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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03643-01

Fecha
29 de julio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03643-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 21 de mayo de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela. SEGUNDO. CONCEDER el amparo de los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de los señores Marco Olivio Mora Ortega, Benigno Muñoz, Genaro Carvajal Córdoba, Carlos Buesaquillo Díaz y Eugenio Adadier Ruiz Ortega. TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo dentro del proceso de reparación directa radicado 86001-33-31-001-2016-00705-01. CUARTO. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Putumayo que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera un nuevo fallo, en el cual deberá observar los criterios fijados en la parte considerativa de esta decisión, en particular, aquellos relacionados con la valoración probatoria razonable, el uso del razonamiento indiciario para la construcción del nexo causal y la improcedencia de imponer cargas probatorias desproporcionadas en contextos de asimetría. QUINTO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03643-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

29 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03643-01
Accionante: MARCO OLIVIO MORA ORTEGA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. El asunto tiene relevancia
constitucional, porque busca la reparación integral de campesinos afectados por
aspersiones aéreas con glifosato. Se revoca la sentencia de primera instancia y se
concede el amparo, porque el Tribunal Administrativo del Putumayo incurrió en defecto
fáctico al exigir prueba directa del nexo causal y al descartar la prueba indiciaria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. La Sala revoca la sentencia de tutela de primera instancia. El asunto tiene relevancia
constitucional, porque busca la reparación de campesinos afectados por aspersiones
aéreas con glifosato, una actividad en la que existe una clara asimetría probatoria entre
el Estado y los demandantes.

2. El Tribunal Administrativo del Putumayo incurrió en defecto fáctico: exigió prueba
directa del nexo causal, restó valor a las certificaciones de las juntas de acción comunal
y al testimonio de un vecino de la zona, y no valoró la prueba financiera que acredita los
cultivos. Por esas razones, la Sala deja sin efectos su sentencia y le ordena proferir un
fallo de reemplazo.

II. ANTECEDENTES

La demanda

3. El señor Leandro Arbey Guerrero Cuellar, en calidad de apoderado judicial de los
señores Benigno Muñoz, Genaro Carvajal Córdoba, Carlos Buesaquillo Díaz, Eugenio
Adadier Ruiz Ortega y Marco Olivio Mora Ortega, presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Putumayo – Sala de Decisión, con el propósito de obtener la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, igualdad y reparación integral, que consideró vulnerados con la sentencia del
20 de noviembre de 2025 proferida dentro del medio de control de reparación directa
radicado 86001-33-31-001-2016-00705-01.

Hechos relevantes

4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante sentencia del 13
de mayo de 2020, declaró administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional por los daños ocasionados a los cultivos de los demandantes

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Accionante: Marco Olivio Mora Ortega y otros

con ocasión de las aspersiones aéreas con glifosato realizadas entre el 19 y el 31 de
octubre de 2014 en distintas veredas del municipio de Puerto Asís, Putumayo.

5. En esa oportunidad, el juzgado encontró acreditados el daño y el nexo causal con
fundamento en los informes de visita adelantados por el Centro Provincial de Gestión
Agroempresarial, las certificaciones expedidas por las Juntas de Acción Comunal y el
testimonio de Carlos Evert Pachichana Solarte. En consecuencia, condenó a la entidad
demandada al pago de perjuicios materiales en abstracto y negó el reconocimiento de
perjuicios morales.

6. La decisión fue objeto de recurso de apelación por la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional y el proceso pasó al conocimiento del Tribunal Administrativo del
Putumayo, que mediante sentencia del 20 de noviembre de 2025 revocó íntegramente
el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.

7. Para adoptar esa determinación, el tribunal consideró que respecto del señor Genaro
Carvajal Córdoba existía una inconsistencia entre la fecha consignada en el formulario
de reclamación y las fechas en las que se realizaron las operaciones de aspersión aérea,
circunstancia que, a su juicio, impedía tener por acreditados el daño y el nexo causal.

8. Estimó insuficiente el informe de visita correspondiente al señor Benigno Muñoz, al
considerar que este únicamente contenía coordenadas de vuelo y no identificaba con
precisión la ubicación del predio presuntamente afectado. De igual manera, descartó el
valor probatorio de varias certificaciones expedidas por las Juntas de Acción Comunal
por carecer, en su criterio, de respaldo técnico o institucional.

9. El tribunal también restó fuerza probatoria al testimonio de Carlos Evert Pachichana
Solarte, por considerar comprometida su imparcialidad debido a que había promovido
una reclamación judicial relacionada con hechos similares. Con fundamento en esa
valoración concluyó que no se encontraba acreditado suficientemente que las
aspersiones con glifosato hubieran ocasionado los daños reclamados por los
demandantes.

10. La sentencia de segunda instancia fue notificada por estado electrónico el 21 de
noviembre de 2025 y quedó ejecutoriada el 28 del mismo mes y año.

Pretensiones

11. Los accionantes solicitan amparar los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad y reparación integral, dejar sin efectos la
sentencia del 20 de noviembre de 2025 y ordenar al Tribunal Administrativo del
Putumayo que profiera una nueva decisión en la que se valoren integralmente las
pruebas allegadas al proceso y se resuelva el asunto conforme al precedente
jurisprudencial invocado.

Fundamentos

12. La providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico y sustantivo, porque realizó
una valoración fragmentada del material probatorio y desconoció elementos de
convicción que, a su juicio, acreditaban la existencia de los cultivos, la ocurrencia del
daño y su relación con las operaciones de aspersión aérea. En particular, cuestionan la
valoración otorgada a los informes del Centro Provincial de Gestión Agroempresarial, a

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Accionante: Marco Olivio Mora Ortega y otros

las certificaciones de las Juntas de Acción Comunal, al testimonio de Carlos Evert
Pachichana Solarte y a la documentación relacionada con la actividad agrícola de los
demandantes.

13. Desconocimiento del precedente judicial fijado por el Consejo de Estado en materia
de daños derivados de fumigaciones con glifosato, especialmente en lo relacionado con
la admisión de la prueba indiciaria para acreditar el nexo causal y con la aplicación del
régimen de responsabilidad por riesgo excepcional.

14. Violación directa de la Constitución, al imponer exigencias probatorias
desproporcionadas que afectan los derechos al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a la reparación integral, particularmente frente a personas
dedicadas a actividades agrícolas en zonas rurales.

Trámite impartido

15. Mediante auto del 12 de mayo de 20261, el Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Primera admitió la acción de tutela y ordenó las
actuaciones correspondientes para su trámite.

Intervenciones

16. El Tribunal Administrativo del Putumayo2 solicitó declarar improcedente la acción de
tutela. Indicó que la sentencia cuestionada se sustentó en una valoración integral del
material probatorio y que las pruebas allegadas no permitían acreditar suficientemente
el daño ni el nexo causal entre las aspersiones aéreas con glifosato y las afectaciones
reclamadas por los demandantes.

17. Sostuvo que la providencia no incurrió en defecto fáctico, defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente ni violación directa de la Constitución. Agregó que,
aunque la jurisprudencia admite la prueba indiciaria en este tipo de asuntos, ello no releva
a la parte demandante de demostrar los elementos de la responsabilidad estatal.
Finalmente, afirmó que la tutela carece de relevancia constitucional porque pretende
reabrir una controversia probatoria y jurídica ya resuelta por el juez natural.

18. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional3 solicitó declarar improcedente
la acción de tutela. Indicó que la sentencia cuestionada se sustentó en una valoración
integral del material probatorio y concluyó que no se acreditaron suficientemente el daño
ni el nexo causal entre las aspersiones aéreas con glifosato y las afectaciones
reclamadas.

19. Agregó que no se configuraron los defectos invocados y que la acción de tutela no
puede utilizarse como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio ya resuelto
por el juez natural, sosteniendo que no existe un perjuicio irremediable que justifique la
procedencia excepcional del amparo.

20. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa remitió el enlace del
expediente ordinario digital, sin emitir pronunciamiento alguno.

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Samai, índice 5. Expediente de tutela en primera instancia.
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Samai, índice 10. Expediente de tutela en primera instancia.
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Samai, índice 15. Expediente de tutela en primera instancia.

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Accionante: Marco Olivio Mora Ortega y otros

Sentencia de primera instancia

21. En sentencia del 21 de mayo de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la solicitud de amparo no
cumplía el requisito de relevancia constitucional, pues la inconformidad de los
accionantes se dirigía a cuestionar la valoración probatoria realizada por el Tribunal
Administrativo del Putumayo dentro del proceso de reparación directa.

22. La Sala advirtió que la autoridad judicial accionada sí examinó las pruebas allegadas
al proceso y explicó las razones por las cuales concluyó que no se acreditaron el daño
ni el nexo causal. Además, precisó que el cargo por desconocimiento del precedente
carecía de soporte argumentativo suficiente, por lo que concluyó que la tutela pretendía
reabrir una controversia ya resuelta por el juez natural.

Impugnación

23. Los accionantes impugnaron 4. A su juicio, el asunto sí involucra la protección de los
derechos fundamentales alegados, pues no se reduce a una simple discrepancia frente
a la valoración probatoria realizada por el juez natural, sino que involucra la existencia
de un defecto fáctico derivado de la supuesta omisión y distorsión de pruebas
determinantes para acreditar el daño y el nexo causal. En particular, cuestiona la
valoración otorgada a los informes del Centro Provincial de Gestión Agroempresarial, a
las certificaciones expedidas por las juntas de acción comunal, al testimonio de Carlos
Evert Pachichana Solarte y a la documentación relacionada con la actividad agrícola de
los demandantes.

24. La sentencia de tutela de primera instancia desconoció la relevancia constitucional
de la controversia y omitió estudiar de fondo los defectos planteados. Agrega que el
Tribunal Administrativo del Putumayo exigió pruebas que considera desproporcionadas,
desconoció la prueba indiciaria admitida por la jurisprudencia en casos de glifosato,
invirtió indebidamente la carga de la prueba y se apartó de precedentes de esta
Corporación sobre responsabilidad estatal por daños derivados de aspersiones aéreas.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

26. Corresponde a la Sala determinar si confirma o revoca la sentencia del 21 de mayo
de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.

27. Para resolver ese problema, la Sala sigue tres pasos. Primero, establece si el asunto
tiene relevancia constitucional. Segundo, verifica si se cumplen los demás requisitos

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Samai, índice 27. Expediente de tutela en primera instancia.

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Accionante: Marco Olivio Mora Ortega y otros

generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Tercero, si esos
requisitos se cumplen, examina si la sentencia del Tribunal Administrativo del Putumayo
incurrió en el defecto fáctico que le atribuyen los accionantes.

Análisis de los cargos

Relevancia constitucional

28. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-101 de 2026, señaló que las solicitudes
de amparo dirigidas a obtener la reparación integral por aspersiones aéreas con glifosato
tienen relevancia constitucional, como lo recogió esta misma Subsección al explicar que
“las peticiones de amparo en las que se solicite la protección del derecho al debido
proceso en casos de demandas de reparación directa por aspersión con glifosato
revisten relevancia constitucional”5. Esta regla aplica a este caso concreto, toda vez que
los accionantes buscan la protección de los derechos al debido proceso, a la igualdad y
al acceso a la administración de justicia frente a una sentencia que les negó la reparación
de los daños causados a sus cultivos.

29. En el Auto 387 de 2019, la Corte Constitucional advirtió que los campesinos
afectados por las aspersiones aéreas con glifosato están en una posición de desigualdad
frente a la Policía Nacional, porque el trámite administrativo de reclamación exige una
carga probatoria alta que ellos no siempre pueden cumplir; según los datos que recoge
esa providencia, el 93.5% de estas quejas han sido rechazadas por no satisfacer las
exigencias del trámite. Esa misma asimetría se presenta en este caso, pues el Tribunal
Administrativo del Putumayo exigió a los accionantes pruebas que no estaban en
condiciones de conseguir, como la georreferenciación exacta de sus predios.

30. Esta misma Subsección, en la sentencia del 15 de mayo de 2026 6, estudió un caso
similar contra el mismo Tribunal Administrativo del Putumayo, también por una aspersión
con glifosato ocurrida en 2014, y allí se explicó que “la exigencia de estándares
probatorios excesivamente rigurosos —como la acreditación mediante coordenadas
exactas en escenarios rurales— puede vaciar de contenido el derecho de defensa”. Esa
misma consideración se aplica a este caso, porque el Tribunal exigió a los accionantes
ese mismo tipo de prueba.

31. Por esas razones, la Sala revoca lo resuelto por la Sección Primera y encuentra
satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

Los demás requisitos de procedencia

32. La acción cumple también los demás requisitos generales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, tal como se pasa a revisar a continuación.

33. Los accionantes están legitimados, pues fueron demandantes en el proceso de
reparación directa y son quienes sufren los efectos de la sentencia que revocó la
condena a su favor; la acción se dirige contra el Tribunal Administrativo del Putumayo,
autoridad que profirió la sentencia cuestionada.

34. No se trata de una acción de tutela contra otra sentencia de tutela, de

5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 15 de mayo de 2026, radicado 11001-03-15-000-
2026-03238-00.
6
Ídem.

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5

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Accionante: Marco Olivio Mora Ortega y otros

constitucionalidad proferida por el Consejo de Estado o por la Corte Constitucional, o
una sentencia interpretativa de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la
JEP.

35. Se cumple la inmediatez, porque la sentencia cuestionada se notificó el 21 de
noviembre de 2025, quedó ejecutoriada el 28 de noviembre de 2025, y la tutela se radicó
el 12 de mayo de 20267, esto es, dentro de los seis meses siguientes, plazo que la
jurisprudencia considera razonable.

36. Se cumple la subsidiariedad, pues contra la sentencia del Tribunal Administrativo del
Putumayo no procede ningún recurso ordinario ni extraordinario, de manera que la tutela
es el único medio con el que cuentan los accionantes para plantear esta controversia.

37. Los tutelantes identifican concretamente los hechos y fundamentos que justifican su
petición de protección constitucional. Señala razonablemente los yerros que, en su
criterio, cometió el tribunal.

38. La irregularidad que se alega tiene un efecto determinante en la decisión, porque si
el Tribunal hubiera valorado las pruebas conforme a las reglas que se explican a
continuación, el sentido del fallo habría podido ser distinto.

El defecto fáctico

39. El defecto fáctico tiene dos dimensiones. La positiva se presenta cuando el juez
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar y al hacerlo desconoce la Constitución, o cuando
descarta una prueba con razonamientos caprichosos; la negativa ocurre cuando niega
o valora la prueba arbitraria, irracional y caprichosamente u omite su valoración y sin
fundamento alguno da por no probado el hecho8.

40. Esta Corporación ha indicado que, en los procesos de reparación directa por
aspersiones aéreas con glifosato, no se exige una prueba técnica o científica directa del
nexo causal; basta con que el daño antijurídico sea imputable al Estado por la
estructuración de una causa altamente probable deducida indiciariamente 9. Esos
indicios son la aspersión en la zona, la existencia de cultivos lícitos, la afectación de
esos cultivos después de la aspersión, y la ausencia de otra causa que explique el daño.

41. La sentencia del Tribunal Administrativo del Putumayo no siguió esas reglas. A
continuación, la Sala explica los yerros probatorios frente a cada uno de los accionantes.

42. Frente al señor Genaro Carvajal Córdoba, el Tribunal negó sus pretensiones por una
supuesta discrepancia entre la fecha de la aspersión y la fecha de su queja
administrativa, sin considerar el argumento planteado desde la demanda, esto es, que
el glifosato no daña los cultivos de forma inmediata, sino que la sintomatología se
manifiesta días después de la aspersión. El Tribunal no examinó ese argumento ni
explicó por qué lo descartaba; se limitó a declarar la discrepancia cronológica sin
confrontarla con las demás pruebas, entre ellas el informe de visita del Centro Provincial
que documentó la afectación del predio.

7
Samai, índice 1. Expediente de tutela en primera instancia.
8
Corte Constitucional, sentencia T-917 de 2011.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2014, radicado 41001-23-31-
000-2000-02956-01.

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43. Frente al señor Benigno Muñoz, el Tribunal restó valor al informe del Centro
Provincial de Gestión Agroempresarial porque solo registraba las coordenadas de vuelo
de la avioneta y no las coordenadas exactas del predio. Esa exigencia desconoce que
el Consejo de Estado ha considerado desproporcionado imponer requisitos formales de
esta naturaleza a las actas de visita técnica en casos de glifosato 10, pues no resulta
proporcional exigir la georreferenciación exacta en estos asuntos, sino elementos que,
valorados en conjunto, permitan construir un indicio serio del nexo causal.

44. Frente a los señores Carlos Buesaquillo Díaz, Eugenio Adadier Ruiz Ortega y Marco
Olivio Mora Ortega, el Tribunal descartó las certificaciones de las juntas de acción
comunal por considerarlas informales y sin respaldo técnico, sin tener en cuenta que
esas certificaciones no fueron tachadas de falsas por la parte demandada. En zonas
rurales de difícil acceso, como las veredas donde ocurrieron los hechos, esas
certificaciones son un indicio válido de la afectación de los cultivos, que se debe valorar
junto con las demás pruebas del expediente y no de forma aislada.

45. El Tribunal también descartó el testimonio del señor Carlos Evert Pachichana Solarte
por la sola razón de que la parte demandada formuló tacha en su contra, al tener él un
proceso similar, sin tener en cuenta que la tacha no impide recibir el testimonio, sino que
exige al juez una valoración más severa para determinar el grado de credibilidad del
testigo. El Tribunal no hizo ese examen, pues descartó el testimonio sin contrastarlo con
los informes técnicos ni con las certificaciones comunales.

46. Por último, no se valoró los créditos del Banco Agrario, las tablas de amortización,
las resoluciones del INCODER ni las escrituras públicas que obran en el expediente,
pruebas que acreditan la existencia y la explotación de los cultivos lícitos de los
accionantes; su omisión afectó la valoración conjunta que exige la sana crítica.

47. Cada uno de estos yerros, examinado por separado, ya representa una falla en la
valoración de la prueba; vistos en conjunto, muestran que el Tribunal exigió un grado de
certeza que la jurisprudencia no exige en estos casos, y dejó de lado los indicios que
valorados juntos, podrían eventualmente, acreditar el daño y su relación con las
aspersiones.

48. Como lo explicó esta misma Subsección en la citada sentencia del 15 de mayo de
2026, al desestimar de manera irrazonable el valor conjunto de los indicios y exigir
cargas probatorias desproporcionadas, el juez termina por impedir la aplicación de las
reglas de valoración probatoria construidas por la jurisprudencia de esta corporación
para este tipo de controversias. Por esa razón, la Sala encuentra configurado el defecto
fáctico alegado por los accionantes.

49. En consecuencia, la Sala revoca la sentencia de la Sección Primera, concede el
amparo y deja sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo del Putumayo del 20
de noviembre de 2025; en este sentido, el Tribunal debe proferir un nuevo fallo, en el
que valore las pruebas en conjunto y sin exigir un grado de certeza contrario a la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre daños por aspersión con glifosato.

10
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de agosto de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-04382-
00.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 21 de mayo de 2026, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

SEGUNDO. CONCEDER el amparo de los derechos al debido proceso, a la igualdad y
al acceso a la administración de justicia de los señores Marco Olivio Mora Ortega,
Benigno Muñoz, Genaro Carvajal Córdoba, Carlos Buesaquillo Díaz y Eugenio Adadier
Ruiz Ortega.

TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Putumayo dentro del proceso de reparación directa
radicado 86001-33-31-001-2016-00705-01.

CUARTO. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Putumayo que, dentro de los quince
(15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera un nuevo fallo, en el cual
deberá observar los criterios fijados en la parte considerativa de esta decisión, en
particular, aquellos relacionados con la valoración probatoria razonable, el uso del
razonamiento indiciario para la construcción del nexo causal y la improcedencia de
imponer cargas probatorias desproporcionadas en contextos de asimetría.

QUINTO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Salvamento de voto
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