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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01401-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01401-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. – Revocar la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Juan Luis Mendoza Martelo contra la Fiscalía General de la Nación y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. - Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2017-01401-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

28 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001233300020170140101(0601-2021)
Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Temas: Reestructuración administrativa / supresión de cargos

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 9 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico que accedió a las pretensiones de la demanda y dispuso el reintegro del
demandante al cargo de fiscal delegado ante tribunal de distrito y pagar los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del retiro del
servicio.

Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Juan Luis Mendoza Martelo presentó demanda en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017
por medio del cual se distribuyeron los cargos de la planta de personal de la
Fiscalía General de la Nación y el Oficio STH 17 del 30 de junio de 2017 que le
comunicó la supresión del cargo de fiscal delegado ante el tribunal de distrito
judicial.

1
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001233300020170140101(0601-2021)
Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo

Como restablecimiento del derecho solicitó que i) se ordenara su reintegro al
cargo que ocupaba en el momento de su desvinculación o a otro de similar
condición y al pago de todos los salarios, prestaciones sociales, auxilios y demás
emolumentos a que tiene derecho, desde la fecha en que fue retirado del servicio;
ii) se reconociera el pago debidamente indexado con base en el índice de precio al
consumidor de acuerdo con lo previsto en el artículo 187 del CPACA; iii) se
condenara en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes2:

El demandante se vinculó al cargo de fiscal delegado ante el tribunal de distrito
Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana- Atlántico
mediante nombramiento provisional a través de la Resolución 1150 del 26 de junio
de 2014.

Mediante oficio 17 del 30 de junio de 2017, la Subdirección de Talento Humano de
la Fiscalía General de la Nación le comunicó que el Decreto Ley 898 del 29 de
mayo de 2017 suprimió, entre otros, el cargo de fiscal delegado ante tribunal de
distrito que desempeñaba en la entidad, motivo por el cual su vinculación laboral
terminaba en la misma fecha de la comunicación.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 3, 5, 13, 25, 53, 113, 114, 121, 123,
125, 150 y 250 de la Constitución Política; 3, 5 y 41 de la Ley 909 de 2004, 2 del
Acto Legislativo 1 de 2016; 8 y 10 del Decreto 1227 de 2005 y Ley 1654 de 2013.

En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos3:

El Decreto Ley 898 de 2017 solo buscó crear y conformar la Unidad Especial de
Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales
responsables de homicidios y masacres contra defensores/as de derechos
humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o
atenten contra personas que participaron en la implementación de los acuerdos y
la construcción de la paz, de manera que, la creación de tal unidad implicó una
restructuración del ente intervenido, no así, la supresión de los cargos que ya

2
Folio 3
3 Folios 5 al 21

2

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Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo

estaban creados para establecer una nueva estructura y una planta distinta de un
ente que no hace parte de la justicia especial para la paz, ni tiene como objeto la
actividad orientada a cumplir con la ordenación del artículo 22 de la Constitución
Política.

El Decreto Ley 898 de 2017, expedido por el presidente de la República en
ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 2 del Acto
Legislativo 1 de 2016, carece de motivación suficiente que sustente la reforma
estructural de la planta de personal de la FGN, circunstancia causada en razón a
que el acuerdo final de paz en ninguna de sus apartes reguló aspecto alguno
referido a la reestructuración de la entidad, como sí ocurrió con la creación y
conformación de la unidad Especial de Investigación. En esa medida, confundió el
aludido decreto el fortalecimiento de la capacidad investigativa de la entidad con la
restructuración, la modificación de la planta y la supresión de cargos, situación que
encuentra su explicación en la imposibilidad del ejecutivo de sustentar unas
actividades que no tienen soporte en el acuerdo final para la paz.

El mencionado decreto, en su artículo 59, suprimió de la planta de personal 73
empleos de fiscal delegado ante tribunal de distrito, y mediante Resolución 2358
del 29 de junio de 2017 se distribuyeron 134 cargos de esa misma naturaleza, de
manera que, realmente no existió supresión del cargo que desempeñaba el actor;
sumado al hecho que, con posterioridad a la expedición de la resolución en
comento, no se expidió el acto de reincorporación a la que tenía derecho el
demandante de acuerdo con las normas que regulan los procesos de
reestructuración y modificación de las plantas de personal.

El decreto bajo estudio no contó con el estudio técnico ordenado por la ley, con
toda la metodología de diseño en el que se recopilara la información relacionada
con las funciones, perfiles y cargas de trabajo del recurso humano existente en la
planta de personal que permitiera establecer la necesidad de la supresión de los
empleos.

1.2. Contestación de la demanda

La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
por las razones que se expresan a continuación4:

Con el Decreto Ley 898 de 2017 se creó en la entidad la Unidad de Investigación
para el desmantelamiento de homicidios y masacres que atentan contra
defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o

4 Folios 70 al 105

3

Radicado: 08001233300020170140101(0601-2021)
Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo

que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación
de los acuerdos y la construcción de la paz, que incluye la organizaciones
criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus
redes de apoyo en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de paz.

La modificación de la planta de personal refuerza el área misional de la entidad, al
privilegiar los procesos que permitan materializar la misión constitucional del ente
acusador a través de la ejecución de actividades de investigación y acusación, fue
así como se designaron 500 fiscales para poder llegar a los territorios en el
posconflicto; se privilegió la presencia de fiscales en 151 municipios. En
consecuencia, la reducción de algunos cargos y la redefinición de la planta fue el
canal que permitió reforzar la función principal de la entidad, valga decir, el
ejercicio de la acción penal y la investigación de los hechos que revisten
características de delito, de manera que, se logró mayor presencia institucional
gracias a la redistribución de recursos sin costo fiscal, lo que hizo posible
incrementar el número de fiscales delegados ante jueces municipales y
promiscuos a cambio de la supresión de cargos directivos en el nivel central.

La supresión de los cargos se realizó en virtud de la habilitación legal que le dio el
Decreto Ley 898 de 2017 y con ella se generó el cumplimiento de las finalidades
trazadas en dicha norma, a través de la creación de una planta que posibilitara la
creación de la Unidad Especial de Investigación y con el fin de contar con los
recursos institucionales y humanos necesarios. Para el cumplimiento de los
deberes del ente acusador derivados del acuerdo final de paz, se requirió de una
reorganización del área misional, lo que conllevó el cambio de la estructura en los
niveles estratégicos de apoyo y seguimiento, control y por ende el ajuste de la
planta de personal a fin de dar respuesta a las necesidades del postconflicto.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 9 de septiembre de
2019 accedió a las pretensiones de la demanda y dispuso el reintegro del
demandante al cargo de fiscal delegado ante tribunal de distrito y pagar los
salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha del retiro del
servicio.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:

El Decreto Ley 898 de 2017, dispuso la supresión de 73 cargos de fiscal delegado
ante tribunal de distrito de los 193 que habían sido creados a través del Decreto

5 Folios 338 al 344

4

Radicado: 08001233300020170140101(0601-2021)
Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo

18 del 9 de enero de 2014, de manera que, en la planta global de la Fiscalía
General de la Nación debían quedar un total de 120. Sin embargo, la Resolución
2358 de 2017 ordenó distribuir 137 cargos de fiscal delegados ante tribunal de
distrito, es decir, 17 empleos más de los mencionados, lo que permite inferir que la
supresión no correspondió a los 73 empleos registrados en el mencionado
decreto.

La Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 como el Oficio 17 STH del 30 de junio
de esa anualidad están viciados de nulidad por falsa motivación en tanto se
fundamentaron en que el cargo del demandante había sido suprimido, lo que en
efecto no ocurrió, motivo por el cual declaró su nulidad.

1.4. El recurso de apelación

La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación6 y lo sustentó así:

Mediante Resolución 2357 del 29 de junio de 2017, la entidad mantuvo
transitoriamente 21 de los 73 cargos suprimidos de fiscal delegado ante tribunal de
distrito por encontrarse en reten social hasta tanto fueran ingresados en nómina
de pre pensionados por la administradora de pensiones, de manera que, una vez
se generara la vacancia, se entendería suprimido el cargo inmediatamente. En
síntesis, se hizo efectiva la supresión de 52 cargos de fiscal delegado ante tribunal
entre los cuales se encontraba el del demandante y de esa manera se dio cabal
cumplimiento al Decreto 898 de 2017, en su artículo 59.

La entidad no expidió acto administrativo de incorporación, reincorporación ni de
nombramiento en el proceso de implementación de la planta, solo expidió los
oficios de comunicación de los cargos que el Decreto 898 de 2017 suprimió. En
esa medida, los 73 cargos que se suprimieron se ajustaron a lo señalado en el
decreto ley, a la sentencia C-13 de 2018 y a los criterios de conveniencia, todas
bajo el marco de discrecionalidad relativa.

Debido a la supresión del alto cargo que desempeñaba el demandante, permitió la
creación de 182 nuevos empleos de fiscal local a cero costos, con los cuales fue
posible que se hiciera presencia institucional en zonas apartadas del país y
cumplir con la finalidad de la norma habilitante, esto es la implementación del
acuerdo final y la construcción de una paz estable y duradera.

El hecho que el a quo, al realizar el conteo de los cargos distribuidos en la

6 Folios 351 al 371

5

Radicado: 08001233300020170140101(0601-2021)
Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo

Resolución 2359 de 2017, encontrara que existe un número superior a lo
establecido en el Decreto Ley 898 de 2017, no es prueba que determine que la
entidad no dio cumplimiento a la planta que dispuso el gobierno nacional, pues no
se desvirtuó que no haya cumplido con la supresión de los cargos de fiscal
delegado ante tribunal de distrito. En efecto, el cargo de fiscal delegado ante
tribunal de distrito identificado con el código ID22981, empleo que era el ocupado
por el demandante fue suprimido tal como se demostró con la certificación que se
aportó.

De otra parte, los argumentos de la demanda y del concepto de la violación se
sustentaron en el acuerdo de paz, el Acto Legislativos 1 de 2016 y el Decreto Ley
898 de 2017, pero no en la Resolución 2358 de 2017, de manera que la falsa
motivación y la falta de motivación la predicó respecto de aquellas normas distinta
de la aludida resolución al manifestar que el ejecutivo usurpó funciones del
legislador, que se extralimitó en la autorización legal y que existió insuficiencia de
motivación para modificar la planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación.

1.5 Pronunciamiento en segunda instancia

La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto en el
presente asunto

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿se encuentra demostrado que el cargo
de fiscal delegado ante tribunal de distrito identificado con el código ID22981 que
ocupaba el demandante en la FGN fue suprimido? y ¿el demandante probó que el
Decreto Ley 898 de 2017 por medio del cual se creó en la FNG la Unidad Especial
de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas
criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra
defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos
políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz y que dispuso la

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Radicado: 08001233300020170140101(0601-2021)
Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo

supresión de 73 cargos de fiscal delegado ante tribunal de distrito, entre los cuales
se encuentra el que ocupaba el actor, esta viciado de nulidad por carecer de una
motivación suficiente y de un estudio técnico que justificara la supresión del
aludido empleo?

2.2. Marco normativo

Régimen de carrera administrativa en la FGN

Por medio de la Ley 1654 de 2013 el Congreso de la República revistió al
presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas con
fuerza de ley, dirigidas a «expedir el régimen de carrera especial de la FGN y de
sus entidades adscritas y el de las situaciones administrativas de sus servidores».
En desarrollo de tal facultad, profirió el Decreto Ley 20 de 2014 por el cual se
clasificaron los empleos y se expidió el régimen de carrera especial de la Fiscalía
General de la Nación y de sus entidades adscritas. Respecto de las causales de
retiro dispuso:

«Artículo 96. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes
desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción o de carrera en la FGN y
en sus entidades adscritas se produce en los siguientes casos:

[…]

7. Supresión del empleo.
[…]

14. Las demás que determinen la Constitución y ley».

Supresión de cargos en la Fiscalía General de la Nación en virtud del Decreto
Ley 898 de 2017.

El Acto Legislativo 1 de 2016 que estableció los instrumentos jurídicos para
facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo final
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera,
le otorgó facultades pro tempore al presidente de la República para expedir
decretos con fuerza de ley tendientes a facilitar y asegurar la implementación y
desarrollo normativo de aquel. Así se estipuló en el artículo 2:

«Artículo 2. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual
quedará así:

Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180
días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facultase al
presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo

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Radicado: 08001233300020170140101(0601-2021)
Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo

contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo
normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera. Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para
expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes
que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para decretar
impuestos. Los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este
artículo tendrán control de constitucionalidad automático posterior a su entrada en
vigencia. El procedimiento de revisión de constitucionalidad de estas disposiciones
deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los dos meses
siguientes a su expedición».

En desarrollo de tal atribución, se expidió el Decreto Ley 898 de 2017, por medio
del cual se creó, entre otras, la Unidad Especial de Investigación y se modificó la
estructura del ente acusador y la planta de cargos. Lo anterior en atención a que el
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera le impuso varios retos al ente investigador, entre los cuales se
destacan: i) fortalecer la capacidad investigativa y de judicialización para procesar
a quienes atenten contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y
quienes ejercen la política, combatir la corrupción, intensificar la persecución penal
de las organizaciones criminales y los fenómenos criminales relacionados con
drogas ilícitas; ii) adelantar procesos de especialización en la etapa de
investigación y acusación para elevar las capacidades institucionales con el fin de
combatir la impunidad; iii) implementar la Unidad Especial de Investigación para el
desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de
homicidios y masacres que atentan contra defensores/as de derechos humanos,
movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra
las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido
denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo; y iv)
entregar informes a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre hechos ocurridos
con ocasión del conflicto armado.

El citado Decreto Ley 898 de 2017 introdujo algunos cambios en materia de
estructura y planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, en cuyo título
IV dispuso la supresión de los siguientes empleos de la planta de personal, entre
ellos, 73 cargos de fiscal delegado ante tribunal de distrito:

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Radicado: 08001233300020170140101(0601-2021)
Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo

NUMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALÍAS
4 CONSEJERO JUDICIAL
291 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS
322 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO
73 FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO
1.101 ASISTENTE DE FISCAL
931 ASISTENTE DE FISCAL
244 ASISTENTE DE FISCAL III
210 ASISTENTE DE FISCAL IV
PLANTA GLOBAL ÁREA ADMINISTRATIVA
6 DIRECTOR NACIONAL II
1 DIRECTOR ESTRATÉGICO
3 DIRECTOR ESTRATÉGICO I
5 DIRECTOR ESPECIALIZADO
3 SUBDIRECTOR NACIONAL
128 SUBDIRECTOR SECCIONAL
8 JEFE DE DEPARTAMENTO
23 ASESOR I
27 ASESOR II
91 PROFESIONAL EXPERTO
94 PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
151 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
27 PROFESIONAL DE GESTIÓN I
95 PROFESIONAL DE GESTIÓN II
221 PROFESIONAL DE GESTIÓN III
11 TÉCNICO I
2 TÉCNICO
11 AUXILIAR I
7 AUXILIAR II
130 CONDUCTOR
140 CONDUCTOR II
1 CONDUCTOR III
2 ASISTENTE I
9 SECRETARIO ADMINISTRATIVO I
7 SECRETARIO ADMINISTRATIVO II
PLANTA GLOBAL ÁREA POLICÍA JUDICIAL
205 PROFESIONAL INVESTIGADOR
62 PROFESIONAL INVESTIGADOR II
143 PROFESIONAL INVESTIGADOR
56 TÉCNICO INVESTIGADOR I
414 TÉCNICO INVESTIGADOR II
321 TÉCNICO INVESTIGADOR III
15 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD9I
107 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD II
10 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD III
16 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD IV

Radicado: 08001233300020170140101(0601-2021)
Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo

Por su parte, el artículo 60 de la mentada norma dispuso la creación de los
siguientes cargos en la planta de personal de la entidad:

NUMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL ÁREA ADMINISTRATIVA
1 DIRECTOR EJECUTIVO
3 DELEGADO
9 DIRECTOR NACIONAL I
6 DIRECTOR ESTRATÉGICO II
8 SUBDIRECTOR REGIONAL
85 ASESOR III
2 ASESOR DE DESPACHO
1 ASESOR EXPERTO
706 TÉCNICO II
PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALÍAS
190 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS
PLANTA GLOBAL ÁREA POLICÍA JUDICIAL
20 INVESTIGADOR EXPERTO

Así mismo, el artículo 61 ibidem dispuso la creación de los siguientes cargos para
la Unidad Especial de Investigación:

NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
1 DIRECTOR NACIONAL II
5 PROFESIONAL EXPERTO
5 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
5 PROFESIONAL DE GESTIÓN III
2 PROFESIONAL DE GESTIÓN I
3 FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO

4 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADO
4 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DEL CIRCUITO
5 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS
5 ASISTENTE DE FISCAL I
4 ASISTENTE DE FISCAL II
4 ASISTENTE DE FISCAL III
3 ASISTENTE DE FISCAL IV
5 SECRETARIO EJECUTIVO

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Radicado: 08001233300020170140101(0601-2021)
Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo

2 ASISTENTES I
1 PROFESIONAL INVESTIGADOR II
12 TÉCNICO INVESTIGADOR I
13 TÉCNICO INVESTIGADOR II
3 CONDUCTOR II

Los artículos 62 a 67 del Decreto Ley 898 de 2017 previeron que i) los servidores
continuarían en el desempeño de las funciones del empleo en el cual se
encontraran nombrados y devengar su respectiva remuneración, hasta tanto se
produjera su incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunicara la
supresión de sus cargos.

Además, la supresión efectiva de los cargos de los servidores que tuvieran
causada la pensión, se efectuaría una vez ingresaran en nómina de pensionados;
ii) la planta de cargos adoptada para cada área de la entidad es global y flexible y,
por lo tanto, el fiscal general de la Nación se encontraba facultado para distribuir,
trasladar y reubicar los empleos dentro de estas, de conformidad con las
necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la entidad; iii)
las incorporaciones y movimientos de personal realizados como resultado de la
modificación de la planta no generarían para los servidores que ostenten derechos
de carrera su pérdida o desmejora; las funciones asignadas a las dependencias
establecidas en los citados artículos continuarían vigentes hasta tanto se
distribuyera la nueva planta de personal y el fiscal general expidiera los actos
administrativos necesarios para la entrada en funcionamiento de la nueva
estructura; iv) el Decreto Ley 898 de 2017 no identificó los servidores cuyos
cargos fueran suprimidos, ni quiénes serían incorporados a la nueva planta.
Posteriormente, se expidió la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 mediante la
cual la fiscal general de la Nación (E) distribuyó los cargos de la planta,
individualizó en debida forma e identificó a los servidores con el empleo y el área
en el que quedaban vinculados, varios de ellos correspondientes a fiscales
delegados ante tribunal de distrito.

Si bien en dicha resolución no se mencionó el nombre del empleado saliente sino
solo el del entrante, produjo plenos efectos sobre aquel, por cuanto al designar de
manera expresa los servidores vinculados en la nueva planta genera el efecto
colateral de retirar implícitamente a otros, en cuanto no los seleccionó para ocupar
el cargo que habían ejercido en la planta anterior.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-13 de 2018 estudió la
exequibilidad del Título IV del Decreto Ley 898 de 2017, «planta de cargos de la
FGN», correspondiente a los artículos 59 a 67 y concluyó que las modificaciones

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Radicado: 08001233300020170140101(0601-2021)
Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo

realizadas en la planta de personal apuntan a reforzar el área misional de la
entidad, en la medida en que se suprimen cargos directivos, se reduce el número
de dependencias de la Dirección de Apoyo a la Gestión, se presenta una
reducción en los gastos de personal y las modificaciones a la planta de personal
con lo cual se persiguen unos fines constitucionalmente válidos, lo que condujo a
que declarara la exequibilidad de los artículos 59, 60 y 61 del Decreto Ley 898 de
2017, así como la de los artículos 62, 63, 64, 65, 66 y 67 del Decreto Ley 898 de
2017, que no ofrecen reparo alguno de constitucionalidad.

Sin embargo, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 62 ibidem «en el
entendido de que los derechos constitucionales laborales se protegerán de
conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta providencia». En relación
con este condicionamiento, se resaltan los siguientes argumentos:

«El artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017 regula la continuidad en el servicio. Se
prevé que los servidores continuarán desempeñando las funciones del empleo en el
cual se encuentran nombrados y devengado su respectiva remuneración, hasta
tanto se produzca su incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunique la
supresión de sus cargos, aclarando que “La supresión efectiva de los cargos de los
servidores que tienen causada la pensión, se efectuará una vez ingresen en nómina
de pensionados”.

[…]

Sin embargo la Sala considera que dentro del proceso de ajuste institucional que se
surte, resulta necesario preservar los derechos de los trabajadores y la vigencia y
contenido del retén social, en el sentido de asegurar que los hombres y mujeres
cabeza de familia en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional; las
personas que a 29 de mayo de 2017, fecha de expedición del Decreto Ley 898 de
2017, les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la
respetiva pensión; y las personas en condición de discapacidad, respecto de
quienes se suprimen los cargos que venían ocupando, no sufran la afectación de
sus derechos constitucionales. En este sentido, se declarará la exequibilidad
condicionada del artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017, en el entendido que las
personas a las que se ha hecho referencia, cuyos cargos hayan sido suprimidos con
ocasión del proceso de ajuste institucional, deberán ser reubicados o nombrados y
posesionados en otro cargo igual o del mismo nivel de los que se crean o de los que
se mantienen en la FGN».

En los anteriores términos, dicha corporación encontró ajustado al ordenamiento
superior el Título IV del Decreto Ley 898 de 2017, puesto que atendió el requisito
de conexidad suficiente y superó el juicio de estricta necesidad, por cuanto se
demostró la existencia de una proximidad estrecha entre el objeto regulado en el
texto del acuerdo final para la paz y las disposiciones sometidas al control de
constitucionalidad; sin embargo, fijó un condicionamiento especial para el retiro de
los servidores públicos, en el sentido de proteger a quienes «por su condición

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Radicado: 08001233300020170140101(0601-2021)
Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo

personal ven limitadas las posibilidades de desempeño», por lo que a los
beneficiarios del retén social debía garantizárseles la estabilidad laboral reforzada.

2.4. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

Resolución 1150 del 26 de junio de 2014, por medio del cual el demandante fue
nombrado en provisionalidad en el cargo de fiscal delegado ante tribunal de distrito
en la Subdirección de Fiscalías y Seguridad Ciudadana del Atlántico 7.

Oficio STH del 30 de junio de 20178 emitido por el subdirector de talento humano
de la FGN a través del cual le comunicó al actor que «[…] el Decreto Ley 898 del
29 de mayo de 2017 suprimió, entre otros cargos, el de FISCAL DELEGADO
ANTE TRIBUNAL DE DISTRITO que usted desempeña en la Fiscalía General de
la Nación, motivo por el cual, su vinculación laboral terminará al finalizar el 30 de
junio de 2017 (sic)…».

Decreto 18 del 9 de enero de 20149, por el cual se modificó la planta de cargos de
la entidad demandada y en el cual se registró un total de 193 cargos de fiscal
delegado ante tribunal de distrito.

Certificación del 30 de mayo de 201810 expedida por el jefe del Departamento de
Administración de Personal de la FGN en la cual hizo constar lo siguiente:

«[…] Que revisada la historia laboral del señor JUAN LUIS MENDOZA MARTELO,
identificado con cédula de ciudadanía No 8.729.790 expedida en Barranquilla,
laboró en la Fiscalía General de la Nación desde el 30 de julio de 2014 hasta 30 de
junio de 2017, desempeñando el cargo de Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito,
en la Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana- Atlántico.

Que el ID 22981 del cargo que ocupaba el servidor Mendoza Martelo, equivalente a
Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito, en la Subdirección Seccional de Fiscalías
y de Seguridad Ciudadana-Atlántico, fue suprimido a partir del 1 de julio de 2017,
según lo establecido en el decreto ley 898 de 2017 (SIC)…».

Copia del Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017 por el cual «se creó al interior
de la FGN la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las
organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres,

7
Folios 30 y 31
8
Folios 33 y 34
9
Folios 35 al 40
10
Folio 131

13

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Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo

que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o
movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que
participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz,
incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo
dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos
para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura
de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan
otras disposiciones».

Estudio técnico «proyecto de organización institucional» «ORGANIZACIÓN DE LA
FISCALÍA DE LA GENTE, PARA LA GENTE Y POR LA GENTE» del 5 de enero
de 2017, en el cual se realizó un extenso y pormenorizado análisis de la entidad y
la propuesta de organización estructural11.

Concepto técnico favorable emitido por el Departamento Administrativo de la
Función Pública12 «para continuar con el trámite del decreto ley en la presidencia
de la República».

Análisis de los cargos de la apelación.

La parte recurrente adujo que el cargo de fiscal delegado ante tribunal de distrito
identificado con el código ID22981 que era el ocupado por el demandante fue
suprimido tal como se demostró con la certificación que se aportó al proceso,
contrario a lo argüido por el tribunal en el fallo apelado.

Del examen realizado a las pruebas documentales aportadas al proceso, se
obtuvo que de conformidad con la certificación del 30 de mayo de 2018 expedida
por el jefe del Departamento de Administración de Personal de la FGN, el cargo
identificado con el código ID 22981 correspondiente al de fiscal delegado ante
tribunal de distrito en la Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad
Ciudadana del Atlántico que ocupaba Juan Luis Mendoza Martelo, fue suprimido a
partir del 1 de julio de 2017.

La supresión del aludido cargo se encuentra en consonancia con lo previsto en el
artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017 en tanto dispuso la supresión de algunos
cargos de la planta de personal de la FGN, entre los cuales, se encuentran 73
empleos de fiscal delegado ante tribunal de distrito así:

11
Folio 139 al 284
12
Folios 303 al 305

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NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO

PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALÍAS

4 CONSEJERO JUDICIAL
291 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO
ESPECIALIZADOS
322 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO
73 FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO
1101 ASISTENTE DE FISCAL I
931 ASISTENTE DE FISCAL II
244 ASISTENTE DE FISCAL III
210 ASISTENTE DE FISCAL IV

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 18 del 9 de enero de 2014 en la planta
de personal de la FGN fueron creados un total de 193 cargos de fiscal delegado
ante tribunal de distrito, de los cuales fueron suprimidos 73, según lo dispuesto en
el artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017, de los cuales uno era el desempañado
por Juan Luis Mendoza Martelo y que fue suprimido tal como lo certificó el jefe del
Departamento de Administración de Personal, prueba que goza de plena
veracidad al no haber sido tachada y menos aún, desvirtuada por el demandante.

De otra parte, la entidad apelante señaló que tanto en los argumentos de la
demanda como el concepto de la violación se sustentaron en el acuerdo de paz,
en el Acto Legislativos 1 de 2016 y el Decreto Ley 898 de 2017, pero no en la
Resolución 2358 de 2017, de manera que la falsa motivación y la falta de
motivación se predicó respecto de aquellas normas distinta de la aludida
resolución al considerar el actor que el ejecutivo usurpó funciones del legislador,
que se extralimitó en la autorización legal y que existió insuficiencia de motivación
para modificar la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación. En otras
palabras, deja claro la Sala que, si bien el demandante acusó de ilegalidad la
Resolución 2358 de 2017 y el Oficio STH 17 del 30 de junio de 2017, lo cierto es
que su fundamentación estuvo dirigida a cuestionar aspectos propios del Decreto
Ley 898 de 2017.

Al examinar el Decreto Ley 898 de 2017, se observa que este tuvo su fundamento
en el estudio técnico que le precedió. En efecto, al revisar el estudio técnico se
encontró que allí se plasmó de manera minuciosa un análisis comparativo de las
dependencias nuevas y actuales, las razones que motivaron su modificación, la
consolidación y diseño de la estructura organizacional, el análisis de cargas de
trabajo, los perfiles de los cargos y planta de personal incluido su impacto
presupuestal, todo ello bajo «los parámetros metodológicos y técnicos exigidos en

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Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo

la Guía de Rediseño Institucional de Entidades Públicas de julio de 2014, emitida
por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP».

De manera particular y específica, dicho estudio dispuso, al referirse a las cargas
de trabajo, lo siguiente:

«[…]
La entrada en vigencia de la Justicia para la Paz y los compromisos adquiridos por
el Gobierno Nacional contenidos en el Acuerdo Final, le impone retos importantes a
la Fiscalía General Nación en el ejercicio de la acción penal. Las principales
acciones a cargo del Ente Acusador se dirigen, entre otras cosas, a fortalecer la
capacidad investigativa y de judicialización para procesar a quienes atenten contra
defensores de derechos humanos, líderes sociales, combatir la corrupción,
intensificar la persecución penal de las organizaciones criminales y los fenómenos
criminales relacionados con drogas ilícitas, además de adelantar procesos de
especialización en la etapa de investigación y acusación para elevar las
capacidades institucionales con el fin de combatir la impunidad.

En un escenario de postconflicto, resulta esencial asegurar la efectividad de la lucha
contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las que
hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo, las cuales representan una
de las mayores amenazas para la implementación del Acuerdo Final.

Para el cumplimiento de los deberes de la Fiscalía General de la Nación derivados
del Acuerdo Final, se requiere la reorganización del área misional de la entidad, lo
que conlleva el cambio de la estructura en los niveles estratégicos, de apoyo y de
seguimiento, control y mejora, así como el ajuste de la planta de personal de la
Entidad, a fin de dar respuesta a las necesidades del postconflicto, a la
implementación de los Acuerdos y a la construcción de una paz sostenible y
duradera.

Con el propósito de establecer el número de servidores que requiere la Entidad para
cumplir con las nuevas responsabilidades otorgadas en el Acuerdo Final, se realizó
la medición de la carga laboral, que es la aplicación de técnicas para determinar el
tiempo que invierte un trabajador cualificado en llevar a cabo una tarea definida
efectuándola según una norma (método) de ejecución preestablecida.

[…]

Basados en los análisis estadísticos y de productividad de la entidad y considerando
el cambio del país en materia de criminalidad en el postconflicto, se pudo
establecer la necesidad de la entidad de fortalecer los fiscales delegados ante
los Jueces Municipales y promiscuos, para atender la alta demanda de los
delitos que afectan la seguridad ciudadana». (Negrillas fuera de texto)

Como puede observarse, el estudio técnico abordó de manera concienzuda,
meticulosa y detallada cado de uno de los diversos componentes necesarios que
justificaban el proceso de reestructuración de la entidad, basado en una
metodología de diseño organizacional y ocupacional que tuvo en cuenta el análisis
de los procesos misionales y de apoyo; ii) evaluación de la prestación de los

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servicios; y iii) evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de
los empleos y por supuesto, la focalización en la investigación y el ejercicio de la
acción penal orientada al fortalecimiento de las capacidades de la FGN a nivel
nacional, particularmente, en los territorios más afectados por la criminalidad, todo
ello con ocasión justamente de la implementación del acuerdo final para la paz.

En esa medida, esta colegiatura encuentra que la Resolución 2358 del 29 de junio
de 2017 es consecuente con el Decreto Ley 898 de 2017 y las justificaciones que
dieron lugar a la reestructuración de la planta de personal y la supresión y
creación de algunos cargos en la entidad demandada se encuentran debidamente
justificados. En esa medida, la modificación de la planta de empleo de la entidad
demandada se realizó dentro de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
prevalencia del interés general, bajo el entendido que dicho proceso de
reorganización se fundó en las necesidades del servicio que le impuso la
implementación del acuerdo de paz y que le permitió al órgano instructor atender
con mayor eficacia los requerimientos de los ciudadanos y cumplir sus
expectativas en materia de justicia en el escenario del postconflicto. En esa
medida, el aludido estudio arrojó la necesidad de fortalecer los fiscales delegados
ante los jueces municipales y promiscuos para atender la alta demanda de los
delitos que afectan la seguridad ciudadana en los territorios donde se ubicaban las
FARC y en los cuales se requería de presencia institucional del órgano acusador
con ocasión del cambio en materia de criminalidad en el postconflicto.

De esa manera, el aludido decreto estableció claramente la necesidad y urgencia
de modificar la planta de cargos de la entidad a efectos de implementar una
estructura que permitiera cumplir con obligaciones tales como la creación de la
Unidad Especial de Investigación y la nueva organización del área misional de la
FGN. Frente al tema, la Corte Constitucional en la sentencia C-13 de 2017, indicó
que «[…] las modificaciones realizadas en la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación apuntan a reforzar el área misional de la Entidad, en la
medida en que se suprimen cargos directivos; que se reduce el número de
dependencias de la Dirección de Apoyo a la Gestión, pasando de 24
Subdirecciones Seccionales a 8 Subdirecciones Regionales; que como
consecuencia de lo anterior, se presenta una reducción en los gastos de personal,
y que las modificaciones a la planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación persiguen unos fines constitucionalmente válidos, lo que conduce a
declarar la exequibilidad de los artículos 59, 60 y 61 del Decreto Ley 898 de 2017,
así como la de los artículos 62, 63, 64, 65, 66 y 67 del Decreto Ley 898 de 2017,
que no ofrecen reparo alguno de constitucionalidad. […]».

De manera particular, la sentencia C-13 de 2017 en el punto 9.2.1. al referirse

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sobre los propósitos perseguidos con el proceso de reajuste institucional
consideró que con él se buscó contar con una entidad más eficiente en lo misional
y menos costosa en la parte administrativa. Se trata de un reacomodamiento
institucional a costo cero, para enfrentar las necesidades y retos de la
administración de justicia del posconflicto. La disminución de cargos
administrativos, así como la supresión de 73 puestos de fiscales delegados ante
tribunales de distrito judicial, le permitió a la FGN llegar por primera vez a 43
municipios del país y a aumentar la presencia de fiscales e investigadores en
otros 108 a partir de julio de 2017, ente territoriales que precisamente se
encontraban ubicados, muchos de ellos, en zonas donde tradicionalmente hacían
presencia las FARC, tales como San Miguel (Putumayo), Medio Baudó (Chocó),
San José del Fragua (Caquetá), Mapiripán (Meta), entre otros. Se trata, en
consecuencia, de consolidar la paz en los territorios más apartados de la
geografía nacional.

Entonces, ante los retos que impuso el acuerdo final para la paz respecto de la de
seguridad y las diversas amenazas que se cernía sobre su implementación, hacia
necesario que se adoptaran medidas destinadas a fortalecer la capacidad
investigativa y en consecuencia, la reforma orgánica y de personal de la FGN, en
tanto órgano de investigación y acusación llamado a incrementar su presencia
institucional y planta física en tales territorios, con miras a enfrentar el escenario
del posconflicto resultaba ineludible.

En razón de lo expuesto, la Sala considera que la supresión de algunas
dependencias del órgano de investigación y acusación, en particular, la
concerniente al cargo de fiscal delegado ante el tribunal de distrito como el
ocupado por el demandante, constituyó un cambio orgánico que redundó en el
fortalecimiento del área misional de la entidad con miras a la implementación del
acuerdo de paz.

Por las razones expuestas en precedencia, la Sala revocará la sentencia del 9 de
septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que
accedió a las pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP,
esta Sala no condenará en costas a la parte vencida, en atención a que en el
trámite no se observa que se hayan causado, ni que las partes hayan desplegado
un actuar temerario.

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Demandante: Juan Luis Mendoza Martelo

3. Conclusión

La Sala encontró que el cargo de fiscal delegado ante tribunal de distrito
identificado con el código ID22981 que era el ocupado por el demandante fue
suprimido tal como se demostró con la certificación que se aportó al proceso y
que tal supresión se sustentó en el marco constitucional y legal analizado, así
como en el estudio técnico realizado por la entidad que dejó ver la necesidad y
urgencia de realizar la reestructuración de la planta de personal y en particular, la
supresión del cargo que ocupaba el actor en la FGN en virtud de los retos
impuestos al ente acusador por el acuerdo final para la paz que hacía necesario
llevar a cabo el fortalecimiento del área misional de la entidad con miras a atender
la alta demanda de los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. – Revocar la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a las pretensiones de la
demanda, en el proceso promovido por Juan Luis Mendoza Martelo contra la
Fiscalía General de la Nación y en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. - Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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