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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-06193-01

Fecha
15 de junio de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-06193-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. - Confirmar la sentencia proferida el 19 de marzo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Gloria Inés Bohórquez Torres, contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. - Sin condena en costas. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-06193-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

15 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000234200020160619301(1196-2021)
Demandante: Gloria Inés Bohórquez Torres
Demandado: Nación, Fiscalía General
Temas: Insubsistencia de nombramiento ordinario/ pérdida de la
confianza.

Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 19 de marzo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Gloría Inés Bohórquez Torres presentó demanda
contra la Nación, Fiscalía General2 para que se declare la nulidad de la
Resolución 1903 del 22 de junio de 2016 por medio de la cual declaró
insubsistente su nombramiento en el cargo de asesor II de la Subdirección
Seccional de Apoyo a la Gestión de Cundinamarca.

1
En adelante CPACA.
2 En adelante la demandada.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000234200020160619301(1196-2021)

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) ordenar el reintegro al mismo cargo o a otro de igual o de mayor
jerarquía; ii) condenar a la demandada al reconocimiento y pago de todas y cada
una de las acreencias laborales, prestacionales y de seguridad social que dejó de
recibir, desde el retiro hasta la fecha efectiva de su reintegro, sin solución de
continuidad y iii) condenar en costas y agencias en derecho»3.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

Gloria Inés Bohórquez Torres fue nombrada mediante Resolución 843 del 13 de
mayo de 2015 como asesor II de la planta de empleos de la Fiscalía General de la
Nación. Para efectos de la vinculación, debió superar el estudio de seguridad
exigido por el artículo 39 del Decreto 20 de 2014, todo lo cual, conllevó a cumplir
con la autenticidad de los documentos aportados y la visita domiciliaria. Una vez
superado el estudio de seguridad, verificación, confiabilidad y confidencialidad, así
como el examen psicológico con un resultado denominado «recomendable», se
continuó con el proceso de vinculación, de manera que tomó posesión el 1 de
junio de 2015 y fue ubicada en el despacho del fiscal general, en el grupo de
modernización.

El 16 de marzo de 2016 fue reubicada mediante Resolución 481 en la
Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de Cundinamarca, asignada en el
área de talento humano, encargada de la revisión de los proyectos de actos
administrativos elaborados con ocasión de las situaciones administrativas que se
presentaban. En una o en otra dependencia, cumplió con sus compromisos y
responsabilidades sin recibir un llamado de atención.

El 17 de mayo de 2016 radicó ante la entidad demandada pruebas extra juicio
tendientes a demostrar su condición de madre cabeza de familia y ser el sustento
de sus hijas mellizas; así como la de solventar las necesidades de sus
progenitores. No obstante, el 24 de junio siguiente, fue notificada de la Resolución
1903 del 22 de junio de 2016 que declaró la insubsistencia de su nombramiento
por no ostentar «la confianza necesaria que debe depositar el nominador en su
persona con el fin de desarrollar las funciones de alta responsabilidad que implica
el ejercicio de su cargo».

3 Folio 1 del expediente.

2

Radicado: 25000234200020160619301(1196-2021)

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 13,15,25, 29, 42, 43, 44, 46, 48, 49 y 53 de
la Constitución Política; y las leyes 82 de 1993 y 1232 de 2008.

Como causales de nulidad invocó la infracción de normas en que debía fundarse,
violación del debido proceso, falsa motivación y desviación de poder, sustentadas
con los siguientes argumentos4:

El acto atacado es nulo porque desconoció el régimen constitucional previsto en
los artículos 42, 43 y 44, en la medida en que era de pleno conocimiento de la
entidad su condición de madre cabeza de familia, sumado al desconocimiento de
las reglas de carácter constitucional que rigen para tales personas, las cuales
tienen la condición de reforzada y especial protección del Estado, basado en el
despliegue de garantías que buscan evitar discriminación a la mujer en condición
de debilidad manifiesta.

El acto administrativo vulneró el debido proceso, toda vez que no tuvo en cuenta la
jurisprudencia constitucional referida a casos excepcionales relativos a la
declaratoria de insubsistencia, como lo es la obligación de motivar el acto de
insubsistencia cuando la administración conoce que se está frente a un caso de
retén social. Además, por falta de coherencia entre el acto de nombramiento y la
decisión de retiro, pues de la vinculación se deduce una relación plena de
confianza y que esta se pierda sin motivo ni argumento, en especial por no estar
para el momento de su retiro directamente bajo las órdenes de su nominador sino
que se encontraba cumpliendo funciones en la Subdirección Seccional de Apoyo a
la Gestión de Cundinamarca y sin que existiera algún elemento objetivo que
demostrara cierta situación que haya dado lugar a la pérdida de la confianza.

Respecto de la causal desviación de poder, existe una clara conducta de la
administración que lo acredita, consistente en la reubicación laboral sin que
existiera previamente alguna necesidad o requerimiento y posteriormente, a los 3
meses, declarar la insubsistencia de su nombramiento, lo que en su sentir se
erigió como la preparación intencional para extralimitarse en la facultad
discrecional.

1.2. Contestación de la demanda

4 Folios 5 al 23 del expediente.

3

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La demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que
se expresan a continuación5:

El retiro de un servidor de libre nombramiento y remoción puede efectuarse
mediante acto sin motivación y ello encuentra su justificación en que la
declaratoria de insubsistencia responde a la facultad discrecional para nombrar y
remover libremente a sus empleados.

En virtud de la naturaleza del vínculo con el cual se incorporó la actora a la
entidad, en especial al cargo de asesor II, se encuentra amparado en el artículo 5
numeral 4 del Decreto Ley 20 de 2014, el cual establece que «estos empleos son
de libre nombramiento y remoción, dada la especial confianza y la prestación in
tuito personae que conlleva el desarrollo de sus funciones»6.

La existencia de un proceso penal en contra de la demandante por la presunta
comisión de la conducta tipificada como celebración indebida de contratos,
proceso del cual conoce la unidad contra la corrupción de la Subdirección
Seccional de Bogotá, investigación que se encontraba en etapa de juicio, el
nominador, ante tal hecho, consideró que existían fundadas razones que generó la
pérdida de la confianza en la actora.

Respecto de la desviación de poder anotó que, si bien la actora efectuó
apreciaciones subjetivas en relación con aparentes razones que condujeron a su
desvinculación, lo cierto es que no obra respaldo probatorio que acredite sus
afirmaciones y tampoco que la prestación del servicio se hubiese desmejorado con
ocasión de su retiro.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos
términos7:

En virtud de la Resolución 843 del 13 de mayo de 2015 la actora fue designada en
el cargo de asesor II en el despacho del fiscal general de la nación y según la
Resolución 481 del 16 de marzo de 2016 reubicada en la Subdirección Seccional
de Apoyo a la Gestión de Cundinamarca.

5 Folios 94 al 112 del expediente.
6
Folio 97 del expediente -contestación de demanda.
7 Folios 382 al 394 del expediente.

4

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Con la demanda no se allegó «ningún medio de convicción de que ella es quien de
manera exclusiva tiene el sustento de sus hijas menores de 25 años y sus
progenitores […]», motivo por el cual, no resultó posible reconocerle el estatus de
madre cabeza de familia. Si bien la testigo Martha Ruiz Ramírez afirmó que la
actora es quien asume la manutención de su familia, su conocimiento proviene de
lo manifestado por la demandante sin que le constara verdaderamente el hecho.

En lo atinente a la violación del debido proceso consideró que el acto
administrativo obedeció a la facultad discrecional otorgada al nominador, razón por
la cual la decisión no debe estar precedida de un procedimiento administrativo
previo. Respecto de la falsa motivación señaló que, de acuerdo con el material
probatorio, se desprende que las razones que llevaron al fiscal general a declarar
la insubsistencia del nombramiento de la actora fue la pérdida de confianza
depositada en ella, toda vez que «[…] se le adelanta una investigación penal en su
contra y al preguntarle si existía una investigación penal en curso, manifestó que
no». Las razones expuestas en el acto acusado no son argumentos falaces e
irreales que no se correspondan con la verdad, pues del material probatorio se
logró evidenciar que efectivamente se le adelanta una investigación de tipo penal,
razón por la cual, la decisión esta debidamente motivada.

En conclusión, no existió falsos motivos ni desviación de poder, pues el acto se
encuentra debidamente argumentado y justificado de acuerdo con las pruebas
valoradas en el proceso; aunado al hecho de que el cargo es de libre
nombramiento y remoción.

1.4. El recurso de apelación

La demandante interpuso recurso de apelación8 y lo sustentó así:

El sentenciador de instancia dejó de lado lo expresado por la actora al momento
de realizar el estudio de seguridad «informe de verificación, confiabilidad y
confidencialidad» en el cual indicó su separación de hecho desde hace más de 15
años y en la que el servidor de la policía judicial constató cual era su entorno
familiar y las personas que tenía a su cargo, tal como lo demuestra dicho estudio,
así como las declaraciones extrajuicio allegadas. No tuvo en cuenta la totalidad de
las pruebas arrimadas al expediente, pues desconoció la certificación expedida
por la EPS Sanitas que da cuenta de que sus hijas mellizas se encuentran como
sus beneficiarias del sistema de salud desde su nacimiento y que dicha
vinculación se encontraba inactiva, por cuanto no estaba en la posibilidad

8 Folios electrónicos (10)

5

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económica de sufragar el pago como independiente de dicha cobertura en salud.

Respecto de la falsa motivación, el a quo manifestó que si bien a la accionante se
le preguntó si tenía una investigación penal y aquella manifestó que no, lo cierto
es que, no se detuvo analizar en qué momento ocurrió tal situación, si fue previo a
la vinculación o si ocurrió en el curso de ella y simplemente consideró que por tal
situación el nominador perdió la confianza. Su vinculación se produjo como
consecuencia de haber superado la etapa previa descrita en el artículo 39 del
Decreto Ley 20 de 2014, referida al informe de verificación, confiabilidad y
confidencialidad y por lo tanto, de no haber logrado superar esa fase, no podía ser
nombrada. En efecto, al momento de la realización del estudio de seguridad la no
tenía conocimiento de que se estuviera adelantando investigación en su contra, de
hecho, solo hasta el mes de noviembre del año 2015 se le citó ante la Fiscalía 46
Seccional de Bogotá para surtir una diligencia.

El acto administrativo demandado no obedeció a la realidad, pues la afirmación
según la cual la demandante «no ostenta la confianza necesaria que debe
depositar el nominador en su persona con el fin de desarrollar las funciones de
alta responsabilidad que implica el ejercicio de su cargo», no cuenta con un
respaldo real, sino que es el ejercicio subjetivo y arbitrario de la voluntad del
nominador.

1.5. Alegatos de conclusión

La demandante reiteró la necesidad de estudiar con mayor detenimiento las
pruebas existentes a fin de establecer las causales de nulidad del acto
administrativo objeto de estudio.

La demandada solicitó confirmar lo decidido en primera instancia, con fundamento
en lo expuesto en la contestación de la demanda, para lo cual reiteró que el acto
de insubsistencia se produjo por hechos reales y no por falsa motivación, como
tampoco por desviación de poder9.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

9 Archivo eléctronico-samai -

6

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Se circunscribe a establecer los siguientes problemas jurídicos: i) ¿el hecho de
haber superado los protocolos de verificación, confiabilidad y confidencialidad para
su ingreso a la Fiscalía General de la Nación, limita el uso de la facultad
discrecional para el retiro de un empleado de libre nombramiento y remoción?; y ii)
¿se encuentra acreditada la calidad de madre cabeza de familia y en virtud de ello,
no podía la actora ser retirada del servicio?

2.2. Marco normativo

El artículo 125 de la Constitución Política dispuso que por regla general los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, y dentro de las
excepciones se incluyeron los cargos de libre nombramiento y remoción.

En desarrollo del aludido precepto constitucional, el legislador expidió la Ley 909
de 2004 con el propósito de regular el sistema de empleo público y en el artículo 1,
se identificaron los siguientes:

a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales.

Así mismo, en el artículo 5 ibidem se enunciaron diferentes criterios para
establecer un cargo como de libre nombramiento y remoción que, en términos
generales, corresponde al alto grado de confianza o a la naturaleza de las
funciones (directivas, de manejo, de conducción u orientación institucional).

Por su parte, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en el artículo 130,
inciso 410, estableció:

«Articulo 130. Clasificación de los empleos.
[…]
Son de libre nombramiento y remoción los cargos de Magistrado Auxiliar, Abogado
Asistente y sus equivalentes; los cargos de los despachos de magistrados
enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la Presidencia y
Vicepresidencia de estas Corporaciones; los de los Secretarios de esas
Corporaciones; los cargos de los despachos de los magistrados de los tribunales;
los cargos de Vicefiscal General de la Nación, Secretario General, directores
nacionales; directores regionales y seccionales, los empleados del despacho del
Fiscal General, del Vicefiscal y de la Secretaría General, y los de Fiscales

10
Estatutaria de la Adm inistración de Justicia. Para el efecto, ver sentenci as de la Corte
Constitucional C-037 de 1996 y C-053 de 1997.

7

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delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren
confirmación.
[…]» (negrillas fuera del texto original)

Clasificación que se reglamentó en el Decreto 261 de 2000 «Estatuto Orgánico de
la Fiscalía General de la Nación» el cual indicó en el artículo 106:

«De conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley 270 de 1996, los
empleos de la Fiscalía se clasifican según su naturaleza y forma como deben ser
provistos, en de libre nombramiento y remoción y de carrera. Son de libre
nombramiento y remoción:
1. Vicefiscal General de la Nación.
2. Secretario General.
3. Directores Nacionales.
4. Directores Seccionales.
5. Los empleados del Despacho del Fiscal General, del Vicefiscal y de la
Secretaría General.
6. Los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
7. Los demás cargos son de carrera y deberán proveerse mediante el sistema de
méritos, a través del proceso de selección.»

El anterior decreto fue derogado por la Ley 938 de 200411 «por la cual se expide el
Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación» y, posteriormente,
mediante el Decreto 20 de 2014, se derogan los artículos 44 a 77, por lo que la
disposición aplicable al caso concreto, respecto de la clasificación es el artículo 5
del mencionado decreto que indica lo siguiente:

«Clasificación de los empleos. Los empleos de la Fiscalía General de la Nación,
del Instituto Nacional de Medicina Legal y de la Institución de Educación Superior
son de carrera, con excepción de los siguientes cargos que se clasifican como de
libre nombramiento y remoción, dada la especial confianza y la prestación in
tuitu personae que conlleva el desarrollo de sus funciones, así:

1. Los cargos del nivel directivo:

1.1. En la Fiscalía General de la Nación: El Vicefiscal General de la Nación,
Consejero Judicial, Director Nacional, Director Estratégico, Director Especializado,
Subdirector Nacional, Subdirector Seccional, Jefe de Departamento.

Los cargos de asesor de la Fiscalía General de la Nación, independientemente de
su ubicación, y los de Jefe Oficina Asesora del Instituto de Medicina Legal y de
asesor adscritos a los despachos del director del Instituto de Medicina Legal y del
director y subdirector de la Institución Universitaria».

En relación con la condición de madre cabeza de familia, el artículo 43 de la
Constitución Política dispuso:

11
Norma vigente desde el 30/12/2004 hasta el 08/01/2014.

8

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«La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá
ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del
parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste
subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia».

Según el aparte transcrito, el Constituyente de 1991 previó la figura de la mujer
cabeza de familia, quien será sujeto de especial apoyo por parte del Estado, el
cual se evidencia con la expedición de la Ley 82 del 3 de noviembre de 1993 12,
que en el artículo 2 definió esta condición en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 2o. Modificado por el art. 1, Ley 1232 de 2008. Para los efectos de la
presente ley, entiéndase por "Mujer Cabeza de Familia", quien siendo soltera o
casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos
menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea
por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del
cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás
miembros del núcleo familiar.

PARÁGRAFO. Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento en que
ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de
bajos ingresos ante notario, expresando las circunstancias básicas de su caso y
sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo».

Esta disposición legal fue objeto de revisión por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-034 del 27 de enero de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, en la que
se dio alcance a la expresión soltera o casada, en los siguientes términos:

«La expresión "siendo soltera o casada", contenida en el artículo 2º de la Ley 82 de
1993, para definir lo que ha de entenderse por "mujer cabeza de familia", es decir la
que "tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos
menores propios u de otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya
sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del
cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás
miembros del núcleo familiar", no vulnera los artículos 13 y 43 de la Constitución
Política, ni ninguna otra norma de la Carta, por cuanto de ninguna manera mengua
la igualdad de las mujeres que se encuentran en la situación fáctica descrita por la
ley para que sean tenidas como "cabeza de familia", ni existe tampoco la supuesta
inexequibilidad del aparte acusado por omisión del legislador al no incluir en la
definición legal en comento a las mujeres viudas o divorciadas, pues, como ya se
vio, ellas no fueron excluidas de esa definición por el legislador, como tampoco
queda excluida de la calidad de "mujer cabeza de familia", aquella que por su
decisión, sin matrimonio, funda con un hombre una familia».

12
Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia

9

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Posteriormente, mediante la Ley 790 del 27 de diciembre de 2002 13 se les
reconoció una especial protección a las madres cabeza de familia, al prever la
siguiente situación fáctica:

«ARTÍCULO 12. PROTECCIÓN ESPECIAL. De conformidad con la reglamentación
que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el
desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres
cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física,
mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los
requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de
vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la
presente ley».

Como se observa, según el aparte normativo, a ciertas entidades públicas que
adelantan programas de renovación les está prohibido retirar del servicio a las
madres cabeza de familia que carezcan de alternativa económica. La expresión
«las madres» fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-044 de 27 de enero de 2004, M.P. Jaime Araujo Rentería de manera
condicionada «(...) en el entendido de que la protección debe extenderse a los
padres que se encuentren en la misma situación, en aras de proteger la
prevalencia de los derechos de los niños y el grupo familiar al que pertenecen».

El artículo 12 de la prenotada ley fue reglamentado por el Decreto 190 del 30 de
enero de 200314, que en el artículo 1.3. estableció la definición de madre cabeza
de familia sin alternativa económica, así:

«Mujer con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos
inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo
ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o
entidad pública a la cual se encuentra vinculada».

La Corte Constitucional en la sentencia SU 388 de 13 de abril de 2005 M.P. Clara
Inés Vargas Hernández, trazó los presupuestos jurisprudenciales para que una
mujer sea considerada como madre cabeza de familia, así:

«La Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza
de familia por el sólo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto,
para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la
responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar;
(ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia
permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se

13 Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la
administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al presidente de la República
14 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 790 de 2002

10

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sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja
no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo
verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó,
como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de
ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad
solitaria de la madre para sostener el hogar».

Posteriormente, el artículo 1 de la Ley 1232 de 200815 modificó el 2 de la Ley 82
de 1993, en el sentido de indicar que es mujer cabeza de familia «[…] quien
siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su
cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores
propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por
ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge
o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás
miembros del núcleo familiar». Asimismo, la referida norma reiteró la exigencia de
declarar la condición de madre cabeza de familia ante un notario, aunque la Corte
Constitucional ha señalado que la categoría aludida no depende de dicha
formalidad, sino de los presupuestos fácticos o las circunstancias materiales16.

En síntesis, de acuerdo con el derrotero normativo antes referido, es necesario
que quien alega la condición de madre cabeza de familia demuestre los elementos
que deben ser materia de constatación: i) la mujer debe tener la responsabilidad
plena de los hijos menores de edad y de otras personas con incapacidad para
laboral; ii) que la responsabilidad antes señalada, sea permanente; iii) que exista
una auténtica sustracción de los deberes de manutención por parte del progenitor
ausente; y iv) que exista una deficiente ayuda por parte de otros miembros de la
familia. Una vez verificados los elementos señalados, la autoridad deberá iniciar
acciones tendientes a la verificación de las garantías constitucionales y proteger a
la madre que cumpla con tales requisitos.

2.4. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.4.1. Pruebas documentales

El 13 de mayo de 2015, la Fiscalía General de la Nación designó mediante
Resolución 843 a la demandante en el cargo asesor II17.

15 «Por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras disposiciones».
16 Corte Constitucional, Sentencia C-184 del 4 de marzo de 2003, M.P., Manuel José Cepeda Espinosa.
17 Folios 32 y 33 del expediente.

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Posteriormente, la reubicó a través de Resolución 481 del 16 de marzo de 2016 en
la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión Cundinamarca18 y el 22 de junio
de 2016 declaró la insubsistencia de su nombramiento en virtud de la Resolución
1903, acto que fue motivado al indicar que la actora «…no ostenta la confianza
necesaria que debe depositar el nominador en su persona con el fin de desarrollar
las funciones de alta responsabilidad que implica el ejercicio de su cargo»19,
decisión que le fue puesta en cocimiento el 24 de junio de 201620.

Certificado emitido por la directora del programa de instrumentación quirúrgica de
la Universidad del Bosque en la cual hace constar que María Fernanda Moreno
Bohórquez «se encuentra cursando tercer semestre académico en el primer
semestre de 2015 con una intensidad horaria de 35 horas de trabajo semanal21» y
recibo de pago de matrícula en dicho programa22. Así mismo, certificado emitido
por la oficina de admisión y registro de la Universidad de la Salle en la cual indica
que María Camila Moreno Bohórquez está matriculada en el primer periodo de
2016 en el programa de licenciatura en lengua castellana, inglés y francés, jornada
diurna23 y el respectivo desprendible de pago de matrícula24.

Certificado del 9 de septiembre de 2016 expedido por la EPS Sanitas en la cual se
relacionan las afiliaciones a dicha entidad en la que aparecen la actora, María
Fernanda Moreno Bohórquez y María Camila Moreno Bohórquez, en estado
suspendidas, y la historia clínica de Pedro Pablo Bohórquez Gómez en calidad de
cotizante contribuyente en la Nueva EPS25.

Oficio radicado el 17 de mayo de 2016, en el cual la demandante adjuntó copia de
las declaraciones extra juicio rendidas por María Fernanda Moreno Bohórquez y
María Camila Moreno Bohórquez, referidas a la dependencia económica26 y las
aludidas declaraciones extrajuicio27.

Oficio 3828 expedido por la fiscal 46 seccional en la cual se indicó lo siguiente29:

18 Folios 34 al 35 del expediente.
19 Folios 33 al 38 del expediente.
20 Folio 39.
21 Folio 47.
22 Folio 48.
23 Folio 49
24 Folio 50.
25 Folios 52 al 59.
26 Folio 60 y 61.
27 Folios 62 y 63.
28 El documento carece de fecha.
29 Folios 140 y 141.

12

Radicado: 25000234200020160619301(1196-2021)

«REFERENCIA. 1100160000492001414725
IMPUTADOS: GLORIA INES BOHORQUEZ TORRES Y OTROS
DELITOS: INTERES INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS,
CONTRATOS SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y FALSEDAD
POR OCULTAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
[…]
Con respecto a las actuaciones judiciales que se han adelantado en el trascurso del
proceso penal referenciado y en las cuales este Despacho Fiscal ha actuado en
calidad de Fiscal Seccional 46 adscrita a la Unidad de Delitos Contra la
Administración Pública se encuentran: 1- La formulación de imputación con solicitud
de medida de aseguramiento intramural la cual fue negada por el Juzgado 81 de
Garantías mediante auto de fecha 8 de abril de 2016. 2- La presentación de escrito
de acusación el día 13 de agosto de 2016. 3- AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE
ACUSACIÓN, actuación a la que no obstante haberse dado inicio el pasado 14 de
septiembre de 2017, la misma no ha culminado debido a la interposición de un
recuso de apelación contra del proveído adoptado por la juez 28 en el sentido de
aceptar la constitución de victima de la empresa AV EXPRESS…».

Escrito de acusación presentado por la fiscalía general en contra de la
demandante30.

Se encuentra debidamente documentado que el 4 de marzo de 2015, se le efectuó
estudio psicológico a la actora con el propósito de establecer si el perfil era
adecuado a los fines y la misión de la entidad cuyo resultado fue: «Perfil muy
recomendable»31. Así mismo, el oficio 581 del 17 de julio de 2018 da cuenta del
estudio de verificación, confiabilidad y confidencialidad realizado a la demandante,
previo al nombramiento.

2.4.1. Prueba testimonial.

El 17 de abril de 2018, en la audiencia de pruebas, se adelantó la recepción de los
testimonios oportunamente solicitados por la parte demandante con el objeto de
demostrar la idoneidad, calidad y eficiencia de la labor desempeñada y la
condición de madre cabeza de familia. Al respecto, la Sala destaca los siguientes
aspectos:

➢ Testimonio rendido por Luz Elena Botero Larrarte.

«[…] PREGUNTÓ: Por favor, indíquele al despacho si usted laboró, con la señora
Gloria Bohórquez. CONTESTÓ: sí señor. Yo trabajé con la doctora Gloria
Bohórquez en el grupo de modernización de la Fiscalía General de la Nación.
PREGUNTÓ: Por favor indíquele al despacho, si en el tiempo que usted trabajo con

30
Folios 143 al 161.
31 Folios 178 al 181 del expediente.

13

Radicado: 25000234200020160619301(1196-2021)

la doctora Gloria Bohórquez, cómo era el trabajo de la misma. CONTESTÓ: Con la
doctora Gloria Bohórquez, trabajé como jefe inmediata más o menos un mes,
durante ese tiempo, no tuve ningún problema con el trabajo de la Dra. Bohórquez,
es una persona dedicada, cumplida, juiciosa. PREGUNTÓ: Y supo usted, si de
pronto ella tuvo algún inconveniente con otra persona, con otro funcionario, incluso
con el jefe inmediato de ella después no era su jefe inmediata. CONTESTÓ: La
verdad no me consta […] PREGUNTÓ: Usted sabe por qué declararon insubsistente
a la doctora Gloria Inés Bohórquez. CONTESTÓ: No tengo conocimiento»32.

➢ Testimonio rendido por Carmenza Patricia Bernal Perdomo

«[…] PREGUNTÓ: Indíquele al despacho, de acuerdo con su experiencia en la
jefatura de personal de la Seccional Cundinamarca de la Fiscalía, cuál fue el
desempeño que tuvo la doctora, mientras estuvo en esa seccional. CONTESTÓ:
como persona excelente y como profesional excelente, porque aparte de que
corregía nuestros procesos, nos aportaba mucha información jurídica que era
valiosa para la labor que nosotros estábamos desempeñando. PREGUNTÓ:
indíquele al despacho, si a partir del ingreso de la doctora, hubo mejoras en los
trámites y en las respuestas que se daban en el área donde ella prestaba el servicio.
CONTESTÓ: si claro, de hecho, se ganaron muchas tutelas bajo la revisión de ella,
los actos jurídicos, tutelas de traslados, recursos de reposición, de apelación, ella
los tramitó muy bien y la Fiscalía ganó muchos procesos relacionados con esas
situaciones…PREGUNTÓ: indíquele al despacho, si mientras la doctora Gloria,
estuvo en la Seccional Cundinamarca, tuvo algún llamado de atención,
investigación, o alguna situación que comprometiera su deber funcional.
CONTESTÓ: no, nunca, de hecho, era una persona, pues, correcta. PREGUNTÓ:
sabe usted, porqué reubicaron a la doctora Gloria Inés Bohórquez. CONTESTÓ:
pues, el primer conocimiento que yo tengo es la resolución de traslado que siempre
llega a la oficina de personal, donde nos informan la reubicación y el segundo, por la
imprudencia mía hacia ella y, me dice porque estaba con un proceso disciplinario,
perdón penal, y pues, en ese momento me pareció, que todo el mundo es inocente
(sic) hasta que la declaren culpable, no fue más, por la curiosidad, no porque yo
supiera nada, ósea fue directamente la doctora Gloria la que me informó.
PREGUNTÓ: sabe o conoce y le consta de (sic) los motivos que originaron el retiro
de la aquí demandante. CONTESTÓ: pues doctor, motivos, digamos, los rumores
que están ahí como consecuencia del proceso que llevaba, por que no era bien visto
que una asesora del despacho continuara ahí, eso es todo lo que se…»33

➢ Declaración de Martha Cecilia Ruíz Ramírez

«[…] PREGUNTÓ: dígale al despacho si usted conoce a la señora Gloria Inés
Bohórquez, … señale porque la conoce y desde hace cuánto tiempo la conoce.
CONTESTÓ: a la doctora Gloria Inés Bohórquez la conozco hace 10 años, nos
conocimos en la Personería de Bogotá, cuando ella ingresó a laborar en esa
entidad… se que ella tiene dos hijas … yo creo que deben tener unos 21 o 22 años

32
Folios 174-175 del expediente.
33
Folios 183 al 186 del expediente.

14

Radicado: 25000234200020160619301(1196-2021)

y se que cursan carrera universitaria, son estudiantes. PREGUNTÓ: sabe quién
solventa los estudios de las hijas de la doctora Gloria Inés. CONTESTÓ: por lo que
he sabido en el tiempo de amistad que llevamos, siempre ella. PREGUNTÓ: sabe o
conoce a los padres y en que condiciones de salud se encuentran. CONTESTÓ: si,
el papá hace poco fue sometido a dos cirugías y su mamá tiene problemas de
tensión. PREGUNTÓ: sabe quién vela por los padres de la doctora Gloria Inés.
CONTESTÓ: si, ellos dependen económicamente de ella. PREGUNTÓ: sabe si la
doctora Gloria Inés vive en casa propia, arrendada, en qué condiciones vive.
CONTESTÓ: se que ella está pagando la casa donde vive. PREGUNTÓ: sabe si la
doctora Gloria Inés, convivió con su esposo o alguien distinto a él. CONTESTÓ: no
señor, ella convive con sus hijas y sus padres»34

Valoración probatoria.

Del acervo probatorio, se obtiene que si bien la actora superó los estudios
psicológicos, de perfil personal y misional e inclusive los protocolos de verificación,
confiabilidad y confidencialidad realizados por la entidad, previo al acto de
vinculación, lo cierto es que no se puede desconocer que existió un hecho de
relevancia para el nominador que conllevó a la pérdida de confianza en dicha
empleada como fue, la existencia de un proceso penal que cursaba en su contra
por presuntos delitos contra la administración pública.

El cargo que desempeñaba la demandante era el de asesor II, de manera que, el
referente que gobierna la provisión y el retiro no pueden ser otros diferentes a la
confianza y lealtad, enmarcada en la política institucional que permita definir y
ejecutar de manera mancomunada las políticas de la entidad hacía el mismo
propósito. Por ello, el componente de confianza para un empleado en un cargo
como el ocupado por la actora es de capital importancia, de manera que, al
resquebrajarse ello, bien puede ser separado del empleo, pues, en la dinámica
administrativa, la facultad discrecional está instituida, entre otras, para ese tipo de
situaciones sin que suponga sanción o juicio de valor a la actividad laboral o
profesional.

Lo anterior es trascendental para el caso bajo estudio, en la medida en que la
decisión de retiro del servicio en virtud de la facultad discrecional no desconoce
para nada la presunción de inocencia que reina en el proceso penal que cursa en
su contra, pues el ejercicio de dicha facultad legal no significa la imposición de una
sanción, ni implica el adelantamiento de un procedimiento en tal sentido. Es de
resaltar que la discrecionalidad que la ley confiere al nominador no encuentra
limitación alguna en las leyes (Ley 600 de 2000 y 906 de 2004) que gobierna el
proceso penal, precisamente, porque persiguen finalidades distintas. En

34
Folios 186 al 188 del expediente.

15

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conclusión, la actuación penal y la facultad discrecional son instituciones jurídicas
independientes, autónomas y reguladoras de aspectos diversos de la ley, pues la
atribución discrecional permite al nominador escoger a sus colaboradores y
prescindir de estos, por razones del buen servicio, al paso que la actuación penal
tiene por naturaleza la vigilancia de la conducta de las personas y/o servidores
públicos a la luz de ese ordenamiento; independientemente que puedan coincidir
en constituir causales de retiro o desvinculación del servicio. Así es que no había
obligación de sobreponer la acción penal sobre la facultad discrecional, ni tampoco
el retito del servicio supone un desconocimiento de su garantía constitucional de
inocencia.

Entonces, encuentra la Sala que el Oficio 1322 del 22 de junio de 2016 suscrito
por el fiscal general de la nación y dirigido a la subdirectora de talento humano, se
erige como esa prueba documental de la cual se desprenden las razones que
generaron en aquel la pérdida de la confianza en la actora y que conllevó a la
declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, pues en él se anuncia la
existencia de un proceso penal en su contra por la comisión de conductas
presuntamente contra la administración pública, cuya investigación está a cargo
de la fiscalía 46 delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá y quien
certificó que había formulado imputación con solicitud de medida de
aseguramiento intramural, esta última negada por el juzgado 81 de garantía; que
presentó escrito de acusación el 13 de agosto de 2016 y que se adelantó
audiencia de formulación de acusación, actuación que no había culminado por
encontrarse pendiente algunos recursos, de manera que los hechos sobre los
cuales se edificó la pérdida de confianza encuentran un sustento probatorio real.

De otra parte, en cuanto a la condición de madre cabeza de familia, la Sala aborda
este aspecto desde el análisis legal a partir de la Ley 1248 de 2008, modificatoria
de la 82 de 1993, la cual reconoce los tiempos y el avance sociológico, laboral y
económico del rol de la mujer, para ello, indica con precisión que la mujer jefe de
hogar, lo será, con independencia de su estado civil, siempre que en forma
permanente35 sustente las necesidades afectivas, económicas y sociales de su

35 Artículo 2 de la ley 1248 de 2008. Jefatura femenina de hogar. Para los efectos de la presente

ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría social de los hogares, derivada de los
cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de género que se han
producido en la estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las
mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y producción
social, que es objeto de políticas públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y
sectores de la sociedad civil.
En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia, quien, siendo soltera o casada,
ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en
forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para
trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del

16

Radicado: 25000234200020160619301(1196-2021)

núcleo familiar, lo que debe entenderse respecto de hijos y de otras personas que,
aunque mayores, no tengan capacidad física, sensorial o incluso, moral para
laborar o producir y, en dicha categoría, incluye al cónyuge o compañero(a)
permanente quien puede estar ausente tanto física como moralmente lo que la ley
define como deficiencia sustancial de ayuda, extendiendo este concepto a otros
miembros de la familia.

Para la Sala es necesario precisar que si la actora pretendía que se le reconociera
la calidad de madre cabeza de familia y con base en ello, acceder a las garantías
reforzadas de estabilidad laboral, era su deber acreditar el parentesco respecto de
quienes invoca tal condición, esto es, sus progenitores y sus hijas, mediante la
prueba idónea necesaria que, para este caso, se trata del registro civil de
nacimiento según lo determina el Decreto 1260 de 1970. De tal suerte que si la ley
establece un requisito para demostrar un determinado hecho, no le está permitido
al juez eximir a las partes del cumplimiento del mismo; a no ser que el respectivo
documento le haya sido imposible de allegar o que haya sido destruido o no se
desconozca su paradero, caso en el cual, sería de competencia del juez de
instancia, advertido tal suceso, quien estaría en la obligación de realizar los
trámites pertinentes para su consecución, o valerse de otras pruebas que permitan
determinar el parentesco, circunstancias éstas que no sucedieron en el sub – lite.

Si bien la actora allegó certificados de semestres universitarios de María Fernanda
Moreno Bohórquez y María Camila Moreno Bohórquez, así como la constancia de
afiliación a la EPS Sanitas y las declaraciones extrajuicio en las cuales
manifestaron depender «ECONÓMICAMENTE DE NUESTRA MADRE LA
SEÑORA GLORIA INES BOHÓRQUEZ TORRES (sic)» no es menos cierto que
no se allegó la prueba idónea con la que no solo se verificaría el parentesco sino
además, la edad de ambas, en atención a que la figura tiende a proteger a los
hijos menores de 18 años y hasta los 25 siempre que estén estudiando, de
manera tal que, para el caso, la Sala no cuenta con prueba documental que le
permita corroborar tales supuestos. Idéntica situación se presenta respecto de sus
progenitores, en la medida que no se allegó documento alguno que acredite el
parentesco.

De las declaraciones testimoniales rendidas en el proceso no resulta posible
determinar si la responsabilidad de las hijas recae en la demandante de manera
exclusiva y con carácter permanente y menos aún, que haya una deficiencia
sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, toda vez que, la única
testigo que hizo alusión a dicho aspecto fue Martha Cecilia Ruiz Ramírez,

cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del
núcleo familiar.

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declarante que respecto de la pregunta si «tiene conocimiento si el padre de la hija
de la señora Gloria Inés Bohórquez tiene algún tipo de relación con las hijas de la
hoy demandante», contestó con incertidumbre «creo que hablan por teléfono, por
que tengo entendido que esta fuera del país», respuesta de la cual no puede
inferirse asunto distinto a que existe un sesgo de duda en la declarante respecto
de la verdadera relación entre el padre y las hijas de la demandante. Y si bien,
sostuvo que era la actora quien solventaba los estudios de las hijas, no precisó
mayor información sobre tal aspecto, dado que su conocimiento es debido a los
comentarios que le hacia la misma Gloria Inés Bohórquez, pero no porque le
constara de manera directa ello. Subrayado fuera de texto.

En síntesis, encuentra la Sala que en este caso específico existe argumento y
prueba documental sólida que soporta la declaratoria de insubsistencia, que no es
otra que la pérdida de la confianza y se evidenció a través de la información
suministrada por la fiscalía 46 seccional, que se considera adecuada con la
realidad. En esa medida, la decisión adoptada por la Fiscalía General de la Nación
respondió entonces, por un lado, a los fines de la norma que otorga el retirar a un
funcionario de libre nombramiento y remoción sin motivación alguna, pero que en
el sub judice, la administración inclusive expresó los motivos de la decisión, los
cuales se ajustan a la realidad probatoria y, del otro, la proporcionalidad entre los
hechos respecto de los cuales se cuestionó a la servidora y la consecuencia
jurídica que se generó, dado que en todo caso, cursaba en su contra una
investigación penal, circunstancia que resquebrajó la confianza del nominador en
la actora, teniendo en cuenta el cargo que esta ostentaba, esto es, el de asesora
del despacho del fiscal general.

Por lo expuesto, la Sala arriba a la conclusión que el tribunal verificó todos los
argumentos de la demanda y en especial los relacionados con los reproches y
vicios de ilegalidad dirigidos al acto administrativo en estudio, tales como la
desviación de poder y la falsa motivación, lo cual incluyó el estudio de los
requisitos de la condición alegada por la demandante de ser madre cabeza de
familia y definitivamente, en este caso, como se pudo verificar, no demostró los
elementos necesarios e indispensables para lograr la protección especial y
reforzada del Estado, motivos por los cuales, se confirmará la sentencia del 19 de
marzo de 2020, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, la cual negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP,
esta Sala no condenará en costas a la parte vencida, en atención a que en el

18

Radicado: 25000234200020160619301(1196-2021)

trámite no se observa que se hayan causado, ni que las partes hayan desplegado
un actuar temerario.

3. Conclusión

La Sala encuentra que la demandante no logró establecer, mediante los medios
probatorios la causal de desviación de poder, en la modalidad de abuso de la
facultad discrecional por parte del nominador, como tampoco acreditó la causal de
falsa motivación ni la condición alegada de ser madre cabeza de familia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. - Confirmar la sentencia proferida el 19 de marzo de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que negó las
pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Gloria Inés Bohórquez
Torres, contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. - Sin condena en costas.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente

19

Radicado: 25000234200020160619301(1196-2021)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

20

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