República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02921-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02921-00 (4509)
Accionante: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías. Subtema 3: defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) contra el
Juzgado Décimo Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila.
1. Síntesis del caso
La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio1 (FOMAG), a través de apoderada, presentó acción de tutela
con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la defensa, a la contradicción y a la igualdad, que consideró vulnerados por el
Juzgado Décimo Administrativo de Neiva y la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila, con ocasión de las sentencias proferidas el 17 de enero de
2025 y el 20 de enero de 2026, respectivamente, dentro del expediente con radicado
núm. 41001-33-33-010-2024-00105-00/01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
En adelante FOMAG
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02921-00 (4509)
Accionante: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
2. La señora Claudia Isabel Mañosca Palomino se encuentra vinculada al servicio
docente del departamento del Huila y afiliada al FOMAG.
3. La tutelante, el 10 de diciembre de 2019, radicó petición ante la referida entidad,
a través de la cual solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías.
4. La Secretaría de Educación del Huila, mediante Resolución núm. 9686 del 20
de diciembre de 2019, accedió la prestación reclamada, las cuales se pagaron el 13
de abril de 2020.
5. La accionante, a través de escrito del 30 de noviembre de 2020, pidió el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria ante la Secretaría de Educación del
Huila, la Fiduprevisora y el FOMAG. Estas autoridades no emitieron respuesta
alguna, lo que configuró el silencio administrativo negativo.
6. La señora Claudia Isabel Mañosca Palomino presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho para que se dejara sin efectos el mencionado acto
administrativo y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de la
sanción por mora, de conformidad con lo establecido en la Ley 1071 de 2006.
7. El Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 17 de
enero de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. De esta
manera: i) declaró la nulidad del acto ficto o presunto demandado y ii) condenó
únicamente al Ministerio de Educación Nacional, FOMAG a pagar la sanción
moratoria reclamada por la demandante por el periodo comprendido entre el 1 y el
12 de abril de 2020. Contra dicha decisión, la entidad condenada interpuso recurso
de apelación.
8. El Tribunal Administrativo del Huila, a través de providencia del 20 de enero de
2026, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela2, lo siguiente:
1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
contradicción, igualdad, principio de legalidad del gasto público y responsabilidad fiscal
de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG, que se consideran vulnerados por las providencias
judiciales demandadas.
2. Que se deje sin efectos la Sentencia proferida el 20 de enero de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Huila, que modificó la condena y resolvió el pago contra el FOMAG
por concepto de sanción moratoria en el mismo proceso.
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02921-00, índice 2, certificado 9F3E4CFB471E9E31 B8A05791270865AE
9102D1B693FDC14A 25A3D4484B58282C.
2
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Accionante: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
3. Que, en consecuencia, se ordene dictar nueva providencia en la que se observe y
aplique de manera estricta lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019,
modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, reconociendo que la
responsabilidad por el pago de la sanción moratoria corresponde exclusivamente a la
entidad territorial y no al FOMAG.
5. Que se exhorte a los despachos judiciales accionados para que, en futuros casos
análogos, armonicen sus decisiones con la normatividad vigente y la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, evitando imponer al
FOMAG obligaciones prohibidas por la ley y carentes de apropiación presupuestal.
[…]3.
10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que las
providencias cuestionadas incurrieron en un defecto sustantivo, porque condenaron
a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG al pago de la sanción por
mora derivada del reconocimiento extemporáneo de las cesantías a favor de la
señora Claudia Isabel Mañosca Palomino, sin considerar que no existe una norma
que imponga la última entidad el deber de asumir esta prestación económica
generada a partir del 1 de enero de 2023.
11. En este sentido, explicó que las decisiones cuestionadas aplicaron de manera
mecánica la Ley 1071 de 2006, sin armonizarlas con el artículo 57 de la Ley 1955
de 2019 y el artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 942 de 2022, lo cual le hubiese
permitido precisar que la sanción moratoria debe ser asumida por la entidad que la
cause según la etapa del trámite en que se produzca. Así pues, en el caso bajo
estudio, la responsabilidad recaía en la entidad territorial demandada.
12. Además, expuso que las providencias cuestionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente, porque dieron aplicación a la sentencia de
unificación jurisprudencial CE-SUJ-SII-012- SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018, sin
tener en cuenta que dicha decisión fue construida bajo un régimen normativo
anterior que ha venido evolucionando y no estableció la modificación introducida por
la Ley 1955 de 2019.
13. Por otra parte, señaló que las sentencias objeto de tutela incurrieron en un
defecto fáctico, en tanto omitieron valorar adecuadamente los documentos que
acreditan la trazabilidad del trámite adelantado para el reconocimiento y pago de las
cesantías reclamadas por la señora Claudia Isabel Mañosca Palomino. En
particular, se dejó de apreciar la información relativa a la fecha de expedición del
acto administrativo, su notificación, su remisión al FOMAG y la fecha efectiva de
pago.
14. Destacó que la mora reclamada no es atribuible al FOMAG, pues la Secretaría
de Educación a partir del momento en que recibió la solicitud de reconocimiento de
cesantías (10 de diciembre de 2019), contaba con 15 días para la elaboración y
expedición del correspondiente acto administrativo, que fue notificado y remitido de
manera extemporánea a la Fiduprevisora. Por consiguiente, no se generó retardo
alguno por parte de la entidad en el pago de la prestación.
3
Se transcribe incluso con errores.
3
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15. Por último, sostuvo que se configuró una violación directa de la Constitución, en
la medida en que las decisiones cuestionadas desconocieron los principios de
legalidad y sostenibilidad fiscal, los cuales ostentan una jerarquía superior dentro
del ordenamiento jurídico.
2.3. Trámite procesal
16.
El despacho ponente, mediante auto del 22 de abril de 20264, admitió la solicitud
de amparo, ordenó la notificación al Juzgado Décimo Administrativo de Neiva y la
Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, y puso en conocimiento
el escrito de tutela a la señora Claudia Isabel Mañosca Palomino, a la Fiduprevisora
y al departamento del Huila, en su condición de terceros con interés.
2.4. Intervenciones
17. El Ministerio de Educación Nacional5 manifestó que coadyuvaba la acción de
tutela promovida por el FOMAG, en especial en lo relativo a la improcedencia del
pago de la sanción moratoria generada durante la vigencia 2023.
18. Afirmó que la decisión cuestionada impuso una obligación que no encuentra
sustento en el ordenamiento jurídico vigente, en la medida en que la sanción
moratoria, objeto de controversia, se generó con posterioridad a la entrada en vigor
del Decreto 942 de 2022.
19. Por lo tanto, refirió que trasladar al FOMAG la obligación de asumir el pago de
la sanción desconocería de manera directa el marco normativo aplicable. Por lo
anterior, solicitó que se accediera a las pretensiones de la parte accionante.
20. El Juzgado Décimo Administrativo de Neiva6 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.
21. Los demás sujetos vinculados al presente trámite constitucional guardaron
silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el FOMAG contra el Juzgado Décimo
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02921-00, índice 5, certificado 2ADE643E3755ECCF F2773C4FD6444DB2
D8E7AFF7D1EB40B8 3C7177E6E401E596.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02921-00 índice 14, certificado 86F1F5AB60C3E6FB 0A3B753270FFC1CF
1B9778B236707136 C75D5CE8B43B36FA.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02921-00, índice 13, certificado 9869CBA011A8F04B 83F1FBD923FC6B2C
F51319CF2603021C 91EA089C0C1D71BB.
4
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Administrativo de Neiva y la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del
Huila.
3.2. Legitimación en la causa
23. La legitimación en la causa por activa del FOMAG está acreditada, porque fue
la entidad que integró la parte demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconocido sus
derechos fundamentales.
24. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Décimo Administrativo de Neiva y la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo
del Huila, debido a que fueron las autoridades que profirieron las sentencias, objeto
de tutela.
25. Ahora bien, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 19917, la
persona que tuviere un interés legítimo con el resultado del trámite de tutela podrá
intervenir como coadyuvante del actor8. En tal sentido, los coadyuvantes son
terceros que no reclaman un derecho propio para que sea definido por el juez
constitucional, sino un interés personal en la suerte de la pretensión de alguna de
las partes por tener con esta una relación sustancial «ajena a los efectos de la
sentencia, pero que indirectamente puede verse afectada si la parte coadyuvada
obtiene un fallo desfavorable»9. La Corte Constitucional ha indicado frente a este
asunto, de manera puntual, lo siguiente:
[E]l coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que «impliquen disposición
del derecho del litigio». Así mismo, no podrá modificar el problema jurídico planteado
en la acción de tutela ni «realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias
que difieran de las hechas por el demandante».
26. En el presente asunto, el Ministerio de Educación Nacional manifestó que
coadyuva las pretensiones del accionante. Así pues, revisado el expediente, se
observa que actuó como entidad demandada en el proceso ordinario. En este orden,
la Sala la tendrá como coadyuvante de la parte tutelante, toda vez que sus intereses
están representados en la pretensión de amparo que formula el FOMAG.
3.3. Cuestión preliminar
3.3.1. La providencia objeto de estudio
27. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Décimo Administrativo de
7
ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la
autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del
proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho
la solicitud.
8
Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2012.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-326 de 2022.
5
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Neiva y por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que los
argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de
materia y se dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.
28. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 20 de enero de 2026 por la Sala Sexta de Decisión
del Tribunal Administrativo del Huila, toda vez que esta decisión fue la que puso fin
a la actuación judicial promovida por Claudia Isabel Mañosca Palomino en contra
de la Nación, Ministerio de Educación, FOMAG.
3.3.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
29. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional11.
30.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
31. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
32. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
6
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orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.
3.3.3. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
33. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
34. Así pues, la Corte Constitucional15 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»17;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
35. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
36. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
37. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 20 de enero de 2026 por la Sala Sexta de Decisión del
13
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7
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Tribunal Administrativo del Huila fue notificada el 26 de enero siguiente18, y la
demanda de tutela se presentó el 16 de abril de 202619, esto es, dentro del plazo de
seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional20 y del Consejo de Estado21
como razonable.
38. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos en los que se sustenta la
afectación alegada.
39. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
40. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución y, en ese
orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.
3.4. Problema jurídico
41. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo del Huila
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
contradicción y a la igualdad de la parte actora e incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, al
proferir la sentencia del 20 de enero de 2026, mediante la cual condenó a la tutelante
a reconocer y pagar una sanción por mora en el pago de cesantías, reclamada por
una docente?
42. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
43. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado22.
44.De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
18
Samai, exp. 41001-33-33-010-2024-00105-01, índice 13.
19
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02921-00, índice 1.
20
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
22
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02921-00 (4509)
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Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
45. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]23.
46. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
47. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).24
3.4.2. El defecto fáctico
48.
De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»25. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión26» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
49. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
23
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02921-00 (4509)
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o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»27. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»28.
50. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso29.
51. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial30, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»31.
52. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
27
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
29
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
30
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
31
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
10
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de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]32.
3.4.3. El desconocimiento del precedente judicial
53. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas33.
54. Al respecto, la Corte Constitucional34 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente,
el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un
sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales35.
55. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
32
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
33
Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
34
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
35 Se transcribe incluso con errores.
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autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia36.
56. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»37.
57. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela38.
58. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación39.
59. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.4.4. Violación directa de la Constitución
60. De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene
fundamento en la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 superior, según el cual
la Carta Política es norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y,
ante cualquier «incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica,
se aplicarán las disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de
procedencia ocurre cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un
36 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
38 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
39 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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alcance insuficiente a las reglas, principios y valores consagrados en el texto
superior»40.
61. En un principio, el defecto de violación directa de la constitución fue concebido
como un defecto sustantivo; sin embargo, en la sentencia T-949 de 2003 fue
comprendido como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200541.
Ahora bien, el alto tribunal constitucional ha indicado que esta causal se configura
en los siguientes eventos:
i) En la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición
legal de conformidad con el precedente constitucional;
ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación
inmediata;
iii) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no
tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución; y
iv) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma
incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales42.
62. En conclusión, el defecto autónomo de violación directa de la Constitución
supone el desconocimiento por parte de los jueces del mandato contenido en el
artículo 4 superior que antepone, de manera preferente, la aplicación de los
postulados de la Constitución Política, sus reglas, principios y valores.
3.5. Caso concreto
63. En el asunto bajo estudio, Claudia Isabel Mañosca Palomino presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, FOMAG con el fin de que se dejara sin efectos la Resolución núm. 9686
del 20 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y
pago de la sanción por mora, de conformidad con lo establecido en la Ley 1071 de
2006.
64. En primera instancia, el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, mediante
sentencia del 17 de enero de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Huila, a través
de providencia del 20 de enero de 2026, la confirmó en todas sus partes.
65. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que el Tribunal accionado, al proferir el fallo del 20 de enero de 2026, incurrió en
defecto sustantivo, por cuanto aplicó la Ley 1071 de 2006, sin efectuar una
interpretación armónica del asunto con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y el
artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 942 de 2022, lo cual le hubiese permitido precisar
que la sanción moratoria debe ser asumida por la entidad que la cause según la
etapa del trámite en que se produzca. Así pues, en el caso bajo estudio, la
40
Corte Constitucional, sentencia T- 587 de 2017.
41
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
42
Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.
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responsabilidad recaía en la entidad territorial demandada.
66.
Asimismo, indicó que la sentencia acusada incurrió en defecto fáctico, toda vez
que efectuó una valoración defectuosa de la trazabilidad del trámite que se surtió
para el reconocimiento y pago de las cesantías a favor de la señora Claudia Isabel
Mañosca Palomino, en lo que respecta a la expedición del acto administrativo, su
notificación, su remisión al FOMAG y la fecha real de pago.
67.
Agregó que la decisión cuestionada también desconoció el precedente, porque
aplicó la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-SII-012-2018-SUJ-012-S2
del 18 de julio de 2018, sin tener en cuenta que dicha decisión fue construida bajo
un régimen normativo anterior al previsto en la Ley 1955 de 2019.
68. De igual manera, la parte actora alegó que en la decisión objeto de tutela se
configuró una violación directa de la Constitución, porque se desentendieron los
principios constitucionales de legalidad y sostenibilidad fiscal.
69. Al respecto, se observa que, el Tribunal Administrativo del Huila, en la sentencia
del 20 de enero de 2026, con el fin de definir el marco normativo y jurisprudencial
que rige el tema del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías del personal docente, efectuó una valoración del contenido
de la Ley 1071 de 2006, que modificó la Ley 244 de 1995, en concordancia con la
Ley 91 de 1989.
70. Adicionalmente, se advierte que la autoridad judicial accionada precisó que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-336 de 2017 «consideró que aquellas
personas que se desempeñan como docentes al servicio del Estado tienen derecho,
previo cumplimiento de los requisitos legales y según se evalúe en cada caso
concreto, al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006».
71. Asimismo, la providencia acusada examinó las reglas jurisprudenciales
previstas en la sentencia de unificación CESUJ-SII-012-2018 -SUJ-012-S2 del 18
de julio de 2018, para determinar las situaciones ocurridas en el trámite
administrativo y el momento concreto a partir del cual se hace efectiva la sanción
por mora a favor del personal docente.
72. A partir del anterior contexto normativo y jurisprudencial, el Tribunal
Administrativo del Huila revisó el material probatorio aportado al trámite judicial. En
particular, puso de presente que la señora Claudia Isabel Mañosca Palomino, en su
condición de docente afiliada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio,
solicitó a la Secretaría de Educación del Departamento del Huila el reconocimiento
y pago de cesantías parciales, el 10 de diciembre de 2019. Dicha entidad, mediante
Resolución núm. 9686 del 20 de diciembre de 2019, accedió a lo pedido por la
peticionaria y notificó este acto administrativo por aviso el día 13 de enero de 2020,
el cual quedó ejecutoriado el 27 de enero de esa anualidad.
73. De esta manera, la autoridad accionada consideró que: «la Secretaría de
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Educación Departamental del Huila cumplió con su deber legal de expedir en tiempo
el acto de reconocimiento, pues se observa que fue inferior a los 15 días otorgados
para ello».
74. Asimismo, el Tribunal constató que el acto administrativo fue remitido «a la
Fiduprevisora S.A. dentro de la oportunidad legal que correspondía, según se
desprende del oficio HUI2020EE001595 de fecha 28 de enero de 2020 […]» y,
conforme, «la certificación expedida por la Fiduprevisora S.A. del 15 de julio de
2024, el pago de tales cesantías fue efectuado el 13 de abril de 2020, pues el
desembolso fue puesto a disposición de la demandante ese día». De este modo,
advirtió que el e FOMAG incurrió en mora en el pago por un periodo de 12 días,
causados entre el 1 y el 12 de abril de 2020.
75. Con base en lo mencionado, la autoridad judicial se pronunció sobre la
configuración de la sanción mora reclamada por la demandante, en los siguientes
términos:
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y a efectos de definir si existió mora en el
pago de tales cesantías, debe acudirse a la sentencia de unificación SUJ-012-S2 de
18 de julio de 2018, en la cual se fijaron las reglas y términos para el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria, a todos los docentes oficiales, sin distinción del régimen
que los cobije, y conforme a lo previsto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, y en
la que se dispuso que el momento a partir del cual se configura es a partir de la fecha
de radicación de la reclamación administrativa.
En el caso examinado, advierte la Sala que la Secretaría de Educación Departamental
del Huila cumplió con el plazo previsto en la ley para expedir, notificar y remitir el acto
de reconocimiento de cesantías y que la mora ocurrió y es atribuible al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, ya que efectuó el pago vencido el término
establecido para ello, […]
76. El Tribunal Administrativo del Huila, una vez precisó las actuaciones surtidas al
interior del trámite administrativo, consideró que: «el caso de la docente Claudia
Isabel Mañosca se subsume en la quinta hipótesis que [estableció] el Consejo de
Estado en la aludida sentencia de unificación, pues las cesantías fueron
reconocidas en término, el acto de reconocimiento fue notificado por aviso y por ello,
la mora ocurrió a partir del 1.º de abril de 2020, esto es, al vencerse 55 días
siguientes a la notificación».
77. Seguidamente, la providencia objeto de tutela se pronunció sobre el alcance del
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y la obligación que le correspondería al FOMAG
en el pago de la sanción mora reclamada por la parte demandante, así:
En cuanto a lo alegado por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag, respecto a que el ad quo
desconoció lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, según el cual las
sanciones moratorias causadas a partir del 1º de enero de 2020 son de responsabilidad
exclusiva de las entidades territoriales y no del FOMAG, es preciso indicar que del
15
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acervo probatorio se advierte una evidente divergencia probatoria 43, originada en la
contradicción que se presenta a partir de los mismos documentos allegados por el
Departamento del Huila, la cual debe resolver la Sala a efectos de determinar si esta
entidad es la responsable del pago de la sanción moratoria.
En efecto, en el oficio No. HUI2020EE001595 de fecha 28 de enero de 2020, la
Secretaría de Educación afirma haber remitido oportunamente la orden de pago a la
Fiduprevisora, acompañado de la trazabilidad del trámite visible en el radicado
2024CS020141-1 del 2 de abril de 2024 y de la constancia de envío protocolo
identificada bajo el rótulo “Correspondencia Externa Enviada – CEE”, con soporte en
el de transferencia de hipertexto seguro
https://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/R_CorrEE/; y en la contestación se
incorpora documento (hoja de revisión No. 1866251) 44, que sugiere que el envío no se
produjo en esa fecha sino con posterioridad, lo cual genera una contradicción interna
en el material probatorio.
Para la Sala, la fuerza probatoria de un documento no depende únicamente de su
contenido, sino de su origen, autenticidad y trazabilidad y bajo los principios de la sana
crítica, el oficio No. HUI2020EE001595 del 28 de enero de 2020 45, expedido por la
Secretaría de Educación del Huila, reviste mayor fiabilidad, por cuanto reúne varias
garantías: (i) es un documento oficial con número de radicación, lo cual le confiere
autenticidad formal; (ii) está respaldado por trazabilidad en el sistema institucional
SAC46, herramienta que asegura la fecha cierta y la cadena de custodia digital del
trámite; y (iii) se encuentra acompañado de constancia de envío bajo el rótulo
“Correspondencia Externa Enviada – CEE”47, lo que acredita su remisión efectiva. En
contraste, el pantallazo de la hoja de revisión No. 1866251 expedido por la
Fiduprevisora carece de estas garantías, pues se trata de un registro interno, sin
radicado oficial ni certificación que acredite su autenticidad, lo que limita su fuerza de
validez. En consecuencia, la prueba documental emanada del Departamento del Huila
debe tenerse como la fuente más fidedigna para establecer la fecha de remisión del
acto administrativo al ofrecer mayor consistencia, seguridad y credibilidad frente a un
soporte meramente interno y unilateral, justo como le dio valor la primera instancia.
Así las cosas, tal y como se evidencia en el cuadro donde se detallaron las fechas de
trámite dadas a la petición de reclamo de reconocimiento de las cesantías, fácil resulta
advertir que el ente territorial no demoró en la expedición del acto de reconocimiento,
como tampoco en la remisión del mismo al Fomag, dado que luego de la ejecutoria que
surtió el 27 de enero de 2020, al día siguiente se procedió al envío del acto, es decir,
dentro del término legal con que contaba para hacerlo.
Frente a ello, es claro para esta Sala, que la actividad administrativa desplegada por la
entidad territorial se circunscribió a una diligente y oportuna resolución del derecho
reclamado, por lo que, así establecido el asunto, carece de fundamento en dicho
aspecto el reproche señalado en tal dirección por parte del Fomag, porque
precisamente al aplicar el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, fácil resulta
43
Autores Fredy Hernando Toscano López, Juan Carlos Naizir Sistac, Luis Guillermo Acero Gallego, Ramiro Bejarano
Guzmán. (2020), Derecho Probatorio. Desafíos y Perspectivas Editorial Universidad Externado de Colombia-Bogotá. “La
divergencia probatoria no debe entenderse como una simple contradicción entre medios de prueba, sino como una tensión
que exige del juez una labor argumentativa rigurosa. Cuando las pruebas conducen a conclusiones opuestas, el
operador judicial debe justificar por qué otorga mayor credibilidad a unas sobre otras, conforme a los principios de
la sana crítica, la lógica y la experiencia.”
44
Índice 015 f. 030- expediente electrónico primera instancia Samai Contestación Demanda Departamento
45
Ib. f. 034-035
46
Ib. f. 043-044
47
Ib. f 048-050
16
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concluir que la obligación de pago por sanción moratoria no procede de pleno derecho,
como lo plantea, sino que una vez comprobada la actuación surtida es evidente que la
mora corre a cargo del Fomag.
Como ya se advirtió, conforme lo establece el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955
de 2019, la entidad territorial SOLO es responsable del pago de la sanción moratoria
cuando el retardo en el desembolso de las cesantías sea atribuible al incumplimiento
de los plazos para la expedición, notificación y remisión o entrega oportuna de la
solicitud de pago al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En
consecuencia, dicha responsabilidad no se deriva automáticamente del hecho de que
el Fomag haya efectuado el pago de forma extemporánea, sino que requiere verificar
si la mora fue ocasionada por una actuación negligente o tardía imputable a la
Secretaría de Educación territorial. Esta disposición delimita claramente el ámbito de
imputación de la sanción, reforzando el principio de responsabilidad directa e individual
por la conducta que genera el incumplimiento.
78. De acuerdo con lo anterior, se advierte que el Tribunal accionado realizó una
valoración del contenido del oficio núm. HUI2020EE001595 del 28 de enero de
202048, expedido por la Secretaría de Educación del Huila, para señalar que este
documento reviste mayor fiabilidad y, por ende, se debía tomar por cierta la remisión
oportuna que hizo la entidad territorial a FOMAG, respecto del acto administrativo
que reconoció las cesantías reclamadas por la docente.
79. Adicionalmente, la autoridad judicial accionada indicó que el pantallazo de la
hoja de revisión núm. 1866251 expedido por la Fiduprevisora carecía de las
garantías que generara confiabilidad del documento, pues se trata de un registro
interno, sin radicado oficial ni certificación que acredite su autenticidad, lo que
limitaba su fuerza de validez.
80. Por lo expuesto, la corporación judicial accionada consideró que, una vez
verificada la trazabilidad del trámite administrativo, era posible inferir que el ente
territorial no incurrió en demora ni en la expedición del acto de reconocimiento ni en
su remisión al FOMAG. En efecto, tras la ejecutoria del acto, ocurrida el 27 de enero
de 2020, al día siguiente se procedió a su envío, esto es, dentro del término legal
previsto para tal efecto.
81. De este modo, el Tribunal concluyó que la obligación del pago de la sanción
moratoria correspondía al FOMAG, debido a que de los documentos aportados por
la Secretaría de Educación del Huila permitían constatar la actuación administrativa
a su cargo se cumplió dentro de los términos establecidos y, por lo tanto, no era
atribuible aplicar lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, puesto que
no se evidenció una gestión tardía o negligente de la entidad territorial.
82. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 20 de enero de 2026,
proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, realizó
un análisis razonable y adecuado de la normativa, la jurisprudencia aplicable al
asunto y los documentos aportados al proceso.
48
Ib. f. 034-035
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83. En efecto, se advierte que el Tribunal analizó el contenido de la Ley 1071 de
2006, que modificó la Ley 244 de 1995, en concordancia con la Ley 91 de 1989 y
las sentencias SU-336 de 2017 de la Corte Constitucional y CESUJ-SII-012-2018-
SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado con el fin de verificar la
trazabilidad con la que se resolvió la reclamación de las cesantías por parte de la
señora Claudia Isabel Mañosca Palomino y determinar cómo se configuraba la
sanción moratoria.
84.
A partir de lo dicho, la autoridad judicial accionada consideró que la obligación
de pago de la sanción moratoria no podía recaer en la entidad territorial, como se
establece en el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, dado que no se
demostró un comportamiento negligente de la Secretaría de Educación
Departamental del Huila.
85. En este punto, conviene mencionar que, según el parágrafo del artículo 57 de
la Ley 1955 de 2019 «[l]a entidad territorial será responsable del pago de la sanción
por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago
extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos
previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte
de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio». Sin embargo, esto no ocurrió en el caso bajo estudio, pues, como
lo indicó la autoridad judicial accionada, el acto administrativo que reconoció las
cesantías fue proferido, notificado y remitido oportunamente al FOMAG.
86. Se debe aclarar que, si bien el parágrafo referido estableció que el FOMAG
asumiría el pago de las sanciones causadas a diciembre de 2019, también lo es
que, posteriormente, esa disposición fue modificada por el artículo 324 de la Ley
2294 de 202349, en el sentido de determinar que «[p]ara efectos de financiar el pago
de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio causadas a diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería […]».
87. Sobre el particular, esta Subsección en sentencia del 19 de febrero de 202650
ha indicado lo siguiente:
Aclarado lo anterior, se procede a analizar [el] cargo encaminado a determinar, cual
entidad debe responder por la obligación de pago de la penalidad, comoquiera que,
conforme a los fundamentos esbozados en el recurso de apelación presentado por la
entidad demandada, la obligación recae en la entidad territorial, esto es, la Secretaría
de Educación de Bogotá.
Para empezar, el artículo 56 de la Ley 962 del 2005 reguló el procedimiento para
reconocer las prestaciones, incluyendo el pago de cesantía, el cual estaba a cargo de
la entidad territorial y la Fiduprevisora, de la siguiente forma:
[…]
49
«Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022- 2026 “Colombia potencia mundial de la vida».
50
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2026, radicado núm. 17001-23-33-
000-2020-00257-01 (2659-2025).
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02921-00 (4509)
Accionante: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
51. Empero, el citado artículo, fue derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 del 2019.
Regulando en el precepto 57, todo lo relacionado con la eficiencia en la administración
de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG.
52. En efecto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, el legislador previo en el
artículo 57, que las cesantías definitivas y parciales serán reconocidas por la Secretaría
de Educación de la entidad territorial y el pago le corresponde al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la Fiduciaria. A su vez, precisó que el
pago de la sanción por mora recae en la entidad territorial en aquellos eventos en que
las cesantías se hayan cancelado de forma extemporánea, ante el incumplimiento de
los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud por parte de la
Secretaría al FOMAG. Sin embargo, esa responsabilidad en el pago de la sanción solo
empezaría a operar para las que se causaran a partir del 1 de enero del 2020, pues, lo
que se genere en fechas anteriores sería competencia de la Fiduprevisora como
administradora del Fondo, a través de los títulos de tesorería emitidos por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, como lo indica el parágrafo transitorio del citado
precepto:
[…]
53. El aludido parágrafo transitorio estuvo vigente desde el 25 de mayo del 2019. No
obstante, fue modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 del 2023 «por el cual se
expide el plan nacional de desarrollo 2022- 2026 «Colombia potencia mundial de la
vida» y en donde se dispuso que el FOMAG asumiría el pago de las sanciones
causadas a diciembre de 2022 con cargo a títulos de Tesorería que para tal efecto
emitiría el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La citada Ley entró en vigencia a
partir del 19 de mayo del 2023.
88. Dicho esto, es dable concluir que no le era posible al Tribunal accionado aplicar
el contenido del artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 942 del 1 de junio de 2022, como
lo pretendía la entidad demandada, hoy tutelante, pues, para la fecha en que la
docente presentó la solicitud de reconocimiento de cesantías parciales, esto es, el
10 de diciembre de 2019, la referida norma no había entrado en vigencia y las
responsabilidades de las entidades involucradas ya se encontraba definidas con el
Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1955 de 2019.
89. En efecto, se debe indicar que el artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 1075 de
201551, establece que: «[…] el pago de la sanción moratoria que se hará con cargo
a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin
perjuicio de las acciones legales o judiciales correspondientes que se deban
adelantar en contra de quien dé lugar a la configuración de la sanción moratoria,
con el fin de que el Fondo recupere las sumas pagadas por el incumplimiento de los
términos previstos en la Ley 1071 de 2006».
90. Lo anterior permite advertir que lo previsto en el parágrafo del artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019 y el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, guardan relación con lo
establecido en el artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 1075 de 2015, frente la entidad
responsable del pago de la sanción moratoria.
51
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación».
19
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02921-00 (4509)
Accionante: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
91. De acuerdo con lo mencionado, se observa que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Huila de ninguna manera realizó una interpretación sesgada de
la normativa aplicable y de los criterios jurisprudenciales que rigen el caso sometido
a estudio; por el contrario, lo que se advierte es que los argumentos desarrollados
en la providencia objeto de tutela atienden las pautas establecidas por el legislador
sobre la forma de definir a quien corresponde el pago y reconocimiento de la
sanción moratoria.
92. Así las cosas, el análisis probatorio desarrollado por la autoridad judicial
accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo que en
realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le
haya otorgado el valor probatorio que el tutelante pretendía que se les atribuyera a
los medios de prueba allegados al proceso.
93. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»52.
94. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.
95. De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento
que se acomode a sus intereses y pretensiones.
4. Conclusión
96. La providencia proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila no vulneró los derechos fundamentales invocados por la
parte actora, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento
del precedente y violación directa a la Constitución que exija la intervención del juez
52
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02921-00 (4509)
Accionante: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por la
accionante.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Tener al Ministerio de Educación Nacional como coadyuvante de la parte
tutelante, conforme al sustento de esta decisión.
Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por el FOMAG en contra de la Sala
Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02921-00 (4509)
Accionante: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
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