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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05703-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05703-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 8 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Omar Farut Pedraza Gómez contra la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020- 00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado Electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el 30 Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023) Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez artículo 186 del CPACA. JNFG 31

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-05703-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez
Demandado: Fiscalía General de la Nación

Temas: Retiro del servicio por supresión de cargo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 8 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Omar Farut Pedraza Gómez presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017, con la que
se distribuyeron los cargos de la planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación sin ser vinculado en aquellos que no fueron suprimidos y del Oficio STH 190
del 30 de junio de 2017 que le comunicó la supresión del cargo de profesional
experto.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

solicitó: i) el reintegro al cargo que ocupaba al momento de su desvinculación o a
otro de similar o superior condición y al pago de todos los salarios, prestaciones
sociales, auxilios y demás emolumentos a que tiene derecho, desde la fecha en que
fue retirado del servicio; ii) se declare para todos los efectos legales que no ha
existido solución de continuidad; iii) actualización de las sumas adeudadas de
acuerdo con la variación del IPC; y iv) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Omar Farut Pedraza Gómez ingresó a la Fiscalía General de la Nación como
profesional experto en la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión y Asistencia
nombrado por medio de la Resolución 0-1213 del 5 de junio de 2015, empleo del
cual tomó posesión el 9 de julio siguiente y «ejerció las funciones del cargo con
profesionalismo y entrega, aún más allá de la jornada laboral legal».

3.2. El presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias
otorgadas por el Acto Legislativo 1 de 2016, expidió el Decreto Ley 898 de 2017 con
el objeto de conformar la Unidad Especial de Investigación para el
desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y
masacres o que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos
sociales o movimientos políticos, y al efecto suprimió 86 cargos de profesional
experto.

3.3. En el artículo 63 ibidem, le otorgó facultades al fiscal general de la Nación para
organizar, de acuerdo con las necesidades del servicio, el funcionamiento de las
direcciones seccionales y determinar las Secciones de Fiscalías y Seguridad
Ciudadana, Secciones de Policía Judicial y Secciones de Atención al Usuario
requeridas para fortalecer la gestión investigativa y mejorar la prestación del
servicio.

3.4. En ejercicio de la señalada facultad, el fiscal general expidió la Resolución 2358
del 29 de junio de 2017 por medio de la cual distribuyó los cargos de la planta de
personal de la entidad y en ella se relacionaron, uno a uno, los funcionarios que
harían parte de la nueva planta de personal y determinó la ubicación de dichos
servidores, con la indicación expresa de los nombres, número de cédula, cargo,
dependencia y ubicación laboral, sin que figurara el demandante.

3.5. La citada resolución ubicó en la planta de la entidad a «personas cuestionadas por
la justicia» y con menos experiencia a la de aquel. Sumado al hecho que, dicho acto

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

administrativo careció de un estudio técnico, necesidades del servicio o planes
estratégicos para la verificación de la situación personal y profesional de los
servidores incorporados a la nueva planta ni de aquellos que fueron retirados. La
entidad demandada omitió el análisis de su notorio desempeño profesional, máxime
cuando nunca tuvo una investigación disciplinaria ni penal en su contra.

3.6. El subdirector de talento humano de la Fiscalía General de la Nación mediante
Oficio STH 196 del 30 de junio de 2017 le comunicó la supresión del cargo que
venía desempeñando y desde esa fecha fue retirado de la entidad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 6, 13, 25, 29, 53, 121, 122, 123 y 209 de
la Constitución Política; 2 del Acto Legislativo 1 de 2016; 4 del Decreto Ley 16 de
2016; 96 del Decreto Ley 20 de 2016; 63 del Decreto Ley 898 de 2017; 1, 2, 3, 34,
37, 40 y 42 de la Ley 1437 de 2011; 2, 3, 44 y 46 de la Ley 909 de 2004 y 28 del
Decreto 760 de 2005.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 2:

5.1. Los actos demandados se fundamentaron en una norma inconstitucional y por
lo tanto deben ser inaplicados, en la medida en que el Decreto Ley 898 de 2017
excedió las facultades otorgadas por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016
para dictar normas con fuerza de ley en el marco del llamado fast track. La reforma
estructural de la Fiscalía General de la Nación y en particular la supresión de
numerosos cargos, no tiene relación formal ni sustancial con el Acuerdo de Paz.

5.2. Las decisiones administrativas objeto de reproche son nulas por vulneración del
debido proceso y fueron expedidos con falsa y falta de motivación, por cuanto no se
estableció cuáles eran las necesidades del servicio, los planes o el programa de la
entidad que soportaran la resolución demandada, ni se adelantó un estudio con tal
propósito. Tampoco examinó las hojas de vida de los funcionarios de la planta de
personal, pese a haberse invocado una norma que exigía presentar dicho estudio,
en el que especificara el criterio objetivo veraz y verificable con el que se soportó la
designación de los empleados de la nueva planta de personal, máxime, si se tiene
en cuenta que algunos de ellos no acreditaron el perfil idóneo debido a antecedentes
penales y poca experiencia profesional.

5.3. La Resolución 2358 de 2017 y, en consecuencia, el oficio que le comunicó la
decisión fue expedida en forma irregular y con desconocimiento del debido proceso

2 Samai, índice 4, archivo «ED_C01_01DemandaAdjuntaPoderYAnexos(.pdf) NroActua 4».

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Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

al impedirle «conocer y manifestar su opinión antes de expedir la resolución, y también
omitir adelantar una actuación administrativa ajustada a los parámetros legales y
jurisprudenciales vigentes».

5.4. Por último, los actos demandados están viciados de nulidad por desviación de
las atribuciones propias de la autoridad que los expidió, pues la administración no
contaba con la autorización específica del legislador para efectuar las reformas de
personal de la entidad demandada, y aun cuando el retiro de la función pública se
efectuó en ejercicio de la facultad discrecional dada su condición de empleado
público en provisionalidad, debía fundamentarse en razones del buen servicio.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, por
las razones que se exponen a continuación3:

6.1. La supresión de los cargos se realizó en virtud de la habilitación legal establecida
en el Decreto Ley 898 de 2017, a través de la creación de una planta que posibilitara
la creación de la Unidad Especial de Investigación con el fin de contar con los
recursos institucionales y humanos necesarios para el fortalecimiento en la
prestación del servicio. La supresión resultó proporcional a los hechos que le
sirvieron de causa, pues, precisamente el artículo 59 del aludido decreto incluyó
aquella disposición en aras de la implementación de la nueva estructura del ente
acusador. De ahí que el acto acusado no se trató de una decisión arbitraria, en tanto
obedeció al nuevo rol del ente acusador orientado a contrarrestar las
particularidades de la criminalidad en el posconflicto y fortalecer el ejercicio misional
de la entidad.

6.2. En virtud de lo dispuesto en la sentencia C-013 del 14 de marzo de 2018, la
Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Decreto Ley 898 de 2017 y en
consecuencia declaró exequible la reestructuración efectuada a la planta de
personal de la entidad demandada. En esa medida, la Resolución 2358 de 2017
tiene plena validez, por cuanto no se fundamentó en una norma inconstitucional
como lo indicó el demandante.

6.3. La modificación de la planta de personal reforzó el área misional de la entidad,
valga decir, el ejercicio de la acción penal y la investigación de los hechos que
revisten características de delito. En efecto, con la reducción del nivel directivo y la
implementación de un manejo gerencial del área administrativa, resultó posible

3 Ibidem 2, archivo «ED_C01_07ContestacionDeLaDemandaFiscalíaGeneralDeLaNación(.pdf)
NroActua 4».

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Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

financiar la ampliación de los cargos misionales activos, esto es fiscales e
investigadores distribuidos a nivel nacional.

6.4. Para el cumplimiento de los deberes del ente acusador derivados del acuerdo
final de paz, se requirió de una reorganización del área misional, lo que conllevó el
cambio de la estructura en los niveles estratégicos de apoyo y seguimiento, control
y por ende, el ajuste de la planta de personal a fin de dar respuesta a las
necesidades del postconflicto, sin que el proceso de reestructuración implicara la
ampliación o adición de los recursos del presupuesto en virtud del interés general,
toda vez los cargos suprimidos correspondían, en esencia, a empleos vacantes. De
ese modo, el proceso de reestructuración fue expedido conforme con los principios
que rigen la administración pública y al efecto garantizó la protección legal de los
derechos de los trabajadores.

6.5. Con fundamento en lo anterior, propuso como excepciones inepta demanda en
tanto se presentó contra un «acto administrativo no susceptible de control judicial»,
expedido «bajo el cumplimiento de un deber legal» y genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida el 8 de junio de 2023, negó las pretensiones de la
demanda. Para tal efecto, observó lo siguiente4:

7.1. En providencia del 18 de noviembre de 2021, se denegó la excepción previa de
inepta demanda, en la medida en que el oficio acusado es susceptible de control
judicial, toda vez que su contenido es la manifestación de voluntad al demandante
de retirarlo del cargo, en tanto que los actos de supresión e incorporación en la
planta de personal de la entidad demandada son de carácter general.

7.2. En virtud de las facultades otorgadas al presidente de la República a través del
Acto Legislativo 01 de 2016, se expidió el Decreto Ley 898 de 2017 con el objeto de
«crear al interior de la Fiscalía General de la Nación, […] la Unidad Especial de
Investigación», y al efecto, el artículo 59 ordenó la supresión de 91 empleos de
profesional experto con ocasión del proceso de ajuste institucional, sin que los
movimientos de personal conllevaran la pérdida o desmejora de los derechos de
carrera de los servidores públicos que ostentaran aquella condición.

7.3. La Corte Constitucional en sentencia C-013 de 2018 determinó que la reforma
orgánica y de personal de la Fiscalía General de la Nación estaba destinada a

4 Ibidem 2, archivo «ED_C01_25FalloDePrimeraInstancia(.pdf) NroActua 4».

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Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

fortalecer la capacidad investigativa estatal, por lo que declaró la exequibilidad del
título II del Decreto 898 de 2017, con excepción del artículo 62, bajo el entendido
que se garantizaran los derechos laborales de los trabajadores, la estabilidad laboral
reforzada y el retén social.

7.4. En el sub examine no se acreditó que el demandante se encontraba en una
situación especial de protección como pre pensionado, hombre cabeza de familia,
o en condición de discapacidad, por lo que aun cuando la denominación del empleo
que desempeñaba no desapareció de la planta de personal de la entidad, sí se
redujo ostensiblemente de 165 a 74 y su ejercicio en provisionalidad no le otorgaba
fuero de estabilidad.

7.5. Tampoco prosperó el cargo de nulidad por falsa y falta motivación, toda vez que
las razones o motivaciones de la Resolución 2358 de 2017 y del Oficio 196 de 30
de junio de 2017 son el Acto Legislativo 01 de 2016 y el Decreto Ley 898 de 2017,
que reestructuraron la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación para
efectivizar los Acuerdos de la Habana a través de la creación de la unidad especial
de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas
criminales de homicidios y masacres que atentaran contra defensores de derechos
humanos, movimientos sociales o políticos y que amenazaran o afectaran a quienes
participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de paz.

7.6. Además, con la contestación de la demanda se aportó el documento técnico del
5 de enero de 2015, en el que se observó un extenso análisis de la entidad y una
propuesta detallada de la cual se estableció que la reestructuración del órgano
acusador tuvo como propósito cumplir con los compromisos adquiridos por el
gobierno nacional en el acuerdo de paz para fortalecer la capacidad investigativa y
de judicialización para procesar a quienes atentaran contra los defensores de
derechos humanos, intensificar la persecución penal de las organizaciones
criminales relacionadas con drogas ilícitas y elevar la capacidad institucional para
combatir la impunidad, lo que hacía necesario reducir el número de dependencias
de la dirección de apoyo a la gestión y a su vez implicaba la supresión de cargos de
los niveles directivo, profesional y asistencial.

7.7. En consecuencia, «la supresión del cargo del demandante se produjo desde el
Decreto Ley 898 de 2017 y luego, por medio de la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017
se distribuyeron los cargos de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y
se determinó la ubicación de ciertos servidores de esa institución, por consiguiente, la
norma y el acto administrativo constituyen un conjunto indisoluble de una actuación
compleja que culminó con el oficio por medio del cual se le comunicó al demandante la
supresión del cargo». De este modo, era razonable y acorde con los principios de
economía y eficiencia de la actuación administrativa previstos en el artículo 209

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Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

constitucional, la elaboración de un estudio único para la reestructuración de la
entidad demandada, por ende los actos administrativos objeto de reproche se
profirieron con base en aquel que a su vez consideró la misión constitucional y los
desafíos introducidos para aquella con los acuerdos de paz.

1.4. El recurso de apelación

8. El demandante interpuso recurso de apelación5 y lo sustentó así:

8.1. El a quo omitió pronunciarse frente a los cargos de nulidad planteados contra los
actos acusados por desconocimiento del debido proceso y desviación de poder.

8.2. El fallo de primera instancia desconoció que «el ordenamiento jurídico exige que la
desvinculación de funcionarios en el marco de la redefinición de la planta de personal esté
orientada a satisfacer las necesidades del servicio, los planes, las estrategias y los
programas de la entidad», esto es la debida motivación frente al análisis de los
«funcionarios públicos que integrarían su planta de personal a la luz de los criterios objetivos
previstos en la ley», tal como lo sostuvo el Consejo de Estado en sentencia del 18 de
septiembre de 20146. En efecto, la Resolución 2358 de 2017 no realizó un análisis
comparativo de las competencias laborales, académicas y de experiencia del
personal seleccionado para continuar en el servicio, carga probatoria que le asistía
a la entidad demandada y cuya omisión conllevó a la desviación de poder.

8.3. Si bien el artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017 previó que la supresión debía
garantizar los derechos de las personas beneficiarias del retén social y amparadas
bajo un fuero de estabilidad laboral reforzada, ello en modo alguno significaba que
«no se debía tener cuidado con los derechos de los demás trabajadores, como erradamente
asumió el tribunal, pues también cuentan con cierta estabilidad laboral y su desvinculación
debe adoptarse de manera motivada y bajo parámetros objetivos de valoración de sus
perfiles y hojas de vida», por ende la entidad demandada no actuó en forma
discrecional sino arbitraria.

8.4. La conclusión del fallo impugnado concerniente a que las decisiones
administrativas acusadas se expidieron conforme con el ordenamiento jurídico es
equívoca, comoquiera que la Fiscalía General de la Nación infringió algunas normas
superiores en materia de los procesos de reestructuración, a saber los artículos 63
del Decreto Ley 878 de 2017, 46 de la Ley 909 de 2004, 4 del Decreto 16 de 2014,
numeral 26; y 96 del Decreto Ley 020 de 2014, porque i) se desconoció «la
estabilidad laboral intermedia de los funcionarios en provisionalidad»; y ii) no se adelantó

5 Ibidem 2, archivo «ED_C01_26RecursoApelacionParteActora(.pdf) NroActua 4».
6 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2014, radicación 11001-03-24-000-2008-0176-00.

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Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

ningún análisis, evaluación o estudio de perfiles u hojas de vida.

8.5. El a quo consideró que la motivación de la Resolución 2358 de 2017 fue el
cumplimiento del Acto Legislativo 01 de 2016 y el Decreto Ley 898 de 2017. Sin
embargo, el señalado decreto modificó parcialmente la estructura y la planta de
cargos de la Fiscalía General de la Nación. Así, el fiscal general tenía la facultad de
distribuir, trasladar y reubicar los empleos de acuerdo con las necesidades del
servicio relacionadas con el posconflicto, según el decreto con fuerza de ley
declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-013 de 2018, más
no de suprimir los cargos.

8.6. El a quo confundió el estudio técnico del Decreto Ley 898 de 2017 con el análisis
y evaluación para la expedición de la Resolución 2358 de 2017, pues esta última
requería de una motivación propia, diferente, separada y específica de los perfiles
y hojas de vida de los funcionarios de la entidad que le permitiera distribuir los
cargos y definir la nueva planta de personal.

8.7. Se demostró que la entidad incurrió en desviación de poder, «pues actuó de forma
arbitraria y caprichosa toda vez que los verdaderos motivos detrás de la nueva planta de
personal definida con la Resolución 2358 de 2017 no fue la mejora del servicio como lo
estableció la ley, sino que se expidió por razones de interés y voluntad personal de la
Fiscalía General de la Nación» (sic).

1.5. Trámite en segunda instancia

9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.

2. Consideraciones

2.2. Los problemas jurídicos

10. Se circunscriben a resolver:

10.1. ¿Si la Resolución 2358 de 2017 por medio de la cual el fiscal general distribuyó
los cargos de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación se encuentra
viciada de nulidad por carecer de una debida motivación y de un estudio técnico que
justificara los empleados que debían ser retirados de la entidad?

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Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

10.2. ¿Si el Omar Farut Pedraza Gómez gozaba de una estabilidad laboral intermedia
debido a su condición de empleado público nombrado en provisionalidad?

10.3. ¿El demandante demostró la desviación de poder al afirmar que la entidad
demandada mantuvo dentro de la planta a funcionarios con menor experiencia y
tiempo de servicio?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación
y la supresión del empleo como causal del retiro del servicio

11. Dentro de los denominados sistemas de carrera administrativa especiales de
origen constitucional se previó en el artículo 253 el correspondiente a la Fiscalía
General de la Nación, en el que se facultó al legislador para determinar «[…] lo relativo
a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y
al retiro del servicio […]». A su vez, el artículo 159 de la Ley 270 de 1996 determinó su
naturaleza de régimen autónomo de carrera sujeto a los principios del concurso de
méritos, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades.

12. En desarrollo del mandato constitucional señalado, la Ley 938 de 2004 7 previó la
estructura, competencia de cada dependencia y de los empleos, entidades adscritas
y, en general, todo lo relativo a la administración de personal y régimen de carrera
de la Fiscalía General de la Nación.

13. Con posterioridad, a través de la Ley 1654 de 2013, el Congreso de la República
revistió al presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir
normas con fuerza de ley, dirigidas a «expedir el régimen de carrera especial de la FGN
y de sus entidades adscritas y el de las situaciones administrativas de sus servidores». En
virtud de aquella disposición, el gobierno nacional expidió los decretos 16 de 2014,
que modificó y definió la estructura orgánica y funcional; 17 de 2014, que delimitó
los niveles jerárquicos, modificó la nomenclatura, definió las equivalencias y los
requisitos generales para los empleos; 18 de 2014, que modificó la planta de cargos;
y 20 de 2014, que clasificó los empleos y expidió el régimen de carrera especial de
la entidad.

14. El artículo 2 del citado Decreto 20 de 2014, definió la carrera especial del ente
acusador y de sus entidades adscritas así:

7 «Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación»

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«[…] el sistema técnico de administración de personal que, en cumplimiento de los
principios constitucionales de la función pública, busca garantizar la igualdad de
oportunidades para acceder a los cargos, previa demostración del mérito; proteger
los derechos de los servidores a la estabilidad y permanencia en los mismos;
desarrollar las capacidades técnicas y funcionales del servidor mediante la
capacitación, los estímulos y el ascenso. Así mismo, pretende la eficiencia y eficacia
de la función que cumplen los servidores, evaluada ésta a través del desempeño del
cargo y de las competencias laborales.
[…]».

15. El artículo 5 ibidem atinente a la clasificación de los empleos determinó su
naturaleza de carrera, por regla general y como excepción, de libre nombramiento
y remoción; e indicó en el artículo 11 que los nombramientos son ordinarios, en
período de prueba, provisional y en encargo. Respecto de las causales de retiro de
la función pública se dispuso:

«Artículo 96. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes
desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción o de carrera en la FGN y
en sus entidades adscritas se produce en los siguientes casos:
[…]
7. Supresión del empleo.
[…]
14. Las demás que determinen la Constitución y ley».

16. Esta causal de retiro de retiro del servicio fue definida en el artículo 103 ibidem,
así:

«Supresión del empleo. Los servidores con derechos de carrera a quienes se les
supriman los cargos de los cuales sean titulares tendrán derecho preferencial a ser
incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no
ser posible tendrán derecho a recibir una indemnización.

Cuando la incorporación se realice en un empleo igual, no podrán exigirse requisitos
distintos de los acreditados por los empleados de carrera al momento de su
inscripción o actualización en el Registro Público de Inscripción de Carrera. Una vez
efectuada la incorporación, será actualizada la inscripción en el registro y el servidor
continuará con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión
del empleo.

[…]

En todo caso, no podrá efectuarse supresión de empleos de carrera que conlleve el
pago de la indemnización sin que previamente exista la disponibilidad presupuestal
suficiente para cubrir el monto de tales indemnizaciones.

Parágrafo 2°. No se considera que hubo supresión efectiva del empleo, si como
producto de la modificación de la planta, los cargos de carrera de la nueva planta
son iguales, equivalentes o se distinguen, respecto de los que conformaban la planta
anterior, solamente por su denominación o nivel. En este evento, los titulares con

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derechos de carrera de los anteriores empleos deberán ser incorporados
directamente en la situación en que se encontraban, no se les exigirán requisitos
superiores para su desempeño y se actualizará su inscripción en el escalafón de la
carrera.

El Gobierno Nacional reglamentará el alcance del empleo equivalente para efectos
de la incorporación de los empleados de carrera administrativa, cuando su empleo
se suprima como consecuencia de un proceso de reestructuración o modificación
de la planta de empleos». [Se resalta]

17. La norma transcrita le otorgó el derecho preferente de incorporación a la nueva
planta de personal a los servidores de carrera administrativa y respecto de aquellos
empleados que no ingresaren a la función pública en virtud del mérito, esto es sin
derechos de carrera, el artículo 104 ibidem, salvaguardó a los que se encontraran
en período de prueba con la incorporación al empleo igual o equivalente hasta su
vencimiento, así como de las servidoras en estado de embarazo y en caso que no
fuere posible, la indemnización por maternidad en la cuantía determinada por
aquella disposición.

2.3.2. De la supresión de cargos en la planta de personal de la Fiscalía General
de la Nación en virtud del Acuerdo Final para la paz y el Decreto Ley 898 de
2017

18. El Acto Legislativo 1 de 2016 que estableció los instrumentos jurídicos para
facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo final
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, le
otorgó facultades pro tempore al presidente de la República para expedir decretos
con fuerza de ley tendientes a facilitar y asegurar la implementación y desarrollo
normativo de aquel. En el artículo 2 determinó:

«Artículo 2. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual
quedará así:
Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180 días
siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facultase al
presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido
tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable
y Duradera. Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos
legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes que necesitan
mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para decretar impuestos. Los
decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control
de constitucionalidad automático posterior a su entrada en vigencia. El procedimiento
de revisión de constitucionalidad de estas disposiciones deberá surtirse por parte de
la Corte Constitucional dentro de los dos meses siguientes a su expedición».

19. Con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas por la disposición

11

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

transcrita, el presidente de la República expidió el Decreto Ley 898 del 29 de mayo
de 20178, por medio del cual, entre otras disposiciones, se creó la Unidad Especial
de Investigación y se modificó la estructura del ente acusador y la planta de cargos.
Lo anterior en atención a que el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera le impuso varios retos al ente
investigador, entre los cuales se destacan:

i) fortalecer la capacidad investigativa y de judicialización para procesar a quienes
atenten contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y quienes ejercen
la política, combatir la corrupción, intensificar la persecución penal de las
organizaciones criminales relacionadas con drogas ilícitas;

ii) adelantar procesos de especialización en la etapa de investigación y acusación
para elevar las capacidades institucionales con el fin de combatir la impunidad;

iii) implementar la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de
las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres
que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o
movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen
en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo; y iv) entregar informes a la Jurisdicción
Especial para la Paz sobre los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado.

20. El citado decreto introdujo algunos cambios en materia de estructura y planta de
personal de la Fiscalía General de la Nación, en cuyo título IV dispuso la supresión
de los siguientes empleos de la planta de personal, entre ellos, 91 cargos de
profesional experto, según se observa a continuación:

8 «Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de
Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables
de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos
sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales
que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en
cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su
conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de
la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones».

12

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

NUMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALÍAS
4 CONSEJERO JUDICIAL
291 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS
322 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO
73 FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO
1.101 ASISTENTE DE FISCAL
931 ASISTENTE DE FISCAL
244 ASISTENTE DE FISCAL III
210 ASISTENTE DE FISCAL IV
PLANTA GLOBAL ÁREA ADMINISTRATIVA
6 DIRECTOR NACIONAL II
1 DIRECTOR ESTRATÉGICO
3 DIRECTOR ESTRATÉGICO I
5 DIRECTOR ESPECIALIZADO
3 SUBDIRECTOR NACIONAL
128 SUBDIRECTOR SECCIONAL
8 JEFE DE DEPARTAMENTO
23 ASESOR I
27 ASESOR II
91 PROFESIONAL EXPERTO
94 PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
151 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
27 PROFESIONAL DE GESTIÓN I
95 PROFESIONAL DE GESTIÓN II
221 PROFESIONAL DE GESTIÓN III
11 TÉCNICO I
2 TÉCNICO
11 AUXILIAR I
7 AUXILIAR II
130 CONDUCTOR
140 CONDUCTOR II
1 CONDUCTOR III
2 ASISTENTE I
9 SECRETARIO ADMINISTRATIVO I
7 SECRETARIO ADMINISTRATIVO II
PLANTA GLOBAL ÁREA POLICÍA JUDICIAL
205 PROFESIONAL INVESTIGADOR
62 PROFESIONAL INVESTIGADOR II
143 PROFESIONAL INVESTIGADOR
56 TÉCNICO INVESTIGADOR I
414 TÉCNICO INVESTIGADOR II
321 TÉCNICO INVESTIGADOR III
15 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD I
107 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD II
10 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD III
16 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD IV

13

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

21. Por su parte, el artículo 60 ibidem dispuso la creación de los siguientes cargos
en la planta de personal de la entidad:

NUMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL ÁREA ADMINISTRATIVA
1 DIRECTOR EJECUTIVO
3 DELEGADO
9 DIRECTOR NACIONAL I
6 DIRECTOR ESTRATÉGICO II
8 SUBDIRECTOR REGIONAL
85 ASESOR III
2 ASESOR DE DESPACHO
1 ASESOR EXPERTO
706 TÉCNICO II
PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALÍAS

190 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS
PLANTA GLOBAL ÁREA POLICÍA JUDICIAL
20 INVESTIGADOR EXPERTO

22. Asimismo, el artículo 61 ibidem creó los siguientes cargos para la Unidad
Especial de Investigación:

NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
1 DIRECTOR NACIONAL II
5 PROFESIONAL EXPERTO
5 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
5 PROFESIONAL DE GESTIÓN III
2 PROFESIONAL DE GESTIÓN I
3 FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO

4 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADO

4 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DEL CIRCUITO

5 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS
5 ASISTENTE DE FISCAL I
4 ASISTENTE DE FISCAL II
4 ASISTENTE DE FISCAL III
3 ASISTENTE DE FISCAL IV
5 SECRETARIO EJECUTIVO
2 ASISTENTES I
1 PROFESIONAL INVESTIGADOR II
12 TÉCNICO INVESTIGADOR I
13 TÉCNICO INVESTIGADOR II
3 CONDUCTOR II

23. En los artículos 62 a 67 del Decreto Ley 898 de 2017, se previó i) la continuidad

14

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

en el servicio, esto es el ejercicio de las funciones del empleo en el que los
servidores se encontraran nombrados con la remuneración asignada, hasta tanto
se produjera su incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunicara la
supresión de sus cargos; y respecto de quienes tuvieran causada la pensión, solo
se haría efectiva a partir del ingreso a la nómina de pensionados; ii) el carácter
global y flexible de la planta de cargos, que conllevaba la facultad del fiscal general
de la Nación para «distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de éstas, de
conformidad con las necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la
entidad»; iii) la prohibición de pérdida o desmejora respecto de los servidores con
derechos de carrera como resultado de la incorporación o movimiento de personal;
y iv) la vigencia de las funciones asignadas hasta tanto se distribuyera la nueva
planta de personal y el fiscal general expidiera los actos administrativos necesarios
para la entrada en funcionamiento de la nueva estructura.

24. La Corte Constitucional en sentencia C-013 de 2018 al efectuar la revisión de
constitucionalidad del Decreto Ley 898 de 2017 y en concreto del Título II, sobre la
reorganización administrativa, consideró que la supresión de algunas dependencias
del órgano de investigación y acusación, la fusión y creación de otras, constituyeron
cambios orgánicos cuya competencia fue otorgada por mandato constitucional al
legislador9, y de ningún modo alteró las competencias y facultades constitucionales
de la Fiscalía General de la Nación10.

25. En el examen material del Título IV, relativo a la supresión de 5.737 cargos de la
planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional
determinó que el propósito de la modificación fue reforzar el área misional de la
entidad, en la medida en que se realizó una disminución significativa de los cargos del
nivel directivo, profesional y asistencial que conllevó una reducción en los gastos de
personal con miras al manejo eficiente de los recursos públicos. En tal sentido,
encontró que la reforma institucional perseguía fines constitucionalmente válidos, esto
es los principios de igualdad, eficacia y economía previstos en el artículo 209
constitucional, entre otros.

26. Sin embargo, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 62 ibidem «en el
entendido de que los derechos constitucionales laborales se protegerán de conformidad
con lo expresado en la parte motiva de esta providencia». En relación con este
condicionamiento señaló:

«El artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017 regula la continuidad en el servicio. Se
prevé que los servidores continuarán desempeñando las funciones del empleo en el
cual se encuentran nombrados y devengado su respectiva remuneración, hasta tanto

9 Artículo 253 de la Constitución Política
10 Artículos 249, 250, 251 y 252 Superiores

15

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

se produzca su incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunique la
supresión de sus cargos, aclarando que “La supresión efectiva de los cargos de los
servidores que tienen causada la pensión, se efectuará una vez ingresen en nómina
de pensionados”.

[…]

Sin embargo la Sala considera que dentro del proceso de ajuste institucional que se
surte, resulta necesario preservar los derechos de los trabajadores y la vigencia y
contenido del retén social, en el sentido de asegurar que los hombres y mujeres
cabeza de familia en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional; las
personas que a 29 de mayo de 2017, fecha de expedición del Decreto Ley 898 de
2017, les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la
respectiva pensión; y las personas en condición de discapacidad, respecto de quienes
se suprimen los cargos que venían ocupando, no sufran la afectación de sus derechos
constitucionales. En este sentido, se declarará la exequibilidad condicionada del
artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017, en el entendido que las personas a las que
se ha hecho referencia, cuyos cargos hayan sido suprimidos con ocasión del proceso
de ajuste institucional, deberán ser reubicados o nombrados y posesionados en otro
cargo igual o del mismo nivel de los que se crean o de los que se mantienen en la
FGN».

27. Es así como los procesos de reestructuración de las entidades públicas y las
subsecuentes modificaciones a las plantas de personal, deben ir acompañadas de las
garantías necesarias para proteger los derechos fundamentales del trabajador y muy
especialmente los de aquellos que por su condición personal ven limitadas las
posibilidades de desempeño, como ocurre en el caso de los prepensionados, las
personas en situación de discapacidad y los hombres y mujeres cabeza de familia,
alrededor de los cuales ha sido dispuesto el retén social.

28. En los anteriores términos, la Corte Constitucional encontró ajustado al
ordenamiento superior el Título IV del Decreto Ley 898 de 2017, puesto que atendió
el requisito de conexidad suficiente y superó el juicio de estricta necesidad, por
cuanto se demostró la existencia de una proximidad estrecha entre el objeto
regulado en el texto del Acuerdo Final para la paz y las disposiciones sometidas al
control de constitucionalidad. Sin embargo, fijó un condicionamiento especial para
el retiro de los servidores públicos que hacían parte del retén social y beneficiarios
de la estabilidad laboral reforzada.

2.3.2. Sobre la motivación del acto administrativo de retiro del servicio

29. El acto administrativo es una manifestación unilateral de voluntad emanada de una
autoridad o de un particular en el ejercicio de las funciones administrativas otorgadas
por la Constitución Política y las leyes, mediante el cual se producen ciertos efectos
jurídicos. Por regla general, la administración debe exponer en él los motivos de hecho
y de derecho que sustenta la decisión que contiene para evitar decisiones arbitrarias

16

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

y controlar que las autoridades actúen conforme con el fin de la función pública y
dentro del marco de las normas que autorizan la decisión11. Esta regla admite
excepciones, solo si la Constitución Política o la ley lo determinan12.

30. La motivación del acto administrativo permite su control judicial, materializa el
debido proceso de los afectados al permitirles ejercer su derecho de defensa y
contradicción y debatir las razones que plasmó la administración. También desarrolla
el principio de publicidad contenido en el artículo 209 Constitucional13, por cuanto se
da a conocer a la sociedad y al administrado la decisión y su fundamento, de suerte
que se evitan decisiones arbitrarias por la simple discrecionalidad de la autoridad.

31. En lo que respecta a la motivación de los actos administrativos que disponen el
retiro del servicio de empleados en provisionalidad, la jurisprudencia constitucional ha
considerado que deben ser motivados, puesto que no existe norma que exonere al
nominador de cumplir este requisito14 y no hacerlo contraviene los postulados
antedichos. Además, que es obligatorio porque, aunque no son empleados de carrera
administrativa tampoco son de libre nombramiento y remoción y, por ende, gozan de
una protección intermedia, una estabilidad laboral relativa, que obliga a la sustentación
de su desvinculación15.

32. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2010 manifestó que
es deber de las autoridades motivar tales actos y que tal sustentación debe ser clara,
detallada y precisa en virtud del principio de «razón suficiente» que conlleva que en el
acto administrativo «[…] deben constar las circunstancias particulares y concretas, de hecho
y de derecho, por las cuales se decide remover a un determinado funcionario, de manera que
no resultan válidas aquellas justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que no se
predican directamente de quien es desvinculado».

33. Bajo estos parámetros explicó: «[…] sólo es constitucionalmente admisible una
motivación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva

11 Ver sentencia C-734 de 2000. El artículo 36 de CCA establecía que «Artículo 36.- Decisiones

discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular,
sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los
hechos que le sirven de causa». Actualmente el artículo 44 del CPACA indica «Decisiones
discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular
sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los
hechos que le sirven de causa».
12 En la sentencia C-371 de 1999 se manifestó que «…todos los actos administrativos que no sean

expresamente excluidos por norma legal [o constitucional] deben ser motivados, al menos
sumariamente, por lo cual no se entiende que puedan existir actos de tal naturaleza sin motivación
alguna».
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020,

Radicado: 68001-23-33-000-2013-00611-01(4110-16). Actor: Armando Jaimes Ortiz.
14 T-356 de 2008.
15 T-007 de 2008.

17

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones
disciplinarias, la calificación insatisfactoria “u otra razón específica atinente al servicio que está
prestando y debería prestar el funcionario concreto”».

34. El Consejo de Estado indicó que, a partir de la expedición de la Ley 909 de 2004,
es obligatoria la motivación de los actos administrativos que disponen el retiro de un
empleado en provisionalidad, por cuanto ello «[…] obedece a razones de índole
constitucional que ya la Corte había precisado, y se traduce en la obligación para la
administración de prodigar un trato igual a quienes desempeñan un empleo de carrera, el que
funcionalmente considerado determina su propio régimen, que para los efectos de los
empleados provisionales hace parte de sus garantías laborales, entre ellas la estabilidad
relativa, en la medida en que su retiro del servicio se produce bajo una competencia reglada
del nominador, por causales expresamente previstas (art. 41 Ley 909 de 2004, art. 10 Dec.
1227 de 2005), y que justifican la decisión que debe producirse mediante acto motivado»16.

35. En definitiva, los actos administrativos de retiro de servicio de los empleados
provisionales deben ser motivados por parte de la administración, según los criterios
expuestos.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

36. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:

36.1. Omar Farut Pedraza Gómez fue nombrado profesional experto en la Dirección
Nacional de Protección y Asistencia, por medio de la Resolución 1213 del 25 de
junio de 2015 expedida por el fiscal general de la Nación17 y a partir del 1 de
septiembre de 2016 se le encargó como jefe de esa dependencia18.

36.2. En virtud del Manual específico de funciones y requisitos de los empleados de
la Fiscalía General de la Nación19, numeral 2.3.3, se evidenció dentro del nivel

16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 23 de septiembre de 2010.

Radicado: 25000-23-25-000-2005-01341-02 (883-08),
Esta postura ha sido reiterada por esta sección, entre otras, en las siguientes providencias:
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de
2021.Radicado 66001-23-33-000-2016-00555-01(5295-19).
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2021. Radicado:
05001-23-33-000-2012-00365-02(2358-17).
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de 2021.
Radicado: 25000-23-42-000-2013-01558-02(2184-19).
17 Samai, índice 4, archivo «ED_C01_CD1Folio125ADemandaYAnexos(.zip) NroActua 4».
18 De acuerdo con la Resolución 2582 del 23 de agoto de 2016 (folios 58 y 59) y acta de posesión

del 1º de septiembre de ese año (folio 60).
19 Ibidem 11, folios 89 a 91

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

profesional, 165 empleos de profesional experto.

36.3. En la Resolución 2358 de 29 de junio de 201720, por medio de la cual distribuyó
los empleos que no fueron suprimidos por disposición del Decreto 898 del 29 de
mayo de 2017, expedida por la fiscal general de la Nación se consideró:

«Que mediante el Decreto Ley 898 de 2017, se creó la Unidad Especial de
Investigación para el Desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales
responsables de Homicidio y masacres que atentan contra defensores/as de
derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o
atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido
denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan
lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica
parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de
la entidad y se dictan otras disposiciones.

Que como consecuencia de esta modificación de hace necesario distribuir los cargos
de la Planta adoptada para cada área de la Fiscalía General de la Nación» [Se resalta]

36.4. De acuerdo con la parte resolutiva de este acto administrativo en el que se
dispuso «[d]istribuir los cargos de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación
y determinar la ubicación de los servidores de la entidad […]», se observó el cargo de
profesional experto en las siguientes direcciones de la entidad:

Dirección Número de empleos de
profesional experto creados
Ejecutiva 2
Justicia transicional 1
Especializadas contra la corrupción 3
en investigaciones financieras 3
contra organizaciones criminales 1
Seccionales Antioquia 1
Atlántico 2
Bogotá 1
Córdoba 1
Cundinamarca 1
Santander 1
De comunicaciones 3
De asuntos internacionales 7
De asuntos jurídicos 10
De altos estudios 4
De control interno 2
De comunicaciones 1
De planeación y desarrollo 3

20 Ibidem 11, folios 54 a 75

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

De control disciplinario 3
De políticas y estrategia 4
De protección y asistencia 2
Total 56

36.5. De lo anterior, se establece que de los 56 empleos de profesional experto
reubicados en las correspondientes direcciones de la Fiscalía General de la Nación,
solo dos fueron incorporados en la de protección y asistencia, entre los que no se
encuentra el demandante.

36.6. Con Oficio STH 190 del 30 de junio de 2017, la entidad demandada le informó
«[…] que el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017 suprimió, entre otros cargos, el de
PROFESIONAL EXPERTO que usted desempeña en la Fiscalía General de la Nación,
motivo por el cual su vinculación laboral terminará al finalizar el 30 de junio de 2017 […]»21.

36.7. El 16 de agosto de 201722 solicitó a la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión
información sobre «el estudio o justificación técnica del Decreto ley 898 de 2017, […] los
estudios de diagnóstico, análisis de perfiles de la planta de personal, las cargas laborales y
las necesidades del servicio que sirvieron de base para expedir la Resolución 2358 de
2017», con la indicación, en general, de los criterios para decidir cuáles
profesionales expertos serían desvinculados en virtud de la supresión ordenada por
el gobierno nacional y las copias de las hojas de vida de aquellos funcionarios
reubicados con la resolución acusada.

36.8. Con Oficio STH 20173000024361 del 30 de agosto de 2017 suscrito por el
subdirector de talento humano de la Fiscalía General de la Nación23 indicó:

«[…] En lo que corresponde a las inquietudes relacionad[a]s con las copias auténticas
del estudio que sirvió́ de base para expedir la Resolución N°0-2358 de 2017, los
criterios para decidir los cargos suprimidos, los funcionarios reincorporados y
reubicados, es pertinente informarle que en lo concerniente a los antecedentes
administrativos de la Resolución N° 0-2358 de 2017, toda vez que la misma se
estructuró de conformidad con las facultades constitucionales y legales, que ostenta
el Fiscal General de la Nación en especial las conferidas en el artículo 251, numeral
2 de la Constitución Política, y en el artículo 4°, numeral 22, del Decreto Ley 016 de
2014, para distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de la Entidad.
[…]
Por otra parte, en cuanto al literal c)24 la Fiscalía General de la Nación adecuó el
direccionamiento estratégico a las necesidades del posconflicto y a la construcción

21 Ibidem 11, folio 77
22 Folios 95 a 100
23 Folios 103 a 108
24 El interrogante formulado fue «¿En qué consistió́ , de manera concreta y específica, la necesidad

del servicio para proceder a la desvinculación de cada uno de los profesionales expertos adscritos a
la -para entonces- Dirección nacional de protección y asistencia y en general del nivel central de la
entidad?»

20

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

de una paz estable y duradera. Así́ las cosas, se realizaron algunos ajustes a las
áreas de la Fiscalía General de la Nación de acuerdo con las necesidades de la
Entidad, fortaleciendo de manera inmediata la estructura de la Entidad, en los
términos expuestos en el parágrafo del artículo 25 del Decreto Ley 898 de 2017.

[…]

En este contexto, el Decreto Ley 898 de 2017, ordena a la Fiscalía General de la
Nación suprimir noventa (91) cargos de Profesional Experto, y para tal efecto, se
facultó para comunicar de la supresión a los servidores titulares afectados como
ocurrió́ en el caso de del doctor Ornar Farut Pedraza Gómez. Razón por la cual no
fue incluido en la Resolución No. 0-2358 de 2017, puesto que como se mencionó
anteriormente solo distribuyó la planta de personal de la Entidad.

De igual manera, es necesario que los servidores tengan en cuenta que los
nombramientos en provisionalidad tienen una estabilidad laboral transitoria y sujeta a
la supresión, la cual atiende a la naturaleza del empleo y se encuentra descrita en el
acto administrativo de nombramiento. Lo anterior en concordancia con lo señalado
por la Corte Constitucional25 que se ha pronunciado al respecto» [Se resalta]

Asimismo, la entidad suministró el listado de los servidores nombrados en cada uno
de los cargos de profesional experto y la dependencia donde fueron ubicados, en
donde se observó a los dos reubicados en la Dirección de protección y asistencia
en donde laboró el demandante.

36.9. Estudio técnico denominado «proyecto de organización institucional. Organización
de la Fiscalía de la gente, para la gente y por la gente» del 5 de enero de 2017, en el
cual se realizó un extenso y pormenorizado análisis del gasto fiscal de la entidad y
la propuesta de «austeridad inteligente» a fin de ajustar el accionar misional a los
focos de criminalidad y de apoyar los mecanismos de justicia excepcional para la
transición a la paz y la investigación de los hechos relacionados con el conflicto
armado, así como la disminución de los tiempos de investigación y judicialización
de todos los casos para dar una respuesta adecuada en menor tiempo26.

36.10. En virtud de la prueba decretada a petición de la parte demandante por el
tribunal de instancia en la audiencia inicial realizada el 10 de noviembre de 2022,
atinente al «informe de los profesionales expertos que a 29 de junio de 2017 contaban con
requisitos para pensión y fueron incorporados en las resoluciones 2357 y 2358 de 2017»,
la subdirectora de talento humano de la Fiscalía General de la Nación indicó:

«[…] Si bien se expidieron una serie de actos administrativos para la implementación
de lo dispuesto en el Decreto Ley 898 de 2017, entre estos las Resoluciones 2357 y
2358 de 2017, es de indicar que no fueron expedidos para realizar la incorporación
de servidores, […].

25 Corte Constitucional, sentencia C-640 de 2012 M.P. Calle Correa María Victoria.
26
Folio 188

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

En ese sentido, la expedición de la Resolución 2357 del 29 de junio de 2017, tuvo
como finalidad mantener transitoriamente la planta de personal de la entidad, unos
cargos que ya habían quedado suprimidos por el Decreto Ley 898 de 2017, hasta
tanto quienes los ocupaban, esto es servidores con derechos pensionales eran
ingresados por su fondo o administradora de pensiones a la respectiva nómina de
pensionados, ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Ley
898 de 2017.

[…]

De acuerdo con lo anterior, a los servidores a que se refiere la Resolución 2357 de
2017, por su condición de sujetos de especial protección laboral, se les amparó de
manera transitoria su permanencia en la entidad, mientras eran ingresados en la
nómina de pensionados, sin que dentro de estos se observe alguno que desempeñara
el empleo de “profesional experto”.

De otra parte, en lo que hace relación a la expedición de la Resolución 2358 de 2017,
se debe indicar que en esta se efectuó la distribución de la planta de personal de la
entidad, de los cargos que no fueron suprimidos por el Decreto Ley 898 de 2017, ello
en cumplimiento de la facultad otorgada en el artículo 63 de esta misma preceptiva,
actuación que no puede confundirse con una “incorporación”, ya que cada una de
estas figuras jurídicas tiene un efecto jurídico distinto.

Bajo este enfoque, se informa que una vez revisado el Sistema de Información
Administrativo de la Fiscalía General de la Nación, se constató que los servidores
públicos que desempeñaban el empleo de “profesional experto” a la fecha de 29 de
unió de 2017, y cuyo empleo fue distribuido con la Resolución 2358 de 2017, no
contaban con requisitos para pensión.» (sic) [Se resalta]

2.4.2. Análisis sustancial

36.11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida el 8 de junio de 2023 negó las pretensiones de la
demanda, al considerarse que el demandante ostentaba la condición de empleado
en provisionalidad y no acreditó una situación especial de protección como pre
pensionado, hombre cabeza de familia, o en condición de discapacidad, por lo que
aun cuando la denominación del cargo que desempeñaba no desapareció de la
planta de personal de la entidad, sí se redujo ostensiblemente de 165 a 74 y su
ejercicio en provisionalidad no le otorgaba fuero de estabilidad.

2.4.2.1. Estudio del primer problema jurídico

36.12. La parte recurrente adujo que la Resolución 2358 de 2017 carecía de la debida
motivación, en tanto no realizó un análisis comparativo ni explicó cómo determinó
los servidores que seguirían vinculados a la entidad, es decir el acto acusado no

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Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

expuso las razones por las cuales se excluyó de la planta de personal a unos
funcionarios en provisionalidad, entre ellos, al demandante y porqué prefirió
mantener a otros en esa misma condición.

36.13. Al examinar el aludido acto administrativo, la Sala observa que aquel distribuyó
los cargos de la planta de personal de la entidad, con fundamento en las siguientes
consideraciones:

«[…]
Que mediante el Decreto Ley 898 de 2017, se creó la Unidad Especial de
Investigación para el Desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales
responsables de homicidio y masacres que atentan contra defensores/as de derechos
humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten
contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido
denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan
lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica
parcialmente la estructura de la FGN, la planta de cargos de la entidad y se dictan
otras disposiciones».

36.14. De lo anterior, se extrae que los motivos de la resolución fueron concordantes
con la finalidad que se propuso el gobierno nacional al expedir el Decreto Ley 898
de 2017 y el estudio técnico que le precedió. En efecto, de la revisión de este último
documento se observó un análisis comparativo de las dependencias nuevas y
actuales, las razones que motivaron su modificación, la consolidación y diseño de
la estructura organizacional, el análisis de cargas de trabajo, los perfiles de los
cargos y planta de personal incluido su impacto presupuestal. Todo ello bajo «los
parámetros metodológicos y técnicos exigidos en la Guía de Rediseño Institucional de
Entidades Públicas de julio de 2014, emitida por el Departamento Administrativo de la
Función Pública -DAFP». De manera particular y específica, el estudio al referirse al
área administrativa determinó:

«[…]

7.7 Área Administrativa

La modificación estructural de la Fiscalía necesaria para cumplir con los compromisos
establecidos en el Acuerdo Final, requiere un manejo gerencial del área
administrativa que incluya la tendencia actual de la austeridad inteligente en el sector
público. En este sentido, se propone una reducción en el número de dependencias
de la Dirección de Apoyo a la Gestión, como se mencionó anteriormente, que pasa
de 24 Subdirecciones Seccionales a 8 Subdirecciones Regionales. Como
consecuencia, hay una reducción importante en los cargos del Nivel Directivo,
Profesional y Asistencial (cargos de Auxiliar, Asistente, secretario y Conductor). Esto
incide en la disminución en los gastos de personal (Tabla 34).

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Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

La atomización existente de algunas dependencias tiene como consecuencia la falta
de coordinación y demora en la ejecución de los procesos en la entidad. Con miras a
la optimización de la comunicación interna y mayor articulación entre dependencias,
la parte misional de la Entidad, en cabeza de la Vice Fiscalía General, se organiza en
tres delegadas: La Delegada para la Seguridad Ciudadana, la delegada contra la
Criminalidad Organizada, y delegada para las Finanzas Criminales.

Esta reorganización estructural y el análisis de las cargas laborales, mostraron una
reducción significativa de cargos en todos los niveles, excepto en el Nivel Asesor,
toda vez que los cargos de este nivel serán los encargados de liderar las Secciones
de Fiscalía, Policía Judicial y Atención al Usuario en las 35 Direcciones Seccionales
del territorio Nacional.

La reducción del nivel Directivo, permitirá financiar la ampliación de cargos misionales
activos (Fiscales e Investigadores) que serán distribuidos a nivel nacional, para
aumentar la efectividad de las investigaciones a cargo.

En la Tabla 34, se evidencia la reducción de cargos en 4.706 y la disminución de
gastos de personal total en $495.659.163.645.

Tabla 34. Comparativa planta actual vs planta nueva

PLANTA ACTUAL PLANTA NUEVA
N° NIVEL Costos Total N° Cargos NIVEL Costos Total
Cargos Anual Anual
226 Directivo 61.104.789.156 95 Directivo 30.987.492.740
81 Asesor 15.332.666.460 119 Asesor 27.338.335.949
9.009 profesional 1.472.084.767.3 7.444 profesional 1.223.317.997.437
59
17.163 Técnico 1.351.552.135.1 14.422 Técnico 1.137.640.770.026
30
2.357 Asistencia 105.885.350.408 2.050 Asistencia 91.015.948.718
Total 28.836 - 3.005.959.708.51 24.130 - 2.510.300.544.870

[…]»

36.15. Como puede observarse, el estudio técnico analizó en forma detallada cado
de uno de los diversos componentes necesarios que justificaban el proceso de
reestructuración de la entidad, esto con base en una metodología de diseño
organizacional y ocupacional en consideración de los procesos misionales y de
apoyo; ii) evaluación de la prestación de los servicios; y iii) evaluación de las
funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos y por supuesto, la
focalización en la investigación y el ejercicio de la acción penal orientada al
fortalecimiento de las capacidades de la Fiscalía General de la Nación a nivel
nacional, particularmente, en los territorios más afectados por la criminalidad, todo
ello con ocasión justamente de la implementación del Acuerdo final para la paz.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

36.16. En esa medida y contrario a lo aducido por la parte apelante, se establece que
la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 es consecuente con el Decreto Ley 898
de 2017 y las justificaciones que dieron lugar a la reestructuración de la planta de
personal y la supresión y creación de algunos cargos en la entidad demandada, se
encuentran debidamente justificados, tal como lo consideró el tribunal de instancia.

36.17. Ahora, el demandante pretendía que existiera un estudio técnico particular y
distinto para la expedición de la Resolución 2358 de 2017, en relación con cada uno
de los servidores que serían retirados o incorporados, sin tener en cuenta que a
través de este acto la entidad no hizo cosa distinta que materializar lo dispuesto en
el decreto ley, de manera que expidió un acto por el cual efectuó las modificaciones
necesarias a la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación con el fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el «Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera».

36.18. En esa medida, la modificación de la planta de personal de la entidad
demandada se realizó dentro de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
prevalencia del interés general y los principios de la función administrativa de
economía y celeridad establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política27,
bajo el entendido que dicho proceso de reorganización se fundó en las necesidades
del servicio que le impuso la implementación del Acuerdo de paz y que le permitió
al órgano instructor atender con mayor eficacia los requerimientos de los
ciudadanos y cumplir sus expectativas en materia de justicia en el escenario del
postconflicto.

36.19. El componente económico por el cual se justificó la supresión de ciertos cargos
de profesional experto en la entidad se erigió, justamente, como uno de esos
criterios objetivos que sustentaron la eliminación del cargo que desempeñaba el
demandante, puesto que, el proceso de reorganización institucional estuvo
orientado a potencializar la investigación penal, fortalecer la acción de extinción de
dominio, la creación y puesta en funcionamiento de la Unidad Especial de
Investigación, los ajustes institucionales necesarios para prevenir, investigar y
sancionar las conductas dirigidas a amenazar la paz y la convivencia ciudadana y
enfrentar el fenómeno creciente de las drogas ilícitas. Esto en cumplimiento de la
medida extraordinaria prevista en el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016 que
implicó la supresión del cargo de profesional experto que ejercía el demandante, en
tanto este hacía parte de los empleos administrativos y no propiamente de resorte
judicial para la investigación de las causas penales ligadas al objeto misional de la
entidad.

27
Tal como lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia C-013 de 2018, al realizar el examen
de constitucionalidad del Decreto Ley 898 de 2017.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

36.20. Por lo anterior, no prospera el cargo de la apelación.

2.4.2.2. Estudio del segundo problema jurídico

37.1. Elrecurrente señaló que la entidad demandada infringió las normas que
regularon los procesos de reestructuración en la medida en que se desconoció la
estabilidad laboral intermedia de la que gozaba en su calidad de funcionario en
provisionalidad.

37.2. Al respecto, la Sala señala en primer lugar que si bien es cierto Omar Farut
Pedraza Gómez gozaba de una protección intermedia derivada de una estabilidad
laboral relativa, se configuró una de las causales de retiro del servicio previstas en
artículo 96 del Decreto 20 de 2014, esto es la supresión en virtud del proceso de ajuste
institucional de la entidad, sin que acreditara alguna de las circunstancias que lo hiciera
beneficiario del retén social, de acuerdo con lo previsto por la Corte Constitucional en
la sentencia C-013 del 14 de marzo de 2018. En tal sentido, la administración solo se
encontraba obligada a la sustentación de su desvinculación.

37.3. Dentro de las pruebas aportadas al proceso no existe un acto administrativo
distinto a la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 que distribuyó los cargos de
la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación con ocasión de lo dispuesto
en el Decreto Ley 898 de 2017. Sin embargo, para la Sala en el sub examine sí
existe el acto de retiro del servicio motivado, según pasa a exponerse.

37.4. Si bien no hay un acto administrativo específico que disponga de manera
expresa el retiro de Omar Farut Pedraza Gómez, como se expuso en los acápites
precedentes, este se produjo en virtud del Decreto Ley 898 de 2017, en tanto el
artículo 59 suprimió de la planta de personal 91 cargos de profesional experto, y el
63 facultó al fiscal general de la nación para distribuir, trasladar y reubicar los
empleos, de conformidad con las necesidades del servicio, para el funcionamiento
de la nueva estructura de la entidad.

37.5. De este modo, al señalarse en el Oficio 196 del 30 de junio de 2017 que el retiro
del servicio obedeció a la supresión del empleo de profesional experto ordenada por
el Decreto Ley 898 de 2017, es claro que se indicó la razón de la desvinculación del
demandante y bastaba solo con ir al texto de esa norma para corroborarlo, de tal
manera que para la Sala sí se cumplió con el principio de « razón suficiente» exigido
por la sentencia SU-917 de 2010, en tanto la supresión del empleo es una razón
constitucional y legalmente admisible para disponer el retiro de un empleado en
provisionalidad, por lo que no prospera el cargo del recurso.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

2.4.2.3. Estudio del tercer problema jurídico

38.1. Omar Farut Pedraza Gómez señaló que le correspondía a la demandada probar
que la Resolución 2358 de 2017 se basó en criterios objetivos, esto es el
mejoramiento del servicio, debido a las condiciones técnicas, profesionales y
fácticas de los funcionarios reubicados.

38.2. Pues bien, del contenido del artículo 167 del CGP, se extrae el principio de la
carga de la prueba, en el que se establece que a las partes les incumbe acreditar
los hechos que alegan y constituyen fundamento de sus pretensiones, de tal manera
que ellas soportan las consecuencias de su inactividad, descuido o de su
equivocada actividad probatoria. Entonces, quien afirma un hecho es quien está
obligado a probarlo, de tal manera que es obligación de quien pretenda el
reconocimiento de un derecho, demostrar los hechos que se ponen de presente en
la demanda o en su contestación para soportar las pretensiones o las excepciones de
la defensa, a través de los medios de prueba previstos por el legislador28.

38.3. En esa medida, la aseveración atinente a que la resolución acusada carecía de
criterios objetivos orientados a la mejora del servicio implicaba un ejercicio
probatorio a su cargo, sin que existiera la necesidad de aplicar el principio de
distribución de la carga de la prueba para determinar cuál de las partes en contienda
tenía la obligación de demostrar dicho supuesto fáctico. Si bien alegó que era la
demandada la que tenía mejores condiciones para acreditar que el acto
administrativo acusado se ajustó a los criterios de objetividad, lo cierto es que, el
demandante contó con todos los medios probatorios para acreditar los supuestos
invocados en contra de aquel, de manera que, ha podido acudir a cualquiera de
ellos para lograr el propósito probatorio perseguido.

38.4. Bajo los razonamientos expuestos, no es de recibo la alegación del demandante
referente a que le correspondía a la demandada demostrar que la resolución
acusada se profirió con sujeción a criterios de objetividad, habida cuenta que, desde
el punto de vista normativo y jurisprudencial, esta carga procesal le correspondía
asumirla a la parte demandante, la que en definitiva era la llamada a probar los
hechos o supuestos fácticos en que fundó sus pretensiones y por tanto, a demostrar
la causal de nulidad invocada.

28
Para ese efecto, el artículo 165 del CGP previó los medios de prueba de que se puede disponer
en el marco de un proceso judicial así: «[s]on medios de prueba la declaración de parte, la confesión,
el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos,
los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que
regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías
constitucionales».

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

38.5. En lo referente a que la entidad demandada mantuvo dentro de la planta a
funcionarios con menor experiencia y tiempo de servicio que los del señor Omar
Farut Pedraza Gómez, con lo cual pretende demostrar la desviación de poder con
que actuó la entidad, encuentra la Sala que en el presente caso se demostró que
los señores Óscar Albeiro Vergara Collazos y John Jairo Ramírez Barrero fueron
reubicados en el empleo de profesional experto de la Dirección de Protección y
Asistencia, sin que se allegara elemento de prueba alguno tendiente a desvirtuar el
cumplimiento de los requisitos mínimos académicos y de experiencia para el
ejercicio del empleo, lo que de suyo implicó el estudio de aquellas circunstancias
que generan estabilidad reforzada constitucional en aras de garantizar dicha
prerrogativa respecto de aquellos que la hayan acreditado, sumado a los méritos
académicos, experiencia y demás antecedentes laborales.

38.6. Entonces, comoquiera que los actos administrativos encuentran sustento en
normas de orden constitucional y cobijados por la presunción legalidad, se presume
que el empleador, al elegir los servidores públicos que se incorporaron y los que
son retirados del servicio, tuvo en consideración aspectos como sus méritos
académicos y profesionales, experiencia y antecedentes laborales para tomar una
decisión con el propósito de lograr la prestación de un mejor servicio y, con ello, en
la satisfacción del interés general.

38.7. Es así como le correspondía a la demandante desvirtuar tal presunción, al
acreditar que se le retiró del servicio aun cuando no solo cumplía con los requisitos
mínimos para el ejercicio del empleo, sino mejores condiciones a fin del
mejoramiento del servicio, razón por la cual tampoco se demostró la causal de
desviación de poder alegada, tal como lo consideró el a quo.

2.5. Costas

39. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».

40. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y

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solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

41. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma29.

42. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

43. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte demandada.

3. Conclusión

44. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la decisión acusada no
solo se ajustó al marco constitucional y legal analizado sino que además estuvo
soportado en el estudio técnico realizado por la entidad y que dejó explicita la
necesidad de realizar la modificación de la planta de personal, en especial, la
supresión de cargos administrativos para con base en esos mismos recursos, crear
la Unidad Investigativa Especial y con ello, satisfacer los retos impuestos al ente
acusador por el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera.

45. En consecuencia, aunque el demandante gozaba de una protección intermedia
derivada de una estabilidad laboral relativa, en el presente caso se configuró una
causal legal de retiro del servicio, esto es la supresión del empleo, sin que el
demandante estuviera dentro del retén social.

46. Sumado a ello, se cumplió con el principio de « razón suficiente» para el retiro del
demandante en su condición de empleado en provisionalidad, sin que se
demostrara la falsa motivación o desviación de poder de los actos acusados, ni que
Omar Farut Pedraza Gómez tuviera mejor derecho respecto de los dos funcionarios
que fueron vinculados en el empleo de profesional experto de la Dirección de

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Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

protección y asistencia de la entidad.

47. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 8 de junio de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda.

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 8 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las
pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Omar Farut Pedraza
Gómez contra la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01 (4929-2023)
Demandante: Omar Farut Pedraza Gómez

artículo 186 del CPACA.
JNFG

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