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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02917-00

Fecha
1 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02917-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y seguridad jurídica invocados por Digna Luz Martínez Arias, conforme a la motivación de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02917-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

1 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Primero (1°) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-02917-001
Accionante : Digna Luz Martínez Arias
Accionado : Consejo de Estado, Sección Quinta
Vinculados : Tribunal Administrativo del Cesar, Secretaría de Tránsito de
Valledupar y Superintendencia de Transporte
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, acción de cumplimiento
contra Superintendencia de Transporte por incumplimiento de
normas en vigilancia de autoridades de transporte
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de

tutela incoada por la señora Digna Luz Martínez Arias contra el Consejo de Estado,
Sección Quinta, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y seguridad
jurídica.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la parte actora frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. La señora Digna Luz Martínez Arias, actuando en nombre propio, interpuso el

presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad
y seguridad jurídica, presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado, Sección
Quinta.

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Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02917-00
Accionante: Digna Luz Martínez Arias
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta

4. Por consiguiente, la actora solicitó:

1. DEJE SIN EFECTO Y SIN VALOR JURÍDICO la providencia de fecha 26 de febrero
de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se
resolvió revocar parcialmente la sentencia de primera instancia del 15 de enero de
2026.
2. ORDENE dar trámite y prosperidad a la Acción de Cumplimiento, al evidenciarse
una clara Vía de Hecho por interpretación errónea de la ley y violación flagrante del
precedente de unificación.
3. ORDENE a la Superintendencia de Transporte, en cumplimiento de los Artículos 3
de la Ley 769 de 2002, Artículo 3 de la Ley 1843 de 2017, Artículo 4 del Decreto 2409
de 2018 y el Artículo 189 (numeral 22) de la C.P., ejercer sus funciones de inspección
y vigilancia sobre la ilegalidad masiva en Valledupar.

Hechos2

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la

accionante, se puede evidenciar que, la señora Digna Luz Martínez Arias ejerció
la acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Transporte y la
Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar, con el fin de obtener el
acatamiento de lo dispuesto en los artículos 1 #5, 129, 135.1; y 158A de la Ley 769
de 2002, 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020 3 y 10 de la Ley 1437 de
2011.

6. En consecuencia, la actora solicitó que se le ordenara, a la Superintendencia de

Transporte, la anulación de más de 71.000 comparendos impuestos por los
agentes de tránsito del municipio de Valledupar mediante vehículos
«cazainfractores»; y, a la Secretaría de Tránsito, el retiro de dichos vehículos de foto

multa, para que, en su lugar, la imposición de los comparendos se realice de
manera presencial, individualizando al infractor y otorgándole un tiempo
prudencial para el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios
prohibidos.

7. El asunto fue conocido, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo del

Cesar, que, mediante sentencia del Cuatro (4) de Diciembre de Dos Mil
Veinticinco (2025) (proceso con radicado núm. 20001-23-33-000-2025-00647-00),
declaró la improcedencia del medio de control, tras advertir que la accionante
pretendía controvertir la validez de los comparendos impuestos, pretensión que
escapa de la órbita del juez de cumplimiento.

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2, archivo 5.
3
Compilado en el artículo 7.8.1.2 de la Resolución 20223040045295 de 2022.
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Accionante: Digna Luz Martínez Arias
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8. En desacuerdo con esa decisión, la accionante presentó recurso de apelación,

en el que adujo que la demanda sí resultaba procedente, por cuanto lo pretendido
no era la anulación de un comparendo individual, sino el acatamiento de las
normas superiores que regulan la legalidad del sistema de fotodetección en el
municipio de Valledupar y, con ello, la anulación de más de 71.000 órdenes,
máxime, cuando no existían pruebas de que tales sanciones se hubieran impuesto
conforme a los requisitos legales, es decir, sin emplear sistemas automáticos,
semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones
(SAST).

9. En segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
sentencia del Diecinueve (19) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), revocó
parcialmente el fallo del a quo y, en su lugar, decidió: (i) rechazar la demanda en
cuanto a la pretensión frente al numeral 5 del artículo 1 de la Ley 769 de 2002,
por no haberse agotado el requisito de constitución en renuencia; (ii) declarar la
cosa juzgada respecto de los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 y
6 de la Resolución 20203040011245 de 2020, al verificar la identidad de objeto,
causa y partes con el proceso de radicado 20001-23-33-000-2024-00029-01, en
el que la misma Sala profirió sentencia del Diez (10) de Abril de Dos Mil Veinticinco
(2025); y (iii) declarar la improcedencia frente a las pretensiones de anulación de
comparendos, imposición de estos de manera presencial y aplicación del
precedente, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, en tanto la actora
contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
cuestionar la legalidad de los actos sancionatorios.

10. En su tutela, la señora Martínez Arias expuso que, la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en sentencia del Diecinueve (19) de Febrero de Dos Mil
Veintiséis (2026), incurrió en los defectos sustantivo, procedimental por exceso
ritual manifiesto, fáctico, de desconocimiento del precedente, error inducido, falsa
motivación y violación directa de la Constitución.

11. En sustento de ello, alegó que, la autoridad judicial accionada inaplicó el
artículo 158A de la Ley 769 de 2002 4, norma posterior a los fallos invocados como
cosa juzgada aparente que, a su juicio, crea una obligación nueva, clara, expresa

4
“el cual establece sanciones para las autoridades de tránsito que utilicen ayudas tecnológicas sin cumplir los criterios de
seguridad vial” y “el mandato […] sobre la revocatoria oficiosa de las multas impuestas sin autorización técnica. La ley ordena
que una vez la Superintendencia determine el incumplimiento de los criterios de seguridad vial, la autoridad de tránsito debe
revocar las sanciones en un término de 30 días hábiles sin necesidad de autorización del afectado”.
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y exigible de revocatoria oficiosa de las multas impuestas sin el cumplimiento de
los criterios de seguridad vial, así como el parágrafo 3° del artículo 3° de la Ley
769 de 2002, el Decreto 2409 de 2018 y el artículo 3° de la Ley 1843 de 20175,
que imponen a la Superintendencia de Transporte un deber de inspección,
vigilancia y control (en este caso sobre la Secretaría de Tránsito de Valledupar)
que no podía eludirse bajo el argumento de la autonomía territorial.

12. Como consecuencia del defecto sustantivo, la providencia judicial erró al no

reconocer que, la Superintendencia tiene la obligación de intervenir cuando los
SAST no cumplen con los criterios de seguridad vial vigentes, y, en su lugar, al
haber declarado la improcedencia de la acción de cumplimiento a partir de la «cosa
juzgada aparente» en la materia. Para la actora, «No puede existir identidad de causa petendi
cuando lo que se denuncia es el incumplimiento de funciones de vigilancia técnica sobre hechos
ocurridos entre 2024 y 2026, los cuales no fueron ni pudieron ser objeto de debate en sentencias
previas. Al declarar la improcedencia basándose en procesos antiguos, la autoridad judicial
accionada le otorga una suerte de "inmunidad judicial" a la administración municipal de Valledupar
y a la Supertransporte». Esa interpretación judicial se habría constituido en un defecto

procedimental por «exceso ritual manifiesto».

13. Además, la providencia atacada habría incurrido en un defecto fáctico «por
omisión en la valoración probatoria de la renu[encia] de la Superintendencia de Transporte a iniciar
las investigaciones ordenadas por la Ley 1843 de 2017», pese a que «En el expediente constan
las peticiones ciudadanas donde se advierte sobre la operación irregular de equipos en
movimiento en Valledupar, ante las cuales la entidad nacional ha respondido con evasivas. La
Sección Quinta cerró el caso ignorando esta inactividad administrativa probada, permitiendo que
la Supertransporte eluda su deber legal».

14. Agregó que, la sentencia atacada desconoció el precedente constitucional
contenido en las sentencias C-038 de 20206 y C-321 de 20227, que proscribe la
responsabilidad objetiva en materia de fotomultas y exige la plena identificación
del infractor, de modo que, el recaudo masivo por «cruce de datos» sin validación
humana vulneraría la presunción de inocencia y el principio de culpabilidad.

15. Finalmente, estima que el fallo censurado incurrió en «un error inducido al basar su

decisión en la supuesta suficiencia de las respuestas administrativas de la Superintendencia de

5
“el cual define a la Superintendencia de Transporte como la autoridad competente para verificar de oficio o petición de parte
el cumplimiento de los criterios técnicos de fotodetección. La norma otorga a la entidad la potestad de suspender las ayudas
tecnológicas que no cumplan con los requisitos del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.
6
“[E]stableció con fuerza de Cosa Juzgada Constitucional que el propietario de un vehículo no puede ser sancionado
automáticamente por infracciones captadas por cámaras, a menos que se demuestre su participación personal”.
7
“[E]stableci[ó] que la tecnología no releva al Estado de su carga probatoria de identificar plenamente al infractor, conforme
a los Artículos 1, 129, 131 y 135 de la Ley 769 de 2002”.
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Transporte [y] al afirmar que ha cumplido sus funciones de vigilancia mediante la emisión de
conceptos genéricos, cuando la ley le exige adelantar acciones tendientes a verificar criterios
técnicos de forma real y efectiva (Art. 3 Ley 1843 de 2017)»; una «violación directa de la
Constitución (Art. 4 y 6 C.P.) al permitir que la Superintendencia de Transporte actúe sin
responsabilidad frente a las omisiones de los organismos de tránsito locales» y en una «indebida
motivación al no analizar de fondo los argumentos sobre la falta de integración normativa de la Ley
153 de 1887 respecto de la Ley 2251 de 2022 [y en su lugar] limit[arse] a citar fallos previos, pero
omiti[endo] explicar por qué una ley posterior de orden público que ordena revocatorias oficiosas no
genera una nueva obligación de cumplimiento».

II. TRÁMITE PROCESAL

16. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del

Veintidós (22) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la presente acción de
tutela. En dicha decisión, (i) ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Quinta,
como parte accionada; y (ii) dispuso vincular a la Secretaría de Tránsito de
Valledupar, a la Superintendencia de Transporte y al Tribunal Administrativo del
Cesar, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1. Contestaciones de la acción

17. 2.1.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado8 solicitó que, se declare la

improcedencia de la solicitud de amparo promovida por la señora Martínez Arias
contra la sentencia del 19 de febrero de 2026, en tanto considera que, carece de
relevancia constitucional, ante la inexistencia de la carga argumentativa. Agregó
que, si bien la accionante expuso que se configuraron los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente:

[…] en lo que concierne al defecto sustantivo, la demandante insiste en que los
artículos 1.5, 129, 135.1 y 158A de la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 18
de la Ley 2251 de 2022; el artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020
(compilado en el artículo 7.8.1.2. de la Resolución 20223040045295 de 2022) y 10 de
la Ley 1437 de 2011, sí contienen un mandato en virtud del cual debió ordenarse la
revocatoria de las sanciones de tránsito.

Sin embargo, al estudiar dichas disposiciones, la Sección Quinta llegó a conclusiones
distintas a las de la parte actora, bien porque la accionante no agotó el requisito de
constitución en renuencia; la pretensión de anulación de los comparendos y la relativa
a la aplicación del «precedente judicial» eran improcedentes; o porque se acreditó la
configuración de la cosa juzgada.

[…] el presunto defecto por desconocimiento del precedente se construye a partir de
una argumentación genérica, que no satisface la carga argumentativa requerida para
este tipo de cargos. Esto, dado que la accionante se limitó a citar apartados de

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Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 11.
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sentencias de constitucionalidad sin explicar alguna regla o subregla de derecho
aplicable a su caso y que hubiera sido desconocida en la sentencia enjuiciada.

18. 2.1.2. La Superintendencia de Transporte9 sostuvo que, el ordenamiento
jurídico prevé medios de control idóneos para controvertir los actos administrativos
sancionatorios proferidos por los organismos de tránsito (Ley 769 de 2022 y Ley
1437 de 2011 -CPACA-). La acción de cumplimiento, consagrada en el artículo 87
constitucional y reglamentada por la Ley 393 de 1997, busca hacer efectivo el
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos. Por
oposición, la controversia planteada por la accionante se circunscribe a actuaciones
particulares y concretas de naturaleza declarativa, respecto de la validez de los
comparendos impuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar.
Así, concluyó que la inconformidad de la accionante debía ventilarse ante el juez
natural, mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
(artículo 138 del CPACA).

19. 2.1.3. El Tribunal Administrativo del Cesar y la Secretaría de Tránsito de
Valledupar guardaron silencio pese a que fueron debidamente notificados del
presente proceso.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2. La acción

21. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada

por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de

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Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 13, archivo 14.
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otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Problema jurídico

22. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo del
Diecinueve (19) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante el cual la
Sección Quinta del Consejo de Estado revocó parcialmente la providencia del
Cuatro (4) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025) del Tribunal Administrativo
del Cesar en el proceso iniciado con la acción de cumplimiento interpuesta por la
señora Digna Luz Martínez Arias contra la accionada (expediente 20001-23-33-
000-2025-00647-01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías
superiores al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y
seguridad jurídica.

3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

23. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional10 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado11, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

24. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un

10
Sentencia C-590 de 2005.
11
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
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término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

25. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

3.5. Caso concreto

26. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de la actora,
en los defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico, de
desconocimiento del precedente, error inducido, falsa motivación y violación directa
de la Constitución, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus
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derechos fundamentales; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede
recurso alguno, por tratarse de una sentencia de segunda instancia que se
encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, teniendo en cuenta que la providencia quedó en firme el Cinco (5) de
Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)12 y la solicitud de amparo se presentó el
Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir, dentro de los seis (6)
meses siguientes; y (v) el fallo acusado no obedece a uno de tutela.

27. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente, alegadas por la parte actora, que serán
abordadas de forma conjunta. El vicio presentado bajo la causal de defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto será estudiado dentro del defecto
sustantivo, pues la accionante en realidad se refiere al desconocimiento de las
normas de tránsito.

28. Se descarta el estudio del defecto fáctico, teniendo en cuenta que, en la decisión

atacada, ni siquiera se estudió el asunto de fondo, escenario en el que habría
habido lugar a ese tipo de valoraciones probatorias. Por el contrario, la autoridad
judicial atacada declaró la cosa juzgada y la improcedencia de la demanda. En
cuanto a los defectos de error inducido, decisión sin motivación y violación directa
de la Constitución, aquellos no fueron planteados en los términos en que exige la
jurisprudencia13.

3.5.1. Defecto sustantivo

29. Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

30. La jurisprudencia constitucional14 ha estimado que, la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado

12
Visible en el expediente electrónico del proceso 20001-23-33-000-2025-00647-01 en SAMAI, índice 7, según el cual se
notificó electrónicamente el 23 de febrero de 2026. Por esa razón, la decisión se entiende notificada a los dos (2) días
siguientes, esto es, el 2 de marzo de 2026, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
13
Corte Constitucional, sentencias T-863 de 2013, T-589 de 2010 y SU-069 de 2018.
14
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
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defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice
o lesione la efectividad de los derechos constitucionales 15.

3.5.2. Desconocimiento del precedente

31. Valga la pena recordar que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como
defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene
su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los
precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia16, y la segunda
hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente
horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la
providencia adolece de un defecto sustantivo17 en virtud de los principios del debido
proceso, igualdad y buena fe18.

32. Sobre el particular, es preciso señalar que, aplica la primera modalidad de
desconocimiento del precedente, en razón a que la discusión planteada gira en
torno a si la Sección Quinta del Consejo de Estado, en su sentencia del Diecinueve
(19) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), se apartó injustificadamente del
precedente constitucional contenido en las sentencias C-038 de 2020 y C-321 de
2022, que proscribiría la responsabilidad objetiva en materia de fotomultas y exigiría

15
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16
Sentencia T-360 de 2014: «En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i)
se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
17
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
18
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Accionante: Digna Luz Martínez Arias
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta

la plena identificación del infractor, de manera que, la imposición de comparendos
a través de SAST, sin validación humana, vulneraría la presunción de inocencia y
el principio de culpabilidad.

33. En el sub lite, la accionante considera que la Sección Quinta del Consejo de

Estado se rigió por la sentencia del Diez (10) de Abril de Dos Mil Veinticinco (2025)
(Rad. 20001-23-33-000-2025-00029-01), proferida por esa misma Sala, pese a que
dicha decisión no constituye cosa juzgada en la materia, y, en consecuencia, se
apartó del precedente sentado por la Corte Constitucional en sentencias C-038 de
2020 y C-321 de 2022, y de las siguientes normas que rigen la materia: artículo
158A y el parágrafo 3° del artículo 3° de la Ley 769 de 2002; el Decreto 2409 de
2018 y el artículo 3 de la Ley 1843 de 2017.

34. En el fallo atacado, la autoridad judicial accionada realizó el siguiente análisis:

21. Descendiendo al caso en concreto, se observa que, el 10 de abril de 2025, esta
Sala de decisión profirió un fallo de segunda instancia en el expediente con radicado
20001-23-33-000-202[5]-00029-01, cuyo escrito inicial guarda identidad con el de la
presente acción constitucional, como pasa a exponerse en el siguiente esquema.

22. Lo anterior, por cuanto en dicha acción de cumplimiento se solicitó el acatamiento
del artículo 18 de la Ley 2251 de 2022 (el cual adicionó el artículo 158A de la Ley 769
de 2002), artículos 3, y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129 y 135 al 137 de
la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la
Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.

23. En esta oportunidad, la demanda se dirigió contra el Ministerio de Transporte, la
Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el municipio
de Valledupar, Secretaría de Tránsito y Transporte, y tenía por objeto el retiro de
circulación de los vehículos institucionales de la autoridad de tránsito de Valledupar,
así como que se ordenara a esta el seguimiento de los procedimientos legales para
la interposición de sanciones.

24. La Sala concluyó que el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte carecían de legitimación en la
causa por pasiva puesto que no eran las entidades llamadas a cumplir con las normas
consignadas en el libelo introductorio, dando lugar a la negación de las pretensiones.
25. Asimismo, estimó que no existía un mandato exigible a la Secretaría de Tránsito
de Valledupar debido a que esta autoridad no ha implementado SAST en el ejercicio
de sus funciones sancionatorias, lo que, igualmente condujo a la negativa de las
petitorias.

26. En vista de esta decisión judicial, es posible establecer la configuración de la cosa
juzgada sobre la pretensión de cumplimiento dirigida a la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Valledupar y la Superintendencia accionada, de los artículos 129, 135
y 158A de la Ley 769 de 2002 y 6 de la Resolución No. 20203040011245 de 2020
expedida por el Ministerio de Transporte.

27. Lo expuesto, ya que, en la sentencia del 10 de abril de 2025, esta Sala estudió de
fondo, si había lugar a exigir a dichas entidades el cumplimiento de estas normas y,
en consecuencia, ordenar a la Secretaría de Tránsito de Valledupar el retiro de las
patrullas «caza infractores» y la observancia de los procedimientos legales en la
interposición de sanciones, como se evidencia a continuación:

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28. El esquema anterior nos permite concluir que existe una identidad de objeto,
causa y partes entre el asunto resuelto por esta Sala de decisión el 10 de abril de
2025, y el litigio estudiado en el presente caso.

29. Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia el
fenómeno de la cosa juzgada. Esto es, ya existe una decisión de fondo y ejecutoriada
en la que se resolvió si la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar y la
Superintendencia está incumpliendo o no, lo dispuesto en los artículos alegados como
desatendidos en la presente acción.

30. En otras palabras, para la Sala es claro que hay una decisión inmutable,
vinculante y definitiva que resolvió el mismo objeto, en la medida que las
disposiciones cuyo acatamiento se solicitó fueron las mismas, al tiempo que, la
demanda se fundó en la misma causa, pues el sustento fáctico y jurídico es similar.
Por tanto, corresponde la declaratoria de la cosa juzgada.
31. Del anterior análisis, se concluye que esta Sección declarará la cosa juzgada
respecto de artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 y 6 de la Resolución No.
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.

35. Al respecto, la cosa juzgada es «una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga

a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de

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inmutables, vinculantes y definitivas»19. Esta figura busca entonces asegurar que, las

controversias que ya han sido decididas por las autoridades judiciales competentes
sean reabiertas, y garantiza la seguridad jurídica de los fallos. En caso de concurrir
en un proceso determinado la identidad jurídica de las partes, de causa y objeto,
se estará ante cosa juzgada.

36. La identidad de las partes supone que, al proceso concurren «las mismas partes e

intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada»20;

la identidad de causa implica que, tanto el proceso que hizo tránsito a cosa juzgada
como la nueva demanda deben sustentar la pretensión en los mismos fundamentos
fácticos21; y la identidad de objeto supone revisar si la demanda versa sobre las
mismas pretensiones sobre las que se predica la cosa juzgada22.

37. Al confrontar el proceso invocado por la Sección Quinta del Consejo de Estado

y el caso sub examine, la Sala encuentra acreditados los anteriores elementos.
Primero, en ambos procesos figuran como extremos pasivos, llamados a cumplir
las normas invocadas, la Superintendencia de Transporte y la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar. Si bien en el proceso anterior se demandó
adicionalmente al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, ello no enerva la identidad respecto de las dos entidades frente a las cuales
se predica el incumplimiento en este asunto.

38. Además, existe identidad de objeto, pues, en ambos procesos, las pretensiones

se dirigían a que se ordenara a la Secretaría de Tránsito de Valledupar la anulación
de las multas aplicadas mediante vehículos «caza infractores» durante el período en
el cual no se contaba con la autorización del Ministerio de Transporte para el uso
de SAST y que, en su lugar, la imposición de comparendos se realizara de manera
presencial, garantizando la individualización del presunto infractor. Finalmente, la
causa es la misma, en tanto, las pretensiones se sustentaron en idénticos
fundamentos fácticos y jurídicos: el presunto incumplimiento de los deberes de
inspección, vigilancia y control sobre la operación de los SAST en el municipio de
Valledupar, en desconocimiento de la Ley 769 de 2002, la Ley 1843 de 2017 y el
Decreto 2409 de 2018.

19
Corte Constitucional, sentencias C-774 de 2001, C-100 de 2019, T-249 de 2019, T-082 de 2017 y T-249 de 2016, entre
otras.
20
Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2021.
21
Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2021.
22
Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2021.
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39. En consecuencia, se concluye que se configuró la cosa juzgada ordinaria, razón

por la cual la autoridad hizo bien en abstenerse de pronunciarse de fondo sobre el
mismo asunto.

40. Vale la pena aclarar, además, que no es cierto que la sentencia censurada se

haya apartado del artículo 158A y el parágrafo 3° del artículo 3° de la Ley 769 de
2002; el Decreto 2409 de 2018 y el artículo 3 de la Ley 1843 de 2017. De hecho, la
sentencia previa por la que operó la cosa juzgada sobre ese asunto ya se había
planteado como problema jurídico si «¿Hay lugar a ordenar al extremo accionado el
cumplimiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 18 de la Ley 2251 de 2022,
artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129 y 134 al 137 de la Ley 769 de 2002, y
los artículos 1 al 14 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de
Transporte, en el sentido solicitado por la parte actora?», de manera que ya había analizado

el posible incumplimiento, por la Superintendencia de Transporte y la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar, de las normas en comento.

41. En cuanto a que el fallo acusado desconoció lo dicho por la Corte Constitucional

en sentencias C-038 de 2020 y C-321 de 2022, la Sala encuentra que, en la primera
sentencia, la Corte declaró la inexequibilidad del parágrafo 1° del artículo 8° de la
Ley 1843 de 2017, que establecía una responsabilidad solidaria entre el propietario
del vehículo y el conductor por las infracciones detectadas mediante ayudas
tecnológicas, al concluir que dicha solidaridad, en los términos en que estaba
redactada, omitía la imputación personal de la infracción y vulneraba la presunción
de inocencia y el principio de responsabilidad personal en materia sancionatoria.
No obstante, el mismo fallo fue enfático en señalar que ello «no implica que este sistema
de detección de infracciones sea inconstitucional y, por lo tanto, puede seguir en funcionamiento».

42. Por su parte, en la sentencia C-321 de 2022, la Corte declaró la exequibilidad

del artículo 10 de la Ley 2161 de 2021, condicionando los literales c, d y e, a que
el propietario solo pueda ser sancionado cuando, dentro del proceso
administrativo sancionatorio, resulte probado que incurrió de manera culposa en
la infracción, garantizándose el debido proceso, la defensa y la presunción de
inocencia. Así, la ratio decidendi de las sentencias invocadas no resultaba
aplicable al sub lite, pues, el Consejo de Estado no se pronunció sobre la validez
de comparendo alguno, ni avaló la imposición de sanciones bajo un régimen de
responsabilidad objetivo, sino que, se limitó a establecer que la acción de
cumplimiento no era el mecanismo idóneo para controvertir la legalidad de los

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actos sancionatorios y que, respecto de las normas cuyo acatamiento se
reclamaba (que, sea dicho de paso, son distintas a las estudiadas en las
sentencias de constitucionalidad), existía cosa juzgada.

43. En conclusión, la Sala no encuentra que se hubiera probado la configuración de

los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente, pues, la autoridad
judicial accionada actuó con apego a las normas de tránsito, a su precedente
horizontal y sin reñir con las reglas fijadas en las sentencias de la Corte
Constitucional que fueron invocadas. Por lo tanto, no hay lugar a reconocer la
vulneración de los derechos al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad y seguridad jurídica.

IV. DECISIÓN

44. Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que, en la acción

de tutela de la referencia, la actora no demostró que la providencia del Diecinueve
(19) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, adolezca de los defectos alegados, es menester negar el
amparo solicitado.

45. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad y seguridad jurídica invocados por
Digna Luz Martínez Arias, conforme a la motivación de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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