Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02935-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02935-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02935-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02935-00
Demandante: María Dolores Flórez Acevedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., catorce [14] de mayo de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02935-00
Demandante: MARÍA DOLORES FLÓREZ ACEVEDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA QUINTA
Temas: Tutela contra providencia judicial - declara improcedente por
falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 20191, de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 16 de abril de 2026, la señora María Dolores Flórez Acevedo, en nombre propio
y representación de su hija menor MRF, presentó acción de tutela con el fin de que
se les protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y al interés superior de la menor.
Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas por la sentencia de
6 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta, mediante la cual se revocó la providencia de 15 de mayo de 2020 del
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín dentro del
medio de control de reparación directa identificado bajo radicado 05001-33-33-002-
2015-01421-00/01.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
1. AMPARAR los derechos fundamentales invocados.
2. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia No. 232 del 6 de septiembre de 2025.
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia emitir una nueva
sentencia, valorando correctamente:
o El régimen objetivo por actividad peligrosa
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
1
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Demandante: María Dolores Flórez Acevedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta
o El interés superior del menor
o El precedente judicial aplicable
4. ADOPTAR las medidas necesarias para garantizar la reparación integral
de la menor2.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
● La señora María Dolores Flórez Acevedo y otros3 presentaron demanda de
reparación directa contra el municipio de Argelia y la Asociación de municipios del
Norte Antioqueño [en adelante Amunorte] por los perjuicios causados con ocasión
de las lesiones padecidas por la menor MRF al caer en un hueco sobre una varilla
que se incrustó en su pierna derecha, en las inmediaciones de la construcción de
una cancha sintética.
● El 15 de mayo de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar
que el daño era imputable a las demandadas porque la zona de trabajos no tenía
señalización y había excavaciones con un cerramiento de lona que no aislaba ni
prevenía una caída.
● No obstante, aplicó la figura jurídica de la concurrencia de culpas4, en atención a
que, según la prueba testimonial y el interrogatorio de parte, la menor se encontraba
jugando sola sin supervisión.
● El 6 de septiembre de 2025, la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de
Antioquia revocó la decisión de primer grado, al exponer que no existía la falla del
servicio imputada, ya que en el proceso se acreditó un cerramiento provisional que
cumplía con la función de seguridad, sin que se probara la necesidad de
implementar otro material para dicho cometido. Al respecto precisó que la
instalación de elementos de seguridad no elimina los riesgos, los atenúa.
● Resaltó, respecto de la responsabilidad objetiva, que el daño no fue producto de
la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas, sino del actuar
exclusivo y determinante de los padres de la víctima, porque la menor, para el
momento del accidente, tenía tres años, y estaba bajo la vigilancia, custodia y
seguridad de sus padres, máxime si se tiene en cuenta que era imposible que la
infante entendiera señales de advertencia o avizorara el riesgo.
● La providencia que definió la controversia fue notificada el 7 de octubre de 2025.
1.4. Fundamentos de la solicitud
2
Trascrito con posibles errores ortográficos y negritas del texto original.
3
John Fredy Valencia Benavides, Laura Milena Flórez Acevedo, María Dolores Flórez Acevedo, en
nombre propio y en representación de sus hijos menores JDOF; LJOC; MCOF; JEAF y MRF.
4
El juzgado dispuso que el valor de la condena se disminuiría en un 50%.
2
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En el caso sub examine, la accionante alegó que la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.
Respecto al yerro de índole sustantivo, expuso que el tribunal aplicó indebidamente
el artículo 2347 del Código Civil y el concepto del «hecho exclusivo de la víctima»,
en atención a que el «riesgo no fue creado por la madre, sino por una obra pública
peligrosa, con excavaciones profundas y elementos metálicos expuestos en un
parque público», por lo que, en ese escenario, el daño no puede atribuirse de forma
exclusiva a la víctima5.
Destacó que el ad quem valoró de forma irrazonable y fragmentada el acervo
probatorio, porque desatendió que el cerramiento era una lona fácilmente
franqueable, existían excavaciones profundas, había varillas expuestas y el lugar
colindaba con un parque público concurrido por niños.
Precisó que se desconoció el precedente6, porque se trasladó todo el riesgo al
núcleo familiar, sin tener en cuenta la protección constitucional reforzada, el deber
especial de protección y la prevalencia de los derechos de los niños.
En cuanto al requisito de inmediatez, expuso que «[l]a tutela se interpone dentro de
un término razonable (6 de octubre de 2025), considerando la condición de menor
de edad y la proyección permanente del daño7».
1.5. Trámite de la acción
El 20 de abril de 2026, el magistrado sustanciador admitió la acción de tutela, y
dispuso notificar a la autoridad judicial accionada.
Como terceros con interés en las resultas del proceso vinculó al municipio de
Argelia, a la Amunorte, a Seguros Generales Suramericana S.A. y a los señores
John Fredy Valencia Benavides, Laura Milena Flórez Acevedo y María Dolores
Flórez Acevedo en representación de sus hijos menores JDOF, LJOF, MCOF y
JEAF.
Además, negó la solicitud probatoria consistente en práctica de un dictamen pericial
de capacidad funcional, por cuanto de «la propia narración de los hechos se advierte
la existencia de elementos probatorios relacionados con dicha materia [en el
fundamento fáctico narró que tuvo una pérdida de capacidad funcional de 21,3%],
sin que resulte necesario su recaudo en este momento procesal. Sumado a que, al
5
En este punto la accionante citó las siguientes providencias: «Consejo de Estado – Sección
Tercera, Sentencia del 26 de mayo de 2010, Rad. 19031: “El hecho de la víctima solo exonera
totalmente a la Administración cuando constituye la causa exclusiva, determinante y eficiente del
daño, siempre que sea imprevisible e irresistible”.
Consejo de Estado – Sección Tercera, Sentencia del 11 de agosto de 2011, Rad. 21801: “Si el
daño tiene su origen en un riesgo creado por la Administración, la conducta de la víctima únicamente
puede dar lugar a una reducción de la condena, mas no a su exoneración total.”».
6
En este acápite se citaron las siguientes providencias: «Corte Constitucional – T-292 de 2006:
“El desconocimiento del precedente judicial obligatorio vulnera el derecho fundamental al debido
proceso.” Corte Constitucional – SU-817 de 2010: “Las autoridades judiciales deben aplicar de
manera consistente las reglas jurisprudenciales vigentes.”».
7
Hizo alusión de la sentencia T-241 de 2015, y citó el siguiente aparte: “La razonabilidad del término
para interponer la tutela debe analizarse conforme a las circunstancias particulares del caso.
3
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tratarse de tutela contra providencia judicial lo pertinente y conducente es el examen
del expediente donde se dictaron las providencias censuradas».
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta alegó que la tutela
no acreditó el presupuesto de la inmediatez, comoquiera que se presentó por fuera
del término que ha dispuesto la jurisprudencia como plazo razonable.
Agregó que, en todo caso, el mecanismo pretende reabrir un debate meramente
legal, lo que ya fue agotado en el proceso ordinario.
1.6.2. La sociedad anónima Seguros Generales Suramericana, requirió declarar
improcedente la tutela, porque no se acreditaron los requisitos de relevancia
constitucional e inmediatez. El primero porque se busca una tercera instancia y el
segundo comoquiera que la solicitud de amparo fue interpuesta por fuera de los seis
meses que ha contemplado la Corte Constitucional para su ejercicio oportuno.
Por su parte, solicitó su desvinculación.
1.6.3. La Amunorte pidió declarar improcedente la solicitud de amparo, o en su
defecto negarla, ya que el tribunal actuó dentro de su autonomía funcional, valoró
correctamente las pruebas y aplicó adecuadamente el derecho, concluyendo
legítimamente la ausencia de la asociación.
1.6.4. Los señores Jhon Dairo Ocampo Flórez, María Cristina Ocampo Flórez,
Leidy Jhohana Ocampo Flórez, Laura Milena Flórez Acevedo, y María Dolores
Flórez Acevedo, manifestaron que se adhieren «a la acción de tutela promovida
por la señora María Dolores Flórez Acevedo, coadyuvando sus pretensiones, por
cuanto la providencia judicial cuestionada vulnera de manera grave mis derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora María Dolores Flórez Acevedo, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Solicitud de desvinculación
Esta Colegiatura advierte que Seguros Generales Suramericana S.A. solicitó su
desvinculación del presente trámite, petición que se negará, en razón a que su
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comparecencia a este mecanismo no es como parte, sino como tercero con interés
en las resultas del proceso.
2.2.2. Coadyuvancia
Ahora, frente a lo expuesto por los señores Jhon Dairo Ocampo Flórez, María
Cristina Ocampo Flórez, Leidy Jhohana Ocampo Flórez, Laura Milena Flórez
Acevedo, y María Dolores Flórez Acevedo, esta colegiatura tendrá en cuenta sus
argumentos como una coadyuvancia de la solicitud de tutela radicada por la
accionante, en los términos del Decreto Ley 2591 de 19918, que señala que esta
corresponde a una figura jurídica, en virtud de la cual, quien tenga un interés
legítimo en el resultado del proceso, podrá intervenir para reafirmar las pretensiones
del actor o de quien ha sido demandado.
Por su parte, la Corte Constitucional al referirse al alcance de dicha intervención en
la acción de tutela, precisó que, quien coadyuva lo hace para apoyar las razones
presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no
promoviendo sus propias pretensiones9.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a esta colegiatura determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la parte accionante, por
parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, y (iii) el
caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 10
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11.
8
«ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud». [Negrilla fuera del texto original].
9
Ver, por ejemplo: sentencia T-070 de 1° de marzo de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo y
sentencia T-269 de 2012, Luis Ernesto Vargas Silva, citada a su vez en la SU-326 de 2022.
10
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción constitucional de frente a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.14
Por su parte, esta sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201415, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
12
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
13
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Énfasis de la sala.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
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ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia16.
Sobre el particular, se considera que los cargos elevados en la solicitud de tutela no
cuentan con relevancia constitucional, como se pasará a explicar.
En primera medida se debe enfatizar que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la
órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, ya que de no hacerlo, se atentaría contra
el principio de autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera instancia.
En este orden de ideas, la Sala advierte que la accionante intenta volver sobre la
discusión zanjada por el juez natural de la causa porque es evidente que se
presente reabrir el debate probatorio, ya que, de entrada, se evidencia que el
tribunal se refirió acerca de cada uno de los argumentos que hoy se aluden en sede
constitucional.
En efecto la autoridad judicial accionada expuso que no existía la falla del servicio
imputada, ya que en el proceso se acreditó un cerramiento provisional que cumplía
con la función de seguridad, sin que se probara la necesidad de implementar otro
material para dicho cometido. Precisó que la instalación de elementos de seguridad
no elimina los riesgos, los atenúa, y agregó, respecto de la responsabilidad objetiva,
que el daño no fue producto de la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas
públicas, sino del actuar exclusivo y determinante de los padres de la víctima,
porque la menor, para el momento del accidente, tenía tres años, y estaba bajo la
vigilancia, custodia y seguridad de sus padres, máxime si se tiene en cuenta que
era imposible que la infante entendiera señales de advertencia o avizorara el riesgo.
En esta oportunidad la parte accionada controvierte precisamente esas
consideraciones, apartándose de la conclusión, sin embargo, no expone o
desarrolla por qué dichos argumentos son irrazonables o arbitrarios.
Por lo anterior, esta Sección considera que, sin el debido contraste de una eventual
vulneración de derechos fundamentales, un estudio de fondo ocasionaría que esta
Sección se convirtiera en una instancia adicional del proceso ordinario y excedería
su competencia.
En consecuencia, constituye un deber para la parte accionante exponer con
suficiencia los motivos de inconformidad o las actuaciones vulneradoras de sus
derechos fundamentales sobre todo cuando se trata de tutelas ejercidas contra
16 Énfasis de la sala.
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providencias judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los
jueces constitucionales un estudio más riguroso de la materia, lo cual se acentúa
cuando el proveído proviene de una alta corte.
Por todo lo anterior, se considera que en este caso no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado
el requisito de relevancia constitucional, puesto que la controversia se enfocó en
intentar, con sustento en la presunta transgresión de algunos derechos
fundamentales, en reabrir el debate probatorio e intentar modificar el criterio de la
autoridad judicial accionada que, a primera vista, no resulta irrazonable o arbitrario.
En este sentido, para esta sección, resulta claro que la controversia es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»17.
2.6. Conclusión
Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por la falta de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que radicó Seguros Generales
Suramericana S.A.
SEGUNDO: ACEPTAR como coadyuvantes a los señores Jhon Dairo Ocampo
Flórez, María Cristina Ocampo Flórez, Leidy Jhohana Ocampo Flórez, Laura Milena
Flórez Acevedo, y María Dolores Flórez Acevedo.
TERCERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la señora María Dolores Flórez Acevedo.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
17 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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