Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02916-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02916-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02916-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
24 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02916-01
Accionante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02916-01
Accionante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos de
procedencia de la tutela contra providencia judicial. Improcedencia - Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 7 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección
A, mediante la cual se negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Nelson Augusto Hernández Arteaga, en nombre propio, promovió acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual
considera vulnerado por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, con
ocasión de la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025 dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 25000-23-42-
000-2022-00712-01.
2. Hechos
Del escrito de tutela1 y de los documentos allegados al presente trámite se desprenden
los siguientes supuestos fácticos:
2.1. Nelson Augusto Hernández Arteaga estuvo vinculado a la Procuraduría 79 Judicial I
Administrativa de Bogotá, desde el 16 de septiembre de 2013, en provisionalidad, en el
cargo de sustanciador, código 4SU, grado 11.
1
Índice 00002 del expediente digital en SAMAI de primera instancia, certificado 19E3FA039DFDE7A4
18EF1858EC051516 9AC2ABB8FE5AACC2 DF0018E53370C79D0.
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Accionante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
2.2. Mediante el decreto Núm. 4129 del 16 de octubre de 2014, fue trasladado a la
Procuraduría 83 Judicial I Administrativa de Bogotá, cargo que desempeñó hasta el 30 de
junio de 2016.
2.3. El 16 de octubre de 2015 participó en la celebración de la audiencia de conciliación
extrajudicial adelantada dentro del trámite identificado con el radicado núm. 300724-254-
2015. Con ocasión de dicha actuación, la Veeduría de la Procuraduría General de la
Nación inició en su contra el proceso disciplinario IUS 2015-395788 (IUC-D-2016-812-
830310), al considerar que, en su condición de sustanciador, condujo y orientó la
audiencia sin la presencia del procurador titular y consignó en el acta afirmaciones
contrarias a la verdad.
2.4. Mediante auto del 7 de febrero de 2019, la Veeduría formuló pliego de cargos al
estimar que la conducta atribuida constituía una falta gravísima, enmarcada en el
comportamiento descrito como falsedad ideológica en documento público, previsto en el
artículo 286 del Código Penal, e imputable a título de dolo, de conformidad con el artículo
48, numeral 1, del Código Disciplinario Único.
2.5. El 11 de marzo de 2019, el investigado presentó escrito de descargos, en el que
sostuvo que la conducta era atípica, que no existían culpabilidad ni ilicitud sustancial y
que, en su calidad de sustanciador, carecía de competencia para elaborar documentos
públicos con valor probatorio, como el acta de conciliación. Asimismo, afirmó que su
intervención se limitó a la elaboración material del documento, circunstancia que, a su
juicio, no configuraba una falsedad.
2.6. Mediante fallo de primera instancia del 24 de febrero de 2020, la Veeduría declaró
acreditada la falta imputada y le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por
diez (10) años. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por la
Viceprocuraduría General de la Nación mediante providencia del 5 de marzo de 2021.
2.7. En virtud de lo anterior, el señor Hernández Arteaga promovió demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos
administrativos que impusieron la sanción de destitución e inhabilidad general por diez
(10) años. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de los
perjuicios materiales e inmateriales ocasionados con la imposición de la sanción,
incluidos los gastos de defensa, los perjuicios morales y las afectaciones a la salud
derivadas del descrédito profesional ocasionado por la decisión sancionatoria. El proceso
fue identificado bajo el radicado número 25000-23-42-000-2022-00712-00/01.
2.8. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda bajo el radicado número 25000-23-42-000-2022-00712-00/01.
Mediante sentencia del 13 de febrero de 2024, esa corporación accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda. En consecuencia, declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la
Procuraduría General de la Nación al pago de veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales. Esta decisión fue apelada por la
Procuraduría General de la Nación y por el Ministerio Público.
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Accionante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
2.9. Al resolver los recursos de apelación, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, al concluir que se encontraba acreditado que la conducta
desplegada por el señor Nelson Augusto Hernández Arteaga configuró objetivamente el
delito de falsedad ideológica en documento público. Con fundamento en esa conclusión,
consideró que el accionante incurrió, a título de dolo, en la falta gravísima prevista en el
numeral 1.º del artículo 48 del Código Disciplinario Único.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso. En
consecuencia, pidió que se dejara sin efectos la sentencia proferida el 23 de octubre de
2025 por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado y que, en su lugar, se
ordenara dictar una nueva decisión en la que se reconociera que la conducta del
accionante no se enmarca en el tipo disciplinario descrito en el artículo 48.1 del Código
Disciplinario único, en cuanto no se acreditó la configuración objetiva y subjetiva en el
ámbito funcional del servidor público.
Para sustentar su solicitud, la parte actora alegó la configuración de los siguientes
defectos:
3.1. Defecto fáctico. Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en una
valoración probatoria insuficiente y contradictoria, al estructurar la imputación con
fundamento en consideraciones incompatibles con los hechos que tuvo por acreditados.
En desarrollo de este cargo, afirmó que: (i) no se desvirtuó que el acta de la audiencia
hubiera sido suscrita por el funcionario competente ni que su contenido hubiera sido
alterado ni que consignara hechos distintos a los ocurridos durante la diligencia; (ii) los
precedentes invocados correspondían a supuestos fácticos distintos; (iii) las funciones del
sustanciador eran exclusivamente de apoyo, sin capacidad decisoria ni dominio sobre el
contenido del documento; y (iv) no se valoró que la audiencia se realizó y que el acta fue
inicialmente suscrita por el procurador titular.
3.2. Defecto sustantivo. Sostuvo que el Consejo de Estado aplicó indebidamente el tipo
penal de falsedad ideológica en documento público al atribuirle el verbo rector
«extender», previsto en el artículo 286 del Código Penal, pese a que, en su condición de
sustanciador, carecía de competencia funcional para producir efectos jurídicos mediante
el acta.
Agregó que, conforme a la doctrina penal, la atribución de dicha conducta exigía
demostrar el dominio del hecho y el dolo, elementos que no fueron acreditados durante el
proceso. En ese sentido, sostuvo que su intervención se limitó a la elaboración material
del proyecto de acta, el cual debía ser revisado, aprobado y suscrito por el procurador
titular, razón por la cual no era posible atribuirle la consignación de información falsa ni la
realización del comportamiento previsto en el tipo penal. Asimismo, indicó que cualquier
imprecisión en el documento podía ser corregida por el superior jerárquico, por lo que la
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Accionante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
decisión cuestionada desconoció la naturaleza de sus funciones y vulneró su derecho al
debido proceso.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante Auto del 17 de abril de 2026 2, el Despacho ponente admitió la acción de
tutela; tuvo como autoridad accionada a la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado; vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Procuraduría General
de la Nación y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B; y dispuso la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
Asimismo, requirió a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para
que remitieran copia digital del expediente del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 25000-23-42-000-2022-
00712-00/01.
Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:
4.2. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado 3 solicitó
desestimar las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se configuraban
los defectos alegados.
Respecto del defecto fáctico, señaló que, contrario a lo afirmado por el accionante, la Sala
efectuó una valoración integral del material probatorio, conforme con las reglas de la sana
crítica, en especial del acta de conciliación y de las circunstancias en que se desarrolló la
diligencia. En ese sentido, sostuvo que el accionante únicamente manifestó su
desacuerdo con las conclusiones de la providencia cuestionada, circunstancia
insuficiente para configurar el defecto invocado.
En cuanto al defecto sustantivo, indicó que la sentencia realizó una interpretación
sistemática y razonada del numeral 1.º del artículo 48 del Código Disciplinario Único, en
concordancia con el tipo penal de falsedad ideológica en documento público. Asimismo,
explicó la posibilidad de integrar el tipo disciplinario con el penal, así como los elementos
objetivos y subjetivos de la conducta y la relevancia funcional de la actuación del
sustanciador en la elaboración del documento.
Agregó que la tesis propuesta por el accionante desconoce que la conducta típica
comprende la incorporación de información contraria a la verdad en un documento
público con aptitud probatoria, criterio acogido por la Corte Suprema de Justicia. Precisó
que, en la sentencia cuestionada, se concluyó que la intervención del accionante fue
2
Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado D06F10DAE235439B 32E3350075357A89
035618B8DA4EDF94 0A44F00A0A741122.
3
Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado 8BE8B078B36C4995 8DF79B957EB0FBD0
1FA8098234B15EAF CF0E8D7953B24B88.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02916-01
Accionante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
funcionalmente relevante en la elaboración del acta, pues participó en la incorporación de
información con aptitud para incidir en su valor probatorio.
En consecuencia, sostuvo que la providencia cuestionada no desconoció los elementos
del tipo penal y se ajustó a la comprensión material de la falsedad ideológica en
documento público desarrollada por la doctrina y la jurisprudencia penal.
Finalmente, la Secretaría de la Sección Segunda informó que, desde el 28 de noviembre
de 2025, el expediente había sido devuelto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca4.
4.3. La Procuraduría General de la Nación 5 solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela, al considerar que no se satisfacía el requisito de relevancia
constitucional. De manera subsidiaria, pidió negar el amparo, por cuanto no se acreditó la
vulneración de derechos fundamentales ni la existencia de un perjuicio irremediable.
En relación con la relevancia constitucional, sostuvo que el accionante: (i) acudió a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) contó con los mecanismos judiciales para
la defensa de sus derechos; (iii) accedió plenamente a la administración de justicia; (iv)
obtuvo decisiones de fondo debidamente motivadas; y (v) ejerció plenamente sus
derechos de defensa y contradicción. En ese contexto, afirmó que la acción de tutela
pretende reabrir un debate jurídico ya resuelto por el juez natural.
Asimismo, indicó que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas de conformidad con
el ordenamiento jurídico y el precedente judicial aplicable, por lo que no se configuró
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados. Añadió que tampoco se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la procedencia
excepcional del amparo.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 7 de mayo de 20266, el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección A negó las pretensiones de la tutela.
Consideró que la acción de tutela satisfacía los requisitos generales de procedencia, por
cuanto: (i) los hechos que dieron origen a la presunta vulneración fueron plenamente
individualizados; (ii) la providencia cuestionada no era susceptible de recursos ordinarios
ni extraordinarios; (iii) el mecanismo constitucional fue promovido dentro de un término
razonable; y (iv) el asunto revestía relevancia constitucional, al plantear una posible
vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
En relación con el defecto fáctico, concluyó que no se configuraba, toda vez que la
autoridad judicial accionada efectuó una valoración integral del material probatorio
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Índice 0010 del expediente digital de primera instancia, certificado E9FDCDA725E5CFA7 828BCF04A1BC59F0
976AE08A1DAA307A 981C02F2F79F699C.
5
Índice 0014 del expediente digital de primera instancia, certificado 6666EDAE33A706E1 C44F70840F39E1AC
C42707F9675BBAF9 0A60EB60D99FA997.
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índice 00018 del expediente digital de primera instancia, A73B235FCD00928D 81F398A365976179
AE58D258F5DD90B7 A84F813341461047.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02916-01
Accionante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
conforme a las reglas de la sana crítica. A partir de dicho análisis, estableció que se
encontraba acreditado que el señor Nelson Augusto Hernández Arteaga desplegó una
conducta que se adecuaba al tipo penal de falsedad ideológica en documento público, lo
que permitía concluir que incurrió, a título de dolo, en la falta gravísima prevista en el
numeral 1.º del artículo 48 del Código Disciplinario Único.
Asimismo, señaló que la autoridad judicial accionada valoró el acta de conciliación, los
demás medios de prueba obrantes en el expediente, entre ellos el testimonio de la
abogada Marisol Viviana Usama Hernández, así como las circunstancias fácticas en las
que se elaboró y suscribió el acta. Con fundamento en ese análisis, concluyó que existía
certeza de que el disciplinado intervino en la elaboración de un acta que contenía
afirmaciones contrarias a la verdad.
Respecto del defecto sustantivo, indicó que la autoridad judicial accionada interpretó de
manera razonada el artículo 286 del Código Penal, en concordancia con el numeral 1.º del
artículo 48 del Código Disciplinario Único, a partir de los elementos estructurales del tipo
penal de falsedad ideológica en documento público. En ese sentido, concluyó que la
providencia cuestionada realizó un análisis detallado de los medios de prueba, a la luz de
las disposiciones normativas y del precedente jurisprudencial aplicables al caso.
En conclusión, consideró que la providencia cuestionada no adolecía de los defectos
invocados y que la inconformidad del accionante se circunscribía a la interpretación
efectuada por la autoridad judicial accionada, circunstancia que, por sí sola, no
evidenciaba la vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia, negó el
amparo solicitado.
6. Impugnación7.
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y reiteró la configuración de los
defectos fáctico y sustantivo atribuidos a la providencia cuestionada. En consecuencia,
solicitó revocar la decisión y, en su lugar, conceder el amparo.
En relación con el defecto fáctico, sostuvo que su reproche no estaba dirigido a cuestionar
el contenido del acta de conciliación, sino a evidenciar una valoración probatoria
incompatible con las premisas fácticas de la sentencia cuestionada. En ese sentido,
afirmó que el juez de tutela redujo el debate a una simple discrepancia interpretativa, sin
examinar la razonabilidad de la inferencia judicial.
Respecto del defecto sustantivo, señaló que la sentencia omitió pronunciarse sobre la
ausencia de dominio funcional del hecho por parte del accionante en la elaboración del
documento y la producción de sus efectos jurídicos.
Finalmente, indicó que el juez de tutela, pese a reconocer la relevancia constitucional del
asunto, concluyó que la controversia se limitaba a un desacuerdo con la interpretación del
juez natural y no dio respuesta suficiente a los argumentos expuestos en la demanda.
7
Índice 00022 del aplicativo SAMAI, certificado 7A511FF004DFB26C E6ABA278C7CCAD2D 41A4E3CDE65B23AF
63462D3E77C85F8D
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02916-01
Accionante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
Mediante auto del 1 de junio de 20268, el magistrado ponente de la Sección Segunda-
Subsección A concedió la impugnación formulada por la parte actora.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en la medida
en que Nelson Augusto Hernández Arteaga es titular de los derechos fundamentales que
estima vulnerados en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 25000-23-42-000-2022-
00712-01.
2.2. De igual forma, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, en
tanto la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la autoridad
judicial que profirió la decisión que, según la parte actora, vulneró sus derechos
fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 7
de mayo de 20269 proferida por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A,
mediante la cual se negó el amparo.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso en concreto se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente
a los argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
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Índice 00025 del expediente digital de primera instancia, certificado E0B6CFC51581FCDE 2CADDD1E6B9A6708
5186360495BFD530 3DC3E2DC29370459.
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índice 00018 del expediente digital de primera instancia, A73B235FCD00928D 81F398A365976179
AE58D258F5DD90B7 A84F813341461047.
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Accionante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 10 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela11 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
12
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02916-01
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y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”14.
En línea con lo anterior, en la Sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como
criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales,
tratándose de una providencia judicial emanada de una alta corte. De manera que la
intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 15.
14
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
15
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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5. Caso concreto
5.1. La Sala anuncia que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación.
El accionante alegó la configuración de un defecto fáctico, al considerar que la autoridad
judicial accionada realizó una valoración probatoria insuficiente y contradictoria, pues
estructuró la imputación desconociendo los hechos que tuvo por acreditados. En
particular, sostuvo que no se desvirtuó la autenticidad del acta ni su alteración material;
que los precedentes invocados correspondían a supuestos fácticos distintos; que sus
funciones como sustanciador eran exclusivamente de apoyo, sin poder decisorio ni
dominio sobre los efectos jurídicos del documento; y que no se valoró que la audiencia de
conciliación sí se realizó y que el acta fue inicialmente suscrita por el procurador titular.
Asimismo, alegó la configuración de un defecto sustantivo por la indebida aplicación del
tipo penal de falsedad ideológica en documento público, al atribuirle la ejecución del verbo
rector «extender», pese a que, en su condición de sustanciador, carecía de competencia
funcional para producir efectos jurídicos mediante el acta de conciliación. Agregó que la
atribución de esa conducta exigía acreditar el dominio del hecho y el dolo, elementos que,
a su juicio, no fueron demostrados durante el proceso.
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que su intervención se limitó a la elaboración
material del proyecto de acta, el cual debía ser revisado, aprobado y suscrito por el
procurador titular. En consecuencia, afirmó que la conducta atribuida no satisfacía los
elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y que la providencia cuestionada vulneró
su derecho fundamental al debido proceso.
5.2. Ahora bien, mediante sentencia del 23 de octubre de 2025, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión de primera instancia y examinó si la Procuraduría General de la Nación
realizó una adecuada valoración de la tipicidad de la conducta atribuida al señor Nelson
Augusto Hernández Arteaga, en los siguientes términos:
“79. El fallo disciplinario consideró que el sustanciador «adelantó y dirigió la audiencia
de conciliación sin la presencia del Procurador titular» y que, al consignar en el acta
que este presidió la diligencia, incurrió en falsedad ideológica en documento público,
prevista en el artículo 286 del Código Penal, lo cual configuraba la falta gravísima del
numeral 1 del artículo 48 del CDU.
(…)
81.Este tipo disciplinario exige que el autor realice una descripción típica señalada en
la ley como delito sancionable a título de dolo, por lo que es considerado un tipo en
blanco, y que la comisión del delito tenga relación con la función o cargo por razón de la
función, razón del cargo, con ocasión de la función, con ocasión del cargo, como
consecuencia de la función, como consecuencia del cargo o, abusando del cargo.
(…)
85. Es importante precisar como elementos de la descripción objetiva de la falsedad
ideológica en documento público, el artículo 294 de la Ley 599 de 2000 sobre el
concepto de documento así: «[p]ara los efectos de la ley penal es documento toda
expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio
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Accionante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o
hechos, que tengan capacidad probatoria»
(…)
89. En ese orden de ideas, la falsedad se predica del acta de conciliación del 16 de
octubre de 2015, expedida dentro del radicado 300724-254-2015, la cual, como quedó
demostrado en grado de certeza, fue autoría de Hernández Arteaga, en ejercicio de
sus funciones como sustanciador, y fue suscrita por el procurador Iván Mauricio
Campos Pinzón, pese a que no estuvo en la audiencia.
90. Las disposiciones vigentes para la época de los hechos, prevén que el funcionario
habilitado para adelantar y suscribir los documentos dentro de una conciliación
administrativa y prejudicial es el agente del Ministerio Público, esto es, en el presente
asunto, los procuradores judiciales para asuntos administrativos. Puntualmente, el
artículo 23 de la Ley 640 de 2001, establece que: «[l]as conciliaciones extrajudiciales
en materia de lo contencioso administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los
agentes del ministerio público asignados a esta jurisdicción».
91. En armonía con la disposición legal, el manual de funciones de la PGN, Resolución
321 del 4 de agosto de 2015, dispone como función esencial de los procuradores
judiciales para asuntos administrativos la de: «[a]delantar las conciliaciones
prejudiciales en materia de lo contencioso administrativo, expedir las constancias a
que haya lugar y remitir para su aprobación al juez o tribunal competente los acuerdos
conciliatorios»
92. Por su parte, el artículo 9 del Decreto 1716 de 2009, que reguló el procedimiento del
trámite prejudicial en comento, reglamenta lo siguiente:
«Desarrollo de la audiencia de conciliación. Presentes los interesados el día y hora
señalados para la celebración de la audiencia de conciliación, esta se llevará a cabo
bajo la dirección del agente del ministerio público designado para dicho fin, quien
conducirá el trámite en la siguiente forma: [...]
6. Si no fuere posible la celebración del acuerdo, el agente del ministerio público
expedirá constancia en la que se indique la fecha de presentación de la solicitud de
conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, la fecha en que se celebró la
audiencia o debió celebrarse, la identificación del convocante y convocado, la
expresión sucinta del objeto de la solicitud de conciliación y la imposibilidad de
acuerdo. Junto con la constancia, se devolverá a los interesados la documentación
aportada, excepto los documentos que gocen de reserva legal [...].
93. Así las cosas, el acta tiene el carácter de documento público idóneo para acreditar
el agotamiento de un requisito de procedibilidad, en parte por haber sido expedida y
firmada por servidor público en ejercicio de sus funciones; y constituye un medio de
conocimiento de un hecho con relevancia en el ámbito del derecho y, por ello, atentar
contra él, falsificándolo, es atentar contra la verdad.
94.En consecuencia, conforme a las pruebas recaudadas dentro de la actuación, en
particular, la declaración de la abogada Marisol Viviana Usama Hernández, se acredita
que el sustanciador grado 11, Nelson Augusto Hernández Arteaga, ayudó de manera
decidida en la consignación de la falsedad en el acta levantada por él el 16 de octubre
de 2015, sin la presencia del titular de la Procuraduría 83 Judicial I Administrativa, para
que finalmente fuera ratificada con la suscripción de la firma plasmada por el doctor
Iván Mauricio Campos Pinzón, quien debió dirigir y orientar dicha diligencia, como
titular de la Procuraduría 83 Judicial I Administrativo de Bogotá.
95. Se encuentra establecido que Nelson Augusto Hernández Arteaga, para la época
de los hechos, ostentaba la calidad de servidor público en ejercicio del cargo y
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Accionante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
funciones de sustanciador grado 11 en la Procuraduría 83 judicial I Administrativa de
Bogotá. Igualmente, que dirigió la audiencia y elaboró el acta respectiva, sin
lapresencia del procurador 83 judicial I administrativo, consignando en ella
afirmaciones contrarias a la verdad, acta que fue suscrita a pesar de dichas
circunstancias, por el titular de la Procuraduría 83 Judicial I Administrativa, Iván
Mauricio Campos Pinzón.
96. En este caso quedó demostrado, en grado de certeza, que el disciplinado
Hernández Arteaga, voluntariamente, adelantó la diligencia y redactó el documento en
el que se afirmó, contrariando la verdad, que quien presidió la audiencia fue el
procurador judicial, a sabiendas de que no era cierto y que ese era un deber funcional
del agente del ministerio público; además infringió su propio deber funcional, en la
medida que inobservó sus competencias.
97. En este punto la Sala anota que no es que la PGN confundiera proyectar
documentos con dirigir la audiencia, pues ambos hechos quedaron probados, pero el
primero estaba dentro de las atribuciones del sustanciador sancionado. En tal sentido,
desde la estructura de la falta disciplinaria debe ser considerado como autor del ilícito
disciplinario de falsedad ideológica en documento público.
98. En este este caso, está debidamente probado que en la creación del documento
ideológicamente falso, que contiene aseveraciones contrarias a la verdad, intervino el
disciplinado Nelson Augusto Hernández Arteaga, quien lo elaboró, y consignó
afirmaciones falsas en su texto, porque el agente del ministerio público, Iván Mauricio
Campos Pinzón, quien firmó el acta, no dio inicio a la audiencia, y por lo tanto, no
reconoció personería jurídica, y tampoco concedió el uso de la palabra a las partes.
99. Por lo tanto, en ejercicio de sus funciones, pero abusando de su cargo, intervino
para producir e introducir al ámbito jurídico el acta que sirvió de prueba sobre el
agotamiento de un requisito preprocesal, aunque sabían que en su contenido tenía
afirmaciones sustanciales contrarias a la verdad.
100. En conclusión, se infiere en grado de certeza, que la conducta endilgada en el
auto de cargos y en los fallos disciplinarios a Nelson Augusto Hernández Arteaga se
adecuó objetivamente al delito de falsedad ideológica en documento público.”16
Respecto del análisis de culpabilidad en el caso concreto, la autoridad judicial accionada
consideró:
“113. Contrario a lo que afirma el demandante y la sentencia de primera instancia, no
existe duda sobre el conocimiento y la voluntad de infringir la ley con la que actuó el
disciplinado. En efecto, del acervo probatorio se extrae que, aprovechando su
condición de sustanciador, en ejercicio de sus funciones, dirigió la diligencia y extendió
el acta, en la que consignó afirmaciones contrarias a la verdad, a pesar de saber que no
eran ciertas y que a él no le correspondía adelantar la conciliación sin la presencia del
agente del ministerio público.
114. Además, actuó sin justificación, pues según los testimonios recaudados, el
procurador judicial estaba en su despacho al inicio de la diligencia, luego se ausentó y
no pasó a dirigirla, mientras el sustanciador, en el suyo, consignaba en el acta que sí lo
había hecho.
115. Asimismo, su conocimiento le permitía comprender que por su ilegal
comportamiento iba a incurrir en una conducta ilícita que defraudaba a terceros y a la
entidad; por ello, el convocante de la conciliación le reclamó por finalizar la audiencia
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Accionante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
sin la presencia del procurador judicial. No obstante, decidió voluntariamente realizar la
conducta típica y sustancialmente ilícita, para lo cual aprovechó que el procurador
judicial firmaría el documento sin importar las aseveraciones que contenía, a pesar de
tener el deber de no hacerlo, y logró finalmente que el acta que contenía falsedades
ideológicas ingresara al ámbito jurídico.
116. Por lo anterior, el actuar de Nelson Augusto Hernández Arteaga fue doloso, al
encontrarse configurados y probados los elementos que integran dicho título de
imputación.
117. Por último, la Sala recuerda que para poder hacer la imputación disciplinaria, se
requiere que la conducta, además de ser típica, sea sustancialmente ilícita y no sea
justificable.
(…)
119. Así las cosas, con la conducta imputada, el disciplinado infringió el principio de
moralidad administrativa, definido en el numeral 5 del artículo 3 del CPACA, así: «[e]n
virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están
obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones
administrativas».
120. En el presente caso, como quedó debidamente probado, el demandante, a pesar
de conocer sus deberes funcionales, en concreto el de observar y salvaguardar la
veracidad en sus actuaciones, quebrantó tales mandatos y con ello la rectitud y lealtad,
pues defraudó la credibilidad y la presunción de legalidad de la que gozan los
documentos públicos que puedan servir de prueba. El disciplinado, según lo probado,
infringió sus deberes funcionales y los generales que lo obligaban a preservar la fe
pública a través de la expedición de actas veraces y creíbles.
121. Además, actuó sin justificación, pues el procurador judicial estaba en su despacho
al inicio de la diligencia, luego se ausentó y no pasó a dirigirla, y no obstante ello, el
accionante, en calidad de sustanciador, consignó en el acta que sí lo había hecho.
122. Por tanto, al haberse demostrado que el disciplinado incurrió en comportamientos
que se adecúan a descripciones objetivas de ilícitos penales, ese obrar vulneró la
función social y el deber de servir a la comunidad con eficiencia, corrección y
honestidad, y en ese orden quedó demostrada la ilicitud sustancial.17”
5.3. A partir de las anteriores consideraciones, esta Subsección estima que, pese al
esfuerzo argumentativo de la parte actora, su pretensión se dirige a controvertir la
interpretación jurídica y las conclusiones a las que arribó la autoridad judicial accionada,
con el propósito de que se acoja la tesis que ha sostenido desde el proceso ordinario.
En efecto, los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y reiterados en la
impugnación evidencian, en esencia, su inconformidad con el juicio realizado por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado respecto de la configuración
de la falta gravísima prevista en el numeral 1.º del artículo 48 del Código Disciplinario
Único y de la adecuación de la conducta al delito de falsedad ideológica en documento
público.
La Sala advierte, además, que tales cuestionamientos fueron expresamente examinados
y resueltos por el juez natural, quien analizó la tipicidad de la conducta, la configuración
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de la falta disciplinaria, el alcance del tipo penal de falsedad ideológica en documento
público, la competencia funcional del sustanciador y el alcance de sus funciones en la
diligencia de conciliación, así como el juicio de imputación y de culpabilidad efectuado en
el proceso disciplinario.
En esas condiciones, la controversia planteada no revela un problema de relevancia
constitucional autónomo, sino el desacuerdo del accionante con la interpretación jurídica
y la valoración probatoria efectuadas por la autoridad judicial accionada. En
consecuencia, la acción de tutela no puede utilizarse como una instancia adicional para
reabrir un debate ya definido por el juez competente ni para sustituir los criterios de
interpretación y valoración que corresponden al juez natural.
5.4. En consecuencia, la Sala advierte que los reparos formulados por el accionante, tanto
en el escrito de tutela como en la impugnación, fueron ampliamente analizados y
resueltos en la providencia objeto de censura.
En cuanto al argumento según el cual el juez de tutela de primera instancia redujo el
debate a una simple discrepancia interpretativa, sin verificar si la inferencia judicial
satisfacía los estándares de racionalidad, coherencia y suficiencia argumentativa, la Sala
considera que dicho cuestionamiento tampoco supera el requisito de relevancia
constitucional. En efecto, la controversia planteada refleja el desacuerdo del accionante
con las conclusiones de la autoridad judicial accionada, sin evidenciar una vulneración
autónoma de derechos fundamentales que habilite la intervención del juez de tutela.
En ese contexto, el reproche relacionado con el defecto sustantivo, referido a la
interpretación del tipo penal aplicado, versa sobre una discusión de naturaleza
eminentemente legal, asociada al alcance del verbo rector, la competencia funcional del
sustanciador y el dominio funcional del hecho, aspectos que fueron objeto de análisis por
parte del juez natural.
Por consiguiente, no corresponde al juez constitucional reabrir ese debate ni
pronunciarse sobre aspectos como la competencia del accionante para certificar el
contenido del acta o su capacidad para conferirle eficacia jurídica, pues ello implicaría
sustituir la valoración jurídica realizada por la autoridad judicial competente.
5.5. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.
5.6. En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use indebidamente como
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una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 18.
5.7. En este punto, la Sala precisa que los argumentos expuestos en el escrito
introductorio estuvieron orientados a cuestionar la sustentación de la sentencia
censurada, en concreto, la interpretación probatoria y el defecto sustantivo, aspectos que
se subsumen dentro del estudio del requisito de relevancia constitucional, que, como se
indicó en precedencia, no se demostró superado. En tal sentido, se modificará la decisión
impugnada, en aras de declarar la improcedencia del amparo, por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 7 de mayo de 2026 por el Consejo de
Estado-Sección Segunda-Subsección A y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la
acción de tutela interpuesta por Nelson Augusto Hernández Arteaga contra la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por no superar el requisito de relevancia
constitucional conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
AOB
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
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