República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-06060-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-06060-01 (4669-2022)
Demandante: Germán Enrique Perea Posada
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
Tema: retiro del servicio por supresión de cargo. Subtema 1: reestructuración de la
Fiscalía General de la Nación con ocasión de la implementación del Acuerdo Final de
Paz. Subtema 2: motivación del acto administrativo que comunica el retiro por
supresión del cargo. Subtema 3: naturaleza del oficio de comunicación de la
supresión y procedencia de recursos administrativos.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, el 18 de noviembre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Germán Enrique Perea Posada acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad del Oficio 8 del 30 de
junio de 2017, mediante el cual la Fiscalía General de la Nación le comunicó la
supresión del cargo de fiscal delegado ante jueces penales del circuito especializados
que desempeñaba. Asimismo, solicitó la inaplicación del artículo 59 y del parágrafo
del artículo 61 del Decreto Ley 898 de 2017, en cuanto dispusieron la supresión de
dicho empleo y excluyeron la posibilidad de incorporarlo a los cargos creados para la
Unidad Especial de Investigación. A su juicio, el acto acusado fue expedido con falta
de competencia, careció de motivación suficiente y desconoció sus derechos al debido
proceso, a la defensa y a la contradicción, al no permitirle controvertir
Radicación: 25000-23-42-000-2017-06060-01 (4669-2022)
Demandante: Germán Enrique Perea Posada
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
administrativamente la decisión ni explicar por qué no fue incorporado, trasladado o
reubicado en un empleo igual o semejante.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el retiro del demandante tuvo fundamento en la modificación de la
planta de personal dispuesta mediante el Decreto Ley 898 de 2017, norma declarada
exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-013 de 2018, y en la
distribución de cargos efectuada por la Fiscalía General de la Nación mediante la
Resolución 2358 del 29 de junio de 2017. Asimismo, estimó que el Oficio 8 del 30 de
junio de 2017 se limitó a comunicar la consecuencia de la supresión del empleo y que
el actor no acreditó derechos de carrera administrativa, retén social o alguna condición
de protección reforzada que obligara a su incorporación en la nueva planta.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado concluye que, aunque
el Oficio 8 del 30 de junio de 2017 era susceptible de control judicial, la improcedencia
de recursos administrativos en su contra no vulneró el derecho de defensa del
demandante. Asimismo, determina que no había lugar a inaplicar las normas
cuestionadas y que el retiro se fundó en una causal legal y estuvo suficientemente
motivado.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Germán Enrique Perea Posada, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 11 de
diciembre de 20171, contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, con las siguientes
pretensiones2:
2. Se declare la nulidad del Oficio 8 del 30 de junio de 2017, expedido por la
Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual
se le informó que, en virtud del Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, fue suprimido
el cargo de fiscal delegado ante jueces penales del circuito especializados que
desempeñaba.
3. Asimismo, solicitó la inaplicación parcial del parágrafo del artículo 61 del
Decreto Ley 898 de 2017, en cuanto dispone que los empleos creados en dicha norma
son de dedicación exclusiva para cumplir las funciones de la Unidad Especial de
Investigación y que, en consecuencia, en esos cargos no procede la incorporación de
servidores cuyos empleos sean efectivamente suprimidos en el referido decreto.
4. También pidió la inaplicación del artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017, en
lo relativo a la supresión de 291 cargos de fiscal delegado ante jueces penales del
circuito especializados de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación,
1 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “02DemandaYAnexos”, pp. 29 a 52.
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Samai, índice 2, expediente digital, archivo “06.MemorialReformaDemanda” – pretensiones reformadas con
ocasión de esta.
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Demandante: Germán Enrique Perea Posada
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
por considerar que dicha disposición carecía de conexidad objetiva y suficiente con el
Acuerdo Final de Paz y desbordaba las facultades extraordinarias conferidas por el
artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2016.
5. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara su reintegro
al cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría, con los requisitos y
funciones afines al empleo del cual fue desvinculado, y que se declarara que no existió
solución de continuidad en la prestación del servicio entre la fecha de retiro y la de su
reincorporación efectiva.
6. También pidió que se condenara a la Fiscalía General de la Nación al
reconocimiento y pago de los salarios, gastos de representación, primas,
bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha
de su desvinculación hasta su reintegro, debidamente indexados, junto con los
intereses moratorios a que hubiera lugar, así como la condena en costas a la entidad
demandada.
2.1.1. Hechos
7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
8. El señor Germán Enrique Perea Posada fue nombrado en provisionalidad en el
cargo de fiscal delegado ante jueces penales del circuito especializados de la Fiscalía
General de la Nación, mediante Resolución 1250 del 22 de abril de 2016, y tomó
posesión del empleo el 6 de mayo de 2016 y fue ubicado en la Subdirección Seccional
de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana de Bogotá.
9. Mediante Oficio 8 del 30 de junio de 2017, suscrito por el subdirector de Talento
Humano de la Fiscalía General de la Nación, se le informó que el Decreto Ley 898 del
29 de mayo de 2017 suprimió, entre otros cargos, el de fiscal delegado ante jueces
penales del circuito especializados que desempeñaba, razón por la cual su vinculación
laboral terminaría al finalizar ese día.
10. La parte demandante sostuvo que el Decreto Ley 898 de 2017 fue expedido
para crear la Unidad Especial de Investigación al interior de la Fiscalía General de la
Nación, modificar parcialmente su estructura y ajustar la planta de cargos de la
entidad, pero no para desvincular a los servidores nombrados en provisionalidad.
11. Afirmó que la supresión del cargo fue aparente, pues el artículo 63 del Decreto
Ley 898 de 2017 facultó al fiscal general de la Nación para distribuir, trasladar y
reubicar empleos dentro de la planta global y flexible de la entidad, pero no para dar
por terminada la vinculación de quienes venían desempeñando dichos empleos.
12. También indicó que la Fiscalía General de la Nación no agotó alternativas de
traslado, reubicación o distribución del empleo que desempeñaba, ni tuvo en cuenta
su experiencia, idoneidad, capacidad y desempeño para ubicarlo en un cargo igual o
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Demandante: Germán Enrique Perea Posada
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
semejante.
13. Señaló que la entidad no explicó las razones que justificaban su retiro ni
acreditó que el cargo hubiera desaparecido definitivamente, pues, a su juicio, las
funciones propias del empleo continuaron siendo necesarias para el servicio y fueron
asumidas por otros servidores.
14. Finalmente, manifestó que intentó agotar el requisito de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, diligencia en la que no se
obtuvo fórmula conciliatoria por falta de ánimo de la entidad convocada.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
15. La parte demandante invocó como normas vulneradas, entre otras, los artículos
1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 43, 44, 47, 53, 54, 58, 83, 93, 121, 122, 125, 209, 228, 229, 230
y 251, numeral 2º, de la Constitución Política; la Ley 1437 de 2011; el Decreto Ley 898
de 2017; el Decreto Ley 016 de 2014; el Decreto 1083 de 2015; y las Resoluciones
2358 del 29 de junio de 2017 y 2386 del 30 de junio de 2017.
16. Al explicar el concepto de violación, sostuvo que el Oficio 8 del 30 de junio de
2017 fue expedido con falta de competencia, expedición irregular, falsa motivación y
desviación de poder, porque la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía
General de la Nación no estaba facultada para desvincularlo del cargo que
desempeñaba en provisionalidad, pues dicha competencia correspondía al fiscal
general de la Nación.
17. Afirmó que el acto acusado particularizó su situación jurídica y afectó de
manera directa sus derechos laborales, en la medida en que comunicó la supresión
del cargo que desempeñaba y la terminación de su vinculación laboral, sin permitirle
controvertir administrativamente la decisión ni conocer de manera integral los actos
que dieron lugar a su retiro.
18. Señaló que la Fiscalía General de la Nación aplicó indebidamente el Decreto
Ley 898 de 2017, en especial su artículo 63, pues, en su criterio, dicha disposición
facultaba al fiscal general de la Nación para distribuir, trasladar y reubicar empleos
dentro de la planta global y flexible de la entidad, pero no para desvincular servidores
ni para desconocer el carácter provisional de su nombramiento.
19. Indicó que la desvinculación desconoció sus derechos al trabajo, al debido
proceso, a la defensa, a la igualdad, a la estabilidad laboral y a la confianza legítima,
porque no se le incorporó ni reubicó en un empleo igual o semejante, pese a que,
según afirmó, cumplía los requisitos del cargo y contaba con experiencia, idoneidad y
buen desempeño para continuar prestando sus servicios en la entidad.
20. Solicitó la inaplicación parcial del parágrafo del artículo 61 del Decreto Ley 898
de 2017, al considerar que la prohibición de incorporar en los empleos creados para
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-06060-01 (4669-2022)
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la Unidad Especial de Investigación a servidores cuyos cargos hubieran sido
suprimidos desconocía los derechos mínimos laborales previstos en el artículo 53 de
la Constitución Política y desbordaba las facultades conferidas por el artículo 2.º del
Acto Legislativo 01 de 2016.
21. También pidió la inaplicación del artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017, en
lo relativo a la supresión de 291 cargos de fiscal delegado ante jueces penales del
circuito especializados, por estimar que dicha medida carecía de conexidad objetiva y
suficiente con el Acuerdo Final de Paz y que excedía el objeto de las facultades
extraordinarias conferidas al Gobierno Nacional.
22. Agregó que el Decreto Ley 898 de 2017 tenía como finalidad crear la Unidad
Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales,
pero no suprimir cargos ni afectar la estabilidad laboral de servidores que, como él,
venían desempeñando funciones ordinarias dentro de la Fiscalía General de la
Nación.
23. Asimismo, dijo que la actuación desconoció normas convencionales y tratados
internacionales sobre protección del trabajo, estabilidad en el empleo y condiciones
dignas y justas, por lo que solicitó realizar control de convencionalidad y aplicar la
excepción de inconstitucionalidad frente a las disposiciones que sirvieron de sustento
a su desvinculación.
24. Por último, argumentó que la entidad incurrió en desviación de poder, porque
utilizó la reestructuración institucional derivada del Decreto Ley 898 de 2017 para
retirarlo del servicio, pese a que, en su criterio, el cargo y las funciones que
desempeñaba seguían siendo necesarios y fueron asumidos por otros servidores con
menores requisitos o condiciones profesionales.
2.2. Contestación de la demanda
25. La Nación, Fiscalía General de la Nación3, se opuso a las pretensiones de la
demanda, al considerar que la desvinculación del actor se produjo como consecuencia
de la modificación de la planta de personal dispuesta en el Decreto Ley 898 de 2017
y de la distribución de cargos efectuada mediante la Resolución 2358 del 29 de junio
de 2017.
26. Frente a los hechos, aceptó los relacionados con el nombramiento y la posesión
del demandante, así como con la expedición del Oficio 8 del 30 de junio de 2017. No
obstante, sostuvo que este no suprimió el cargo ni dispuso de manera autónoma el
retiro, sino que se limitó a comunicar una decisión adoptada previamente en el marco
de la reestructuración institucional. Por ello, afirmó que no era susceptible de control
judicial autónomo.
27. Explicó que el Decreto Ley 898 de 2017 fue expedido en ejercicio de las
3 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “07.ContestacionDemandaYAnexos”.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-06060-01 (4669-2022)
Demandante: Germán Enrique Perea Posada
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
facultades conferidas al Gobierno Nacional para modificar la estructura y la planta de
personal de la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la implementación del
Acuerdo Final y de la creación de la Unidad Especial de Investigación para el
desmantelamiento de organizaciones criminales. En esa medida, afirmó que la entidad
estaba obligada a cumplir las disposiciones allí previstas.
28. Precisó que la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 distribuyó los cargos
de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y definió las
incorporaciones correspondientes, de manera que quienes no fueron incorporados
debían entender suprimido su cargo. Por tanto, insistió en que la supresión del empleo
del demandante no fue realizada por el Oficio 8 del 30 de junio de 2017, sino por los
actos generales expedidos dentro del proceso de reorganización.
29. Destacó que la reforma de la planta de personal tuvo como propósito fortalecer
el nivel misional de la Fiscalía General de la Nación, incrementar la presencia
institucional en distintos territorios y mejorar el uso eficiente de los recursos públicos,
mediante la reducción de cargos del nivel directivo y administrativo. En ese sentido,
sostuvo que la reestructuración respondió a razones de interés general y necesidades
del servicio.
30. También afirmó que la modificación de la planta se ajustó a los parámetros
constitucionales y legales aplicables a los procesos de reestructuración administrativa,
pues la administración cuenta con la facultad de adecuar su estructura y planta de
personal a las necesidades institucionales, sin que ello implique, por sí mismo, la
vulneración de los derechos de los servidores vinculados en provisionalidad.
31. Con fundamento en lo anterior, propuso la excepción de inepta demanda, al
estimar que la parte actora demandó un acto no sujeto a control judicial. Asimismo,
sostuvo que la demanda tampoco integró todos los actos administrativos que, en su
criterio, habrían producido la presunta lesión del derecho subjetivo, esto es, el Decreto
Ley 898 de 2017 y la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017.
32. Finalmente, afirmó que no se configuraron los vicios de falta de competencia,
expedición irregular, falsa motivación ni desviación de poder alegados por la parte
demandante, pues la Fiscalía General de la Nación actuó en cumplimiento de un deber
legal derivado de la reestructuración institucional y el Oficio 8 del 30 de junio de 2017
únicamente comunicó la supresión del cargo.
2.3. Sentencia de primera instancia
33. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 18 de noviembre de 2021, negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante4, en los
siguientes términos:
4 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “37Sentencia”.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-06060-01 (4669-2022)
Demandante: Germán Enrique Perea Posada
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, previa la liquidación
correspondiente, devuélvase a la parte demandante el remanente de los gastos
del proceso, si lo hubiere, y solamente una vez realizado lo ordenado,
archívese el expediente dejando las constancias del caso.
34. Como problema jurídico, se propuso establecer si el Oficio 8 del 30 de junio de
2017 estaba viciado de falta de competencia, expedición irregular y desviación de
poder y, de ser así, si procedía ordenar el reintegro del demandante y el pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir.
35. En el caso concreto, encontró probado que el demandante fue nombrado en
provisionalidad como fiscal delegado ante jueces penales del circuito especializados,
mediante la Resolución 1250 del 22 de abril de 2016, y tomó posesión el 6 de mayo
siguiente. Permaneció en ese empleo hasta que, por medio del Oficio 8 del 30 de junio
de 2017, se le comunicó su supresión.
36. Al resolver el cargo de falta de competencia, explicó que la supresión del
empleo se produjo en virtud del Decreto Ley 898 de 2017 y que la nueva planta fue
distribuida por el fiscal general de la Nación mediante las Resoluciones 2358 y 2386
del 29 y 30 de junio de 2017, respectivamente. Por tanto, el subdirector de Talento
Humano no decidió el retiro del demandante, sino que se limitó a comunicarlo
mediante el oficio acusado, actuación para la cual era competente.
37. En relación con la expedición irregular, precisó que la Resolución 2358 de 2017
no suprimió empleos, sino que distribuyó la planta de personal de acuerdo con el
Decreto Ley 898 de 2017, en ejercicio de la facultad prevista en su artículo 63. Añadió
que la supresión del empleo constituye una causal de retiro establecida en el Decreto
Ley 20 de 2014.
38. También señaló que, debido al carácter provisional de su nombramiento, el
demandante no tenía derecho preferencial a ser incorporado en la nueva planta,
prerrogativa reservada a los servidores inscritos en carrera administrativa. Tampoco
acreditó encontrarse en situación de discapacidad, tener la condición de
prepensionado o ser padre cabeza de familia, de acuerdo con los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la sentencia C-013 de 2018.
39. Respecto de la desviación de poder, consideró que no se probó que la Fiscalía
General de la Nación hubiera incorporado servidores con menores calidades o
requisitos que los acreditados por el demandante. En particular, este no aportó las
hojas de vida ni las certificaciones de quienes fueron vinculados en empleos
equivalentes, ni otros elementos que permitieran establecer el mejor derecho alegado.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-06060-01 (4669-2022)
Demandante: Germán Enrique Perea Posada
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
40. En consecuencia, concluyó que no se acreditaron los cargos formulados y que
la entidad no estaba obligada a incorporar al demandante en la nueva planta de
personal. Por esta razón, negó las pretensiones de la demanda.
2.4. Recurso de apelación
41. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con el fin de que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a las
pretensiones de la demanda5:
42. En primer lugar, sostuvo que el Tribunal no valoró adecuadamente la naturaleza
del Oficio 8 del 30 de junio de 2017, pues, aunque fue presentado por la entidad como
una simple comunicación, en realidad particularizó su situación jurídica, le informó la
supresión del cargo que desempeñaba y produjo la terminación de su vinculación
laboral. Por ello, afirmó que dicho oficio era susceptible de control judicial y no podía
ser tratado como un acto puramente instrumental.
43. En esa misma línea, alegó que la Fiscalía General de la Nación vulneró sus
derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción, porque no le permitió
controvertir administrativamente la decisión de retiro, no le informó los recursos
procedentes contra el Oficio 8 de 2017 y tampoco le notificó personalmente las
Resoluciones 2358 del 29 de junio de 2017 y 2386 del 30 de junio de 2017, mediante
las cuales se distribuyó la planta de personal de la entidad.
44. En segundo lugar, insistió en que el acto acusado fue expedido con falta de
competencia, porque el Oficio 8 del 30 de junio de 2017 fue suscrito por el subdirector
de Talento Humano y no por el fiscal general de la Nación, autoridad que, a su juicio,
era la competente para nombrar y remover a los servidores de la entidad, de
conformidad con el artículo 251, numeral 2º, de la Constitución Política.
45. A su juicio, la decisión que lo desvinculó del servicio careció de motivación
suficiente, pues se limitó a indicar que el Decreto Ley 898 de 2017 había suprimido el
cargo que desempeñaba, sin exponer las razones concretas por las cuales no fue
incorporado, trasladado o reubicado en otro empleo de igual o similar categoría.
46. En tercer lugar, cuestionó que el Tribunal hubiera concluido que, por estar
nombrado en provisionalidad, no tenía derecho a ser incorporado en la nueva planta
de personal. Al respecto, señaló que los fiscales provisionales gozan de estabilidad
relativa y que su retiro no podía producirse de manera inmotivada ni arbitraria, máxime
cuando no se acreditó la existencia de sanción disciplinaria, incompetencia o causal
objetiva distinta de la supresión formal del empleo.
47. Agregó que la entidad debía verificar la posibilidad de reubicarlo o incorporarlo
en un cargo igual o semejante, de conformidad con los artículos 62 y 63 del Decreto
5 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “39CorreoRcursoApelacionParteDemandante”.
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Demandante: Germán Enrique Perea Posada
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Ley 898 de 2017 y con el condicionamiento efectuado por la Corte Constitucional en
la sentencia C-013 de 2018. En ese punto, reprochó que la Fiscalía no hubiera
explicado de manera suficiente si, con posterioridad a la supresión, se realizaron
nuevos nombramientos en cargos equivalentes ni si las personas designadas
acreditaban mejores calidades que las del actor.
48. Finalmente, afirmó que el Tribunal omitió pronunciarse adecuadamente sobre
la solicitud de inaplicación del parágrafo del artículo 61 y del artículo 59 del Decreto
Ley 898 de 2017, pues, en su criterio, dichas disposiciones desconocían los derechos
mínimos laborales, carecían de conexidad objetiva y suficiente con el Acuerdo Final
de Paz y desbordaban las facultades extraordinarias conferidas por el Acto Legislativo
01 de 2016.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
49. Mediante auto del 25 de julio de 20236, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en el numeral
3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el numeral 3° del artículo 67 de la Ley
2080 de 20217.
50. El Ministerio Público8 presentó concepto en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, al considerar que el Oficio 8 del 30 de junio de 2017 y
las actuaciones relacionadas con la supresión del cargo del demandante se ajustaron
al ordenamiento jurídico. Para el efecto, señaló que el Decreto Ley 898 de 2017
dispuso la supresión del cargo, que la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017
distribuyó la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y que el oficio
demandado comunicó la consecuencia de dicha reestructuración.
51. Indicó que el demandante no acreditó encontrarse en una situación de especial
protección derivada del retén social ni demostró tener mejor derecho frente a quienes
fueron incorporados en la nueva planta. Agregó que, aunque solicitó la inaplicación de
disposiciones del Decreto Ley 898 de 2017, no demandó ni pidió la inaplicación de la
Resolución 2358 de 2017, omisión que, en criterio del Ministerio Público, resultaba
suficiente para mantener la decisión apelada.
52. La parte demandada guardó silencio frente al recurso de apelación.
6 Samai, índice 4.
7 “Artículo 67. Modifíquese el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así́: Artículo 247. Trámite del
recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera
instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…)3. Si el recurso fue sustentado oportunamente
y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al
superior. Recibido el expediente por el superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los
requisitos”.
8 Samai, índice 9.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-06060-01 (4669-2022)
Demandante: Germán Enrique Perea Posada
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
3. Consideraciones
3.1. Competencia
53. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
54. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:
55. ¿El Oficio 8 del 30 de junio de 2017, mediante el cual se comunicó al
demandante la supresión de su empleo y la terminación de su vinculación laboral,
constituía un acto demandable por haber particularizado su situación jurídica y, de ser
así, la falta de oportunidad para interponer el recurso de apelación contra dicho acto
vulneró sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción?
56. ¿Procedía inaplicar parcialmente el artículo 59 y el parágrafo del artículo 61 del
Decreto Ley 898 de 2017, por la presunta falta de conexidad con el Acuerdo Final de
Paz, el supuesto desbordamiento de las facultades extraordinarias conferidas por el
Acto Legislativo 01 de 2016 y la afectación de los derechos laborales alegada por el
demandante?
57. ¿El Oficio 8 del 30 de junio de 2017 estuvo viciado por falta de competencia,
expedición irregular o ausencia de motivación, o la terminación de su vinculación fue
consecuencia de la supresión del empleo dispuesta en el Decreto Ley 898 de 2017 y
de la distribución de la planta efectuada por la Fiscalía General de la Nación?
58. ¿La entidad demandada vulneró la estabilidad laboral relativa del demandante,
nombrado en provisionalidad, al no incorporarlo o reubicarlo en la nueva planta de
personal, o no se acreditó que tuviera un derecho preferente, una condición de
especial protección o mejor derecho frente a quienes fueron incorporados?
59. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) la supresión de empleos en el marco de la reestructuración de las plantas
de personal; (ii) el régimen especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación y
la modificación de su planta de personal con ocasión del Decreto Ley 898 de 2017; y
(iii) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverán los problemas jurídicos
formulados.
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Demandante: Germán Enrique Perea Posada
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La supresión de empleos en el marco de la reestructuración de las plantas
de personal
60. El ordenamiento jurídico colombiano reconoce que los empleos públicos son,
por regla general, de carrera administrativa, salvo las excepciones previstas en la
Constitución y la ley9. En ese contexto, la permanencia de los servidores inscritos en
carrera se encuentra sometida tanto a las garantías derivadas de dicho sistema como
a las necesidades del servicio que justifican la organización y reestructuración de la
administración pública.
61. En desarrollo de los principios constitucionales de eficacia, economía y
cumplimiento de los fines estatales, las entidades públicas están facultadas para
adelantar procesos de modificación de sus plantas de personal, siempre que tales
decisiones respondan a necesidades reales del servicio o a propósitos de
modernización institucional10. No obstante, el ejercicio de esta facultad no es
discrecional en términos absolutos, pues debe apoyarse en criterios objetivos y en
estudios técnicos que permitan demostrar la conveniencia y necesidad de la reforma
administrativa11.
62. Dentro de las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de un proceso de
reorganización institucional se encuentra la supresión de empleos, reconocida
legalmente como una causal autónoma de retiro del servicio. Esta figura procede
cuando, como resultado de la reestructuración, fusión, liquidación, traslado de
funciones o modificación de la planta de personal, desaparece el cargo que venía
siendo desempeñado por el servidor público12.
63. Tratándose de empleados inscritos en carrera administrativa, la ley ha previsto
mecanismos de protección orientados a salvaguardar los derechos adquiridos por
quienes accedieron al servicio mediante el mérito. Por ello, la Ley 909 de 2004
prescribe el derecho preferencial a la incorporación en un empleo igual o equivalente
dentro de la nueva planta de personal y, cuando ello no resulte posible, la posibilidad
9 Constitución Política, artículo 125. «Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley […]»
10 Constitución Política, artículo 125. «[…] Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.»
11 Corte Constitucional, sentencia T-1701 del 7 de diciembre de 2000; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2018-00131-01 (2776-2020).
12 Decreto 2400 de 1968, artículo 25, literal C, «La cesación definitiva de funciones se produce en los siguientes
casos: […] Por supresión del empleo […]»; Decreto 1950 de 1973, artículo 105, «El retiro del servicio implica la
cesación en el ejercicio de funciones públicas y se produce […] 2. Por supresión del empleo […]»; Ley 27 de 1992,
artículo 7, «Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de los empleados de carrera, se produce en los
siguientes casos: […] C) Por supresión del empleo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la presente
ley. Ley 909 de 2004, artículo 41, «El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos: […] I) Por supresión del
empleo […].
11
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de optar por la reincorporación o por la indemnización legalmente establecida 13.
64. De igual manera, el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 establece que toda
reforma de planta debe encontrarse debidamente motivada y sustentada en estudios
técnicos elaborados conforme a los parámetros definidos por las autoridades
competentes en materia de función pública. En consecuencia, la legalidad de las
decisiones de supresión de cargos depende de que la entidad demuestre la existencia
de razones objetivas relacionadas con la prestación eficiente del servicio, la
racionalización administrativa o la modernización institucional, y no de propósitos
ajenos al interés general14.
65. Así, la supresión de empleos constituye una herramienta legítima de gestión
administrativa, siempre que se ejerza dentro de los límites fijados por la Constitución
y la ley y se sustente en estudios técnicos que demuestren la necesidad, conveniencia
y razonabilidad de la medida adoptada.
3.3.2. El régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y la
modificación de su planta de personal con ocasión del Decreto Ley 898 de 2017
66. La Fiscalía General de la Nación cuenta con un sistema de carrera
administrativa de origen constitucional. El artículo 25315 de la Constitución Política
facultó al legislador para determinar lo relativo a la estructura y funcionamiento de la
entidad, al ingreso por carrera y al retiro del servicio. En desarrollo de ese mandato,
el artículo 15916 de la Ley 270 de 1996 precisó su naturaleza como régimen autónomo,
sujeto a los principios del concurso de méritos y orientado a garantizar la igualdad de
oportunidades.
67. En virtud de dicho mandato, la Ley 938 de 200417 reguló la estructura, la
13 Ley 909 de 2004, artículo 44 «Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la
liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de
funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos de los cuales
sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta
de personal, y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir
indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la
indemnización.»
14 Ley 909 de 2004, artículo 46. «Las reformas de plantas de personal de empleos de las entidades de la Rama
Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en
razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo
demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la
Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP-. El Departamento Administrativo de
la Función Pública adoptará la metodología para la elaboración de los estudios o justificaciones técnicas, la cual
deberá ceñirse a los aspectos estrictamente necesarios para soportar la reforma a las plantas de personal. Toda
modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del
orden nacional deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.»
15 Constitución Política, artículo 253. «La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalia
General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades,
denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y
empleados de su dependencia.»
16 Ley 270 de 1996, artículo 159. « La Fiscalía General de la Nación tendrá su propio régimen autónomo de carrera
sujeto a los principios del concurso de méritos y calificación de servicios, orientado a garantizar la igualdad de
oportunidades para el ingreso, permanencia y ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados que la
conforman. Los cargos de libre nombramiento y remoción, así como los de carrera, serán los previstos en la ley.
[…]»
17 «Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación»
12
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competencia de cada dependencia y de los empleos, las entidades adscritas y, en
general, todo lo relativo a la administración de personal y al régimen de carrera de la
entidad.
68. Posteriormente, mediante la Ley 1654 de 201318, el Congreso de la República
revistió al presidente de facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de
ley, dirigidas a «expedir el régimen de carrera especial de la FGN y de sus entidades
adscritas y el de las situaciones administrativas de sus servidores». En ejercicio de
esa habilitación, el Gobierno Nacional expidió los decretos 1619, 1720, 1821 y 2022 de
2014, que modificaron y definieron la estructura orgánica y funcional de la entidad,
delimitaron los niveles jerárquicos, modificaron la nomenclatura, definieron las
equivalencias y los requisitos generales para los empleos, modificaron la planta de
cargos y, finalmente, clasificaron los empleos y expidieron el régimen de carrera
especial de la entidad.
69. El artículo 2 del Decreto 20 de 2014 definió la carrera especial del ente
acusador como el sistema técnico de administración de personal que, en cumplimiento
de los principios constitucionales de la función pública, busca garantizar la igualdad
de oportunidades para acceder a los cargos previa demostración del mérito; proteger
los derechos de los servidores a la estabilidad y permanencia; desarrollar las
capacidades técnicas y funcionales mediante la capacitación, los estímulos y el
ascenso; y propender por la eficiencia y eficacia de la función pública, evaluada a
través del desempeño del cargo y de las competencias laborales.
70. En lo que respecta a las causales de retiro del servicio, el artículo 96 del mismo
decreto dispuso que el retiro de quienes desempeñan empleos de libre nombramiento
y remoción o de carrera en la FGN y en sus entidades adscritas se produce, entre
otros casos, por la supresión del empleo. Esta causal fue desarrollada en el artículo
10323 ibidem, que reconoció a los servidores con derechos de carrera, cuyos cargos
sean suprimidos, el derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o
equivalente de la nueva planta de personal y, de no ser posible, a recibir una
indemnización.
18 «Por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro tempore al Presidente de la República para modificar la
estructura y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y expedir su Régimen de Carrera y
situaciones»
19 «Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación»
20 «Por el cual se definen los niveles jerárquicos, se modifica la nomenclatura, se establecen las equivalencias y
los requisitos generales para los empleos de la Fiscalía General de la Nación»
21 «Por el cual se modifica la planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación»
22 «Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la
Nación y de sus entidades adscritas»
23 Decreto 20 de 2014, artículo 103. «Los servidores con derechos de carrera a quienes se les supriman los cargos
de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la
nueva planta de personal, y de no ser posible tendrán derecho a recibir una indemnización. Cuando la
incorporación se realice en un empleo igual, no podrán exigirse requisitos distintos de los acreditados por los
empleados de carrera al momento de su inscripción o actualización en el Registro Público de Inscripción de
Carrera. Una vez efectuada la incorporación, será actualizada la inscripción en el Registro y el servidor continuará
con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión del empleo. Para los efectos de
reconocimiento y pago de la indemnización de que trata el presente artículo, el tiempo de servicios continuos se
contabilizará a partir de la fecha de posesión como servidor público de la Fiscalía General de la Nación o de sus
entidades adscritas.»
13
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71. Ahora bien, la planta de personal de la entidad demandada fue objeto de una
modificación estructural a partir del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera. El Acto Legislativo 1 de 2016 24 otorgó
facultades temporales al presidente de la República para expedir decretos con fuerza
de ley tendientes a facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo de
dicho acuerdo. En ejercicio de esas facultades, el presidente de la República expidió
el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 201725, por medio del cual, entre otras
disposiciones, se creó la Unidad Especial de Investigación y se modificó la estructura
del ente acusador y su planta de cargos.
72. Esa reforma respondió a los retos que el Acuerdo Final impuso al ente
investigador, entre los cuales se destacan: (i) fortalecer la capacidad investigativa y
de judicialización para procesar a quienes atenten contra defensores de derechos
humanos, líderes sociales y quienes ejercen la política, así como combatir la
corrupción e intensificar la persecución penal de las organizaciones criminales
relacionadas con drogas ilícitas; (ii) adelantar procesos de especialización en la etapa
de investigación y acusación para elevar las capacidades institucionales con el fin de
combatir la impunidad; (iii) implementar la Unidad Especial de Investigación para el
desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de
homicidios y masacres que atentan contra defensores de derechos humanos,
movimientos sociales y movimientos políticos; y (iv) entregar informes a la Jurisdicción
Especial para la Paz sobre los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado.
73. En materia de planta de personal, el artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017
dispuso la supresión de un total de 5.737 cargos, entre ellos 291 cargos de fiscal
delegado ante jueces penales de circuito especializado.
Número Denominación del cargo
Planta global área fiscalías
4 Consejero Judicial
291 Fiscal Delegado ante Jueces Penales del
Circuito Especializados
322 Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito
73 Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito
1101 Asistente de Fiscal I
931 Asistente de Fiscal II
244 Asistente de Fiscal III
210 Asistente de Fiscal IV
24 «Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el
desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera»
25 «Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el
desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que
atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de
la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo
y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su
conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la
planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones».
14
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[…]
Tabla 1. Relación de cargos suprimidos en la planta global del área de fiscalías de la Fiscalía General
de la Nación
74. Simultáneamente, el artículo 61 ibidem dispuso la creación de nuevos empleos
para la Unidad Especial de Investigación, entre esos, 4 cargos de fiscal delegado ante
jueces penales del circuito especializado.
Número Denominación del cargo
1 Director Nacional II
5 Profesional Experto
5 Profesional Especializado II
5 Profesional de Gestión III
2 Profesional de Gestión I
3 Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito
4 Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito
Especializado
4 Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito
5 Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y
Promiscuos
5 Asistente de Fiscal I
4 Asistente de Fiscal II
4 Asistente de Fiscal III
3 Asistente de Fiscal IV
5 Secretario Ejecutivo
2 Asistentes I
1 Profesional Investigador II
12 Técnico Investigador I
13 Técnico Investigador II
3 Conductor II
Tabla 2. Relación de los empleos creados para la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía
General de la Nación
75. Los artículos 62 a 67 del mismo decreto regularon el tránsito entre las dos
plantas. En lo esencial, previeron: (i) que los servidores continuarían desempeñando
las funciones del empleo en el que se encontraran nombrados y devengando su
remuneración, hasta tanto se produjera su incorporación, un nuevo nombramiento o
se les comunicara la supresión de sus cargos; (ii) que la planta adoptada para cada
área tiene carácter global y flexible, lo que faculta al fiscal general para distribuir,
trasladar y reubicar los empleos de conformidad con las necesidades del servicio; (iii)
que las incorporaciones y movimientos de personal no generarían pérdida ni
desmejora de los derechos de carrera de quienes los ostentaran; y (iv) que el decreto
no identificó individualmente los servidores cuyos cargos serían suprimidos ni quiénes
serían incorporados a la nueva planta, lo cual se concretó posteriormente mediante la
Resolución 2358 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual la fiscal feneral de la
Nación (E) distribuyó los cargos e individualizó a los servidores vinculados en la nueva
15
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estructura.
76. La Corte Constitucional, en la sentencia C-013 de 201826, ejerció el control
automático de constitucionalidad del Título IV del Decreto Ley 898 de 2017 y concluyó
que las modificaciones realizadas en la planta de personal perseguían fines
constitucionalmente válidos, en tanto propendían por reforzar el área misional de la
entidad mediante la supresión de cargos directivos, la reducción de dependencias
administrativas y la disminución del gasto de personal, todo ello en consonancia con
los principios de igualdad, eficacia y economía previstos en el artículo 209
constitucional. En consecuencia, declaró la exequibilidad de los artículos 59 a 67 del
decreto.
77. No obstante, respecto del artículo 62, la Corte declaró su exequibilidad de forma
condicionada, en el entendido de que los derechos constitucionales laborales debían
protegerse de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esa providencia.
78. En particular, precisó que dentro del proceso de ajuste institucional era
necesario preservar los derechos de los servidores que, por su condición personal,
ven limitadas sus posibilidades de desempeño: los hombres y mujeres cabeza de
familia, las personas a quienes a la fecha de expedición del decreto les faltaran tres
años o menos para cumplir los requisitos para obtener su pensión, y las personas en
condición de discapacidad. Respecto de estos servidores, cuyos cargos hubieran sido
suprimidos con ocasión del proceso de ajuste institucional, ordenó su reubicación o
nombramiento en otro cargo de igual o del mismo nivel de los que se crearon o de los
que se mantuvieron en la FGN, garantizándoles así la estabilidad laboral reforzada
que les asiste en virtud del retén social.
3.4. Hechos probados relevantes para la solución del caso concreto
79. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
80. El señor Germán Enrique Perea Posada fue nombrado en provisionalidad en el
cargo de fiscal delegado ante jueces penales de circuito especializados en la
Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana de Bogotá, mediante
la Resolución 1250 del 22 de abril de 201627, empleo del que tomó posesión el 6 de
mayo de 201628.
81. El subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación,
mediante Oficio 8 del 30 de junio de 2017, le comunicó al señor Germán Enrique Perea
Posada que el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017 había suprimido, entre otros,
el cargo de fiscal delegado ante jueces del circuito especializados que desempeñaba,
razón por la cual su vinculación laboral terminaría en esa misma fecha29.
26 Corte Constitucional, sentencia C-013 del 14 de marzo de 2018.
27 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “02DemandaYAnexos”, pp. 8 a 9.
28
Samai, índice 2, expediente digital, archivo “02DemandaYAnexos”, pp. 11.
29 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “02DemandaYAnexos”, pp. 12 a 13.
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82. Mediante Oficio STH-30100 del 24 de septiembre de 2020, la Subdirección de
Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación informó que la Resolución 2358
del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se distribuyeron los cargos de la planta
de personal de la entidad, dispuso en su artículo segundo su publicación en la intranet
y en la página web institucional, para conocimiento de los servidores y del público en
general, y que dicho acto surtió efectos a partir del 30 de junio de 2017. Asimismo,
remitió copia del correo electrónico enviado ese mismo día por la Dirección Nacional
de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, mediante el cual se informó a los servidores
de la entidad sobre la resolución de distribución de cargos y se indicó que debían
verificar el listado correspondiente al área a la cual pertenecían30.
83. A través de Oficio STH-30100 del 23 de octubre de 2020, la Subdirección de
Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación respondió el requerimiento
probatorio formulado por el Tribunal e indicó que, para implementar el Decreto Ley
898 de 2017, la entidad tuvo en cuenta que la planta contaba con 28.836 cargos, de
los cuales aproximadamente 5.000 no tenían asignación presupuestal; por ello, afirmó
que los primeros empleos seleccionados para supresión fueron aquellos que se
encontraban vacantes, luego los ocupados en encargo, y que se hizo énfasis en
identificar a los servidores en situación de estabilidad laboral reforzada, como
prepensionados, padres o madres cabeza de familia y personas con restricciones
médicas31.
84. En el mismo oficio, la Fiscalía General de la Nación señaló que, una vez
culminada la implementación del Decreto Ley 898 de 2017, continuó prestando el
servicio con el personal que permaneció en la planta y que, desde el 1º de julio de
2017, se presentaron vacantes por retiro del servicio, renuncia, declaratoria de
insubsistencia u otras causales legales, las cuales fueron provistas mediante
nombramientos en provisionalidad o encargo. Asimismo, precisó que efectuó
nombramientos en el cargo de fiscal delegado ante jueces de circuito, sin que existiera
obligación legal o judicial de verificar que las personas designadas acreditaran
mejores calidades de experiencia e idoneidad que el señor Germán Enrique Perea
Posada.
85. El director de control disciplinario en encargo de la Fiscalía General de la
Nación, mediante constancia del 4 de noviembre de 2020, certificó que el señor
Germán Enrique Perea Posada no tenía procesos disciplinarios en curso ni sanciones
disciplinarias en su contra32.
86. La Fiscalía General de la Nación certificó que el señor Germán Enrique Perea
Posada prestó sus servicios en la entidad en distintos periodos, el último de ellos entre
el 6 de mayo de 2016 y el 30 de junio de 2017, en el cargo de fiscal delegado ante
jueces penales del circuito especializados, código 396003, adscrito a la Subdirección
30 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “25.RespuestaRequerimientoFGN”.
31
Samai, índice 2, expediente digital, archivo “28.RespuestaRequerimientoFiscalía”, pp. 3 a 6.
32 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “29.RespuestaRequerimiento042ISP”.
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Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana de Bogotá. Que figuraba como
retirado a partir del 1º de julio de 2017 y relacionó las funciones asignadas a dicho
empleo, entre ellas investigar a los presuntos responsables de conductas punibles,
ejercer la acción penal, dirigir investigaciones bajo su coordinación, calificar el
desempeño de los servidores a su cargo y cumplir las demás funciones asignadas por
la ley, el fiscal general de la Nación y las propias de la dependencia33.
3.5. Caso concreto
87. En el asunto bajo análisis, la controversia se centra en determinar si el retiro
del señor Germán Enrique Perea Posada del cargo de fiscal delegado ante jueces
penales del circuito especializados de la Fiscalía General de la Nación, con ocasión
de la supresión del empleo que desempeñaba, se ajustó al ordenamiento jurídico o si,
por el contrario, estuvo afectado por los vicios alegados en la demanda, en particular
por falta de competencia, expedición irregular, ausencia de motivación,
desconocimiento del debido proceso y de la estabilidad laboral relativa derivada de su
nombramiento en provisionalidad.
88. El Tribunal consideró que el acto acusado se encontraba amparado por la
presunción de legalidad, en tanto la supresión del cargo tuvo fundamento en el
Decreto Ley 898 de 2017, norma que modificó la estructura y la planta de personal de
la Fiscalía General de la Nación y que fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en la sentencia C-013 de 2018. Asimismo, estimó que el Oficio 8 del 30
de junio de 2017 no fue el acto que suprimió el empleo ni decidió autónomamente el
retiro del demandante, sino que comunicó la consecuencia derivada de la
reestructuración institucional y de la distribución de la nueva planta de personal.
89. En el recurso de apelación, la parte demandante cuestionó que el Tribunal
hubiera avalado su desvinculación sin advertir que el Oficio 8 del 30 de junio de 2017
particularizó su situación jurídica y produjo la terminación de su vínculo laboral, sin
permitirle controvertir administrativamente la decisión. También insistió en que el oficio
fue suscrito por un funcionario sin competencia, que la Fiscalía no explicó por qué no
fue incorporado o reubicado en un cargo igual o semejante, y que el juez de primera
instancia omitió pronunciarse adecuadamente sobre la solicitud de inaplicación del
artículo 59 y del parágrafo del artículo 61 del Decreto Ley 898 de 2017.
90. En ese contexto, y de cara a resolver los problemas jurídicos planteados, la
Sala adoptará la siguiente metodología: en primer lugar, analizará la naturaleza del
Oficio 8 del 30 de junio de 2017 y establecerá si la forma en que se comunicó el retiro
desconoció los derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción de la
parte demandante; en segundo lugar, estudiará la solicitud de inaplicación del artículo
59 y del parágrafo del artículo 61 del Decreto Ley 898 de 2017, así como la justificación
de la reestructuración de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación; en
tercer lugar, examinará si el retiro del demandante estuvo afectado por falta de
competencia, expedición irregular o ausencia de motivación; y, finalmente,
33 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “28.RespuestaRequerimientoFiscalía”, pp. 27 a 30.
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determinará si, dada su vinculación en provisionalidad, tenía derecho a ser
incorporado o reubicado en la nueva planta de personal, o si acreditó una condición
de especial protección o mejor derecho frente a quienes fueron incorporados.
3.5.1. El derecho de defensa y contradicción frente al acto de comunicación de
la supresión del empleo
91. Sobre este asunto, argumenta el recurrente que el Oficio 8 del 30 de junio de
2017 no podía entenderse como un simple acto de ejecución, pues a través de este
se particularizó su situación jurídica y se produjo la terminación de su vinculación
laboral. En esa medida, sostiene que la Fiscalía General de la Nación vulneró sus
derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción, al comunicarle el retiro
sin concederle la posibilidad de controvertir administrativamente la decisión.
92. Para desatar este cargo, es necesario examinar, en primer lugar, si el Oficio 8
del 30 de junio de 2017 fue, en efecto, el acto mediante el cual se definió, de forma
particular y concreta, la situación jurídica del señor Germán Enrique Perea Posada
dentro del proceso de reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, y si, en tal
condición, era el acto que debía ofrecerle la posibilidad de controversia que reclama.
93. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación34 ha precisado que no es
posible establecer una regla general y única sobre los actos demandables en los
procesos de reestructuración administrativa que implican supresión de cargos, pues
la jurisprudencia ha adoptado posiciones disímiles según las particularidades de cada
caso: en ocasiones se ha entendido que el acto de contenido general de supresión es
el demandable; en otras, que lo es el acto de incorporación que define quiénes
permanecen en la nueva planta; y en otras más, que el oficio de comunicación
individual, lejos de ser un mero acto de trámite, constituye en sí mismo el acto que
extingue la relación laboral, en aplicación de la teoría del acto integrador reconocida
por la Corte Constitucional.
94. En el proceso de reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, mediante
la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017, aclarada por la Resolución 2386 del 30
de junio de 2017, se distribuyeron los cargos de la entidad y se determinó la ubicación
de los servidores que continuarían vinculados, de manera que quienes no fueran allí
relacionados debían entender suprimido su empleo.
95. En el expediente obra que la Resolución 2358 de 2017 fue publicada en la
página web de la entidad, así como que se remitió una comunicación general a los
servidores sobre la distribución de cargos; sin embargo, no existe constancia de que
dichas resoluciones hubieran sido notificadas personalmente o comunicadas de
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 1.º de febrero de 2007, rad. 52001-23-31-000-2002-00598-
01 (5208-05); 3 de mayo de 2007, rad. 25000-23-25-000-2000-00008-01 (2585-04); 23 de septiembre de 2007,
rad. 25000-23-25-000-2002-10626-01 (2228-04); 13 de diciembre de 2007, rad. 50001-23-31-000-2001-04499-01
(4499-05); 17 de abril de 2008, rad. 50001-23-31-000-2001-00383-01 (4297-05); 3 de abril de 2008, rad. 17001-
23-31-000-2005-00868-01 (1823-07), y 21 de mayo de 2009, rad. 05001-23-31-000-2002-01506-01 (0851-08). Más
recientemente esta Subsección, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado 68001-23-33-000-2017-01438-01
(1612-2023).
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-06060-01 (4669-2022)
Demandante: Germán Enrique Perea Posada
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manera individual al demandante. Por ello, el acto que concretó frente a él la
consecuencia de la reestructuración fue el Oficio 8 del 30 de junio de 2017, mediante
el cual la Fiscalía General de la Nación le informó directamente que, en virtud del
Decreto Ley 898 de 2017, el cargo de fiscal delegado ante jueces penales del circuito
especializados que desempeñaba había sido suprimido y que su vinculación laboral
terminaría al finalizar ese día
96. Bajo estas circunstancias, aunque en principio hubiera sido la Resolución 2358
de 2017 la que definiera la situación jurídica del demandante —en la medida en que
su nombre no apareciera relacionado en ella—, lo cierto es que fue el oficio
demandado fue el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación asumió y
comunicó directamente esa consecuencia, convirtiéndolo en el instrumento que, en la
práctica, extinguió la relación laboral del demandante.
97. Así las cosas, le asiste razón al recurrente cuando afirma que el Oficio 8 del 30
de junio de 2017 no era un simple acto de ejecución, pues, en efecto, fue el acto que
particularizó su situación jurídica y produjo la terminación de su vinculación laboral.
98. Sin embargo, de esa naturaleza no se sigue la consecuencia que el recurrente
pretende derivar. La supresión del cargo del demandante no obedeció a una decisión
discrecional del subdirector de Talento Humano que lo suscribió, sino a la aplicación
de la causal prevista en el artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017. Por tanto, aunque
contra dicho acto procedía el recurso de apelación, el superior únicamente podía
verificar si esa disposición había sido aplicada correctamente al caso concreto, pero
no modificar ni dejar sin efectos la supresión dispuesta por una norma con fuerza de
ley.
99. Con todo, la falta de oportunidad para interponer el recurso de apelación no
impidió que el demandante controvirtiera judicialmente la legalidad de su
desvinculación. En efecto, el artículo 161, numeral 2, del CPACA dispone que no es
exigible el agotamiento de los recursos administrativos cuando la administración no
dio oportunidad de interponerlos. En consecuencia, el demandante podía acudir
directamente a la jurisdicción, posibilidad que ejerció mediante la presentación de la
demanda que dio origen al presente proceso.
3.5.2. Sobre la solicitud de inaplicación del Decreto Ley 898 de 2017 y la
motivación de retiro
100. El recurrente sostiene que el Tribunal omitió pronunciarse adecuadamente
sobre la solicitud de inaplicación del artículo 59 y del parágrafo del artículo 61 del
Decreto Ley 898 de 2017. En su criterio, dichas disposiciones carecían de conexidad
objetiva y suficiente con el Acuerdo Final de Paz, desbordaban las facultades
extraordinarias conferidas por el Acto Legislativo 01 de 2016 y desconocían los
derechos laborales del demandante, en tanto sirvieron de fundamento para la
supresión del cargo que desempeñaba y para impedir su incorporación en los empleos
creados con ocasión de la reestructuración.
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101. También afirma que su retiro careció de motivación suficiente y fue comunicado
por un funcionario sin competencia, pues el Oficio 8 del 30 de junio de 2017 fue
suscrito por el subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación,
pese a que, en su criterio, la facultad de nombrar y remover a los servidores de la
entidad corresponde al fiscal general de la Nación. Además, sostiene que dicho oficio
se limitó a señalar que el Decreto Ley 898 de 2017 había suprimido el cargo de fiscal
delegado ante jueces penales del circuito especializados, sin explicar por qué no fue
incorporado, trasladado o reubicado en otro empleo de igual o similar categoría.
102. Para resolver estos reparos, la Sala debe precisar, en primer lugar, que el
Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017 fue expedido en desarrollo de las facultades
conferidas al Presidente de la República por el Acto Legislativo 01 de 2016, con el
propósito de crear la Unidad Especial de Investigación al interior de la Fiscalía General
de la Nación, modificar parcialmente su estructura y ajustar su planta de cargos.
103. En lo que interesa al asunto, el artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017 dispuso
la supresión de varios empleos de la planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación, entre ellos, 291 cargos de fiscal delegado ante jueces penales del circuito
especializados, denominación que correspondía al empleo desempeñado por el señor
Germán Enrique Perea Posada.
104. Por su parte, el artículo 61 del mismo decreto creó empleos en la planta de
personal de la entidad y su parágrafo dispuso que aquellos destinados a la Unidad
Especial de Investigación serían de dedicación exclusiva para el cumplimiento de sus
funciones, razón por la cual no procedía la incorporación de servidores cuyos cargos
hubieran sido efectivamente suprimidos en el referido decreto.
105. Ahora bien, la solicitud de inaplicación formulada por la parte demandante no
puede estudiarse al margen del control constitucional efectuado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-013 de 2018. En dicha providencia, esa corporación
examinó la constitucionalidad del Decreto Ley 898 de 2017 y concluyó que la reforma
de la estructura y de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación
guardaba conexidad objetiva, estricta y suficiente con el Acuerdo Final de Paz, en
tanto respondía a la necesidad de fortalecer la capacidad investigativa y de
judicialización del ente acusador frente a los retos derivados de la justicia transicional.
106. En particular, la Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 59, 60 y
61 del Decreto Ley 898 de 2017, al considerar que las modificaciones introducidas a
la planta de personal perseguían fines constitucionalmente válidos, respondían a
necesidades institucionales derivadas de la implementación del Acuerdo Final y se
orientaban a reforzar el componente misional de la Fiscalía General de la Nación.
107. La Corte destacó, además, un dato relevante para el análisis del caso concreto:
si bien el Decreto suprimió formalmente más de 5.700 cargos, en la práctica solo 254
servidores resultaron desvinculados de manera definitiva de la entidad. Según lo
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señalado por la Corte, este grupo estaba integrado por servidores que no ostentaban
derechos de carrera administrativa ni se encontraban amparados por el retén social,
lo que permite inferir que la desvinculación efectiva se concentró, precisamente, en
quienes no contaban con ninguna de esas dos protecciones.
108. En esa medida, no resulta procedente que, por vía de excepción de
inconstitucionalidad, se desconozca en este caso la aplicación de unas disposiciones
que ya fueron objeto de control constitucional y cuya validez fue expresamente
avalada por la Corte Constitucional, menos aun cuando los argumentos del
demandante se dirigen, en esencia, a cuestionar la conexidad del Decreto Ley 898 de
2017 con el Acuerdo Final y el alcance de las facultades extraordinarias conferidas al
Gobierno nacional, materias que fueron examinadas en la referida sentencia.
109. Cosa distinta ocurrió con el artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017, relativo a
la continuidad en el servicio, cuya exequibilidad fue condicionada por la Corte en el
entendido de que los derechos laborales de los servidores afectados por la supresión
debían protegerse conforme a las reglas del retén social. En concreto, la Corte señaló
que dicha garantía cobijaba a quienes acreditaran la condición de madre o padre
cabeza de familia, persona en situación de discapacidad o prepensionado, así como
a los servidores con derechos de carrera, según las reglas aplicables.
110. De lo anterior se sigue que la Corte Constitucional no cuestionó la validez de la
supresión de cargos prevista en el artículo 59 ni la regla contenida en el parágrafo del
artículo 61 del Decreto Ley 898 de 2017, sino que condicionó la continuidad en el
servicio respecto de determinados sujetos de especial protección. Por tanto, la
protección reforzada frente al retiro no surgía automáticamente para todos los
servidores vinculados en provisionalidad, sino para aquellos que acreditaran
encontrarse en alguno de los supuestos constitucionalmente protegidos.
111. En cuanto a la justificación de la reestructuración de la planta de personal de la
entidad demandada, se recuerda, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 909 de
2004, modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012, que las reformas
de planta de personal deben estar motivadas, fundarse en necesidades del servicio o
en razones de modernización de la administración y apoyarse en justificaciones o
estudios técnicos que así lo demuestren.
112. En ese contexto, la Fiscalía General de la Nación elaboró el documento técnico
«Organización de la Fiscalía de la gente y por la gente», el cual consolidó la propuesta
de reorganización institucional del ente investigador y sirvió de fundamento para las
modificaciones adoptadas mediante el Decreto Ley 898 de 2017.
113. Del estudio técnico que sirvió de soporte al Decreto 898 de 2017, se advierte
que este justifica la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación como una
medida urgente e imperiosa para cumplir los compromisos derivados del Acuerdo
Final de Paz, bajo la premisa de que la estructura previa de la entidad no era idónea
para atender los retos del postconflicto. Con tal propósito, el estudio contempla, entre
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otras medidas, la creación de la Unidad Especial de Investigación y el fortalecimiento
de la persecución penal contra las organizaciones criminales que amenacen la paz y
la convivencia ciudadana.
114. Ahora bien, la supresión de cargos no se presenta en dicho documento como
un fin en sí mismo, sino como el instrumento a través del cual se materializa el principio
de «austeridad inteligente», concebido como el mecanismo para adelantar la
reorganización sin generar costos adicionales al erario. Así lo explica el propio
documento:
«El cumplimiento de estos objetivos misionales y en concordancia con la situación
coyuntural, se requiere una reorganización y redistribución funcional y estructural de
la Fiscalía General de la Nación, bajo el principio de la austeridad inteligente, lo cual
permitirá un manejo más racional de los recursos humanos y materiales, a costo cero
(0).»
115. Bajo esa lógica, el estudio precisa que la reorganización debía financiarse
internamente, mediante la reducción de cargos en los niveles directivo, profesional,
técnico y asistencial que no fueran estrictamente misionales o que se ubicaran en
dependencias administrativas atomizadas, con el fin de fortalecer la planta de fiscales
e investigadores. En ese sentido, el documento explica:
«También es necesario un proceso de reforma institucional que, bajo el principio de la
austeridad estratégica, permita un manejo más racional de los recursos humanos y
materiales mediante el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica [...] Esta
reestructuración es urgente e imperiosa para el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por el Gobierno nacional en el Acuerdo Final».
116. Por otra parte, en lo que respecta a la terminación de las vinculaciones
derivadas de la nueva planta, el estudio técnico es explícito en señalar que los
movimientos de personal no generarían pérdida ni desmejora para quienes ostentaran
derechos de carrera o estuvieran amparados por el retén social:
«De las incorporaciones y movimientos de personal que se realicen como resultado de
la modificación de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, no
generarán para los servidores que ostenten derechos de carrera o estén en retén
social, pérdida o desmejora».
117. Se advierte, sin embargo, que dicha garantía se circunscribió expresamente a
los servidores que ostentaran el derecho, sin que el estudio técnico hubiera previsto
una salvaguarda equivalente para todos los servidores nombrados en provisionalidad.
Para estos últimos —entre quienes se encontraba el señor Germán Enrique Perea
Posada—, la supresión del empleo podía conducir al retiro del servicio, siempre que
obedeciera a razones objetivas de modernización, eficiencia institucional y
necesidades del servicio.
118. En conclusión, el estudio técnico ofreció una justificación amplia y estructurada
23
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de la reorganización de la Fiscalía General de la Nación, soportada en el análisis de
sus procesos misionales y de apoyo, la evaluación de la prestación del servicio y la
revisión de funciones, perfiles y cargas de trabajo, con miras a fortalecer la capacidad
institucional de la entidad en el contexto de la implementación del Acuerdo Final,
particularmente en los territorios más afectados por la criminalidad.
119. Así las cosas, contrario a lo afirmado por el recurrente, la supresión de cargos
que dispuso el Decreto 898 de 2017 no aparece como una decisión aislada o
caprichosa, sino como una medida orientada por los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad, prevalencia del interés general, eficiencia administrativa y
racionalización del gasto, que rigen la función administrativa, conforme al artículo 209
de la Constitución Política.
120. Ahora bien, en relación con la motivación del retiro, debe precisarse que el acto
administrativo, en tanto manifestación unilateral de voluntad de la autoridad en
ejercicio de función pública, debe exponer las razones de hecho y de derecho que
sustentan la decisión, salvo las excepciones que la Constitución o la ley determinen.
Esta exigencia no es meramente formal, pues materializa el debido proceso del
afectado, permite el ejercicio del derecho de defensa y contradicción y hace posible el
control judicial de la decisión, evitando que la administración actúe de manera
arbitraria o discrecional al margen de los fines de la función pública35.
121. Tratándose de empleados nombrados en provisionalidad, tanto la Corte
Constitucional36 como el Consejo de Estado37 han sido enfáticos en que el retiro debe
estar motivado, pues estos servidores, si bien no son titulares de derechos de carrera
administrativa, tampoco pueden ser equiparados a los empleados de libre
nombramiento y remoción. Por ello, su desvinculación debe sustentarse en una razón
objetiva, clara y verificable, relacionada con una causal constitucional o legalmente
admisible.
122. En este punto, es necesario distinguir entre el retiro por declaratoria de
insubsistencia y el retiro por supresión del empleo. Mientras el primero responde a
una decisión administrativa que exige expresar las razones concretas que justifican la
separación del servidor provisional38, el segundo deriva de una modificación de la
planta de personal y constituye una causal autónoma de retiro del servicio, de manera
que la motivación exigible se satisface cuando el acto identifica la supresión del cargo
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2025, radicado: 25000-23-42-
000-2017-05703-01 (4929-2023); sentencia del 29 de octubre de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2017-05846-
02 (1986-2024).
36 Corte Constitucional, sentencias: T-356 de 2008; T-007 de 2008. En esa línea, la sentencia SU-917 de 2010
precisó que los actos de retiro de empleados nombrados en provisionalidad deben estar debidamente motivados,
de manera que la administración exponga una razón suficiente, clara y concreta que permita identificar las
circunstancias de hecho y de derecho que justifican la desvinculación del servidor. En ese sentido, no resultan
admisibles motivaciones genéricas, abstractas o desvinculadas de la situación particular del empleado afectado.
37 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 23 de septiembre de 2010. Radicado: 25000-
23-25-000-2005-01341-02 (883-08).
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2026, radicado: 25000-23-
42-000-2019-00565-01 (3052-2022); sentencia del 29 de enero de 2026, radicado: 76001-23-33-001-2017-00904-
01 (2199-2025); sentencia del 14 de noviembre de 2024, radicado: 73001-23-33-000-2021-00228-01 (6543-2023),
entre otras.
24
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como causa de la desvinculación y esta se encuentra debidamente soportada en el
proceso de reestructuración correspondiente39.
123. En ese contexto, tampoco prospera el argumento que el recurrente sustentó en
la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Martínez Esquivia vs. Colombia. Según afirmó, de acuerdo con ese precedente, la
separación de un fiscal provisional solo puede producirse por el cumplimiento de la
condición resolutoria a la que se sujetó su nombramiento o por faltas disciplinarias
graves o incompetencia comprobada, previo el trámite correspondiente. Sin embargo,
el supuesto examinado en esa oportunidad difiere del presente, pues allí se declaró
insubsistente un nombramiento provisional mediante un acto carente de motivación,
mientras que, en este caso, el retiro no obedeció a una decisión individual y
discrecional de la administración, sino a la supresión del empleo dispuesta por el
artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017, en el marco de una modificación general de
la planta de personal. Por tanto, el precedente invocado no permite equiparar la
supresión del cargo, debidamente soportada, con la remoción arbitraria examinada en
aquella oportunidad.
124. Bajo esas consideraciones, el Oficio 8 del 30 de junio de 2017 no constituyó
una decisión autónoma o desligada del proceso de reestructuración, sino la
comunicación individual de la consecuencia derivada de la supresión del empleo que
desempeñaba el demandante. En efecto, dicho oficio indicó expresamente que el
Decreto Ley 898 de 2017 había suprimido, entre otros, el cargo de fiscal delegado
ante jueces penales del circuito especializados y que, por esa razón, su vinculación
laboral terminaría al finalizar ese día.
125. De esta manera, aunque el actor estaba vinculado en provisionalidad y, por
tanto, su retiro debía estar motivado, dicha exigencia se satisfizo con la indicación de
la causal legal que dio lugar a la desvinculación, esto es, la supresión del empleo. La
administración no estaba obligada a adelantar un juicio individual de desempeño,
idoneidad o conveniencia frente al demandante, pues su retiro no obedeció a una
decisión discrecional de insubsistencia, sino a la modificación de la planta de personal
dispuesta por el Decreto Ley 898 de 201740.
126. Tampoco puede afirmarse que la motivación fuera inexistente por el hecho de
que el oficio no explicara, de manera particularizada, por qué el demandante no fue
incorporado o reubicado en otro empleo. Esa discusión corresponde al análisis sobre
la existencia de un derecho preferente de incorporación, de una condición de especial
protección o de un mejor derecho frente a quienes fueron incorporados, pero no
desvirtúa, por sí misma, la razón objetiva invocada para el retiro, que fue la supresión
legal del cargo.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2025, radicado: 25000-23-
42-000-2017-05846-02 (1986-2024).
40 En similares términos se ha pronunciado esta Subsección: i) sentencia del 28 de septiembre de 2023, radicado:
08001-23-33-000-2017-01401-01 (0601-2021); ii) sentencia del 8 de septiembre de 2023, radicado 25000-23-42-
000-2017-06162-01 (3097-2020); iii) sentencia del 3 de abril de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01
(4929-2023); iv) sentencia del 29 de octubre de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2017-05846-02 (1986-2024).
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127. En ese sentido, al señalarse en el Oficio 8 del 30 de junio de 2017 que el retiro
del servicio obedeció a la supresión del empleo de fiscal delegado ante jueces penales
del circuito especializados ordenada por el Decreto Ley 898 de 2017, es claro que se
indicó la razón de la desvinculación del demandante y bastaba con acudir al texto de
dicha norma para corroborarla. Por tanto, para la Sala, sí se cumplió con el principio
de razón suficiente exigido frente al retiro de empleados en provisionalidad41, en tanto
la supresión del empleo constituye una causal legal de retiro, de conformidad con el
artículo 96, numeral 7, del Decreto 20 de 2014.
128. Ahora bien, en cuanto a la falta de competencia alegada, la Sala advierte que
el Oficio 8 del 30 de junio de 2017 fue suscrito por el subdirector de Talento Humano
de la Fiscalía General de la Nación, pero ello no implica que dicho funcionario hubiera
suprimido el empleo ni que hubiera adoptado autónomamente la decisión de retirar al
demandante del servicio. La supresión del cargo provino directamente del artículo 59
del Decreto Ley 898 de 2017, mientras que la distribución de la planta fue realizada
por la Fiscalía General de la Nación a través de la Resolución 2358 del 29 de junio de
2017, aclarada por la Resolución 2386 del 30 de junio siguiente.
129. En esa medida, la actuación del subdirector de Talento Humano se limitó a
comunicar al demandante la consecuencia derivada de la supresión del empleo que
desempeñaba, función propia de la gestión de personal de la entidad. Por ello, el
hecho de que el oficio hubiera sido suscrito por dicho funcionario no configura la falta
de competencia alegada, pues no fue este quien creó, suprimió, distribuyó o reubicó
empleos dentro de la nueva planta de personal.
130. En consecuencia, no prosperan los reparos relacionados con la ausencia de
motivación y la falta de competencia, porque el Oficio 8 del 30 de junio de 2017
identificó una causal constitucional y legalmente admisible para la terminación de la
vinculación, esto es, la supresión del empleo, y porque la desvinculación no tuvo
origen en una decisión autónoma del subdirector de Talento Humano, sino en la
supresión legal del cargo y en la distribución de la planta efectuada por la autoridad
competente.
3.5.3. Sobre la estabilidad laboral relativa del demandante y la alegada
obligación de incorporación o reubicación
131. Resta por analizar si, dada su vinculación en provisionalidad, el señor Germán
Enrique Perea Posada tenía derecho a ser incorporado o reubicado en la nueva planta
de personal de la Fiscalía General de la Nación, o si acreditó una condición de especial
protección o mejor derecho frente a quienes continuaron vinculados.
41 La sentencia SU-917 de 2010 precisó que los actos de retiro de empleados nombrados en provisionalidad deben
estar debidamente motivados, de manera que la administración exponga una razón suficiente, clara y concreta
que permita identificar las circunstancias de hecho y de derecho que justifican la desvinculación del servidor. En
ese sentido, no resultan admisibles motivaciones genéricas, abstractas o desvinculadas de la situación particular
del empleado afectado.
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132. Sobre este punto, el recurrente sostiene que el Tribunal desconoció la
estabilidad laboral relativa que amparaba al demandante, pues, aunque no era titular
de derechos de carrera, su condición de fiscal nombrado en provisionalidad impedía
que fuera retirado de manera inmotivada o arbitraria. En esa medida, afirma que la
entidad debía verificar la posibilidad de incorporarlo, trasladarlo o reubicarlo en un
empleo igual o semejante, especialmente porque con posterioridad se realizaron
nuevos nombramientos en cargos de fiscal delegado.
133. La Sala precisa que la estabilidad laboral relativa de los servidores nombrados
en provisionalidad no equivale a un derecho de permanencia indefinida ni otorga, por
sí sola, un derecho preferente de incorporación en los procesos de modificación de
planta. Esta garantía exige que el retiro esté fundado en una causal objetiva y
legalmente admisible, pero no desplaza las reglas propias de la supresión de empleos
ni convierte al servidor provisional en titular de los derechos propios de la carrera
administrativa42.
134. Como se expuso, en el régimen especial de la Fiscalía General de la Nación,
el derecho preferencial de incorporación se predica, en principio, de los servidores
inscritos en carrera administrativa, mientras que, conforme a lo señalado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-013 de 2018, la protección reforzada frente a la
reestructuración cobija a quienes acrediten una condición propia del retén social, esto
es, discapacidad, prepensión o calidad de madre o padre cabeza de familia.
135. En el presente asunto, está probado que el señor Germán Enrique Perea
Posada fue nombrado en provisionalidad en el cargo de fiscal delegado ante jueces
penales del circuito especializados y que desempeñó dicho empleo hasta el 30 de
junio de 2017. No obstante, no obra prueba de que estuviera inscrito en carrera
administrativa ni de que, para la fecha de expedición del Decreto Ley 898 de 2017 o
de su retiro, acreditara alguna de las condiciones de especial protección antes
referidas.
136. Por ello, aunque el demandante estaba amparado por una estabilidad laboral
relativa, esta no le confería un derecho subjetivo a ser incorporado o reubicado en la
nueva planta de personal, sino la garantía de que su retiro no fuera arbitrario,
exigencia que, en este caso, se satisfizo con la supresión del empleo dentro del
proceso de reestructuración institucional previamente analizado.
137. De otro lado, tampoco prospera el argumento según el cual la entidad debía
demostrar que las personas incorporadas o nombradas con posterioridad tenían
mejores calidades que las del demandante. Si la parte actora pretendía acreditar un
mejor derecho frente a quienes continuaron vinculados o fueron designados en cargos
equivalentes, le correspondía aportar los elementos de juicio necesarios para
comparar las condiciones de experiencia, formación, requisitos y situación
42 En similares términos se ha pronunciado esta Subsección: i) sentencia del 28 de septiembre de 2023, radicado:
08001-23-33-000-2017-01401-01 (0601-2021); ii) sentencia del 8 de septiembre de 2023, radicado 25000-23-42-
000-2017-06162-01 (3097-2020); iii) sentencia del 3 de abril de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01
(4929-2023); iv) sentencia del 29 de octubre de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2017-05846-02 (1986-2024).
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-06060-01 (4669-2022)
Demandante: Germán Enrique Perea Posada
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
administrativa de tales servidores.
138. En el expediente no obra prueba suficiente que permita concluir que las
personas incorporadas a la nueva planta ocuparon cargos equivalentes al que
desempeñaba el demandante en mejores condiciones jurídicas o con menores
calidades profesionales, ni que el actor tuviera un derecho preferente frente a ellas.
La sola afirmación de que con posterioridad se efectuaron nuevos nombramientos no
demuestra, por sí misma, que la supresión hubiera sido aparente ni que la entidad
estuviera obligada a reincorporarlo.
139. Además, los nombramientos realizados después de la implementación del
Decreto Ley 898 de 2017 no desvirtúan la supresión del empleo del demandante, pues
las vacantes que se generen con posterioridad por renuncia, retiro, insubsistencia u
otras causales legales corresponden a situaciones administrativas distintas al proceso
inicial de redistribución de la planta. Por tanto, no puede concluirse que la existencia
posterior de vacantes hubiera revivido un derecho de incorporación que el actor no
acreditó al momento de la reestructuración.
140. Finalmente, la invocación de garantías de independencia y estabilidad de los
fiscales no modifica la conclusión anterior. Tales garantías impiden retiros arbitrarios,
inmotivados o fundados en razones ajenas al servicio, pero no excluyen la aplicación
de causales legales de retiro, como la supresión del empleo, cuando esta deriva de
una reforma de planta justificada, adoptada mediante una norma con fuerza de ley y
avalada en sede constitucional.
141. En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación no vulneró la estabilidad
laboral relativa del demandante al no incorporarlo o reubicarlo en la nueva planta de
personal, pues el actor no acreditó derechos de carrera administrativa, una condición
de especial protección constitucional ni un mejor derecho frente a quienes fueron
incorporados. Por tanto, este cargo tampoco está llamado a prosperar.
142. En síntesis, no prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante: el Oficio 8 del 30 de junio de 2017 era susceptible de control judicial,
pero la falta de recursos administrativos no vulneró sus derechos de defensa y
contradicción, en tanto pudo acudir directamente ante esta jurisdicción; la solicitud de
inaplicación del artículo 59 y del parágrafo del artículo 61 del Decreto Ley 898 de 2017
no estaba llamada a prosperar, pues dichas disposiciones fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional; y el retiro del servicio estuvo fundado en una
causal legal, objetiva y suficientemente motivada, sin que se acreditara falta de
competencia, una condición de especial protección o un mejor derecho a ser
incorporado o reubicado en la nueva planta de personal. En consecuencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia.
3.6. Conclusión
143. Con fundamento en lo expuesto, no se advierte vulneración de los derechos de
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-06060-01 (4669-2022)
Demandante: Germán Enrique Perea Posada
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
defensa y contradicción del demandante, pues, aunque contra el Oficio 8 de 2017
procedía el recurso de apelación y la entidad no dio oportunidad para interponerlo,
esta omisión no impidió al demandante conocer la causa de su retiro ni controvertir
judicialmente su legalidad.
144. Asimismo, el Oficio 8 del 30 de junio de 2017 se ajusta al ordenamiento jurídico,
pues la desvinculación del demandante obedeció a la supresión de su empleo,
dispuesta en el marco de la modificación de la planta de personal adoptada mediante
el Decreto Ley 898 de 2017, la cual contó con soporte técnico suficiente. En esa misma
línea, se tiene que el actor no acreditó derechos de carrera, una condición de
protección reforzada ni un mejor derecho que obligara a incorporarlo o reubicarlo en
la nueva planta.
145. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
de esta providencia.
3.7. Costas
146. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 43 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 18 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal
43 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-06060-01 (4669-2022)
Demandante: Germán Enrique Perea Posada
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema
de Gestión Judicial Samai. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186
del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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