Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03238-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03238-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03238-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
15 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03238-00
Accionante: HERNÁN RUFINO MORALES PANTOJA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE PUTUMAYO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia proferida por Tribunal Administrativo. Se realiza
examen de procedencia formal. Se satisface el requisito general de relevancia
constitucional en atención a lo indicado en la sentencia SU-101 de 2026, conforme
a la cual, las peticiones de protección constitucional relacionadas con la búsqueda
de reparación integral por aspersiones con glifosato si revisten relevancia
constitucional. Se satisfacen los demás requisitos de procedencia general. Se
configura defecto fáctico pues la sentencia atacada no aplicó criterios de valoración
probatoria indiciaria. Se ordena sentencia de reemplazo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
1. En nombre propio, Hernán Rufino Morales Pantoja presentó acción de tutela
contra el tribunal administrativo de Putumayo que, en providencia de 23 de octubre
de 2025, negó las pretensiones relacionadas con el daño antijurídico producido por
la Policía Nacional cuando asperjó con glifosato los cultivos de uso lícito del
tutelante. Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes y fundamentos, se
mencionan inicialmente, los del proceso ordinario, y luego, la justificación del escrito
de amparo.
Antecedentes del proceso ordinario.
2. El 4 de noviembre de 2014, la Policía Nacional realizó aspersión con glifosato en
la vereda Jordán Ortiz del municipio de San Miguel, departamento del Putumayo,
en particular dentro del predio del tutelante. Derivado de esa situación, el tutelante
inició demanda de reparación directa contra la entidad para el reconocimiento y
pago de los perjuicios materiales y extrapatrimoniales causados por la destrucción
de sus cultivos.
3. En primera instancia, la demanda fue repartida al Juzgado Primero (1º)
Administrativo de Mocoa, bajo el radicado número 86001-33-31-001-2016-00573-
00. En fallo de 27 de junio de 2019, dicha autoridad judicial accedió a las
pretensiones de la demanda, con condena en abstracto. Apelada la decisión, en
providencia de 23 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Putumayo
revocó la decisión y negó las pretensiones.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03238-00
Accionante: Hernán Rufino Morales Pantoja
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
4. El tutelante explica que, el tribunal concluyó que no existía prueba en grado de
certeza de la responsabilidad de la Policía Nacional, motivo por el cual, no podía
concluirse que el daño sobre los cultivos del campesino eran atribuibles a esa
entidad.
Fundamentos del escrito de amparo
5. El tutelante sostiene que la decisión atacada incurrió en defecto fáctico, violación
directa de la Constitución y desconocimiento de precedente judicial respecto al
examen indiciario en casos de responsabilidad del Estado por daños causados de
las aspersiones con glifosato.
6. Respecto del defecto fáctico, el actor indicó que en el expediente existía material
probatorio abundante, relacionado con los elementos de la responsabilidad del
Estado, concretamente del daño antijurídico y del nexo causal. Reprochó que no se
analizó que existía una queja administrativa promovida por el tutelante, en contra
de la Policía Nacional por la aspersión de 4 de noviembre de 2014, y no se tuvieron
en cuenta los testimonios que indican que si se presentó la aspersión con glifosato
y el testimonio del coordinador del UMATA municipal, en la que se indicó la situación
de los cultivos del tutelante.
7. Indicó que el tribunal exigió un estándar de prueba contrario a este tipo de casos
y en los que, se debe resolver la demanda de manera indiciaria. Afirmó:
“Mi rechazo a las consideraciones hechas en la valoración probatoria
inicialmente obedecen a que el tribunal en este tipo de asuntos de fumigación,
en donde es amplia la jurisprudencia del Consejo de Estado el Tribunal se
apartó totalmente del valor probatorio de la prueba indiciaria, exigiendo de
manera radical prueba contundente que permita establecer con precisión que
tales operaciones comprendieron el área donde se encuentra el predio del
demandante y que la pérdida de los cultivos tenga relación causal directa con
dichas actividades. Por el contrario, manifestó que las pruebas allegadas
resultan generales, insuficientes e inidóneas para acreditar el daño alegado y
su nexo con la conducta estatal. Por esta razón consideró la violación a los
derechos fundamentales que se pide tutelar.”1
8. Señaló que el tribunal administrativo tuvo como razón para revocar la sentencia
de primera instancia, y negar sus pretensiones de reparación integral el hecho que
el tutelante no pudo completar el trámite administrativo ante la Policía Nacional para
solicitar el reconocimiento de perjuicios en el año 2014, esto pues no pudo identificar
geográficamente su predio. Sin embargo, el tutelante señaló que ese trámite no es
obligatorio para acceder a la reparación integral. Además, precisó que el
razonamiento del tribunal no da cuenta del hecho que el actor es un campesino que
no cuenta con la tecnología para identificar las coordenadas de un predio rural.
9. Igualmente hizo reproches al análisis probatorio de cada uno de los medios de
prueba realizado por el Tribunal. Especialmente que el tribunal descartó un
formulario suscrito por un funcionario de la oficina de desarrollo agropecuario y
Ambiente de San Miguel. El tribunal descartó esa prueba, supuestamente, porque
se produjo 10 meses después de la aspersión.
1
Folio 5 del escrito de tutela.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03238-00
Accionante: Hernán Rufino Morales Pantoja
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
10. Solicitó dejar sin efecto el fallo atacado y ordenar una decisión de reemplazo.
Trámite de Tutela
11. En auto de 28 de abril de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Putumayo, vinculó como terceros al
Juzgado Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa, a la Nación–
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al Ministerio Público y a los demás
intervinientes del medio de control de reparación directa radicado núm. 86001-33-
31-001-2016-00573-00/01.
12. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa remitió el
expediente digital de primera instancia2.
13. La apoderada de la Policía Nacional intervino con el fin de indicar que la
decisión del tribunal se profirió con fundamento normativo y probatorio. En su
criterio, la autoridad judicial demandada atendió a criterios razonables y objetivos
para no despachar favorablemente las pretensiones del demandante. Esto
soportado en la ausencia de prueba que permitiese concluir con certeza que el daño
antijurídico por la aspersión de los cultivos lícitos de los ciudadanos fue
consecuencia de la aspersión hecha por la policía nacional. Por lo anterior solicitó
declarar improcedente el medio de amparo.
14. El magistrado ponente de la decisión cuestionada3 expresó que dentro del
expediente “no ofrecía certeza sobre la realización de dicha operación en el área
donde se ubican los cultivos del actor”4. Agregó: “[p]or lo anterior, se concluyó que
las pruebas resultaban genéricas, inidóneas o insuficientes para acreditar, con el
grado de certeza requerido, la existencia de un vínculo causal directo entre la
operación de aspersión y la pérdida de los cultivos alegada. Carga probatoria que
recaía en la parte actora, respecto a la concurrencia de elementos requeridos para
la procedencia del medio de control de reparación directa.” Por lo anterior solicitó
negar la petición de amparo.
CONSIDERACIONES
Competencia
15. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Determinación del problema jurídico
16. A juicio de esta Sala, de manera preliminar, deberá establecerse si la acción de
tutela satisface las causales generales de procedencia de la tutela contra
2
Índice samai 10
3
Índice samai 13
4
Ibidem. Pag. 1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03238-00
Accionante: Hernán Rufino Morales Pantoja
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
providencia. Concretamente, se trata de una acción de tutela contra una sentencia
de segunda instancia que puso fin al proceso de reparación directa iniciado con
ocasión de la supuesta aspersión aérea realizada el 4 de noviembre de 2014 en las
veredas Jordán Ortíz del municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo.
17. En caso de resolverse de manera afirmativa el problema anterior, la Subsección
deberá determinar ¿si el tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico por
indebida valoración probatoria, al exigir un estándar de prueba cercano a la certeza
para acreditar que la aspersión aérea con glifosato se realizó sobre el predio del
actor, y al desestimar —sin una justificación suficiente y razonable— el valor
persuasivo de los elementos de prueba obrantes en el expediente, en particular,
aquellos que daban cuenta de (i) la realización de operaciones de aspersión en la
zona rural donde se ubica el predio del demandante, y (ii) la afectación de cultivos
lícitos con sintomatología compatible con dicha actividad, lo cual habría impedido
acudir a un razonamiento indiciario para la construcción del nexo causal en las
condiciones propias del caso?
18. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, se reiterará el
precedente constitucional relacionado con la procedencia de la acción de tutela para
cuestionar providencias judiciales y se examinará si en el caso concreto se
satisfacen los requisitos.
Causales genéricas de procedencia de tutela contra providencia judicial
19. Conforme el precedente fijado en la Sentencia C-590 de 20055, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
20. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
5
Corte Constitucional C-590 de 2005.
6
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03238-00
Accionante: Hernán Rufino Morales Pantoja
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
21. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales12.
22. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.
i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida
por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial
actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;
iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv.Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias a
la garantía de los derechos fundamentales.
v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir
en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada
en el caso;
vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de
expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
11
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
12
Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03238-00
Accionante: Hernán Rufino Morales Pantoja
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso con
los mismos hechos una autoridad se aparta de los decisiones y reglas
establecidas por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados
por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar
de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.
viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un
alcance insuficiente o lo contradice.
23. Con base en las anteriores precisiones jurisprudenciales, se resuelven los
problemas jurídicos planteados.
Caso Concreto
Estudio de procedibilidad de la acción de tutela
24. En primer lugar, la Subsección examina la procedencia formal del escrito de
amparo. La Sala encuentra que se satisface el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que como lo ha indicado el precedente constitucional13,
respecto de las peticiones de amparo en las que se solicite la protección del derecho
al debido proceso en casos de demandas de reparación directa por aspersión con
glifosato14 revisten relevancia constitucional. Se trata de procesos en los que
comunidades étnicamente diferenciadas o campesinos están en condiciones de
asimetría con la Policía Nacional, entidad encargada de realizar las aspersiones
aéreas con glifosato. En el Auto 387 de 2019, la Corte Constitucional examinó el
programa PECIG, e indicó que los campesinos que sufren la aspersión aérea con
glifosato sobre cultivos lícitos están en condiciones de asimetría para demandar la
reparación de los prejuicios, pues el trámite administrativo para reclamarlos exige
una alta carga probatoria, lo cual, llevó a la orden judicial de suspensión de la
aspersión. El caso analizado es una muestra o ejemplo de esa asimetría, toda vez
que el fallo cuestionado reprochó al tutelante que no cumplió el trámite
administrativo de reclamo ante la Policía Nacional. Quiere decir esto que, el
tutelante propone el debate constitucional que ha sido reconocido como relevante
desde una perspectiva de derechos fundamentales.
25. En el presente asunto también se satisface la condición analizada, en tanto la
controversia plantea una discusión directa sobre la dimensión fundamental de los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En efecto, el
primero se ve comprometido porque el reproche formulado por el actor incide en un
elemento esencial del derecho de contradicción, consistente en la posibilidad real y
efectiva de demostrar los hechos en que se fundan las pretensiones, especialmente
en contextos de desigualdad en el acceso a los medios de prueba. En este sentido,
la exigencia de estándares probatorios excesivamente rigurosos —como la
acreditación mediante coordenadas exactas en escenarios rurales— puede vaciar
de contenido el derecho de defensa, al desconocer las condiciones materiales en
las que se encuentra el demandante para controvertir y acreditar su caso.
13
Corte Constitucional, Auto 387 de 2019.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-101 de 2026
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03238-00
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Referencia: Primera instancia de acción de tutela
26. De otra parte, el derecho de acceso a la administración de justicia también
resulta comprometido, en la medida en que la controversia no se limita a una
discrepancia sobre la valoración probatoria, sino que involucra la posibilidad de que
el juez contencioso analice de manera efectiva las pretensiones de reparación,
mediante la aplicación de criterios de valoración acordes con la realidad del caso.
En tal sentido, la imposición de cargas probatorias desproporcionadas o de
estándares de certeza incompatibles con las particularidades del daño alegado
puede traducirse en una restricción material del acceso a la justicia, al impedir que
los demandantes obtengan un pronunciamiento judicial sustantivo sobre el fondo de
sus reclamaciones.
27. Se satisfacen los requisitos de legitimación en la causa por activa y pasiva,
pues el tutelante es el demandante dentro del proceso ordinario, y la persona
afectada por el fallo cuestionado. Además, el amparo se presenta contra el Tribunal
Administrativo del Putumayo, autoridad judicial que profirió el fallo censurado.
28. El fallo atacado se profirió el 23 de octubre de 2025, notificada el 27 del
mismo mes y año15, mientras que la acción de tutela fue promovida el 27 de abril
de 2026, es decir, dentro de un plazo razonable que la jurisprudencia ha reconocido
como procedente.
29. Respecto al requisito de subsidiariedad, este se satisface, pues no existe
medio judicial ordinario o extraordinario pendiente de agotar, ya sea agotar ordinario
o extraordinario de revisión16 ni de unificación de jurisprudencia17,. Los mecanismos
judiciales extraordinarios prevén causales taxativas que no se encuadran en el
debate constitucional que propone el tutelante.
30. No se trata de una acción de tutela contra otra sentencia de tutela, de
constitucionalidad proferida por el Consejo de Estado o por la Corte Constitucional,
o una sentencia interpretativa de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz
de la JEP.
31. Finalmente, el tutelante identifica concretamente los hechos y fundamentos
que justifican su petición de protección constitucional. Señala razonablemente
los yerros que, en su criterio, cometió el tribunal administrativo en la resolución de
15
Índice samai 19 del expediente ordinario.
16
Conforme con las particularidades que rodean la presente controversia - relativas a la valoración
de la prueba para demostrar el nexo causal de la entidad demandada frente al daño-, se advierte
que este recurso no resulta apto para restablecer de manera pronta y efectiva los derechos
fundamentales de los actores que se encuentran en una especial indefensión para probar la
responsabilidad del acto. En consecuencia, en el caso concreto, dicho mecanismo no es idóneo para
evitar la consolidación del perjuicio derivado de la ausencia de una decisión de fondo, conforme con
lo previsto en el artículo 250 del CPACA. Por último, los defectos alegados por la parte demandante
no pueden ser subsanados mediante las causales previstas para este recurso extraordinario, pues
no corresponden con la falta de congruencia de la sentencia impugnada, los vicios o irregularidades
probatorias, la comisión de un hecho punible que haya hecho inducido en error al juez, los defectos
procesales, la existencia de mejor derecho de un tercero o la contradicción con la cosa juzgada.
17
El recurso de unificación consagrado en el artículo 257 del CPACA depende de demostrar una
contradicción jurisprudencial relevante, presupuesto que aquí no es el problema central, ya que se
reclamó un desconocimiento del precedente y la valoración de las pruebas, lo que no es objeto de
uniformidad. En suma, esta herramienta procesal extraordinaria no es un medio idóneo ni eficaz para
restituir el goce efectivo de los derechos invocados en el asunto bajo examen.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03238-00
Accionante: Hernán Rufino Morales Pantoja
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
la apelación del proceso de reparación directa, motivo por el cual se entiende que
satisface el requisito.
32. Respecto al primer problema jurídico, la Sala estima que la acción de tutela es
procedente por satisfacer las causales generales. A continuación, se resuelve el
segundo problema jurídico.
Estudio de los defectos alegados en la acción de tutela
33. El tutelante plantea reclamos al razonamiento probatorio del tribunal accionado,
y explícitamente indica que la decisión incurrió en el defecto fáctico, motivo por el
cual, esta sala examina la petición de amparo a la luz de esta causal de procedencia.
En primer lugar, se reseña el contenido de la providencia cuestionada; en segundo
lugar, se estudiarán la posible configuración de los defectos.
La sentencia atacada18
34. En fallo de 23 de octubre de 2025, la Sala de decisión del Tribunal Administrativo
de Putumayo indicó que revocaría la decisión de primera instancia en atención a
que “no se demostró con el grado de certeza exigido que las fumigaciones aéreas
con glifosato realizadas por la Policía Nacional el 4 de noviembre de 2014, en el
municipio de San Miguel, departamento del Putumayo, hubiesen ocasionado daños
a los cultivos de caña y palmito ubicados en el predio denominado “El Arroyo”, sobre
el cual el demandante afirma ejercer posesión”.
35. Indicó que, si bien se encuentra acreditada la realización de operaciones de
aspersión en el departamento mencionado en la fecha indicada, “no obra en el
expediente prueba alguna que permita establecer con precisión que tales
operaciones comprendieron el área donde se encuentra el predio del demandante,
ni que la pérdida de los cultivos tenga relación causal directa con dichas
actividades”.
36. Indicó que en el expediente reposa una constancia de 1 de septiembre de 2015,
en la que una autoridad ambiental certificó que, “el predio EL ARROLLO propiedad
del señor HERNAN RUFINO MORALES PANTOJA, Ubicado en la vereda JORDÁN
ORTIZ, se logró evidenciar la afectación de 5 hectárea establecida en 1has en
Caña, 3has en Palmito, producto de la aspersión aérea con el herbicida glifosato
por parte de la unidad de antinarcóticos dentro del programa de lucha contra cultivos
ilícitos el día 04/11/2014.” En relación con dicho documento, el tribunal señaló que
carecía de suficiencia probatoria pues:
“no se informa si la verificación se realizó mediante un examen técnico
especializado por profesional idóneo; (ii) pese a que se mencionan áreas de
cultivos afectados, no se precisa la metodología empleada para determinar el
nivel de afectación; (iii) la certificación omite señalar la fecha exacta de la visita
ocular, lo que impide establecer un vínculo temporal entre la aspersión alegada
(4 de noviembre de 2014) y la expedición de la constancia (1º de septiembre de
2015), es decir, casi 10 meses después; suscribe la constancia ni la experticia
en virtud de la cual determinó las áreas supuestamente comprometidas; y (v)
18
Anexo al escrito de amparo.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03238-00
Accionante: Hernán Rufino Morales Pantoja
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
se trata de un documento de contenido genérico, que carece de soportes
técnicos, registros fotográficos, dictámenes especializados u otros elementos
de corroboración que otorguen certeza a las conclusiones expuestas”.
37. En consecuencia, en relación con esa prueba se concluyó que “por sí sola, no
otorga certeza suficiente para afirmar que la pérdida de los cultivos obedeció de manera
directa a la aspersión aérea de glifosato realizada en la fecha indicada.”
38. Finalmente, también descartó el testimonio del coordinador de la oficina de
desarrollo agropecuario y medio ambiente de la época en el municipio, quien en
testimonio dentro del proceso de reparación directa indicó que el 4 de noviembre de
2014 se realizaron aspersiones en el municipio de San Miguel mediante avionetas y
helicópteros. El funcionario precisó que visitó el predio dos días después, cuando
verificó el estado de los cultivos y recibió la queja para remitirla a la Policía
Antinarcóticos en Villagarzón. El mismo declarante dentro del proceso afirmó que las
plantas presentaban amarillamiento, que no se evidenció presencia de ilícitos y que los
cultivos correspondían a 1 hectárea de caña y 3 de palmito. Respecto ese medio de
prueba el tribunal precisó:
“(…) los testimonios acreditan de manera sumaria la existencia de un daño, pero
resultan insuficientes para establecer el nexo causal entre este y la aspersión
aérea con glifosato. Ello, por cuanto en el plenario reposan otras pruebas que,
analizadas en su conjunto, impiden tener por demostrado dicho vínculo causal,
como se expone a continuación”.
39. El tribunal restó credibilidad a los testimonios de los funcionarios públicos que
indican que, si se produjo la aspersión área y que ella causó los daños en los cultivos,
pues “no fue allegada al plenario prueba que permita determinar con exactitud las
coordenadas de la operación ni que abarcaran el predio “El Arroyo”.
40. A partir de allí, el tribunal utiliza como elemento para desacreditar los testimonios
que señalaban que, si se presentó la aspersión y que estas si fue la causa de la
destrucción de los cultivos, el hecho que el tutelante, dentro del proceso
administrativo de reclamación ante la Policía Nacional, no pudo georreferenciar con
coordenadas precisas la ubicación de su predio, con el fin de que la policía hiciera
la confrontación entre las zonas que asperjo y la ubicación de la finca del tuteante.
Señaló que, el juez de la reparación en sede de primera instancia ofició a la policía
de antinarcóticos para que indicara las coordenadas en las que se realizó la
aspersión. El funcionario de la Policía Nacional informó que para establecer si la
entidad es responsable de la destrucción de los cultivos: “es necesario tener una
ubicación geográfica exacta (coordenadas) del predio perteneciente al señor Hernán Rufino
Morales Pantoja.” Por lo anterior, el tribunal concluyó:
“De lo anterior se desprende que, al no haberse aportado las coordenadas que
permitieran identificar la localización exacta del terreno del demandante, resulta
imposible establecer si dicho predio se encontraba dentro de la zona
efectivamente cubierta por la ruta de aspersión ejecutada por la por la Dirección
Antinarcóticos de la Policía Nacional el día de los hechos.”
41. El tribunal recordó que ese mismo requerimiento fue realizado al tutelante por la
Policía Nacional en el año 2015, pero este no pudo allegar a la entidad la
información de la georeferenciación con coordenadas exactas de su predio. De ahí
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03238-00
Accionante: Hernán Rufino Morales Pantoja
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
que, dicha entidad archivó la reclamación administrativa, razón por la cual, el
tribunal revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar negó la prosperidad
de las pretensiones. Finalmente:
“En cumplimiento de lo consagrado en el artículo 188 del CPACA, en
concordancia con el artículo 365 del CGP, se condenará en costas en esta
instancia a la parte demandante, por haber resultado vencida en el recurso de
alzada”.
42. Explicado el contenido de la sentencia atacada, esta Sala debe verificar si se
configura un defecto fáctico por la valoración probatoria, en particular, por la
exigencia del tribunal relacionada con la carga probatoria de allegar medios de
conocimiento con grado de certeza que mostraran el nexo de causalidad entre los
vuelos de aspersión y el daño ocasionado a los cultivos lícitos del actor.
43. Sobre el defecto alegado debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia19
constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales cuando el fallo cuestionado demuestra una indebida y contraevidente
valoración probatoria, una falta de análisis de pruebas que obran en el expediente,
un estudio de pruebas nulas de pleno derecho, una omisión en el deber probatorio
oficioso por parte de la autoridad judicial20 o el desconocimiento de reglas
probatorias.
44. En este punto, esta Sala recuerda recientes fallos proferidos por esta
Corporación respecto a los estándares probatorios exigidos en los procesos en los
que campesinos de zonas rurales apartadas y periféricas del país, solicitan la
reparación integral por aspersiones aéreas con glifosato en cultivos lícitos. En fallo
de 24 de octubre de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera21 condenó a la
Policía Nacional al pago de perjuicios por una aspersión aérea con glifosato ocurrida
el 6 de octubre de 2014 en el municipio de Policarpa, Nariño. En aquel proceso,
como en esta petición de amparo, la Sala indicó que en los procedimiento por
aspersión aérea con glifosato sobre cultivos lícitos debe preferirse el razonamiento
indiciario y descartar que la condena sólo procede en casos de la existencia de
prueba directa y certera de los elementos de la responsabilidad. Indicó:
“De entrada, se pone de presente que al sub judice no se allegó un dictamen,
concepto o verificación técnica de los terrenos el día de la fumigación o con
posterioridad a ésta, de la que se pudiera concluir, de modo directo y científico,
que los cultivos de los agricultores fueron destruidos por causa del glifosato; sin
embargo, se privilegiará la incidencia de la prueba indiciaria para verificar la
relación causal, en armonía con los fallos recientes en sede ordinaria y de tutela
que se han dictado sobre estos asuntos, así como los criterios señalados por la
Corte Constitucional en materia de sana crítica ambiental.”
19
Corte Constitucional, Sentencia T-410 de 2024.
20
Ver, por ejemplo, las sentencias: SU-842 de 2013; SU-355 de 2017, SU-129 de 2021 y T-107 de
2023.
21
Radicado 52001-23-33-000-2016-00553-01 (rad. 64335)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03238-00
Accionante: Hernán Rufino Morales Pantoja
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
45. Recordó que abundante jurisprudencia22 ha señalado que, por la manera en la
que se produce el daño antijurídico, el juez de la reparación debe centrar su
razonamiento en verificar la existencia de indicios relevantes que permitan verificar
que se produjo la aspersión sobre la zona en la que se ubican los predios afectados,
y los cultivos lícitos presentan la coloración amarillenta derivada de la aspersión. Si
resulta posible probar que la Policía Nacional realizó aspersiones en la zona en la
que se ubica un predio afectado, y estos cultivos presentan los síntomas derivados
de la aspersión, resulta razonable concluir que la misma fue resultado de los vuelos
de la fuerza pública, descartando la exigencia de allegar coordenadas exactas. Esto
pues, la Corte Constitucional, en Auto 387 de 2019, verificó que el procedimiento
administrativo de reclamación administrativa impone carga desproporcionadas a los
campesinos afectados, entre ellas, allegar coordinadas para georreferenciar lugares
remotos de la geografía nacional. Se indicó en el fallo de la subsección dentro del
radicado 64355:
“Complementó que no era «un imperativo tener plena certeza sobre las
consecuencias específicas de una sustancia ni tener una prueba directa e
inequívoca de la relación existente entre la acción dañosa y el evento
lesivo (nexo de causalidad), sino construir unos indicios suficientes y
razonables, fundamentados en el estado del conocimiento científico, que
permitan llegar a una inferencia lógica sobre lo acontecido y, con ello, condenar
a un determinado agente a resarcir integralmente el daño». En resumen,
precisó:
“(…) El principio de precaución es transversal al derecho ambiental. Este
no solo cobija la fase de prevención y corrección del deterioro ambiental,
sino que también orienta los instrumentos de reparación de los daños
ambientales, en el sentido de que no es exigible tener certeza sobre el
alcance del daño y el nexo de causalidad para ordenar las
correspondientes medidas de protección y reparación a que haya lugar.
En síntesis, si bien las anteriores reglas jurisprudenciales han sido
concebidas para efectos de establecer la responsabilidad por el daño
ambiental puro, su aplicación ponderada en el campo de la
responsabilidad civil extracontractual resulta pertinente cuando se trata de
los perjuicios que con dicho daño se causen en el patrimonio o en los
derechos de las personas, atendiendo a las diferencias en cuanto a sus
objetivos y finalidades. Asunto que deberá ser valorado caso a caso por
el juez. Se insistió que, en aras de la realización de la justicia material, el
juez debe asumir un rol activo en los procesos para establecer la
responsabilidad extracontractual por este tipo de daños, con el objetivo de
que los responsables reparen los perjuicios causados”23. (negrilla y
subrayado fuera del texto)
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 3 de febrero de 2015, expediente 70.775. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de julio y 7 de septiembre de
2023, así como del 9 de julio de 2021, expedientes 54.752, 63.011 y 43.590, M.P. Alberto Montaña
Plata. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 19 de mayo de 2025, expediente 63.022, M.P. Nicolas Yepes Corrales. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23
de abril de 2021, expediente 52001-23-33-000-2014-00209-01, M.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
23
Folio 39 del fallo proferido dentro del radicado 64355
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03238-00
Accionante: Hernán Rufino Morales Pantoja
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
46. En aquel caso, se estableció con certeza que la Policía Nacional realizó vuelos
de aspersión en la zona en la que se ubican los predios afectados. Se carecía de
las coordenadas precisas para georeferenciar los bienes afectados, pero se tenía
claridad que era la misma zona rural del mismo municipio. Al igual que en este caso,
se verificó que posterior a la aspersión, funcionarios públicos acudieron a los predios
y los cultivos presentaban la misma sintomatología que se produce por aspersión
con glifosato, es decir, las hojas se amarillaron y marchitaron, descartando que
fuese otra patología herbaria, e igualmente, los campesinos presentaron quejas
administrativas ante la Policía Nacional, las cuales fueron desacreditadas por no
cumplir todas las exigencias. En todo caso, esa desacreditación de los reclamos
administrativos no impidió condenar a la entidad.
47. Como se observa existe un amplio precedente de la Corporación referido a que
no se requiere prueba directa con grado de certeza, en relación con el nexo causal
en casos de aspersiones aéreas con glifosato. Para ello el juez debe acudir al
razonamiento indiciario y no exigir cargas probatorias que los campesinos del país
no están en condiciones de cumplir, como, por ejemplo, probar la ubicación
georeferenciada de sus predios con coordenadas exactas, tal como lo exigió el
tribunal accionado.
48. En el caso concreto, la Sala advierte que el tribunal accionado incurrió en un
defecto fáctico por indebida valoración probatoria, en tanto impuso un estándar de
acreditación del nexo causal cercano a la certeza, incompatible con las reglas
jurisprudenciales aplicables a los daños derivados de actividades de aspersión
aérea con glifosato. En efecto, aunque reconoció de manera enunciativa la
posibilidad de emplear prueba indiciaria, en la práctica desestimó su eficacia al
exigir la plena individualización del área asperjada mediante coordenadas exactas
del predio del demandante, lo cual desconoce las condiciones reales en que suelen
ocurrir este tipo de afectaciones y las dificultades probatorias propias de quienes las
padecen. Además, la autoridad judicial demandada exigió de la parte actora un
estándar de prueba que no ha sido aplicado en casos análogos por el Consejo de
Estado, se insiste, explícitamente se ha reconocido que, en este tipo de casos, por
las particularidades que reviste, y la condición de los demandantes (campesinos de
zonas geográficamente apartadas y vulnerables), se puede acudir al razonamiento
indiciario de manera razonable y precisa, para construir los elementos de la
responsabilidad.
49. Sobre el particular, se verifica que, como lo reconoció el propio tribunal, en la
fecha de la aspersión, la Policía Nacional reconoció que realizó vuelos de este tipo
en la zona rural del municipio de tutelante, empero este requirió al demandante la
ubicación exacta con coordenadas para hacer la contrastación entre las
coordenadas de los vuelos y los del predio. El tutelante no tenía acceso a este tipo
de pruebas técnicas. En esa medida, se desconoció que existe una regla probatoria
reiterada pacíficamente por esta Corporación y la Corte Constitucional, conforme a
la cual, los elementos de la responsabilidad se pueden y deben construir a partir de
indicios claros, esto en atención a la asimetría entre demandante (campesinos de
regiones periféricas y vulnerables) y la entidad demandada.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03238-00
Accionante: Hernán Rufino Morales Pantoja
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
50. Además, en el proceso también existen medios de conocimiento relacionados
con el daño antijurídico: la destrucción de los cultivos por aspersión con glifosato.
Sin embargo, el tribunal se negó a acudir al razonamiento indiciario y por el contrario
exigió medios de prueba que aportaran certeza del nexo causal, e incluso utilizó
como argumento que, el proceso de reclamación administrativa ante la policía
nacional fue archivado, por inacción del tutelante, ello en contravía del precedente
constitucional (Auto 387 de 201924), conforme al cual, dicho proceso de reclamación
establece barreras de acceso. Es decir, interpretó en contra de la pretensión del
demandante de reparación integral, una barrera de acceso que sufrió durante el
desarrollo del proceso de reclamación administrativa. Finalmente condenó en
costas a la parte actora.
51. En oposición al precedente judicial ordinario que no ha exigido el grado de
certeza que demandó el tribunal, se ha acudido al razonamiento indiciario, en punto
a la construcción del nexo de causalidad, motivo por el cual, la decisión cuestionada
contraviene las reglas de valoración probatoria construidas por esta corporación e
interpretó, además, barreras de acceso al proceso de reclamación administrativa
ante la policía, como deficiencias en la carga probatoria del demandante.
52. En ese orden, la decisión cuestionada no se limitó a ejercer una valoración
autónoma del material probatorio, sino que, al desestimar de manera irrazonable el
valor conjunto de los indicios y exigir cargas probatorias desproporcionadas —como
la georreferenciación precisa del predio por parte del demandante— terminó por
impedir la aplicación de las reglas de valoración probatoria construidas por la
jurisprudencia de esta corporación para este tipo de controversias. Tal circunstancia
configura el defecto fáctico alegado, pues comporta una apreciación probatoria
contraevidente en relación con el contenido del expediente y desconoce el estándar
de valoración flexible que debe regir en escenarios de asimetría probatoria
estructural.
53. Por las razones expuestas, se dejará sin efectos la sentencia cuestionada y se
ordenará al Tribunal Administrativo del Putumayo que, dentro del término de quince
(15) días contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera un fallo de
reemplazo. En dicha decisión, deberá aplicar las reglas jurisprudenciales vigentes
sobre valoración probatoria en casos de aspersión aérea con glifosato, en particular,
aquellas que permiten la construcción del nexo causal mediante razonamiento
24
“Además de lo anterior, se constató, de la intervención de la experta Kristina Marie Lyons, que la
aspersión aérea con glifosato sobre cultivos lícitos tiene un efecto negativo en las comunidades
campesinas. Allí señaló que el PECIG, formalmente tenía un mecanismo de denuncia para que los
campesinos afectados por la aspersión aérea obtuvieron una compensación (Resolución 00017 de
2001, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes y posteriormente anulado por
providencia del Consejo de Estado). Además destacó que los requisitos para acceder a la misma no
tenían en cuenta la precariedad económica y social de las familias campesinas, lo que explicó así:
“En el transcurso de mi investigación en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo en el 2015, una
región donde he realizado mi investigación y he acompañado procesos agro-ambientales con
comunidades campesinas durante los últimos 15 años, descubrí que 2265 quejas han sido radicadas
desde que la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional (la DIRAN) comenzó a procesarlas
en el año 2001, y el 93.5% de estas quejas han sido rechazadas. A nivel nacional encontré que
de las 17, 643 quejas que han sido radicadas, el 96% de ellas resultaron negadas o archivadas;
474 fueron procesadas para recibir compensación; 14 personas no aceptaron la compensación
ofrecida porque la indemnización no cubre el gasto implicado en viajar a recogerla” (negrillas y
subrayado en el texto)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03238-00
Accionante: Hernán Rufino Morales Pantoja
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
indiciario, sin exigir estándares de certeza incompatibles con las condiciones
probatorias del caso. Asimismo, deberá abstenerse de derivar consecuencias
adversas para el demandante a partir del archivo del procedimiento administrativo
de reclamación, en la medida en que la jurisprudencia constitucional ha advertido
que dicho trámite ha identificado barreras estructurales de acceso para los
campesinos afectados, lo cual limita su idoneidad como criterio para desvirtuar las
pretensiones de reparación. En este sentido, la Corte Constitucional ha advertido
que el diseño y aplicación del procedimiento de reclamación administrativa generó
barreras de acceso que se reflejaron en un alto porcentaje de archivo de las quejas
—aproximadamente del 93,5%—, debido a las dificultades de los campesinos para
satisfacer los requisitos exigidos. Finalmente, deberá considerar el precedente
vertical fijado por esta Corporación, entre otras, en la sentencia de 24 de octubre de
2025, expediente 52001-23-33-000-2016-00533-01 (rad. interno 64335).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del tutelante, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: en consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia de 23 de octubre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Putumayo dentro del proceso
de reparación directa 86001-33-31-001-2016-00573-01. En este sentido,
ORDENAR a dicha autoridad judicial que, dentro del término de quince (15) días
contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera un fallo de
reemplazo, en el cual deberá observar los criterios fijados en la parte considerativa
de esta decisión, en particular, aquellos relacionados con la valoración probatoria
razonable, el uso del razonamiento indiciario para la construcción del nexo causal y
la improcedencia de imponer cargas probatorias desproporcionadas en contextos
de asimetría.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03238-00
Accionante: Hernán Rufino Morales Pantoja
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
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VF
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