Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00712-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00712-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2022-00712-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25-000-23-42-000-2022-00712-01 (3114-2024)
Demandante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
Demandada: Procuraduría General de la Nación, PGN
Tema: Falta gravísima establecida en el artículo 48.1 de la Ley 734 de
20021, que alude a realizar objetivamente una conducta descrita
en la ley como delito doloso, cuando se cometa en razón, con
ocasión o como consecuencia de la función o del cargo, o
abusando del mismo / Delito de falsedad ideológica en documento
público se estructura a partir del principio editio falsi.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve los recursos
de apelación interpuestos por la PGN y el Ministerio Público contra la sentencia de
primera instancia proferida el 13 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual, se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Veeduría de la PGN, mediante fallo de primera instancia del 24 de febrero de 2020,
sancionó al demandante con destitución e inhabilidad general por el término de 10
años, por la comisión de la falta disciplinaria establecida en el artículo 48.1 del CDU,
que alude a realizar objetivamente una conducta descrita en la ley como delito doloso,
en este caso el delito de falsedad ideológica en documento público. Lo anterior porque
como sustanciador, dirigió una audiencia de conciliación sin la presencia del
procurador judicial I y elaboró el acta con información contraria a la realidad.
La Viceprocuraduría General de la Nación, a través de fallo de segunda instancia del
5 de marzo de 2021confirmó en todas sus partes la decisión anterior.
La sentencia de primera instancia ordenó la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados porque consideró que la conducta investigada no es típica y tampoco
culpable, debido a que en criterio del a quo, el demandante actuó de manera mecánica
y rutinaria en el desarrollo de sus funciones, limitándose a proyectar el acta de la
audiencia de conciliación conforme a los formatos previamente establecidos por el
despacho, sin intención de faltar a la verdad ni de usurpar las funciones del procurador
judicial I; y además la suscripción de documentos con vocación probatoria corresponde
1 Código Disciplinario Único (CDU).
Radicación: 25-000-23-42-000-2022-00712-01 (3114-2024)
Demandante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
Demandada: Procuraduría General de la Nación
al procurador judicial I y no al sustanciador, quien carece de dicha competencia
funcional.
El Consejo de Estado revoca la sentencia de primera instancia, y en su lugar, niega
las pretensiones de la demanda porque la falsedad documental pública se entiende
consumada con la editio falsi, es decir, con la simple elaboración o hechura del
documento. En este caso, en la creación del acta de conciliación, que es el documento
ideológicamente falso, que contiene aseveraciones contrarias a la verdad, intervino el
disciplinado Hernández Arteaga, quien lo elaboró, redactó o proyectó.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. El 2 de noviembre de 2021, Nelson Augusto Hernández Arteaga presentó2
demanda3 de nulidad y restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se expresan.
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó que se declarara la nulidad de: (i) el fallo de primera instancia del 24 de
febrero de 2020, proferido por la Veeduría de la PGN, a través del cual, lo sancionó con
destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, y (ii) del fallo de segunda
instancia del 5 de marzo de 2021, expedido por la Viceprocuraduría General de la
Nación, que confirmó en todas sus partes la decisión anterior.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la PGN a: (i)
pagarle los perjuicios materiales e inmateriales que le ocasionó la sanción que le fue
impuesta, (ii) pagarle los gastos en que incurrió para implementar su defensa en el
trámite disciplinario y (iii) indemnizarlo por el daño moral y a su salud, derivados del
descrédito profesional que le generó la sanción.
2.1.2. Hechos
4. Nelson Augusto Hernández Arteaga ingresó al servicio público el 16 de
septiembre de 2013, al tomar posesión del empleo de sustanciador, código 4SU, grado
11, adscrito a la Procuraduría 79 Judicial I Administrativa de Bogotá, nombrado en
provisionalidad mediante Decreto 3421 del 30 de agosto de 2013. Posteriormente fue
trasladado a la Procuraduría 83 Judicial I Administrativa de Bogotá, mediante Decreto
4129 del 16 de octubre de 2014, cargo que desempeñó hasta el 30 de junio de 2016.
5. En el ejercicio de dicho empleo, participó en la audiencia de conciliación
extrajudicial del 16 de octubre de 2015, dentro del trámite identificado con el radicado
2 Según el «acta individual de reparto», visible a índice 2 de Samai tribunales 25000-23-42-000-2022-00712-00 /
archivo zip «2_250002342000202200712002EXPEDIENTEDIGI20221103100502». / archivo pdf
«05ActaReparto».
3 La cual obra Samai tribunales 25000-23-42-000-2022-00712-00 / archivo zip
2_250002342000202200712002EXPEDIENTEDIGI20221103100502 / archivo pdf. 01Demanda.pdf.
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300724-254-2015, convocada por Siervo Antonio Báez Barrera contra la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR).
6. Con ocasión de esa diligencia, la Veeduría de la PGN inició en su contra el
proceso disciplinario IUS 2015-395788 (IUC-D-2016-812-830310), al considerar que el
actor, en su calidad de sustanciador, adelantó y direccionó la audiencia sin la presencia
del procurador titular y consignó en el acta afirmaciones contrarias a la verdad, como
si el procurador hubiera presidido la diligencia.
7. Mediante auto del 7 de febrero de 2019, la Veeduría formuló pliego de cargos,
calificando la conducta como falta gravísima, subsumible en la descripción típica del
delito de falsedad ideológica en documento público del artículo 286 del Código Penal,
sancionable a título de dolo, de acuerdo con el artículo 48.1 del CDU.
8. El investigado presentó descargos el 11 de marzo de 2019, en los que alegó la
atipicidad de la conducta, la falta de culpabilidad y la ausencia de ilicitud sustancial,
porque él, como sustanciador, no tenía competencia para extender documentos
públicos con vocación probatoria como lo es el acta de conciliación, y debido a que su
actuación se limitó a la proyección material del documento, sin que ello constituyera
falsedad.
9. El fallo de primera instancia del 24 de febrero de 2020 emitido por la Veeduría,
declaró probada la falta imputada y lo sancionó con destitución e inhabilidad general
por el término de 10 años; decisión que fue confirmada en segunda instancia mediante
providencia del 5 de marzo de 2021, proferida por la Viceprocuraduría General de la
Nación.
10. Las referidas providencias disciplinarias también sancionaron al procurador
judicial con destitución e inhabilidad de 10 años.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
11. El demandante citó como normas violadas los artículos 29 y 83 de la
Constitución Política; 137 de la Ley 1437 de 20114; 4, 5, 9, 13, 22 y 48.1 del CDU; y el
286 del Código Penal.
12. En el concepto de violación sostuvo que la PGN vulneró los principios de
tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, al sancionarlo por una conducta que no
encuadra en la falta gravísima prevista en el artículo 48.1 del CDU, porque: (i) el empleo
de sustanciador que él desempeñaba no tenía competencia para extender documentos
públicos con vocación probatoria, (ii) él sólo tenía la tarea de proyectar las actas,
siguiendo instrucciones del procurador judicial, (iii) la competencia funcional para dirigir
la audiencia, expedir constancias y dotar de fe pública al acta, recaía exclusivamente
en el procurador judicial, conforme a la Ley 640 de 2001, el Decreto 1716 de 2009 y el
manual de funciones, y (iv) al no existir documento público extendido por el
sustanciador ni firma suya, la adecuación típica penal —y, por derivación, la falta
gravísima— no se integró.
4 Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.
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13. De igual manera alegó que la PGN calificó erróneamente la conducta como falta
gravísima cometida a título de dolo, dejando de lado los criterios del artículo 43 del
CDU, tales como los grados de culpabilidad, la naturaleza y perturbación del servicio,
la jerarquía, las modalidades y circunstancias, y la trascendencia social, entre otros.
14. Por último sostuvo, que aun en gracia de discusión, la conducta que se le
atribuyó solo pudo encuadrarse —si acaso— como extralimitación leve del artículo
35.1 del CDU y a título de culpa grave, pero nunca como dolo.
2.2. Contestación de la demanda
15. La PGN se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que los actos
administrativos acusados están ajustados a derecho y que el proceso disciplinario se
adelantó con observancia del debido proceso, la Constitución y la ley5.
16. Alegó que dentro de la actuación disciplinaria se demostró que Nelson Augusto
Hernández Arteaga, en su condición de sustanciador grado 11 de la Procuraduría 83
Judicial I Administrativa de Bogotá, dirigió y proyectó el acta de una audiencia de
conciliación extrajudicial celebrada el 16 de octubre de 2015, consignando en ella
hechos contrarios a la realidad, al afirmar que el procurador titular presidió la diligencia,
cuando en realidad no estuvo presente.
17. Indicó que la conducta desplegada por el disciplinado encuadra objetivamente
en la falta gravísima prevista en el artículo 48.1 del CDU, en concordancia con el artículo
286 del Código Penal, que tipifica el delito de falsedad ideológica en documento
público. En su criterio, la actuación del servidor público afectó principios esenciales de
la función administrativa, tales como la legalidad, moralidad y honradez, previstos en
el artículo 209 de la Constitución Política y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998.
18. Argumentó que el disciplinado actuó con conocimiento y voluntad de la ilicitud
de su comportamiento, pues se negó a dejar constancia de la ausencia del procurador
durante la diligencia, a pesar de la solicitud expresa del apoderado de la parte
convocante, demostrando así su intención de ocultar un hecho relevante, y por lo tanto,
la conducta fue cometida a título de dolo.
19. Añadió que el procedimiento disciplinario se desarrolló en estricto cumplimiento
de las normas del CDU, garantizando el derecho de defensa y contradicción, toda vez
que se decretaron y practicaron las pruebas solicitadas y las decisiones fueron
debidamente notificadas.
20. Por último, sostuvo que no se configuró ninguna irregularidad que generara
nulidad, ni procedía el reconocimiento de perjuicios, en tanto los actos demandados
fueron el resultado de una actuación válida, legalmente motivada y sustentada en el
acervo probatorio recaudado dentro del proceso.
5 Samai tribunales 25000-23-42-000-2022-00712-00 / índice 26 / archivo pdf
«23_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 26»
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21. Como excepciones propuso: «legalidad de los actos sancionatorios y actuación
conforme a las normas vigentes», «improcedencia de la acción por no haberse
agotado el requisito de procedibilidad o la vía gubernativa», «buena fe», «prescripción»
y la «genérica», de acuerdo a lo establecido en el artículo 180 del CPACA.
2.3. Sentencia de primera instancia
22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B6,
mediante sentencia del 13 de febrero de 20247, declaró no probadas las excepciones
y ordenó la nulidad parcial de los actos administrativos que impusieron la sanción de
destitución e inhabilidad general de 10 años. A título de restablecimiento del derecho
condenó a la PGN al pago de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV)
por concepto de perjuicio moral, sin condenar en costas.
23. En resumen, el tribunal argumentó lo siguiente: (i) la sanción disciplinaria
impuesta carece de fundamento jurídico, porque la conducta investigada no es típica
y tampoco culpable, (ii) no se configuró la falta gravísima prevista en el artículo 48.1
del CDU porque Nelson Augusto Hernández actuó de manera mecánica y rutinaria en
el desarrollo de sus funciones, limitándose a proyectar el acta de la audiencia de
conciliación conforme a los formatos previamente establecidos por el despacho, sin
intención de faltar a la verdad ni de usurpar las funciones del procurador; (iii) la
conducta desplegada por el demandante no cumplía con los elementos del tipo
disciplinario imputado, pues la extensión y suscripción de documentos con vocación
probatoria corresponde al procurador judicial y no al sustanciador, quien carece de
dicha competencia funcional, y en esa medida, el demandante no cometió el delito de
falsedad en documento público.
2.4. Recursos de apelación
24. La PGN interpuso recurso de apelación para solicitar la revocatoria de la
sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se negaran las pretensiones de la
demanda.
25. De manera puntual precisó lo siguiente: (i) el fallo de primera instancia
desconoció el alcance de la falta gravísima establecida en el artículo 48.1 del CDU, en
concordancia con el 286 del Código Penal, según los cuales, constituye falta
disciplinaria gravísima la realización objetiva de una conducta tipificada en la ley penal
como delito doloso, como ocurre con el punible de falsedad ideológica en documento
público; (ii) el Tribunal incurrió en una errónea interpretación de los elementos
estructurales de la responsabilidad disciplinaria, al considerar que la conducta atribuida
al actor carecía de dolo. Pues conforme a las pruebas obrantes en el proceso, el
disciplinado actuó con conocimiento y voluntad de la irregularidad, pues, dirigió la
audiencia de conciliación sin la presencia del procurador titular y elaboró el acta con
información contraria a la realidad, lo cual demostró la existencia de un
comportamiento doloso; (iii) el a quo erró al concluir que la actuación del disciplinado
6 En Sala integrada por los magistrados Alberto Espinosa Bolaños (ponente), Luis Gilberto Ortegón Ortegón y José
Rodrigo Romero Romero.
7 Samai tribunales 25000-23-42-000-2022-00712-00 / índice 55 / archivo pdf «
55_SENTENCIAQUEACCEDELASPRETENSIONES(.pdf) NroActua 55»
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fue meramente mecánica, pues la valoración de las pruebas —en especial la
declaración de la abogada Marisol Viviana Usama Hernández— demuestra que este
tuvo plena conciencia de la ausencia del procurador durante la audiencia y, aun así,
decidió elaborar el acta que sirvió de sustento para el cumplimiento del requisito de
procedibilidad ante la jurisdicción contencioso administrativa; y (iv) finalmente
cuestionó el reconocimiento de los perjuicios morales, al considerar que no existe
prueba suficiente que los acredite, porque los testimonios allegados no demuestran un
daño cierto, personal y comprobable derivado de la sanción disciplinaria, como lo exige
la jurisprudencia del Consejo de Estado8.
26. Por su parte, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría 51 Judicial II para
Asuntos Administrativos, también interpuso recurso de apelación, al estimar que: (i) la
sentencia de primera instancia incurrió en error de derecho y en valoración probatoria
al declarar la nulidad parcial de los actos sancionatorios; (ii) los fallos disciplinarios
proferidos por la Veeduría y la Viceprocuraduría General de la Nación fueron el
resultado de un análisis integral de los elementos de responsabilidad, en el cual se
demostró que la conducta del investigado fue típica, antijurídica y dolosa; (iii) si bien el
sustanciador utilizó un formato previamente establecido para la elaboración del acta,
ello no justificaba la consignación de hechos contrarios a la realidad, pues el
documento público debe reflejar con veracidad lo ocurrido en la diligencia; (iv) el hecho
de que el accionante hubiera elaborado el acta sin la constancia de que el procurador
no hubiera estaba presente en la audiencia, constituye una falsedad ideológica, que
no puede excusarse bajo la tesis de la mecanicidad del acto9.
2.5. Intervenciones en segunda instancia
27. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
2.6. Concepto del Ministerio Público
28. El Ministerio Público no rindió concepto en esta instancia.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.
8 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente 25000-23-42-000-2022-00712-00, índice 58, archivo
pdf «55_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 58».
9 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente 25000-23-42-000-2022-00712-00, índice 60, archivo
pdf «60RECIBEMEMORIAL_APELACIONSENTENCIAPR(.pdf) NroActua 60».
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30. Es importante señalar que como la ponencia inicialmente presentada no
alcanzó la mayoría exigida por el inciso primero del artículo 5410 de la Ley 270 de 1996,
el proyecto no fue aprobado en los términos del numeral 6 del artículo 49 11 del
Reglamento Interno del Consejo de Estado, expedido mediante el Acuerdo núm. 80 de
2019.
31. Por lo tanto, en aplicación del numeral 6 del artículo 5012 ibidem, relativo a las
reglas para el estudio de proyectos en la Sala Plena Contenciosa, por conducto de la
Secretaría de la Sección Segunda de esta corporación, se remitió el expediente al
magistrado que seguía en turno para lo de su competencia.
3.2. Problemas jurídicos y metodología de su resolución
32. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir de los
siguientes problemas jurídicos:
33. ¿La autoridad disciplinaria efectuó una errada adecuación típica, porque según
el demandante, la conducta reprochada no contiene el ingrediente normativo exigido
para la configuración del delito de falsedad ideológica en documento público, ya que
el cargo de sustanciador no implicaba funciones certificantes ni de fe pública?
34. ¿Los actos administrativos mediante los cuales la PGN sancionó
disciplinariamente a Nelson Augusto Hernández Arteaga con destitución e inhabilidad
general por el término de 10 años, se ajustan al ordenamiento jurídico, o, por el
contrario, vulneran las normas en que debían fundarse porque la autoridad disciplinaria
realizó un inadecuado juicio de culpabilidad, puesto que el disciplinado actuó de
manera mecánica y bajo instrucciones del despacho, sin dolo ni voluntad de faltar a la
verdad?
3.3. Estudio y resolución del primer problema jurídico
3.3.1. Los elementos de la responsabilidad disciplinaria
35. En materia disciplinaria la responsabilidad implica el análisis de la conducta del
sujeto disciplinable desde 3 factores, a saber: la tipicidad13, la ilicitud sustancial14 y la
culpabilidad15, los cuales por el diseño y estructura del derecho disciplinario adquieren
connotaciones especiales diferentes de los decantados por otras manifestaciones del
ius puniendi del Estado16.
10 «Todas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban
tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la
Corporación, sala o sección».
11 «[…] Solo será aprobado el proyecto que exprese, en todas sus partes, el parecer y la decisión de, por lo menos,
la mayoría absoluta de los miembros que componen la sala, sección o subsección».
12 «6. Nuevo proyecto. En caso de no ser aprobado el proyecto, el expediente pasará inmediatamente en el orden
alfabético de apellidos de los miembros de la Sala, al consejero que comparta la posición mayoritaria, quien
redactará el nuevo proyecto con prioridad y lo someterá a discusión y aprobación».
13 Artículo 4; 23; 43 numeral 9; 184 numeral 1 del CDU.
14 Artículo 5 del CDU.
15 Artículo 13; 43.1; 44 parágrafo del CDU.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de febrero 2015, expediente11001-03-25-
000-2012-00783-00. En esta providencia la Subsección identificó y analizó los factores que determinan la
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3.3.1.1. La tipicidad
36. La tipicidad como categoría dogmática del derecho disciplinario encuentra su
razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido proceso que
implica que nadie puede ser juzgado si no por una infracción, falta o delito descrito
previamente por la ley. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política impone que
«nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio». Este principio cumple con la función de garantizar, por un lado, la
libertad y seguridad individuales al establecer en forma anticipada, clara e inequívoca
qué comportamientos son sancionados, y de otro proteger la seguridad jurídica.
37. En lo que se refiere a la tipicidad, el régimen disciplinario se caracteriza porque
las conductas constitutivas de falta disciplinaria están consignadas en tipos abiertos y
en blanco, ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de
comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas
a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos. Por lo tanto,
las normas disciplinarias tienen un complemento compuesto por disposiciones que
contienen prohibiciones, mandatos y deberes, al cual debe remitirse la autoridad
disciplinaria para imponer las sanciones correspondientes, circunstancia que sin
vulnerar los derechos de los procesados permite una mayor adaptación del derecho
disciplinario a sus objetivos17.
38. Ahora bien, en cuanto a los tipos abiertos y los tipos en blanco18, la
jurisprudencia constitucional se ha referido a ellos de manera indistinta, para dar a
entender que se trata de aquellas descripciones legales constitutivas de falta
disciplinaria, que precisan la remisión a otras normas a fin de completar el sentido del
precepto. De manera puntual, en la sentencia C-818 de 200519, la Corte sostuvo que
los tipos abiertos son «aquellas infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del
legislador de contar con un listado detallado de comportamientos que se subsumen en
las mismas, remiten a un complemento normativo, integrado por todas las
disposiciones en las que se estipulen deberes, mandatos y prohibiciones que resulten
aplicables a los servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias
se determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden
o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento
de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria». En
relación con los tipos en blanco, esa Corporación señaló que apuntan a preceptos que
requieren de una remisión normativa para completar su sentido20 bajo la condición de
que se «verifique la existencia de normas jurídicas precedentes que definan y
determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos aspectos de los que adolece el
precepto en blanco».
responsabilidad explicando la forma como estos influyen en la determinación de la sanción, así como las diferencias
en relación con el derecho penal.
17 Sobre la vigencia del sistema de tipos abiertos en el ámbito disciplinario ver entre otras las sentencias C-181/02
y C-948 de 2002.
18 Sentencias C-404 de 2001, C-818 de 2005
19 Sentencia C-401 de 2001.
20 Ibidem.
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39. El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de
la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable y la
desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez, una relación de contrariedad
entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el ejercicio de funciones públicas y
el deber presuntamente incumplido. El análisis de la tipicidad es un apartado
fundamental en la motivación del acto administrativo que impone una sanción
disciplinaria y dentro del mismo, la autoridad cuenta con un margen de interpretación
más amplio que el que se encuentra en el derecho penal, pues, la precisión con la cual
deben estar descritos los comportamientos disciplinariamente reprochables tiene una
mayor flexibilidad al concebido en materia criminal, ante la dificultad de que la ley haga
un listado detallado de todas las conductas constitutivas de falta21; como consecuencia
de ello se ha avalado, desde un punto de vista constitucional22, la inclusión de
conceptos jurídicos indeterminados y la formulación de los tipos abiertos y en blanco
que están redactados con una amplitud tal que hace necesario remitirse a otras
normas en las que se encuentren señalados los deberes, las funciones o las
prohibiciones que se imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen un proceso de
hermenéutica sistemática lógica que demuestre en forma congruente cómo la
conducta investigada se subsume en la descrita por la ley.
40. Conviene aclarar que los conceptos jurídicos indeterminados, entendidos como
«aquellos conceptos de valor o de experiencia utilizados por el legislador, que limitan
o restringen el alcance de los derechos y de las obligaciones que asumen los
particulares o las autoridades públicas»23, son admisibles en la forma de infracciones
administrativas siempre que las remisiones a otras normas o a otros criterios permitan
determinar los comportamientos censurables, pues de permitirse que el operador sea
quien defina la conducta sancionable de manera discrecional sin referentes normativos
precisos se desconocería el principio de legalidad24.
41. Así las cosas, quien adelanta la investigación disciplinaria dispone de un campo
amplio para establecer si la conducta investigada se subsume o no en los supuestos
de hecho de los tipos legales correspondientes, y si fue cometida con dolo o con culpa,
es decir, en forma consciente y voluntaria o con violación de un deber de cuidado, lo
mismo que su mayor o menor grado de gravedad, sin que ello sea una patente para
legitimar posiciones arbitrarias o caprichosas.
21 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las conductas
reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos
disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia
disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad», posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C-030 de
2012.
22 Sentencias de la Corte Constitucional C-393 de 2006.
23 Véanse las sentencias C-818 de 2005, C-762 de 2009, C-343 de 2006, C-030 de 2012, entre otras.
24 En la sentencia C-530 de 2003, admitió que «siempre y cuando dichos conceptos sean determinables en forma
razonable, esto es, que sea posible concretar su alcance, en virtud de remisiones normativas o de criterios técnicos,
lógicos, empíricos, o de otra índole, que permitan prever, con suficiente precisión, el alcance de los
comportamientos prohibidos y sancionados. Por el contrario, si el concepto es a tal punto abierto, que no puede ser
concretado en forma razonable, entonces dichos conceptos desconocen el principio de legalidad, pues la definición
del comportamiento prohibido queda abandonada a la discrecionalidad de las autoridades administrativas, que
valoran y sancionan libremente la conducta sin referentes normativos precisos». reiterado en C-406 de 2004 y C-
030 de 2012.
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42. Aplicado al caso concreto, la Sala observa que la autoridad disciplinaria calificó
la conducta del demandante dentro de la falta gravísima prevista en el numeral 1 del
artículo 48 del CDU, en concordancia con el artículo 286 del Código Penal, al considerar
que el sustanciador incurrió objetivamente en el delito de falsedad ideológica en
documento público, por haber proyectado el acta de una audiencia de conciliación
consignando hechos que no correspondían a la realidad.
43. Así las cosas, la adecuación típica realizada por la Procuraduría debía
demostrar que la conducta del disciplinado cumplía con todos los elementos
estructurales del tipo penal de falsedad ideológica en documento público, esto es: (i)
que se tratara de un servidor público con competencia funcional para otorgar fe pública
o extender documentos con valor probatorio, (ii) que el documento contuviera
información contraria a la verdad, y (iii) que la conducta hubiera sido ejecutada de
manera dolosa, con conocimiento y voluntad de alterar la realidad.
3.3.2. Análisis del tipo disciplinario endilgado a la demandante: la falta gravísima
establecida en el artículo 48.1 del CDU
44. El numeral 1 del artículo 48 del CDU describe como falta gravísima la de «realizar
objetivamente una conducta descrita en la ley como delito doloso, cuando se cometa
en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o del cargo, o abusando del
mismo»25.
45. Dicha disposición representa un punto de convergencia entre el derecho penal
y el disciplinario, pues permite que la administración sancione conductas
funcionalmente relacionadas con el servicio público que, aunque no hayan sido objeto
de proceso penal, reproduzcan los elementos objetivos y subjetivos de un delito doloso
cometido por un servidor en ejercicio de sus funciones.
46. En cuanto a su alcance, la Corte Constitucional, mediante las sentencias C-124
de 2003 y C-720 de 2006, declaró la exequibilidad de la norma, al considerar que la
aplicación del artículo 48.1 del CDU no requiere de una sentencia penal condenatoria
previa, siempre que la autoridad disciplinaria demuestre de manera suficiente que la
conducta del investigado se ajusta objetivamente al tipo penal respectivo y que fue
ejecutada a título de dolo, en los términos del artículo 13 del mismo estatuto26.
47. Así las cosas, para imponer una sanción fundada en el artículo 48.1, el operador
disciplinario debe verificar tres elementos: (i) que la conducta sea objetivamente típica
y corresponda a una descripción legal contenida en la ley penal; (ii) que el hecho haya
sido ejecutado en ejercicio o con ocasión de las funciones públicas; y (iii) que se
demuestre la culpabilidad en alguna de sus modalidades (dolo o culpa), quedando
proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.
48. En el caso concreto, la PGN calificó la actuación del disciplinado dentro de esta
falta, en concordancia con el artículo 286 del Código Penal, al considerar que Nelson
Augusto Hernández Arteaga incurrió en falsedad ideológica en documento público, por
25 CDU, artículo 48, numeral 1.
26 Corte Constitucional, sentencias C-124 de 2003 y C-720 de 2006.
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cuanto proyectó el acta de una audiencia de conciliación extrajudicial consignando que
el procurador titular presidió la diligencia, pese a que este no estuvo presente.
49. No obstante, la aplicación del artículo 48.1 del CDU exige que la conducta
atribuida reúna los elementos estructurales del delito doloso de referencia, entre ellos
la competencia funcional del autor para otorgar fe pública o elaborar documentos con
valor probatorio, el contenido materialmente falso del documento y la voluntad
consciente de alterar la verdad.
3.3.3. El delito de falsedad ideológica en documento público
50. El artículo 286 del Código Penal establece el delito de falsedad ideológica en
documento público, al disponer que «[e]l servidor público que, en ejercicio de sus
funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una
falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro
(64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses».
51. De conformidad con lo anterior se tiene que la tipicidad objetiva de esta
infracción penal se configura cuando concurren los siguientes elementos esenciales:
en primer lugar, un sujeto activo calificado que debe ser un servidor público que se
encuentre en el ejercicio de sus funciones; en segundo lugar, la existencia de un
documento público con aptitud probatoria que sea elaborado o suscrito por un
funcionario público; y en tercer lugar, que en dicho instrumento se calle total o
parcialmente la verdad o se distorsione, tergiverse o altere de alguna forma la
declaración que en él se consigna27.
52. Respecto al ingrediente normativo previsto en la norma relativo a «extender
documento público que pueda servir de prueba», es oportuno destacar al respecto que
de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha dicho que:
«[e]n el nuevo código penal [Ley 599 de 2000] se mantiene la fe pública como bien
jurídico objeto de tutela a través de las disposiciones sustanciales que definen los
delitos de falsedad documental, entendido aquél como la confianza de la colectividad
en las formas escritas en cuanto tengan importancia como medio de prueba en el tráfico
jurídico.
De modo que, si la falsedad documental –cualquiera que sea su modalidad– no recae
sobre un medio que goce de dicha confianza colectiva, resulta inidónea para vulnerar
el bien jurídico de la fe pública y no ocasiona un daño, ni al menos lo engendra
potencialmente, no merece represión penal, ya que por virtud del principio de
antijuridicidad material no aparece plausible sancionar el hecho realizado al margen de
cualquier incidencia social.
Sobre el particular es de recordarse que el antiguo concepto de que la veracidad e
intangibilidad de los documentos públicos debían ser respetadas con independencia
de la nocividad o inocuidad de sus efectos en el tráfico jurídico por ser una emanación
del poder documentario del Estado, y que la sola alteración de la verdad en los mismos
27 En similares términos se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en: CSJ SCP SP163-2017, 18 ene. 2017,
rad. 48079; reiterada en SP215-2023, 31 may. 2023, rad. 56139.
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merecía reproche penal, hoy en día con los modernos desarrollos dogmáticos ha
quedado relegado a un segundo plano, para dar paso a otro prevalente en el derecho
penal fundado en criterios de relevancia social y jurídica, según el cual los documentos
deben representar la existencia de un hecho trascendente en el ámbito de lo social,
sea creando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas. De allí precisamente que
en la actualidad se exija que los documentos sobre los cuales recae la acción falsaria
necesariamente deban ser aptos para servir de prueba de un hecho social y
jurídicamente relevante»28.
53. Tales criterios han sido objeto de reiteración pacífica por parte de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema, entre otras, en las decisiones CSJ SP, 29 jul.
2008, rad. 28961; CSJ SP, 16 mar. 2011, rad. 35720; CSJ SP, 13 feb. 2013, rad.
40254; y CSJ SP163-2017, 18 ene. 2017, rad. 48079, en los siguientes términos:
«Se insiste, entonces, la imitación de la verdad implica que el documento pueda servir
de prueba por atestar hechos con significación jurídica o implicantes para el derecho,
es decir que el elemento falsificado debe estar en posibilidad de hacer valer una
relación jurídica.
Se trata, por tanto, de la creación mendaz con apariencia de verosimilitud, que en el
caso de la falsedad documental pública se entiende consumada con la editio falsi, es
decir, con la simple elaboración o hechura del documento que se atribuye a una
específica autoridad pública y que por ende representa una situación con respaldo en
el derecho, al involucrar en su formación la intervención del Estado por intermedio de
alguno de sus agentes competentes, ya que se supone expedido por un servidor
público en ejercicio de funciones y con el lleno de las formalidades correspondientes.
Además, es un delito clasificado entre los de peligro, en el entendido que el mismo no
exige la concreción de un daño, sino la potencialidad de que se realice, esto es, aquél
“estado causalmente apto para lesionar la fe pública en que se encuentra el
instrumento con arreglo a sus condiciones objetivas –forma y destino–, como a las que
se derivan del contexto de la situación” y cuya incidencia se mide por la aptitud que
tiene de irrogar un perjuicio».
54. Conforme con lo anterior, emerge con absoluta claridad que la información que
consigna el servidor público en el documento que de él proviene y, que es contraria a
la realidad –porque contiene afirmaciones distorsionadas, tergiversadas o alteradas–,
debe ser «relevante» o «trascendente» en cuanto a sus efectos. Es decir, dicha
información debe contar con «la potencialidad de causar un daño o lesión al bien
jurídico tutelado, toda vez que de otra forma no se entendería su significación para ser
objeto de desaprobación por el ordenamiento jurídico penal»29.
55. De otro lado, frente al elemento que consiste en «consignar una falsedad o
callar total o parcialmente la verdad» la jurisprudencia penal de la Corte Suprema de
Justicia ha señalado:
«El delito de falsedad ideológica de servidor público en documento público tiene lugar
cuando se consignan declaraciones ajenas a la verdad, caso en el cual, el documento
verdadero en su forma y origen (auténtico), contiene afirmaciones falsas sobre la
28 CSJ SCP SP, 21 abr. 2004, rad. 19930. Reiterado en SP163-2017, 18 ene. 2017, rad. 48079.
29 CSJ SCP 163-2017, 18 ene. 2017, rad. 48079.
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existencia histórica de un acto o un hecho, o sus modalidades, bien porque se los hace
aparecer como verdaderos pese a no haber ocurrido, o cuando habiendo acontecido
de determinada manera, son presentados de una diferente.
De forma similar a como ocurre con el delito de falsedad en documento privado, es
necesario que tal instrumento pueda servir de prueba, condición sin la cual la conducta
no supera el juicio de tipicidad objetiva.
Dicha exigencia se sustenta en la necesidad social de tener fe y confianza en los
documentos dentro del tráfico jurídico, en oposición a la falta de credibilidad que podría
derivarse de su falseamiento, pues se derrumbaría el principio de confianza y las
expectativas de la sociedad tendrían que afianzarse sobre supuestos contrafácticos
como la mala fe y la inseguridad jurídica, en desmedro del curso y agilidad requeridas
en las relaciones sociales contemporáneas»30.
56. Así mismo, de manera más precisa y detallada la Corte Suprema, Sala Penal,
también ha indicado:
«La falsedad ideológica como su mismo nombre lo indica, es aquella en la que en el
documento público se hacen declaraciones contrarias a la verdad. El documento en su
origen y aspecto formal es verdadero, en su contenido material es mendaz porque las
manifestaciones o declaraciones acerca de la existencia de un acto o un hecho son
falsas. Estos son presentados como veraces sin que hayan ocurrido realmente, o
habiendo sucedido se les muestra de otra manera.
Como en esta modalidad de delito la falsedad es cometida al extender el documento,
quien afecta su contenido material es el autor del mismo, de ahí que se sostenga que
el documento es falso en su autenticidad».
57. En síntesis, la falsedad ideológica, desde el punto de vista objetivo tiene lugar
cuando el servidor público consigna en el documento que de él dimana hechos o
circunstancias ajenas a la realidad y por esa vía falta a su deber de verdad con efectos
jurídicos e incumple, además, la obligación que le es propia –por su investidura– de
certificar la verdad. Esta última, ha dicho la Corte Suprema, Sala Laboral, es
una «función certificadora o documentadora de la verdad» en virtud de la cual, el
servidor público «da fe de los actos o actuaciones en los que interviene y de las
circunstancias en que se realizan, o de la existencia de un determinado fenómeno o
suceso histórico sobre el cual deba certificar (Cfr. CSJ 571-2019, rad. 49144, CSJ
SP154-2020, rad. 49523 y SP3419-2021, rad. 58837)»31.
58. Ahora bien, tal como lo ha definido de manera pacífica y uniforme la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la falsedad documental pública se
entiende consumada con la editio falsi, es decir, con la simple elaboración o hechura
del documento32. También ha dicho la Corte, en cuanto al momento consumativo, que
la acción concurre con la elaboración o redacción del mismo. De igual modo, la Corte
ha sido enfática en señalar que no puede confundirse, así, la tarea final de firmar el
documento y entregarlo al solicitante, con la amplia riqueza descriptiva que encierra el
30 CSJ SCP , 29 jul. 2008, rad. 29383. Reiterada en 215-2023, 31 may. 2023, rad. 56139.
31 CSJ SCP, 21 jul. 2010, rad. 30460. Reiterada en: 2649-2014, 5 mar. 2014, rad. 36337.
32 CSJ SCP,16 mar. 2011, rad. 35720.
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término expedir, para efectos de lucubrar únicamente posible la ejecución punible por
quien realizó esa labor, pues, cuando se trata, entonces, de confecciones espurias
complejas que demandan de varios actos falsarios y de la intervención de otras tantas
personas, indiscutiblemente la obra final, resume en su contenido todas esas
mendacidades, sin que pueda dividirse lo ejecutado de forma tal que sólo quien firma
el documento aparezca comprometido en el delito, como quiera que con ello se
desconoce la integralidad del actuar contrario a derecho. (Tales criterios han sido
objeto de reiteración pacífica por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, entre otras, en las decisiones CSJ SCP SP, 29 jul. 2008, rad.
28961; SP, 16 mar. 2011, rad. 35720; SP, 13 feb. 2013, rad. 40254; SP163-2017, 18
ene. 2017, rad. 48079; SP2649-2014 rad. 36337, 05 mar. 2014).
59. Ahora, en lo que concierne a la tipicidad subjetiva de la conducta de falsedad
ideológica en documento público ha de decirse que la misma sólo admite la modalidad
dolosa. Es decir, que se torna indispensable la demostración que el servidor público al
momento de extender un documento que pueda servir de prueba obró con el
conocimiento y voluntad de que con su comportamiento creó un instrumento con
potencialidad probatoria, apartado de la realidad o la verdad.
60. En relación con este último aspecto, es relevante lo dicho por la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de indicar que para la configuración de la
conducta «no se exige la acreditación de una motivación especial, o un provecho,
como si se tratara de un ingrediente subjetivo, sino que el mismo se agota, en sede de
tipicidad, con el conocimiento de los hechos y la voluntad, y en el escaño de la
culpabilidad, con el conocimiento de la antijuridicidad del comportamiento, esto es,
reside en la conciencia y voluntad de plasmar en su condición de funcionario público y
persona imputable, hechos ajenos a la verdad»33.
3.3.4. Competencia funcional del sustanciador y alcance de sus funciones en la
diligencia de conciliación
61. El cargo de sustanciador grado 11, desempeñado por Nelson Augusto
Hernández Arteaga, corresponde a un empleo de apoyo jurídico y técnico, sin
funciones de representación institucional ni de dirección de audiencias. Su rol se limita
a la elaboración de proyectos de providencias, apoyo en la gestión procesal, control
de términos, notificaciones y demás tareas de trámite y sustanciación, bajo la
orientación del procurador judicial respectivo.
62. Conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 640 de 200134, aplicable para
la época de los hechos, la representación del Ministerio Público en las audiencias de
conciliación extrajudicial corresponde de manera exclusiva a los procuradores
judiciales, quienes son los únicos autorizados para presidir las diligencias, verificar la
comparecencia de las partes, certificar su resultado y suscribir el acta respectiva35.
33 CSJ SCP 248-2024, 14 feb. 2024, rad. 58249.
34 Derogada a partir del 30 de diciembre de 2022 por la Ley 2220 de 2022.
35 Ley 640 de 2001, artículo 23.
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63. En la misma línea, el Decreto 1716 de 2009, que reglamenta la conciliación
extrajudicial en materia contencioso administrativa, dispone que el procurador judicial
«dirigirá la audiencia, verificará la validez del acuerdo y suscribirá el acta
correspondiente», atribuciones que no se extienden al personal de apoyo o
sustanciadores del despacho36.
64. A su turno, la Resolución 253 de 2012 expedida por la PGN, en la que se definen
las funciones de los sustanciadores adscritos a las procuradurías judiciales, establece
expresamente que estos no ejercen funciones sustantivas ni de certificación,
limitándose a brindar apoyo secretarial y administrativo en el trámite de las diligencias
y en la elaboración de los proyectos de actas, las cuales deben ser revisadas,
aprobadas y firmadas por el Procurador titular37.
65. En consecuencia, la actuación del demandante, consistente en proyectar el acta
de la audiencia de conciliación del 16 de octubre de 2015, se enmarcó dentro de sus
deberes funcionales de apoyo documental. No existe evidencia de que hubiera suscrito
el acta en calidad de funcionario competente.
66. De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que el sustanciador carecía de
competencia funcional para extender documentos con valor probatorio o certificatorio
en el marco de una audiencia de conciliación.
3.3.5. Hechos probados
67. Nelson Augusto Hernández Arteaga ingresó a la PGN el 16 de septiembre de
2013, en el cargo de sustanciador, código 4SU, grado 11, adscrito a la Procuraduría 79
Judicial I Administrativa de Bogotá, en provisionalidad, mediante Decreto 3421 del 30
de agosto de 2013. Posteriormente fue trasladado a la Procuraduría 83 Judicial I
Administrativa de Bogotá, por Decreto 4129 del 16 de octubre de 2014, cargo que
desempeñó hasta el 30 de junio de 201638.
68. Durante el ejercicio de sus funciones, el 16 de octubre de 2015, participó en una
audiencia de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa, dentro
del trámite identificado con el radicado 300724-254-2015, en la que figuraban como
partes Siervo Antonio Báez Barrera y CASUR.
69. Con ocasión de esa diligencia, el disciplinado proyectó el acta de audiencia de
conciliación, en la que se consignó que el procurador judicial I administrativo titular
había presidido la diligencia, aunque este no estuvo presente. El documento fue
suscrito por el procurador titular en ejercicio de sus funciones, sin que el sustanciador
interviniera en su firma o certificación39.
36 Decreto 1716 de 2009, artículos 13 y 15.
37 Procuraduría General de la Nación, Resolución 253 de 2012, arts. 2 y 3.
38 La cual obra Samai tribunales 25000-23-42-000-2022-00712-00 / archivo zip
2_250002342000202200712002EXPEDIENTEDIGI20221103100502 / archivo pdf. 02Pruebas.pdf. Ff 43 y 44
39 La cual obra Samai tribunales 25000-23-42-000-2022-00712-00 / archivo zip
2_250002342000202200712002EXPEDIENTEDIGI20221103100502 / archivo pdf. 02Pruebas.pdf. Ff 6 y 7
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70. El 4 de noviembre de 2015, Guillermo Díaz Cárdenas presentó queja ante la
PGN, dirigida contra el procurador 83 judicial I administrativo de Bogotá, texto, en los
siguientes términos:40
«(…)
Para el día 16 de octubre de 2015, a las 16:05 horas, el señor secretario, sin la
presencia del señor Procurador 83 Judicial I para Asuntos Administrativos, IVÁN
MAURICIO CAMPOS PINZÓN, dio inicio a la audiencia de conciliación dentro del Radicado
No. 300724-254-2015, en donde la convocada era la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional – CASUR.
Al observar que el servidor público que funge como Procurador 83 Judicial I salió de su
cubículo y, sin siquiera saludar a los abogados de las partes que comparecimos a la
vista judicial, le indicó a su secretario: «Me la lleva al cuarto piso», dando a entender
que le llevara el acta al cuarto piso para firmarla.
Al observar que el Procurador 83 Judicial I no se encontraba en la audiencia, le solicité
al secretario que dejara constancia de su ausencia, manifestando el señor que no podía
hacerlo. Le indiqué que era su deber como servidor público que el Procurador estuviera
presente en la audiencia, pues no podía justificar con su firma una diligencia en la que
no participó, siendo ello equivalente a que un juez dictara sentencia sin haber asistido
a la audiencia.
Ante mi requerimiento, el secretario del Procurador Judicial 83 Administrativo le envió
un mensaje por celular al Procurador y, cuando se había terminado la diligencia y se
imprimía el acta, hizo presencia el servidor público, preguntando: «¿Quién me
necesita?». El secretario respondió: «El doctor», a lo que el Procurador manifestó:
«Estaba […] en el cuarto piso», y se dirigió a su cubículo.
Al escuchar esta expresión, le manifesté al secretario que el Procurador había faltado
al respeto a los presentes en la audiencia y, en especial, a una abogada que allí se
encontraba, a quien debía respetar al menos como mujer. El secretario le llevó el acta
para que la firmara; la firmamos y los abogados abandonamos el lugar.
PRESUNTA FALTA DISCIPLINARIA DEL PROCURADOR JUDICIAL 83 ADMINISTRATIVO POR
INCUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES
El artículo 6 de la Constitución Política de 1991 precisa: «Los particulares solo son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones».
Se recuerda al Procurador Judicial que el artículo 123 de la Constitución Política
dispone que los servidores públicos están al servicio de la comunidad.
La inasistencia a una audiencia por parte del Procurador Judicial 83 Administrativo
constituye el incumplimiento de sus deberes. No puede después aparecer firmando el
acta de conciliación, porque no puede dar fe de haber estado en ella; firmarla equivale
a configurar el tipo penal de falsedad ideológica en documento público.
40 La cual obra Samai tribunales 25000-23-42-000-2022-00712-00 / archivo zip
2_250002342000202200712002EXPEDIENTEDIGI20221103100502 / archivo pdf. 02Pruebas.pdf. Ff 2 a 5
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Además, no puede responder el Procurador 83 que «estaba […] en el cuarto piso»,
porque fue requerido para cumplir con su deber legal y evitar un proceso penal por
falsedad ideológica.
Por lo anterior, solicito se investigue la conducta del señor Iván Mauricio Campos
Pinzón, Procurador 83 Judicial I Administrativo, y se adopten las medidas disciplinarias
correspondientes, con el fin de evitar la reiteración de comportamientos de esa
naturaleza, que lesionan la dignidad del cargo y afectan la confianza de los ciudadanos
en la institución (…)».
71. A través de auto de indagación preliminar proferido por la Veeduría de la PGN el
19 de febrero de 2016, se dispuso lo siguiente41:
«(…) se dispondrá LA APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR contra el doctor IVÁN
MAURICIO CAMPOS PINZÓN, en su condición de Procurador 83 Judicial I Administrativo
de Bogotá, y de su asistente sin individualizar, presente en la audiencia de la que se
hace referencia en el acápite de los hechos de esta decisión.
Con el fin de esclarecer los hechos objeto de queja e individualizar al asistente de la
Procuraduría 83 Judicial I Administrativa de Bogotá, se dispone la práctica de las
siguientes pruebas:
I. Recibir declaración, bajo la gravedad de juramento, al doctor GUILLERMO DÍAZ
CÁRDENAS, para que se ratifique y amplíe sobre la queja por él instaurada.
II. Recibir declaración, bajo la gravedad de juramento, de la doctora MARISOL VIVIANA
USAMA HERNÁNDEZ, apoderada de CASUR, entidad convocada dentro de la audiencia de
conciliación realizada en la Procuraduría 83 Judicial I Administrativa de Bogotá.
III. Oficiar a la División de Gestión Humana para que certifique e informe sobre acto de
nombramiento, acta de posesión, identificación, dirección, requisitos para el cargo de
Procurador Judicial I Administrativo y manual de funciones del doctor IVÁN MAURICIO
CAMPOS PINZÓN.
Suministrar la misma información respecto del asistente de la Procuraduría 83 Judicial
I Administrativa que laboró en esa dependencia para el 16 de octubre de 2015.
IV. Solicitar a la Procuraduría 83 Judicial I Administrativa que suministre la dirección de
ubicación de la doctora MARISOL VIVIANA USAMA HERNÁNDEZ.
V. Las demás que surjan de las anteriores, conforme a los criterios de conducencia,
pertinencia y utilidad probatoria.
Se recibirá versión libre y espontánea a los indagados sobre los hechos objeto de
averiguación, si así es requerido por ellos, para que ejerzan su derecho de defensa.
Se comisiona a la abogada María Teresa Arias Escobar para allegar los medios de
prueba señalados y recibir la versión libre a los indagados.
En mérito de lo expuesto, la Veeduría de la PGN, en uso de sus facultades legales,
41 La cual obra Samai tribunales 25000-23-42-000-2022-00712-00 / archivo zip
2_250002342000202200712002EXPEDIENTEDIGI20221103100502 / archivo pdf. 02Pruebas.pdf. Ff 11 y 12
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Radicación: 25-000-23-42-000-2022-00712-01 (3114-2024)
Demandante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
Demandada: Procuraduría General de la Nación
RESUELVE:
PRIMERO. Disponer la APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR contra el doctor IVÁN
MAURICIO CAMPOS PINZÓN, en su condición de Procurador 83 Judicial I Administrativo
de Bogotá, y contra su asistente sin determinar, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
SEGUNDO. Comisionar a la abogada María Teresa Arias Escobar, con funciones en esta
Veeduría, para allegar los medios de prueba señalados en la parte considerativa y
recibir versión libre y espontánea a los indagados, si así es solicitado por ellos.
TERCERO. Por la Secretaría de esta Veeduría, notifíquese esta decisión a los indagados
bajo las previsiones de la Ley 734 de 2002. (…)».
72. En el plenario obra la declaración rendida por la abogada Marisol Viviana
Usama Hernández, apoderada de CASUR, dentro del proceso disciplinario IUS-2015-
395788, recibida el 15 de marzo de 2016 en la Veeduría de la PGN42:
«[…] El día dieciséis (16) de octubre de dos mil quince (2015), me encontraba citada a
una audiencia de conciliación en la Procuraduría 83 Judicial I Administrativa, con el
señor abogado Guillermo Díaz Cárdenas, quien representaba a la parte convocante.
La diligencia se inició sin la presencia del Procurador titular. Quien dirigió la audiencia
fue un funcionario joven, que posteriormente supe era el secretario o sustanciador del
despacho. Él dio inicio a la audiencia, verificó la asistencia de las partes y procedió a
desarrollar el trámite como si fuera el Procurador.
[…]
Durante la diligencia, el Procurador no estuvo presente en ningún momento. Hacia el
final, cuando se estaba imprimiendo el acta, entró al despacho, saludó y dijo: “¿Quién
me necesita?”. El secretario le respondió que el doctor Díaz, y el Procurador contestó,
con tono burlón: “Estaba […] en el cuarto piso”. Luego firmó el acta y se retiró».
[…]
«El funcionario que dirigió la diligencia elaboró el acta y la imprimió. Después se la llevó
al Procurador para que la firmara. En ningún momento el Procurador intervino en la
audiencia ni escuchó a las partes.
Preguntada si el secretario o sustanciador dejó constancia de la ausencia del
Procurador en el acta, manifestó:
No. El abogado Díaz le solicitó que dejara constancia, pero el funcionario dijo que no
podía hacerlo. El acta se imprimió sin esa observación.
Preguntada si conoce al sustanciador o secretario que intervino, contestó:
No recuerdo su nombre, pero sí lo reconocería físicamente. Era el encargado de
manejar los documentos y el computador.
42 La cual obra Samai tribunales 25000-23-42-000-2022-00712-00 / archivo zip
2_250002342000202200712002EXPEDIENTEDIGI20221103100502 / archivo pdf. 02Pruebas.pdf. Ff 26 y 27
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Demandante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
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Preguntada para que indique si el Procurador dio alguna instrucción durante la
audiencia o si intervino en su desarrollo, respondió:
No, en absoluto. Solo apareció al final, cuando ya estaba todo listo para firmar.
Preguntada si el Procurador titular firmó el acta, manifestó:
Sí, la firmó después de entrar al despacho. Lo hizo sin haber estado presente durante
el desarrollo de la diligencia».
73. Auto de formulación de cargos proferido por la Veeduría de la PGN, el 27 de
junio de 2017, en contra de Iván Mauricio Campos Pinzón, procurador 83 judicial I
administrativo de Bogotá, y de Nelson Augusto Hernández Arteaga, sustanciador en
la misma Procuraduría Judicial, cuyo contenido es el siguiente:43
«(…)
2. Hechos y antecedentes
Se adelantó la indagación previa por los hechos puestos en conocimiento por el abogado
GUILLERMO DÍAZ CÁRDENAS, de los que refirió que, en desarrollo de la audiencia de
conciliación realizada el 16 de octubre de 2015, bajo la radicación 300724-254-2015, en
la Procuraduría 83 Judicial I Administrativa de Bogotá, se inició y finalizó la audiencia sin
que el titular de esa Procuraduría estuviera presente.
Que requirió al secretario para que dejara constancia de la no presencia del titular, y que
no lo hizo arguyendo que no podía hacerlo, y al finalizar la diligencia se hizo presente el
Procurador Judicial preguntando quién lo necesitaba y, de manera irrespetuosa,
manifestó: «ESTABA […] EN EL CUARTO PISO».
Por auto del 17 de agosto de 2016 se dispuso la apertura de investigación disciplinaria
contra los dos servidores públicos: IVÁN MAURICIO CAMPOS PINZÓN y NELSON AUGUSTO
HERNÁNDEZ ARTEAGA, Procurador y Sustanciador, respectivamente, de la Procuraduría
83 Judicial I Administrativa de Bogotá, dentro de la cual se decretó la práctica de
pruebas.
Por auto del 21 de noviembre de 2016, al no poder allegarse todos los medios de prueba
ordenados, se dispuso el cierre de investigación, decisión que se notificó por estado el
30 de noviembre de 2016.
3. Consideraciones
3.1. Individualización de los investigados
(…)
3.3. De la formulación de cargos al doctor IVÁN MAURICIO CAMPOS PINZÓN.
43 La cual obra Samai tribunales 25000-23-42-000-2022-00712-00 / archivo zip
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La conducta objeto de cargo al doctor IVÁN MAURICIO CAMPOS PINZÓN, en su condición de
Procurador 83 Judicial I Administrativo de Bogotá, es la siguiente:
Haber consignado como Procurador 83 Judicial I para Asuntos Administrativos en el acta
de la diligencia llevada a cabo el día 16 de octubre de 2015, dentro de la Conciliación
Extrajudicial Radicación No. 300724-254-2015, Convocante: Siervo Antonio Báez
Barrera; Convocado: CASUR; Pretensión: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, una
falsedad, en el sentido de que al firmarla hizo de suyo lo ocurrido en la diligencia, esto
es, que intervino en ella cuando ello no fue cierto, por lo que el documento contiene
afirmaciones contrarias a la verdad.
De tal forma, la conducta del doctor IVÁN MAURICIO CAMPOS PINZÓN podría encuadrarse
en una falta gravísima, concretamente la prevista en el artículo 48 numeral 1° de la Ley
734 de 2002, que sanciona a quien «realice objetivamente una conducta descrita en la
ley como delito doloso, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia
de la función o del cargo, o abusando del mismo».
La descripción típica se adecua al artículo 286 del Código Penal, que consagra el delito
de falsedad ideológica en documento público en los siguientes términos:
«El servidor público que, en ejercicio de sus funciones, al extender documento público
que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la
verdad…»
(…)
3.4. De la formulación de cargos al doctor NELSON AUGUSTO HERNÁNDEZ ARTEAGA
La conducta objeto de cargo al doctor NELSON AUGUSTO HERNÁNDEZ ARTEAGA, en su
condición de Sustanciador grado 11 de la Procuraduría 83 Judicial I Administrativa de
Bogotá, es la siguiente:
Haber adelantado y direccionado la audiencia de conciliación sin la presencia del titular
de la Procuraduría 83 Judicial I para Asuntos Administrativos, llevada a cabo el día 16
de octubre de 2015 dentro de la Conciliación Extrajudicial Radicación No. 300724-254-
2015, Convocante: Siervo Antonio Báez Barrera; Convocado: CASUR; Pretensión:
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consignando en el acta respectiva una
falsedad, en el sentido de que el titular del despacho presidió la diligencia cuando ello
no corresponde a la verdad.
De tal forma, la conducta del señor NELSON AUGUSTO HERNÁNDEZ ARTEAGA podría
encuadrarse en una falta gravísima, concretamente la prevista en el artículo 48 numeral
1° de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 286 del Código Penal, que
describe el delito de falsedad ideológica en documento público.
(…)
En mérito de lo expuesto, la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, en uso
de sus facultades legales,
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PRIMERO. Formular pliego de cargos al doctor IVÁN MAURICIO CAMPOS PINZÓN, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 79.908.391, en su condición de Procurador 83 Judicial
I Administrativo de Bogotá, para la época de los hechos.
SEGUNDO. Formular pliego de cargos al doctor NELSON AUGUSTO HERNÁNDEZ ARTEAGA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.527.550, en su condición de
Sustanciador grado 11 en la Procuraduría 83 Judicial I Administrativa de Bogotá, para la
época de los hechos».
74. Descargos presentados por Nelson Augusto Hernández Arteaga, dentro del
proceso disciplinario el 19 de julio de 2017, dirigidos al Veedor de la PGN, doctor
Gonzalo Eduardo Reyes Torres, cuyo texto es el siguiente44:
«(…)
I. Atipicidad de la conducta endilgada
El cargo formulado describe que el disciplinado habría direccionado la audiencia de
conciliación sin la presencia del titular de la Procuraduría 83 Judicial I Administrativa,
consignando en el acta una falsedad en el sentido de que el titular del despacho
presidió la diligencia, conducta que, según la Procuraduría, encuadra en el artículo 48
numeral 1 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el artículo 286 del Código Penal.
Sin embargo, dicha conclusión resulta jurídicamente impropia, toda vez que el
sustanciador no ostenta funciones certificantes ni la potestad de extender documentos
públicos con vocación probatoria, atribución que recae exclusivamente en el
Procurador Judicial, según lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 640 de 2001 y el
Decreto 1716 de 2009, normas que establecen que el agente del Ministerio Público
dirige las audiencias y suscribe las actas respectivas.
Por tanto, la elaboración del proyecto de acta por parte del sustanciador no configura
el tipo penal de falsedad ideológica en documento público, puesto que no fue él quien
la suscribió ni quien le otorgó valor probatorio.
Además, la Resolución 253 de 2012 de la Procuraduría General de la Nación define
las funciones de los sustanciadores como de apoyo jurídico y documental, sin
facultades de certificación o representación institucional.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el delito de falsedad
ideológica requiere que el documento emane de quien ostenta competencia funcional
para dotarlo de valor probatorio; en consecuencia, el sustanciador no puede ser autor
ni coautor del tipo, pues carece de esa atribución.
II. Ausencia de ilicitud sustancial
Aun si se admitiera en gracia de discusión la existencia de tipicidad, no puede afirmarse
que haya existido ilicitud sustancial, puesto que la actuación del disciplinado no lesionó
el deber funcional ni afectó la función pública, en la medida en que el acta reflejó el
resultado real de la audiencia —la inexistencia de acuerdo entre las partes— y el
44 La cual obra Samai tribunales 25000-23-42-000-2022-00712-00 / archivo zip
2_250002342000202200712002EXPEDIENTEDIGI20221103100502 / archivo pdf. 02Pruebas.pdf. Ff 124 a 142
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trámite cumplió su finalidad como requisito de procedibilidad ante la jurisdicción
contencioso administrativa.
El documento no generó perjuicio alguno ni alteró la verdad material del proceso, y la
falta de presencia del Procurador titular, aunque irregular, no fue provocada ni
encubierta por el sustanciador.
III. Ausencia de culpabilidad
La Procuraduría endilga al disciplinado una conducta dolosa; sin embargo, no existe
prueba que demuestre que Nelson Augusto Hernández Arteaga actuó con
conocimiento o voluntad de alterar la verdad.
Por el contrario, su intervención se limitó al cumplimiento de tareas mecánicas y de
apoyo, de conformidad con las instrucciones del despacho.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional (sentencias C-155 de 2002 y C-948 de
2002), la responsabilidad disciplinaria solo puede predicarse de quien actúe con dolo
o culpa y se encuentra proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.
En consecuencia, la sanción disciplinaria resultaría contraria a los principios de
legalidad, tipicidad y culpabilidad, al imputar responsabilidad sin acreditarse el
elemento subjetivo requerido.
IV. Pruebas solicitadas
Oficiar a la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que
allegue al despacho copia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesta por el señor Siervo Antonio Báez Barrera contra CASUR, radicado No.
11001-33-35-022-2015-00-787-02, incluyendo el acta de conciliación aportada como
requisito de procedibilidad, la contestación de la demanda, las excepciones y la
sentencia de primera instancia.
V. Solicitud
Con fundamento en los argumentos expuestos, solicito respetuosamente al señor
Veedor de la Procuraduría General de la Nación proferir decisión sin responsabilidad
disciplinaria o, en su defecto, disponer el archivo de las diligencias a favor del señor
Nelson Augusto Hernández Arteaga.
Finalmente, se solicita citar al disciplinado a versión libre y espontánea para efectos
del ejercicio pleno de su derecho de defensa. (…)».
75. Fallo de primera instancia proferido por la Veeduría de la PGN el 24 de febrero
de 2020, dentro del proceso IUS-2015-395788 (IUC-D-2016-812-830310), en contra de
los servidores Iván Mauricio Campos Pinzón, procurador 83 judicial I administrativo de
Bogotá, y Nelson Augusto Hernández Arteaga, sustanciador grado 11 de la misma
dependencia45:
45 La cual obra Samai tribunales 25000-23-42-000-2022-00712-00 / archivo zip
2_250002342000202200712002EXPEDIENTEDIGI20221103100502 / archivo pdf. 02Pruebas.pdf. Ff 424 a 443
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→ En la decisión, la autoridad disciplinaria señaló que, de acuerdo con las pruebas
recaudadas —entre ellas la declaración de la doctora Marisol Viviana Usama
Hernández—, quedó demostrado que el 16 de octubre de 2015 se realizó la
audiencia de conciliación en la Procuraduría 83 Judicial I Administrativa sin la
presencia del Procurador titular, y que la diligencia fue adelantada por el
sustanciador.
→ El despacho concluyó que ambos servidores incurrieron en la falta gravísima
prevista en el numeral 1 del artículo 48 del CDU, en concordancia con el artículo 286
del Código Penal, al considerar que sus conductas constituían falsedad ideológica
en documento público.
→ Respecto del procurador Iván Mauricio Campos Pinzón, se estimó probado que
firmó el acta de la audiencia consignando afirmaciones contrarias a la realidad, al
señalar que había presidido la diligencia, pese a no haber estado presente.
Por su parte, al sustanciador Nelson Augusto Hernández Arteaga se le atribuyó
haber adelantado y direccionado la audiencia y elaborado el acta con información
falsa, consignando que el Procurador había presidido la diligencia cuando ello no
correspondía a la verdad.
→ La Veeduría consideró que ambas conductas fueron ejecutadas a título de dolo,
pues los disciplinados conocían las implicaciones de su actuar y, aun así,
procedieron en contravía de los deberes funcionales.
→ Con fundamento en lo anterior, mediante la parte resolutiva, el despacho declaró
responsables disciplinariamente a Iván Mauricio Campos Pinzón y a Nelson
Augusto Hernández Arteaga, e impuso a cada uno la sanción de destitución e
inhabilidad general por el término de 10 años, al encontrar acreditados los
elementos de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad.
→ Adicionalmente, ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para
lo de su competencia penal, y comunicar la decisión al nominador para su ejecución
conforme al artículo 172 del CDU.
76. Recurso de apelación presentado por el disciplinado Nelson Augusto
Hernández Arteaga, contra el fallo de primera instancia del 24 de febrero de 2020
proferido por la Veeduría de la PGN, mediante escrito radicado el 28 de febrero de
202046. Solicitó revocar íntegramente la decisión sancionatoria y, en su lugar, proferir
fallo absolutorio a favor de su defendido, con fundamento en los siguientes argumentos
principales:
→ La atipicidad de la conducta endilgada, al considerar que el sustanciador carece de
facultad para extender documentos públicos con vocación probatoria, pues dicha
función corresponde únicamente al procurador judicial, según lo previsto en el
artículo 23 de la Ley 640 de 2001, el Decreto 1716 de 2009 y la Resolución 253 de
2012. En ese sentido, señaló que la proyección del acta por parte de su defendido
46 La cual obra Samai tribunales 25000-23-42-000-2022-00712-00 / archivo zip
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no configura el delito de falsedad ideológica en documento público, dado que él no
suscribió el documento ni le otorgó valor jurídico alguno.
→ Ausencia de ilicitud sustancial, en tanto la actuación del disciplinado no afectó el
deber funcional ni causó perjuicio a la función pública, pues la diligencia cumplió su
propósito procesal como requisito de procedibilidad, y el acta reflejó el resultado
real —la inexistencia de acuerdo entre las partes— sin alterar la verdad material.
→ Cuestionó que la primera instancia hubiese confundido las funciones del
sustanciador con las del Procurador Judicial, señalando que «sustanciar y
proyectar para la firma» no equivale a «adelantar o dirigir una audiencia de
conciliación». En su criterio, su prohijado actuó dentro del marco de sus deberes
funcionales, proyectando un documento para revisión y firma del titular del
despacho;
→ En cuanto a la ausencia de culpabilidad enfatizó que no se demostró dolo ni
intención de alterar la verdad, por cuanto el sustanciador obró conforme a las
instrucciones de su superior jerárquico y en cumplimiento de funciones mecánicas
de apoyo. En consecuencia, calificó de improcedente la imputación subjetiva
realizada a título de dolo, al no existir pruebas que desvirtúen la presunción de
inocencia ni acrediten conocimiento de ilicitud.
→ La decisión sancionatoria desconoció los principios de legalidad, tipicidad y debido
proceso, al fundamentarse exclusivamente en la declaración de una testigo —la
doctora Marisol Viviana Usama Hernández— sin haberse garantizado el derecho
de contradicción ni haberse recaudado dicha prueba con inmediación del
investigado.
77. Fallo de segunda instancia proferido el 5 de marzo de 2021 por el
viceprocurador General de la Nación47, Con fundamento en lo siguiente:
→ Los hechos objeto del proceso se originaron en la audiencia de conciliación del 16
de octubre de 2015, dentro del radicado 300724-254-2015, adelantada sin la
presencia del Procurador Judicial titular, y que el acta fue elaborada y suscrita con
afirmaciones contrarias a la verdad.
→ La defensa no desvirtuó los fundamentos de la decisión recurrida. Indicó que,
aunque el sustanciador no firmó el acta, adelantó y dirigió la audiencia de
conciliación sin la presencia del Procurador, elaboró el documento y consignó en
él que el titular había presidido la diligencia, pese a saber que no era cierto.
→ Consideró acreditada la tipicidad, al estimar que la conducta se adecuó
objetivamente al delito de falsedad ideológica en documento público, previsto en el
artículo 286 del Código Penal, y constituyó la falta gravísima del artículo 48.1 del
CDU, cometida a título de dolo.
47 La cual obra Samai tribunales 25000-23-42-000-2022-00712-00 / archivo zip
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→ Encontró demostrada la ilicitud sustancial, al evidenciar que la actuación de los
disciplinados afectó la moralidad administrativa y la confianza pública depositada
en los documentos oficiales. Señaló que, aunque el sustanciador carecía de
competencia para presidir audiencias, actuó abusando de su cargo y quebrantando
sus deberes funcionales.
→ Frente al elemento culpabilidad, sostuvo que tanto Campos Pinzón como
Hernández Arteaga actuaron con conocimiento y voluntad de su comportamiento,
pues sabían que el acta contenía afirmaciones contrarias a la realidad y, aun así,
permitieron su expedición.
→ En consecuencia, el despacho confirmó íntegramente el fallo de primera instancia,
sancionando a Iván Mauricio Campos Pinzón y Nelson Augusto Hernández Arteaga
con destitución e inhabilidad general por 10 años, por la comisión de la falta
gravísima prevista en el artículo 48.1 del CDU, a título de dolo.
3.3.6. Análisis sustancial del caso: valoración del juicio de imputación que la PGN
hizo en el proceso disciplinario, respecto de la conducta del demandante
78. Una vez estudiados los hechos probados, corresponde a la Sala determinar si
la autoridad disciplinaria realizó una adecuada valoración de la tipicidad de la conducta
atribuida a Nelson Augusto Hernández Arteaga, dentro del proceso disciplinario IUS-
2015-395788, o si, por el contrario, incurrió en una interpretación extensiva del tipo
disciplinario, contrariando el principio de legalidad.
79. El fallo disciplinario consideró que el sustanciador «adelantó y dirigió la
audiencia de conciliación sin la presencia del Procurador titular» y que, al consignar
en el acta que este presidió la diligencia, incurrió en falsedad ideológica en documento
público, prevista en el artículo 286 del Código Penal, lo cual configuraba la falta
gravísima del numeral 1 del artículo 48 del CDU.
80. La falta que se endilgó a los servidores investigados fue la siguiente:
«Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito
sancionable a título de dolo, cuando se corneta en razón, con ocasión o como
consecuencia, de la función o cargo, o abusando del mismo».
81. Este tipo disciplinario exige que el autor realice una descripción típica señalada
en la ley como delito sancionable a título de dolo, por lo que es considerado un tipo en
blanco, y que la comisión del delito tenga relación con la función o cargo por razón de
la función, razón del cargo, con ocasión de la función, con ocasión del cargo, como
consecuencia de la función, como consecuencia del cargo o, abusando del cargo.
82. En el caso del numeral 1 del artículo 48 del Código Disciplinario Único la
configuración del tipo está supeditada a los elementos constitutivos de la conducta
penal. Además, se complementó la adecuación típica para el cargo formulado, con la
conducta descrita en el artículo 286 del Código Penal, que señala: «Falsedad
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ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones,
al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o
calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a
ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses».
83. Una revisión de los verbos rectores de la conducta allí descrita permite advertir
que corresponde al servidor público, en ejercicio de sus funciones, «extender»
documentos que puedan servir de prueba ajustados a la verdad y no «consignar»
hechos contrarios a ella ni «ocultar» total o parcialmente la realidad.
84. Así las cosas, conforme a la definición de la Real Academia Española, el
entendimiento literal de los verbos rectores es el siguiente: «extender» significa «poner
por escrito y en la forma acostumbrada una escritura, un auto o un despacho»;
mientras que «consignar» alude a «asentar opiniones, votos, doctrinas, hechos,
circunstancias o datos». De allí se desprende que el deber del servidor público consiste
en elaborar documentos que reflejen con fidelidad la realidad de los hechos, lo que
excluye consignar afirmaciones contrarias a la verdad u omitir, total o parcialmente, lo
acontecido.
85. Es importante precisar como elementos de la descripción objetiva de la falsedad
ideológica en documento público, el artículo 294 de la Ley 599 de 2000 sobre el
concepto de documento así: «[p]ara los efectos de la ley penal es documento toda
expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio
mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o
hechos, que tengan capacidad probatoria».
86. Según el artículo 243 del Código General del Proceso, son tres elementos que
permiten atribuir la calidad de público a un documento: (i) que sea expedido por
funcionario público; (ii) en ejercicio de sus funciones y, (iii) con las formalidades
legales.
87. En cuanto a la descripción típica, la jurisprudencia ha entendido que en esta
modalidad de falsedad el contenido material del documento se altera al extenderlo, por
lo que la comete el autor del mismo o quien interviene en su redacción, en desarrollo
del postulado editio falsi ya mencionado.
88. Además, la naturaleza pública de los documentos deriva de que su creación
provenga del ejercicio de las funciones oficiales y, como en nuestro ordenamiento
jurídico no hay empleo público sin atribuciones determinadas en la ley o el reglamento,
solo en ese marco de competencia se pueden extender esta clase de documentos.
89. En ese orden de ideas, la falsedad se predica del acta de conciliación del 16 de
octubre de 2015, expedida dentro del radicado 300724-254-2015, la cual, como quedó
demostrado en grado de certeza, fue autoría de Hernández Arteaga, en ejercicio de
sus funciones como sustanciador, y fue suscrita por el procurador Iván Mauricio
Campos Pinzón, pese a que no estuvo en la audiencia.
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90. Las disposiciones vigentes para la época de los hechos, prevén que el
funcionario habilitado para adelantar y suscribir los documentos dentro de una
conciliación administrativa y prejudicial es el agente del Ministerio Público, esto es, en
el presente asunto, los procuradores judiciales para asuntos administrativos.
Puntualmente, el artículo 23 de la Ley 640 de 2001, establece que: «[l]as conciliaciones
extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo sólo podrán ser
adelantadas ante los agentes del ministerio público asignados a esta jurisdicción».
91. En armonía con la disposición legal, el manual de funciones de la PGN,
Resolución 321 del 4 de agosto de 2015, dispone como función esencial de los
procuradores judiciales para asuntos administrativos la de: «[a]delantar las
conciliaciones prejudiciales en materia de lo contencioso administrativo, expedir las
constancias a que haya lugar y remitir para su aprobación al juez o tribunal competente
los acuerdos conciliatorios».
92. Por su parte, el artículo 9 del Decreto 1716 de 2009, que reguló el procedimiento
del trámite prejudicial en comento, reglamenta lo siguiente:
«Desarrollo de la audiencia de conciliación. Presentes los interesados el día y hora
señalados para la celebración de la audiencia de conciliación, esta se llevará a cabo
bajo la dirección del agente del ministerio público designado para dicho fin, quien
conducirá el trámite en la siguiente forma: [...]
6. Si no fuere posible la celebración del acuerdo, el agente del ministerio público
expedirá constancia en la que se indique la fecha de presentación de la solicitud de
conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, la fecha en que se celebró la
audiencia o debió celebrarse, la identificación del convocante y convocado, la
expresión sucinta del objeto de la solicitud de conciliación y la imposibilidad de acuerdo.
Junto con la constancia, se devolverá a los interesados la documentación aportada,
excepto los documentos que gocen de reserva legal [...].
93. Así las cosas, el acta tiene el carácter de documento público idóneo para
acreditar el agotamiento de un requisito de procedibilidad, en parte por haber sido
expedida y firmada por servidor público en ejercicio de sus funciones; y constituye un
medio de conocimiento de un hecho con relevancia en el ámbito del derecho y, por
ello, atentar contra él, falsificándolo, es atentar contra la verdad.
94. En consecuencia, conforme a las pruebas recaudadas dentro de la actuación,
en particular, la declaración de la abogada Marisol Viviana Usama Hernández, se
acredita que el sustanciador grado 11, Nelson Augusto Hernández Arteaga, ayudó de
manera decidida en la consignación de la falsedad en el acta levantada por él el 16 de
octubre de 2015, sin la presencia del titular de la Procuraduría 83 Judicial I
Administrativa, para que finalmente fuera ratificada con la suscripción de la firma
plasmada por el doctor Iván Mauricio Campos Pinzón, quien debió dirigir y orientar
dicha diligencia, como titular de la Procuraduría 83 Judicial I Administrativo de Bogotá.
95. Se encuentra establecido que Nelson Augusto Hernández Arteaga, para la
época de los hechos, ostentaba la calidad de servidor público en ejercicio del cargo y
funciones de sustanciador grado 11 en la Procuraduría 83 judicial I Administrativa de
Bogotá. Igualmente, que dirigió la audiencia y elaboró el acta respectiva, sin la
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presencia del procurador 83 judicial I administrativo, consignando en ella afirmaciones
contrarias a la verdad, acta que fue suscrita a pesar de dichas circunstancias, por el
titular de la Procuraduría 83 Judicial I Administrativa, Iván Mauricio Campos Pinzón.
96. En este caso quedó demostrado, en grado de certeza, que el disciplinado
Hernández Arteaga, voluntariamente, adelantó la diligencia y redactó el documento en
el que se afirmó, contrariando la verdad, que quien presidió la audiencia fue el
procurador judicial, a sabiendas de que no era cierto y que ese era un deber funcional
del agente del ministerio público; además infringió su propio deber funcional, en la
medida que inobservó sus competencias.
97. En este punto la Sala anota que no es que la PGN confundiera proyectar
documentos con dirigir la audiencia, pues ambos hechos quedaron probados, pero el
primero estaba dentro de las atribuciones del sustanciador sancionado. En tal sentido,
desde la estructura de la falta disciplinaria debe ser considerado como autor del ilícito
disciplinario de falsedad ideológica en documento público.
98. En este este caso, está debidamente probado que en la creación del documento
ideológicamente falso, que contiene aseveraciones contrarias a la verdad, intervino el
disciplinado Nelson Augusto Hernández Arteaga, quien lo elaboró, y consignó
afirmaciones falsas en su texto, porque el agente del ministerio público, Iván Mauricio
Campos Pinzón, quien firmó el acta, no dio inicio a la audiencia, y por lo tanto, no
reconoció personería jurídica, y tampoco concedió el uso de la palabra a las partes.
99. Por lo tanto, en ejercicio de sus funciones, pero abusando de su cargo, intervino
para producir e introducir al ámbito jurídico el acta que sirvió de prueba sobre el
agotamiento de un requisito preprocesal, aunque sabían que en su contenido tenía
afirmaciones sustanciales contrarias a la verdad.
100. En conclusión, se infiere en grado de certeza, que la conducta endilgada en el
auto de cargos y en los fallos disciplinarios a Nelson Augusto Hernández Arteaga se
adecuó objetivamente al delito de falsedad ideológica en documento público.
3.4. Resolución del segundo problema jurídico, relativo a la culpabilidad
3.4.1. El marco jurídico de la culpabilidad en materia disciplinaria
101. El factor de la culpabilidad48 en materia disciplinaria está expresamente
regulado en el artículo 13 del CDU49, el cual dispone que queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa, lo
cual significa en términos de la jurisprudencia constitucional que «el titular de la acción
disciplinaria no solamente debe demostrar la adecuación típica y la antijuridicidad de
la conducta, pues ésta debe afectar o poner en peligro los fines y las funciones del
Estado, sino también le corresponde probar la culpabilidad del sujeto pasivo
manifestando razonadamente la modalidad de la culpa»50, principio legal que deriva
48 Artículo 13; 43 # 1; 44 parágrafo, CDU.
49 Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las
faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.
50 Corte Constitucional, Sentencia C-948 de 2002.
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del mandato contenido en el artículo 29 superior en virtud del cual «toda persona se
presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable»51.
102. El artículo 13 del CDU, no trae una descripción conceptual de la culpabilidad, es
decir, no define que debe entenderse por tal sino que (i) establece una regla de
prohibición -no puede haber responsabilidad objetiva- y (ii) los grados o niveles que la
componen, esto es el dolo y la culpa.
103. El contenido de los grados de culpabilidad sancionables en materia
disciplinaria –dolo y culpa–, puede establecerse, como lo ha definido previamente la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo52, para el dolo atendiendo al código
penal –por remisión expresa del artículo 21 del CDU – y para la culpa de conformidad
con el artículo 44 –parágrafo– del CDU en el cual se definen los conceptos de culpa
gravísima -ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas
de obligatorio cumplimiento- y de la culpa grave -inobservancia del cuidado necesario
que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones-, tal y como se describe
en el siguiente cuadro:
Tabla 1
CULPABILIDAD EN MATERIA DISCIPLINARIA
FORMA DE DESCRIPCIÓN SUSTENTO JURÍDICO
CULPABILIDAD
Dolo Conocimiento de los hechos constitutivos de la Artículo 22 de la Ley 599
infracción y querer su realización. (Conocimiento y de 2000 -Código Penal-.
voluntad).
Culpa - Ignorancia supina CDU, articulo 44,
gravísima - Desatención elemental parágrafo.
• Violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento
Culpa grave Inobservancia del cuidado necesario que cualquier CDU, artículo 44,
persona del común imprime a sus actuaciones. parágrafo.
Fuente: tomado de la sentencia del 4 de mayo de 2023, proferida en el expediente 25000-23-42-000-2016-00089-
01 (3413-2021), por esta Subsección.
104. De conformidad con lo anteriormente expuesto, se tiene que en materia
disciplinaria habrá responsabilidad por la comisión de una falta de esa naturaleza con
dolo, culpa gravísima o grave.
105. Dolo. El concepto de dolo no está definido de manera expresa en el CDU, por lo
que, en aplicación del principio de integración normativa definido en el artículo 21 del
CDU, es necesario acudir al Código Penal, que en su artículo 22 lo define así: «[l]a
conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción
penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización
de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja
librada al azar».
51 Sentencia C-155 de 2002.
52 Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa. Auto de marzo de 2015, radicado 2014-03799-00. En esta
providencia la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado analizó el factor «culpabilidad» y
estableció que el contenido de los conceptos culpa grave y culpa gravísima tienen contenido propio en el artículo
44, parágrafo del CDU mientras que el concepto de dolo debe ser observado desde el artículo 22 del código penal.
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106. A esta categoría de la culpabilidad también la componen, por regla general, dos
elementos a saber: (i) el elemento psicológico, que es la determinación acerca de si el
sujeto actuó con dolo o con culpa, y (ii) el elemento normativo, que tiene que ver con
el análisis de la exigibilidad de otra conducta.
107. Por otra parte, pueden extraerse dos ingredientes del dolo, el cognitivo y el
volitivo. El elemento cognitivo tiene que ver con el conocimiento potencial de los
hechos y de la ilicitud de la conducta, y el segundo está relacionado con la facultad del
sujeto disciplinable para decidir y ordenar su propio comportamiento hacia la comisión
de la falta. El componente volitivo del dolo requiere de un estudio especial, en la
medida en que este aspecto no puede entenderse como la mala fe con la que actuó el
disciplinado sino como un vínculo entre lo que este representó en su mente y lo
acontecido en la realidad. La demostración del dolo también dependerá de las pruebas
que se practiquen en el procedimiento disciplinario. Al respecto es necesario precisar
que, salvo que se presente una confesión, y que esta se encuentre corroborada con lo
probado con otros medios en el trámite, resulta casi imposible que exista una prueba
directa de lo que conocía el sujeto y de cuál era su voluntad, por lo tanto, su
comprobación dependerá de pruebas indirectas o indiciarias53.
108. Culpa gravísima. De acuerdo con el parágrafo del artículo 44 del CDU, la culpa
gravísima se configurará «cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia
supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento».
109. Culpa grave. La culpa grave «cuando se incurra en falta disciplinaria por
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus
actuaciones». Ambas formas de culpa tienen como elemento común que ellas
dependen de la desatención de los deberes objetivos y subjetivos de cuidado. El deber
objetivo se refiere al cuidado necesario que cualquier persona del común (que en este
caso debe entenderse a partir de la condición como servidor público del disciplinado)
tiene en sus actuaciones; y el deber subjetivo alude a la previsibilidad de los
acontecimientos derivados de la conducta del sujeto. Así las cosas, los elementos
diferenciadores de la culpa gravísima respecto de la grave, están relacionados con las
calificaciones dadas por la ley, en el sentido de que exista ignorancia supina,
desatención elemental, o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
110. El análisis de la culpabilidad debe realizarse a partir de la verificación del nexo
psicológico entre el autor de la falta y la conducta desplegada para su consumación,
esto es, si el sujeto disciplinable actuó con dolo o culpa y, además, si le era exigible
un comportamiento diferente al que efectivamente materializó en la realidad 54, en ese
orden, es en el análisis de la culpabilidad donde se valora el aspecto subjetivo de la
conducta, por lo tanto, atendiendo a lo anterior, es este factor el que determina si en
un caso concreto se aplicó o no responsabilidad objetiva y para el cual en nada influye
o tiene importancia, a efectos de establecer responsabilidad, la causación o no de un
daño.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de
febrero de 2020; expediente 25000-23-42-000-2013-06021-01(3003-17).
54 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 06 de
febrero de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-06021-01(3003-17).
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111. Ahora bien, la determinación de la culpabilidad -así como de los otros elementos
de la responsabilidad disciplinaria, a decir, tipicidad e ilicitud sustancial-, debe surgir
de las pruebas que obren en el expediente disciplinario, lo cual, como lo ha señalado
la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado55 hace parte del control integral del
acto administrativo disciplinario que debe realizar el juez contencioso administrativo y
para ello como lo ha indicado esta Subsección56, se debe revisar que se hayan
observado las reglas sustanciales del régimen probatorio aplicable. Se reitera que,
antes de constatar si hubo culpabilidad en la conducta adelantada por el sujeto activo,
la tipicidad y la ilicitud sustancial del comportamiento han de estar demostradas.
112. Con base en lo desarrollado en esta sección, se procede a realizar el análisis
del caso concreto.
3.4.2. Estudio del caso concreto: análisis de la culpabilidad en el caso concreto
113. Contrario a lo que afirma el demandante y la sentencia de primera instancia, no
existe duda sobre el conocimiento y la voluntad de infringir la ley con la que actuó el
disciplinado. En efecto, del acervo probatorio se extrae que, aprovechando su
condición de sustanciador, en ejercicio de sus funciones, dirigió la diligencia y extendió
el acta, en la que consignó afirmaciones contrarias a la verdad, a pesar de saber que
no eran ciertas y que a él no le correspondía adelantar la conciliación sin la presencia
del agente del ministerio público.
114. Además, actuó sin justificación, pues según los testimonios recaudados, el
procurador judicial estaba en su despacho al inicio de la diligencia, luego se ausentó y
no pasó a dirigirla, mientras el sustanciador, en el suyo, consignaba en el acta que sí
lo había hecho.
115. Asimismo, su conocimiento le permitía comprender que por su ilegal
comportamiento iba a incurrir en una conducta ilícita que defraudaba a terceros y a la
entidad; por ello, el convocante de la conciliación le reclamó por finalizar la audiencia
sin la presencia del procurador judicial. No obstante, decidió voluntariamente realizar
la conducta típica y sustancialmente ilícita, para lo cual aprovechó que el procurador
judicial firmaría el documento sin importar las aseveraciones que contenía, a pesar de
tener el deber de no hacerlo, y logró finalmente que el acta que contenía falsedades
ideológicas ingresara al ámbito jurídico.
116. Por lo anterior, el actuar de Nelson Augusto Hernández Arteaga fue doloso, al
encontrarse configurados y probados los elementos que integran dicho título de
imputación.
55 Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa, sentencia de 9 de agosto de 2016, expediente 2011-00316-00.
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de octubre de 2016, expediente 2012-
00681-00. En esta sentencia la Subsección analizó el debido proceso desde las reglas del régimen probatorio
disciplinario para establecer que este en su aspecto sustancial comprende tres componentes a saber 1) los
elementos probatorios permitidos, 2) el régimen de análisis y 3) los niveles de certeza establecidos por el legislador,
los cuales deben ser respetados por la autoridad disciplinaria al momento de realizar el análisis de la prueba, so
pena de incurrir en indebida valoración probatoria.
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117. Por último, la Sala recuerda que para poder hacer la imputación disciplinaria, se
requiere que la conducta, además de ser típica, sea sustancialmente ilícita y no sea
justificable.
118. El concepto de ilicitud se refiere a la infracción sustancial de los deberes
funcionales, al contrariarse los principios constitucionales y legales que rigen la función
pública, sin justificación alguna57. En ese sentido, los artículos 5 y 22 del CDU, señalan:
«Artículo 5. Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional
sin justificación alguna.
Artículo 22. Garantía de la función pública. El sujeto disciplinario, para salvaguardar la
moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad,
imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que
debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos,
cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos
en la Constitución Política y en las leyes».
119. Así las cosas, con la conducta imputada, el disciplinado infringió el principio de
moralidad administrativa, definido en el numeral 5 del artículo 3 del CPACA, así: «[e]n
virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están
obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones
administrativas».
120. En el presente caso, como quedó debidamente probado, el demandante, a
pesar de conocer sus deberes funcionales, en concreto el de observar y salvaguardar
la veracidad en sus actuaciones, quebrantó tales mandatos y con ello la rectitud y
lealtad, pues defraudó la credibilidad y la presunción de legalidad de la que gozan los
documentos públicos que puedan servir de prueba. El disciplinado, según lo probado,
infringió sus deberes funcionales y los generales que lo obligaban a preservar la fe
pública a través de la expedición de actas veraces y creíbles.
121. Además, actuó sin justificación, pues el procurador judicial estaba en su
despacho al inicio de la diligencia, luego se ausentó y no pasó a dirigirla, y no obstante
ello, el accionante, en calidad de sustanciador, consignó en el acta que sí lo había
hecho.
122. Por tanto, al haberse demostrado que el disciplinado incurrió en
comportamientos que se adecúan a descripciones objetivas de ilícitos penales, ese
obrar vulneró la función social y el deber de servir a la comunidad con eficiencia,
corrección y honestidad, y en ese orden quedó demostrada la ilicitud sustancial.
3.5. Conclusión
123. De acuerdo con el análisis probatorio y jurídico que antecede, la conducta
desplegada por el entonces sustanciador Nelson Augusto Hernández Arteaga
constituye objetivamente el ilícito de falsedad ideológica en documento público y, por
57 Sentencia C-028 de 2006.
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ende, incurrió en la falta gravísima que le fue endilgada, es decir, la señalada en el
numeral 1.0 del artículo 48 del CDU, bajo la modalidad dolosa.
124. Por lo expuesto, la Sala procederá a revocar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la nulidad
parcial de los actos administrativos sancionatorios, y en su lugar, se negarán las
pretensiones de la demanda.
3.6. Costas
125. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 58 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, no se
condenará en costas, porque no se advierte que la parte demandante haya incurrido
en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 13 de febrero de 2024
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante la cual, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Segundo: En su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Tercero: Sin condena en costas en ambas instancias.
Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
58 La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte
Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer
la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de
condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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