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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02836-00

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02836-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Superintendencia de Transporte. 2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02836-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

11 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02836-00
Demandante: Gilberto Elías Villalobos Brochel

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., 11 de junio de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02836-00
Demandante: GILBERTO ELÍAS VILLALOBOS BROCHEL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA.

Temas: Contra providencia judicial dictada en el medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos
administrativos. Defectos por desconocimiento del precedente,
sustantivo, orgánico, fáctico, por error inducido, por violación directa
de la Constitución y por exceso ritual manifiesto. Improcedencia de la
acción de tutela. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Gilberto Elías Villalobos
Brochel contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 14 de abril de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Gilberto Elías Villalobos Brochel pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad
jurídica.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 19
de febrero de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en el medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos con
radicado 20001-23-33-000-2025-00623-00/01, en la que revocó la decisión de primera
instancia, para, en su lugar, declarar improcedente la pretensión relacionada con que se
anularan comparendos y declarar que se configuró la cosa juzgada respecto de la
pretensión concerniente al cumplimiento de los artículos 135 y 158A de la Ley 769 de 2002
y 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se AMPAREN los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, a la IGUALDAD y a la SEGURIDAD JURÍDICA de EL ACCIONANTE
y, por extensión, de la colectividad afectada, los cuales fueron vulnerados por la Sección Quinta del
Consejo de Estado al proferir una providencia que desconoce el imperio de la Constitución y la Ley.

SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD Y SE DEJE SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la acción de cumplimiento con radicado
[Insertar Radicado], por configurar una Vía de Hecho mediante un defecto sustantivo y desconocimiento
del precedente vinculante de la Corte Constitucional (Sentencias C-038/20 y C-321/22) y del propio
Consejo de Estado.

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE a la Sección Quinta del Consejo de
Estado que, en un término no mayor a quince (15) días, profiera una NUEVA SENTENCIA DE FONDO.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02836-00
Demandante: Gilberto Elías Villalobos Brochel

En dicho fallo, la corporación deberá acatar lo dispuesto en los Artículos 10 y 102 del CPACA,
reconociendo que la Superintendencia de Transporte, según el Artículo 3 (Parágrafo 3) de la Ley 769
de 2002, tiene una obligación imperativa, clara y exigible de vigilancia que no puede ser eludida bajo el
pretexto de autonomía territorial.

CUARTA: Que se ORDENE a la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE dar cumplimiento estricto y
efectivo al Artículo 4 del Decreto 2409 de 2018 y al Artículo 3 de la Ley 1843 de 2017, procediendo a
inspeccionar y verificar la validez técnica de los sistemas SAST en Valledupar. Se debe declarar que la
entidad no ha cumplido con su función de policía administrativa al permitir la operación de dispositivos
móviles y "cruce de datos" sin la debida señalización y validación humana.

QUINTA: Que se ORDENE a la Superintendencia de Transporte que, en ejercicio de su facultad de
autoridad de cierre y en cumplimiento del Artículo 158A del Código Nacional de Tránsito (adicionado
por Ley 2251 de 2022), disponga la REVOCATORIA OFICIOSA Y MASIVA de la totalidad de los
comparendos (aproximadamente 92.000) impuestos en Valledupar mediante prácticas prohibidas
(vehículos en movimiento y falta de plena identificación del infractor).

SEXTA: Que se ORDENE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL E INMEDIATA de todos los efectos
administrativos, reportes en las plataformas SIMIT y RUNT, y procesos de cobro coactivo derivados de
estas fotomultas ilegales, hasta que la autoridad de tránsito de Valledupar demuestre, caso por caso,
que cumplió con la carga probatoria de identificar al conductor infractor, conforme a la Sentencia de
Unificación SU-011 de 2020.

SÉPTIMA: Que se DECLARE que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un Exceso Ritual
Manifiesto y en una Cosa Juzgada Aparente, al pretender aplicar fallos previos sobre situaciones
fácticas nuevas y ante la aparición de normas de orden público posteriores (como la Ley 2251 de 2022)
que obligan a la administración a actuar de oficio frente a la ilegalidad técnica.

OCTAVA: Que se COMPULSEN COPIAS con carácter urgente a la PROCURADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN y a la COMISIÓN DE ACUSACIONES (o autoridad competente), para que se investigue la
responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de la Superintendencia de Transporte y se verifique si
la actuación de los magistrados de la Sección Quinta se apartó deliberadamente del bloque de
constitucionalidad para favorecer intereses de recaudo de un operador privado.

NOVENA: Que el Juez de Tutela, dada la gravedad de la omisión y el impacto masivo sobre el
patrimonio de los ciudadanos, mantenga la VIGILANCIA PERMANENTE sobre el cumplimiento de este
amparo mediante un incidente de seguimiento, asegurando que la Superintendencia de Transporte no
emita respuestas administrativas ambiguas o vacuas que pretendan burlar la orden judicial.

DÉCIMA: Que se ORDENE a la Secretaría de Tránsito de Valledupar y a la Superintendencia de
Transporte la devolución indexada de los dineros recaudados bajo este esquema de Responsabilidad
Objetiva, reconociendo que el Estado no puede lucrarse de cobros fundamentados en procedimientos
que han perdido su fuerza ejecutoria por vía del Decaimiento (Art. 91 CPACA).

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor Gilberto Elías Villalobos Brochel promovió medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o actos administrativos contra la Superintendencia de
Transporte y la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar, para que acataran lo
dispuesto en los artículos 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, 18 de la Ley 2251 de 2022,
6 de la Resolución 20203040011245 de 2020 y 10 de la Ley 1437 de 2011.

Pidió que, como consecuencia de lo anterior, se ordenara: i) a la Superintendencia de
Transporte anular 71.000 comparendos impuestos en el municipio de Valledupar,
mediante vehículos <<caza infractores>> y, ii) a la Secretaría de Tránsito del municipio de
Valledupar que retirara los vehículos <<caza infractores>> y que la imposición de los
comparendos se realizara de manera presencial, se individualizaran a los infractores y se
les otorgara un tiempo prudencial para el retiro de vehículos en casos de estacionamiento
indebido.

La demanda se adelantó bajo el radicado 20001-23-33-000-2025-00623-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo del Cesar que, por sentencia del 10 de diciembre
de 2025, la declaró improcedente, debido a que, según dijo, la parte actora contaba con
otro medio de defensa judicial para que se hicieran efectivas sus pretensiones, al estimar

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Demandante: Gilberto Elías Villalobos Brochel

que las supuestas irregularidades mencionadas por el señor Villalobos Brochel respecto
a la imposición masiva de comparendos por vehículos de fotodetección podían ser
controvertidas a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Inconforme, el demandante apeló y manifestó que sus pretensiones sí eran procedentes,
porque lo pretendido no era la anulación de un comparendo individual, sino el
cumplimiento de las normas que regulaban la legalidad del sistema de fotodetección en
el municipio de Valledupar y, en razón a lo anterior, la anulación de más de 71.000
órdenes de comparendo.

Que no existían pruebas que demostraran que esos comparendos fueron impuestos
conforme con los requisitos exigidos por la ley, porque en el país no estaba permitido el
funcionamiento de dispositivos SAST.

Por sentencia del 19 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección Quinta, revocó
la decisión apelada para, en su lugar, declarar improcedentes las pretensiones de
anulación de comparendos y declarar que se había configurado la cosa juzgada respecto
de los artículos 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 y 6 de la Resolución No.
20203040011245 de 2020.

Explicó que las pretensiones relacionadas con la anulación de las multas impuestas
mediante vehículos <<cazas infractores>> no satisfacían el requisito de subsidiariedad,
porque se trataba de un debate jurídico sobre la validez de los comparendos y, en ese
orden, los afectados podían acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Que la pretensión sobre la imposición de comparendos de manera presencial tampoco
cumplía el requisito de subsidiariedad, porque imponía analizar la legalidad de las
actuaciones adelantadas por la administración, lo que escapaba de la órbita del juez de
cumplimiento. Que el actor pretendía la eliminación de fotocomparendos y para ello
existía un procedimiento administrativo sancionatorio al cual podía acudir.

Que respecto al cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, se pretendía la
aplicación del precedente judicial, asunto que también escapaba del objeto de ese medio
de control.

Finalmente, con relación al retiro de vehículos <<cazas infractores>>, señaló que había
operado la cosa juzgada, debido a que en sentencia del 10 de abril de 20251, esa Sección
ya había resuelto ese asunto.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del
asunto, alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en:

Desconocimiento del precedente fijado en las sentencias C-038 de 2020 y C-321 de
2022, dictadas por la Corte Constitucional que, según la parte actora, establecieron que
los propietarios de vehículos no podían ser sancionados automáticamente por
infracciones captadas por cámaras, a menos que se demostrara su participación en la
infracción.

Dijo que la Superintendencia de Transporte no podía validar los reportes de multas sin
identificación plena del infractor, porque la responsabilidad en el derecho administrativo
sancionatorio era subjetiva.

1 Radicado 20001-23-33-000-2024-00029-01

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02836-00
Demandante: Gilberto Elías Villalobos Brochel

Defecto sustantivo porque la sentencia acusada había dejado sin vigencia el artículo 87
de la Constitución y la Ley 393 de 1997, con lo que cerraba la vía constitucional para
obligar a las autoridades a acatar las leyes.

Dijo que la decisión cuestionada redujo el medio de control de cumplimiento a una figura
retórica carente de eficacia jurídica, al sacrificar el derecho sustancial sobre formalismos
procesales. Que el fenómeno de la cosa juzgada no podía amparar ilegalidades
administrativas permanentes.
Que la autoridad judicial demandada desconoció que el parágrafo 3 del artículo 3 de la
Ley 769 de 2002 establecía que la Superintendencia de Transporte era la autoridad de
vigilancia y control de todos los organismos de tránsito. Que no integró esa norma en el
análisis de cumplimiento y permitió que la nombrada superintendencia eludiera su
responsabilidad de vigilar a la Secretaría de Tránsito de Valledupar, con fundamento en
el concepto de autonomía territorial.

Que se ignoró el objeto y alcance del Decreto 2409 de 2018, que facultaba a la
Superintendencia de Transporte a inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación de normas
de tránsito. Que se erró al no reconocer que la Superintendencia de Transporte tenía la
obligación legal de intervenir cuando los sistemas tecnológicos de Valledupar no
cumplían con los criterios de seguridad vial vigentes, lo que permitía que se perpetuaran
operativos móviles sin la señalización y permisos requeridos.

Que también se inaplicó el artículo 158A de la Ley 769 de 2002, que establecía sanciones
para las autoridades de tránsito que utilizaran ayudas tecnológicas sin cumplir los criterios
de seguridad vial. Que al haber declarado la ocurrencia de la cosa juzgada se ignoró que
ese artículo creaba una obligación clara, expresa y exigible. Que esa norma también
permitía la revocatoria oficiosa de multas impuestas sin autorización técnica.

Que se desconoció el artículo 3 de la Ley 1843 de 2017, que señalaba que la
Superintendencia de Transporte era la autoridad competente para verificar el
cumplimiento de criterios técnicos de fotodetección. Que esa norma permitía que se
suspendieran las ayudas tecnológicas que no cumplían con los requisitos exigidos por el
Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Que la decisión
acusada anulaba ese control preventivo y permitía que se siguieran reportando
infracciones con equipos móviles que no contaban con validación técnica.

Que se aplicó de forma extensiva la figura de la cosa juzgada para bloquear el estudio
de fondo de la renuencia de la Superintendencia de Transporte. Que no podía existir
identidad de causa porque el incumplimiento alegado estaba relacionado con hechos
ocurridos en los años 2024 al 2026. Que la decisión de declarar la cosa juzgada permitía
que persistiera la ilegalidad en las actuaciones de las entidades demandadas bajo el
amparo de un formalismo procesal.

Defecto orgánico al compulsar copias contra el defensor y asesor técnico de la causa
ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Defecto fáctico porque se omitió valorar la renuencia de la Superintendencia de
Transporte de iniciar las investigaciones ordenadas en la Ley 1843 de 2017.

Error inducido debido a que la decisión acusada se fundamentó en unas respuestas
ofrecidas por la Superintendencia de Transporte, en las que afirmaba que había cumplido
sus funciones de vigilancia con la expedición de conceptos genéricos, cuando la ley
exigía adelantar actuaciones tendientes a verificar criterios técnicos.

Dijo que se requería la intervención del juez constitucional para que ordenara la
verificación técnica de la operación de los SAST móviles.

Violación directa de la Constitución al permitir que la Superintendencia de Transporte
actuara sin responsabilidad frente a las omisiones de los organismos de tránsito locales.

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Exceso ritual manifiesto al dar prevalencia a requisitos procesales sobre la necesidad
de proteger el ordenamiento jurídico y el derecho sustancial.

5. Trámite procesal

Por auto del 4 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Consejo
de Estado, Sección Quinta, y en calidad de terceros con interés, a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Cesar, al superintendente de transporte y al secretario de
tránsito del municipio de Valledupar.

Adicionalmente, se denegó la medida provisional pedida por la parte actora, que estaba
relacionada con que se suspendieran los cobros coactivos derivados de comparendos
impuestos mediante el sistema de fotodetecciónen movimiento.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 5 de mayo de
2026.

6. Intervenciones

El magistrado del Consejo de Estado, Sección Quinta, ponente de la sentencia
acusada, solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo y,
subsidiariamente, que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela.

Dijo que el asunto carecía de relevancia constitucional por falta de carga argumentativa
y porque se pretendía utilizar la acción de tutela como una instancia adicional del medio
de control de cumplimiento. Que la argumentación de la parte actora solo reflejaba una
mera inconformidad con lo resuelto en la sentencia del 19 de febrero de 2026, sin que
expusiera de qué manera concreta se transgredían sus garantías fundamentales
reclamadas y que no se evidenciaba la configuración de ninguno de los defectos
invocados.

La Superintendencia de Transporte pidió que se denegaran las pretensiones de la
parte actora, debido a que no estaba legitimada en la causa por pasiva.

El Tribunal Administrativo del Cesar se limitó a compartir el enlace del medio de control
de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos con
radicado 20001-23-33-000-2025-00623-00/01; sin embargo, nada dijo sobre el fondo del
asunto.

La Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar no se pronunció, pese a que,
como se vio, fue debidamente notificada.

II. CONSIDERACIONES

1. Legitimación en la causa por pasiva.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional2 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción

2 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado.

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de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia del 19 de febrero de 2026,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en el medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley o actos administrativos con radicado 20001-23-33-
000-2025-00623-00/01.

Por su parte, la Superintendencia de Transporte solicitó su desvinculación, al estimar que
no tenía legitimación en la causa por pasiva.

No obstante, la vinculación de esa entidad no fue como parte demandada, sino en calidad
de terceros con interés, porque fungió como demandada en el proceso objeto de tutela.
En consecuencia, no hay lugar a acceder a las solicitudes de desvinculación.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Gilberto Elías Villalobos Brochel para dejar sin efectos la sentencia del 19 de febrero de
2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en el medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos con radicado
20001-23-33-000-2025-00623-00/01, en la que se revocó la decisión de primera
instancia, para, en su lugar, declarar improcedente la pretensión relacionada con que se
anularan comparendos y declarar que se configuró la cosa juzgada respecto de la
pretensión concerniente al cumplimiento de los artículos 135 y 158A de la Ley 769 de 2002
y 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, por cuanto no
satisface el requisito de relevancia constitucional por tratarse de un asunto
eminentemente legal y de orden económico. Además, la parte actora no cumplió con la
carga mínima de argumentación respecto a las razones por las que la discusión que
plantea reviste una clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales. (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del caso concreto.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En lo que interesa para resolver el asunto, el primer criterio (vulneración o amenaza real
de derechos fundamentales) está previsto para que la acción de tutela no se utilice para
discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

El segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales.

En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que, cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales, se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
«es comprensible, pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos».

Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima «de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que motivó
la solicitud de protección».

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por qué el asunto reviste
relevancia constitucional».

Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar
al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar
decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.

Análisis del caso concreto

En el sub lite, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efectos la
sentencia del 19 de febrero de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta,
en el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos
administrativos con radicado 20001-23-33-000-2025-00623-00/01, relacionado con la
imposición de comparendos en el municipio de Valledupar mediante dispositivos
instalados en vehículos en movimiento.

La sentencia controvertida declaró improcedente la pretensión de anulación de los
comparendos impuestos mediante los nombrados dispositivos y, además, declaró la cosa

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juzgada respecto del cumplimiento de los artículos 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 y
6 de la Resolución No. 20203040011245 de 2020.

Ahora, en la acción de tutela, el señor Villalobos Brochel, en síntesis, argumenta que sí
había lugar a declarar la nulidad de los comparendos impuestos mediante dispositivos
instalados en vehículos en movimiento y que legal y jurisprudencialmente está prohibido
que las entidades territoriales utilicen ese tipo de dispositivos para <<cazar infractores>>
Sin embargo, para la Sala, el asunto se suscribe a una discusión que no gira en torno a
un asunto constitucional o a la defensa de derechos fundamentales; por el contrario, se
trata de un debate de naturaleza económica y eminentemente legal.

Sobre este punto, la Corte Constitucional6 ha señalado que <<las discusiones de orden
legales o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido
al juez de tutela inmiscuirse en materia de carácter netamente legal o reglamentario que han de
ser definidos por las jurisdicciones correspondientes>>7

Incluso, ha manifestado que un asunto carece de relevancia constitucional8 cuando: <<(i)
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por
ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se
desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (iii) sea evidente su naturaleza
o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general>>.

Para la Sala, la discusión que propone la parte actora se itera, es de carácter económico
y con connotaciones legales y particulares, que no representan un interés general ni
evidencia, prima facie, la transgresión de los derechos fundamentales del señor Gilberto
Elías Villalobos Brochel.

Para la Sala, el actor tampoco cumplió con la carga argumentativa de explicar por qué su
solicitud de amparo reviste una clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional y
por qué trasciende las inconformidades que percibe de la decisión adoptada por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, pues no presentó motivos suficientes dirigidos a
evidenciar que la providencia cuestionada afecta de manera grave sus derechos
fundamentales.

El simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no es suficiente para
tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto que es necesario, se
itera, que se ponga en evidencia la afectación desproporcionada de los derechos
fundamentales alegados, pues «la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales,
supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel»9.

Si bien, la parte actora alega la configuración de defectos por desconocimiento del
precedente, sustantivo, orgánico, fáctico, por error inducido, por violación directa de la
Constitución y por exceso ritual manifiesto, lo cierto es que con ellos tampoco cuestiona
de manera directa las razones de la decisión que ahora controvierte.

En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la
solicitud de amparo, por incumplir el requisito de relevancia constitucional.

Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.

6 Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
7 Sentencia T-136 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
8 Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
9 Corte Constitucional, sentencia Su- 573 de 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02836-00
Demandante: Gilberto Elías Villalobos Brochel

Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Superintendencia de
Transporte.

2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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