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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02928-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02928-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar las solicitudes de desvinculación del Concejo de Valledupar y el Ministerio de Transporte. 10 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 11 M.P.: Natalia Ángel Cabo. 12 Ver sentencia del 11 de junio de 2026, acción de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2026-02836-00. C.P. Wilson Ramos Girón. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-02928-00 Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos Iván Cuello Vélez, quien actúa en nombre propio, contra la Sección Quinta del Consejo de Estado. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02928-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02928-00
Accionante: CARLOS IVÁN CUELLO VÉLEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o actos administrativos. Falta del
requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Carlos Iván Cuello Vélez, quien actúa en nombre propio,
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 16 de abril de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó al
juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, supuestamente vulnerados
por la autoridad judicial accionada.

En el escrito de tutela formuló las siguientes:

[sic a toda la cita] “PRIMERA: Que se AMPAREN los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, a la
IGUALDAD y a la SEGURIDAD JURÍDICA de EL ACCIONANTE y, por extensión, de la
colectividad afectada, los cuales fueron vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de
Estado al proferir una providencia que desconoce el imperio de la Constitución y la Ley.

SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD Y SE DEJE SIN EFECTOS JURÍDICOS la
sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la acción de
cumplimiento con radicado [sic], por configurar una Vía de Hecho mediante un defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente vinculante de la Corte Constitucional
(Sentencias C-038/20 y C-321/22) y del propio Consejo de Estado.

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE a la Sección Quinta del
Consejo de Estado que, en un término no mayor a quince (15) días, profiera una NUEVA
SENTENCIA DE FONDO. En dicho fallo, la corporación deberá acatar lo dispuesto en los
Artículos 10 y 102 del CPACA, reconociendo que la Superintendencia de Transporte,
según el Artículo 3 (Parágrafo 3) de la Ley 769 de 2002, tiene una obligación imperativa,
clara y exigible de vigilancia que no puede ser eludida bajo el pretexto de autonomía
territorial.

CUARTA: Que se ORDENE a la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE dar
cumplimiento estricto y efectivo al Artículo 4 del Decreto 2409 de 2018 y al Artículo 3 de
la Ley 1843 de 2017, procediendo a inspeccionar y verificar la validez técnica de los
sistemas SAST en Valledupar. Se debe declarar que la entidad no ha cumplido con su

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función de policía administrativa al permitir la operación de dispositivos móviles y "cruce
de datos" sin la debida señalización y validación humana.

QUINTA: Que se ORDENE a la Superintendencia de Transporte que, en ejercicio de su
facultad de autoridad de cierre y en cumplimiento del Artículo 158A del Código Nacional
de Tránsito (adicionado por Ley 2251 de 2022), disponga la REVOCATORIA OFICIOSA
Y MASIVA de la totalidad de los comparendos (aproximadamente 92.000) impuestos en
Valledupar mediante prácticas prohibidas (vehículos en movimiento y falta de plena
identificación del infractor).

SEXTA: Que se ORDENE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL E INMEDIATA de todos los
efectos administrativos, reportes en las plataformas SIMIT y RUNT, y procesos de cobro
coactivo derivados de estas fotomultas ilegales, hasta que la autoridad de tránsito de
Valledupar demuestre, caso por caso, que cumplió con la carga probatoria de identificar
al conductor infractor, conforme a la Sentencia de Unificación SU-011 de 2020.

SÉPTIMA: Que se DECLARE que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un
Exceso Ritual Manifiesto y en una Cosa Juzgada Aparente, al pretender aplicar fallos
previos sobre situaciones fácticas nuevas y ante la aparición de normas de orden público
posteriores (como la Ley 2251 de 2022) que obligan a la administración a actuar de oficio
frente a la ilegalidad técnica.

OCTAVA: Que se COMPULSEN COPIAS con carácter urgente a la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN y a la COMISIÓN DE ACUSACIONES (o autoridad
competente), para que se investigue la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios
de la Superintendencia de Transporte y se verifique si la actuación de los magistrados de
la Sección Quinta se apartó deliberadamente del bloque de constitucionalidad para
favorecer intereses de recaudo de un operador privado.

NOVENA: Que el Juez de Tutela, dada la gravedad de la omisión y el impacto masivo
sobre el patrimonio de los ciudadanos, mantenga la VIGILANCIA PERMANENTE sobre
el cumplimiento de este amparo mediante un incidente de seguimiento, asegurando que
la Superintendencia de Transporte no emita respuestas administrativas ambiguas o
vacuas que pretendan burlar la orden judicial.

DÉCIMA: Que se ORDENE a la Secretaría de Tránsito de Valledupar y a la
Superintendencia de Transporte la devolución indexada de los dineros recaudados bajo
este esquema de Responsabilidad Objetiva, reconociendo que el Estado no puede
lucrarse de cobros fundamentados en procedimientos que han perdido su fuerza
ejecutoria por vía del Decaimiento (Art. 91 CPACA)”.

2. Hechos

De la lectura de la acción de tutela y de los documentos que obran en el expediente,
se advierte lo siguiente:

El actor, en ejercicio de la acción de cumplimiento consagrada en la Ley 393 de 1997,
presentó demanda contra la Superintendencia de Transporte, el Concejo de
Valledupar, la Secretaría de Tránsito de ese municipio y el Ministerio de Transporte,
con el fin de que se ordenara el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1, 2,
129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y el
artículo 6º de la Resolución 20203040011245 de 2020.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordenara: (i) la anulación de todas
las multas impuestas en el municipio de Valledupar mediante los denominados
vehículos “caza infractores”, durante el período en el que -según afirmó- no se
contaba con autorización del Ministerio de Transporte para el uso de sistemas
automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos (SAST) para la detección
de infracciones de tránsito; (ii) el retiro de los vehículos utilizados para la imposición
de comparendos, por considerar que su utilización contravenía la normativa vigente;

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y (iii) que la imposición de comparendos se realizara de manera presencial,
garantizando la individualización del presunto infractor y, en caso de estacionamiento
en sitios prohibidos, otorgando un término prudencial para retirar el vehículo antes
de imponer la sanción.

El conocimiento del asunto correspondió, por reparto, al Tribunal Administrativo del
Cesar1, que mediante sentencia del 15 de enero de 2026 declaró improcedente la
acción de cumplimiento, al considerar que las pretensiones formuladas no estaban
orientadas a hacer efectivo el cumplimiento de un deber claro, expreso e inobjetable,
sino que implicaban cuestionar la legalidad de actos administrativos sancionatorios -
como los comparendos impuestos mediante sistemas SAST-, discusión que debía
ser resuelta a través de los mecanismos ordinarios de defensa, en particular el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese sentido, concluyó que
el asunto planteado correspondía a un debate de carácter subjetivo ajeno al ámbito
de la acción de cumplimiento.

Contra dicha decisión, el demandante interpuso recurso de apelación, en el cual
sostuvo que sus pretensiones sí eran procedentes, en la medida en que no buscaba
la anulación de comparendos individuales, sino el acatamiento de normas superiores
que regulan la legalidad del sistema de fotodetección en el municipio de Valledupar,
lo que -a su juicio- implicaba la invalidación de un número significativo de órdenes
de comparendo. Asimismo, afirmó que no existían pruebas de que dichas sanciones
hubiesen sido impuestas conforme a los requisitos legales, dado que, según su
interpretación, no estaba permitido el funcionamiento de los dispositivos SAST en las
condiciones en que se venían utilizando.

Por sentencia del 26 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Quinta, revocó parcialmente la decisión de primera instancia y, en su lugar, dispuso
(i) declarar la existencia de la cosa juzgada respecto de los artículos 129, 135 y 158A
de la Ley 769 de 2002 -este último adicionado por la Ley 2251 de 2022-, así como
del artículo 6º de la Resolución núm. 20203040011245 de 2020; (ii) declarar la
improcedencia de la acción de cumplimiento, incluyendo lo solicitado frente al artículo
10 de la Ley 1437 de 2011; y (iii) negar la pretensión relacionada con los artículos 1º
y 2º de la Ley 769 de 2002 respecto del retiro de los vehículos denominados “caza
infractores”.

Para sustentar la declaratoria de cosa juzgada, explicó que ya existía una sentencia
previa de 10 de abril de 2025 en la cual se había decidido de fondo una controversia
con identidad de objeto, causa y partes, relacionada con el cumplimiento de las
mismas disposiciones normativas y con pretensiones equivalentes (anulación de
comparendos, retiro de vehículos y exigencia de imposición presencial de
sanciones).

En cuanto a la improcedencia de la acción, indicó que las pretensiones encaminadas
a la anulación de las multas impuestas mediante los denominados vehículos “caza
infractores” no superaban el requisito de subsidiariedad, dado que implicaban un
debate sobre la validez de actos administrativos sancionatorios, cuyo control
corresponde al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Añadió que la solicitud de ordenar la imposición de comparendos de manera
presencial tampoco era procedente en sede de cumplimiento, pues implicaba

1
Proceso con radicado núm. 20001-23-33-000-2025-00784-00.

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examinar la legalidad del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por
la autoridad de tránsito, lo cual desborda el objeto de dicho medio de control, que no
está diseñado para efectuar juicios de validez de actos administrativos.

Asimismo, precisó que la pretensión orientada al cumplimiento del artículo 10 de la
Ley 1437 de 2011, en realidad, buscaba la aplicación de precedentes judiciales, lo
que igualmente excede el ámbito de la acción de cumplimiento, por no tratarse de la
exigencia de un deber claro, expreso e inobjetable contenido en una norma con
fuerza material de ley.

Finalmente, respecto de la pretensión de retiro de los vehículos “caza infractores”,
reiteró que operaba la cosa juzgada, al haberse decidido previamente ese mismo
asunto en la sentencia del 10 de abril de 2025, y, adicionalmente, que frente a los
artículos 1º y 2º de la Ley 769 de 2002 no existía un mandato imperativo exigible que
permitiera ordenar tal medida, razón por la cual dicha pretensión se negó.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora no desarrolló de manera expresa el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. No
obstante, en cuanto al fondo del asunto, sostuvo que la autoridad judicial demandada
incurrió en varios defectos, como se pasa a exponer:

En primer lugar, alegó el desconocimiento del precedente constitucional fijado
en las sentencias C-038 de 2020 y C-321 de 2022 de la Corte Constitucional, las
cuales establecieron que no es posible imponer sanciones automáticas a los
propietarios de vehículos por infracciones captadas por medios tecnológicos sin que
se demuestre su participación personal, en virtud del principio de responsabilidad
subjetiva en materia sancionatoria.

En esa línea, afirmó que la Superintendencia de Transporte validó reportes de multas
sin la plena identificación del infractor, desconociendo que la responsabilidad en el
derecho administrativo sancionatorio es subjetiva y exige prueba de culpabilidad.

Sostuvo la existencia de un defecto sustantivo, por cuanto la providencia
cuestionada dejó sin efectos prácticos el artículo 87 de la Constitución y la Ley 393
de 1997, al cerrar la acción de cumplimiento mediante la aplicación de figuras como
la cosa juzgada y la temeridad, lo que, a su juicio, suprime la principal vía
constitucional para exigir el cumplimiento de la ley.

Aseguró que dicha decisión redujo el medio de control de cumplimiento a un
mecanismo meramente formal, privilegiando el ritual procesal sobre el derecho
sustancial, e insistió en que la cosa juzgada no puede amparar “ilegalidades
administrativas permanentes”.

Igualmente, señaló que la autoridad judicial desconoció el parágrafo 3 del artículo 3
de la Ley 769 de 2002, que asigna a la Superintendencia de Transporte la función
de vigilancia y control de los organismos de tránsito, pues omitió integrar esta norma
en el análisis, permitiendo que dicha entidad eludiera su responsabilidad con
fundamento en la autonomía territorial.

Indicó que también se ignoró el alcance del Decreto 2409 de 2018, al no reconocer
que la Superintendencia tenía la obligación de intervenir frente a las irregularidades

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en los sistemas tecnológicos de fotodetección en Valledupar, lo que ha permitido la
permanencia de operativos móviles sin los requisitos técnicos y de señalización
exigidos.

Adicionalmente, afirmó que se inaplicó el artículo 158A de la Ley 769 de
2002 (adicionado por la Ley 2251 de 2022), que consagra sanciones para el uso
irregular de ayudas tecnológicas y faculta la revocatoria oficiosa de multas,
configurándose una obligación clara, expresa y exigible que el juez omitió hacer
cumplir bajo el argumento de la cosa juzgada.

Adujo igualmente el desconocimiento del artículo 3 de la Ley 1843 de 2017, que
asigna a la Superintendencia la verificación de los criterios técnicos de fotodetección
y la facultad de suspender sistemas que no cumplan dichos requisitos, lo que -según
indicó- fue neutralizado por la decisión judicial al impedir el control preventivo sobre
los equipos utilizados.

Sostuvo que la figura de la cosa juzgada fue aplicada de manera extensiva para
bloquear el estudio de fondo, pese a que los hechos alegados corresponden a
situaciones nuevas ocurridas entre 2024 y 2026, por lo que no existía identidad de
causa.

También invocó un defecto orgánico, al cuestionar la compulsa de copias contra el
defensor y asesor técnico, la cual calificó como una medida intimidatoria que afecta
el ejercicio del derecho de defensa.

Planteó un defecto fáctico, al considerar que se omitió valorar pruebas relativas a
la renuencia de la Superintendencia de Transporte a iniciar las investigaciones
exigidas por la Ley 1843 de 2017.

Igualmente, alegó la configuración de un error inducido, porque la decisión se fundó
en respuestas de la Superintendencia que afirmaban el cumplimiento de sus
funciones mediante conceptos generales, cuando en realidad la ley exigía
actuaciones materiales de verificación técnica.

Señaló que era necesaria la intervención del juez constitucional para ordenar
una verificación técnica efectiva de los sistemas SAST móviles, ante la inacción de
la autoridad de control.

Finalmente, adujo violación directa de la Constitución, al permitir que la
Superintendencia actuara sin responsabilidad frente a las omisiones de los
organismos de tránsito, y un exceso ritual manifiesto, por privilegiar formalidades
procesales sobre la protección del derecho sustancial y la legalidad administrativa.

4. Trámite procesal

Por auto de 21 de abril de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar al accionante y a la autoridad accionada -Consejo de Estado,
Sección Quinta-, y se dispuso vincular al Tribunal Administrativo del Cesar, a la
Superintendencia de Transporte, al municipio de Valledupar – Cesar y a la Secretaría
de tránsito y transporte de Valledupar - Cesar, como terceros interesados en el

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resultado del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
2
Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso .

Por auto de 12 de mayo de 2026, se resolvió negar la medida provisional solicitada
por el accionante y se dispuso vincular al Concejo de Valledupar y al Ministerio de
Transporte, como terceros con interés en las resultas del proceso.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Sección Quinta del Consejo de Estado

El magistrado ponente de la decisión objeto de reproche se pronunció sobre el
asunto y solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que el caso
carece del presupuesto de relevancia constitucional, por cuanto pretende reabrir un
debate ya resuelto por el juez natural de la causa, consistente en la interpretación de
las normas de tránsito invocadas. Señaló que el análisis efectuado no evidencia la
configuración de defecto alguno, sino que refleja el desacuerdo del actor con la
decisión adoptada.

Adicionalmente, expuso que la acción de cumplimiento no es el escenario idóneo
para anular comparendos, ordenar revocatorias masivas, suspender cobros, definir
la responsabilidad subjetiva en cada infracción ni para ordenar o evaluar la legalidad
concreta de actuaciones sancionatorias en materia de tránsito. Precisó que tales
asuntos exigen el agotamiento de actuaciones administrativas y, de ser el caso, el
uso de los medios de control ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico, y
agregó que no ordenó la compulsa de copias.

5.2. Respuesta del Concejo de Valledupar

El presidente del Concejo rindió informe en el que solicitó que se declarara la falta
de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que las pretensiones estaban
dirigidas contra la autoridad judicial, respecto de la cual la entidad no tiene injerencia.

5.3. Respuesta del Ministerio de Transporte

El coordinador del Grupo de Defensa de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio
solicitó declarar improcedente la acción de tutela, en tanto carece del requisito de
relevancia constitucional, toda vez que el accionante pretende reabrir un debate
jurídico ya resuelto por el juez natural, sin que se advierta la configuración de una
“vía de hecho” o de alguno de los defectos que habilitan el amparo contra
providencias judiciales.

Así mismo, precisó que el ente ministerial no tiene legitimación en la causa por
pasiva, debido a que se pretende cuestionar una decisión judicial sobre la cual no
tiene competencia.

5.4. El Tribunal Administrativo del Cesar, remitió el enlace del expediente digital.
Sin embargo, no rindió informe.

2
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 75671 a 75676 de 23 de abril de 2026, con el
fin de dar cumplimiento a la referida decisión y fijó un aviso en la página web del Consejo de Estado con el fin de
dar a conocer la decisión que admitió el asunto a los terceros con interés.

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5.5. La Superintendencia de Transporte, el municipio de Valledupar y la Secretaría
de tránsito y transporte de Valledupar, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

En el escrito de contestación, el Concejo de Valledupar y el Ministerio de Transporte,
solicitaron su desvinculación. Conforme lo disponen los artículos 86 de la
Constitución Política, el 5 del Decreto 2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, en la que al estudiar la falta de legitimación en la causa
por pasiva ha explicado que este requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad
contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza
del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada” . Así las cosas, la Sala negará las solicitudes presentadas debido a que
3

su participación en este trámite constitucional se dio en calidad de terceros con
interés, al fungir como parte accionada en el medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o actos administrativos.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la solicitud de amparo constitucional cumple
con los requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales y, en caso
afirmativo, determinar si la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, con la decisión proferida el 26 de febrero de 2026, al incurrir en los
defectos alegados.

4. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones4.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que
de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración
a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310
de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo
constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se
encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a
3
Sentencia T-005 de 2022.
4
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.

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un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de
la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 sobre
la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en
cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

6
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
7
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez

5. Estudio y solución del caso concreto

La parte actora sostiene que la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, al incurrir, presuntamente, en los siguientes defectos:

(i) sustantivo, por cuanto la providencia cuestionada dejó sin efectos prácticos el
artículo 87 de la Constitución y la Ley 393 de 1997, al cerrar la acción de
cumplimiento mediante la aplicación de figuras como la cosa juzgada y la temeridad;

(ii) desconocimiento del precedente constitucional fijado en las sentencias C-
038 de 2020 y C-321 de 2022 de la Corte Constitucional. Asimismo, se alega el
desconocimiento de lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 769 de
2002 y en el Decreto 2409 de 2018; la inaplicación del artículo 158A de la Ley 769
de 2002 (adicionado por la Ley 2251 de 2022); y la vulneración del artículo 3 de la
Ley 1843 de 2017, que asigna a la Superintendencia la verificación de los criterios
técnicos de fotodetección y la facultad de suspender sistemas que no cumplan
dichos requisitos;

(iii) orgánico, al cuestionar la compulsa de copias contra el defensor y el asesor
técnico, la cual calificó como una medida intimidatoria que afecta el ejercicio del
derecho de defensa;

iv) fáctico, al considerar que se omitió valorar pruebas relativas a la renuencia de
la Superintendencia de Transporte a iniciar las investigaciones exigidas por la Ley
1843 de 2017;

(v) error inducido, porque la decisión se fundó en respuestas de la
Superintendencia que afirmaban el cumplimiento de sus funciones mediante
conceptos generales;

(vi) violación directa de la Constitución, al permitir que la Superintendencia
actuara sin responsabilidad frente a las omisiones de los organismos de tránsito; y

(vii) exceso ritual manifiesto, por privilegiar formalidades procesales sobre la
protección del derecho sustancial y la legalidad administrativa.

Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en especial el de
relevancia constitucional, así:

El señor Carlos Iván Cuello Vélez, en ejercicio de la acción de cumplimiento
consagrada en la Ley 393 de 1997, presentó demanda contra la Superintendencia
de Transporte, el Concejo de Valledupar, la Secretaría de Tránsito de ese municipio
y el Ministerio de Transporte, con el fin de que se ordenara el cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 1, 2, 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, el artículo 10
de la Ley 1437 de 2011; y el artículo 6.º de la Resolución 20203040011245 de 2020.

En virtud de lo anterior, solicitó: (i) la anulación de todas las multas impuestas en el
municipio de Valledupar mediante los denominados vehículos “caza infractores”,
durante el período en el que -según afirmó- no se contaba con autorización del
Ministerio de Transporte para el uso de sistemas automáticos, semiautomáticos u
otros medios tecnológicos (SAST) para la detección de infracciones de tránsito; (ii)
el retiro de los vehículos utilizados para la imposición de comparendos, por
considerar que su uso contravenía la normativa vigente; y (iii) que la imposición de
comparendos se realizara de manera presencial, garantizando la individualización

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del presunto infractor y en caso de estacionamiento en sitios prohibidos, otorgando
un término prudencial para retirar el vehículo antes de imponer la sanción.

El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 15 de enero de 2026,
declaró improcedente la acción de cumplimiento, al considerar que las pretensiones
formuladas no estaban orientadas a hacer efectivo el cumplimiento de un deber claro,
expreso e inobjetable, sino que implicaban cuestionar la legalidad de actos
administrativos sancionatorios -como los comparendos impuestos mediante
sistemas SAST-, discusión que debía resolverse a través de los mecanismos
ordinarios de defensa, en particular el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

El demandante interpuso recurso de apelación, en el cual sostuvo que sus
pretensiones sí eran procedentes, en la medida en que no buscaba la anulación de
comparendos individuales, sino el acatamiento de normas superiores que regulan la
legalidad del sistema de fotodetección en el municipio de Valledupar, lo que
implicaba la invalidación de un número significativo de órdenes de comparendo.
Asimismo, adujo que no existían pruebas de que dichas sanciones hubiesen sido
impuestas conforme a los requisitos legales.

La Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de fallo del 26 de febrero de
2026, revocó parcialmente la decisión de primera instancia y, en su lugar, dispuso (i)
declarar la existencia de cosa juzgada respecto de los artículos 129, 135 y 158A de
la Ley 769 de 2002, así como del artículo 6º de la Resolución núm. 20203040011245
de 2020; (ii) declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento, incluido lo
solicitado frente al artículo 10 de la Ley 1437 de 2011; y (iii) negar la pretensión
relacionada con los artículos 1º y 2º de la Ley 769 de 2002 en lo relativo al retiro de
los vehículos denominados “caza infractores”.

Respecto de la declaratoria de cosa juzgada explicó que ya existía una sentencia
previa del 10 de abril de 2025, en la que se había decidido de fondo una controversia
con identidad de objeto, causa y partes, relacionada con el cumplimiento de las
mismas disposiciones normativas y con pretensiones equivalentes.

En relación con la improcedencia de la acción indicó que las pretensiones
encaminadas a la anulación de las multas impuestas mediante los denominados
vehículos “caza infractores” no superaban el requisito de subsidiariedad, dado que
implicaban un debate sobre la validez de actos administrativos sancionatorios, cuyo
control corresponde al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Añadió que la solicitud de ordenar la imposición de comparendos de manera
presencial tampoco era procedente, ya que implicaba examinar la legalidad del
procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la autoridad de tránsito, y
precisó que la pretensión orientada al cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de
2011, en realidad buscaba la aplicación de precedentes judiciales, lo cual no
corresponde a la exigencia de un deber claro, expreso e inobjetable contenido en
una norma con fuerza material de ley.

Descendiendo al asunto bajo examen, se observa que la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues el debate planteado carece
de la entidad suficiente para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política,
o para determinar el alcance de los derechos fundamentales invocados.

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Al examinar los argumentos planteados por el accionante, se observa que invoca los
defectos sustantivo, error inducido, desconocimiento del precedente judicial,
orgánico, fáctico, violación directa de la Constitución y exceso ritual manifiesto. No
obstante, se advierte que la controversia planteada corresponde, en esencia, a un
debate de naturaleza económica y eminentemente legal, que no reviste un interés
general ni evidencia prima facie la vulneración de los derechos fundamentales del
señor Carlos Iván Cuello Vélez.

Adicionalmente, la Sala considera que el actor no cumple con la carga argumentativa
exigida, en tanto no explica de manera clara, concreta y suficiente por qué la solicitud
de amparo reviste una relevancia constitucional evidente ni de qué forma la
providencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado trasciende las
meras inconformidades con la decisión adoptada. En particular, no expone razones
dirigidas a demostrar que la providencia cuestionada comporta una afectación grave
y desproporcionada de sus derechos fundamentales.

En ese sentido, la Sala reitera que no basta con invocar la afectación de garantías
iusfundamentales o enunciar de manera genérica los defectos en que habría
incurrido la autoridad judicial, sino que es indispensable que el accionante exponga
con claridad las razones que sustentan tales afirmaciones, carga que no se satisface
en el caso concreto.

En relación con el alcance de este presupuesto de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha indicado que la solicitud
debe contener una carga argumentativa y explicativa mínima, lo que es razonable
para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales con los principios
y valores en juego, cuando se controvierte una decisión judicial, porque “a pesar de
que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas pretenden que se
evidencie la transgresión de los derechos fundamentales con suficiente claridad y se evite
que el juez de tutela termine realizando un indebido control oficioso de las providencias
8
judiciales de otros jueces” .

9
En esa línea, la Corte Constitucional, en sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional requiere “involucrar algún
debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de
tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los derechos
efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.

Por otra parte, dado que la providencia cuestionada fue proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, el examen del requisito de relevancia constitucional
adquiere un carácter más estricto, en atención a la calidad de Alta Corte de la
autoridad judicial accionada.

8
T-461 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
9
M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la procedencia de la tutela
contra decisiones de altas corporaciones es excepcional y está sometida a un
estándar más riguroso. En la sentencia SU-917 de 201010, expresó lo siguiente:

“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva,
en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con
la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura
una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional.
En los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas
jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun
cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera
llegado a otra conclusión”.

Este criterio fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 202211,
en la que se destacó que, para tener por acreditada la relevancia constitucional en
estos eventos, es necesario demostrar, al menos prima facie, que la providencia
cuestionada comporta una afectación a un derecho fundamental que sea (i)
existente, (ii) desproporcionada y (iii) fruto de una actuación arbitraria. No obstante,
en el presente asunto, tales exigencias no se encuentran satisfechas.

En consecuencia, se concluye que la parte accionante acudió a la acción de tutela
con el propósito de dirimir un debate de carácter legal y económico, sin cumplir con
la carga argumentativa mínima necesaria para situar la discusión en un plano
constitucional.

Finalmente, la Sala destaca que, en un caso con contornos fácticos y jurídicos
similares, resolvió declarar improcedente la acción de tutela por carecer del
presupuesto de relevancia constitucional, al plantearse un debate de naturaleza legal
y económica y, además, no cumplirse la carga mínima requerida12.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, por no
acreditarse el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Negar las solicitudes de desvinculación del Concejo de Valledupar y el
Ministerio de Transporte.

10
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio
Estrada, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo.
11
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
12
Ver sentencia del 11 de junio de 2026, acción de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2026-02836-00.
C.P. Wilson Ramos Girón.

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Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Carlos Iván Cuello Vélez, quien actúa en nombre propio, contra la Sección Quinta
del Consejo de Estado.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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