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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02884-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02884-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de julio de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02884-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02884-01
Accionante: LUZ STELLA SARMIENTO DE PINTO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela para obtener el pago de sumas de dinero reconocidas en
providencias judiciales / Subsidiariedad frente al proceso ejecutivo / Carencia actual
de objeto por hecho superado frente a la solicitud de ejecución.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la accionante Luz
Stella Sarmiento de Pinto contra el fallo de tutela del 2 de julio de 2026, proferido
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 32 del Decreto 2591
de 19911.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La señora Luz Stella Sarmiento de Pinto, por conducto de apoderado judicial,
promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
Invocó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la dignidad humana, a la protección del Estado y al acceso a la
administración de justicia.

Hechos relevantes

2. Mediante sentencia del 23 de septiembre de 2024, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró responsable a la E.S.E. Hospital San Juan
de Dios de Pamplona por la pérdida de la oportunidad del señor Carlos Hernán Pinto
Salazar de recibir atención médica especializada2. La condena consistió en el pago

1 El expediente ingresó al despacho para fallo el 29 de julio de 2026.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 23 de septiembre de 2024, C.P. William Barrera Muñoz, radicado 54001-23-31-000-
2008-00457-01 (67009). Revocó la sentencia del 28 de mayo de 2020 del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, que había negado las pretensiones. SAMAI, índice 00025.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02884-01
Accionante: Luz Stella Sarmiento de Pinto
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes por pérdida de la
oportunidad y quince (15) más por perjuicio moral, para cada uno de los tres
demandantes. La providencia dispuso que se cumpliría en los términos de los
artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo3.

3. La decisión precitada, fue notificada a las partes el 18 de octubre y 13 de
noviembre de 20244. Motivo por el cual fue devuelto al Tribunal de origen.

4. Una vez fue devuelto al Tribunal, la parte actora presentó a la E.S.E. Hospital San
Juan de Dios de Pamplona varias solicitudes de pago entre mayo y octubre de 2025.
La entidad respondió que la cuenta de cobro no reunía los requisitos del artículo
2.8.6.5.1 del Decreto 1068 de 2015, en particular el poder con facultad expresa para
recibir dinero. El 25 de noviembre de 2025 manifestó que, allegados los documentos
completos, iniciaría los trámites administrativos y presupuestales para el pago5.

5. El apoderado de la parte actora radicó varios memoriales dirigidos al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, con el fin de obtener la ejecución de la
condena. El cuadro siguiente sintetiza esas solicitudes y las actuaciones del
Tribunal6:

Fecha Solicitud del apoderado y respuesta del Tribunal
27 de junio y 2 Solicitó el cumplimiento de la sentencia por parte de la E.S.E. Según
de octubre de el Tribunal, los memoriales no contenían solicitud expresa de inicio del
2025 trámite ejecutivo ni anexos (índices 00068 y 00069).
El despacho informó que el expediente estaba archivado desde el 12
15 de octubre
de junio de 2025 y que el desarchivo requería el pago previo del
de 2025
arancel judicial (índice 00070).
Allegó el comprobante de pago del arancel y solicitó constancia de
21 de octubre
ejecutoria de la sentencia. No pidió la apertura del ejecutivo (índice
de 2025
00071).
Primera solicitud formal de inicio del trámite de ejecución y de decreto
16 de diciembre
de medidas cautelares, sin precisar cuáles. Los anexos relacionados
de 2025
no se allegaron (índice 00072).
Reiteró la solicitud de inicio del ejecutivo y el decreto de medidas
29 de enero de
cautelares, sin precisar ninguna medida ni allegar los anexos (índice
2026
00073).
14 de mayo de El Tribunal desarchivó y digitalizó el expediente, radicó y repartió el
2026 proceso de ejecución de sentencia 54001-23-31-000-2008-00457-01

3 Ordinales primero, tercero y quinto de la parte resolutiva. El proceso ordinario se tramitó bajo el
Decreto 01 de 1984, en ocho cuadernos físicos, por razón del régimen de transición del artículo 308
de la Ley 1437 de 2011. En la misma providencia se declaró probada la falta de legitimación en la
causa por pasiva del departamento de Norte de Santander, del municipio de Pamplona y del Hospital
San Juan de Dios de Pamplonita, de modo que la condena recayó exclusivamente sobre la E.S.E.
Hospital San Juan de Dios de Pamplona.
4 SAMAI, expediente 54001-23-31-000-2008-00457-01, índices 00030 y 00032.
5 Oficios de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona del 4 de junio, del 8 de septiembre y
del 25 de noviembre de 2025, relacionados en la sentencia de primera instancia. La entidad no negó
la obligación de pagar.
6 SAMAI, expediente 54001-23-31-000-2008-00457-00, índices 00068 a 00073, y expediente de
ejecución de sentencia 54001-23-31-000-2008-00457-01, índices 00001 a 00011.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02884-01
Accionante: Luz Stella Sarmiento de Pinto
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

y profirió auto de trámite. En este requirió al apoderado para que
allegara el poder que lo faculte expresamente para promover la
ejecución y los documentos anunciados (índices 00077).
El proceso de ejecución permanece en etapa de admisión. No se ha
13 de agosto de
librado mandamiento de pago ni se ha resuelto sobre las medidas
2026
cautelares. La última actuación registrada es del 25 de mayo de 2026.
Cuadro 1. Solicitudes de ejecución y actuaciones del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander.

6. Es de advertir que, la acción de tutela se notificó al Tribunal el 12 de mayo de
2026. Ese despacho afirmó que en esa fecha tuvo conocimiento formal de las
solicitudes, porque el expediente se tramitó en soporte físico y permanecía
archivado7.

Pretensiones

7. En el escrito de tutela, la parte accionante solicitó lo siguiente8:

“Primero. Que se ampare los derechos vulnerados a Luz Stella Sarmiento,
Andrea Marcela Pinto Sarmiento y Carlos Eduardo Pinto Sarmiento tutelen los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana,
recibir la protección del Estado, acceso a la administración de justicia.

Segundo. Que se ordene al E.S.E. San Juan de Dios de Pamplona de Norte
de Santander pagarnos a mi Luz Stella Sarmiento de Pinto, y a mis hijos
Andrea Marcela Pinto Sarmiento y Carlos Eduardo Pinto Sarmiento la
sentencia proferida por el honorable Consejo de Estado - Sección Tercera [...]
en los términos de numeral cuarto de la providencia del 23 de septiembre de
2024."

8. La parte accionante a título de pretensión subsidiaria, solicitó lo siguiente:

"Primero. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Norte de Santander
aperturar la ejecución del fallo y decrete las medidas cautelares pertinentes
encaminadas a garantizar el cumplimiento de la sentencia en mención."

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La accionante sostuvo que la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona no
ha cumplido la condena, pese a sus reiteradas solicitudes de pago. Agregó que el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander no se ha pronunciado sobre las
solicitudes de ejecución del fallo. Invocó el carácter obligatorio de las providencias
ejecutoriadas y el plazo de diez (10) meses previstos para el cumplimiento de las
condenas dinerarias a cargo de entidades públicas. Invocó también el principio de
celeridad y el deber de observar los términos procesales con diligencia 9.

7 SAMAI, expediente 11001-03-15-000-2026-02884-00, índice 00021. Contestación del Despacho
02 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander del 13 de mayo de 2026.
8Ver escrito de tutela, acápite de pretensiones. Índice 0002 del expediente de tutela 11001-03-15-
000-2026-02884-00.
9 SAMAI, expediente 11001-03-15-000-2026-02884-00, índice 00002.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02884-01
Accionante: Luz Stella Sarmiento de Pinto
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

10. Agregó que las providencias ejecutoriadas son de obligatorio cumplimiento
conforme a los artículos 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 302 del Código General del Proceso, y que las
condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago de sumas de
dinero deben cumplirse dentro de los diez meses siguientes a la ejecutoria de la
sentencia, en los términos del artículo 192 del mismo código. Invocó, además, el
principio de celeridad y el deber de observar los términos procesales con diligencia,
previsto en el artículo 228 de la Constitución10

Trámite en primera instancia

11. Por auto del 8 de mayo de 202611, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
En consecuencia, vinculó a los señores Andrea Marcela y Carlos Eduardo Pinto
Sarmiento, al departamento de Norte de Santander, al municipio de Pamplona, a la
E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, al municipio de pamplonita, al
Hospital San Juan de Dios de Pamplonita, al Colegio Técnico de la Presentación de
Pamplona y a la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación en calidad
de terceros con interés. Entre otras decisiones.

Intervenciones

12. Las intervenciones recibidas en el trámite se resumen en el siguiente cuadro12:

Parte / interviniente Solicitud Argumentos
Sostuvo que no incurrió en omisión. El
expediente ordinario se tramitó en soporte
físico y permanecía archivado, de modo que
solo tuvo conocimiento formal de los
Tribunal memoriales con la notificación de la tutela.
Declarar
Administrativo de Agregó que las solicitudes no permitían iniciar
improcedente o
Norte de Santander, el ejecutivo, por falta de poder expreso, de
negar el amparo.
Despacho 02. cuenta de cobro y de los anexos anunciados,
y porque no se precisaron las medidas
cautelares. Destacó que, notificada la tutela,
dispuso el desarchivo y profirió el auto del 14
de mayo de 2026.
Advirtió que la pretensión principal se dirige
Consejo de Estado, contra la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de
Negar el amparo
Sección Tercera, Pamplona, que no fue accionada. Sostuvo que
por
Subsección C, como no se satisface el requisito de subsidiariedad,
improcedente.
tercero con interés. porque el beneficiario de la condena cuenta
con el proceso ejecutivo, cuyas excepciones

10 Invocó las sentencias T-572 de 1992, C-483 de 2008 y C-543 de 2011 de la Corte Constitucional.
11 Por auto del 22 de abril de 2026, se inadmitió la acción de tutela y se requirió a la actora para que

allegara los registros civiles de nacimiento de los hijos en caso de que fueran menores de edad. Si
por el contrario eran mayores de edad y estaba actuando como agente oficiosa, debía justificar las
razones por la cuales impedía ejercer la defensa de sus derechos.
12 SAMAI, expediente 11001-03-15-000-2026-02884-00, índices 00021, 00022, 00023 y 00025.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02884-01
Accionante: Luz Stella Sarmiento de Pinto
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

son el perjuicio irremediable y la falta de
idoneidad o eficacia del medio ordinario.
Coincidieron en que la condena recayó
Desvinculación
Municipios de exclusivamente sobre la E.S.E. Hospital San
por falta de
Pamplona y de Juan de Dios de Pamplona, entidad
legitimación en
Pamplonita, como descentralizada con personería jurídica
la causa por
terceros con interés. propia, y que ninguno de ellos tiene vínculo
pasiva.
con la obligación reclamada.
E.S.E. Hospital San
Juan de Dios de
Pamplona,
departamento de
Norte de Santander, Guardaron silencio durante el trámite de
No se
E.S.E. Hospital San primera instancia, pese a haber sido
pronunciaron.
Juan de Dios de notificados.
Pamplonita y Colegio
Técnico de la
Presentación de
Pamplona.
Cuadro 2. Intervenciones en el trámite de tutela.

La sentencia de primera instancia

13. Mediante sentencia del 2 de julio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado adoptó tres decisiones13. (i) negó las solicitudes de desvinculación de los
municipios de Pamplona y de Pamplonita, porque no fueron convocados como
accionados sino como terceros con interés. (ii) declaró improcedente la pretensión
principal por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. (iii) declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado respecto de la pretensión subsidiaria.

14. Sobre la pretensión principal razonó que persigue la satisfacción de una
obligación dineraria contenida en una sentencia ejecutoriada, para lo cual el
ordenamiento dispone del proceso ejecutivo. Añadió que la propia actora ya acudió
a ese mecanismo y que no se acreditó un perjuicio irremediable.

15. Sobre la pretensión subsidiaria concluyó que durante el trámite constitucional el
Tribunal se pronunció sobre las solicitudes de ejecución, mediante el auto del 14 de
mayo de 2026. Precisó que la tutela contra una autoridad judicial persigue obtener
un pronunciamiento y que, satisfecho este, la pretensión quedó superada. Agregó
que el avance del proceso ejecutivo depende ahora de que la parte actora atienda
el requerimiento solicitado.

Impugnación

16. La accionante presentó recurso de impugnación y formuló los siguientes
reproches: i) la sala de primera instancia aplicó indebidamente el requisito de
subsidiariedad, porque se limitó a constatar la existencia formal del proceso
ejecutivo sin examinar en concreto su idoneidad y eficacia; ii) desconoció el

13 SAMAI, expediente 11001-03-15-000-2026-02884-00, índice 00034, C.P. Claudia Rodríguez
Velásquez. La providencia se notificó el 7 de julio de 2026.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02884-01
Accionante: Luz Stella Sarmiento de Pinto
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

precedente sobre mora judicial y omitió el análisis del plazo razonable, pues no
estudió si el silencio del Tribunal durante aproximadamente once (11) meses
constituía una demora injustificada; iii) declaró indebidamente la carencia actual de
objeto, porque el auto del 14 de mayo de 2026 no libró mandamiento de pago, no
ordenó seguir adelante la ejecución ni decretó medidas cautelares, de modo que la
afectación persiste; iv) desconoció el derecho al cumplimiento efectivo de las
decisiones judiciales; y v) omitió pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria, con
desconocimiento del principio de congruencia y defecto de motivación.

17. Con fundamento en lo anterior, la accionante solicitó revocar la sentencia
impugnada, amparar los derechos invocados y ordenar al Tribunal Administrativo
de Norte de Santander adoptar las decisiones necesarias para el impulso efectivo
del proceso de ejecución.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

18. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problema jurídico y metodología de la decisión

19. La parte actora formuló dos pretensiones, una principal y otra subsidiaria. La
principal está dirigida contra la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona y
busca el pago de la condena impuesta en la sentencia del 23 de septiembre de
2024. La subsidiaria se dirige contra el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y pretende que se ordene la ejecución de dicha sentencia y el decreto de
las medidas cautelares solicitadas. A partir de estas pretensiones, la Sala resolverá
los siguientes problemas jurídicos:

20. Frente a la pretensión principal: ¿es procedente la acción de tutela para
obtener que la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona pague la condena
impuesta en la sentencia del 23 de septiembre de 2024, o la parte accionante cuenta
con el proceso ejecutivo derivado de esa providencia como mecanismo judicial
idóneo y eficaz para ese fin?

21. Frente a la pretensión subsidiaria: ¿se configuró una carencia actual de
objeto por hecho superado, como consecuencia de las actuaciones que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander adelantó el 14 de mayo de 2026 respecto de
las solicitudes de ejecución de la sentencia?

22. Para resolver los problemas planteados, la Sala expondrá: en primer lugar, los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y su verificación en el
caso concreto. Luego dividirá el análisis en dos partes, una por cada pretensión, y
en cada una expondrá el marco jurídico aplicable y la resolución correspondiente.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02884-01
Accionante: Luz Stella Sarmiento de Pinto
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

23. La acción de tutela procede contra las acciones u omisiones de las autoridades
públicas que vulneren o amenacen derechos fundamentales, conforme al artículo
86 de la Constitución Política y al artículo 1 del Decreto 2591 de 1991. Su estudio
de fondo exige verificar la legitimación en la causa por activa, la legitimación en la
causa por pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad. Los tres primeros se examinan
enseguida. El cuarto constituye el objeto del primer problema jurídico, de modo que
se desarrolla en la pretensión principal.

Legitimación en la causa

24. La señora Luz Stella Sarmiento de Pinto es titular de los derechos invocados y
beneficiaria de la condena cuyo cumplimiento reclama. Su legitimación no ofrece
discusión. Distinta es la situación de los señores Andrea Marcela y Carlos Eduardo
Pinto Sarmiento, respecto de quienes el a quo no tuvo por acreditada la agencia
oficiosa y a quienes vinculó como terceros con interés.

25. A su vez, la omisión reprochada en la pretensión subsidiaria se atribuye al
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, autoridad judicial que fue accionada.
Su legitimación es clara.

26. En cuanto a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, aunque el auto
admisorio la vinculó como tercero con interés y no como autoridad accionada, la
Sala advierte que la pretensión principal está materialmente dirigida en su contra,
pues se le atribuye el incumplimiento de la condena y se solicita ordenar
directamente su pago. En consecuencia, se encuentra legitimada en la causa por
pasiva respecto de ese reproche. Además, su vinculación al trámite garantizó la
posibilidad de ejercer el derecho de defensa, aun cuando haya guardado silencio.

27. Las demás entidades y personas fueron vinculadas como terceros con interés,
porque la decisión puede afectarlas14. Esa vinculación no comporta la atribución de
conducta vulneradora alguna: garantiza su derecho de defensa. Por esa razón no
había lugar a desvincular a los municipios de Pamplona y de Pamplonita, como
acertadamente lo resolvió el a quo en el numeral primero de la sentencia
impugnada, que además no fue objeto de reproche15.

Inmediatez

28. La solicitud formal de inicio de la ejecución se radicó el 16 de diciembre de 2025
y se reiteró el 29 de enero de 2026, mientras que la acción de tutela se presentó el
15 de abril de 202616. Entre la última petición y la presentación transcurrieron

14 Artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
15 La sentencia del 23 de septiembre de 2024 declaró probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva del departamento de Norte de Santander, del municipio de Pamplona y del Hospital San
Juan de Dios de Pamplonita. La condena recayó exclusivamente sobre la E.S.E. Hospital San Juan
de Dios de Pamplona.
16 La solicitud de amparo se presentó el 15 de abril de 2026, según el acta de reparto de esa misma
fecha. SAMAI, expediente 11001-03-15-000-2026-02884-00, índice 00001.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02884-01
Accionante: Luz Stella Sarmiento de Pinto
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

setenta y seis (76) días, equivalentes a dos (2) meses y diecisiete (17) días. El
término resulta razonable y el requisito se satisface.

La pretensión principal: el pago de la condena a cargo de la E.S.E. Hospital
San Juan de Dios de Pamplona

El requisito de subsidiariedad y la improcedencia de la tutela para obtener el
pago de sumas de dinero reconocidas en providencias judiciales

29. El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 1 del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 disponen que la acción de tutela no procede
cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se emplee
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

30. Esa regla no opera de manera automática. La misma disposición ordena que la
existencia de esos medios se aprecie en concreto, en cuanto a su eficacia y
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante 17. El juez
constitucional no puede limitarse a constatar que el ordenamiento prevé un
mecanismo: debe establecer si resulta idóneo y eficaz para la protección que se
reclama. Ese examen, sin embargo, tampoco lo autoriza a desplazar al juez natural
cuando el medio ordinario está disponible y en curso.

31. El perjuicio irremediable, por su parte, exige una amenaza grave, urgente,
inminente y cierta, que haga impostergable la intervención del juez constitucional.
Su acreditación corresponde a quien lo invoca.

32. Tratándose del cobro de condenas impuestas por esta jurisdicción, el
ordenamiento dispone de un mecanismo específico. El artículo 297 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reconoce como
título ejecutivo las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad pública al
pago de sumas de dinero; el artículo 298 regula el trámite; y el artículo 299 atribuye
la ejecución a la autoridad judicial que conoció del proceso en primera o única
instancia18.

33. El impulso de ese proceso supone cargas para el beneficiario de la condena:
formular la solicitud, acreditar la representación judicial cuando actúa por conducto
de apoderado y aportar los documentos que integran el título. No se trata de
formalidades. Sin esos elementos el juez de la ejecución no puede verificar los
presupuestos del mandamiento de pago.

Resolución de la pretensión principal en el caso concreto

34. La Sala confirmará la improcedencia declarada por el a quo, por las siguientes
razones:

17 Numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991: la existencia de otros recursos o medios de
defensa judiciales se apreciará en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante.
18 Artículos 297, 298 y 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02884-01
Accionante: Luz Stella Sarmiento de Pinto
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

35. Primera, existe un mecanismo judicial específico para obtener el pago que se
reclama, que es el proceso ejecutivo derivado de la condena. La acción de tutela no
está llamada a sustituirlo ni a desplazar la competencia del juez de la ejecución.

36. Segunda, esa herramienta de defensa judicial está en curso. La propia
accionante acudió, antes de promover esta acción, al mecanismo judicial previsto
para hacer efectiva la condena, pues el 16 de diciembre de 2025 solicitó
formalmente el inicio de la ejecución y reiteró esa petición el 29 de enero de 2026.
El proceso ejecutivo se radicó el 14 de mayo de 2026 bajo el número 54001-23-31-
000-2008-00457-01 y se encuentra en etapa de admisión19. Difícilmente puede
afirmarse la ineficacia de un medio cuyo trámite apenas comienza y cuyo avance
depende de que se acredite la representación judicial. stas circunstancias
corroboran que existe un medio judicial específico y apto para obtener el pago
reclamado, cuyo avance exige, además, el cumplimiento de las cargas procesales
correspondientes.

37. Tercera, la gestión de cobro ante la entidad condenada tampoco arroja un
escenario negativo. La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona no rechazó
el pago. Observó que la cuenta de cobro no reunía los requisitos del artículo
2.8.6.5.1 del Decreto 1068 de 2015, en particular el poder con facultad expresa para
recibir dinero, y el 25 de noviembre de 2025 manifestó que, allegados los
documentos completos, iniciaría los trámites administrativos y presupuestales para
el pago.

38. Cuarta, no se alegó ni se acreditó un perjuicio irremediable que habilite la
intervención transitoria del juez constitucional ni se invocaron circunstancias
personales que impongan flexibilizar el juicio de procedencia.

39. Como la pretensión principal no supera el examen de procedencia, la Sala no
se pronuncia sobre el fondo de la vulneración alegada frente a la entidad
condenada. Tampoco resulta necesario examinar el régimen aplicable al
cumplimiento de la condena. Por esa misma razón no prospera el reproche fundado
en el desconocimiento del derecho al cumplimiento efectivo de las decisiones
judiciales: su materialización se persigue por la vía del proceso ejecutivo y del
trámite presupuestal, ambos en curso. Se confirmará el numeral segundo de la
sentencia impugnada.

La pretensión subsidiaria: la apertura de la ejecución por parte del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander

La carencia actual de objeto por hecho superado y sus presupuestos

40. La carencia actual de objeto se configura cuando la orden que impartiría el juez
constitucional resultaría inocua, de manera que carece de sentido un

19 SAMAI, expediente 54001-23-31-000-2008-00457-01, índices 00001 a 00011. El proceso fue
repartido a la magistrada Jenny Lizeth Jaimes Grimaldo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02884-01
Accionante: Luz Stella Sarmiento de Pinto
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

pronunciamiento de fondo. La jurisprudencia constitucional ha reconocido tres
modalidades: el daño consumado, el hecho superado y la situación sobreviniente.20

41. El hecho superado tiene lugar cuando, entre la presentación de la tutela y el
fallo, la conducta reprochada cesa por obra de la accionada, con lo que la pretensión
queda satisfecha. Su verificación exige que la satisfacción sea real: actuaciones
aparentes o parciales, que dejan subsistente la afectación, no dan lugar a esta
figura.

42. Cuando la pretensión consiste en obtener el pronunciamiento de una autoridad
judicial sobre una solicitud pendiente, la expedición de la decisión reclamada puede
configurar carencia actual de objeto si satisface integralmente aquello que motivó el
amparo. En tales eventos, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, no
es perentorio que el juez de tutela de instancia emita un pronunciamiento adicional
acerca de la eventual vulneración que pudo existir con anterioridad a la superación
del hecho21.

43. Así las cosas, en la Sentencia T-521 de 2005, la Corte constató que el juzgado
accionado había dictado la sentencia penal cuya ausencia motivó la tutela y
concluyó que la pretensión estaba satisfecha, por lo que cualquier orden resultaba
inoficiosa. En igual sentido, la Sentencia T-229 de 2023 declaró el hecho superado
al comprobar que, durante el trámite constitucional y sin mediar orden de tutela, la
autoridad judicial adoptó la decisión que se encontraba pendiente. De esta manera,
cuando cesa la omisión judicial que dio lugar al amparo, desaparece el objeto de
una eventual orden encaminada exclusivamente a obtener la expedición de esa
providencia.

Resolución de la pretensión subsidiaria en el caso concreto

44. La Sala encuentra que durante el trámite constitucional cesó la omisión que
constituía el objeto de la pretensión subsidiaria. En efecto, el Tribunal inició el
trámite correspondiente a la ejecución de la sentencia y adoptó la decisión procesal
que estimó necesaria para continuar su curso. En cuanto a las medidas cautelares,
como se explicará, no existía una solicitud concreta e individualizada pendiente de
decisión.

45. El auto del 14 de mayo de 2026 no fue una actuación aislada. Ese mismo día,
el Tribunal desarchivó y digitalizó el expediente, radicó y repartió el proceso de
ejecución de sentencia y profirió el auto de trámite, mediante el cual requirió al
apoderado el poder expreso y los documentos anunciados. Esa decisión se notificó
por estado del 19 de mayo de 2026 y el requerimiento se reiteró por comunicación
del 20 de mayo de 2026.

46. La impugnación acierta al señalar que ese auto no libró mandamiento de pago
ni decidió sobre las medidas cautelares, empero ninguna de esas decisiones podía

20 Corte Constitucional, sentencia SU-522 del 5 de noviembre de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.
21 Ibid.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02884-01
Accionante: Luz Stella Sarmiento de Pinto
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

adoptarse mientras no se acreditara la facultad para promover el proceso ejecutivo.
Esto era indispensable, ya que el poder que obra en el expediente fue conferido
para la reparación directa. La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona
advirtió dicha situación, al observar que la cuenta de cobro carecía del poder con
facultad expresa para recibir dinero. La Secretaría de esta Corporación corroboró la
omisión indicada, al negar al apoderado el acceso al expediente digital 22.

47. Tampoco resulta procedente el reproche relativo a las medidas cautelares
atribuibles al Tribunal. Los memoriales del 16 de diciembre de 2025 y del 29 de
enero de 2026, que constituyen la solicitud, no identificaron ninguna medida de
protección en concreto, de manera que no existía una petición susceptible de
decisión, por lo que carecía de objeto por sustracción de materia.

48. La Sala observa, con todo, que el proceso ejecutivo permanece en etapa de
admisión, sin actuaciones posteriores al 25 de mayo de 2026. Por tanto, la ausencia
de actuaciones posteriores no es actualmente atribuible al Tribunal, pues subsiste
una carga procesal pendiente de cumplimiento por la parte interesada.

49. En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada en su integridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de julio de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela de la referencia,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

22 SAMAI, expediente 11001-03-15-000-2026-02884-00, índice 00048. Constancia secretarial del 27
de mayo de 2026, por la cual no se autorizó el acceso al expediente digital al abogado William
Reinaldo Gómez Celis, por no figurar asociado como sujeto procesal.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02884-01
Accionante: Luz Stella Sarmiento de Pinto
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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