Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00647-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00647-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2025-00647-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00647-01
Accionante: DIGNA LUZ MARTÍNEZ ARIAS
Accionados: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Y OTRO
Tema: Revoca – cosa juzgada, renuencia e improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 4 de diciembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del
Cesar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y
2433 de la Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el Acuerdo 434 de
2024).
La demanda fue admitida en providencia del 13 de noviembre de 20255 y el
recurso de apelación fue concedido mediante auto del 22 de enero de 2026. Por
lo anterior, procede la Sala a proferir sentencia en los términos previstos en el
artículo 3 de la Ley 393 de 1997.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. Digna Luz Martínez Arias, actuando en nombre propio, ejerció acción de
cumplimiento contra la Superintendencia de Transporte y la Secretaría de
Tránsito del municipio de Valledupar. Con su solicitud pretende el acatamiento
de lo dispuesto en los artículos 1 numeral 5, 129, 135.1 y 158A de la Ley 769 de
2002, adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022; el artículo 6 de la
1
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...].
5
En aquella decisión, el tribunal de primera instancia ordenó notificar como autoridades
accionadas a la Superintendencia de Transporte y a la Secretaría de Tránsito de Valledupar.
Rechazó la demanda frente al Ministerio de Transporte y el Concejo Municipal de Valledupar
porque no se acreditó el requisito de constitución en renuencia con relación a la primera entidad,
y sobre la segunda mencionó que «las normas [invocadas] nada tienen que ver con las funciones
de esta corporación».
1
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Accionante: Digna Luz Martínez Arias
Accionados: Superintendencia de Transporte y otro
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Resolución 20203040011245 de 2020 (compilado en el artículo 7.8.1.2. de la
Resolución 20223040045295 de 2022) y 10 de la Ley 1437 de 2011.
2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas, solicita
que se le ordene a la Superintendencia de Transporte la anulación de los más de
71.000 comparendos que han sido impuestos por los agentes de tránsito del
municipio de Valledupar, mediante vehículos «cazainfractores». Frente a la
Secretaría de Tránsito, pide que se le ordene el retiro de los vehículos de foto
multa llamados comúnmente como «cazainfractores», y que la imposición de los
comparendos se realice de manera presencial, individualizando al infractor y
otorgándole un tiempo prudencial para el retiro del vehículo en caso de
estacionamiento en sitios prohibidos.
1.2. Posición de la parte demandante
3. Digna Luz Martínez Arias afirmó que la Alcaldía y la Secretaría de Tránsito
de Valledupar instalaron por las calles de la ciudad vehículos denominados
«cazainfractores» para verificar la comisión de faltas de tránsito e imponer
comparendos con foto multas, sin tener la facultad legal y constitucional para ello
y en contra de lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución No. 20203040011245
del 2020. Por lo anterior, sostuvo que los comparendos que han sido impuestos
deben ser anulados.
4. Mencionó que, el 26 de septiembre de 2025, presentó solicitud del referido
artículo 6 y del artículo 158 A de la Ley 769 de 2002 dirigida a la Secretaría de
Tránsito del municipio de Valledupar y a la Superintendencia de Transporte.
5. Aclaró que no persigue el reconocimiento de derechos subjetivos ni la
resolución de un conflicto en particular, no solicita la protección de derechos
fundamentales y no procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
1.3. Posición de la parte demanda6
6. La Superintendencia de Transporte indicó que no es la entidad
responsable de cumplir las normas invocadas, en los términos que el accionante
pretende. Lo anterior, debido a que el artículo 158ª de la Ley 769 de 2002 enuncia
los deberes que de inspección, vigilancia y control que están a su cargo. Por lo
tanto, no tiene la potestad de anular actos administrativos sancionatorios, pues
dicha competencia recae en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
7. La Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar manifestó que se
debe declarar la cosa juzgada porque el debate que se plantea en esta
6
El Ministerio de Transporte aportó escrito de contestación de la demanda dentro del expediente
de primera instancia, pese a que no se le tuvo como demandado.
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oportunidad fue resuelto en sentencia del 10 de abril de 2025 e indicó que así lo
ha fallado esta Sección en casos idénticos. Finalmente, sostuvo que la acción de
cumplimiento es improcedente para la resolución de situaciones particulares.
1.4. Fallo de primera instancia
8. En sentencia del 4 de diciembre de 2025, declaró la improcedencia del
medio de control, tras advertir que el accionante pretende controvertir los
comparendos impuestos. En ese sentido, sostuvo que la discusión de un asunto
de carácter subjetivo escapa de la órbita del juez de cumplimiento.
1.5. Impugnación
9. En concreto, el accionante manifestó que la demanda si es procedente, toda
vez que lo pretendido no es la anulación de un comparendo individual sino el
acatamiento de normas superiores que regulan la legalidad de sistema de foto
detección en el municipio de Valledupar y, con ello, la anulación de más de
71.000 órdenes de comparendo.
10. Lo anterior, dado que no existen pruebas de que dichas sanciones hubiesen
sido impuestas de conformidad con los requisitos exigidos por la ley, ya que no
es permitido el funcionamiento de los dispositivos SAST.
II. CONSIDERACIONES
11. La Sala revocará la sentencia de primera instancia para rechazar la
demanda en cuanto al artículo 1 numeral 5 de la Ley 769 de 2002, declarar la
cosa jugada y la improcedencia frente a lo demás. Para ello, se analizarán las
siguientes cuestiones: i) el agotamiento del requisito de constitución en
renuencia, ii) el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
cumplimiento y, solo en caso de superarse, iii) si del contenido de las
disposiciones invocadas se derivan mandatos susceptibles de ser exigidos
mediante este medio de control.
2.1. El accionante agotó parcialmente el requisito de procedibilidad relativo
a la constitución en renuencia de las accionadas
12. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
3
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a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento7.
13. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»8. La falta de agotamiento de este requisito conlleva el rechazo de
la demanda.
14. En este caso está probado que, mediante la presente acción, el
demandante pretende que se les ordene a las autoridades accionadas el
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1 numeral 5, 129, 135 y 158A de la
Ley 769 de 2002; el artículo 6 de la Resolución No. 20203040011245 de 2020 y
10 de la Ley 1437 de 2011. No obstante, se constató que, el 26 de septiembre
de 2025, le solicitó a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de
Valledupar y a la Superintendencia de Transporte el acatamiento de lo dispuesto
en los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002; 6 de la Resolución
20203040011245 de 2020 y 10 de la Ley 1437 de 2011.
15. En ese sentido, para la Sala resulta evidente que, respecto al artículo 1
numeral 5 de la Ley 769 de 2002, no se agotó el requisito de constitución en
renuencia, lo cual impide que el juez constitucional estudie el fondo de sus
pretensiones, con miras a que se atienda lo establecido en los preceptos citados.
Contrario ocurre frente a los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002; el
artículo 6 de la Resolución No. 20203040011245 de 2020 y 10 de la Ley 1437 de
2011, pues, en efecto, el accionante sí solicitó el cumplimiento de las
mencionadas disposiciones en el escrito remitido.
16. En ese sentido, se tendrá por acreditada la constitución en renuencia en
relación con los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, 6 de la
Resolución No. 20203040011245 de 2020 y 10 de la Ley 1437 de 2011, ante la
Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar y la
Superintendencia de Transporte.
2.2. De la cosa juzgada
17. Debe recordarse que esta colegiatura ha manifestado que el objeto de la
cosa juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente
no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior, por
7
Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con
el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
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cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante,
obligatorio y, por tanto, de inmutable9.
18. En palabras de la Corte Constitucional:
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica10.
19. De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código
General del Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i)
identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.
20. Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del
fenómeno de la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no
es necesaria la identidad de partes, en específico, del extremo accionante. Lo
anterior, dado el carácter público de la acción, lo cual implica que puede
instaurarse por cualquier persona. Tratándose de la identidad de objeto, se
verifica la identidad del bien jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en
relación con la identidad de causa se determina la razón por la cual se acude a
esta instancia11.
21. Descendiendo al caso en concreto, se observa que, el 10 de abril de 2025,
esta Sala de decisión profirió un fallo de segunda instancia en el expediente con
radicado 20001-23-33-000-2024-00029-01, cuyo escrito inicial guarda identidad
con el de la presente acción constitucional, como pasa a exponerse en el
siguiente esquema.
22. Lo anterior, por cuanto en dicha acción de cumplimiento se solicitó el
acatamiento del artículo 18 de la Ley 2251 de 2022 (el cual adicionó el artículo
158A de la Ley 769 de 2002), artículos 3, y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos
127, 129 y 135 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo
3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por
el Ministerio de Transporte.
23. En esta oportunidad, la demanda se dirigió contra el Ministerio de
Transporte, la Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y el municipio de Valledupar, Secretaría de Tránsito y Transporte,
y tenía por objeto el retiro de circulación de los vehículos institucionales de la
autoridad de tránsito de Valledupar, así como que se ordenara a esta el
seguimiento de los procedimientos legales para la interposición de sanciones.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de
enero de 2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
10
Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
11
Ibidem.
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24. La Sala concluyó que el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte carecían de legitimación en
la causa por pasiva puesto que no eran las entidades llamadas a cumplir con las
normas consignadas en el libelo introductorio, dando lugar a la negación de las
pretensiones.
25. Asimismo, estimó que no existía un mandato exigible a la Secretaría de
Tránsito de Valledupar debido a que esta autoridad no ha implementado SAST
en el ejercicio de sus funciones sancionatorias, lo que, igualmente condujo a la
negativa de las petitorias.
26. En vista de esta decisión judicial, es posible establecer la configuración de
la cosa juzgada sobre la pretensión de cumplimiento dirigida a la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar y la Superintendencia accionada, de los
artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 y 6 de la Resolución No.
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.
27. Lo expuesto, ya que, en la sentencia del 10 de abril de 2025, esta Sala
estudió de fondo, si había lugar a exigir a dichas entidades el cumplimiento de
estas normas y, en consecuencia, ordenar a la Secretaría de Tránsito de
Valledupar el retiro de las patrullas «caza infractores» y la observancia de los
procedimientos legales en la interposición de sanciones, como se evidencia a
continuación:
Proceso Objeto Causa Partes (sujeto
pasivo)
Sentencia Se alegó el incumplimiento Se formularon las
del 10 de de lo dispuesto en los siguientes pretensiones: Ministerio de
abril de 2025 artículos pretende el (i) la anulación de los Transporte,
acatamiento de lo dispuesto comparendos que le Superintendencia
Radicado en los artículos 4 y 5 del fueron impuestos por los de Transporte, la
20001-23- Decreto 2409 de 2018, agentes de tránsito del Agencia Nacional
33-000- artículo 18 de la Ley 2251 municipio de Valledupar, de Seguridad Vial
2025-00029- de 2022 (el cual adicionó el (ii) el retiro de los (en adelante
01 artículo 158A de la Ley 769 vehículos de foto multa ANSV), el
de 2002) artículos 3, 4 y 13 llamados comúnmente municipio de
de la Ley 1843 de 2017, como «cazainfractores», y Valledupar y su
artículos 127, 129 y 134 al (iii) que se ordene a la Secretaría de
137 de la Ley 769 de 2002, autoridad de tránsito del Tránsito
y los literales a, d, g, i, m del municipio que la
artículo 3 y los artículos 5 al imposición de los
8 de la Resolución comparendos se realice
20203040011245 de 2020 de manera presencial,
expedida por el Ministerio individualizando al
de Transporte. infractor y otorgándole un
tiempo prudencial para el
retiro del vehículo en caso
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de estacionamiento en
sitios prohibidos.
Caso sub Se alegó el incumplimiento Se formularon las Superintendencia
examine de lo dispuesto en los siguientes pretensiones: de Transporte y
artículos pretende el (i) la anulación de los Secretaría de
Radicado 20- acatamiento de lo dispuesto comparendos que le Tránsito y
001-23-33- en los artículos 1 numeral 4, fueron impuestos por los Transporte de
000-2025- 2 numeral 7, 29, 135 y 158A agentes de tránsito del Valledupar.
00677-01 de la Ley 769 de 2002, municipio de Valledupar,
adicionado por el artículo 18 (ii) el retiro de los
de la Ley 2251 de 2022; el vehículos de foto multa
artículo 6 de la Resolución llamados comúnmente
No. 20203040011245 de como «cazainfractores», y
2020 y 10 de la Ley 1437 de (iii) que se ordene a la
2011. autoridad de tránsito del
municipio que la
imposición de los
comparendos se realice
de manera presencial,
individualizando al
infractor y otorgándole un
tiempo prudencial para el
retiro del vehículo en caso
de estacionamiento en
sitios prohibidos.
28. El esquema anterior nos permite concluir que existe una identidad de objeto,
causa y partes entre el asunto resuelto por esta Sala de decisión el 10 de abril
de 2025, y el litigio estudiado en el presente caso.
29. Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia el
fenómeno de la cosa juzgada. Esto es, ya existe una decisión de fondo y
ejecutoriada en la que se resolvió si la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Valledupar y la Superintendencia está incumpliendo o no, lo dispuesto en los
artículos alegados como desatendidos en la presente acción.
30. En otras palabras, para la Sala es claro que hay una decisión inmutable,
vinculante y definitiva que resolvió el mismo objeto, en la medida que las
disposiciones cuyo acatamiento se solicitó fueron las mismas, al tiempo que, la
demanda se fundó en la misma causa, pues el sustento fáctico y jurídico es
similar. Por tanto, corresponde la declaratoria de la cosa juzgada.
31. Del anterior análisis, se concluye que esta Sección declarará la cosa
juzgada respecto de artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 y 6 de la
Resolución No. 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de
Transporte.
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2.3. La acción no supera los requisitos de procedencia
32. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)12.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).
33. El incumplimiento de alguno de los requisitos de procedibilidad conlleva la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.
34. Como se estableció, el accionante solicitó: i) que se ordene a la Secretaría
de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación de todas las multas
aplicadas mediante los denominados «vehículos caza infractores»; (ii) que se
disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la imposición de
comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa vigente en punto
de la implementación de los SAST y (iii) que se ordene a la autoridad de tránsito
del municipio que la imposición de los comparendos se realice de manera
presencial, individualizando al infractor y otorgándole un tiempo prudencial para
el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios prohibidos.
12
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
8
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35. En relación con la primera pretensión, se advierte que la controversia
escapa del ámbito de acción del juez de cumplimiento, toda vez que encierra un
debate jurídico sobre la validez de los comparendos que han sido interpuestos
por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. En tal sentido, se
advierte que esta solicitud no acredita el cumplimiento del requisito de
procedencia de subsidiariedad.
36. Lo anterior, dado que la afectado tuvo o pudo ejercer otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
aunado a que no acreditó la configuración de un perjuicio grave e inminente en
su situación en concreto ante la improcedencia del mecanismo constitucional.
37. En efecto, si bien cuando en este escenario se solicita el cumplimiento de
las normas descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia plantea una
discusión de carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo
contencioso administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, siempre que acredite
la legitimación en la causa, circunstancia que hace improcedente la acción
constitucional. La actora puede cuestionar la legalidad de estos actos
administrativos de naturaleza sancionatoria a través de dicho medio de control y,
de ser el caso, solicitar el restablecimiento del derecho ante la afectación de sus
intereses.
38. En ese orden de ideas, la pretensión estudiada trasciende al simple objetivo
de cumplimiento de las normas legales invocadas como sustento de la acción, en
busca de su eficacia. Lo anterior, debido a que el objeto de la acción es que el
juez estudie la legalidad del acto administrativo por medio del cual se le impuso
la multa al actor.
39. Por otra parte, frente a las pretensiones restantes que tienen que ver con el
retiro de los vehículos «caza infractores» y la imposición de comparendos de
manera presencial por considerar que se incurrió en irregularidades en el
procedimiento, se advierte que tampoco se cumple con el requisito de
subsidiariedad ya que dicha finalidad escapa a la órbita del juez de cumplimiento,
pues se reprocharía la legalidad de la actuación de la administración, lo cual
impone acudir al medio de control correspondiente.
40. En efecto, se evidencia que la accionante, más allá de pretender el
acatamiento de una norma, con la solicitud de cumplimiento pretende que sean
anulados los fotocomparendos que le han sido impuestos. Además, para ello
existe un procedimiento administrativo sancionatorio que puede ser solicitado por
el accionante. Por lo tanto, no es procedente las solicitudes de anulación de las
multas, retiro de los vehículos «caza infractores», e imposición de las sanciones
de manera presencial.
41. Aunado a ello, la Sala advierte que el accionante también solicitó el
obedecimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011. En la demanda se plantea
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que su finalidad es que el extremo pasivo de aplicabilidad al precedente judicial.
Al respecto, si bien se invocó una disposición legal, lo cierto es que se busca el
obedecimiento de decisiones judiciales, asunto que escapa al objeto de este
medio de control y por ende en relación con dicho precepto la acción se torna
improcedente.
42. Ciertamente, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de
cumplimiento no procederá «cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto
administrativo, salvo, que, de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante», lo cual no fue alegado ni en el escrito de la
demanda, ni en la impugnación.
2.3. Conclusión
43. Así las cosas, esta Sala revocará parcialmente la sentencia de primera
instancia que declaró la improcedencia de la acción. En su lugar, se rechazará la
demanda en cuanto al artículo 1 numeral 5 de la Ley 769 de 2002, y declarará la
cosa juzgada y la improcedencia frente a lo demás.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 4 de diciembre de
2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar para, en su lugar:
1. RECHAZAR la demanda en cuanto al artículo 1 numeral 5 de la Ley 769
de 2002.
2. DECLARAR LA COSA JUZGADA respecto a los artículos 129, 135 y
158A de la Ley 769 de 2002 y 6 de la Resolución No. 20203040011245 de
2020.
3. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA frente a las pretensiones de anulación
de comparendos, imposición de los mismos de manera presencial y
aplicación del precedente (conforme al artículo 10 de la Ley 1437 de 2011).
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
10
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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