Por tanto, ambos
casos versan sobre los mismos temas -el régimen aplicable y la forma de liquidación
de la pensión-, que ya fueron objeto de decisión judicial, que a la fecha se encuentra
debidamente ejecutoriada y en firme.

84. En cuanto al segundo planteamiento del apelante, relativo a las nuevas pruebas
-certificados CETIL- para sustentar la aplicación del Decreto 758 de 1990 en tanto
acredita las 1000 semanas, se recuerda que en la sentencia proferida el 9 de mayo
de 2018, el Tribunal de Cundinamarca, reconoció su condición de beneficiario de
las disposiciones contenidas en el Decreto 758 de 1990, no obstante y contrario a
lo alegado concluyó que el cálculo del IBL debe efectuarse con fundamento en la
Ley 100 de 1993.

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Número in terno : 2796-2023
D emandan te: Juan R amon Muñoz Baracaldo

85. Además, las pruebas a que hace mención el demandante, no corresponden a
nuevos hechos relacionados con el reconocimiento y reliquidación de la mesada
pensional, sino al tiempo de servicio que se encuentra debidamente acreditado en
el plenario, se reitera no existe discusión en torno a que el demandante acredita
con suficiencia los requisitos para ser beneficiario del Decreto 758 de 1990, no
obstante su inconformidad radica en el cálculo del IBL, tema que ya fue desatado
en la sentencia proferida el 9 de mayo de 2018.

86. En consecuencia, el problema jurídico a resolver en esta sentencia se
encuentra cobijado por la cosa juzgada derivada del fallo del 9 de mayo de 2018
proferido por la Sección Segunda, Subsección “C”, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el radicado 11001 33 35 024 2013 00479 01.

87. Cabe advertir que, aunque hoy se demandan actos posteriores, ello no impide
reconocer la cosa juzgada, pues ya existe decisión de fondo sobre la forma de
liquidación de la pensión del señor Muñoz Baracaldo. En consecuencia, la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho no es el medio idóneo para reexaminar
una decisión judicial en firme, siendo procedente únicamente el recurso
extraordinario de revisión.

88. Por lo anterior, al haberse controvertido ante el juez contencioso los mismos
actos y cuestiones de derecho pensional -régimen y liquidación-, se configura la
identidad de objeto o materia juzgada. En ese sentido, se confirma la sentencia de
primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, que declaró probada la excepción de cosa juzgada.

3.6. Decisión de segunda instancia

89. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, comoquiera que, como se
indicó en los párrafos que preceden, se acreditó la cosa juzgada.

3.7. De la condena en costas en segunda instancia.

90. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

91. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
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caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

92. En consecuencia, en este caso se impondrán costas al señor Juan Ramón
Muñoz Baracaldo, por cuanto se negaron totalmente las peticiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 15 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección “C”
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por el señor Juan Ramón Muñoz Baracaldo en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, de conformidad con los argumentos
esbozados en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Con condena en costas de segunda instancia a la parte demandante,
de acuerdo con las consideraciones expresadas en este fallo.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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