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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00446-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-00446-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00446-01 (0720-2021)
Demandante: Wilfredo Salazar Rivera
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: retiro del servicio por supresión de cargo. Subtema 1: reestructuración de la
Fiscalía General de la Nación con ocasión de la implementación del Acuerdo Final de
Paz. Subtema 2: motivación del acto administrativo que comunica el retiro por
supresión del cargo. Subtema 3: naturaleza del oficio de comunicación de la
supresión y procedencia de recursos administrativos.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, el 18 de septiembre de 2020, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Wilfredo Salazar Rivera acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad del Oficio 278 del 30 de
junio de 2017, mediante el cual la Fiscalía General de la Nación dispuso la supresión
del cargo de profesional de gestión III que desempeñaba, así como la nulidad parcial
del Decreto Ley 898 de 2017, en lo relacionado con la supresión de dicho empleo. A
su juicio, el Oficio 278 estuvo falsamente motivado, pues la supresión habría sido
aparente, no contó con un estudio técnico específico frente a su cargo, y desconoció
sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción, al no permitirle
controvertir administrativamente la decisión.

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00446-01 (0720-2021)
Demandante: Wilfredo Salazar Rivera
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el retiro del demandante tuvo fundamento en la modificación de la
planta de personal dispuesta mediante el Decreto Ley 898 de 2017, la cual estuvo
soportada en el estudio técnico elaborado por la Fiscalía General de la Nación con
ocasión de la implementación del Acuerdo Final. Asimismo, estimó que el actor no
acreditó derechos de carrera administrativa, retén social o alguna condición de
protección reforzada que obligara a su incorporación en la nueva planta.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmará la
sentencia de primera instancia, tras verificar que la supresión del cargo desempeñado
por el demandante hizo parte de un proceso general de reestructuración institucional
técnicamente justificado, que no se acreditó que dicha supresión hubiera sido
simulada o utilizada para encubrir su retiro, y que la ausencia de recursos
administrativos contra el Oficio 278 de 2017 no vulneró sus derechos de defensa y
contradicción.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Wilfredo Salazar Rivera, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 15 de diciembre de
20171, contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, con las siguientes
pretensiones2:

2. Se declare la nulidad del Oficio 278 del 30 de junio de 2017, expedido por la
Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual
se le informó que, en virtud del Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, fue suprimido
el cargo de profesional de gestión III que desempeñaba.

3. Asimismo, pidió que se declare la nulidad parcial del Decreto 898 de 2017, en
lo relacionado con la supresión del cargo de profesional de gestión III que
desempeñaba.

4. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se disponga su reintegro
al cargo de profesional de gestión III en la Dirección Especializada de Policía Judicial
Económica y Financiera (hoy Dirección Especializada de Investigaciones Financieras,
DEIF) de la Fiscalía General de la Nación, o a uno de igual o superior categoría y
remuneración.

5. También pidió que se ordene a la entidad demandada el reconocimiento y pago

1 Mediante auto del 18 de enero de 2018, el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá,

ordenó remitir por competencia en razón de la cuantía, el presente proceso al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda. Samai, índice 62, expediente digital, archivo
“34ED_CUADERNO1_06AUTOORDENAREMITIRC”.
2
Samai, índice 62, expediente digital, archivo “31ED_CUADERNO1_03DEMANDAYANEXOS”, pretensiones
visibles, pp. 1 a 3.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00446-01 (0720-2021)
Demandante: Wilfredo Salazar Rivera
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

de los salarios, aumentos salariales, primas, vacaciones, bonificaciones, prestaciones
sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento de su retiro y
hasta cuando se produzca su reintegro; que dichas sumas sean debidamente
actualizadas e indexadas en los términos del artículo 193 del CPACA; que se declare
que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio, y que la sentencia
se cumpla dentro de los seis meses siguientes a su ejecutoria, so pena del
reconocimiento de los intereses corrientes y moratorios a que haya lugar.

6. De manera subsidiaria, en caso de que no se ordene el reintegro, solicitó que
se disponga el pago de los salarios, aumentos salariales, primas, vacaciones,
bonificaciones, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir
desde su retiro y hasta que se restablezca efectivamente su derecho; el
reconocimiento de las indemnizaciones por la terminación de la vinculación laboral; la
actualización e indexación de las sumas reconocidas, y el pago de los intereses
correspondientes en caso de incumplimiento.

2.1.1. Hechos

7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

8. El señor Wilfredo Salazar Rivera fue nombrado en provisionalidad en el cargo
de profesional de gestión III de la Fiscalía General de la Nación, mediante Resolución
0280 del 5 de febrero de 2016.

9. Mediante Resolución 006 del 31 de marzo de 2016, el demandante fue
asignado al Grupo 4 Financiero Bursátil y Cibercrimen de la Dirección Especializada
de Policía Judicial Económica y Financiera, para desarrollar funciones misionales de
policía judicial.

10. Según afirmó la parte demandante, durante su vinculación con la Fiscalía
General de la Nación, el señor Wilfredo Salazar Rivera desempeñó funciones
misionales de la entidad y obtuvo una calificación semestral de 97,64 puntos sobre
100.

11. El 4 de julio de 2017, el actor fue notificado del Oficio 278 del 30 de junio de
2017, expedido por la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la
Nación, mediante el cual se le comunicó la supresión del cargo de profesional de
gestión III que desempeñaba.

12. Al respecto, la parte demandante argumentó que la supresión del cargo fue
aparente, pues las funciones misionales de policía judicial que desempeñaba el actor
persistieron y fueron asignadas a otros servidores de la entidad.

13. Afirmó que solicitó a la Fiscalía General de la Nación el soporte técnico que
justificó la supresión del empleo y los demás documentos relacionados con su
vinculación laboral, sin que la entidad hubiera dado respuesta a la petición radicada

3

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Demandante: Wilfredo Salazar Rivera
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

el 26 de octubre de 2017.

14. Finalmente, dijo que intentó agotar el requisito de conciliación extrajudicial ante
la Procuraduría General de la Nación, diligencia que fue declarada fallida por falta de
ánimo conciliatorio de la entidad demandada.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

15. La parte demandante invocó como normas vulneradas los artículos 1, 2, 3, 25,
29, 53, 58 y 125 de la Constitución Política; los artículos 1, 3, 4, 7 y 44 del CPACA; el
artículo 27 de la Ley 909 de 2004, así como jurisprudencia de la Corte Constitucional,
del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia
de estabilidad laboral relativa, debido proceso y motivación de los actos
administrativos.

16. Al explicar el concepto de violación, expresó que el Oficio 278 del 30 de junio
de 2017 y el Decreto Ley 898 de 2017, en lo relacionado con la supresión del cargo
que desempeñaba, desconocieron sus derechos al trabajo, al debido proceso, a la
defensa, a la estabilidad laboral relativa y a la igualdad, pues la entidad demandada
dispuso su retiro del servicio sin exponer las razones concretas que justificaban la
supresión del empleo.

17. Destacó que, si bien la supresión de cargos constituye una causal legal de retiro
del servicio, esta debe estar precedida de un estudio técnico que permita verificar la
necesidad real de modificar la planta de personal y de suprimir el empleo
correspondiente. En ese sentido, señaló que, en su caso, la Fiscalía General de la
Nación no acreditó la existencia de dicho soporte técnico ni explicó por qué era
necesario suprimir el cargo de profesional de gestión III que ocupaba en
provisionalidad.

18. Indicó que el acto acusado incurrió en falsa motivación, porque la supresión del
empleo fue aparente, en tanto las funciones misionales de policía judicial que
desarrollaba no desaparecieron, sino que continuaron siendo ejecutadas por otros
funcionarios de la entidad, circunstancia que, a su juicio, demostraba que aquellas
eran necesarias para el servicio y que no existía una justificación real para su retiro.

19. Agregó que, aunque los empleados nombrados en provisionalidad no tienen la
misma estabilidad de quienes acceden al cargo por concurso de méritos, sí gozan de
una estabilidad relativa o intermedia, por lo que no pueden ser desvinculados como si
se tratara de servidores de libre nombramiento y remoción. Por ello, la administración
tenía el deber de motivar adecuadamente la decisión de retiro, con razones reales,
suficientes y relacionadas con las necesidades del servicio.

20. Adujo que se vulneró su derecho de defensa, porque no tuvo la posibilidad de
conocer las pruebas ni las razones de fondo que condujeron a la supresión de su
cargo. En particular, sostuvo que ni el Oficio 278 del 30 de junio de 2017 ni el Decreto

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Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Ley 898 del 29 de mayo de 2017 explicaron los motivos por los cuales surgió la
necesidad de suprimir el empleo y dar por terminada su vinculación laboral.

21. Finalmente, consideró que el acto acusado desconoció las garantías propias
del procedimiento administrativo, en la medida en que no se le informó
adecuadamente sobre los recursos procedentes contra la decisión, con lo cual se
restringió su posibilidad de controvertirla en sede administrativa y se afectaron sus
derechos al debido proceso y a la defensa.

2.2. Contestación de la demanda

22. La Nación, Fiscalía General de la Nación3, a través de apoderado, se opuso a
las pretensiones de la demanda y solicitó que se nieguen en su totalidad, con condena
en costas a la parte demandante.

23. En relación con los hechos, aceptó que el demandante estuvo vinculado a la
entidad entre el 1º de marzo de 2016 y el 30 de junio de 2017; que fue nombrado en
el cargo de profesional de gestión III mediante Resolución 0280 del 5 de febrero de
2016, y que, mediante Oficio 278 del 30 de junio de 2017, se le comunicó la supresión
del empleo que desempeñaba. Frente a los demás hechos, dijo que algunos
correspondían a apreciaciones subjetivas de la parte actora o que debían probarse en
el proceso.

24. A su juicio, la pretensión de nulidad parcial del Decreto Ley 898 de 2017 no
era procedente ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues el control
de constitucionalidad de dicho decreto correspondía a la Corte Constitucional, que
además lo declaró exequible mediante sentencia C-013 de 2018.

25. En cuanto al Oficio 278 del 30 de junio de 2017, indicó que no estaba viciado
de nulidad, porque fue expedido en cumplimiento del Decreto Ley 898 de 2017 y se
limitó a comunicar la supresión del cargo identificado con el ID 26297, el cual
desapareció de la planta de personal de la entidad.

26. Explicó que la supresión del empleo obedeció al proceso de reestructuración
de la Fiscalía General de la Nación, adelantado para ajustar su estructura y planta de
personal a las necesidades del servicio, fortalecer la capacidad investigativa de la
entidad y cumplir los compromisos derivados del Acuerdo Final para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

27. Explicó que la modificación de la planta estuvo precedida del documento
técnico denominado «Organización de la Fiscalía de la gente, para la gente y por la
gente», elaborado con base en la medición de cargas laborales, con el fin de
determinar el número de servidores requeridos para atender las nuevas
responsabilidades de la entidad. Por ello, afirmó que sí se cumplió con la exigencia de
contar con un soporte técnico previo a la supresión de empleos.
3 Samai, índice 62, expediente digital, archivo “44ED_CUADERNO1_16CONTESTACIONDEMAND”.

5

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Demandante: Wilfredo Salazar Rivera
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

28. En relación con la presunta vulneración del derecho de defensa, manifestó que
no existió desconocimiento de las garantías del demandante, porque su retiro no
obedeció a una declaratoria de insubsistencia, sino a la supresión del empleo como
consecuencia de un proceso de reestructuración institucional. Por ello, aunque
reconoció que los empleados nombrados en provisionalidad gozan de estabilidad
laboral relativa, precisó que dicha garantía no impedía la supresión del cargo por
razones del servicio.

29. Finalmente, propuso las excepciones de falta de jurisdicción, inepta demanda
y la genérica.

2.3. Sentencia de primera instancia

30. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante sentencia del 18 de septiembre de 2020, negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante4, en los
siguientes términos:

PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en la primera instancia.

TERCERO: LIQUÍDENSE los gastos ordinarios del proceso, y si hubiere remanentes
DEVUÉLVANSE a la parte actora.

CUARTO: Ejecutoriada la presente sentencia, ARCHÍVESE el expediente del proceso,
previas las anotaciones secretariales correspondientes.

31. Como primera medida, el Tribunal circunscribió el problema jurídico a
determinar si procedía declarar la nulidad del Oficio 278 del 30 de junio de 2017,
mediante el cual se comunicó al actor la supresión del cargo de profesional de gestión
III, por haber sido expedido, según la demanda, con infracción de las normas en que
debía fundarse, falsa motivación y desconocimiento de los derechos de defensa y
estabilidad laboral.

32. En esa línea, explicó que la reestructuración de la entidad tuvo fundamento en
las facultades presidenciales para la implementación de la paz y en la necesidad de
ajustar su estructura y planta de personal a los compromisos derivados del Acuerdo
Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

33. En cuanto al cargo por falsa motivación, el Tribunal indicó que esta causal exige
demostrar que los fundamentos jurídicos del acto no existieron, fueron apreciados
equivocadamente o no coincidían con la realidad al momento de adoptar la decisión.
A partir de ello, concluyó que el oficio acusado sí se encontraba sustentado, pues la

4 Samai, índice 62, expediente digital, archivo “71ED_CUADERNO1_43SENTENCIA”.

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Demandante: Wilfredo Salazar Rivera
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

supresión del empleo tuvo origen en el Decreto Ley 898 de 2017, el cual, a su vez,
estuvo precedido del documento técnico denominado «Organización de la Fiscalía de
la Gente, para la Gente y por la Gente», avalado por el Departamento Administrativo
de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

34. Consideró que la existencia de otros cargos con la misma denominación no
demostraba, por sí sola, que la supresión hubiera sido simulada o falsamente
motivada, pues la reforma no implicó la eliminación absoluta del empleo de profesional
de gestión III, sino la reducción y redistribución de cargos dentro de la planta global
de la Fiscalía, conforme a las necesidades del servicio.

35. Frente a la estabilidad laboral alegada, el Tribunal precisó que el actor estaba
vinculado en provisionalidad y no acreditó derechos de carrera ni una circunstancia
de estabilidad laboral reforzada que le otorgara un derecho preferente de
incorporación. En esa medida, la administración no estaba obligada a reintegrarlo en
la nueva planta, máxime cuando la desvinculación no obedeció a una declaratoria de
insubsistencia, sino a la supresión del cargo en el marco de una reestructuración
institucional.

36. Finalmente, concluyó que el demandante no logró desvirtuar la presunción de
legalidad del acto acusado, pues no se acreditó que la supresión del cargo hubiera
sido aparente, que careciera de soporte técnico o que se hubiera desconocido el
derecho de defensa.

2.4. Recurso de apelación

37. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos5:

38. Dijo que el Tribunal se equivocó al concluir que no se desvirtuó la presunción
de legalidad del acto acusado, porque, aunque la supresión de cargos constituye una
causal legal de retiro, la Fiscalía General de la Nación debía exponer de manera
específica las razones reales que motivaron la desvinculación del demandante, quien
se encontraba nombrado en provisionalidad y gozaba de una estabilidad laboral
relativa o intermedia.

39. En esa línea, indicó que el Oficio 278 del 30 de junio de 2017 no podía
entenderse como un simple acto de ejecución, pues particularizó la situación jurídica
del actor y produjo su retiro del servicio. Por ello, advirtió que la entidad demandada
desconoció su derecho de defensa, al limitarse a comunicar una decisión de contenido
particular, sin permitirle controvertirla en sede administrativa ni exponer una
motivación suficiente.

40. Manifestó que el Tribunal dio por demostrado, sin contar con elementos de
prueba suficientes, que el retiro del actor obedeció realmente a la supresión del cargo.
5 Samai, índice 62, expediente digital, archivo “73ED_CUADERNO1_45OTROS-RECURSODEAPELACION”

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Demandante: Wilfredo Salazar Rivera
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Al respecto, insistió en que la Fiscalía General de la Nación no aportó un estudio
técnico específico que justificara la necesidad de suprimir el empleo que
desempeñaba el demandante, ni demostró que el documento denominado
«Organización de la Fiscalía de la Gente, para la Gente y por la Gente» hubiera sido
elaborado conforme a las directrices del Departamento Administrativo de la Función
Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública.

41. Reconoció que el Decreto Ley 898 de 2017 podía servir como fundamento
general de la reestructuración de la entidad, pero sostuvo que no justificaba, por sí
solo, la desvinculación particular del señor Wilfredo Salazar Rivera. En su criterio, el
retiro del actor requería un soporte técnico específico que explicara la necesidad de
suprimir el cargo que ocupaba, de modo que la ausencia de dicho documento
demostraba la falsa motivación del acto acusado.

42. Finalmente, sostuvo que el Tribunal planteó indebidamente el problema
jurídico, pues centró parte de su análisis en la inexistencia de estabilidad laboral
reforzada, derechos de carrera administrativa o protección derivada del retén social,
pese a que esos aspectos no sustentaron la demanda. A su juicio, lo relevante era
determinar si se justificaba la supresión del empleo ocupado por el actor, quien, pese
a estar nombrado en provisionalidad, desempeñaba funciones misionales de policía
judicial en el Grupo 4 Financiero, Bursátil y Cibercrimen de la Dirección Especializada
de Policía Judicial Económico Financiera, relacionadas con los propósitos del Decreto
Ley 898 de 2017.

43. Con fundamento en lo anterior, reiteró que la supresión del empleo fue
simulada, porque las funciones desempeñadas por el demandante no desaparecieron,
sino que continuaron siendo necesarias para la entidad y fueron asignadas a otros
servidores. Por ello, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y se
accediera a las pretensiones de la demanda.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

44. Mediante auto del 29 de abril de 20216, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en el numeral
3 del artículo 247 del CPACA.

45. A su vez, mediante auto del 28 de octubre de 20217, se ofició a la Fiscalía
General de la Nación para que allegara, con destino a este proceso: i) las órdenes de
trabajo impartidas por la Dirección Especializada de Policía Judicial Económica y
Financiera, PEF (hoy Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, DEIF);
y ii) el soporte técnico elaborado por la entidad para sustentar la desvinculación del
señor Wilfredo Salazar Rivera.

46. La entidad demandada dio respuesta al requerimiento formulado, el 23 de junio

6
Samai, índice 3.
7 Samai, índice 11.

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Demandante: Wilfredo Salazar Rivera
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de 20228.

47. Posteriormente, a través de auto del 1° de diciembre de 20229, el despacho
ponente corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera concepto.

48. La parte demandante10 solicitó revocar la sentencia de primera instancia, al
considerar que el Tribunal no valoró adecuadamente las pruebas que demostrarían
que el señor Wilfredo Salazar Rivera desempeñaba funciones misionales de policía
judicial, especialmente las órdenes de trabajo allegadas en segunda instancia, el
formato de calificaciones parciales y las resoluciones de nombramiento y asignación
funcional.

49. Reiteró que el acto de retiro estuvo falsamente motivado, porque la Fiscalía no
aportó un estudio técnico concreto que justificara la supresión del cargo del
demandante, sino un documento general sobre la reestructuración de la entidad, y
porque presentó como acto de ejecución una decisión particular que afectó su
situación laboral sin permitirle controvertirla en sede administrativa.

50. La Fiscalía General de la Nación11 solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia, al considerar que el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad del
acto acusado ni demostró la infracción normativa, falsa motivación, desconocimiento
del derecho de defensa o estabilidad laboral alegada. Señaló que la supresión de
cargos es una causal legal de retiro y que el actor no acreditó tener derechos de
carrera, estabilidad reforzada, retén social ni mejor derecho frente a quienes fueron
incorporados en la nueva planta.

51. Argumentó que la supresión del cargo tuvo fundamento en el Decreto Ley 898
de 2017 y en el estudio técnico del 5 de enero de 2017, avalado por el DAFP y el
Ministerio de Hacienda, y recordó que el Decreto Ley 898 fue declarado exequible en
la sentencia C-013 de 2018. También citó jurisprudencia del Consejo de Estado sobre
casos similares, según la cual la Fiscalía contaba con un margen de discrecionalidad
relativo para definir los servidores a incorporar, conforme al interés general y las
necesidades del servicio.

52. El Ministerio Público guardó silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

53. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias

8 Samai, índice 25.
9 Samai, índice 29.
10
Samai, índice 36.
11 Samai, índice 37.

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proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

54. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:

55. ¿El Oficio 278 del 30 de junio de 2017, mediante el cual se comunicó al
demandante la supresión de su empleo y su retiro del servicio, constituyó un acto
administrativo de contenido particular y concreto susceptible de control judicial? De
ser así, ¿la imposibilidad de interponer recursos administrativos contra dicho acto
vulneró sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción?

56. ¿El acto acusado está falsamente motivado, al fundamentar el retiro del
demandante en la supresión de su empleo, pese a que, según afirma, dicha medida
no contó con un soporte técnico específico y las funciones misionales que
desempeñaba continuaron siendo ejercidas por la entidad? Asimismo, ¿el estudio
técnico que sustentó la modificación general de la planta fue elaborado conforme a
las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela
Superior de Administración Pública?

57. ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca delimitó adecuadamente el
debate planteado por la parte demandante, pese a que hizo referencia a la ausencia
de derechos de carrera administrativa, estabilidad laboral reforzada o protección
derivada del retén social?

58. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) la supresión de empleos en el marco de la reestructuración de las plantas
de personal; (ii) el régimen especial de carrera especial de la Fiscalía General de la
Nación y la modificación de su planta de personal con ocasión del Decreto Ley 898 de
2017 y (iii) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverán los problemas
jurídicos formulados.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La supresión de empleos en el marco de la reestructuración de las plantas
de personal

59. El ordenamiento jurídico colombiano reconoce que los empleos públicos son,
por regla general, de carrera administrativa, salvo las excepciones previstas en la
Constitución y la ley12. En ese contexto, la permanencia de los servidores inscritos en

12 Constitución Política, artículo 125. «Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se

exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley […]»

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carrera se encuentra sometida tanto a las garantías derivadas de dicho sistema como
a las necesidades del servicio que justifican la organización y reestructuración de la
administración pública.

60. En desarrollo de los principios constitucionales de eficacia, economía y
cumplimiento de los fines estatales, las entidades públicas están facultadas para
adelantar procesos de modificación de sus plantas de personal, siempre que tales
decisiones respondan a necesidades reales del servicio o a propósitos de
modernización institucional13. No obstante, el ejercicio de esta facultad no es
discrecional en términos absolutos, pues debe apoyarse en criterios objetivos y en
estudios técnicos que permitan demostrar la conveniencia y necesidad de la reforma
administrativa14.

61. Dentro de las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de un proceso de
reorganización institucional se encuentra la supresión de empleos, reconocida
legalmente como una causal autónoma de retiro del servicio. Esta figura procede
cuando, como resultado de la reestructuración, fusión, liquidación, traslado de
funciones o modificación de la planta de personal, desaparece el cargo que venía
siendo desempeñado por el servidor público15.

62. Tratándose de empleados inscritos en carrera administrativa, la ley ha previsto
mecanismos de protección orientados a salvaguardar los derechos adquiridos por
quienes accedieron al servicio mediante el mérito. Por ello, la Ley 909 de 2004
prescribe el derecho preferencial a la incorporación en un empleo igual o equivalente
dentro de la nueva planta de personal y, cuando ello no resulte posible, la posibilidad
de optar por la reincorporación o por la indemnización legalmente establecida 16.

63. De igual manera, el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 establece que toda
reforma de planta debe encontrarse debidamente motivada y sustentada en estudios
técnicos elaborados conforme a los parámetros definidos por las autoridades
competentes en materia de función pública. En consecuencia, la legalidad de las
decisiones de supresión de cargos depende de que la entidad demuestre la existencia

13 Constitución Política, artículo 125.«[…] Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.»
14 Corte Constitucional, sentencia T-1701 del 7 de diciembre de 2000; Consejo de Estado, Sección Segunda,

Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2018-00131-01 (2776-2020).
15 Decreto 2400 de 1968, artículo 25, literal C, «La cesación definitiva de funciones se produce en los siguientes

casos: […] Por supresión del empleo […]»; Decreto 1950 de 1973, artículo 105, «El retiro del servicio implica la
cesación en el ejercicio de funciones públicas y se produce […] 2. Por supresión del empleo […]»; Ley 27 de 1992,
artículo 7, «Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de los empleados de carrera, se produce en los
siguientes casos: […] C) Por supresión del empleo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la presente
ley. Ley 909 de 2004, artículo 41, «El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos: […] I) Por supresión del
empleo […].
16 Ley 909 de 2004, artículo 44 «Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la

liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de
funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos de los cuales
sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta
de personal, y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir
indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la
indemnización.»

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de razones objetivas relacionadas con la prestación eficiente del servicio, la
racionalización administrativa o la modernización institucional, y no de propósitos
ajenos al interés general17.

64. Así, la supresión de empleos constituye una herramienta legítima de gestión
administrativa, siempre que se ejerza dentro de los límites fijados por la Constitución
y la ley y se sustente en estudios técnicos que demuestren la necesidad, conveniencia
y razonabilidad de la medida adoptada.

3.3.2. El régimen especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación y la
modificación de su planta de personal con ocasión del Decreto Ley 898 de 2017

65. La Fiscalía General de la Nación cuenta con un sistema de carrera
administrativa de origen constitucional. El artículo 25318 de la Constitución Política
facultó al legislador para determinar lo relativo a la estructura y funcionamiento de la
entidad, al ingreso por carrera y al retiro del servicio. En desarrollo de ese mandato,
el artículo 15919 de la Ley 270 de 1996 precisó su naturaleza como régimen autónomo,
sujeto a los principios del concurso de méritos y orientado a garantizar la igualdad de
oportunidades.

66. En virtud de dicho mandato, la Ley 938 de 200420 reguló la estructura, la
competencia de cada dependencia y de los empleos, las entidades adscritas y, en
general, todo lo relativo a la administración de personal y al régimen de carrera de la
entidad.

67. Posteriormente, mediante la Ley 1654 de 201321, el Congreso de la República
revistió al presidente de facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de
ley, dirigidas a «expedir el régimen de carrera especial de la FGN y de sus entidades
adscritas y el de las situaciones administrativas de sus servidores». En ejercicio de

17 Ley 909 de 2004, artículo 46. «Las reformas de plantas de personal de empleos de las entidades de la Rama

Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en
razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo
demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la
Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP-. El Departamento Administrativo de
la Función Pública adoptará la metodología para la elaboración de los estudios o justificaciones técnicas, la cual
deberá ceñirse a los aspectos estrictamente necesarios para soportar la reforma a las plantas de personal. Toda
modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del
orden nacional deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.»
18 Constitución Política, artículo 253. «La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalia

General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades,
denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y
empleados de su dependencia.»
19 Ley 270 de 1996, artículo 159. « La Fiscalía General de la Nación tendrá su propio régimen autónomo de carrera

sujeto a los principios del concurso de méritos y calificación de servicios, orientado a garantizar la igualdad de
oportunidades para el ingreso, permanencia y ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados que la
conforman. Los cargos de libre nombramiento y remoción, así como los de carrera, serán los previstos en la ley.
[…]»
20 «Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación»
21 «Por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro tempore al Presidente de la República para modificar la

estructura y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y expedir su Régimen de Carrera y
situaciones»

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esa habilitación, el Gobierno Nacional expidió los decretos 1622, 1723, 1824 y 2025 de
2014, que modificaron y definieron la estructura orgánica y funcional de la entidad,
delimitaron los niveles jerárquicos, modificaron la nomenclatura, definieron las
equivalencias y los requisitos generales para los empleos, modificaron la planta de
cargos y, finalmente, clasificaron los empleos y expidieron el régimen de carrera
especial de la entidad.

68. El artículo 2 del Decreto 20 de 2014 definió la carrera especial del ente
acusador como el sistema técnico de administración de personal que, en cumplimiento
de los principios constitucionales de la función pública, busca garantizar la igualdad
de oportunidades para acceder a los cargos previa demostración del mérito; proteger
los derechos de los servidores a la estabilidad y permanencia; desarrollar las
capacidades técnicas y funcionales mediante la capacitación, los estímulos y el
ascenso; y propender por la eficiencia y eficacia de la función pública, evaluada a
través del desempeño del cargo y de las competencias laborales.

69. En lo que respecta a las causales de retiro del servicio, el artículo 96 del mismo
decreto dispuso que el retiro de quienes desempeñan empleos de libre nombramiento
y remoción o de carrera en la FGN y en sus entidades adscritas se produce, entre
otros casos, por la supresión del empleo. Esta causal fue desarrollada en el artículo
10326 ibidem, que reconoció a los servidores con derechos de carrera, cuyos cargos
sean suprimidos, el derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o
equivalente de la nueva planta de personal y, de no ser posible, a recibir una
indemnización.

70. Ahora bien, el marco normativo descrito fue objeto de una modificación
estructural a partir del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera. El Acto Legislativo 01 de 201627 otorgó facultades
temporales al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley
tendientes a facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo de dicho
acuerdo. En ejercicio de esas facultades, el presidente de la República expidió el

22 «Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación»
23 «Por el cual se definen tos niveles jerárquicos, se modifica la nomenclatura, se establecen las equivalencias y

los requisitos generales para los empleos de la Fiscalía General de la Nación»
24 «Por el cual se modifica la planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación»
25 «Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la

Nación y de sus entidades adscritas»
26 Decreto 20 de 2014, artículo 103. «Los servidores con derechos de carrera a quienes se les supriman los cargos

de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la
nueva planta de personal, y de no ser posible tendrán derecho a recibir una indemnización. Cuando la
incorporación se realice en un empleo igual, no podrán exigirse requisitos distintos de los acreditados por los
empleados de carrera al momento de su inscripción o actualización en el Registro Público de Inscripción de
Carrera. Una vez efectuada la incorporación, será actualizada la inscripción en el Registro y el servidor continuará
con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión del empleo. Para los efectos de
reconocimiento y pago de la indemnización de que trata el presente artículo, el tiempo de servicios continuos se
contabilizará a partir de la fecha de posesión como servidor público de la Fiscalía General de la Nación o de sus
entidades adscritas.»
27 «Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el

desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera»

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Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 201728, por medio del cual, entre otras
disposiciones, se creó la Unidad Especial de Investigación y se modificó la estructura
del ente acusador y su planta de cargos.

71. Esa reforma respondió a los retos que el Acuerdo Final impuso al ente
investigador, entre los cuales se destacan: (i) fortalecer la capacidad investigativa y
de judicialización para procesar a quienes atenten contra defensores de derechos
humanos, líderes sociales y quienes ejercen la política, así como combatir la
corrupción e intensificar la persecución penal de las organizaciones criminales
relacionadas con drogas ilícitas; (ii) adelantar procesos de especialización en la etapa
de investigación y acusación para elevar las capacidades institucionales con el fin de
combatir la impunidad; (iii) implementar la Unidad Especial de Investigación para el
desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de
homicidios y masacres que atentan contra defensores de derechos humanos,
movimientos sociales y movimientos políticos; y (iv) entregar informes a la Jurisdicción
Especial para la Paz sobre los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado.

72. En materia de planta de personal, el artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017
dispuso la supresión de un total de 5.737 cargos, entre ellos 221 cargos de profesional
de gestión III.

Número Denominación del cargo
[…]
Planta global área administrativa
6 Director Nacional II
1 Director Estratégico II
3 Director Estratégico I
5 Director Especializado
3 Subdirector Nacional
128 Subdirector Seccional
8 Jefe de Departamento
23 Asesor I
27 Asesor II
91 Profesional Experto
94 Profesional Especializado I
151 Profesional Especializado II
27 Profesional de Gestión I
95 Profesional de Gestión II
221 Profesional de Gestión III
11 Técnico I

28 «Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el

desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que
atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de
la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo
y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su
conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la
planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones».

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2 Técnico III
11 Auxiliar I
7 Auxiliar II
130 Conductor I
140 Conductor II
1 Conductor III
2 Asistente I
9 Secretario Administrativo I
7 Secretario Administrativo II
[…]

Tabla 1. Relación de cargos suprimidos en la planta global del área administrativa de la Fiscalía General
de la Nación

73. Simultáneamente, el artículo 61 ibidem dispuso la creación de nuevos empleos
para la Unidad Especial de Investigación, entre esos, 5 cargos de profesional de
gestión III.

Número Denominación del cargo
1 Director Nacional II
5 Profesional Experto
5 Profesional Especializado II
5 Profesional de Gestión III
2 Profesional de Gestión I
3 Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito
4 Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito
Especializado
4 Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito
5 Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y
Promiscuos
5 Asistente de Fiscal I
4 Asistente de Fiscal II
4 Asistente de Fiscal III
3 Asistente de Fiscal IV
5 Secretario Ejecutivo
2 Asistentes I
1 Profesional Investigador II
12 Técnico Investigador I
13 Técnico Investigador II
3 Conductor II

Tabla 2. Relación de los empleos creados para la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía
General de la Nación

74. Los artículos 62 a 67 del mismo decreto regularon el tránsito entre las dos
plantas. En lo esencial, previeron: (i) que los servidores continuarían desempeñando
las funciones del empleo en el que se encontraran nombrados y devengando su
remuneración, hasta tanto se produjera su incorporación, un nuevo nombramiento o

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se les comunicara la supresión de sus cargos; (ii) que la planta adoptada para cada
área tiene carácter global y flexible, lo que faculta al fiscal general para distribuir,
trasladar y reubicar los empleos de conformidad con las necesidades del servicio; (iii)
que las incorporaciones y movimientos de personal no generarían pérdida ni
desmejora de los derechos de carrera de quienes los ostentaran; y (iv) que el decreto
no identificó individualmente los servidores cuyos cargos serían suprimidos ni quiénes
serían incorporados a la nueva planta, lo cual se concretó posteriormente mediante la
Resolución 2358 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual la fiscal general de la
Nación (E) distribuyó los cargos e individualizó a los servidores vinculados en la nueva
estructura.

75. La Corte Constitucional, en la sentencia C-013 de 201829, ejerció el control
automático de constitucionalidad del Título IV del Decreto Ley 898 de 2017 y concluyó
que las modificaciones realizadas en la planta de personal perseguían fines
constitucionalmente válidos, en tanto propendían por reforzar el área misional de la
entidad mediante la supresión de cargos directivos, la reducción de dependencias
administrativas y la disminución del gasto de personal, todo ello en consonancia con
los principios de igualdad, eficacia y economía previstos en el artículo 209
constitucional. En consecuencia, declaró la exequibilidad de los artículos 59 a 67 del
decreto.

76. No obstante, respecto del artículo 62, la Corte declaró su exequibilidad de forma
condicionada, en el entendido de que los derechos constitucionales laborales debían
protegerse de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esa providencia.

77. En particular, precisó que dentro del proceso de ajuste institucional era
necesario preservar los derechos de los servidores que, por su condición personal,
ven limitadas sus posibilidades de desempeño: los hombres y mujeres cabeza de
familia, las personas a quienes a la fecha de expedición del decreto les faltaran tres
años o menos para cumplir los requisitos para obtener su pensión, y las personas en
condición de discapacidad. Respecto de estos servidores, cuyos cargos hubieran sido
suprimidos con ocasión del proceso de ajuste institucional, ordenó su reubicación o
nombramiento en otro cargo de igual o del mismo nivel de los que se crearon o de los
que se mantuvieron en la FGN, garantizándoles así la estabilidad laboral reforzada
que les asiste en virtud del retén social.

3.4. Hechos probados relevantes para la solución del caso concreto

78. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

79. El señor Wilfredo Salazar Rivera fue nombrado en provisionalidad en el cargo
de profesional de gestión III en la Dirección Especializada de la Policía Judicial

29 Corte Constitucional, sentencia C-013 del 14 de marzo de 2018.

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Económico Financiera, mediante la Resolución 00280 del 15 de febrero de 2016 30.

80. La directora especializada de Policía Judicial Económico Financiera, mediante
Resolución 006 del 31 de marzo de 2016, organizó el personal de esa dependencia y
dispuso que el Grupo Financiero Bursátil y Cibercrimen estaría conformado, entre
otros servidores, por el señor Wilfredo Salazar Rivera31.

81. Wilfredo Salazar Rivera tomó posesión del cargo de profesional de gestión III
de la Dirección Especializada de Policía Judicial Económico Financiera, mediante Acta
271 del 1º de marzo de 201632.

82. El señor Wilfredo Salazar Rivera obtuvo una calificación ponderada de 95,71
por el desempeño de sus funciones como profesional de gestión III de la Dirección
Especializada de Policía Judicial Económico Financiera, correspondiente al periodo
comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 201733.

83. El subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación,
mediante Oficio 278 del 30 de junio de 2017, le comunicó al señor Wilfredo Salazar
Rivera que el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017 había suprimido, entre otros,
el cargo de profesional de gestión III que desempeñaba, razón por la cual su
vinculación laboral terminaría en esa misma fecha34.

84. El documento técnico denominado «Organización de la Fiscalía de la Gente,
para la Gente y por la Gente»35, fechado el 5 de enero de 2017, sustentó la propuesta
de reorganización institucional de la Fiscalía General de la Nación, a partir de la
necesidad de adecuar su estructura orgánica, funcional y de planta de personal a los
compromisos derivados del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera. En dicho estudio se indicó que la reforma
era urgente e imperiosa, pues la estructura existente no resultaba suficiente para
atender los retos del escenario de postconflicto, entre ellos, la creación y puesta en
funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación, el fortalecimiento de la
capacidad investigativa y de judicialización, la persecución penal de organizaciones
criminales que amenazaran la implementación de los acuerdos y la construcción de
paz, el apoyo a los mecanismos de justicia transicional y la investigación de hechos
relacionados con el conflicto armado.

85. Igualmente, se consignó que la reorganización debía adelantarse bajo el
principio de austeridad inteligente, con un manejo racional de los recursos humanos y

30 Samai, índice 62, expediente digital, archivo “30ED_CUADERNO1_02DEMANDAYANEXOS-
ANEXOSDELADEMANDA DOCUMENTORESERVADO”, pp. 4 a 5.
31 Samai, índice 62, expediente digital, archivo “30ED_CUADERNO1_02DEMANDAYANEXOS-
ANEXOSDELADEMANDA DOCUMENTORESERVADO”, pp. 6 a 12.
32 Samai, índice 62, expediente digital, archivo “30ED_CUADERNO1_02DEMANDAYANEXOS-
ANEXOSDELADEMANDA DOCUMENTORESERVADO”, pp. 22.
33 Samai, índice 62, expediente digital, archivo “30ED_CUADERNO1_02DEMANDAYANEXOS-
ANEXOSDELADEMANDA DOCUMENTORESERVADO”, pp. 13 a 14.
34 Samai, índice 62, expediente digital, archivo “30ED_CUADERNO1_02DEMANDAYANEXOS-
ANEXOSDELADEMANDA DOCUMENTORESERVADO”, pp. 15 a 16.
35 Samai, índice 25.

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materiales y a costo cero, de manera que la creación de nuevas dependencias
misionales y el fortalecimiento de cargos de fiscales e investigadores se financiarían
mediante la reducción de gastos de personal en otros niveles y áreas de la entidad.
En esa línea, el estudio propuso disminuir dependencias administrativas y reducir
cargos de los niveles directivo, profesional, técnico y asistencial, especialmente en
áreas administrativas o de apoyo, con el fin de privilegiar la función misional de
investigación y acusación.

86. En relación con la planta de personal, el estudio señaló que la Fiscalía General
de la Nación contaba con 28.836 cargos y que la planta propuesta estaría integrada
por 24.130, lo que representaba una reducción de 4.706 empleos y la consecuente
disminución del gasto anual de personal. En cuanto al nivel profesional, dentro del
cual se encontraba el cargo de profesional de gestión III desempeñado por el señor
Wilfredo Salazar Rivera, el documento indicó que el número total de empleos pasaría
de 9.009 a 7.444. Esta reducción hacía parte de la estrategia de racionalización del
gasto y de financiación de la ampliación de los cargos misionales activos,
principalmente de fiscales e investigadores.

87. El estudio también abordó la reorganización de la estructura misional de la
Fiscalía y consideró que, para mejorar la coordinación interna y evitar la
desarticulación, duplicidad de funciones y tiempos muertos en el trámite de los asuntos
misionales, la entidad debía simplificar su modelo de operación.

88. Finalmente, el documento indicó que las incorporaciones y movimientos de
personal derivados de la modificación de la planta no generarían pérdida o desmejora
para los servidores que ostentaran derechos de carrera o estuvieran amparados por
el retén social. A partir de esa premisa, la reforma contempló la supresión de empleos
como una medida de modernización, eficiencia institucional y redistribución de
recursos, orientada a sacrificar cargos administrativos, de gestión y apoyo, para
priorizar el fortalecimiento de la labor misional de investigación, acusación y presencia
institucional en el territorio nacional.

89. El director especializado de Investigaciones Financieras de la Fiscalía General
de la Nación, mediante constancia del 29 de octubre de 2018, certificó que el señor
Wilfredo Salazar Rivera estuvo vinculado en provisionalidad a la entidad desde el 1º
de marzo de 2016 hasta el 30 de junio de 2017, en el cargo de profesional de gestión
III, adscrito a la entonces Dirección Especializada de Policía Judicial Económico
Financiera, PEF, hoy Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, DEIF,
con sede en Bogotá36.

90. En la misma constancia se indicó que el cargo tenía asignadas funciones de
policía judicial y actividades relacionadas con la planeación, organización y ejecución
de procesos de la dependencia, la participación en comités y reuniones, la
consolidación y análisis de indicadores, la resolución de peticiones y consultas, la
elaboración de informes técnicos y de gestión, así como el manejo del archivo
36 Samai, índice 62, expediente digital, archivo “49ED_CUADERNO1_21ANTECEDENTESADMINI”, pp. 35 a 37.

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documental y la aplicación de directrices del Sistema de Gestión Integral. Además, se
señaló que al servidor se le asignaron labores de análisis y recuperación de
información digital, inspecciones, entrevistas, búsquedas en bases de datos de
acceso público, individualización e identificación de personas, y asesoría en asuntos
relacionados con su profesión.

3.5. Caso concreto

91. En el asunto bajo análisis, la controversia se centra en determinar si el retiro
del señor Wilfredo Salazar Rivera del cargo de profesional de gestión III de la Fiscalía
General de la Nación, con ocasión de la supresión del empleo que desempeñaba, se
ajustó al ordenamiento jurídico o si, por el contrario, estuvo afectado por falsa
motivación, debido a la alegada ausencia de un soporte técnico específico y a que las
funciones que ejercía habrían continuado siendo necesarias para la entidad.

92. El Tribunal consideró que el acto acusado se encontraba amparado por la
presunción de legalidad, en tanto la supresión del cargo tuvo fundamento en el
Decreto Ley 898 de 2017 y en el documento técnico denominado «Organización de la
Fiscalía de la Gente, para la Gente y por la Gente», elaborado como soporte de la
reorganización institucional de la entidad. Asimismo, estimó que la existencia de otros
cargos con la misma denominación no demostraba que la supresión hubiera sido
simulada, pues la reforma implicó la reducción y redistribución de empleos dentro de
una planta global y flexible.

93. En el recurso de apelación, la parte demandante cuestionó que el Tribunal
hubiera centrado parte del análisis en la inexistencia de derechos de carrera,
estabilidad reforzada o retén social, cuando, a su juicio, el eje de la controversia era
la falsa motivación del acto acusado y la ausencia de un soporte técnico específico
frente al cargo desempeñado por el actor. Igualmente, reiteró que el Oficio 278 del 30
de junio de 2017 no podía entenderse como un simple acto de ejecución, pues
particularizó la decisión de retiro y produjo la terminación de su vinculación laboral, sin
permitirle controvertirla en sede administrativa.

94. En ese contexto, y de cara a resolver los problemas jurídicos planteados, la
Sala adoptará la siguiente metodología: en primer lugar, estudiará si la naturaleza del
Oficio 278 del 30 de junio de 2017 y la forma en que se comunicó el retiro
desconocieron los derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción de la
parte demandante; en segundo lugar, analizará si la supresión del cargo estuvo
soportada en una justificación técnica suficiente o si, por el contrario, se configuró la
falsa motivación alegada; y, en tercer lugar, delimitará el alcance del recurso de
apelación y el debate sometido a decisión.

3.5.1. El derecho de defensa y contradicción frente al acto de comunicación de
la supresión del empleo

95. El recurrente aduce que el Oficio 278 del 30 de junio de 2017 no podía

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entenderse como un simple acto de ejecución, pues a través de este se particularizó
su situación jurídica y se produjo la terminación de su vinculación laboral. En esa
medida, sostiene que la Fiscalía General de la Nación vulneró sus derechos al debido
proceso, a la defensa y a la contradicción, al comunicarle el retiro sin concederle la
posibilidad de controvertir administrativamente la decisión.

96. Para resolver este cargo, es necesario examinar si el Oficio 278 del 30 de junio
de 2017 fue, en efecto, el acto que definió de manera particular y concreta la situación
jurídica del señor Wilfredo Salazar Rivera y si, por tanto, respecto de este debía
garantizarse la posibilidad de controversia administrativa.

97. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación37 ha precisado que no es
posible establecer una regla general y única sobre los actos demandables en los
procesos de reestructuración administrativa que implican supresión de cargos, pues
la jurisprudencia ha adoptado posiciones disímiles según las particularidades de cada
caso: en ocasiones se ha entendido que el acto de contenido general de supresión es
el demandable; en otras, que lo es el acto de incorporación que define quiénes
permanecen en la nueva planta; y en otras más, que el oficio de comunicación
individual, lejos de ser un mero acto de trámite, constituye en sí mismo el acto que
extingue la relación laboral, en aplicación de la teoría del acto integrador reconocida
por la Corte Constitucional.

98. En el proceso de reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, mediante
la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017, aclarada por la Resolución 2386 del 30
de junio de 2017, se distribuyeron los cargos de la entidad y se determinó la ubicación
de los servidores que continuarían vinculados, de manera que quienes no fueran allí
relacionados debían entender suprimido su empleo. Sin embargo, en el presente caso
no obra prueba en el expediente que dichas resoluciones hubieran sido citadas,
notificadas o puestas en conocimiento del demandante; el único acto que consta es el
Oficio 278 del 30 de junio de 2017, mediante el cual la Fiscalía General de la Nación
le informó directamente que, en virtud del Decreto Ley 898 de 2017, el cargo de
profesional de gestión III que desempeñaba había sido suprimido y que su vinculación
laboral terminaría al finalizar ese día.

99. Bajo estas circunstancias, aunque en principio hubiera sido la Resolución 2358
de 2017 la que definiera la situación jurídica del demandante —en la medida en que
su nombre no aparece relacionado en ella—, lo cierto es que fue el oficio demandado
fue el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación asumió y comunicó
directamente esa consecuencia, convirtiéndolo en el instrumento que, en la práctica,
extinguió la relación laboral del demandante.

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 1.º de febrero de 2007, rad. 52001-23-31-000-2002-00598-

01 (5208-05); 3 de mayo de 2007, rad. 25000-23-25-000-2000-00008-01 (2585-04); 23 de septiembre de 2007,
rad. 25000-23-25-000-2002-10626-01 (2228-04); 13 de diciembre de 2007, rad. 50001-23-31-000-2001-04499-01
(4499-05); 17 de abril de 2008, rad. 50001-23-31-000-2001-00383-01 (4297-05); 3 de abril de 2008, rad. 17001-
23-31-000-2005-00868-01 (1823-07), y 21 de mayo de 2009, rad. 05001-23-31-000-2002-01506-01 (0851-08). Más
recientemente esta Subsección, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado 68001-23-33-000-2017-01438-01
(1612-2023).

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Demandante: Wilfredo Salazar Rivera
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

100. Así las cosas, le asiste razón al recurrente cuando afirma que el Oficio 278 del
30 de junio de 2017 no era un simple acto de ejecución, pues, en efecto, fue el acto
que particularizó su situación jurídica y produjo la terminación de su vinculación
laboral.

101. Sin embargo, de esa naturaleza no se sigue la consecuencia que el recurrente
pretende derivar. La supresión del cargo del demandante no obedeció a una decisión
discrecional del subdirector de Talento Humano que lo suscribió, sino a la aplicación
de la causal prevista en el artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017. Por tanto, aunque
contra dicho acto procedía el recurso de apelación, el superior únicamente podía
verificar si esa disposición había sido aplicada correctamente al caso concreto, pero
no modificar ni dejar sin efectos la supresión dispuesta por una norma con fuerza de
ley.

102. Con todo, la falta de oportunidad para interponer el recurso de apelación no
impidió que el demandante controvirtiera judicialmente la legalidad de su
desvinculación. En efecto, el artículo 161, numeral 2, del CPACA dispone que no es
exigible el agotamiento de los recursos administrativos cuando la administración no
dio oportunidad de interponerlos. En consecuencia, el demandante podía acudir
directamente a la jurisdicción, posibilidad que ejerció mediante la presentación de la
demanda que dio origen al presente proceso.

3.5.2. Sobre la suficiencia del soporte técnico de la supresión y la alegada
simulación del retiro

103. Superado el análisis relativo a la naturaleza del Oficio 278 del 30 de junio de
2017 y establecido que, aunque dicho acto particularizó la situación jurídica del
demandante, la ausencia de recursos administrativos no vulneró sus derechos de
defensa y contradicción, corresponde ahora examinar si la causal invocada para su
retiro, esto es, la supresión del empleo que desempeñaba, tuvo fundamento real y
suficiente en el proceso de reestructuración de la Fiscalía General de la Nación.

104. La Sala analizará si la modificación de la planta de personal adoptada mediante
el Decreto Ley 898 de 2017 contó con soporte técnico suficiente y si, en el caso
concreto, la supresión del cargo de profesional de gestión III fue una consecuencia
real de dicha reorganización o, como lo sostiene el recurrente, una medida aparente,
carente de justificación específica y desvirtuada por la continuidad de las funciones
misionales de policía judicial que ejercía.

105. En ese contexto, debe recordarse que la motivación del acto administrativo
permite conocer las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión, habilita
su control judicial y evita que la administración actúe de manera arbitraria. Esta
exigencia adquiere especial relevancia tratándose del retiro de servidores nombrados
en provisionalidad, quienes, aunque no son titulares de derechos de carrera, gozan

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Demandante: Wilfredo Salazar Rivera
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

de una estabilidad laboral relativa que impide su desvinculación inmotivada38.

106. Sin embargo, cuando el retiro se produce como consecuencia de la supresión
del empleo dentro de un proceso de modificación de planta, la motivación no se
analiza bajo los mismos parámetros de una declaratoria de insubsistencia, pues en
este escenario corresponde verificar si la causal invocada —la supresión del cargo—
tuvo respaldo normativo y técnico suficiente, y si no fue utilizada de manera aparente
o desviada para encubrir una decisión distinta.

107. Bajo ese marco, resulta necesario precisar el contexto normativo y técnico en
el que se produjo la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, a fin de
establecer si la supresión del cargo desempeñado por el demandante respondió a una
decisión real de reorganización institucional o si, por el contrario, se configuró la falsa
motivación alegada.

108. Dicho esto, se recuerda que el Acto Legislativo 01 de 2016 estableció
instrumentos jurídicos destinados a facilitar y asegurar la implementación y el
desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera. Asimismo, otorgó al presidente de la
República facultades temporales para expedir decretos con fuerza de ley orientados
a ese propósito.

109. Con fundamento en dicha habilitación, se expidió el Decreto Ley 898 del 29 de
mayo de 2017, por medio del cual, entre otras disposiciones, se creó la Unidad
Especial de Investigación, se modificó parcialmente la estructura de la Fiscalía
General de la Nación y se ajustó su planta de cargos.

110. En materia de planta de personal, el artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017
dispuso la supresión de 5.737 cargos, entre ellos, 221 empleos de profesional de
gestión III, denominación que correspondía al cargo desempeñado por el
demandante.

111. Sobre el particular, es conveniente reiterar, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012,
que las reformas de planta de personal deben estar motivadas, fundarse en
necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y
apoyarse en justificaciones o estudios técnicos elaborados por las respectivas
entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública
y de la Escuela Superior de Administración Pública.

112. En ese contexto, la Fiscalía General de la Nación elaboró el documento técnico
«Organización de la Fiscalía de la gente y por la gente», el cual consolidó la propuesta
de reorganización institucional del ente investigador y sirvió de fundamento para las

38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2025, radicado: 25000-23-42-

000-2017-05703-01 (4929-2023); sentencia del 29 de octubre de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2017-05846-
02 (1986-2024).

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Demandante: Wilfredo Salazar Rivera
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

modificaciones adoptadas mediante el Decreto Ley 898 de 2017.

113. Del referido estudio técnico se advierte que este justifica la reestructuración de
la Fiscalía General de la Nación como una medida urgente e imperiosa para cumplir
los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz, bajo la premisa de que la
estructura previa de la entidad no era idónea para atender los retos del postconflicto.
Con tal propósito, el estudio contempla, entre otras medidas, la creación de la Unidad
Especial de Investigación y el fortalecimiento de la persecución penal contra las
organizaciones criminales que amenacen la paz y la convivencia ciudadana.

114. Ahora bien, la supresión de cargos no se presenta en dicho documento como
un fin en sí mismo, sino como el instrumento a través del cual se materializa el principio
de «austeridad inteligente», concebido como el mecanismo para adelantar la
reorganización sin generar costos adicionales al erario. Así lo explica el propio
documento:

«El cumplimiento de estos objetivos misionales y en concordancia con la situación
coyuntural, se requiere una reorganización y redistribución funcional y estructural de
la Fiscalía General de la Nación, bajo el principio de la austeridad inteligente, lo cual
permitirá un manejo más racional de los recursos humanos y materiales, a costo cero
(0).»

115. Bajo esa lógica, el estudio precisa que la reorganización debía financiarse
internamente, mediante la reducción de cargos en los niveles directivo, profesional,
técnico y asistencial que no fueran estrictamente misionales o que se ubicaran en
dependencias administrativas atomizadas, con el fin de fortalecer la planta de fiscales
e investigadores. En ese sentido, el documento explica:

«También es necesario un proceso de reforma institucional que, bajo el principio de la
austeridad estratégica, permita un manejo más racional de los recursos humanos y
materiales mediante el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica [...] Esta
reestructuración es urgente e imperiosa para el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por el Gobierno Nacional en el Acuerdo Final».

116. Específicamente en relación con el nivel profesional —al que pertenecía el
cargo desempeñado por el demandante—, el estudio técnico aporta cifras concretas:
la planta existente, de 9.009 cargos, se proyectó reducir a 7.444 en la nueva planta.
Como ya se indicó, esta disminución se justificó como fuente de financiación para la
ampliación de los cargos misionales activos (fiscales e investigadores). Al respecto,
se señala:

«Se propone una reducción en el número de dependencias de la Dirección de Apoyo
a la Gestión (...) que pasa de 24 Subdirecciones Seccionales a 8 Subdirecciones
Regionales. Como consecuencia, hay una reducción importante en los cargos del Nivel
Directivo, Profesional y Asistencial (...) La reducción del nivel Directivo permitirá
financiar la ampliación de cargos misionales activos (Fiscales e Investigadores) que
serán distribuidos a nivel nacional, para aumentar la efectividad de las investigaciones
a cargo».

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Demandante: Wilfredo Salazar Rivera
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

117. En ese contexto de reorganización, la parte misional de la entidad, en cabeza
de la Vicefiscalía General, se reestructuró en tres delegadas: la Delegada para la
Seguridad Ciudadana, la Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Delegada
para las Finanzas Criminales. Fue precisamente en el marco de esta última
reorganización que la Dirección Especializada de Policía Judicial Económico
Financiera (PEF), dependencia en la que laboraba el demandante, pasó a depender
de la Delegada para las Finanzas Criminales, con el propósito declarado de simplificar
los procesos, mejorar la efectividad y eliminar subdirecciones independientes que
generaban «tiempos muertos».

118. Por otra parte, en lo que respecta a la terminación de las vinculaciones
derivadas de la nueva planta, el documento es explícito en señalar que los
movimientos de personal no generarían pérdida ni desmejora para quienes ostentaran
derechos de carrera o estuvieran amparados por el retén social:

«De las incorporaciones y movimientos de personal que se realicen como resultado de
la modificación de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, no
generarán para los servidores que ostenten derechos de carrera o estén en retén
social, pérdida o desmejora».

119. Sin embargo, dicha garantía se circunscribió expresamente a dichos
servidores, sin que el estudio técnico hubiera previsto una salvaguarda equivalente
para los servidores nombrados en provisionalidad. Para estos últimos —entre quienes
se encontraba el señor Wilfredo Salazar Rivera —, el estudio avala la terminación del
servicio como consecuencia directa de la supresión del cargo, por razones de
modernización y eficiencia institucional.

120. En conclusión, el estudio técnico ofreció una justificación amplia y estructurada
de la reorganización de la Fiscalía General de la Nación, soportada en el análisis de
sus procesos misionales y de apoyo, la evaluación de la prestación del servicio y la
revisión de funciones, perfiles y cargas de trabajo, con miras a fortalecer la capacidad
institucional de la entidad en el contexto de la implementación del Acuerdo Final,
particularmente en los territorios más afectados por la criminalidad.

121. Así las cosas, la supresión de cargos que dispuso el Decreto 898 de 2017 no
aparece como una decisión aislada o caprichosa, sino como una medida orientada
por los criterios de razonabilidad, proporcionalidad, prevalencia del interés general,
eficiencia administrativa y racionalización del gasto, que rigen la función
administrativa, conforme al artículo 209 de la Constitución Política.

122. Ahora bien, el Oficio 278 del 30 de junio de 2017, mediante el cual se comunicó
al demandante la supresión del cargo de profesional de gestión III que desempeñaba,
no constituyó una decisión autónoma o desligada del proceso de reestructuración
previamente analizado, sino la concreción, frente a su situación particular, de la
modificación de la planta dispuesta mediante el Decreto Ley 898 de 2017.

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Demandante: Wilfredo Salazar Rivera
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

123. Bajo esa perspectiva, no le asiste razón al demandante cuando sostiene que la
supresión careció de soporte técnico. Como se expuso, la modificación de la planta
respondió a un proceso de reorganización institucional previamente justificado. Si bien
el actor reclama un estudio individualizado sobre el empleo que ocupaba, tratándose
de una reforma general de planta, el soporte técnico se predica de la modificación en
su conjunto y no de cada servidor afectado39.

124. Tampoco la ausencia de una constancia independiente que certifique que el
estudio técnico fue elaborado conforme a las directrices del Departamento
Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración
Pública permite concluir que estas fueron desconocidas. El documento examinó la
estructura y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, sus procesos
misionales y de apoyo, las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo, y justificó la
reforma en razones de modernización institucional, eficiencia administrativa y
racionalización del gasto. La parte demandante no aportó elementos que desvirtuaran
su suficiencia.

125. Esta conclusión se acompasa con lo resuelto por la Corte Constitucional en la
sentencia C-013 de 2018, mediante la cual se examinó la constitucionalidad del
Decreto Ley 898 de 2017. En dicha decisión, la Corte avaló la reestructuración de la
Fiscalía como una medida urgente e imperiosa para atender los compromisos del
Acuerdo Final de Paz, ante la necesidad de que la entidad fortaleciera su presencia
territorial frente al fenómeno criminal que ocupó los espacios dejados por las FARC.
Sobre esa base, validó que la creación de la Unidad Especial de Investigación y de
las nuevas delegadas requería un reacomodamiento institucional a costo cero, lo que
suponía necesariamente la supresión de cargos administrativos y de gestión.

126. De otro lado, no se configura la alegada simulación del retiro por el hecho de
que algunas de las funciones misionales que ejercía el demandante hubieran
continuado siendo desarrolladas por la entidad. En los procesos de modificación de
planta, y en particular tratándose de una planta de carácter global, en los términos del
artículo 63 del Decreto Ley 898 de 2017, la subsistencia de determinadas funciones
no implica necesariamente la permanencia del empleo que las tenía asignadas, pues
estas pueden ser redistribuidas entre distintos cargos y dependencias, de acuerdo con
las necesidades del servicio y la nueva estructura institucional.

127. A ello se suma que la reestructuración comportó una modificación efectiva de
la dependencia y del cargo que ocupaba el demandante, lo que hacía más exigente
la carga probatoria que le correspondía. No bastaba con señalar que algunas
funciones subsistieron, sino que debía acreditar que el empleo permaneció
materialmente inalterado o que la supresión fue utilizada para retirarlo y reemplazarlo
por otro servidor. Esa demostración no tuvo lugar. Por el contrario, el expediente da
cuenta de que la desvinculación obedeció a la supresión de empleos de la misma

39 En similares términos se ha pronunciado esta Subsección: i) sentencia del 28 de septiembre de 2023, radicado:

08001-23-33-000-2017-01401-01 (0601-2021); ii) sentencia del 8 de septiembre de 2023, radicado 25000-23-42-
000-2017-06162-01 (3097-2020); iii) sentencia del 3 de abril de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2017-05703-01
(4929-2023); iv) sentencia del 29 de octubre de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2017-05846-02 (1986-2024).

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Demandante: Wilfredo Salazar Rivera
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

denominación dentro de un proceso general de reorganización institucional,
sustentado en el estudio técnico que sirvió de soporte al Decreto Ley 898 de 2017.

128. Por las razones expuestas, no prospera el cargo de falsa motivación, pues la
supresión del empleo estuvo técnicamente sustentada y no se acreditó que hubiera
sido simulada para encubrir el retiro del demandante.

3.5.3. Sobre la pertinencia del análisis relativo a la carrera administrativa, el retén
social y la estabilidad reforzada

129. Finalmente, corresponde resolver el reparo según el cual el Tribunal habría
desviado el debate al referirse a la ausencia de derechos de carrera, estabilidad
laboral reforzada o retén social, pese a que, en criterio del recurrente, la controversia
se centraba en la falsa motivación del acto acusado, la ausencia de soporte técnico
específico y la vulneración de sus derechos de defensa y contradicción.

130. La Sala no comparte ese cuestionamiento. En la demanda, el señor Wilfredo
Salazar Rivera invocó las reglas jurisprudenciales relativas a la estabilidad intermedia
de los empleados nombrados en provisionalidad, con el propósito de sostener que no
podía ser retirado del servicio sin una motivación suficiente ni tratado como un servidor
de libre nombramiento y remoción, argumento que fue reiterado en el recurso de
apelación.

131. En esa medida, las consideraciones del Tribunal sobre la inexistencia de
derechos de carrera, retén social o estabilidad laboral reforzada no resultaban ajenas
al debate, pues guardaban relación directa con el alcance de la protección que el
demandante alegó tener por su condición de empleado provisional y con la eventual
obligación de la entidad de incorporarlo en la nueva planta de personal.

132. En relación con esas garantías, la Corte Constitucional destacó en la sentencia
C-013 de 2018 que, si bien el Decreto Ley 898 de 2017 suprimió formalmente más de
5.700 cargos, en la práctica solo 254 servidores fueron desvinculados definitivamente
de la entidad. Este grupo estaba integrado por personas que no ostentaban derechos
de carrera administrativa ni se encontraban amparadas por el retén social, lo que
evidencia que la desvinculación efectiva se concentró en quienes no contaban con
esas protecciones.

133. En el mismo pronunciamiento, la Corte condicionó la exequibilidad del artículo
62 del Decreto Ley 898 de 2017, en el sentido de que, ante la supresión de un cargo,
la administración debía reubicar al servidor afectado en un empleo de igual o similar
nivel cuando acreditara alguna de las condiciones propias del retén social, esto es,
ser madre o padre cabeza de familia, tener una condición de discapacidad o
encontrarse en situación de prepensionado. Asimismo, confirmó que los movimientos
de personal derivados de la reestructuración no podían generar pérdida o desmejora
para quienes ostentaran derechos de carrera administrativa, en los términos del
artículo 64 del mismo decreto.

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134. De lo anterior se sigue que la Corte Constitucional no cuestionó la validez de la
supresión de cargos como mecanismo de reestructuración, sino que centró su análisis
en las garantías que debían preservarse frente a los servidores afectados. En ese
marco, la protección especial quedó vinculada a dos supuestos: la existencia de
derechos de carrera administrativa o la acreditación de alguna de las condiciones
propias del retén social. Por fuera de esos eventos, la reestructuración no generaba
un derecho automático de incorporación para quienes ocupaban cargos en
provisionalidad.

135. En el presente caso, el señor Wilfredo Salazar Rivera fue vinculado en
provisionalidad mediante la Resolución 280 del 15 de febrero de 2016, por lo que no
era titular de derechos de carrera administrativa. Tampoco se acreditó que, para el 29
de mayo de 2017, estuviera amparado por alguna condición propia del retén social.
Por ello, la referencia del Tribunal a la ausencia de estas garantías resultaba
pertinente para descartar que el actor se encontrara dentro de los supuestos que
imponían a la administración un deber especial de incorporación o reubicación.

136. Lo anterior no significa que el demandante careciera de estabilidad por su
condición de empleado provisional. Sin embargo, esa estabilidad no se traduce en un
derecho a permanecer en el cargo frente a una causal legal de retiro ni impide que la
vinculación termine cuando el empleo es suprimido. En estos casos, la garantía
consiste en que la medida esté debidamente motivada y sustentada y no encubra una
finalidad distinta, exigencias que fueron satisfechas en el presente asunto.

137. De este modo, el Tribunal no incurrió en incongruencia ni desatendió el debate
planteado, pues examinó la estabilidad relativa alegada por el actor en armonía con
la causal de retiro invocada por la administración y con las garantías que debían
preservarse dentro del proceso de reestructuración.

138. En esas condiciones, no prospera el recurso de apelación interpuesto por el
demandante. Su retiro estuvo debidamente motivado y no fue simulado. Aunque
contra el Oficio 278 del 30 de junio de 2017 procedía el recurso de apelación, la falta
de oportunidad para interponerlo no le impidió controvertir directamente la legalidad
de su desvinculación ante esta jurisdicción. En consecuencia, se confirmará la
sentencia de primera instancia.

3.6. Conclusión

139. Con fundamento en lo expuesto, no se advierte vulneración de los derechos de
defensa y contradicción, pues, aunque el Oficio 278 de 2017 particularizó la situación
jurídica del actor, la ausencia de recursos administrativos no le impidió conocer la
causa de su retiro ni controvertir judicialmente la legalidad de la medida.

140. Asimismo, el Oficio 278 del 30 de junio de 2017 se ajusta al ordenamiento
jurídico, en tanto la terminación de la vinculación del señor Wilfredo Salazar Rivera
tuvo origen en la supresión del cargo de profesional de gestión III, dispuesta en el

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marco de la modificación de planta adoptada mediante el Decreto Ley 898 de 2017,
la cual contó con soporte técnico suficiente. Además, no se acreditó que la supresión
hubiera sido aparente, simulada o utilizada para encubrir su retiro, ni que el
demandante tuviera derechos de carrera o una condición de protección reforzada que
obligara a su incorporación en la nueva planta.

141. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
de esta providencia.

3.7. Costas

142. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 40 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 18 de septiembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones

40 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Demandante: Wilfredo Salazar Rivera
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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