RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03819-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03819-00

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03819-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03819-00 (6026)
Accionante: Universidad de Córdoba
Accionado: Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: caducidad. Subtema 3: inmediatez.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la Universidad de Córdoba contra la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba.

1. Síntesis del caso

La Universidad de Córdoba, a través de apoderada judicial, presentó escrito de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, a la
defensa y a la igualdad, que consideró vulnerados por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Córdoba, con ocasión de la sentencia proferida el 19
de septiembre de 2025 dentro del proceso identificado con el núm. 23001-33-33-
005-2022-00438-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

1 1 Samai, índice 2, certificado 9F61E056ACDEB4B6 127FCD784FD69273 14CBD93801AB2953
DB89E5E5C4441C78.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03819-00 (6026)
Accionante: Universidad de Córdoba
Accionado: Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba

2. La señora Clara María Gracia Zuleta presentó demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Universidad de
Córdoba, con el objeto de obtener la nulidad de las resoluciones núm. 2315 del 23
de diciembre de 2021, 013 del 17 de enero de 2022, 0082 del 2 de febrero de 2022
y 1065 del 17 de mayo de 2022, y en consecuencia, se le reintegrara al cargo de
profesional especializado Código 2028, Grado 14, o a uno de igual o superior
jerarquía.

3. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Noveno Administrativo
de Montería que, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2024, declaró
probadas las excepciones de caducidad de la acción e improcedencia del medio de
control frente a la Resolución núm. 1065 de 17 de mayo de 2022, al considerar que
se trataba de un acto de mera ejecución. Contra esta decisión, la señora Clara María
Gracia Zuleta presentó recurso de apelación.

4. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante
providencia del 19 de septiembre de 2025, revocó la decisión del 19 de diciembre
de 2024 y, en su lugar, declaró la nulidad de las resoluciones núm. 2315 del 23 de
diciembre de 2021 y 013 del 17 de enero de 2022. En concreto, el Tribunal consideró
que se configuró una falsa motivación, toda vez que la señora Clara María Gracia
Zuleta se encontraba en un cargo de nivel superior y mediante dichas resoluciones,
se modificó su condición para ubicarla en cargos inferiores, lo que implicó una
desmejora de sus condiciones laborales.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

5. La Universidad de Córdoba solicitó al juez constitucional el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad y, en consecuencia, que ordenara lo
siguiente:

1.1. […] la anulación sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba –Sala Tercera de Decisión -con ponencia del honorable
magistrado, Dr. Pedro Olivella el 19/09/2025, en el marco del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Clara María Gracia
Zuleta contra la Universidad de Córdoba -radicado N° 23001333300520220043801-.

1.1. […] proferir nueva decisión en la que se respeten los derechos fundamentales
que le han sido conculcados a mi representado2.

6. Como fundamento de sus pretensiones, la Universidad de Córdoba manifestó
que cumplió con el requisito de inmediatez, toda vez que la providencia se notificó
el 14 de octubre de 2025, y su ejecutoria se configuró el 4 de noviembre siguiente,
por lo que podía presentar la acción constitucional hasta el 4 de mayo de 2026.

7. Adujo que el Tribunal Administrativo de Córdoba incurrió en defecto fáctico, por
cuanto omitió analizar adecuadamente que la Resolución núm. 1932 del 22 de
diciembre de 2021 era el objeto de demanda, por lo que el término de caducidad
debía ser contabilizado a partir de la ejecutoria del referido acto y no desde la

2 Se transcribe incluso con errores.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03819-00 (6026)
Accionante: Universidad de Córdoba
Accionado: Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba

Resolución núm. 2315 de 2021, por lo que se realizó una valoración arbitraria. En
consecuencia, al momento en que se presentó la solicitud de conciliación ya había
ocurrido la caducidad del medio de control.

8. A su vez, indicó que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo al haber aplicado
indebidamente el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, toda vez que los actos administrativos anulados
determinaron el cese del encargo en el empleo de profesional especializado de la
señora Clara María Gracia Zuleta, por lo que no se podría configurar el
restablecimiento de sus derechos.

9. De ese modo, refirió que la autoridad accionada omitió realizar la aplicación del
Decreto 1038 de 2015 en su artículo 2.2.5.5.46, debido a que al solicitar una
motivación del acto administrativo para el reintegro del funcionario en encargo al
empleo en el que ostentaba derechos de carrera al vencimiento de dicho encargo,
se desconoció el contenido de la norma señalada.

10. Además, expuso que la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento
del precedente, porque omitió realizar un análisis de la sentencia C-095 de 2003 de
la Corte Constitucional y vulneró las normas constitucionales y convencionales al
no remitir al juez de primera instancia la sentencia que revocó su decisión, para que
profiriera una nueva con fundamento en los argumentos que motivaron dicha
revocatoria, con el fin de que tuviera la oportunidad de controvertirla.

2.3. Trámite procesal

11. El despacho ponente, mediante auto del 25 de mayo de 20263, admitió la
solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Córdoba, y
puso en conocimiento el escrito de tutela a la señora Clara María Gracia Zuleta y al
Juzgado Noveno Administrativo de Montería, en su condición de terceros con
interés.

2.4. Intervenciones

12. La señora Clara María Gracia Zuleta4 manifestó que la acción constitucional no
cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia quedó ejecutoriada
el 4 de noviembre de 2025 y la tutela se presentó el 20 de mayo de 2026,
transcurridos más de seis meses.

13. Adicionalmente, refirió que la parte accionante pretendía reabrir un debate
jurídico que ya fue analizado y definido en el proceso ordinario, por lo que
desconoció el carácter excepcional y subsidiario de la acción constitucional y debía
declararse su improcedencia.

3 Samai, índice 4.
4 Samai, índice 10, certificado 109C3DF289E86869 E0D2E80CF3445089 847BCD5387B9262F
24AC98FAE5A7DD24.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03819-00 (6026)
Accionante: Universidad de Córdoba
Accionado: Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba

14. El Tribunal Administrativo de Córdoba remitió5, a esta corporación, el
expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

15. El Juzgado Noveno Administrativo de Montería guardó silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la Universidad de Córdoba contra la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba.

3.2. Legitimación en la causa

17. La legitimación en la causa por activa de la Universidad de Córdoba está
acreditada, porque actuó como parte demandada en el proceso en el que fue
expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

18.También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, debido a que fue la autoridad
que profirió la sentencia objeto de tutela.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

19. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional7.

20.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;

5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02921-00, índice 13, certificado 9869CBA011A8F04B
83F1FBD923FC6B2C F51319CF2603021C 91EA089C0C1D71BB.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03819-00 (6026)
Accionante: Universidad de Córdoba
Accionado: Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba

v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

21. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales8 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

22. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución9.

3.4. Problema jurídico

23. En primer lugar, la Sala verificará si la acción de tutela supera el requisito de
inmediatez. En caso afirmativo, deberá establecer si ¿la autoridad judicial
accionada, al expedir la sentencia del 19 de septiembre de 2025, vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora?

3.4.1. Requisito de inmediatez

24. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto,
para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.

25. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de
seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.

26. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado 10 explicó
que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando la solicitud de amparo
se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta corporación,
como regla general, consideró que, para que el ejercicio de la acción de tutela se

8 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
9 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado

No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03819-00 (6026)
Accionante: Universidad de Córdoba
Accionado: Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba

efectuara en un plazo razonable, se debía presentar la tutela dentro de los seis
meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia reprochada.

27. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»11.

3.5. Caso concreto

28. En el asunto bajo estudio, la Universidad de Córdoba pretende que se deje sin
efectos la sentencia del 19 de septiembre de 2025 proferida por la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 23001-33-33-005-2022-
00438-01.

29. Al examinar el expediente ordinario en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI,
se observa que la providencia proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba se notificó a las partes el 14 de octubre de 2025 12 y
cobró ejecutoria el 4 de noviembre siguiente13; no obstante, el escrito de tutela fue
presentado hasta el 20 de mayo de 202614.

30. Lo dicho da cuenta que entre la ejecutoria de la sentencia que, según la
accionante vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, a la seguridad jurídica, a la defensa y a la igualdad, transcurrieron más
de 6 meses y 16 días, de manera que se superó el plazo razonable para acudir ante
el juez constitucional.

31. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»15, que para el caso concreto claramente fue la sentencia del 19 de
septiembre de 2025 proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba. Respecto a este punto, cabe recordar que el Consejo
de Estado ha sostenido en los eventos de acciones de tutela contra providencias
judiciales que el plazo razonable se cuenta «[…] a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso […]»16.

32. En este punto, es pertinente advertir que, en lo que respecta a la acción de
tutela en contra de providencias judiciales, el análisis del requisito de la inmediatez
debe ser estricto, con el fin de no desconocer los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, pues las decisiones judiciales no pueden mantenerse en la
incertidumbre indefinidamente, por lo que resulta necesario establecer un plazo

11 Corte Constitucional SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.
12 Samai, exp. núm. 23001-33-33-005-2022-00438-01, índice 11.
13 Samai, exp. núm. 23001-33-33-005-2022-00438-00, índice 34.
14 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-03819-00 índice 2, certificado 2266F2A98CE7CB14
78C4BAA130FD8EF7 FEEB1FBD71CD8FF2 CFDAD370CB1B7350.
15 Corte Constitucional SU-055 de 2018.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03819-00 (6026)
Accionante: Universidad de Córdoba
Accionado: Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba

razonable para su interposición. En este sentido, la jurisprudencia es diáfana al
determinar que la eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando
la parte tiene conocimiento de esta, lo que resulta identificable desde el trámite en
que se perfecciona su notificación y ejecutoria.

33. En concreto, se advierte que la Universidad de Córdoba tuvo pleno
conocimiento de la resolución del litigio una vez le notificaron la sentencia del 19 de
septiembre de 2025, por lo que a partir de su ejecutoria iniciaba el tiempo para acudir
a la acción de tutela, oportunamente, en procura de sus intereses. Así pues, se debe
resaltar que la naturaleza de este mecanismo constitucional exige que quien acuda
a la acción constitucional lo haga en un término perentorio para garantizar la
protección inmediata de los derechos invocados.

34. Aunado a lo expuesto, la Sala pone de presente que la parte actora, en la
solicitud de amparo, indicó que la acción constitucional podía ser interpuesta el 4 de
mayo de 2026; sin embargo, la presentó el 20 de mayo siguiente, sin manifestar
ningún motivo o hecho concreto que le haya impedido ejercer oportunamente este
medio de defensa judicial, y que convierta en desproporcionada la exigencia de
agotar este requisito de procedencia de la acción de tutela.

35. En tal sentido, no se encuentra justificada la interposición tardía de la solicitud
de amparo constitucional. De hecho, si la entidad accionada consideraba que la
decisión ocasionaba un perjuicio al erario y vulneración de sus derechos
fundamentales, con mayor razón ha debido promover la acción constitucional en un
tiempo razonable.

4. Conclusión

36. En consecuencia, dado que la acción de tutela que presentó la Universidad de
Córdoba no superó el requisito de procedibilidad de inmediatez, esta Subsección la
declarará improcedente.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

Falla:

Primero: Declarar improcedente la tutela que presentó la Universidad de Córdoba
contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03819-00 (6026)
Accionante: Universidad de Córdoba
Accionado: Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.