Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-001-2017-00904-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-001-2017-00904-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-001-2017-00904-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintinueve (29) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 76001-23-33-001-2017-00904-01 (2199-2025)
Demandante : Liliana Fong de Fong y Otros
Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Insubsistencia nombramiento provisional.
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del Treinta y Uno (31) de Marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual, se negaron las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
1.1. Pretensiones
La señora Liliana Fong de Fong y otros, actuando por conducto de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), demandaron la nulidad del Decreto No. 3738 del Siete (7) de
Octubre de Dos Mil Trece (2013), por medio del cual, se declaró insubsistente su
nombramiento, en el cargo de Procuradora 18 Judicial II, para Asuntos Administrativos.
A título de restablecimiento del derecho, solicitaron:
a. El reintegro a un cargo igual o similar al que desempeñaba a la fecha de la
insubsistencia, sin solución de continuidad.
b. El pago de los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales, desde la
fecha de la remoción, hasta su reintegro efectivo.
c. El pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de
perjuicios morales, para cada uno de los actores.
1 Samai, Otros Despachos, expediente digital, índice 0042 – 14Envioconsejod_EjecutoriaAutoconced(.pdf) NroActua 42,
link expediente 2017-00904-00, 01cuaderno 1A, folios 357 a 440.
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Número Interno: 2199-2025
Demandante: Liliana Fong de Fong y Otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, son los
siguientes:
Mediante Decreto No. 1247 del Veintisiete (27) de Abril de Dos Mil doce
(2012), la demandante fue nombrada en el cargo de Procuradora 18 Judicial II
Administrativo de Cali, Código 3 PJ, Grado EC, posesionándose el Tres (3) de Julio de
Dos Mil Doce (2012).
La actora estuvo vinculada a la Procuraduría, por el término de un año y tres meses, sin
que se le hubiese iniciado proceso disciplinario, sancionado, ni llamado la atención,
respecto al cumplimiento de sus funciones.
El Siete (7) de Octubre de Dos Mil Trece (2013), le fue remitida por fax, copia del Decreto
3738 de la misma fecha, por medio del cual, el Procurador General de la Nación (e),
declaró la insubsistencia de su nombramiento.
El acto administrativo se motivó en un informe del Diecisiete (17) de Septiembre de Dos
Mil Trece (2013), realizado por el Procurador Delegado para la Conciliación
Administrativa, Roberto Augusto Serrato Valdés, en su condición de Coordinador de la
intervención ante las autoridades judiciales, que realizan los diferentes funcionarios de la
Procuraduría, en los órganos que integran la jurisdicción Contencioso Administrativa.
La demandante se enteró de la existencia del informe del Diecisiete (17) de Septiembre
de Dos Mil Trece (2013), con la comunicación del decreto de insubsistencia.
Durante los cinco primeros días de cada mes, en que la demandante se desempeñó como
Procuradora 18 Judicial Il Administrativo de Cali, remitió al coordinador de los
procuradores judiciales I y II y al funcionario de apoyo, adscrito a la Procuraduría
Delegada, la totalidad de los actos administrativos y conceptos jurídicos emitidos en el
desempeño de su función, respecto de los cuales, no se efectuó observación,
recomendación, o llamado de atención.
Al momento de la declaratoria de insubsistencia, la accionante era madre cabeza de
familia y estaba en trámites para acceder a la pensión de vejez.
1.1.1. Normas violadas y concepto de violación.
Constitución Política, artículos 1, 6, y 278.
Leyes 1437 de 2011, artículos 3 y 138.
Ley 790 de 2002.
Decreto Reglamentario 190 de 2003.
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Número Interno: 2199-2025
Demandante: Liliana Fong de Fong y Otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Como concepto de violación, el apoderado de la actora señaló que, el acto administrativo
demandado, se encuentra viciado de nulidad por violación al derecho de defensa, falsa
motivación y desconocimiento del retén social.
Manifestó que, del informe rendido por el procurador delegado, el 17 de septiembre de
2013, en el cual se sustenta el acto administrativo de insubsistencia de la demandante;
debió corrérsele traslado, para ejercer sus derechos de defensa y contradicción, de
conformidad con el nuevo código contencioso administrativo.
La falsa motivación se sustentó, en la debida observancia de la demandante, de los
parámetros establecidos en la Circular 10 de 2009, para la rendición de los diferentes
conceptos, indicando, uno a uno, que no adolecen de los defectos enrostrados en el
informe contenido en el acto administrativo de insubsistencia; además que, en varios
procesos judiciales, la decisión de segunda instancia, coincidió con el concepto emitido
por la agente del Ministerio Público.
Consideró temerario lo pretendido en el informe, porque se vislumbra la necesidad de
encontrar y escudriñar de cualquier manera, la justificación para tachar como deficiente
el desempeño de la demandante como procuradora, dada la incongruencia planteada en
el documento, porque cuando los conceptos son extensos, se critican por ello, y cuando
se sintetizan, se tachan de incompletos, sin advertir que, los mismos fueron debidamente
analizados y sustentados, coherentes, bien redactados, y sobre todo, trabajados
concienzudamente, dada la responsabilidad y experiencia de la demandante como
delegada del Ministerio Publico.
Concluyó que, la única intención para declarar la insubsistencia del nombramiento de la
hoy demandante, no era mejorar el servicio, sino justificar la separación del empleo,
mediante acto motivado, dada la vinculación en provisionalidad de la procuradora.
En lo relativo a la afectación del retén social, expresó que, además de asumir el cincuenta
por ciento de los gastos de manutención de su hija, quien cumplió 18 años y está ad
portas de iniciar sus estudios universitarios, tiene a cargo a su progenitora, lo que la
cataloga como madre cabeza de familia, situación que le da derecho a permanecer en el
cargo público, debiendo reintegrarse, dado que, la insubsistencia la hace afrontar un
perjuicio irremediable, relacionado con el sustento de su familia, en razón a que, el salario
devengado, era su única fuente de sostenimiento.
Adicionalmente, enfatizó en que, si bien es cierto, tiene título de abogada con
especialización en administración pública, su sustento económico en los últimos 23 años,
provino de distintas vinculaciones con el sector público, por lo que no resulta posible que,
de un día para otro, se dedique al ejercicio liberal de su profesión, para obtener los
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Número Interno: 2199-2025
Demandante: Liliana Fong de Fong y Otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
recursos que le permitan sufragar los gastos que demanda su núcleo familiar, máxime
cuando la Procuraduría puso en tela de juicio su desempeño profesional.
Advirtió que, su calidad de prepensionada se extiende hasta el momento de su inclusión
en nómina, situación conocida por la entidad, en razón a que, su edad y los tiempos de
servicio, se encuentran detallados en la hoja de vida, al tener 58 años y 1313 semanas
de cotización, a partir de los cuales, era posible inferir la existencia de una expectativa
pensional, sujeta a una protección constitucional.
Indicó que, el reconocimiento pensional de la demandante, tiene un inconveniente relativo
al traslado de régimen a Colpensiones, escenario conocido por la demandada, a través
de la coordinadora administrativa de la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, al
firmar el formulario de traslado; razón por la cual, la demandante no podía quedar a la
deriva, sin el reconocimiento pensional a su favor, afectándose su protección
constitucional laboral como prepensionada.
1.2 . Contestación de la demanda2
La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones, indicando que, el acto administrativo censurado, estuvo ajustado al
ordenamiento jurídico, y obedeció a la facultad del nominador, contenida en los artículos
278 y 279 constitucionales, en armonía con el artículo 7, numeral 5, del Decreto Ley 262
de 2000.
Puso de manifiesto que, aunque a la demandante no se le inició proceso disciplinario, ni
se le efectuó llamado de atención alguno, la facultad de removerla del cargo proviene de
la ley; obedeciendo la declaratoria de insubsistencia a la necesidad de mejorar el servicio,
dado su precario desempeño como agente del Ministerio Público, evidenciado en la baja
calidad de sus intervenciones, al confrontarlas con la Circular No. 10 de 2009.
Enfatizó en la garantía de los derechos de la procuradora, al exponerle, de manera
concreta, las razones del retiro del servicio, sin que el acto administrativo demandado
correspondiera a aquellos que debían ser notificados y mucho menos admitía recurso;
siendo carga de la demandante, desvirtuar la presunción de legalidad, situación que no
se cumple en este proceso.
Indicó que, no es obligación de la Procuraduría Delegada para la Conciliación
Administrativa, controlar y evaluar mensualmente los informes de los procuradores
judiciales I y II, que para los años 2012 y 2013, eran alrededor de 200; razón por la cual,
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Samai, Otros Despachos, expediente digital, índice 0042 – 14Envioconsejod_EjecutoriaAutoconced(.pdf) NroActua 42,
link expediente 2017-00904-00, 01cuaderno 1A, folios 623 a 673.
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Número Interno: 2199-2025
Demandante: Liliana Fong de Fong y Otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
la evaluación era cualitativa, efectuada normalmente de manera aleatoria, lo que permitió
establecer, en la valoración funcional misional de la intervención de la demandante, que
no era satisfactoria.
Luego de relacionar las conclusiones del informe, respecto del muestreo de diez
conceptos emitidos por la demandante, insistió en su debida justificación, existencia y
verificación, considerando que el punto de vista diferente expuesto en la demanda, no
tiene la entidad de desvirtuar las conclusiones del acto administrativo de insubsistencia.
De otra parte, ahondó en el perfil de la profesional que reemplazó a la demandante, para
concretar que, no hubo desmejoramiento del servicio y, por el contrario, contribuyó al
mejoramiento del mismo; razón adicional para asegurar que, la demandante no logró
demostrar que el acto acusado se haya inspirado en razones ajenas al buen servicio, por
lo que el desempeño laboral bueno, además de ser una percepción personal, no le genera
fuero indefinido de estabilidad.
Expuso que, la jurisprudencia relacionada en el escrito de demanda sobre retén social,
no tiene aplicación en este asunto, por cuanto trata de la inclusión en nómina de
pensionados, aspecto que no se discute en este evento, además que, la razón por la cual
la actora fue retirada del servicio, excluye la aplicación de la figura; aunado a que, dichas
normas no aplican en el caso de la Procuraduría General de la Nación, por no encontrarse
en proceso de reestructuración, fusión o liquidación.
Finalmente, frente a la condición de madre cabeza de hogar alegada, indicó que, la
prerrogativa está dispuesta, cuando no se tiene alternativa económica de sostenimiento,
condición que no abarca a la demandante, por cuanto ostenta una profesión liberal, que
puede ejercer de manera independiente, sin que se acredite la imposibilidad de
desarrollar opciones laborales, distintas a las ejercidas en la Procuraduría General de la
Nación. Adicionalmente expresó que, el padre de la hija de la demandante, declaró
extraprocesalmente que, cumple con sus obligaciones alimentarias; echando de menos,
prueba sobre la responsabilidad exclusiva, frente a la manutención de las dos personas
que se aducen a cargo; escenario que, en todo caso, no fue puesto en conocimiento de
la entidad.
1.3. Sentencia de primera instancia3.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, mediante
sentencia proferida el Treinta y Uno (31) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), negó
las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de condenar en costas.
La decisión se edificó, en la debida motivación del Decreto No. 3738 de Siete (7) de
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Samai, expediente digital, gestión de otros despachos, 76001233300120170090400, índice 28.
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Demandante: Liliana Fong de Fong y Otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Octubre de Dos Mil Trece (2013), por medio del cual se declaró insubsistente a la señora
Liliana Fong de Fong, al tener como fundamento el informe de Diecisiete (17) de
septiembre de Dos Mil Trece (2013), según el cual, después del análisis de los conceptos
emitidos por la demandante como Agente del Ministerio Público, en los diferentes
procesos judiciales, se concluyó que no seguía los parámetros señalados por la
Procuraduría General de la Nación, en la Circular No. 10 del 25 de febrero de 2009.
En criterio del Tribunal, la motivación del acto administrativo fue puntual, detallada y
suficiente; concluyendo que, en efecto, se evidencian las falencias descritas en el informe
que sirvió de fundamento para declarar la insubsistencia, ya que los conceptos no
siguieron los parámetros establecidos en la remembrada circular, porque: «no se siguió el
orden establecido, hubo falencias en las citas jurisprudenciales, yerros en la argumentación jurídica,
ausencia de análisis de pruebas, desorden por saltos de espacios en los textos, temas de redacción y
conceptos jurídicos, falta de síntesis en los antecedentes y fijación del litigio, al igual que ausencia sobre
el señalamiento de la teoría de responsabilidad aplicable a los asuntos concretos.»
Bajo tal criterio, concluyó que la Procuraduría General de la Nación, al expedir el acto
administrativo de insubsistencia, se encontraba precedido de hechos reales, objetivos y
ciertos, persiguiendo razones del buen servicio público.
En lo que atañe al retén social, determinó que la demandante no acredita los
presupuestos exigidos por la Corte Constitucional, para ser tenida como madre cabeza
de familia, dado que, se acreditó que el padre de su hija a cargo, concurría a su
sostenimiento, aduciendo además que la obligación de alimentos no era permanente,
porque a la fecha, la dependiente cuenta con 29 años.
En cuanto a la calidad de pre pensionada de la señora Fong de Fong, concluyó que, al
contar la demandante con una profesión liberal como es la abogacía, y una amplia
experiencia laboral, no le son aplicables las reglas de prepensionados o de retén social,
descartando el cargo de nulidad.
1.4. Recurso de apelación4.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al considerar que, efectuó una interpretación de los
hechos y probatoria, errada, frente a la calidad del trabajo de la procuradora, insistiendo
en la ausencia de proceso disciplinario, sanción, observación o llamado de atención; los
cuales consideró obligatorios, ante el incumplimiento de las funciones enrostrado.
Indicó que, la demandante rindió 120 conceptos, pero el informe se efectuó 14 meses
después de haberlos rendido, seleccionando solo aquellos que datan de finales del 2012,
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Samai, expediente digital, gestión de otros despachos, 76001233300120170090400, índice 31.
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considerando que, al representar la muestra solo el 8,33 %, es insuficiente para evaluar
el desempeño de la demandante; presentándose una confusión entre motivar, y la
existencia de argumentos meramente formales, superficiales y aparentes, en el acto de
declaratoria de insubsistencia del empleado provisional, prácticas que rompen principios
constitucionales, (debido proceso, publicidad y principio democrático).
Consideró necesario, evaluar por parte de esta Corporación, si las supuestas falencias
son de tal magnitud y frecuencia, para justificar la insubsistencia por mejoramiento del
servicio, si tal valoración fue objetiva y completa, o constituyó la falsa motivación alegada.
Manifestó que, no se puede declarar válidamente la insubsistencia, sin haber notificado
debidamente al afectado, por cuanto ello viola el debido proceso, además que los
funcionarios en provisionalidad tienen derecho a controvertir el acto, solicitar
explicaciones o presentar descargos, como lo impone el principio de contradicción en
sede administrativa, antes que produzca efectos plenos. Consideró que, la posición del
A quo, según la cual, no existe vulneración de derechos por la ausencia de notificación
de la actuación administrativa, dada la facultad de acceder a la jurisdicción contencioso
administrativa, es contraria a derecho, porque el acto de insubsistencia es un acto
definitivo que impide continuar vinculado a la entidad.
Reprochó que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no analizó de fondo, la
adecuada aplicación de la Circular 10 de 2009, en cada uno de los conceptos
comprometidos, ya que, no existe una tabla comparativa, ni un análisis normativo ni
jurisprudencial, que permita concluir que los conceptos eran improcedentes o contrarios
al interés general, requiriendo tener en cuenta los argumentos plasmados en el escrito
de demanda, a partir de los cuales, se acredita la falsa motivación realizada por la
Procuraduría.
Expresó que, sólo es constitucionalmente admisible, una motivación donde la
insubsistencia invoque argumentos puntuales, como la provisión definitiva del cargo, por
haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones
disciplinarias, la calificación insatisfactoria, u otra razón específica atinente al servicio que
está prestando y debería prestar el funcionario en concreto.
De otro lado, señaló que, si bien la demandante ocupaba el cargo en provisionalidad, no
es cierto que ello excluya automáticamente la aplicación de principios como el de retén
social, en tanto lo relevante es la situación de vulnerabilidad y no la naturaleza del vínculo,
insistiendo en la calidad de madre cabeza de hogar de la demandante, acreditada con la
prueba testimonial y las declaraciones extrajuicio, por sus obligaciones con su hija y su
madre; catalogando como excesivamente restrictiva la posición del sentenciador de
primer grado; porque, aunque se estableció la responsabilidad alimentaria paterna, este
solo hecho no le quita la condición, resaltando adicionalmente, la falta de
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Número Interno: 2199-2025
Demandante: Liliana Fong de Fong y Otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
pronunciamiento frente a la responsabilidad alimentaria hacia la madre de la
demandante, de acuerdo con el artículo 411 del Código Civil.
Adujo que, el Tribunal efectuó una interpretación descontextualizada respecto de la
jurisprudencia que aborda el retén social, el cual busca la protección de grupos
vulnerables, y por lo tanto, la protección no se sujeta al tipo de profesión, sino a la
condición personal de vulnerabilidad, lo cual se evidencia en la interpretación armónica
del artículo 43 de la Constitución Política, que reconoce y ampara especialmente a las
madres cabeza de familia, concluyendo que, el argumento que niega la protección
requerida, por tratarse de un cargo provisional y por la profesión de la accionante, no
resulta del todo ajustado a la jurisprudencia constitucional.
1.5. Trámite segunda instancia.
Con auto del Quince (15) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)5, el consejero
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, en
virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247
de la Ley 1437 de 2011, prescindió de la etapa de alegaciones.
1.5.1. Pronunciamiento de la parte demandante6.
La parte demandante presentó escrito en el que insistió en los argumentos del recurso
de alzada, relativos a la vulneración al debido proceso, y los derechos de defensa y
contradicción, la falsa motivación, la condición de madre cabeza de hogar y de
prepensionada, relacionando pronunciamientos judiciales en la materia, para concluir en
la ausencia de un análisis probatorio integral, en la sentencia de primera instancia.
1.5.2. Concepto del Ministerio Público7.
La delegada del Ministerio Público ante el consejero sustanciador, rindió concepto, a
través del cual, señaló que, el retiro del servicio de la actora, se ajustó a la normativa y
jurisprudencia vigente, en razón a que, el acto administrativo estuvo sustentado en
válidas y suficientes razones del servicio.
Asimismo, indicó que, dada la asistencia económica por parte del progenitor de la hija de
la demandante, no se acreditaba la calidad de madre cabeza de hogar, resaltando que,
a la fecha, esta tendría más de 30 años, sin que se haya acreditado su imposibilidad de
trabajar, considerando que, el Tribunal aplicó en debida forma los precedentes
jurisprudenciales en la materia, motivos por los cuales, conceptuó que se debe confirmar
5
Expediente digital - Índice 00004 – Samai.
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Expediente digital - Índice 00010 – Samai.
7
Expediente digital – Índice 00011 - Samai.
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Demandante: Liliana Fong de Fong y Otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
la decisión de primera instancia.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el juez de segunda instancia, debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2 Problema jurídico.
Corresponde a la Sala establecer si, es procedente revocar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, con tal fin se debe establecer:
• Si el Decreto No. 3738 del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Trece (2013), por medio
del cual, se declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora Liliana Fong
de Fog en el cargo de Procurador 18 Judicial II Administrativo de Cali, Código 3
PJ, Grado EC, debe declararse nulo, por vulneración del derecho fundamental al
debido proceso, ante la falsa motivación y por desconocer la estabilidad laboral
reforzada de la demandante, dada su calidad de madre cabeza de hogar y ostentar
la condición de prepensionable.
• Si existió indebida valoración probatoria en la providencia censurada.
Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala abordará los siguientes aspectos: 2.2.1.
Marco normativo y jurisprudencial; 2.2.2. Material probatorio y 2.2.3. Caso concreto.
2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial.
La Constitución Política de 1991, en el artículo 123 define que, los servidores públicos
son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del
Estado, los cuales ejercerán sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución,
la ley y el reglamento. El artículo 125 ibidem, prevé que «los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción,
los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley».
8 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».
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Número Interno: 2199-2025
Demandante: Liliana Fong de Fong y Otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Por su parte, el artículo 279 Superior dispone que, el legislador determinará lo relativo a
la estructura y funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación y regulará el
ingreso al concurso de méritos y al retiro del servicio, entre otros.
En virtud de lo anterior, el legislador mediante la Ley 573 de 2000, reviste al presidente
de la República de facultades extraordinarias, entre ellas, para modificar la estructura de
la Procuraduría General de la Nación, determinar el sistema de nomenclatura,
denominación, clasificación, los requisitos y calidades para el desempeño de los diversos
cargos de la planta de personal, y modificar su régimen de carrera administrativa.
El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas,
expidió el Decreto- Ley 262 de 2003 por el cual modifica la estructura y organización de
la Procuraduría General de la Nación, para la cual la dotó de las siguientes funciones:
«ARTICULO 7o. FUNCIONES. El Procurador General de la Nación cumple las siguientes
funciones:
[…]
45. Ejercer la suprema dirección y administración del sistema de carrera de la entidad, en
desarrollo de lo cual deberá:
a) Definir las políticas para la elaboración y aplicación de las pruebas que se utilizarán en los
concursos y determinar los parámetros para su calificación.
b) Adoptar los instrumentos necesarios para el cumplimiento de los fines de cada una de las
etapas del proceso de selección.
c) Designar a las personas que integrarán el jurado encargado de elaborar y calificar las
pruebas de pregunta abierta y la entrevista y de resolver las reclamaciones relacionadas con
estas pruebas.
d) Definir las condiciones de las convocatorias para los concursos de méritos y suscribirlas.
e) Excluir de la lista de elegibles, a solicitud de la Comisión de Carrera de la Procuraduría
General, a las personas que hubieren sido incluidas en ella, cuando se demuestre la existencia
de irregularidades en el proceso de inclusión en la lista.
f) Declarar desiertos los concursos, cuando se presenten las causales establecidas en este
decreto.
g) Revocar, a solicitud de la Comisión de Carrera de la Procuraduría General, los
nombramientos efectuados, cuando se demuestre la existencia de irregularidades en el
proceso de selección.
h) Fijar las políticas sobre estudios e investigaciones en asuntos relacionados con la
administración de la carrera.»
En ese orden de ideas, el procurador general de la Nación ejerce suprema dirección y
administración al sistema de carrera, en el cual define las condiciones de las
convocatorias para los concursos de méritos, esto es, de acuerdo con lo establecido en
el Capítulo II que regula el proceso de selección y el ingreso de personal nuevo a la
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Demandante: Liliana Fong de Fong y Otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
carrera de la Procuraduría General de la Nación (artículos 191 y 192 del Decreto Ley 262
de 2000).
Ahora bien, el Decreto-ley 262 de 2002, en el artículo 182, clasificó el empleo de
procurador judicial de libre nombramiento y remoción; sin embargo, la Corte
Constitucional en sentencia C-101 de 2013, declaró inexequible esa denominación de
acuerdo con la naturaleza de ese cargo. Para motivar esta decisión, precisó:
«5.4.4. 8 […] los agentes del Ministerio Público tendrán la misma “categoría” de los
magistrados y jueces ante los que actúan, vocablo que significa la equivalencia en los cargos
que desempeñan unos y otros, la cual se quebranta con la distinción que realiza la disposición
acusada, al clasificar el cargo de procurador judicial como de libre nombramiento y remoción,
cuando los de los jueces y magistrados ante los que actúan, son de carrera administrativa,
conduciendo a su inexequibilidad.
5.4.5. Así, los procuradores judiciales, en su condición de agentes del Ministerio Público que
actúan ante jueces y tribunales cuyos cargos han sido definidos por el legislador -Ley 270 de
1996- como de carrera, tienen el derecho a ser clasificados igualmente como carrera
administrativa, en aplicación del artículo 280 constitucional. Tal decisión, además, se aviene
con el principio general de la carrera, prevista en el artículo 125 superior.
[…]
5.5.2. Cabe distinguir que una es la carrera judicial administrada por el Consejo Superior de
la Judicatura y otra la carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación. Por ello,
la incorporación que procede respecto de los “procuradores judiciales” es a la carrera propia
de la Procuraduría General de la Nación»
En ese sentido, el precedente judicial cambió el panorama laboral de la Procuraduría
General de la Nación, en cuanto a la naturaleza de los cargos de los procuradores judiciales
grado I y II delegados ante los jueces y magistrados, determinados inicialmente de libre
nombramiento y remoción, para luego ser de carrera.
De acuerdo con tal presupuesto, los procuradores judiciales grado I y II delegados ante los
jueces y magistrados, vinculados al momento de la decisión constitucional, adquirieron el
carácter de provisionales, mismo que, a voces del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, impone la motivación del acto de retiro del servicio, dada la estabilidad
laboral relativa de dicho empleo9.
Así, la Sentencia SU-917 de 2010, de manera categórica dilucidó:
«(…) Es por lo anterior por lo que la Corte ha hecho referencia al principio de “razón suficiente” en
el acto administrativo que declara la insubsistencia o en general prescinde de los servicios de un
empleado vinculado en provisionalidad, donde “deben constar las circunstancias particulares y
concretas, de hecho y de derecho, por las cuales se decide remover a un determinado funcionario,
de manera que no resultan válidas aquellas justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que
no se predican directamente de quien es desvinculado”10. En otras palabras, de acuerdo con la
9 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Dos (2) de octubre de 2025.
Rad 70-001-23-33-000-2014-00237-01 (0029-2025).
10 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 2005. En la misma providencia la Corte señaló: “Esta regla encuentra su
justificación en el hecho de que la motivación resulta ser necesaria para controvertir dicho acto ante la jurisdicción
contencioso- administrativa, y adicionalmente, porque la desvinculación debe obedecer a un principio de razón
suficiente, es decir, que deben existir motivos fundados para que la administración prescinda de los servicios de su
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jurisprudencia decantada por esta Corporación, “para que un acto administrativo de desvinculación
se considere motivado es forzoso explicar de manera clara, detallada y precisa cuáles son las
razones por las cuales se prescindirá de los servicios del funcionario en cuestión” 11.
En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la
insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse
realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación
insatisfactoria “u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el
funcionario concreto”12.
Con todo, la Corte debe insistir en que la necesaria motivación de los actos administrativos no puede
conducir, en la práctica, a equiparar a los funcionarios nombrados en provisionalidad con aquellos
que se encuentren en carrera. Tal equiparación terminaría por ser, paradójicamente, contraria al
espíritu de la Constitución de 1991 en materia de función pública. Siendo ello así, la motivación que
se exige para desvincular a un funcionario nombrado en provisionalidad no debe ser necesariamente
la misma que aquella que se demanda para los funcionarios de carrera, para quienes la propia
Constitución consagra unas causales de retiro ligadas a la estabilidad en el empleo, de la que no
goza el funcionario vinculado en provisionalidad. Estos motivos pueden ser, por ejemplo, aquellos
que se fundan en la realización de los principios que orientan la función administrativa 13 o derivados
del incumplimiento de las funciones propias del cargo, lo cuales, en todo caso, deben ser
constatables empíricamente, es decir, con soporte fáctico, porque de lo contrario se incurrirá en
causal de nulidad por falsa motivación. En este sentido, como bien señala la doctrina, “la
Administración es libre de elegir, pero ha de dar cuenta de los motivos de su elección y estos motivos
no pueden ser cualesquiera, deben ser motivos consistentes con la realidad, objetivamente
fundados”14.(…)»
2.2.2. Material probatorio.
Obra certificación expedida por la Procuraduría General de la Nación, que reporta que,
la señora Liliana Fong de Fong fue nombrada en provisionalidad en el cargo de
Procuradora 18 Judicial II Administrativa de Cali, código 3PJ, Grado EC desde el 3 de
julio de 2012, hasta al 9 de octubre de 201315.
Se aportó el Decreto No. 3738 del 7 de octubre del 2013, por medio del cual, el Procurador
General de la Nación, declaró insubsistente el nombramiento de la señora Liliana Fong
de Fong, como Procuradora 18 Judicial II Administrativa de Cali, código 3PJ, Grado EC16.
Los conceptos que fueron objeto de evaluación, emitidos por la demandante entre
diciembre de 2012 y mayo de 201317.
funcionario. La ausencia de motivación específica, en consecuencia, lesiona los derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa del trabajador, que de manera provisional, ocupa un cargo de carrera administrativa”.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-104 de 2009, entre muchas otras.
12 Corte Constitucional, Sentencia C-279 de 2007.
13 CP., Artículo 209.- “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. // Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
14 Tomás Ramón Fernández, “De la arbitrariedad de la administración”. Madrid, Civitas, p.1994, p.162
15
Samai, Otros Despachos, expediente digital, índice 0042 – 14Envioconsejod_EjecutoriaAutoconced(.pdf) NroActua
42, link expediente 2017-00904-00, 01cuaderno 1A, folio 770.
16
Samai, Otros Despachos, expediente digital, índice 0042 – 14Envioconsejod_EjecutoriaAutoconced(.pdf) NroActua
42, link expediente 2017-00904-00, 01cuaderno 1A, folios 538 a 558.
17
Samai, Otros Despachos, expediente digital, índice 0042 – 14Envioconsejod_EjecutoriaAutoconced(.pdf) NroActua
42, link expediente 2017-00904-00, 01cuaderno 1A, folios 326 a 575.
13
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Informe de 17 de septiembre de 2013, dirigido al Procurador General de la Nación, por
parte del Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa18.
Registros civiles de nacimiento, de Laura Rodríguez Fong y Jessica Aristizabal Fong19.
Declaraciones extrajuicio de Martha Dennys Quintana Pascuas, Diego Fernando
Mosquera Molina, Próspero Bedoya Correa, María Nubia Ortiz Giraldo y Roosvelt
Rodríguez Rengifo, sobre la responsabilidad alimentaria de la demandante20.
Testimonios de los señores Diego Fernando Mosquera Molina, Prospero Bedoya Correa
y Martha Dennys Quintana Pascuas, sobre la condición de la demandante, como madre
cabeza de familia21.
2.2.3 Caso concreto.
En el presente asunto, la señora Liliana Fong de Fong, pretende la nulidad del Decreto
No. 3738 del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Trece (2013), por medio del cual, se declaró
insubsistente su nombramiento, en el cargo de Procuradora 18 Judicial II, para Asuntos
Administrativos, requiriendo, a título de restablecimiento del derecho, el reintegro, sin
solución de continuidad, así como, el reconocimiento y pago de los perjuicios morales
derivados del retiro del servicio.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones, por considerar que,
el acto administrativo enjuiciado, no adolecía de los cargos de nulidad endilgados por la
parte demandante, dada la debida motivación de la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento.
El extremo procesal activo, apeló la sentencia de primera instancia, al considerar que, la
decisión administrativa, sí adolece de los vicios atribuidos, haciendo hincapié, en una
indebida valoración probatoria efectuada por el Tribunal.
A estos efectos, el primer reparo que abordará la Sala en esta oportunidad, es el
relativo a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, y, de los derechos
de defensa y contradicción, ante la presunta ausencia de una actuación administrativa
previa, constitutiva de un proceso disciplinario o llamado de atención, que le permitiera a
la demandante rendir los respectivos descargos, frente a las conclusiones del informe de
18
Samai, Otros Despachos, expediente digital, índice 0042 – 14Envioconsejod_EjecutoriaAutoconced(.pdf) NroActua
42, link expediente 2017-00904-00, 01cuaderno 1, folios 623 a 673.
19
Samai, Otros Despachos, expediente digital, índice 0042 – 14Envioconsejod_EjecutoriaAutoconced(.pdf) NroActua
42, link expediente 2017-00904-00, 01cuaderno 1A, folios 92 a 94.
20
Samai, Otros Despachos, expediente digital, índice 0042 – 14Envioconsejod_EjecutoriaAutoconced(.pdf) NroActua
42, link expediente 2017-00904-00, 01cuaderno 1, folios 98 a 108.
21
Samai, expediente digital, gestión de otros despachos, 76001233300120170090400, índice 27 – 05AUDIENCIA PRUEBAS parte
2.
14
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Demandante: Liliana Fong de Fong y Otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
17 de septiembre de 2013.
De conformidad con los hechos de la demanda y la certificación expedida por la
Procuraduría el 17 de octubre de 2018, se tiene que, la demandante fue nombrada
Mediante Decreto No. 1247 del Veintisiete (27) de Abril de Dos Mil doce
(2012), en el cargo de Procuradora 18 Judicial II Administrativo de Cali, Código 3 PJ,
Grado EC, posesionándose el Tres (3) de Julio de Dos Mil Doce (2012).
Este aspecto resulta relevante, por cuanto, pese a que no se allegó al plenario el acto
administrativo de nombramiento, el mismo debió efectuarse como un cargo de libre
nombramiento y remoción, en razón a que, hasta dicha data, no se había declarado la
nulidad de la naturaleza del cargo, por parte de la Corte Constitucional, mediante
sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013.
Siendo así las cosas, aunque la parte demandante reprocha la ausencia de actuación
administrativa previa, esto es, desde el momento de su vinculación, lo cierto es que tal
circunstancia, se sustentaba (hasta la sentencia C- 101 de 2013), en la naturaleza del
cargo, respecto del cual, el nominador, tenía la facultad discrecional de retiro del servicio.
Sin embargo, a partir del cambio de naturaleza del cargo, de libre nombramiento y
remoción, a un empleo de carrera, el vínculo de la demandante también mutó a
provisional, cuestión que es aceptada por la entidad en la certificación referenciada.
Pese a ello, contrario a lo afirmado por la parte demandante, no existe sustento legal o
jurisprudencial, que imponga una actuación administrativa previa, para declarar la
insubsistencia del provisional, que dé cabida a la afectación del derecho fundamental al
debido proceso alegado por la actora.
Lo anterior, por cuanto la jurisprudencia constitucional justamente ha avalado la
diferencia entre el empleado de carrera y el provisional, disponiendo para la declaratoria
de insubsistencia, la debida motivación, si bien es cierto, se puede fundamentar en la
imposición de sanciones disciplinarias, o en la calificación insatisfactoria, que ameritan
un procedimiento administrativo previo, tampoco es menos cierto que, también se puede
justificar en: «otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería
prestar el funcionario concreto», o el nombramiento de quien supera el concurso de
méritos, aspecto, que no requiere la pretendida actuación previa.
Verificado el Decreto No. 3738 del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Trece (2013), se
vislumbra, que la motivación se sustentó en lo siguiente:
«Que el Doctor ROBERTO AUGUSTO SERRATO VÁLDEZ Procurador Delegado para la
Conciliación Administrativa, en su condición de Coordinador de la intervención ante las autoridades
15
Número Interno: 2199-2025
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judiciales que realizan los diferentes funcionarios en los órganos que integran la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, función consagrada en el artículo 36 del Decreto 262 de 2000, presentó
ante el Despacho de la Procuradora General de la Nación (e) informe de fecha 17 de septiembre de
2013, con ocasión del desarrollo de la función- misional de intervención que realiza la DRA. LILIANA
FONG DE FONG Procuradora 18 Judicial II para Asuntos Administrativos con sede en la ciudad de
Cali (Valle del Cauca) en el cual se formulan las siguientes conclusiones:
"Conclusiones:
• Hay problemas no sólo en la estructuración y coherencia de los conceptos analizados, sino también
en su presentación (distintos tipos de letra, márgenes, espacios, titulaciones), y en su redacción
• No recurre a las técnicas de argumentación jurídica ni al apoyo en el precedente jurisprudencial
aplicable al caso.
• En este sentido, se puede concluir que existen falencias tanto de forma como de fondo en la
presentación de los conceptos por parte de la doctora Liliana Fong de Fang, en su calidad de Agente
del Ministerio Público, que afectan la prestación del servicio, por cuanto se evidencia que no sigue
los parámetros señalados por la entidad, para la estructuración de los mismos."
En virtud de lo anterior, y en aras de hacer eficiente la función de intervención que le corresponde
ejercer a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, se dispone acoger las recomendaciones
formuladas por el DR. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDEZ Procurador Delegado para la
Conciliación Administrativa, en su condición de Coordinador de la intervención ante las autoridades
judiciales que realizan los diferentes funcionarios en los órganos que integran la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo prevista en el artículo 36 del Decreto 262 de 2000 y en ese orden, se
dispone adoptar la medida de insubsistencia respecto de la servidora LILIANA FONG DE FONG en
su condición de Procuradora 18 Judicial II para Asuntos Administrativos con sede en la ciudad de
Cali (Valle del Cauca), invocando como MOTIVACIÓN para proceder a su desvinculación de la
entidad, en el citado cargo, la que se consigna en el oficio del 17 de septiembre de 2013 (…)»
De esta suerte de cosas, entiende esta Corporación que, acorde con las previsiones de
la Corte Constitucional en la materia, la declaratoria de insubsistencia del nombramiento
de la demandante, aduce, “otra razón específica atinente al servicio que está prestando
y debería prestar el funcionario concreto”, situación que no imponía una actuación previa
al interior de la entidad, para adoptar la decisión.
En consecuencia, comoquiera que el Decreto No. 3738 del Siete (7) de Octubre de Dos
Mil Trece (2013), cumple con el presupuesto de motivación, la falta de proceso
disciplinario o administrativo previo, no se erige como vulneratorio del debido proceso
alegado, asistiendo razón al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al afirmar que,
la garantía de defensa y contradicción, se surte en este evento, con la posibilidad del
provisional declarado insubsistente, de controvertir las razones de retiro del servicio, ante
el juez de lo contencioso administrativo, en el respectivo proceso judicial.
El segundo presupuesto de apelación, aduce la falsa motivación del acto
administrativo de insubsistencia, en tanto, de un lado, el muestreo tenido en cuenta para
rendir el informe a partir del cual, se declaró la insubsistencia del nombramiento de la
demandante, resulta ínfimo, al no superar el 8,33 %, de la totalidad de conceptos rendidos
por la procuradora, los cuales, ascienden a 120; además de corresponder a aquellos
rendidos finalizando el año 2012; y de otro lado, las razones expuestas en el informe de
17 de septiembre de 2013, relativos a la falta de observancia de los parámetros
establecidos en la Circular 10 de 2009, carecen de asidero, porque los ítems en ella
contenidos, fueron atendidos a cabalidad por la demandante, como fue dilucidado en el
16
Número Interno: 2199-2025
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escrito de demanda, pero, sin haber sido debidamente valorado por el A quo.
Expresó que, la verificación de la falsa motivación, le impone al sentenciador efectuar un
comparativo en cada uno de los conceptos evaluados, para determinar la sujeción o no,
a los parámetros dispuestos por el Procurador General de la Nación; examen a partir del
cual, sólo es posible concretar la causal de nulidad.
Pese a que la parte demandante alega que, los conceptos evaluados resultan una
muestra que descontextualiza la totalidad de la labor desarrollada en su calidad de
Procuradora Judicial II, lo cierto es que, tal y como lo expone la entidad demandada, no
existía parámetro que le impusiera al procurador delegado, efectuar una evaluación
mensual, ni mucho menos, un mínimo de intervenciones de la Agente del Ministerio
Público, razón por la cual, la justificación de la Procuraduría, respecto de la toma de una
muestra aleatoria, dado el número significativo de procuradores judiciales, que en tal
momento ascendían a 200, justifica para esta Corporación, que se haya optado por el
análisis cualitativo referenciado; situación que, de ninguna manera podría tenerse como
una circunstancia fraguada por la entidad para el retiro del servicio.
De otro lado, se echa de menos, prueba que permita entrever que, la evaluación
cualitativa a la demandante, fue disímil frente a otros procuradores de su categoría, lo
que lleva a la Sala a avalar el criterio expuesto, en la decisión de primer grado, que
descartó una falsa motivación del acto administrativo, por este aspecto.
Asimismo, pese a que la demandante arguye que, solo se tuvieron en cuenta los
conceptos rendidos a finales del 2012, lo que la Sala verifica de la sola lectura del informe,
es que los mismos corresponden al mes de diciembre de 2012 y de enero a mayo de
2013, lo que nuevamente descarta el argumento de la recurrente, que proponer una
indebida motivación a partir de la escogencia de los documentos a evaluar, en un
interregno limitado.
En cuanto a la falsa motivación del acto de insubsistencia, edificada en la debida labor
de conceptualización en los casos escogidos para análisis, que confronta el informe de
17 de septiembre de 2013, aunque la parte demandante afirma en el escrito de demanda,
apreciaciones personales frente a la sujeción a los parámetros de la circular 10 de 2009,
que considera deben ser tenidos en cuenta por el operador judicial para evaluar uno a
uno cada concepto, lo cierto es que, al proceso no se allegaron los expedientes judiciales
en los que fueron rendidos cada uno de los conceptos; a partir de los cuales, solamente
sería factible la contrastación requerida por la apelante; de lo contrario, la valoración
solamente partiría de la subjetividad del sentenciador, cuando se verifica que, el
parámetro establecido por el procurador General de la Nación, aborda aspectos
puntuales como:
17
Número Interno: 2199-2025
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«i) Antecedentes.
ii) Consideraciones del Ministerio Público.
a. Problema Jurídico.
b. Análisis Fáctico -Probatorio.
c. Análisis Jurídico.
iii) Concepto -en estricto sentido- del Ministerio Público.»
A partir de los criterios explícitos, aducidos en los parámetros de conceptualización ante
el contencioso administrativo, el análisis no puede partir del propio concepto, sin los
elementos de cada proceso judicial, pero tampoco puede hacerse a posteriori, con la
sentencia de segunda instancia, dado que, lo que se refrenda, es la calidad técnica y
jurídica, de la conceptualización dada por el Ministerio Público, abordando los criterios
fácticos y jurisprudenciales en cada caso particular, para cumplir con la función, aspecto
que no se desprendería de manera exclusiva, de la decisión de segundo grado.
Por lo tanto, ante la ausencia de los elementos de prueba referenciados, carga que
correspondía a la parte demandante, la presunción de legalidad del acto se mantiene
incólume, sin que prospere el reproche a la indebida valoración probatoria atribuida a la
primera instancia.
Ahora bien, aduce el recurso de alzada que, corresponde a esta Corporación establecer
si, las falencias encontradas en el informe de 17 de septiembre de 2013, eran de tal
raigambre, que ameritara la declaratoria de insubsistencia, frente a lo cual, la parte
responde de manera negativa, indicando que, las conclusiones de aquel, son meramente
superficiales.
Nuevamente la Sala se aparta del argumento expuesto, porque adicional a ser un criterio
subjetivo de quien está comprometido en la calificación, lo cierto es que el informe permite
entrever un estudio juicioso respecto de cada una de las falencias, enrostrando las
razones por las cuales se encuentran comprometidas, lo que dista de un análisis
superficial.
La Sala resalta que, la actuación del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, tiene denotada relevancia, a partir de los fines que pretende
salvaguardar. Esta Corporación22, ha decantado la relevancia otorgada desde la propia
Constitución, en los siguientes términos:
«De manera que, la participación que efectúa el Ministerio Público en los procesos y actuaciones
judiciales no puede ser asimilada a una defensa de los intereses de la Nación, las entidades
territoriales y demás entidades públicas centralizadas o descentralizadas. A contrario sensu, la labor
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Sala Plena, auto de 17 de septiembre
de 2014. Radicación: 08001-23-31-000-2008-00557-01.
18
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encomiada de control moral reside, en estricto sentido, en proteger el principio de prevalencia del
interés general (art. 1º C.P.)15, los principios de supremacía de la Constitución y de legalidad (art. 4
y 6 C.P.)16, y las garantías fundamentales de los asociados (art. 2º C.P.)17 .
4.5. La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha reconocido la importancia que ostenta
el Ministerio Público en las actuaciones judiciales, en procura de la defensa del patrimonio público,
el orden jurídico y los derechos y garantías fundamentales. Frente a las capacidades de interponer
e impugnar en tratándose de acciones de tutela, mutatis mutandi, el Tribunal ha discurrido de la
siguiente forma:
“En reiteradas ocasiones, esta Corporación ha sostenido que el Ministerio Público se encuentra
constitucionalmente facultado para intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o
administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los
derechos y garantías fundamentales y, para cumplir con tales funciones, puede interponer las
acciones que considere necesarias, de acuerdo con el artículo 277 de la Constitución Política. El
Ministerio Público no solamente puede intervenir en el proceso de tutela como demandante en favor
de las personas que lo requieran, sino que también puede hacerlo como impugnante, aun cuando
no haya sido él quien directamente lo haya promovido, en ejercicio de la facultad señalada. El agente
del Ministerio Público está facultado legal y constitucionalmente para impugnar los fallos de tutela,
para cumplir cabalmente con la función de defender los derechos y garantías fundamentales de los
ciudadanos.”»
Siendo así las cosas, la debida conceptualización en la función otorgada a los agentes
del Ministerio Público ante las autoridades judiciales, en su calidad de sujeto especial,
tiene total importancia, porque más allá, que el funcionario público cumpla con las
funciones a él encomendadas, la vista debe estar encaminada a la protección de
intereses superiores a los del propio proceso y las partes, lo que impone que sea asumida
con total responsabilidad y compromiso; tanto así que, se fijaron los parámetros por el
jefe de la entidad de la época, para asumir tal representación.
Con este panorama, la respuesta al argumento de la recurrente no puede ser sino
positiva, en el sentido que, las falencias encontradas en el concepto de 17 de septiembre
de 2013, frente a la síntesis de los procesos, el abordaje de los problemas jurídicos y la
consecuente fijación del litigio, el conocimiento del estado del arte en los distintos medios
de control, así como la identificación de los elementos estructurales en cada uno de ellos
y lógicamente, el criterio del Procurador Judicial, sí son de tal raigambre e importancia,
que justificaron el retiro del servicio de la provisional, insistiéndose que, no se aportaron
al proceso, elementos de juicio que den cuenta de una motivación apartada de la
pretensión del buen servicio, razón suficiente para acompañar la decisión de primera
instancia, respecto a la ausencia de falsa motivación.
Por último, insiste la recurrente, en que la condición de madre cabeza de hogar y
prepensionable, la dotaban de una estabilidad reforzada que impedían que fuera retirada
del servicio.
Frente a la estabilidad laboral reforzada el Consejo de Estado ha sostenido que:
“La figura de la estabilidad laboral reforzada consiste en una protección constitucional del
derecho fundamental al trabajo que implica restricciones superiores para variar las
condiciones laborales o desvincular a las personas que por encontrarse en una situación
19
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Demandado: Procuraduría General de la Nación
de debilidad manifiesta, requieren un tratamiento a través de acciones afirmativas
concretadas en prohibiciones para el empleador, ello tendiente a garantizar la igualdad
material de un sujeto vulnerable en términos de permanencia del vínculo contractual de
trabajo o de la relación legal y reglamentaria según sea el caso”23.
Por su parte, la Corte Constitucional ha definido el derecho a la estabilidad laboral
reforzada como:
“El derecho a la estabilidad laboral reforzada consiste en: “(i) el derecho a conservar el
empleo; (ii) a no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a
permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal
objetiva que conlleve la desvinculación del mismos…”24.
La Sala resalta que, pese a que la demandante aduce que su responsabilidad parental
respecto de su hija en etapa de estudios universitarios, es suficiente para tener la
connotación de madre cabeza de hogar, pese a la asistencia económica del progenitor,
tal interpretación no responde al criterio adoptado por la Subsección B, que enseña25:
«(…) En síntesis, de acuerdo con el derrotero normativo antes referido, es necesario que quien alega
la condición de madre cabeza de familia demuestre los elementos que deben ser materia de
constatación: i) la mujer debe tener la responsabilidad plena de los hijos menores de edad y de otras
personas con incapacidad para laboral; ii) que la responsabilidad antes señalada, sea permanente;
iii) que exista una auténtica sustracción de los deberes de manutención por parte del progenitor
ausente; y iv) que exista una deficiente ayuda por parte de otros miembros de la familia. Una vez
verificados los elementos señalados, la autoridad deberá iniciar acciones tendientes a la verificación
de las garantías constitucionales y proteger a la madre que cumpla con tales requisitos.(…)»
De acuerdo con el criterio jurisprudencial expuesto, la debida asistencia económica de
uno de los progenitores, diluye la condición de madre cabeza de hogar, en tanto existe el
respaldo del otro responsable de prodigar alimentos, como acontece en este asunto.
Ahora bien, respecto a la manutención de su progenitora, se aportan declaraciones
extraproceso y se acopiaron testimonios en la audiencia de pruebas, que refieren que la
señora Liliana Fong de Fong, la tenía a su cargo, porque su mamá era viuda y no obtuvo
pensión; no obstante, las pruebas referenciadas no dan cuenta que la demandante fuera
la única con obligación alimentaria, ante la ausencia de otros hermanos que también
debieran concurrir a su subsistencia. Bajo esta égida, no es posible establecer la
responsabilidad económica absoluta, que dé lugar al estudio de la pretendida estabilidad
reforzada.
De otro lado, cobra total relevancia el testimonio rendido por el señor Próspero Bedoya
Correa, quien, aunque da cuenta de la situación económica que afrontó la demandante
23
Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, 18 de noviembre de 2021. Rad 47001-23-
33-000-2016-00019- 01(0850-17).
24
Sentencia T 320/ 16.
25
Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 15 de junio de 2023. Rad
25000234200020160619301(1196-2021).
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Demandante: Liliana Fong de Fong y Otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
por el retiro del empleo, también señala que la demandante «viajó a Miami a traer
mercancía, ropa de mujer y de hombre para poder solventar esta situación», lo que
permite dilucidar que, además de la posibilidad de ejercer la abogacía en otros estadios
distintos a la Procuraduría General de la Nación, la demandante contaba con la
posibilidad de acceder a otras fuentes de ingreso, situación adicional para denegar la
estabilidad laboral pretendida.
Finalmente, en lo que atañe a la condición de prepensionada de la demandante, al
momento de la declaratoria de insubsistencia, la misma parte da cuenta del cumplimiento
de requisitos para acceder a la pensión, no obstante, se encontraba en los trámites de
cambio de régimen pensional, en tanto la liquidación efectuada en el régimen de ahorro
individual, le era insuficiente para su subsistencia; cuestión que, atendiendo a la garantía
constitucional, la cual, establece que, la protección reforzada opera en aquellos casos en
que a la persona le falta completar el número de semanas de cotización; aspecto que no
acontece en este caso y por lo tanto, no puede edificarse la pretendida nulidad en un
carácter que no ostenta la demandante, razones estas para confirmar integralmente, la
decisión de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2.3. Condena en costas.
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, por lo que no se
condenará en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Treinta y Uno (31) de Marzo de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó
las pretensiones de la demanda encaminadas a declarar la nulidad del Decreto No. 3738
del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Trece (2013) y el reintegro al cargo de Procuradora
18 Judicial II Administrativo de Cali, Código 3 PJ, Grado EC, deprecados por la señora
Liliana Fong de Fong.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
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Número Interno: 2199-2025
Demandante: Liliana Fong de Fong y Otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada
Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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