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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02825-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02825-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Liliana Fong de Fong, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02825-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02825-00
Demandante: Liliana Fong de Fong
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Declaratoria de Insubsistencia. Nombramiento
provisional. Defecto fáctico.
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela.

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Liliana Fong
de Fong contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 14 de abril de 2026, Liliana Fong de Fong presentó una acción de tutela
contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia, igualdad, trabajo y buen nombre, con ocasión de la
Sentencia de 29 de enero de 2026 proferida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-001-2017-00904-00/011.

2. A título de amparo constitucional, solicitó que se revocara la mencionada
providencia y, en su lugar, se profiera una decisión de reemplazo debidamente
motivada, sustentada en un análisis de fondo del material probatorio.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora manifestó que
mediante Decreto No. 1247 del 27 de abril de 2012, fue nombrada en el cargo de
Procuradora 18 Judicial II Administrativa de Cali (código 3 PJ, grado EC), tomando
posesión el 3 de julio de 2012. Resaltó que durante el tiempo de su vinculación
cumplió sus funciones conforme a la Constitución y la ley.

4. Mediante Decreto 3738 de 7 de octubre de 2013 fue declarada
insubsistente. Manifestó que la declaratoria de insubsistencia se soportó en un
informe, del cual no se le dio traslado para ejercer su derecho de contradicción.

1 Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 5 de febrero de 2026.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02825-00
Demandante: Liliana Fong de Fong

5. El 21 de junio de 2017, la señora Fong de Fong interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho2 contra el Decreto 3738 del 7 de octubre de
2013, con el fin de obtener su reintegro a un cargo igual o similar al que
desempeñaba al momento de la insubsistencia, el pago de los salarios y
prestaciones sociales legales y extralegales dejados de percibir, sin que existiera
solución de continuidad, así como el pago de los perjuicios morales en 50 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

6. Mediante sentencia del 31 de marzo de 2025 el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda. Consideró que existían
pruebas documentales sólidas que soportan la declaratoria de insubsistencia, que
no era otra que la calificación insatisfactoria del servicio prestado dentro de la
Procuraduría General de la Nación3.

7. Inconforme con la decisión, la accionante interpuso recurso de apelación al
considerar que el tribunal efectuó una interpretación errada de los hechos y del
material probatorio relativo a su desempeño como procuradora, destacando que no
existió proceso disciplinario, sanción ni llamados de atención que justificaran la
declaratoria de insubsistencia.

8. Asimismo, cuestionó la falta de notificación del informe que sustentó la
declaratoria de insubsistencia, lo cual, a su juicio, vulneró su derecho de defensa en
sede administrativa, y rechazó la postura del tribunal según la cual esta omisión se
subsanaba con el acceso posterior a la jurisdicción contenciosa. Manifestó que era
una madre cabeza de hogar y consideró que el tribunal interpretó de forma
restrictiva y descontextualizada la jurisprudencia constitucional en esta materia.

9. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
Sentencia del 29 de enero de 2026, confirmó la decisión de primera instancia. Indicó
que el Decreto 3738 de 2013 cumplió con el deber de motivación, destacando que
la garantía de defensa y contradicción se materializó en la posibilidad que tuvo la
accionante de controvertir ante el juez de lo contencioso administrativo las razones
que dieron lugar a su retiro.

10. En cuanto a la presunta falsa motivación, indicó que dicha afirmación
obedeció a una apreciación subjetiva de la accionante, toda vez que el informe
evidenciaba un análisis riguroso de cada una de las falencias identificadas y expuso
de manera clara las razones por las cuales se encontraba comprometida su
calificación. Finalmente, manifestó que no se acreditó la condición de madre cabeza
de hogar ni de prepensionada.

2 El proceso fue asignado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con el radicado No. 76001-23-33-001-

2017-00904-00.
3 La cual se plasmó dentro del informe que sirvió de motivación al acto administrativo que se demandó

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Demandante: Liliana Fong de Fong

11. Como fundamento de la vulneración4, sostuvo que el tribunal incurrió en
un defecto fáctico al omitir la valoración integral del material probatorio aportado en
la demanda, pues se limitó a señalar que no era posible realizar dicho análisis sin
contar con los expedientes completos de los procesos en los cuales la accionante
emitió concepto en su calidad de Ministerio Público. Al respecto, destacó que las
pruebas sí existían, estaban debidamente identificadas y podían consultarse a
través del sistema SAMAI, circunstancia que desvirtúa el fundamento de la decisión
adoptada.

12. De igual forma, afirmó que se incurrió en un defecto sustantivo, al no
efectuar un examen de fondo, articulado y contrastado con los elementos
probatorios aportados y evidenciados en la demanda, pese a que era deber del juez
de segunda instancia verificar la eventual configuración de la falsa motivación del
acto administrativo que declaró la insubsistencia de la accionante.

Intervenciones5

13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca envió el enlace del expediente
para consulta digital del proceso.

14. La Procuraduría General de la Nación manifestó que el Consejo de Estado
realizó un estudio de fondo sobre la controversia planteada, por lo cual la acción de
tutela no puede utilizarse como una instancia adicional para reabrir el debate jurídico
y probatorio ya resuelto. Agregó que la accionante se limitó a cuestionar la decisión
mediante enunciaciones carentes de sustento argumentativo y probatorio, lo que
torna improcedente la acción de tutela, en tanto no se cumple con una carga
argumentativa mínima y suficientemente orientada a demostrar la vulneración de
derechos fundamentales. En consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la
acción de tutela.

15. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado sostuvo
que la providencia cuestionada se encuentra debidamente motivada, al ser
suficiente, razonable y sustentada en el análisis del acervo probatorio allegado al
proceso. Indicó que la acción de tutela refleja únicamente una inconformidad de la
accionante frente a la decisión adoptada, lo cual por si solo, no configura un defecto
fáctico. En consecuencia, solicitó declarar improcedente el amparo invocado.

16. Laura Rodríguez Fong, Hilda Mery Barona de Fong, Jessica Aristizabal
Fong no se pronunciaron, a pesar de haber sido debidamente notificados.

4 A pesar de que en el escrito de tutela se mencionó que la sentencia incurrió en defecto fáctico, sustantivo,

desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución; solo justificó la configuración de un
defecto fáctico y sustantivo.
5 Mediante Auto de 20 de abril de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra la Subsección

B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y vinculó a Laura Rodríguez Fong, Hilda Mery Barona de Fong,
Jessica Aristizabal Fong y a la Nación – Procuraduría General de la Nación.

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Demandante: Liliana Fong de Fong

II. CONSIDERACIONES

Competencia

17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión Previa

18. La Sala abordará el estudio de los argumentos formulados por la accionante
bajo la presunta configuración de un defecto fáctico, ya que, a pesar de haber
invocado formalmente la configuración de un defecto sustantivo, lo cierto es que no
expuso argumentos dirigidos a cuestionar la interpretación, aplicación o inaplicación
de una disposición normativa concreta por parte de la autoridad judicial accionada.
Por el contrario, sus reparos se orientan exclusivamente a cuestionar la suficiencia
y alcance de la valoración del material probatorio obrante en el proceso ordinario.

Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala, determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, incurrió en un defecto fáctico
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
76001-23-33-001-2017-00904-01 (2199-2025).

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

20. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por
Liliana Fong de Fong, en la medida en que no satisfizo el requisito de
subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:

21. La accionante alegó que la subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico al proferir la Sentencia del 29 de
enero de 2026, pues, en su criterio, dicha autoridad omitió valorar los expedientes
completos de los procesos en los que la accionante rindió concepto como agente
de Ministerio Público mientras ocupó el cargo de Procuradora 18 Judicial II
Administrativa de Cali. Señaló que dicha situación vulneraba sus derechos al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, trabajo, buen nombre.

22. Frente a ello, la Sala advierte que la señora Liliana Fong de Fong contaba
con un mecanismo judicial ordinario idóneo para controvertir los eventuales reparos
por la omisión probatoria de los expedientes procesales como lo es el recurso
extraordinario de revisión, a la luz de la causal prevista en el numeral 5 del artículo

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Demandante: Liliana Fong de Fong

250 de la Ley 1437 de 20116. En ese sentido, si la parte actora consideraba que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en un defecto
fáctico por cuanto no valoró los expedientes procesales en los que la accionante
rindió concepto como agente del Ministerio Público, debió interponer dicho recurso
con el propósito de que la autoridad competente se pronunciara sobre los posibles
errores u omisiones advertidos en el escrito de tutela. Sin embargo, en el presente
caso, tal circunstancia no ocurrió, comoquiera que dicho recurso no se interpuso en
momento alguno.

23. En ese orden de ideas, de acuerdo con la Sentencia de Unificación SU-026
de 2021 de la Corte Constitucional, la subsidiariedad se incumple cuando el
ordenamiento jurídico dispone de medios judiciales ordinarios o extraordinarios
aptos para controvertir los defectos alegados en sede constitucional. En particular,
la Corte ha precisado que el recurso extraordinario de revisión constituye un
mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar omisiones probatorias, situaciones
asociadas a la aparición de nuevos elementos de convicción o irregularidades que
afecten la dimensión material del debido proceso. En tales eventos, la tutela resulta
improcedente comoquiera que el examen propio del juez constitucional no está
llamado a sustituir las competencias asignadas al juez natural.

24. Bajo ese marco, el análisis del caso concreto permite concluir que la acción
de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad. La parte actora sostuvo que la
solicitud de amparo tenía importancia constitucional porque las autoridades
judiciales incurrieron en un defecto fáctico al omitir la valoración integral de los
expedientes judiciales que, a su juicio, acreditaban su legitimación en la causa por
activa en el proceso. Sin embargo, tales cuestionamientos se relacionan
directamente con el análisis y la valoración de pruebas, así como con la
configuración de la vulneración al derecho fundamental al debido proceso; materias
cuya revisión, según la Corte Constitucional, resultaban ser propias del recurso
extraordinario de revisión, y no del mecanismo excepcional de tutela.

25. En consecuencia, las alegaciones consistentes en que la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado omitió valorar los expedientes completos
de los procesos en los que la accionante rindió concepto como agente de Ministerio
Público mientras ocupó el cargo de Procuradora 18 Judicial II Administrativa de Cali,
debieron plantearse mediante los mecanismos ordinarios previstos en la ley, y no a
través de la acción de tutela.

26. En este orden de ideas, la acción de tutela no está concebida como un
mecanismo para reabrir controversias que debieron ventilarse en sede judicial
ordinaria, ni como vía para corregir errores u omisiones imputables a las partes.
Dada su naturaleza excepcional y su finalidad específica, esto es, la protección

6
«Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.»

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02825-00
Demandante: Liliana Fong de Fong

inmediata de derechos fundamentales, su procedencia está sujeta al cumplimiento
estricto de requisitos como el principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo
86 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 6.1 del Decreto 2591 de
1991.

27. La tutela, por su carácter excepcional, no puede emplearse como una
instancia sustitutiva de los medios judiciales ordinarios ni como mecanismo para
subsanar omisiones procesales atribuibles a las partes. Por ello, al no cumplirse los
requisitos de procedencia exigidos por la Constitución y la Ley, la Sala se ve en la
obligación de declarar su improcedente al advertir que no se satisfizo con el requisito
de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Liliana Fong de Fong, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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