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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02951-01

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02951-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 7 de julio de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela promovida por el señor José Benicio Torres Segura. SEGUNDO. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia del señor José Benicio Torres Segura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 15 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo dentro del proceso de reparación directa radicado 86001-33-31-001-2016-00572-01. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 11001-03-15-000-2026-02951-01 Accionante: José Benicio Torres Segura Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo Referencia: Acción de Tutela CUARTO. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Putumayo que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia en la que valore integral y conjuntamente el material probatorio obrante en el expediente y observe los criterios expuestos en la parte considerativa de esta decisión, en particular, los relacionados con el razonamiento indiciario para la determinación del daño y del nexo causal, así como con la improcedencia de imponer cargas probatorias desproporcionadas en asuntos derivados de aspersiones aéreas con glifosato. QUINTO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02951-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02951-01
Accionante: JOSÉ BENICIO TORRES SEGURA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO
Vinculado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. El asunto tiene relevancia constitucional,
porque busca la reparación integral de campesinos afectados por aspersiones aéreas con
glifosato. Se revoca la sentencia de primera instancia y se concede el amparo, porque el Tribunal
Administrativo del Putumayo incurrió en defecto fáctico al exigir prueba directa del nexo causal y
al descartar la prueba indiciaria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se revocará la sentencia proferida el 7 de julio de 2026 por la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, y, en su lugar, se concederá el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia del señor José Benicio Torres Segura.

2. La Sala considera que el asunto sí reviste relevancia constitucional y que el Tribunal
Administrativo del Putumayo incurrió en defecto fáctico, al valorar de manera
fragmentada los elementos de convicción obrantes en el proceso de reparación directa
y exigir un grado de certeza probatoria superior al admitido por la jurisprudencia en
asuntos relacionados con daños derivados de aspersiones aéreas con glifosato, sin
apreciar conjuntamente los indicios que podían eventualmente acreditar el daño y su
relación con la actividad estatal.

II. ANTECEDENTES

El escrito de tutela

3. El 16 de abril de 2026, el señor José Benicio Torres Segura interpuso acción de tutela
con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y al acceso a la administración de
justicia, que estimó vulnerados por la sentencia del 15 de octubre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Putumayo, mediante la cual se revocó la decisión del 27
de junio de 2019, dictada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa,
y se negaron las pretensiones formuladas dentro del proceso de reparación directa.

Hechos relevantes

4. En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor José Benicio Torres

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Accionante: José Benicio Torres Segura
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de Tutela

Segura demandó a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de
que se le declarara patrimonialmente responsable por los daños materiales y
extrapatrimoniales ocasionados con motivo de la destrucción de sus cultivos agrícolas,
como consecuencia de la aspersión aérea con glifosato realizada el 9 de noviembre de
2014 en la vereda Nuevo Vergel del municipio de San Miguel, Putumayo.

5. Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante sostuvo que las
operaciones de aspersión adelantadas por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía
Nacional afectaron los cultivos de cacao, pimienta y plátano existentes en el predio que
explotaba. Señaló que el daño se encontraba acreditado mediante la queja
administrativa presentada, la constancia expedida por la Oficina de Desarrollo
Agropecuario de San Miguel y los testimonios recaudados durante el proceso.

6. En sentencia del 27 de junio de 2019, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Mocoa accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en abstracto a la entidad
demandada. Consideró que las pruebas allegadas permitían tener por acreditadas la
afectación de los cultivos y su relación con la operación de aspersión aérea realizada
por la Policía Nacional.

7. Mediante sentencia del 15 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Putumayo revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones. Concluyó
que, aunque se acreditó la realización de operaciones de aspersión aérea con glifosato
en la zona, no se demostró con el grado de certeza requerido que estas comprendieran
el predio del demandante ni que hubieran ocasionado la pérdida de sus cultivos, pues
estimó que las pruebas aportadas eran insuficientes para acreditar el daño y el nexo
causal.

8. Inconforme, la parte actora promovió acción de tutela contra la sentencia de segunda
instancia. Alegó la configuración de un defecto fáctico, la violación directa de la
Constitución y el desconocimiento del precedente judicial en materia de daños
ocasionados por aspersiones aéreas con glifosato, al considerar que el Tribunal valoró
de manera errada y fragmentaria las pruebas, desconoció la prueba indiciaria y omitió
aplicar criterios de flexibilidad probatoria atendiendo a su condición de campesino y
pequeño productor.

Pretensiones

9. El accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la defensa, a la contradicción y al acceso a la administración de justicia; dejar
sin efectos la sentencia del 15 de octubre de 2025 y ordenar al Tribunal Administrativo
del Putumayo que acceda a las pretensiones de la demanda o, subsidiariamente,
profiera una nueva decisión en la que valore las pruebas señaladas como fundamento
del defecto fáctico alegado.

Fundamentos

10. El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Putumayo vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa, a la contradicción
y al acceso a la administración de justicia, al revocar la sentencia de primera instancia y
negar las pretensiones del medio de control de reparación directa con fundamento en
una valoración que calificó de errada, fragmentaria y arbitraria de las pruebas

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Referencia: Acción de Tutela

relacionadas con el daño ocasionado a sus cultivos y su nexo causal con las operaciones
de aspersión aérea con glifosato.

11. Señaló que la autoridad judicial incurrió en defecto fáctico al restar mérito probatorio
a la queja administrativa radicada ante la Dirección de Antinarcóticos, a la constancia
expedida por la Oficina de Desarrollo Agropecuario de San Miguel, a los testimonios de
Enrique Cardemio Madroñero Pérez y Francisco Jeremías Ángulo Sevillano, a la
declaración de Marco Emilio Peña Medina, entonces coordinador de la UMATA, y a la
respuesta rendida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

12. Afirmó que esos elementos, valorados conjuntamente y conforme a las reglas de la
prueba indiciaria, permitían acreditar que las fumigaciones realizadas el 9 de noviembre
de 2014 afectaron los cultivos de cacao, pimienta y plátano existentes en el predio.
Agregó que el Tribunal exigió una prueba técnica o científica que no resultaba
indispensable, pues no existe tarifa legal para demostrar esta clase de daños y debía
aplicarse un criterio de flexibilidad probatoria, atendiendo a su condición de campesino y
pequeño productor.

13. También manifestó que el Tribunal desconoció que la documentación elaborada por
la UMATA y las demás autoridades intervinientes tenía carácter público y se encontraba
amparada por las presunciones de autenticidad, legalidad y buena fe; en ese sentido,
sostuvo que la constancia y el formulario de queja fueron expedidos por funcionarios
competentes en cumplimiento del procedimiento establecido para atender las
reclamaciones derivadas de las aspersiones aéreas, y que su contenido fue corroborado
por los testimonios practicados durante el proceso.

14. Finalmente, alegó la violación directa de la Constitución y el desconocimiento del
precedente judicial en materia de daños causados por aspersiones aéreas con glifosato.
Indicó que el Tribunal omitió aplicar los criterios desarrollados sobre la prueba indiciaria,
la causa eficiente del daño, la buena fe y la flexibilidad probatoria en favor de la población
campesina, además de pronunciarse sobre aspectos probatorios que, según afirmó, no
habían sido cuestionados por la entidad demandada en su recurso de apelación.

Trámite impartido

15. El 17 de abril de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
admitió1 la tutela contra el Tribunal Administrativo del Putumayo.

Intervenciones

16. El Tribunal Administrativo del Putumayo2 solicitó declarar improcedente la acción de
tutela o, subsidiariamente, negar el amparo. Sostuvo que la sentencia cuestionada se
encuentra debidamente motivada y se fundamentó en una valoración integral y razonable
de las pruebas, las cuales no permitieron acreditar que la aspersión aérea con glifosato
hubiera afectado el predio del accionante ni demostrar el daño y el nexo causal alegados.
Agregó que la tutela pretende reabrir el debate probatorio resuelto por el juez natural y
convertir el mecanismo constitucional en una instancia adicional.

1
Samai, índice 008. Expediente primera instancia.
2
Samai, índice 013. Expediente primera instancia.

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Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de Tutela

17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ3 solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva, disponer la vinculación de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Nariño y negar las pretensiones.
Explicó que no intervino en el proceso de reparación directa ni tiene injerencia en las
decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo del Putumayo. Agregó que la tutela
pretende reabrir un debate probatorio ya resuelto mediante una providencia ejecutoriada,
sin demostrar la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

18. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto-Mocoa4 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela. Señaló que el accionante pretende controvertir la
sentencia del 15 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Putumayo, por resultar desfavorable a sus intereses, sin acreditar la configuración de
alguna causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
Agregó que no se satisface el requisito de subsidiariedad, pues, a su juicio, el actor
contaba con el recurso extraordinario de revisión previsto en el CPACA y no hizo uso de
ese mecanismo. Finalmente, sostuvo que la providencia cuestionada no vulneró los
derechos fundamentales invocados y se encuentra debidamente sustentada en el
ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicable.

19. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional5 solicitó declarar improcedente
la acción de tutela y denegar las pretensiones. Sostuvo que la sentencia cuestionada
realizó una valoración razonable y suficiente del material probatorio y concluyó que no
se acreditó que la aspersión aérea con glifosato hubiera causado la afectación de los
cultivos del accionante ni, por tanto, el daño antijurídico y el nexo causal exigidos para
declarar la responsabilidad estatal. Agregó que los reparos formulados pretenden
trasladar al escenario constitucional un debate probatorio ya resuelto por el juez natural
y convertir la tutela en una instancia adicional. Finalmente, señaló que no se configuró
un perjuicio irremediable que habilitara la intervención excepcional del juez
constitucional.

Sentencia de primera instancia

20. Mediante sentencia del 7 de julio de 2026, la Sección Tercera, Subsección B, del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

21. Consideró que, aunque el accionante formuló sus reparos bajo la configuración de
los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, en realidad pretendía controvertir la valoración del material probatorio
efectuada por el Tribunal Administrativo del Putumayo dentro del proceso de reparación
directa. En ese sentido, concluyó que la solicitud de amparo planteaba un debate de
mera legalidad orientado a obtener una nueva apreciación de las pruebas y una
conclusión distinta sobre la existencia del daño y el nexo causal.

Impugnación

22. La parte actora impugnó la decisión. Sostuvo que la sentencia de primera instancia
erró al concluir que la tutela pretendía reabrir un debate de mera legalidad, pues el
reproche formulado se dirige a demostrar la configuración de un defecto fáctico derivado

3
Samai, índice 014. Expediente primera instancia.
4
Samai, índice 015. Expediente primera instancia.
5
Samai, índice 016. Expediente primera instancia.

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Accionante: José Benicio Torres Segura
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de Tutela

de la falta de valoración conjunta e integral de la prueba indiciaria por parte del Tribunal
Administrativo del Putumayo.

23. Insistió en que el Tribunal examinó aisladamente la inspección practicada por la
UMATA, la queja administrativa presentada ante la Dirección Antinarcóticos, los
testimonios recaudados y la coincidencia temporal entre la aspersión aérea y la
afectación de los cultivos, sin apreciarlos como un conjunto probatorio convergente.
Agregó que la sentencia de tutela de primera instancia no estudió de fondo ese reproche
constitucional y solicitó revocar la decisión impugnada, declarar satisfecho el requisito de
relevancia constitucional y examinar los defectos alegados, con miras a dejar sin efectos
la providencia cuestionada o disponer que se profiera una nueva decisión en la que se
valore integralmente la prueba indiciaria.

III. CONSIDERACIONES
Competencia

24. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta Corporación.

Problema jurídico y metodología de la decisión

25. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 7
de julio de 2026, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado,
que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

26. Para ello, la Sala verificará, en primer lugar, si el asunto satisface el requisito de
relevancia constitucional y los demás requisitos generales de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales. De superarse ese examen, determinará si el Tribunal
Administrativo del Putumayo incurrió en el defecto fáctico alegado por el accionante,
particularmente por la presunta falta de valoración conjunta e integral de la prueba
indiciaria.

Análisis de la Sala

Relevancia constitucional

27. La Sala considera que la presente acción de tutela satisface el requisito de relevancia
constitucional. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-101 de 2026, señaló que las
solicitudes de amparo dirigidas a obtener la reparación integral por aspersiones aéreas
con glifosato tienen relevancia constitucional, como lo recogió esta misma Subsección al
explicar que «las peticiones de amparo en las que se solicite la protección del derecho
al debido proceso en casos de demandas de reparación directa por aspersión con
glifosato revisten relevancia constitucional»6. Esta regla aplica a este caso concreto, toda
vez que el accionante busca la protección de los derechos al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia frente a una sentencia que le negó la
reparación de los daños causados a sus cultivos.

6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 15 de mayo de 2026, radicado 11001-03-15-000-
2026-03238-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02951-01
Accionante: José Benicio Torres Segura
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de Tutela

28. En el Auto 387 de 2019, la Corte Constitucional advirtió que los campesinos
afectados por las aspersiones aéreas con glifosato se encuentran en una posición de
desigualdad frente a la Policía Nacional, pues el trámite administrativo de reclamación
les impone cargas probatorias que, dadas las condiciones en las que desarrollan sus
actividades agrícolas, no siempre están en posibilidad de satisfacer. Esta circunstancia
impone evitar estándares probatorios que, por su excesivo rigor, hagan nugatoria la
posibilidad de obtener la reparación de los daños ocasionados con este tipo de
actividades.

29. Esta misma Subsección, en la sentencia del 15 de mayo de 2026 7, estudió un caso
similar contra el mismo Tribunal Administrativo del Putumayo, también por una aspersión
con glifosato ocurrida en 2014, y explicó que «la exigencia de estándares probatorios
excesivamente rigurosos —como la acreditación mediante coordenadas exactas en
escenarios rurales— puede vaciar de contenido el derecho de defensa». Esa misma
consideración se aplica a este caso, porque el Tribunal exigió al accionante ese mismo
tipo de prueba.

30. Más recientemente, en sentencia del 29 de julio de 2026, esta Subsección resolvió
un asunto con importantes similitudes al presente, promovido igualmente contra el
Tribunal Administrativo del Putumayo y relacionado con la reparación de daños
ocasionados a cultivos por operaciones de aspersión aérea con glifosato realizadas en
2014. En esa oportunidad, la Sala revocó la decisión que había declarado improcedente
la tutela por falta de relevancia constitucional y consideró que las particularidades de este
tipo de controversias, especialmente la asimetría probatoria existente entre los
campesinos afectados y el Estado, justificaban el examen de fondo de los reparos
formulados contra la valoración probatoria efectuada por el juez ordinario.

31. Por esas razones, la Sala revocará en este punto lo resuelto por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado y tendrá por satisfecho el requisito de
relevancia constitucional.

Inmediatez

32. Se cumple este requisito, porque el Tribunal Administrativo del Putumayo profirió la
sentencia cuestionada el 15 de octubre de 2025, mientras que la solicitud de amparo se
presentó el 16 de abril de 2026, término que la Sala considera razonable.

Subsidiariedad

33. La Sala encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, toda vez que la
providencia cuestionada corresponde a la sentencia de segunda instancia proferida por
el Tribunal Administrativo del Putumayo dentro del medio de control de reparación
directa, respecto de la cual no procedía recurso ordinario alguno.

34. Además, los reparos formulados por el accionante, relacionados con la valoración
probatoria y la configuración de un defecto fáctico, no se subsumen en las causales
propias del recurso extraordinario de revisión. Por esa razón, la acción de tutela
constituye el mecanismo judicial disponible para cuestionar la eventual vulneración de
los derechos fundamentales atribuida a esa decisión.

7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 15 de mayo de 2026, radicado 11001-03-15-000-
2026-03238-00.

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Accionante: José Benicio Torres Segura
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de Tutela

Caso concreto

Defecto fáctico

35. El defecto fáctico tiene dos dimensiones. La positiva se presenta cuando el juez
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar y al hacerlo desconoce la Constitución, o cuando
descarta una prueba con razonamientos caprichosos; la negativa ocurre cuando niega o
valora la prueba arbitraria, irracional y caprichosamente u omite su valoración y sin
fundamento alguno da por no probado el hecho8.

36. En el presente asunto, la Sala encuentra que la sentencia del Tribunal Administrativo
del Putumayo no observó adecuadamente esas reglas de valoración. Si bien la autoridad
judicial se refirió a los distintos elementos de convicción allegados al proceso, los
examinó de manera fragmentada y terminó exigiendo respecto de cada uno una
capacidad demostrativa autónoma sobre el daño y el nexo causal, sin establecer la
fuerza que podían adquirir al ser apreciados conjuntamente.

37. En primer lugar, está acreditado que el 9 de noviembre de 2014 se realizaron
operaciones de aspersión aérea con glifosato en el municipio de San Miguel, Putumayo.
La Dirección Antinarcóticos informó que, al consultar sus registros históricos, encontró
operaciones realizadas ese día a una distancia de 2.627 metros de la coordenada N
00°19'32,5" W 076°52'54,2", correspondiente al punto suministrado durante el proceso
respecto del predio del demandante.

38. El Tribunal otorgó especial relevancia a esa distancia y consideró que, sumada a la
ausencia de pruebas que acreditaran la posible dispersión del glifosato por condiciones
climáticas o topográficas, impedía establecer el nexo causal entre la operación de
aspersión y los perjuicios reclamados. Sin embargo, ese elemento no podía ser
apreciado aisladamente ni tenía la virtualidad de descartar, por sí mismo, la afectación
alegada, pues debía ser confrontado con los restantes medios de prueba que daban
cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la fumigación y
del estado posterior de los cultivos.

39. En efecto, apenas dos días después de la operación, el 11 de noviembre de 2014, el
señor José Benicio Torres Segura presentó la queja n.° 194438-DIRAN, en la que reportó
la afectación de cultivos de cacao, pimienta y plátano. Además, el 13 de noviembre
siguiente presentó ante la Alcaldía de San Miguel una solicitud acompañada de
fotografías relacionadas con los daños denunciados; estas actuaciones, aunque por sí
solas no demuestran el nexo causal, constituyen elementos temporalmente próximos a
la aspersión que debían ser apreciados junto con las demás pruebas del expediente.

40. También obraba la constancia expedida el 22 de febrero de 2016 por la Oficina de
Desarrollo Agropecuario de San Miguel, según la cual, mediante visita realizada al predio
ubicado en la vereda Nuevo Vergel, se evidenció la afectación de cultivos de cacao,
pimienta y plátano como consecuencia de la aspersión aérea realizada el 9 de noviembre
de 2014.

41. El Tribunal restó valor a ese documento porque consideró que correspondía a una
simple constancia administrativa, expedida quince meses después de los hechos, sin
respaldo técnico o científico, sin metodología de verificación y sin una descripción

8
Corte Constitucional, sentencia T-917 de 2011.

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detallada del estado anterior de los cultivos. No obstante, tales circunstancias podían
incidir en su fuerza demostrativa, pero no justificaban desconocer su valor como indicio
ni exigir que, aisladamente, acreditara con certeza científica la causa de la afectación.

42. A esos elementos se suman los testimonios de Enrique Cardemio Madroñero Pérez
y Francisco Jeremías Ángulo Sevillano, vecinos del accionante, quienes declararon que
el 9 de noviembre de 2014, aproximadamente a la 1:00 p. m., observaron tres
helicópteros y dos avionetas de la Policía Nacional realizando aspersiones sobre el
predio del señor Torres Segura. También se refirieron a la existencia previa de los
cultivos y al deterioro que presentaron después de la fumigación. En particular, Francisco
Jeremías Ángulo señaló que, cuatro o cinco días después, las hojas comenzaron a caer,
se tornaron amarillas y posteriormente los cultivos murieron.

43. De igual manera, Marco Emilio Peña Medina, quien para la época de los hechos se
desempeñaba como coordinador de la UMATA, manifestó que posteriormente verificó el
estado del predio y observó síntomas de deterioro en los cultivos de cacao, pimienta y
plátano. Explicó que estos presentaban signos de afectación y que la información fue
recogida dentro del trámite adelantado con ocasión de las quejas por las fumigaciones
realizadas en la zona.

44. La circunstancia de que no existiera un registro técnico previo del estado de las
plantaciones tampoco permitía, por sí sola, descartar tales declaraciones; precisamente,
imponer al campesino la obligación de contar, antes de una operación de aspersión, con
estudios agronómicos, registros técnicos o pruebas científicas sobre el estado de sus
cultivos supondría trasladarle una carga probatoria particularmente difícil de satisfacer
en este tipo de contextos.

45. En esa misma dirección, el Tribunal sostuvo que subsistía incertidumbre sobre el
estado previo de los cultivos y que no podían descartarse otras posibles causas de
deterioro, como plagas, enfermedades fitosanitarias, condiciones climáticas adversas o
deficiencias en las labores de mantenimiento y manejo agrícola; sin embargo, esas
posibilidades fueron planteadas de manera hipotética, pues la providencia no identificó
elementos de prueba que demostraran que alguna de ellas se hubiera presentado
efectivamente en el predio del señor Torres Segura y hubiese ocasionado la afectación
discutida.

46. De esa manera, el razonamiento terminó imponiendo al demandante no solo la carga
de demostrar directamente que el glifosato alcanzó sus sembradíos, sino también la de
acreditar técnicamente el estado anterior de los cultivos y descartar otras causas
meramente eventuales de su deterioro. Ese estándar desborda la regla jurisprudencial
aplicable a estos asuntos, según la cual el nexo causal puede construirse a partir de una
inferencia altamente probable derivada de la valoración convergente de los indicios.

47. Esa exigencia se evidencia con mayor claridad en la conclusión de la providencia
cuestionada, en la que el Tribunal afirmó que «no existe prueba técnica, pericial o
documental» que permita establecer que los efectos de la fumigación alcanzaron la zona
de los sembradíos, ni «evidencia concluyente» que relacione los daños con la actuación
de la Administración. Para la Sala, esas exigencias reflejan un grado de certeza que no
corresponde con el estándar probatorio que esta Corporación ha admitido para los daños
derivados de aspersiones aéreas con glifosato.

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Referencia: Acción de Tutela

48. En efecto, examinados conjuntamente, en el proceso obraban elementos que daban
cuenta de la realización de operaciones de aspersión en la zona y en la fecha indicada
por el demandante; de la existencia y explotación de cultivos lícitos de cacao, pimienta y
plátano; de la presentación de la reclamación inmediatamente después de los hechos;
de la verificación posterior efectuada por la autoridad agropecuaria municipal; y de
declaraciones coincidentes acerca de la fumigación y del deterioro posterior de los
cultivos. Incluso, la existencia de la actividad agrícola fue alegada desde la demanda
como un proyecto financiado, entre otros recursos, mediante créditos del Banco Agrario.

49. Cada uno de esos elementos, considerado separadamente, podía resultar
insuficiente para acreditar el daño y su relación con la aspersión; sin embargo,
precisamente por tratarse de una hipótesis susceptible de demostración indiciaria,
correspondía establecer si su convergencia permitía construir una causa altamente
probable. Al exigir que cada prueba demostrara individualmente y con certeza técnica la
afectación reclamada, el Tribunal privó al razonamiento indiciario de la función que la
jurisprudencia le ha reconocido en esta clase de controversias.

50. Por tanto, la Sala encuentra configurado el defecto fáctico alegado por el accionante,
pues la valoración fragmentada del material probatorio y la exigencia de una
demostración técnica o concluyente del nexo causal impidieron apreciar integralmente
los indicios existentes y supusieron una carga probatoria desproporcionada frente a las
particularidades propias de los daños derivados de las aspersiones aéreas con glifosato.

51. Así, se revocará la sentencia de tutela de primera instancia y se concederá el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia del señor José Benicio Torres Segura. Además, se dejará sin
efectos la sentencia del 15 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Putumayo dentro del proceso de reparación directa, para que esa autoridad profiera
una nueva decisión en la que valore conjuntamente el material probatorio, aplique el
razonamiento indiciario para determinar la eventual existencia del nexo causal y se
abstenga de exigir un grado de certeza contrario a las reglas jurisprudenciales aplicables
a los daños derivados de aspersiones aéreas con glifosato.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 7 de julio de 2026,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante el
cual se declaró improcedente la acción de tutela promovida por el señor José Benicio
Torres Segura.

SEGUNDO. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y al acceso a la administración de justicia del señor José Benicio Torres
Segura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 15 de octubre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Putumayo dentro del proceso de reparación directa
radicado 86001-33-31-001-2016-00572-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02951-01
Accionante: José Benicio Torres Segura
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de Tutela

CUARTO. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Putumayo que, dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva
sentencia en la que valore integral y conjuntamente el material probatorio obrante en el
expediente y observe los criterios expuestos en la parte considerativa de esta decisión,
en particular, los relacionados con el razonamiento indiciario para la determinación del
daño y del nexo causal, así como con la improcedencia de imponer cargas probatorias
desproporcionadas en asuntos derivados de aspersiones aéreas con glifosato.

QUINTO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con Salvamento de Voto

VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 10

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