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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02884-00

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02884-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva formuladas por los municipios de Pamplona y de Pamplonita, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de 2019. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-02884-00 Demandante: Luz Stella Sarmiento de Pinto 2. Declarar improcedente la acción de tutela respecto de la pretensión de pago de las condenas impuestas en la sentencia del 23 de septiembre de 2024, a cargo de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad. 3. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la pretensión dirigida contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02884-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

2 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02884-00
Demandante: Luz Stella Sarmiento de Pinto

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02884-00
Demandante: Luz Stella Sarmiento de Pinto
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

Tema: Requisitos generales de procedibilidad. Subsidiariedad. Hecho
superado por carencia actual de objeto

Sentencia primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por la señora Luz
Stella Sarmiento de Pinto contra el Tribunal Administrativo del Norte de Santander,
por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
dignidad humana, recibir la protección del Estado, acceso a la administración de
justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«(…) solicito al señor Juez, se le respete, proteja y garanticen, los derechos
fundamentales a Luz Stella Sarmiento, Andrea Marcela Pinto Sarmiento y Carlos
Eduardo Pinto Sarmiento, que nos están siendo vulnerando por E.S.E. San Juan de
Dios de Pamplona, quien a la fecha no ha cumplido el fallo proferido por el honorable
Consejo de Estado – Sección Tercera Consejo de Estado – Sección Tercera profirió
sentencia de segunda instancia el 23 de septiembre de 2024.

Primero. Que se ampare los derechos vulnerados a Luz Stella Sarmiento, Andrea
Marcela Pinto Sarmiento y Carlos Eduardo Pinto Sarmiento tutelen los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, recibir la protección
del Estado, acceso a la administración de justicia.

Segundo. Que se ordene al E.S.E. San Juan de Dios de Pamplona de Norte de
Santander pagarnos a mi Luz Stella Sarmiento de Pinto, y a mis hijos Andrea Marcela
Pinto Sarmiento y Carlos Eduardo Pinto Sarmiento la sentencia proferida por el
honorable Consejo de Estado – Sección Tercera Consejo de Estado – Sección
Tercera en los términos de numeral cuarto de la providencia del 23 de septiembre de
2024.»

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

Del medio de control de reparación directa radicado 54-001-23-31-000-2008-
00457-00

El 30 de agosto de 2007, el señor Carlos Hernán Pinto Salazar sufrió una caída desde
una altura aproximada de diez metros mientras realizaba labores como electricista en
el Colegio Técnico de la Presentación de Pamplona, lo que le produjo un trauma
craneoencefálico y la pérdida del conocimiento. Fue trasladado a la E.S.E. Hospital

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02884-00
Demandante: Luz Stella Sarmiento de Pinto

San Juan de Dios de Pamplona, donde, dada la gravedad de las lesiones, se dispuso
su remisión al Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta. Durante el trayecto, la ambulancia
de propiedad del municipio de Pamplonita y entregada en comodato a la E.S.E.
colisionó con una roca ubicada en la vía, accidente en el que el señor Pinto Salazar
falleció.

Los señores Luz Stella Sarmiento de Pinto, Andrea Marcela Pinto Sarmiento, Carlos
Eduardo Pinto Sarmiento, Leonor Salazar de Pinto y Fanny Elsa Pinto Salazar
interpusieron demanda de reparación directa contra el departamento de Norte de
Santander, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, el municipio de
Pamplona y el Hospital San Juan de Dios de Pamplonita, con el fin de que se declarara
la responsabilidad de las entidades demandadas por la pérdida de la oportunidad del
señor Carlos Hernán Pinto Salazar de recibir atención médica especializada y, con
ello, probabilidades de recuperación.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió sentencia de primera
instancia el 28 de mayo de 2020, mediante la cual declaró probada la falta de
legitimación en la causa por pasiva del departamento de Norte de Santander, declaró
no probadas las demás excepciones y negó las pretensiones de la demanda, sin
condena en costas, al no encontrar acreditado que la causa eficiente de la muerte del
señor Carlos Hernán Pinto Salazar obedeciera a una falla en el servicio imputable a
las entidades demandadas.

Esa decisión fue apelada por las partes demandantes de los procesos acumulados,
con fundamento en que la muerte del señor Pinto Salazar obedeció a la falla en la
prestación del servicio, tanto del Colegio Técnico de la Presentación de Pamplona,
por no garantizar condiciones de seguridad, como de la E.S.E. Hospital San Juan de
Dios de Pamplona, por la atención tardía y el traslado en condiciones inseguras; y en
que el accidente de tránsito que causó el deceso se produjo por la falta de precaución
y la velocidad excesiva de la ambulancia, sin que las demandadas acreditaran sus
óptimas condiciones mecánicas ni la idoneidad del conductor.

Mediante sentencia de segunda instancia del 23 de septiembre de 2024, el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
revocó la sentencia del 28 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander y, en su lugar, declaró a la E.S.E. San Juan de Dios de
Pamplona responsable (a título de riesgo excepcional) por la pérdida de la oportunidad
del señor Carlos Hernán Pinto Salazar de recibir atención médica especializada, y la
condenó en los siguientes términos:

«CUARTO: CONDENAR a la E.S.E. San Juan de Dios de Pamplona a pagar las siguientes
sumas de dinero a título de reparación del daño por la pérdida de la oportunidad a los
siguientes afectados: (…) A Luz Stella Sarmiento, Andrea Marcela Pinto Sarmiento y
Carlos Eduardo Pinto Sarmiento el monto equivalente a quince (15) salarios mínimos
legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno
de ellos. Por concepto de perjuicio moral: (…) A Luz Stella Sarmiento, Andrea Marcela
Pinto Sarmiento y Carlos Eduardo Pinto Sarmiento el monto equivalente a quince (15)
salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de esta sentencia,
para cada uno de ellos».

El 15 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió auto
de obedézcase y cúmplase respecto de lo resuelto por el Consejo de Estado.

Del proceso ejecutivo a continuación de la sentencia 54-001-23-31-000-2008-
00457-01

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Demandante: Luz Stella Sarmiento de Pinto

El apoderado de la parte actora, abogado William Reinaldo Gómez Celis, presentó
solicitudes de cumplimiento de la condena ante la E.S.E. Hospital San Juan de Dios
de Pamplona los días 21 de mayo, 27 de junio, 2 y 10 de septiembre, y 2 y 30 de
octubre de 2025.

La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona dio respuesta a dichas solicitudes
mediante oficios del 4 de junio y del 8 de septiembre de 2025, en los que indicó que
la cuenta de cobro no reunía la totalidad de los requisitos previstos en el artículo
2.8.6.5.1 del Decreto 1068 de 2015 (en particular, el poder con facultad expresa para
recibir dinero y dirigido a la entidad obligada).

Posteriormente, mediante oficio del 25 de noviembre de 2025, la entidad manifestó
que, una vez aportados por el apoderado los documentos completos el 30 de octubre
de 2025, procedería a iniciar los trámites administrativos y presupuestales para el
pago de lo ordenado.

De manera paralela, el apoderado presentó ante el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, el 27 de junio de 2025, escrito en el que solicitó que se adoptaran las
medidas pertinentes para garantizar la efectividad de lo ordenado en la sentencia, y
radicó solicitudes adicionales de ejecución del fallo los días 16 de diciembre de 2025
y 29 de enero de 2026.

La parte accionante afirma que, a la fecha de presentación de la tutela, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander no había proferido pronunciamiento alguno
sobre las solicitudes de apertura de la ejecución, y que la E.S.E. Hospital San Juan
de Dios de Pamplona persistía en el incumplimiento de la condena, conducta que, en
su criterio, configura una omisión que vulnera sus derechos fundamentales.

2. Argumentos de la acción de tutela

Sostuvo que la condena impuesta por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, en la sentencia del 23 de septiembre de 2024, constituye una
providencia ejecutoriada y de obligatorio cumplimiento. Para ello invocó el artículo 189
del CPACA y el artículo 302 del Código General del Proceso. Agregó que el artículo
192 del CPACA fija un plazo máximo de 10 meses para que las entidades públicas
satisfagan las condenas dinerarias, término que, a su juicio, se encuentra
ampliamente superado sin que la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona haya
efectuado pago alguno.

En su criterio, la inactividad del Tribunal Administrativo de Norte de Santander frente
a las reiteradas solicitudes de ejecución del fallo configura una omisión en sus
obligaciones, pues los jueces tienen el deber constitucional de hacer cumplir sus
propias providencias dentro de los términos establecidos.

Concluyó que el derecho no se agota con la obtención de una sentencia favorable,
sino que comprende su materialización efectiva, de modo que, cuando una sentencia
no se ejecuta, el acceso a la justicia queda vacío de contenido y el reconocimiento
judicial de un derecho sin su cumplimiento equivale a una denegación de justicia.

Adujo que, obtenido por la vía judicial el reconocimiento de una reparación por los
daños sufridos, la negativa fáctica al pago de la condena, prolongada en el tiempo,
pone a la parte actora en una posición de desigualdad frente a la entidad pública
condenada, que termina beneficiándose de su propio incumplimiento, con afectación,
además, de la dignidad de quienes han aguardado por la materialización de sus
derechos.
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Demandante: Luz Stella Sarmiento de Pinto

Finalmente, señaló que la jurisprudencia constitucional ha admitido la procedencia de
la acción de tutela cuando los mecanismos ordinarios de ejecución de sentencias
resultan ineficaces o cuando la autoridad judicial competente se abstiene
injustificadamente de adelantar el trámite de cumplimiento. Afirmó que las múltiples
solicitudes radicadas entre mayo de 2025 y enero de 2026, sin respuesta efectiva del
Tribunal ni del hospital, evidencian el agotamiento de las vías ordinarias y la necesidad
de la intervención del juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable.

3. Trámite procesal de la acción de tutela

Mediante auto del 22 de abril de 2026, el despacho sustanciador inadmitió la acción
de tutela y requirió a la accionante para que aclarara su legitimación para actuar en
representación de sus hijos Andrea Marcela Pinto Sarmiento y Carlos Eduardo Pinto
Sarmiento, en el sentido de precisar que, de ser mayores de edad y obrar como agente
oficiosa, justificara las razones que les impedían ejercer directamente la defensa de
sus derechos.

En escrito del 30 de abril de 2026, la señora Luz Stella Sarmiento de Pinto indicó que
actuaba como agente oficiosa de sus hijos, ambos mayores de edad, quienes la
habían autorizado para suscribir y presentar la tutela, y allegó el correspondiente
escrito de autorización.

En auto del 8 de mayo de 2026, el despacho sustanciador consideró que esa
circunstancia no constituía una razón válida para actuar como agente oficiosa, al no
haberse acreditado que sus hijos estuvieran imposibilitados para ejercer directamente
la defensa de sus derechos, por lo que no tuvo por acreditada la agencia oficiosa y
dispuso vincularlos como terceros con interés. Además, admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a la accionante, a los accionados y a los terceros con interés (Andrea
Marcela Pinto Sarmiento y Carlos Eduardo Pinto Sarmiento, al departamento de Norte
de Santander, al municipio de Pamplona, a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de
Pamplona, al municipio de Pamplonita, al Hospital San Juan de Dios de Pamplonita,
al Colegio Técnico de la Presentación de Pamplona y al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C).

4. Oposición

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al rendir el informe, remitió el
expediente del medio de control de reparación directa y del proceso ejecutivo a
continuación.

Además, puso de presente que, mediante auto de 14 de mayo de 2026, requirió al
apoderado de la parte actora para que allegara la acreditación de la representación
judicial mediante poder que lo facultara expresamente para promover el proceso
ejecutivo y los documentos que afirmó haber radicado para el cumplimiento del fallo.

Por lo anterior, advirtió que la falta de inicio del trámite de ejecución obedeció al deber
de verificación de los presupuestos procesales indispensables para su impulso y no a
una conducta omisiva constitutiva de mora judicial, razón por la cual pidió que la
pretensión de amparo se declare improcedente.

5. Intervención de los terceros con interés

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C solicitó negar el amparo. En
primer lugar, advirtió que las pretensiones principales de la tutela estaban realmente
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Demandante: Luz Stella Sarmiento de Pinto

orientadas a obtener el pago de la condena impuesta a la E.S.E. San Juan de Dios de
Pamplona, entidad que no fue demandada dentro de la acción constitucional,
circunstancia que impedía el estudio de fondo de dichas solicitudes y dejaba
habilitada, en principio, solo la pretensión subsidiaria dirigida contra el Tribunal.

Adicionalmente, sostuvo que la tutela incumplía el requisito de subsidiariedad, toda
vez que el ordenamiento jurídico prevé mecanismos judiciales ordinarios idóneos y
eficaces para exigir el cumplimiento de las condenas judiciales, particularmente el
proceso ejecutivo derivado de sentencias previsto en los artículos 297 y 298 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Indicó
que la accionante contaba con la posibilidad de promover la correspondiente ejecución
para obtener el pago de las sumas reconocidas, sin que se acreditara un perjuicio
irremediable que justificara la intervención excepcional del juez constitucional. Por tal
razón, concluyó que el amparo debía declararse improcedente.

El municipio de Pamplona alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto la condena cuyo incumplimiento motiva la tutela fue impuesta exclusivamente
a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, entidad descentralizada con
personería jurídica propia e independiente. En consecuencia, sostuvo que ni el pago
de lo adeudado por dicha E.S.E. ni la respuesta a las solicitudes de ejecución
presentadas ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander son de su
competencia. Con fundamento en la sentencia T-1001 de 2006 de la Corte
Constitucional, solicitó negar el amparo frente al municipio de Pamplona.

El municipio de Pamplonita contestó igualmente con fundamento en la falta de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto no fue parte en el proceso de reparación
directa que originó la condena, no fue condenado y no tiene vínculo jurídico con la
obligación reclamada, atribuible a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona
y al Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Las demás entidades vinculadas en calidad de terceros con interés (la E.S.E. Hospital
San Juan de Dios de Pamplona, el departamento de Norte de Santander, el Hospital
San Juan de Dios de Pamplonita y el Colegio Técnico de la Presentación de
Pamplona) guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

La señora Luz Stella Sarmiento de Pinto invoca los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, a recibir la protección del Estado y de
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acceso a la administración de justicia, que estima vulnerados, de un lado, por la E.S.E.
Hospital San Juan de Dios de Pamplona, al no haber pagado las condenas impuestas
en la sentencia del Consejo de Estado del 23 de septiembre de 2024, y, de otro, por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, ante la presunta falta de trámite de
las solicitudes de ejecución de dicho fallo.

Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela es procedente para: (i) obtener
el pago de las condenas a cargo de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona
y (ii) cuestionar la actuación del Tribunal Administrativo de Norte de Santander frente
a las solicitudes de ejecución de la sentencia; y, de superarse el examen de
procedencia, si esa autoridad judicial incurrió en una omisión vulneradora de los
derechos invocados.

La Sala anticipa que declarará improcedente el amparo respecto de la pretensión de
pago a cargo de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, por no superar el
requisito de subsidiariedad, en tanto el ordenamiento prevé el proceso ejecutivo como
mecanismo idóneo y eficaz para el cobro de las condenas judiciales; y declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la pretensión dirigida contra
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, comoquiera que, durante el trámite
de tutela, esa autoridad se pronunció sobre las solicitudes de ejecución mediante el
auto del 14 de mayo de 2026.

Para resolver este asunto, la Sala abordará los siguientes aspectos: (i) de la
subsidiariedad en el caso concreto; (ii) de la carencia actual de objeto por hecho
superado.

De forma previa se resolverán las solicitudes de desvinculación alegadas por los
municipios de Pamplona y de Pamplonita.

Falta de legitimación en la causa por pasiva

En relación con las solicitudes de declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva y de desvinculación formuladas por los municipios de Pamplona y de
Pamplonita, la Sala las negará. Dichos entes territoriales no fueron convocados a este
trámite en calidad de accionados, sino en condición de terceros con interés, por haber
integrado el extremo pasivo del proceso de reparación directa en el que se profirió la
sentencia cuyo cumplimiento se reclama.

Del requisito de subsidiariedad1 en el caso concreto

En el presente asunto, los accionantes reclaman el cumplimiento de la sentencia del
23 de septiembre de 2024, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, condenó a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona al pago
de las sumas allí reconocidas.

1
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de
improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De
manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos
que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se
atacan en la acción de tutela.
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Con tal propósito, el apoderado de la parte accionante presentó solicitudes de pago
ante la E.S.E. los días 21 de mayo, 27 de junio, 2 y 10 de septiembre, y 2 y 30 de
octubre de 2025, y, de manera paralela, solicitó al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander el inicio de la ejecución del fallo.

Sobre esa base, formuló como pretensión en la presente acción de tutela que se
ordenara a la E.S.E. pagar las condenas impuestas en el numeral cuarto de la referida
providencia.

Así planteada, la pretensión de pago persigue la satisfacción de una obligación
dineraria contenida en una sentencia ejecutoriada. Para ese preciso fin, el
ordenamiento jurídico dispone del proceso ejecutivo derivado de las condenas
impuestas en providencias judiciales, regulado en los artículos 297 y siguientes del
CPACA. Al respecto, el artículo 299 ibidem, dispone:

«Las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se
ejecutarán ante la autoridad judicial que hubiere conocido del proceso en primera o única
instancia. […] el proceso ejecutivo derivado de condenas judiciales se adelantará ante el
mismo juez de conocimiento».

De modo que es el medio de defensa judicial que la actora debe agotar para lograr el
pago que reclama, sin que la acción de tutela esté llamada a sustituirlo ni a desplazar
la competencia del juez de la ejecución.

A lo anterior se agrega que la propia actora ya acudió a dicho mecanismo, pues el
proceso ejecutivo se encuentra en curso bajo el radicado 54-001-23-31-000-2008-
00457-01.

Tampoco se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable que habilite la
intervención excepcional y transitoria del juez constitucional.

En consecuencia, la acción de tutela resulta improcedente respecto de la pretensión
de pago a cargo de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad.

De la carencia de objeto por hecho superado en el caso concreto

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir,
que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto se materializa en
las siguientes circunstancias: el daño consumado2, el hecho superado3 y el
acaecimiento de una situación sobreviniente4.
2
Daño consumado Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de
tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que
se materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento
del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional
es improcedente cuando se ha consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida como preventiva mas no
indemnizatoria.
Ver, sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional.
3
Hecho superado Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se
evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto,
terminó la afectación, resultando inocuo cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental
alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.
Ver, entre otras, las sentencias: T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018.
4
Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que, a diferencia del escenario anterior, no debe
tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el
accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.
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Demandante: Luz Stella Sarmiento de Pinto

Frente al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la actora cuestiona la
presunta falta de trámite de las solicitudes de ejecución de la sentencia del 23 de
septiembre de 2024. Con tal fin, su apoderado solicitó a esa corporación el inicio de
la ejecución del fallo mediante escritos del 27 de junio, 16 de diciembre de 2025 y 29
de enero de 2026. Sostuvo que, a la fecha de presentación de la tutela, el Tribunal no
había proferido pronunciamiento alguno sobre dichas peticiones, omisión que, en su
criterio, vulneraba sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

No obstante, durante el trámite de la presente acción (admitida mediante auto del 8
de mayo de 2026) el Tribunal se pronunció sobre tales solicitudes, pues dentro del
proceso de ejecución radicado 54-001-23-31-000-2008-00457-01, profirió auto de 14
de mayo de 2026, mediante el cual requirió al apoderado de la parte actora para que
allegara: (i) el poder que lo facultara expresamente para promover y adelantar el
proceso ejecutivo, comoquiera que el que obra fue conferido únicamente para el
proceso de reparación directa, y (ii) los documentos que afirmó haber radicado ante
la E.S.E. para el cumplimiento del fallo, al constatar que no reposaban en el
expediente.

Esa decisión fue notificada en estado electrónico de 19 de mayo de 2026, como consta
en SAMAI índice 7. Además, consta que, mediante correo electrónico de 20 de mayo
de 2026, la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Norte de Santander
reiteró el requerimiento al abogado Gómez Celis para que allegara los referidos
documentos.

Por lo anterior, la Sala observa que en el caso objeto de estudio existe carencia actual
de objeto por hecho superado, porque, con ocasión de la interposición de la presente
acción de tutela, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander se pronunció sobre
las solicitudes de ejecución mediante el auto del 14 de mayo de 2026.

La carencia de objeto exige que la pretensión de tutela se supere sin que medie orden
judicial, tal como sucede en el caso objeto de estudio, pues la acción de tutela dirigida
contra la autoridad judicial persigue obtener un pronunciamiento, de modo que,
satisfecho este, la pretensión quedó superada y cualquier orden adicional resultaría
inane. A ello se agrega que el avance del proceso ejecutivo depende ahora de que la
parte actora atienda el requerimiento formulado.

En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto, por hecho superado,
respecto de la pretensión dirigida contra el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva formuladas por los municipios de Pamplona y de Pamplonita, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de 2019.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02884-00
Demandante: Luz Stella Sarmiento de Pinto

2. Declarar improcedente la acción de tutela respecto de la pretensión de pago de
las condenas impuestas en la sentencia del 23 de septiembre de 2024, a cargo de la
E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, por no satisfacer el requisito de
subsidiariedad.

3. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la
pretensión dirigida contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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