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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00227-01

Fecha
14 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00227-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2018-00227-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ

Bogotá, D.C, catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 70001-23-33-000-2018-00227-01 (3769-2024)
Demandante: Iván Augusto Sierra Martínez
Demandado: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Temas: Declaratoria de insubsistencia. Cargo de libre nombramiento y
remoción. Pérdida de confianza. Desviación de poder.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el diecisiete (17) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual se negaron las pretensiones
y se abstuvo de condenar en costas.

ANTECEDENTES

El señor Iván Augusto Sierra Martínez instauró demanda en contra del Instituto
Colombiano Agropecuario, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución 5830 del 18 de mayo de 2017, mediante
la cual se declaró insubsistente el nombramiento del demandante en el cargo de
gerente seccional código 0042 grado 15 del Instituto Colombiano Agropecuario.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro sin solución
de continuidad al cargo que venía desempeñando o a otro de la misma o superior
jerarquía; se condene a reconocer y pagar todos los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde la fecha del retiro y hasta que se vincule nuevamente con
los respectivos aumentos legales y en suma ajustada conforme al IPC; se disponga
dar cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, y
se impongan costas procesales.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

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Radicación: 70001-23-33-000-2018-00227-01 (3769-2024)

Que fue nombrado en el cargo de gerente seccional código 0042, grado 15 del
Instituto Colombiano Agropecuario mediante Resolución 687 del 15 de febrero de
2010.

Que, previo a dicha designación, tenía derechos de carrera administrativa en la
Corporación Autónoma Regional de Sucre, donde ejercía el empleo de profesional
especializado código 2028 grado 14. Que, como consecuencia del nuevo
nombramiento como gerente seccional, le fue autorizada una comisión de servicios.

Que el 18 de febrero de 2016, presentó ante el director de CARSUCRE la renuncia
al cargo en el cual tenía derechos de carrera, con el fin de continuar ejerciendo sus
funciones en el ICA.

Que mientras se desempeñaba como gerente seccional en el ICA, se le impuso una
medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria, con ocasión de
una investigación penal que se inició en su contra.

Que mediante Resolución 1797 del 20 de febrero de 2017, fue suspendido del
ejercicio del empleo y se encargó de las funciones a un profesional universitario.

Que, ante la negativa de la entidad de vincularlo nuevamente al ser revocada la
medida de aseguramiento, interpuso acción de tutela, en la cual se ordenó su
reintegro; decisión a la cual se le dio cumplimento mediante Resolución 4583 del 21
de abril de 2017.

Que por Resolución 5830 del 18 de mayo de 2017 el gerente general del ICA, lo
declaró insubsistente del cargo de gerente seccional código 0042, grado 15.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Que se quebrantaron los artículos 2, 6, 25, 29, 53, 93, 94 y 122 de la Constitución
Política de Colombia; 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
Decretos 1042 y 1045 de 1978, Leyes 4ª de 1992; 909 de 2004 y Decreto 785 de
2005.

En el concepto de la violación se indicó que el acto demandado se expidió con fines
distintos al mejoramiento del servicio al desvincularlo solo porque tenía una
investigación penal en su contra sin haber esperado la definición de su situación
jurídica.

Que el nominador motivó la declaratoria de insubsistencia del nombramiento en la
pérdida de confianza, sin otorgarle la oportunidad de ejercer el derecho de defensa.
Además, utilizó las atribuciones para satisfacer sus intereses personales y
burocráticos.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El 11 de septiembre de 2019 el Tribunal admitió la demanda y el ICA se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, al considerar que los cargos de libre nombramiento

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y remoción como el desempeñado por el demandante, implican el otorgamiento de
una gran confianza por parte del nominador, por lo que pueden ser retirados sin
necesidad del motivar el acto, al no gozar de las mismas prerrogativas que los
empleados con derechos de carrera.

Que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado el buen
ejercicio del cargo no restringe el ejercicio de la potestad discrecional, y tampoco
confiere una garantía de permanencia en el servicio, como lo pretende el interesado.

El 7 de marzo de 2024 se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual se fijó el litigio,
se decretaron pruebas y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

En sentencia del 17 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Sucre, negó las
pretensiones de la demanda, al indicar que según lo regulado en el artículo 2.2.28.1
del Decreto 1083 de 2015, el cargo desempeñado por el demandante era de libre
nombramiento y remoción, por lo que el acto de retiro no requería motivación
alguna.

Que, si bien accedió al empleo por sistema de selección, ello no debilita la facultad
discrecional, en la medida que dicha modalidad de designación no altera la
condición del cargo de libre nombramiento y remoción.

Que tampoco se acreditó la desviación de poder, pues con las pruebas allegadas
no se aprecia una finalidad diferente al mejoramiento del servicio.

Que era improcedente la condena en costas, en la medida en que no se probó la
ausencia de fundamentos legales.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que se acreditó
la desviación de poder porque el nominador lo desvinculó del servicio por razones
de un proceso penal que se adelantaba en contra de varios empleados de la
entidad, pero no existía aún un pronunciamiento definitivo por parte de esa autoridad
que definiera su situación jurídica. Además, porque interpuso acción de tutela para
su reintegro cuando fue revocada la medida de aseguramiento consistente en
detención domiciliaria.

Que, si bien dada la naturaleza del cargo el nominador en ejercicio de la facultad
discrecional podía desvincularlo, esta potestad no es absoluta, por lo que debió
fundar su decisión en la mejora del servicio, sin embargo, procedió a delegar las
funciones en un profesional universitario, lo que demuestra que la verdadera razón
fue una «medida de represión con ocasión del proceso penal» para tratar de
exponer resultados frente a la opinión pública debido a la trascendencia que le
dieron los medios de comunicación a aquella investigación penal.

Que, a pesar de que se trata de un empleo de libre nombramiento y remoción, el
actor accedió al mismo por medio de una convocatoria, por tal motivo, la notificación

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del acto de retiro vulneró el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio
de contradicción, pues lo pertinente era iniciar la actuación administrativa
correspondiente para darle la oportunidad de controvertir los argumentos que le
pretendían endilgar y no proceder a declarar insubsistente su nombramiento sin
otorgarle las garantías procesales correspondientes.

Que no se tuvo en cuenta que estuvo vinculado a la entidad desde el 15 de febrero
de 2010, lo cual implica que tenía una extensa experiencia en las funciones que
desempeñaba, y estaba dotado de competencias y destrezas laborales para
continuar en la función pública.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 29 de julio de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez
ejecutoriada, el expediente pasaría a despacho para dictar sentencia sin necesidad
de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta
antes de que el proceso ingresara al mismo.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión previa. Advierte la Sala que ninguna manifestación se efectuará sobre la
naturaleza del cargo ocupado por el demandante, a saber, gerente seccional código
0042, grado 15 del Instituto Colombiano Agropecuario, en la medida que no se
discute que es de libre nombramiento y remoción.

En los estrictos términos del recurso de apelación, corresponderá determinar si el
acto administrativo acusado, por medio del cual se declaró insubsistente el
nombramiento del señor Iván Augusto Sierra Martínez desbordó la proporcionalidad
y razonabilidad del ejercicio de la facultad discrecional que le confiere la
Constitución y la ley, al expedirse presuntamente bajo desviación de poder.

Del retiro del servicio por insubsistencia del cargo de libre nombramiento y
remoción

El 2.2.11.1.1 del Decreto 1083 de 2015 1, señala que el retiro del servicio de los
empleados públicos conlleva a la cesación en el ejercicio de funciones públicas y
se produce entre otras, por la declaratoria de insubsistencia del nombramiento en
los empleos de libre nombramiento y remoción. A su vez, el artículo 2.2.11.1.2 de la
misma disposición, estableció que en cualquier momento puede declararse
insubsistente un nombramiento ordinario, sin motivar la providencia, de acuerdo con
la facultad discrecional del nominador.

1 Modificado por el Decreto 648 de 2017 que entró a regir el 19 de abril del citado año. «Por medio del cual se

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública». El artículo 2.1.1.2. señala «Las
disposiciones contenidas en el presente decreto son aplicables a las entidades de la Rama Ejecutiva del poder
público, de acuerdo con la determinación específica que se haga en cada Título de la Parte 2». (Se destaca).

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Atendiendo lo expuesto, es claro que los actos de desvinculación de los funcionarios
de libre nombramiento y remoción no necesitan de motivación, en la medida que la
selección de este personal, supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por
motivos estrictamente personales o de confianza.

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación 2, ha sostenido que: «[…] para
el desempeño de los cargos de libre nombramiento y remoción, la confianza juega
un rol preponderante, lo que le permite al nominador disponer libremente su
provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan
adoptar una u otra decisión, […]». (Se destaca).

A pesar de lo señalado por la norma, la jurisprudencia constitucional 3 indicó que
dicha facultad debe ser ejercida dentro de parámetros de racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad, estableciendo como límites para su ejercicio los
siguientes: i) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple
la discrecionalidad expresamente, ii) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de
la norma que la autoriza, y iii) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le
sirven de causa.

En similar sentido se ha pronunciado esta Corporación4 al indicar que la potestad
de remoción de un empleado de libre nombramiento y remoción, debe ser ejercida
bajo dichos parámetros y que el acto de insubsistencia al ser inmotivado, supone la
existencia de una razón o medida con miras al mejoramiento del servicio.

Finalmente, el artículo 44 del CPACA establece que en la medida en que el
contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe
ser adecuada a los fines de la norma que lo autoriza, y proporcional a los hechos
que le sirven de causa, por tal motivo se advierte que el precitado artículo busca
evitar la arbitrariedad, pues materializa la posibilidad de ejercer el control
jurisdiccional del acto administrativo discrecional a partir de las nociones de causa
y fin del acto administrativo.

De la desviación de poder

Esta causal está referida a la «[…] intención con la cual la autoridad toma una
decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que obedece a un
propósito particular, personal o arbitrario». En otras palabras, incurre en desviación
de poder cuando el funcionario ejerce sus atribuciones, no en aras del buen servicio
público y de la buena marcha de la administración, sino por móviles arbitrarios,
caprichosos, egoístas, injustos u ocultos 5..

Como lo ha precisado la doctrina, si bien el acto fue expedido por órgano o
autoridad competente y con las formalidades debidas, en realidad persigue fines

2 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Exp. 73001-23-33-

000-2013-00447-01 (4519-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
3 Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. Referencia: expediente T-3.215.182.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección A. Sentencias del

15 de febrero de 2018. Exp. 76001-23-31-000-2010-01828-01(1615-16) y del 21 de marzo de 2022. Exp. 76001-
23-33-000-2013-00938-01 (4632-2019). C.P. William Hernández Gómez.
5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Exp. 13001-23-31-

000-2007-00052-01(0105-12). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico 6. Entonces, este vicio de
anulabilidad tiene como finalidad atender un propósito particular, personal o
arbitrario.

En tal sentido, para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos
de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer, según la regla
general contenida en el artículo 167 del CGP.

Resolución al caso concreto

El señor Iván Augusto Sierra Martínez fue nombrado a través de la Resolución 687
del 15 de febrero de 2010, en el cargo de gerente seccional código 0042 grado 15,
en ICA y tomó posesión del empleo en esa misma fecha 7.

Por Resolución 1797 del 20 de febrero de 2017 fue suspendido de sus funciones
hasta que se definiera de manera definitiva su situación judicial, con ocasión de la
imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por
parte del Juzgado Promiscuo Municipal de San Marcos, Sucre 8. Luego, fue
reintegrado a través de Resolución 4183 del 21 de abril de 2017 al dar cumplimiento
a un fallo de tutela que así lo dispuso 9.

Mediante Resolución 5830 del 18 de mayo de 2017, el gerente general de la entidad
declaró insubsistente el nombramiento del demandante 10. Se expusieron los
siguientes motivos:

«[…] Que como se advierte, son claramente funciones en las cuales se requiere
una confianza y afinidad especial con el empleado que las desempeñe. Si la
labor de Directivo consiste en proponer desarrollar, adelantar, coordinar
acciones, a fin de que el nominador pueda tomar decisiones o fijar políticas
referentes a una entidad, y por tanto, puede tener cierta incidencia en la
determinación que se produzca, es necesario que el nominador de la entidad
tenga una gran confianza en el criterio del funcionario que realiza tal labor. […]

Que conforme los cuestionamientos que sobre la labor del doctor […] han
acontecido actualmente, éstos generan a esta Gerencia una desconfianza en
su criterio profesional, toda vez que los mismos han desestabilizado el clima
laboral y afectado la adecuada prestación del servicio.

Que la confianza es un criterio subjetivo relevante no solo para establecer si un
cargo es de libre nombramiento y remoción, especialmente en aquellos empleos
de cualquier nivel jerárquico que tengan asignadas funciones de asesoría
institucional, asistenciales o de apoyo, sino también para determinar el ingreso
y la permanencia en el cargo del respectivo servidor público. […]».

A pesar de que la insubsistencia del nombramiento no exige una motivación expresa
porque se presume fundamentado en el mejoramiento del servicio, en dicho acto

6 Berrocal Guerrero, Luis Enrique Manual del acto administrativo, Librería ediciones del profesional LTDA.,

Bogotá, Colombia, 2014, página 547.
7 Folios 24 y 25 del archivo pdf índice 3 Samai.
8 Folios 26 y 27, ibid. Según se lee en la parte motiva del acto administrativo dentro del proceso con radicado

70-001-60-01037-2015-00946.
9 Folios 28 y 29, ibid.
10 Folios 30 a 32, ibid.

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administrativo se expusieron las razones que tuvo la administración para su retiro,
específicamente la pérdida de confianza.

Así, el cargo que desempeñaba el demandante era el de gerente seccional, de
manera que, el referente que dirige la provisión y el retiro no pueden ser otros
diferentes a la confianza y lealtad, enmarcada en la política institucional que permita
definir y ejecutar de manera mancomunada las directrices de la entidad hacia el
mismo propósito 11, pues esa clase de empleos revisten especiales
responsabilidades y profundas implicaciones al momento de tomar decisiones, por
lo que debe existir coordinación y el mejor entendimiento posible entre los
funcionarios del más alto nivel.

En efecto, la Corte Constitucional 12 ha explicado que «siendo la confianza un factor
determinante a la hora de vincular funcionarios en cargos de libre nombramiento y
remoción, su pérdida constituye una razón justificada para que la administración
de por terminada la relación laboral con el empleado público y de esta forma
garantice tanto la prestación del buen servicio como la satisfacción del interés
público».

En el presente asunto, esa pérdida de confianza por parte del nominador pudo
haberse dado incluso por la existencia de un proceso penal en contra del
demandante13, y, si bien tanto la actuación penal como la facultad discrecional son
instituciones jurídicas independientes, pues el ejercicio de dicha potestad legal no
significa la imposición de una sanción, lo cierto es que esa situación pudo llevar a
una desconfianza por parte del empleador con ocasión de las funciones
trascendentales que ejercía el demandante en el nivel directivo.

Por ello, el componente de confianza para un empleado en un cargo como el
ocupado por el actor es de vital importancia, por lo que, al resquebrajarse, bien
podía ser separado del empleo, porque en la dinámica administrativa, la facultad
discrecional se funda, entre otras, para ese tipo de situaciones sin que suponga
sanción o juicio de valor a la actividad laboral o profesional.

Encuentra la Sala entonces que, en este caso existe argumento de la desvinculación
que no es otro que la pérdida de la confianza y se evidenció que la decisión de retiro
respondió a los fines de la norma que otorga el retirar a un funcionario de libre
nombramiento y remoción sin motivación alguna, pero que, en este caso, la
administración inclusive expresó los motivos de la decisión, los cuales se ajustan a
la realidad probatoria.

En cuanto al reproche señalado en el recurso de apelación en el sentido de que se
desmejoró el servicio porque fue encargada una persona que se desempeñaba
como profesional universitario que no tenía su trayectoria, la Sala observa que no
se allegó prueba de que dicho servidor no contara con las capacidades
profesionales y académicas exigidas por la normativa para el desempeño del cargo,

11 Tal como lo expuso recientemente esta Sección. Subsección A. Sentencia del 15 de junio de 2023. Exp.

25000234200020160619301(1196-2021). C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
12 Sentencia T-686 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo

sucesivo con peculado por apropiación en favor propio. Folios 89 a 90 del archivo pdf obrante en índice 3 Samai.
Se destaca que contiene múltiple foliatura.

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o que tal nombramiento conllevó a la afectación del servicio público, y mucho menos
que se trató de una «medida de represión» como se afirmó.

Tampoco es de recibo lo expuesto en la alzada respecto de que se le debió
garantizar el derecho de defensa y contradicción porque accedió al empleo por
medio de una convocatoria, pues a pesar que la naturaleza del cargo público define
su forma de provisión, es factible que en algunos empleos que no son de carrera,
las vacantes sean provistas a través de la realización de un certamen que
materialice en mayor medida el mérito 14, sin que dicha circunstancia cambie la
naturaleza del cargo 15.

En todo caso se reitera que, al ser una facultad discrecional, la decisión que toma
el nominador debe estar exenta de injerencias o argumentos exógenos, por lo que
no puede la parte actora arrogarse prerrogativas que no están establecidas en la
ley.

Finalmente, se apuntó a la idoneidad y eficacia en la prestación del servicio,
elementos que no se pueden considerar como argumentos contundentes que
permitan desvirtuar la facultad discrecional conferida al nominador para la libre
remoción, pues es obligación de todo servidor público prestar sus servicios en forma
óptima y eficiente, en la medida que ayuda a la consecución de los fines esenciales
del Estado; por tanto, que haya ejercido el cargo desde el 15 de febrero de 2010 16
y cuente con amplia experiencia, no garantiza su estabilidad, sino que se constituye
en el presupuesto natural del ejercicio del cargo 17, lo que conlleva que los cargos
de nulidad señalados en la demanda y en la apelación, no tengan vocación de
prosperidad, por lo que habrá de confirmarse la sentencia apelada.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 18 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 24 de agosto de 2024. Exp. 11001-03-

25-000-2021-00489-00 (2352-2021). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Exp.

73001233300020130044701 (4519-2014). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16 Archivo pdf 9 del documento 17CdFolio58 2018-00227 expediente digital Samai.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 16 de febrero de 2017. Exp.

500012333000201300063 01 (3165-2014). C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Tesis reiterada por esta Sección en
sentencias del 31 de marzo de 2022. Exp. 76001-23-33-000-2013-00938-01 (4632-2019). C.P. William
Hernández Gómez y del 23 de octubre de 2024. EX. 25-000-23-42-000-2016-01542-01 (0902-2019). C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez, entre otras.
18 «ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».

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Radicación: 70001-23-33-000-2018-00227-01 (3769-2024)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de abril de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

9
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